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lunes, 31 de mayo de 2021

ONG solicitan a la CIDH protección para una abogada salvadoreña por persecución

 San Salvador, 28 may (EFE).- Organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas de protección para la salvadoreña Bertha Deleón, quien fue abogada del presidente Nayib Bukele, por persecución política.



El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló en un comunicado emitido este viernes que Deleón, excandidata por un partido opositor, enfrenta "una campaña de estigmatización, hostigamiento y un proceso de criminalización que se ha emprendido en su contra, el cual podría derivar en una detención arbitraria".

La abogada, que defendió al presidente salvadoreño en al menos dos procesos por calumnia y expresiones de violencia contra la mujer, fue notificada recientemente que se abrieron tres casos penales en su contra.

Explicó recientemente a la prensa que estos casos están relacionados con denuncias del político Walter Araujo, uno de los principales defensores del Gobierno de Bukele en las redes sociales, y un abogado defensor del empresario Enrique Rais.

Deleón denunció a Araujo por expresiones de violencia contra la mujer en 2020 por diversas publicaciones que este hizo en las redes sociales, lo que también derivó en la anulación de la candidatura para diputado del político por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

La abogada también fue querellante en un caso contra Rais.

El Cejil señaló que la "solicitud de medidas se genera ante el riesgo inminente de un daño irreparable a los derechos de vida, integridad y libertad personal" de la letrada.

También destacó que Deleón fue querellante en el proceso que enfrentó el fallecido expresidente Francisco Flores por cargos de corrupción y ha defendido a "mujeres encarceladas por experimentar emergencias obstétricas en el contexto de penalización absoluta del aborto".

Añadió que Deleón "ha criticado públicamente actuaciones arbitrarias del actual mandatario (Bukele)", como el ingreso con militares y policías con fusiles de asalto en febrero de 2020 a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con declaraciones de la abogada, ese hecho marcó la ruptura de su relación con el presidente Bukele.

La petición de medidas de protección fue acompañada también por la abogada salvadoreña Ruth López Alfaro, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

En una entrevista con el medio local El Faro, Deleón señaló que el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, fue "impuesto por Bukele".

Delgado llegó a la Fiscalía el 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista votó por destituir del cargo de fiscal general a Raúl Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

"Ahora, ya se controla desde Presidencia a la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional. Lo que hace que nadie tenga garantías judiciales y eso es grave. Realmente es grave y para mí creo que es doblemente grave", dijo al medio.

Estas destituciones, criticadas especialmente por Estados Unidos, han generado preocupación en la comunidad internacional por suponer un atentado contra la separación de poderes.

Fuente: Yahoo Noticias (EFE)

sábado, 29 de mayo de 2021

Bachelet urge a las autoridades nicaragüenses a modificar la reciente ley electoral mediante un proceso inclusivo

 La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa su inquietud frente a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, al considerar que el país se aleja de que sean “libres y legítimas”, dadas las recientes medidas adoptadas por las autoridades contra los partidos políticos, los candidatos y los periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático.

#NicaraguaElecciones #DerechosHumanos #Democracia #ONU



La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su profunda preocupación por la reciente aprobación en Nicaragua de una reforma electoral que ignora las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional, al no incorporar salvaguardas que garanticen la imparcialidad de las autoridades electorales.

Según Marta Hurtado, las enmiendas electorales se aprobaron el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional nicaragüense, afín al partido gobernante, y también contienen disposiciones que no se ajustan a las normas de derechos humanos, como las restricciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de participación política.

En el contexto de la reforma electoral, la vocera comentó que durante las últimas semanas las autoridades nicaragüenses ya disolvieron dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas y estándares internacionales, y sin garantías procesales.

El Consejo de Derechos Humanos encargó el pasado mes de febrero a la Oficina que vigilara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua.


El caso de Cristina Chamorro

Las autoridades del país centroamericano anunciaron el 19 de mayo la apertura de una investigación contra una de las principales precandidatas a la presidencia, Cristina Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La investigación se fundamenta en la ley "Contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada en julio de 2018”.

Según la portavoz, la ley es de amplia aplicación y suscita la preocupación general de que pueda utilizarse para silenciar la disidencia.

Las acusaciones contra Chamorro incluyen un supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales, por lo que enfrenta la posibilidad de una condena penal o de su inhabilitación como candidata.

Durante la última semana fue citado a declarar en esta causa abierta el personal de doce medios de comunicación independientes, mientras que el 20 de mayo la policía registró las oficinas del Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristina. Los agentes incautaron diversos materiales y detuvieron temporalmente a un camarógrafo.

La portavoz explicó que la Policía Nacional también ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de otros líderes de la oposición.

“En estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y el inicio de investigaciones penales que podrían llevar a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, sin el debido proceso, no sólo socavan el derecho a presentarse a las elecciones de los aspirantes, sino también el derecho de los votantes a elegir a los candidatos de su preferencia”, destacó. 

Añadió que el “continuo acoso” al que son sometidos los medios de comunicación independientes “coarta el derecho a la libertad de expresión y mina el derecho de los ciudadanos a estar informados”, un aspecto “crucial en cualquier democracia y en todo momento, pero que es de vital importancia durante un periodo electoral”.

El acoso a miembros de la oposición y periodistas debe finalizar

La aprobación de esta nueva ley electoral es la última de una serie de ordenanzas adoptadas por la Asamblea Nacional que limitan “innecesariamente y de forma desproporcionada los derechos humanos”, sobre todo de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los periodistas y los líderes políticos y sociales.

“Pedimos al gobierno nicaragüense que cese el acoso -incluido el judicial- a miembros de la oposición y periodistas”, solicitó Hurtado.

Del mismo modo, llamó a las autoridades a garantizar el pleno respeto de las libertades de información y expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante un proceso electoral.

“Por lo tanto, instamos a las autoridades a modificar la ley electoral mediante un proceso inclusivo y participativo. La Oficina está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación restrictiva que atenta contra los derechos humanos a fin de cumplir con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, finalizó la vocera.

martes, 25 de mayo de 2021

Masacre en Perú: 18 muertos en un ataque terrorista atribuido a Sendero Luminoso (Perú).

 Por lo menos 18 personas, entre ellas dos niños, fueron asesinados hoy por presuntas columnas terroristas del grupo Sendero Luminoso en una zona central del país conocida como el Vraem donde operan los rebeldes en alianza con bandas del narcotráfico, dijo hoy un jefe policial.



Junto a los cuerpos se hallaron panfletos que adjudican el accionar al grupo terrorista. “Limpiar al Vraem y al Perú de antros del mal vivir, de parásitos y corruptos”, decía una de las frases.

Además, llamaron a boicotear las elecciones generales del próximo 6 de junio para elegir al próximo presidente del Perú e instaron a votar en blanco: “¡Pueblo peruano: boicot a las elecciones burguesas, porque no es tu camino: No ir a votar. Votar en blanco. Votar en nulo o viciado!”.

Entre las frases destacadas se encontraba “Nunca más Keiko Fujimori”, junto a una amenaza para quien vote a la candidata de derecha Keiko Fujimori, diciendo que “¡quien vota favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Vraem, es asesino del Perú!”.

El candidato de izquierda Pedro Castillo expresó su solidaridad con las familias y apuntó contra el atentado terrorista. “No vamos a tolerar ningún acto de violencia”, dijo en Twitter.

Los partidarios de Keiko intentanr ligar a Castillo con el brazo político de Sendero, algo que niega el candidato izquierdista.

El Ministerio de Defensa lanzó un comunicado en el cual reafirmó “su compromiso de continuar luchando contra el terrorismo bajo el marco legal vigente y en estricta observancia y respeto a los derechos humanos”.



 Asimismo, condenaron los asesinatos, que informaron que son acciones denominadas por la Organización Terrorista como “limpieza social”, y se solidarizaron con las familias de las víctimas, al igual que garantizaron “la conducción de un proceso electoral en seguridad para toda la ciudadanía”.

El hecho se produjo en la noche del domingo en una localidad en el distrito de Vizcatán, en una región llamada Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde se genera el 75% de cocaína en el país sudamericano, según las autoridades.

”Es probable que haya mas muertes”, dijo el general César Cervantes, comandante general de la policial, a la radio RPP.

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Los guerrilleros incineraron los cadáveres de los dos niños, según informó el medio “Perú 21″. Las víctimas incluyen seis mujeres, dos menores de edad y diez hombres. Se utilizaron armas de fuego en el ataque.

“La dirección contra el terrorismo realizará las investigaciones. Han sigo incinerados, han sido quemados”, explicó Cervantes.

El Vraem es centro de constantes operativos de las fuerzas de seguridad contra el grupo rebelde Sendero Luminoso, que según la policía, actúa como guardaespaldas de los narcotraficantes.

Casi todos los líderes de Sendero están presos, pero sus remanentes liderados por el camarada José operan aún en en el mayor valle de cultivos de hoja de coca de Perú, que está bajo vigilancia militar desde 2006.

Perú y Colombia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína, según datos de Naciones Unidas.

Agencias AFP, DPA y Reuters


Fuente: Yahoo noticias

lunes, 24 de mayo de 2021

Jaime Roldós, presidente, mártir y constructor. Artículo opinión: Juan Raúl Ferreira

ARCHIVO DEL EXILIO Nº 14

#ALDHU #DerechosHumanos #JaimeRoldós #JuanRaúlFerreira #JuandeDiosParra

 Los sueños no mueren. Cuando alguno se hace realidad y luego se desvanece, el tiempo se encarga de que reaparezca, con más fuerza. Un grupo de gente con savia nueva, entusiasmo y compromiso está dando nueva vida a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu). Hay savia nueva y el empuje de siempre de Juan de Dios Parra de Chile. Entonces, no puedo más que buscar en mis archivos su partida de nacimiento.


En mis años de exilio muchos líderes latinoamericanos me brindaron más apoyo del que podía pedir o esperar. Político y aún humano, es decir, afecto. Sin desmerecer a nadie, como dicen en campaña, debo recordar cómo me prohijaron, el presidente de Ecuador Jaime Roldós Aguilera y el líder panameño Omar Torrijos Herrera. ¿Me daría cuenta de todo lo que ello significaba? Políticamente pero, sobre todo, como contención humana. En el año 80 se había creado la Convergencia (CDU – Archivo 12).

Ya hemos visto la movida internacional que trajo aparejada. En medio de aquel ajetreo, me llama (suena raro) el presidente ecuatoriano a invitarme a conversar sobre una «idea fermental» que estaba madurando. Allí fui. Arribé a Quito el martes 29 de abril, apenas una semana después de la Conferencia de Prensa en Naciones Unidas anunciando la formación de la CDU.

Fuente: Archivos Juan Raúl Ferreira. 

Tras una entrevista en el diario El Comercio mantuve una reunión a las 15:00 horas, con el canciller, el historiador Alfredo Pareja Díez Canseco. Él mismo me acompañó al Palacio a la reunión con el Presidente Roldós. En la misma estaba quien años antes me lo habían presentado en Washington: Horacio Sevilla Borja, que junto a César Verduga eran ahora los asesores internacionales del joven presidente, que ya se proyectaba por su ímpetu renovador en toda América.

Su idea era que las organizaciones de derechos humanos deberían cuidar su neutralidad política. Pero, del mismo modo, quienes tenían un público compromiso político, aún partidario, debían tener su instrumento de Derechos Humanos. Al otro día tuve una larga reunión con su esposa Marta, quien a su vez había invitado a Ernesto Cardenal. Ernesto era poeta, monje y ministro de Cultura de Nicaragua.

(Autor del Evangelio Según Solentiname – recién el Papa Francisco lo reivindicó en el 2020 poco antes de su muerte). Las fotos con Marta -que menos de un año después, iba a morir junto a su esposo en un atentado nunca aclarado – y Ernesto Cardenal me recuerdan que fue más una larga sesión de trabajo que una visita protocolar. Allí salió humo blanco sobre el perfil que debía tener la nueva Institución.

También estaba Horacio Sevilla (las vueltas de la vida, siendo yo décadas más tarde embajador en Argentina, él fue mi colega ecuatoriano). Al cónsul uruguayo le preocupaba, pero las noticias le llegaban tarde. El 2 de mayo escribe a la Cancillería uruguaya: «Estuvo Juan Raúl Ferreira, invitado por el Presidente Jaime Roldós. No ha trascendido de qué hablaron. (Ya pronto se enterará). Pero no hay explicación razonable del recibimiento que le dan cada vez que viene. Se asemejan a los reservados a altos dignatarios de Estado». No era mi mérito, era la generosidad sin límites del Presidente y su equipo.

El 10 de agosto estaba de regreso en Quito. Tras un acto en solidaridad con Bolivia, bajo una cruel dictadura, el 11 dio a la luz la Aldhu. Su primer Consejo Directivo estuvo integrado, entre otros, por Gerard Pierre Charles (Haití), Gustavo Carvajal (México), Vicente Saadi (Argentina), Guillermo Ungo de El Salvador… bueno y yo de Uruguay.

El primer secretario ejecutivo fue el embajador y asesor presidencial Horacio Sevilla Borja. Roldós y mis colegas entendieron que debía hacer uso de la palabra en nombre de todos. Más allá de la foto, mi recuerdo conserva únicamente la profunda emoción que me conmovía. Como si fuera poco se me designa representante de la flamante Aldhu.

Pero los compromisos de la CDU lo hacían casi imposible. Casi tanto como tener que decirle que no a Jaime. Un boliviano, Ernesto Aranibar Quiroga, que empezaba su exilio en Washington, me ayudó a compatibilizar ambas tareas. El en los hechos fue él, quien dirigió la oficina de la Aldhu en la Capital de EEUU.

Así pude compatibilizar los compromisos de la CDU con los de la Aldhu. (Por cierto, le llamábamos Aladehu y fue Aranibar quien rebautizó a la flamante ONG. En medio de aquel siempre doble entusiasmo, Quito y Washington; CDU y Aldhu… como pasaba casi siempre, un duro golpe: el 24 de mayo de 1981, se estrella el avión en que viajaba Roldós, con su influyente esposa Marta Bucaram. Hasta hoy se siguen escribiendo libros con nuevos hallazgos que demuestran que fue un crimen político, pero no se esclareció nunca.

Dos meses después, solo dos meses, se «accidenta» el avión que trasladaba al Gral. Torrijos 31 de julio de 1981 de Panamá a Farallón en los montes de Penonomé. Hablé ante su tumba. Se me habían secado las lágrimas. Me fui al Norte por los asesinatos de Zelmar y Toba junto a Barredo y Whitelaw , y la desaparición, también en Buenos Aires, de Benjamín Liberoff. De salida matan al Gral. Torres, a quien habíamos invitado a asilarse con nosotros. Llego a Washington y matan a Letelier (Archivo 9).

En marzo del 80 a Mons. Romero (Archivo 2). No había hecho el duelo de Roldós y matan a Torrijos. No salíamos del shock cuando, quien fuera el vicepresidente de Roldós, Osvaldo Hurtado, ya Presidente, nos invita a un almuerzo. Estamos allí todos, absolutamente todos los miembros del Consejo Directivo. El almuerzo siguió a días de consultas internas.

Ahí ratifica su voluntad de seguir con la Aldhu. Estaba Grille (actual director de Caras y Caretas) que a la sazón quedará a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La Aldhu pudo seguir su vida. Y ahora en pleno siglo XXI, nuevas voces, nueva sangre, nuevos impulsos, hacen mantener vivo aquel sueño. Creo que debo confesar que cuando escuché por primera vez la idea no me di cuenta el vuelo que iba a tener. Así son los grandes hombres. Pueden ver las grandes cosas antes de que nazcan. Los pueden matar pero su siembra termina siendo cosecha.

Fuente: Radio la R

jueves, 20 de mayo de 2021

La violencia de género en las instituciones garantes de derechos (Ecuador) Artículo opinión: Hugo Marcelo Espín

Con total estupor se presentaba en redes sociales y prensa en general, las grotescas imágenes de un Defensor del Pueblo que, evidentemente intoxicado, sacudía y golpeaba a una mujer que pocas horas más tarde lo denunciaba por agresión sexual. En Sucumbios se publicaba la noticia de un capitán de la Policía Nacional que era condenado a 19 años de privación de libertad por el delito de violación a una compañera de trabajo; otro oficial en el Tena era denunciado por una oficial subalterna, que igualmente refería acoso sexual que motivó una acción disiciplinaria y posteriormente la sanción impuesta fue levantada por vía judicial. Denuncias de agresiones y violencia discriminitiva en contra de oficiales superiores, mujeres y madres de familia, en la ciudad de Manta, que nunca fueron realmente investigadas y que, sin embargo, las denunciantes fueron separadas de sus hijos para cumplir con pases fuera de la provincia donde residían, precisamente para acallar sus reclamos formalizados que daban cuenta del hostigamiento y acoso laboral.



En medio de estos execrables hechos, una luz surgió cuando por inciativa del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se publicó el Acuerdo Ministerial 104, cuyo objetivo es "Fortalecer el enfoque de igualdad de género en la Policía Nacional del Ecuador"; reconociendo la inequidad existente y el alto grado de deserción de las mujeres policías por diferentes factores, siendo tal vez los más importantes aquellos que resultan de la necesidad de la defensa y cuidado de su familia,  que se ve afectada por horarios de trabajo desproporcionados, estrés laboral, pases o traslados injustificados, condiciones de desempeño laboral y exposión sin los medios necesarios de mitigación a factores de riesgo biológicos, de salud, psicológicos y general sin el cumplimiento de condiciones míninas de respeto de derechos fundamentales. Cabe relievar entonces que, siendonuna madre trabajadora el eje de un hogar, al ser trasladada fuera de su lugar de residencia sin un tiempo mínimo de preparación para dicho cambio, se afecta y vulnera el derecho de sus hijos; se deshacen hogares y fomenta todas las consecuencias subsecuentes, que van desde el bajo rendimiento laboral hasta intentos autolíticos que son más comunes de los que se podría pensar.

La violencia que se acalla dentro de las paredes de los cuarteles policiales y militares poca veces sale a la luz pública; y generalmente se aplican conceptos de estigmatización y revictimización continuos que hacen que las agredidas mantengan sus "problemas" en el silencio de esas mismas paredes, que todo lo ven pero saben guardar el secreto.

Aún ahora cuando la Policía tiene su primera Comandante General que ha embanderado  la necesidad de la defensa e igualdad dentro de la institución policial; y que, precisamente a su salida pasarán 10 años para que una nueva mujer pueda aspirar al mismo cargo y grado, es que se hace necesario dilucidar que es lo que realmente viven las mujeres en las instituciones garantes de derechos, que en muchos casos son estas instituciones las que precisamente silencian a quienes los reclaman.

Es necesario, como lo establece el Acuerdo Ministerial 104, aceptar la verdadera problemática interna que existe en éstas instituciones. En estas se encuentran historias de valientes mujeres cuya abnegación y vocación son realmente sublimes. Aquellas que han marcado la pauta para las generaciones que siguen, cumpliendo funciones y ejecutando acciones que siempre fueron consideradas privativas de un pequeño y selecto grupo de hombres en actividades como el paracaidismo, el buceo, la conducción de aeronaves de patrullaje y militares especializadas. En general aquellas excelsas mujeres que han dejado una huella imperecedera para un verdadero cambio de rumbo en la sociedad; todas ellas, han vivido historias dificiles de contar. Esto nos debería hacer pensar qué sucede en las demás instituciones del Estado; qué nos está pasando como sociedad, cuando se acepta y tolera una agresión sexual y peor aún se la justifica. ¿Qué podemos esperar como país si esto sucede al interior de las entidades garantes de derechos?

El Ecuador inicia en pocos días una profunda transformación de estructuras que cambian catorce años de una tendencia que generó muchos sismas internos en las instituciones uniformadas. De acciones que posicionaron, además, aberraciones jurídicas que poco a poco demostrarán su incompatibilidad con la realidad nacional. De la expedición de leyes que transformaron a las entidades del Estado en verdaderos servicio de guardianía por la pérdida de su autonomía operativa.

Observar agentes civiles de tránsito con boinas y en ceremonias de corte militar luciendo sus flamantes uniformes camufluje con armas de fuego, no hacen sino evidenciar la falta de una verdadera coherencia en la formación de sus miembros y la compresión de su razón de ser. A ello se debe sumar el dispendio de recursos públicos y la deformación del talento humano que cada institución requiere en el cumplimiento de su misión específica.

Estamos frente a un país que enfrenta una violencia sistémica muy preocupante, sumado a un incremento desproporcionado de las más diversas formas delictivas, que no se reprimen solo con el accionar policial o con llenar las bodegas humanas a las que se les considera Centros de Rehabilitación. El nuevo gobierno requiere de profesionales que entiendan del manejo holísitico de la problemática social. Cambios que se debe realizar entendiendo que los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos se deben cumplir por igual en todas las instituciones del Estado.

Este nuevo gobierno debe tener una política de cero tolerancia a los abusos y desigualdades del poder; que no se pueden permitir procesos de calificación o ascenso discriminatorios; designaciones no por meritocracia o respeto al esfuerzo demostrado sino a la proximidad al efímero poder de turno. Es hora de entender que el verdadero cambio de las estructuras de un país nace de la justicia social bien entendida, considerando que la verdadera convivencia se genera cuando existe tolerancia, respeto, objetividad y motivación en las acciones de las autoridades, pero sobre todo rompiendo el miedo del silencio y exponiendo a quienes deben ser expuestos en sus abusos y aberraciones.

Hugo Marcelo Espín. Abogado de profesión, especialista en derecho procesal penal, litigante activo por 20 años.- Actualmente gerente general del Estudio Legal International Advisors C.A.  y procurador judicial del Secretario de la ALDHU en Ecuador)

Fuente: Plan V

lunes, 17 de mayo de 2021

El "odio" hacia los migrantes venezolanos se apodera de América Latina

"¿La verdad sobre los venecos? Por mí que los saquen como ratas". Ese tuit es sólo uno de los mensajes destacados por el barómetro de xenofobia, una herramienta creada por universitarios y oenegés en Colombia para medir el "odio" contra los migrantes venezolanos. El contenido aterra.

#Venezuela #Venezolanos #Xenofobia #Migración #Discriminación



"Comemierdas", "hijos de puta", "plaga" fueron otros de los insultos identificados por este medidor. El rechazo hacia los venezolanos que han emigrado masivamente en los últimos años crece en toda América Latina en un contexto económico sombrío y la pandemia del coronavirus.

Las salidas comenzaron luego de la elección de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez tras su muerte en 2013, y se intensificó entre 2014 y 2015, con una crisis económica que arruinó el poder adquisitivo y llevó a más de cinco millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones.

El flujo se ha ralentizado, pero no se ha detenido al transitar el octavo año de recesión económica en la otrora potencia petrolera.

"En principio había una inmigración de clase media alta, que iba en avión con documentos en regla, algún ahorro", explica a la AFP Claudia Vargas, socióloga que investiga el tema en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

"No ocurre así desde el final de 2014" cuando clases más pobres comenzaron a emigrar.

Cerca del 60% de los más de 5,4 millones de migrantes venezolanos no tienen papeles. Y la mayoría, unos 1,7 millones, vive en Colombia, por delante de Perú, Chile y Ecuador, según el sitio Frontera Viva.

- "Lo peor es Perú" -

Los "venecos" ahora son responsabilizados por la inseguridad, la delincuencia, el desempleo, los déficits públicos, los problemas en los hospitales, y hasta por el aumento en los divorcios.

Y el discurso xenófobo se ha ido imponiendo en Chile, Ecuador, Brasil y Perú, además de Colombia, donde el barómetro ha hecho un análisis de los insultos.

Juan Emilio L., un indocumentado venezolano de 31 años, terminó instalándose en Chile, tras pasar por Colombia, Ecuador y Perú.

"Es un pueblo más cerrado y está difícil sacar papeles, pero la verdad es que te dejan trabajar y no se meten contigo ni te repudian como sí me pasó en otros países", dice a la AFP. "El peor, Perú, ahí no nos quieren ver ni en pintura".

Videos de peruanos insultando a venezolanos circulan con frecuencia en redes sociales.

"¿Por qué eres tan idiota para transportar las 'huevadas'? Eres un imbécil, un idiota", le dice por ejemplo un cliente a un repartidor venezolano en Lima, según uno de ellos. "Estoy harto de ustedes (...) ¿Quieres que te mande de un combo (puñetazo) a tu puto país, hijo de puta?".

Perú, que tenía 60.000 venezolanos antes de la crisis, ahora alberga a unos 1,2 millones.

Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), un activo rival de Maduro, como su sucesor Martín Vizcarra mantuvieron una política de fronteras abiertas para los venezolanos. Pero las autoridades endurecieron sus medidas desde 2019, cuando el tema irrumpió en la escena política.

La lucha contra la inmigración ha estado en el centro de la campaña presidencial de 2021. Pedro Castillo, un nacionalista de izquierda que lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales en las 72 horas siguientes a su eventual llegada al poder: "que [Maduro] venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir".

Chile por su parte ha deportado a cientos de venezolanos en situación irregular.

"Devuelves a una persona a un país (...) que has reconocido en tu discurso político que corren peligro en su país", critica Vargas.

- ¿Refugiados? -

Algunos países han iniciado operaciones para integrar a sus inmigrantes. Colombia, que ha también deportado a venezolanos que cometieron crímenes, inició un plan de regularización para casi un millón de migrantes venezolanos, en medio de una disputa política entre Maduro y el presidente Iván Duque.

República Dominicana también espera regularizar a 115.000 venezolanos indocumentados, a los que considera una fuerza laboral "calificada", según Enrique García, director de Migración de este país que denuncia y condena la importante inmigración haitiana.

Pero la tendencia sigue siendo al cierre, explica Vargas, que pone como ejemplo la militarización de la frontera en Ecuador o los "muros legales", como documentos apostillados o altas tarifas administrativas, que dice han impuesto muchos países para dificultar la regularización.

"Lo único que esto genera es que haya mayor irregularidad y por tanto más personas en condiciones de vulnerabilidad", añade.

"Hay un reconocimiento de la crisis", que "amerita una responsabilidad añadida", dice la experta. Pero para ella, aunque lo ideal sería otorgar el estatus de refugiados a estos inmigrantes, ello representa "una responsabilidad legal, política y financiera demasiado grande que los países no tienen".

Fuente: Noticias Yahoo. AFP:bur-pgf/jt/gma

domingo, 16 de mayo de 2021

El tiempo como leyenda Artículo opinión: Baltasar Garzón (España)

 

Publicada el 14/05/2021 a las 14:00Actualizada el 14/05/2021 a las 14:09


#BaltasarGarzón #España #Gurtel #Franco

Federico García Lorca. 

La leyenda del tiempo

Este 14 de mayo se han cumplido 11 años de mi suspensión como magistrado-juez central número 5 de la Audiencia Nacional, y 9 desde que sus señorías de la Sala II del Tribunal Supremo me condenaron a dejar la profesión de magistrado, cual ángeles vengadores con su espada flamígera expulsándome del paraíso judicial. Finalmente, la condena ha surtido todos sus efectos. No pedí el indulto, lo pidió por mí Medel (Asociación Progresista de Jueces y Fiscales Europeos) y se lo agradezco porque siempre he considerado que la sentencia fue injusta. Aún hoy estoy a la espera de la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está próximo a emitir su veredicto en favor de mis derechos cercenados por el tribunal.



Se emplearon a fondo, abordando la complicada tarea de buscar base para tres procesos: uno por haberme declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y que les sirvió para suspenderme aquel 14 de mayo de 2010, día duro, pero a la vez, emotivo porque me permitió ver quiénes (y fueron decenas de miles) estaban conmigo; otro en que se me acusaba de haber autorizado la interceptación de comunicaciones en la cárcel de forma ilícita a los protagonistas de la trama Gürtel y los que se relacionaran con ellos, incluidos los abogados, parte de los cuales estaban imputados, por la existencia de indicios de que seguían la dinámica delictiva desde prisión, decisión que compartió quien me siguió en la instrucción desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que nunca fue molestado por el Tribunal Supremo.

Y un tercero, que además de estar prescrito se basaba en la nada más absoluta, por unos cursos en la Universidad de Nueva York en que se buscaba algún retorcido interés crematístico por mi parte. Cada proceso tuvo su finalidad frente a mis compromisos irrenunciables, entonces y ahora. Luchar por la verdad, la memoria, la justicia y reparación de las víctimas del franquismo, el combate contra la corrupción y el crimen organizado, y mi compromiso social y humanitario. En los tres han fracasado.


Tres procesos

Como es sabido, del primero me absolvieron. El escándalo internacional que se organizó hizo temer a mis colegas de los efectos adversos de una sentencia contraria, pero los jueces añadieron una apostilla impidiendo a partir de esa fecha investigar penalmente los casos de desaparecidos y represaliados por la dictadura. Aún hoy estamos a la espera de que la ley de la memoria democrática se haga realidad. La lucha de las víctimas siempre es dura y seguirá siéndolo, pero nunca les doblegará el desánimo ni el olvido de los perpetradores y quienes los justifican (aunque sea desde el poder judicial) porque su fuerza es la de la razón y la búsqueda de la verdad no establecida, aún. Y en este combate siempre las acompañaré hasta el éxito final.

El caso de Nueva York se sabía desde el inicio que debía archivarse, así que solo sirvió para marear la perdiz y vapulearme sembrando dudas sobre mi integridad. Aún siguen preguntándome desde la universidad neoyorkina cual fue la razón de aquella locura en la que ni siquiera se preocuparon de saber cómo funciona una entidad universitaria norteamericana, quizás porque si lo hubieran hecho se les habrían caído los sombrajos de un proceso sin causa.

Solo quedaba la tercera, y en ella la sentencia, dictada por unanimidad, como si la obtención de esta fuera la esencia jurídica del caso, se unieron todos los esfuerzos, con componentes contaminados en el tribunal porque simultáneamente estaban investigándome en la de Nueva York o lo habían hecho en la del franquismo, me ajusticiaron y me dieron la puntilla. La satisfacción por esta decisión no se ocultó en el Gobierno del Partido Popular de la época, ni en el sector más conservador que veía la posibilidad de anular toda la causa. Pero no pudieron, porque, aunque no lo esperaban, todavía hubo un rictus de profesionalidad y los jueces instructores y enjuiciadores respondieron a la realidad de los hechos, aquellos que establecí en la instrucción, sin fisuras, a pesar de los ataques que desde determinado sector mediático se produjeron entonces y hasta el día de hoy. Las sentencias condenatorias siguen cayendo con el estruendo de la fuerza de una verdad judicial cada vez más preclara desvelando uno de los sistemas de corrupción más groseros de la democracia.


Cada cual en su sitio

El tiempo pasa y pone a cada cual en su sitio. El líder de Manos Limpias acabó en prisión por presuntas extorsiones. Franco fue exhumado de su tumba en el Valle de los Caídos un 24 de octubre de 2019 por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para disgusto y rabia de los nostálgicos del franquismo que aún pervive y la indiferencia de las nuevas generaciones, frente a la indignación trasnochada. En cuanto a la Gürtel, pues ya saben, el Tribunal Supremo confirmó penas para 29 de los condenados por la Audiencia Nacional y para el Partido Popular como responsable a título lucrativo. Suma y sigue, porque el tema colea en diversas derivaciones: Papeles B que el tesorero Bárcenas gestionaba; caso Púnica, caso Lezo; Valencia… y más piezas que rebotan en las sedes judiciales como bolas de billar.

Aquel día 14 de mayo de 2010 fue un día duro, sí, como tantos otros que ocurren en la existencia de cada cual, pero verán: la vida viene y va, te sonríe y te apalea. A veces es inevitable, cuando ejerces una profesión en que te arriesgas a que alguien se moleste, ya sea un criminal poderoso, un partido político, una corporación mediática o incluso un colega. Puede pasar que algunos de los perjudicados se unan coyunturalmente para ponerte freno. A veces lo logran. Pero ahí la clave es mantener las mismas fuerzas que te han impulsado durante todo tu ejercicio profesional. Si te dejas vencer, la victoria de los otros será doble, te habrán neutralizado en tu tarea y destrozado en tu ánimo.

Lo que importa de verdad

No soy ningún héroe, pero nunca me he plegado ante instancia alguna, por tanto, decidí no dejarme abatir. Me lo impedían mi naturaleza y el gesto de tanta gente –anónima y con nombres y apellidos– que compartieron mi impotencia. “Las lágrimas del Juez Garzón son hoy mis lágrimas”, escribió José Saramago, y esa frase resumía las manifestaciones ante la puerta del Supremo de las familias que buscan a sus desaparecidos, de mis compañeros de la Audiencia, de mi propia gente y de tantos conocidos y desconocidos en nuestro país y en tantos lugares del mundo. Recibí abrazos de mandatarios latinoamericanos y de pueblos indígenas; de buscadores de Justicia Universal, de personas ignoradas en su desamparo que pedían ayuda, de indignados ciudadanos y dirigentes europeos. De Asia, de Estados Unidos, de África, de quienes habían sufrido el holocausto, de los que habían sido pisoteados en sus derechos y buscaban un resquicio para la esperanza.

Partí de cero; avancé con mi vocación de hacer justicia en instancias internacionales y después trabajando como abogado. Estos años me han servido para conocer el derecho desde el otro lado y entender cuántas veces algunos jueces y fiscales, en nuestro país y en otros, dejan de ser servidores públicos y se encierran en un círculo de poder que les hace miopes a esa otra realidad, la verdadera, de quienes piden justicia cuando deberían exigirla. En mi mochila llevo miles de experiencias únicas. De alguna manera casi tendría que estar agradecido porque aquella Suprema Injusticia, como titulara mi hija María un bello libro que me emocionó y me ayudó en momentos claves, me permitiera descubrir nuevos retos, el activismo más completo y acompañar procesos tan intensos como motivadores al lado de los más vulnerables.

Ignoro cual será el dictamen pendiente del Comité de Derechos de la ONU sobre aquella decisión del Tribunal Supremo que me ha traído hasta aquí y que me apartó de mis tareas judiciales al servicio de la sociedad. Me preguntan con frecuencia si pediré mi reingreso como juez… No sé cómo amanecerá mañana.

He vivido tantas cosas y tan intensas en esta década que, aunque soy el mismo, me siento con más plenitud, con más sabiduría sobre qué es lo importante, lo que de verdad compone la vida. Cosas relevantes todas, más grandes, más pequeñas: el beso de buenos días de quien te ama y acompaña. Mi madre. Mis hijos; la familia; las amistades. La sonrisa de mi nieta Aurora. Mi nieto Héctor, que este 14 de mayo ha cumplido ocho años. La tertulia semanal con los amigos. La música. La justicia. Y la defensa de las víctimas, siempre, por encima de todo. Al final, cumplida mi condena, puedo decir que el tiempo no es más que una leyenda.

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Fuente: Infolibre.es

Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de Fibgar

¿Justifica el fin los medios?. Artículo Opinión

 


El Día. Santa Cruz de la Sierra 15.V.2021

 

 

La frase el fin justifica los medios’ apunta a que, aunque sea por medios poco éticos, en política cualquiera vale la pena para lograr el fin. Lo importante es el resultado. Pragmatismo político rudo.




¿A ese pragmatismo responde la visita que un grupo de empresarios cruceños agroindustriales y ganaderos exportadores de carne hicieron al expresidente Evo Morales? Nada tendría de raro, si están buscando cómo aliviar su crisis en medio de la tercera ola de la pandemia. De suyo, aliviar toda la cadena productiva alimentaria, incluido el empleo, pues el gobierno actual ha dictado dos leyes que les afectan: suprimió el uso experimental de biotecnología en los cultivos de soya y la exportación de carne vacuna a China.

Sin embargo, esa visita provoca algunas consideraciones. Primero, la reunión se llevó a cabo en la sede de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, en Chapare, ahí mismo, donde se cultiva la hoja de coca, materia prima de la mercancía cocaína y nace la cadena capitalista coca-cocaína, vinculada a las mafias. La hoja de Chapare no es apta para masticar por dura, enervada y amarga. La de Yungas, sí, con sus 14.330Ha. Las 7.700 de Chapare, no, pero están legalizadas por la Ley general de la coca, de 2017, en el tercer mandato de Morales. Hasta entonces eran ‘excedentarias’, eufemismo para no llamarlas ilegales, que eso eran.

Al parecer, a los visitantes no les llamó la atención que Morales, siendo presidente vitalicio de los cocaleros de Chapare, los convocara a ese lugar, su santuario desde hace casi 30 años, una especie de Estado sobre el otro Estado, cuyo gobierno actual dirige Luis Arce Catacora.

Con Arce presidente, surge otra consideración. ¿Por qué los empresarios acudieron a Morales y no al presidente Arce? Podría explicarse porque fue Morales quien autorizó el uso de transgénicos en abril 2011, y la exportación de carne a China en junio 2019. Desde luego, antes de su renuncia y huida, entre el 10 y 11 de noviembre de ese mismo año. ¿Pensarían que está más interiorizado en esos temas? Le han pedido que “interceda” ante Arce para que autorice nuevamente la libre exportación de carne de res a China, sin estar condicionada al abastecimiento del mercado interno.  Señalan que la nueva decisión gubernamental echa por tierra la inversión y el trabajo de 14 años, que provocará pérdidas y despido de trabajadores.

Hace rato se escucha decir que quien manda en Bolivia es Morales. El mismo se encarga de que así se perciba, desde la sombra o a plena luz del día. Hasta podría pensarse que Arce es un ‘presidente aparente’. Es decir, pareciera, pero no es.  Y no sería porque sabe que ese papel, el ‘aparente’, es el que le toca desempeñar, según la voluntad del cocalero, quien quiere volver a ser presidente a toda costa.

¿Obtendrán los empresarios cruceños algún resultado de su visita al cocalero en su Santuario? ¿Habrá valido que el fin justifique los medios? Hasta el momento no hay señales ni del ‘aparente’ ni desde las sombras o la luz. Sí se sabe que los cocaleros apoyaron al partido de Morales y Arce, MAS, con tiempo y dinero en la segunda vuelta para las elecciones de gobernadores y alcaldes (11 de abril pasado) según el dirigente Vicente Choque, ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas del Trópico. Perdieron las 4 plazas en disputa(eju.tv). De ahí las pugnas internas en el partido.

Empero, pensar que en Bolivia existe un poder dual entre Morales y Arce, no parece ser real. Tampoco conceptualmente. La idea de poder dual se aplica si coexisten al mismo tiempo un poder oficial y un contrapoder, si nos atenemos a la primera etapa leninista: el poder de los soviets contra el gobierno provisional, tras la caída del último zar. Igual que el uso dado por René Zavaleta Mercado al tiempo de la Asamblea Popular, ella sí, contrapoder al gobierno del General Juan José Torres, en 1971. 

El poder que ejerce Morales no es contrapoder al gobierno de Arce. No hay dualidad entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, militar, policial y de los movimientos sociales que controlan Morales y su partido frente al poder, aparente o no, de Arce. Todos han unificado sus voces y acciones para afirmar, mintiendo sin rubor, que en 2019 hubo golpe de Estado. Olvidan de que hay constancia del fraude y filmación de la renuncia de Morales desde el Chapare cocalero, junto a su ‘vice’. Hay constancias de las renuncias en cadena en la lista de sucesión constitucional y otras evidencias como el pedido de “guerra civil”, incendio de buses y hogares, y paramilitares metiendo bala. Todos absueltos por “la justicia servil”, así catalogada por el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Gualberti.

Y echan fango a la Unión Europea, a la Iglesia Católica, a la OEA, encarcelan a la expresidenta Jeanine Añez y a muchas personas más. Despilfarran horas/trabajo para “armar casos”, y se han convertido en ‘negacionistas’ de la verdad histórica: aquí hubo fraude no golpe.  Los hombres del Morales y el MAS están encadenados a la sed de venganza y a la judicialización de la política. Pretenden borrar las evidencias a través del medio más abyecto: la mentira política. 

sábado, 15 de mayo de 2021

La Comunidad Andina de Naciones aprobó el Estatuto Migratorio Andino para la libre circulación y establecimiento de personas en el espacio andino

 La CAN (Comunidad Andina de Naciones),  acabo de aprobar la Decision 878/2021 que crea el Estatuto Migratorio Andino.   Su principal propósito  se recoge de este modo "la libre circulación y establecimiento de personas constituye un objetivo central en el fortalecimiento del espacio comunitario andino y uno de los elementos visibles que coadyuvan a reforzar el sentido de pertenencia del ciudadano comunitario con el proceso integrador".  "Que los Países Andinos buscan asegurar avances concretos y efectivos en materia de movilidad de los ciudadanos andinos, así como potenciar las dinámicas positivas que la movilidad de nuestros ciudadanos genera y es susceptible de generar para el desarrollo de las personas migrantes y de las sociedades de nuestros países"




Los ciudadanos andinos que deseen residir en un País Miembro, distinto al de su nacionalidad, podrán obtener una residencia temporal o permanente, de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión

Para obtener la Residencia Temporal Andina los ciudadanos andinos deberán presentar la siguiente documentación:

i) Documento de viaje válido y con una vigencia mínima de seis (6) meses con el que ingresará o ingresó al país de inmigración;

ii) Certificado vigente que acredite la carencia de antecedentes policiales y judiciales o penales en el País Miembro de su nacionalidad o en los que hubiera residido el nacional andino peticionario durante los cinco años anteriores a su llegada al País Miembro de recepción, según sea el caso;

iii) Certificado que acredite la carencia de antecedentes policiales y judiciales o penales del nacional andino peticionario en el País Miembro de recepción, si se encuentra en su territorio al momento de formular su solicitud ante la autoridad de migración correspondiente;

iv) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas, propendiendo por establecer una tasa equivalente entre los Países Miembros, y;

v) Manifestación escrita del propósito de establecer su residencia temporal en el País receptor.

PDF explicativo


lunes, 10 de mayo de 2021

AL MEOLLO DEL ASUNTO. Opinión.


 Artículo de José Leonardo Rincón,S.J. Administrador de la Provincia Jesuita en Colombia

No recuerdo haber vivido un paro nacional tan prolongado, tan firme, con tantas manifestaciones por todas partes, con tantos comunicados, marchas, expresiones de todo orden en redes sociales y comunicaciones. Ni la amenaza de contagios masivos en plena pandemia, ni los fuertes aguaceros que cayeron adrede como para disuadir y espantar han podido detener esta fuerza popular incontenible.  La copa se ha rebosado y no sé si quienes están al frente del país sean conscientes de ello. Si nadie aguantaba un día más de confinamientos con sus obligados cierres que han dejado a miles desempleados, pasando hambre y en la calle, menos se iba a aguantar la afrenta de una reforma tributaria inmisericorde, descabellada y absurda. Se equivocaron de coyuntura y de destinatarios de la misma. Fueron tercos y no quisieron ni ver ni escuchar. Ahora estamos con un país caótico y en la peor crisis estructural de su historia. Y no es una frase de cajón, ni haber caído en las garras demoníacas de la izquierda comunista regional denominada castro-chavismo-madurismo con la que siempre nos asustaron, pues finalmente caímos en las garras del otro régimen, tan nefasto como aquel, porque régimen es régimen sea de izquierda o de derecha y siempre usan el poder para su provecho y en cualquier caso el pueblo siempre es el que pierde.




Este enorme reto que estamos afrontando todos, le resulta más incisivo a quienes tienen la responsabilidad de dirigirnos. Lamentablemente no veo líderes de talla, grandes en dignidad, creíbles y con autoridad moral como para convocar con fuerza y jalonar un diálogo nacional de fondo y con todos los actores. Toda la clase política está desprestigiada. Yo por lo menos estoy harto de discursos oportunistas unos, mediocres otros, polarizantes muchos, sinvergüenzas todos. Creo que todos queremos algo nuevo, algo distinto. Basta ya de los mismos con las mismas, mentirosos compulsos, farsantes engañosos que prometen descaradamente lo que saben que nunca cumplirán. 

Durante décadas enteras hemos sembrado vientos, ahora estamos cosechando tempestades. Destruimos la familia, célula madre de la sociedad, cuna de la auténtica formación en valores, lo que generó que el tejido social resultara enfermo. ¿De qué nos extrañamos sobre lo que está pasando? La calidad de la escuela no ha podido caer más bajo. Se desecharon las humanidades por subversivas (la religión que nos hablaba de trascendencia, la ética que nos enseñaba valores, la cívica y la urbanidad que nos decían cómo comportarnos como ciudadanos para cuidar lo público y para saber cómo actuar con los otros; la oratoria, redacción y la ortografía para saber cómo hablarle a los otros, escribir bien y hacerlo correctamente; la geografía que nos ubicaba y contextualizaba; la historia que nos enseñaba las lecciones del pasado; la filosofía que nos ponía a pensar críticamente y a no tragar entero) y se hizo apologia de lo científico-tecnico y tecnológico como si fuera la panacea. Las instituciones perdieron su norte al corromperse. La justicia se arrodilló ante el delito organizado dando vía libre al crimen y la impunidad rampantes. El dinero fácil permeó por doquier como la mejor opción para ahorrarse trabajo, esfuerzo y sacrificio. El listado de desgracias sería interminable, pero lo sabemos y lo conocemos.

Esta coyuntura puede resultar una feliz bendición si se aprovecha para ir al meollo del asunto. Vivimos en uno de los países más inequitativos del mundo donde la miseria crece ante la mirada indiferente de una élite minoritaria. Y criticar al capitalismo neoliberal no es defender el comunismo, ni el fascismo. Hay que desaparecer la pobreza absoluta y catapultar la clase media, para vivir sin ostentaciones y donde nadie pase hambre. La justicia tiene que reformarse de fondo y recuperar la impolutez que tuvo. Al Congreso, legítimo espacio de la representación del pueblo, hay que reducirlo en número y mañas y expulsar de su recinto a los que se lucran sin hacer nada. Hay que reducir el despilfarro y el gasto público saturado de burocracia. Urge generar empleo. El campo y la agricultura deben ser estimulados. La investigación y la ciencia requieren ser apoyados. El deporte y la recreación que propicien salud corporal y mental. Hay que hacer una reforma educativa con un currículo que forme personas íntegras e integrales para la vida y la convivencia humana. La salud debe ser digna y para todos. Los comunicadores deben ser imparciales y veraces. Las instituciones necesitan volver a ser creíbles. La vida humana es sagrada y los derechos humanos no son ideología amenazante si se acompañan de los deberes humanos, elemental fundamento de una sociedad justa. La diversidad y la pluralidad son nuestra mayor riqueza. 

Así las cosas, tenemos que ir al meollo de lo esencial y no distraernos en banalidades superfluas. Todo esto tan terrible y tan duro que hemos vivido y estamos viviendo, no es para buscar candidatos para las elecciones de 2022 sino para trabajar por la alborada de un nuevo amanecer para nuestra patria. Y para que no queden dudas y vacíos, categóricamente desde esta tribuna de libre pensamiento y expresión, rechazo todo acto vandálico y violento, todo daño a los bienes públicos precisamente por ser nuestros, todo atentado a la vida humana tanto de quien marcha pacíficamente como de quien cuida y defiende al pueblo. Todo desadaptado debe ser sancionado y reeducado, obligado a resarcir los daños ocasionados y trabajar en su reconstrucción. Los delincuentes del estrato social que sean  deben pagar sus fechorías y sus crímenes. No más impunidad, no más indiferencia. El problema es que no veo liderazgo, otra ausencia lamentable.

Autor; José Leonardo Rincón,S.J. Administrador de la Provincia Jesuita en Colombia


El gobierno persiste en el intento de militarizar la Araucanía. Artículo opinión Gonzalo Martner.

 La noticia (LT): "Desde inicios de abril que el Ejecutivo ve la posibilidad de presentar un nuevo decreto nº 265 a la Contraloría, que permita la colaboración logística, tecnológica y apoyo de transporte por las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur, una vez que concluya el estado de excepción. El gobierno analiza si uniformados podrían apoyar en el combate al narcotráfico, crimen organizado e, incluso, delitos terroristas".

#Militarización #Araucanía # FuerzasArmadas #Derechos Humanos #GonzaloMartner


Comentario: Las Fuerzas Armadas están para disuadir cualquier intento de agresión externa y para dar apoyo logístico a otras tareas del Estado. Estas no incluyen el orden público o el control de grupos violentos, porque  no es su función (así lo establece la propia constitución de 1980), su lógica de actuación o sus capacidades y competencias. Incluso la propia organización de la brutal represión de la dictadura se hizo con personal militar pero en órganos distintos a los propiamente militares (DINA, CNI). Y la experiencia indica que cuando la inteligencia militar intervino o ha intervenido para fines internos es siempre violando derechos de las personas. Su rol debe remitirse a entregar información estrictamente residual y no actuar al margen del Estado de derecho, que le otorga funciones de defensa nacional y punto. La inteligencia militar no tiene nada que hacer con ningún conflicto interno. 

La crisis de Carabineros, su incapacidad de cumplir sus tareas, su grave deriva hacia la corrupción y hacia la brutalidad con los ciudadanos que se manifiestan, junto a la tendencia a hacer montajes ante la justicia, son un problema de otra índole, que debe solucionarse creando un nuevo órgano de control del orden público y mediante un rediseño completo de la función policial, en una nueva lógica de proximidad, protección  y apoyo a las comunidades en los territorios.

Bolsonaro felicita a la Policía por el operativo con 28 muertos en una favela de Río.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

La masacre propiciada y felicitada por parte del presidente Bolsonaro, cometida por la policía en la favela de Jacarezinho en Río deJaneiro, el pasado jueves 6 de mayo , que dejó al menos 28 muertos y un centenar de heridos, es la confirmación que el presidente de Brasil y su gobierno, desprecian toda la normativa internacional de protección de los Derechos Humanos, poniendo a ese país, en la calidad de omiso en el cumplimiento de sus obligaciones.

Aldhu llama la atención acerca de la gravedad de esta toma de posición del gobierno brasilero, y se suma a las voces que han condenado ésta matanza, respecto de la cual no hay explicación alguna que la pueda justificar.

La alegación de Bolsonaro, en el sentido de justificar esta masacre como necesaria para impedir el reclutamiento de menores de edad por parte del narcotráfico, se opone a las fundadas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de personas ya rendidas, allanamientos ilegales e intentos de eliminar evidencias, por parte de los perpetradores.

ALDHU condena estos hechos e insta a la fiscalía brasileña, a esforzarse por esclarecerlos y actuar con la mayor rigurosidad en contra de los responsables.

#JairBolsonaro #Brasil #DerechosHumanos #Policia #Twitter




Noticia: Bolsonaro felicita a la Policía por el operativo con 28 muertos en una favela de Río

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, felicitó este domingo a la Policía por la cuestionada operación del jueves pasado en un favela de Río de Janeiro que dejó 28 muertos, entre graves denuncias de abusos por parte de los agentes.




En sus redes sociales, el mandatario rechazó tratar como "víctimas" a los 27 presuntos criminales que murieron en el operativo, el más letal de la historia de Río de Janeiro, según organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, aprovechó el brutal suceso, en el que también murió un inspector de policía, para atacar a la prensa y a las fuerzas políticas de izquierda.

"Al tratar como víctimas a traficantes que roban, matan y destruyen familias, la prensa y la izquierda los iguala al ciudadano común, honesto que respeta las leyes y al prójimo", afirmó el jefe de Estado, en su primera manifestación pública sobre el asunto.

"Es una grave ofensa al pueblo que hace mucho que es rehén de la criminalidad. ¡Felicidades a la Policía Civil de Río de Janeiro!", añadió en su perfil oficial de Twitter.

El líder ultraderechista defiende la mano dura contra el crimen y considera que aquellos policías que en el ejercicio de sus funciones maten a delincuentes deben tener garantías para no responder judicialmente por ello, según ha manifestado en más de una ocasión.

Bolsonaro sí expresó sus condolencias a los familiares del fallecido inspector André Leonardo de Mello, del que, según dijo, "perdió su vida en combate contra los criminales" y "será recordado por su coraje".

La acción policial en cuestión se extendió durante nueve horas en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la capital fluminense, y tenía por objeto combatir el reclutamiento de menores por parte de una banda de traficantes.

Sin embargo, según relatos de vecinos y videos publicados en las redes sociales, durante la operación los agentes invadieron domicilios sin autorización judicial, dispararon a personas que se habían rendido y confiscaron los celulares de los testigos.

El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió el viernes al gobernador de Río, Claudio Castro, y a otras autoridades de la región que "esclarezcan las circunstancias" de la operación, ante las múltiples denuncias de abusos cometidos por los agentes.

Por su parte, el juez Luiz Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, afirmó haber visto indicios de "ejecuciones arbitrarias" en videos que analizó.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron los hechos, mientras que La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció posibles intentos de las fuerzas de seguridad para evitar que se pueda llevar una investigación independiente de lo ocurrido.

La Policía Civil ha negado todas las acusaciones de abusos y afirmó que actuó de forma planificada y bajo la supervisión de la Fiscalía.

Fuente: noticias Yahoo

sábado, 8 de mayo de 2021

Condena de la represión en Colombia

La ALDHU se suma al Parlamento andino en condenar rotundamente todos los actos de violencia acontecidos durante las protestas y manifestaciones en las diferentes ciudades y poblaciones de la República de Colombia; desde los ataques a la población civil y el uso excesivo de la fuerza, tanto por infiltrados en las manifestaciones pacíficas como por miembros de las instituciones de seguridad pública, que ha resultado en muertos y heridos a lo largo de Colombia, así como la destrucción de bienes y propiedades pública y privadas. 

Del mismo modo lo hicieron también la Unión Europea, La ONU, Amnistía internacional y tantas otras organizaciones, deseando que cese la violencia  en contra de las manifestaciones pacíficas que son violentadas por las fuerzas militares y de seguridad del gobierno colombiano.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU comentó: "Transgredir la ley nacional e internacional no es gratuito y todos los ciudadanos responsables lucharemos para que así sea. El amedrentamiento de la población mediante la violencia y el asesinato deben quedar en el pasado". 

#Parlamentoandino #ALDHU #Violenicia #Colombia

Además, exigimos desde estas organizaciones el respeto y la garantía de los derechos humanos, la salud y la integridad de todas las personas que participan en las manifestaciones y protestas, así como de las personas que realizan su función pública y la ciudadanía que se encuentra en sus domicilios, al igual que las y los miembros de todas las instituciones públicas. 


Queremos también hacer un llamado para el establecimiento de un diálogo franco y público en la República de Colombia y poner a disposición del Estado de la República de Colombia las competencias políticas, diplomáticas y técnicas de nuestros organismos para servir como facilitador del gran diálogo nacional propuesto por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el fin de garantizar un mecanismo que facilite el debate respetuoso en procura de encontrar soluciones consensuadas a la crisis política; siendo imprescindible garantizar a la población colombiana sus derechos humanos, sociales y económicos, así como todos los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. 

Hacemos un llamado al pueblo colombiano y a sus autoridades para que, mediante el diálogo, la solidaridad y el consenso, se defienda y fortalezca el orden democrático y el Estado de Derecho.


Parlamentoandino.org                                                                             https://aldhu.blogspot.com/






El Gobierno se prepara para expulsiones masivas de inmigrantes, nuevamente (Chile)

 Nuevamente el Gobierno se prepara para poner en práctica expulsiones ilegales masivas de personas migrantes y refugiadas no respetando el debido proceso ni las mínimas garantías judiciales establecidas por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, tal como lo establece el Artículo 22 de la Convención Internacional de Trabajadores migratorios y sus Familias, “Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente”.



La nueva Ley de Migración y Extranjería, recientemente promulgada, obliga a realizar un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que aquellos migrantes que hicieron ingreso irregular por pasos no habilitados, puedan salir y solicitar una visa en el exterior sin ser sancionados, en un plazo de 180 días desde la fecha de publicación de la ley el pasado 20 de abril, por lo que no se comprende que el gobierno proceda a deportaciones administrativas, sin permitir acogerse a este procedimiento legal. Denunciamos ente la comunidad migrante, organismos internacionales, el poder judicial y el congreso, que el gobierno está llevando a cabo una serie de detenciones a personas en situación irregular en Chile, para proceder a una nueva expulsión colectiva. Nuevamente se niega el derecho a la defensa y la protección del estado de derecho.

El gobierno en una actitud autoritaria está manipulando las normas legales, deteniendo y expulsando a migrantes antes que logren incorporarse a un proceso de regularización. Exigimos que los tribunales de justicia ACOJAN a trámite los recursos judiciales interpuestos y hagan respetar las layes y los derechos humanos en el país a todas las personas.

Las detenciones se han producido en diversas localidades del país, incluida la Región Metropolitana, inclusive en la zona austral en Puerto Natales donde se han realizado fiscalizaciones a extranjeros en la provincia de Última Esperanza para verificar su situación migratoria.

Las diversas organizaciones de Derechos Humanos como el Servicio Jesuita a Migrantes SJM y el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, han constatado los vicios en estos procedimientos, por ejemplo, la manipulación a estas personas para que firmen sus propias salidas, así como que se ejecute esta sanción a pesar de que se están tramitando recursos administrativos, o también expulsiones que no respetan los plazos mínimos para impugnarlas.

Se supone que todos los migrantes serían trasladados durante la madrugada hasta Iquique, ciudad desde la que serán deportados arbitrariamente e ilegalmente a sus países de origen, desconociendo el principal principio del retorno voluntario y la protección complementaria.

Hacemos un llamado urgente a que el Parlamento se pronuncie frente a estos graves hechos que vulneran los derechos y la dignidad de las personas migrantes y sus familias.

Santiago, 7 de mayo 20201

FORO ACADÉMICO MIGRATORIO

Fuente: Documento mesas temáticas del Senado

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Observamos con asombro las actitudes y procedimientos del Gobierno, el cual desobedece reiteradamente la legislación mediante diferentes procedimientos y actuaciones que le sitúan reiteradamente como enemigo de la defensa de los derechos humanos". 

jueves, 6 de mayo de 2021

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia intentos de socavar instituciones nacionales de DD.HH. en América Latina y el Caribe

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder.



En los últimos dos años, la Oficina ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato.

Los incidentes incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, Bachelet manifestó su preocupación por las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

También hay inquietando que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

En ese sentido,la Jefa de ONU Derechos Humanos subrayó: “Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las INDH sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993.

La Alta Comisionada reconoció que las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la Covid-19.

Fuente: La tercera

miércoles, 5 de mayo de 2021

Denuncian 1.181 casos de abuso policial y 26 víctimas mortales durante las protestas en Colombia

Organizaciones a favor de los derechos humanos reportan alarmantes cifras de violencia policial en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Algunas reportan abusos que rozan el millar, o incluso lo superan, así como decenas de muertes a manos de las autoridades y casos de violencia sexual, hechos que resumen tan solo los primeros días de unas manifestaciones que se extienden a su sexta jornada.



A medida que se extienden las protestas en Colombia, crecen también las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. La ONG local Temblores ha documentado -y denunciado- la constante represión de las autoridades a las manifestaciones, principalmente pacíficas, en las que decenas de miles de ciudadanos han expresado su descontento hacia el Gobierno de Iván Duque.


De acuerdo con la organización, tan solo en los tres primeros días de las protestas (iniciadas el pasado 28 de abril), las acciones policiales han dejado un balance de 1.181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de la fuerza, 26 víctimas mortales, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias y 12 víctimas de agresiones a los ojos. 



Las cifras oficiales, reportadas por la Defensoría del Pueblo, son menores a las de varias ONG. El ente contabiliza 16 muertos, así como 254 civiles y  457 policías heridos. Sin embargo, el reporte de la institución, encargada de velar por la defensa de los DD. HH. en el país, no fue publicado sino hasta este sexto día de protestas y no ofrece detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de sus muertes.

Por su parte, el Comité promotor de las protestas indicó también este lunes unas cifras mucho superiores a las de la Defensoría. "Al momento, tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia", dijo Martha Alonso, representante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), quien reportó también "726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios" y 12 jóvenes que "han perdido sus ojos".

El Ministerio de Defensa justifica la represión por la acción de "organizaciones criminales"

Las manifestaciones iniciaron el pasado miércoles con un llamado a la protesta pacífica que llevó a miles de personas a las calles de las principales ciudades del país. Varias de estas protestas desencadenaron en enfrentamientos con la Policía, que con frecuencia inició los altercados con disparos de gases lacrimógenos. También se han producido hechos de vandalismo y desmanes en ciudades como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá. 

El ministro de Defensa, Diego Molano, descartó dar cifras de sobre los fallecimientos ocurridos en las protestas, asegurando que esa era una labor de la Fiscalía General -que hasta el momento no se ha pronunciado- y dijo que la muerte de esas personas se debía a "la acción criminal de los vándalos", a la vez que responsabilizó de la violencia a "organizaciones criminales", que según el Gobierno son las causantes de los altercados. 

"Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN", dijo Molano, quien también indicó que las autoridades han registrado 540 policías y 306 civiles heridos durante las protestas.

Sin embargo, diversas organizaciones como Temblores ponen el foco de la responsabilidad de estas muertes en el accionar de las fuerzas de seguridad y las acusan de haber causado el deceso "de manera deliberada y premeditada" a decenas de personas en los últimos días. Según la ONG, los agentes policiales han disparado al menos en 30 ocasiones con armas de fuego en medio de manifestaciones. 

El detonante de las marchas fue un proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Duque. El texto pretendía reunir 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) con medidas como la aplicación del IVA del 19 % a los servicios públicos, que habría supuesto una mayor carga económica sobre las debilitadas clases media y baja en el país: solo en 2019 los efectos colaterales de la pandemia llevaron a 3,5 millones de ciudadanos a la pobreza, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. 

Aunque el presidente Iván Duque anunció el domingo 2 de mayo el retiro del polémico proyecto, el llamado a las protestas ha continuado en varias ciudades del país en medio del descontento contra el Ejecutivo. A la ira de los manifestantes se suma también ahora la violenta respuesta de las autoridades contra el estallido de las manifestaciones.

Fuente: France.com

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "la defensa de la población debe ser una prioridad para la policía y también para el ejército, las conductas que estamos viendo en América Latina por parte de estos cuerpos del estado serán sancionadas en algún momento por órganos internacionales. La sociedad en latinoamérica está cansada de la represión y de la falta de libertades (manifestación, expresión información...). Los presidentes deben escuchar más a la sociedad que al fin y al cabo es a quien está sirviendo, para quien trabaja".