ESTADOS UNIDOS VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS

Estados Unidos, el país que aparece a los ojos del mundo como el gran adalid de la defensa de los Derechos Humanos y que se atribuye el rol de contralor del cumplimiento de los derechos de las personas en todo el mundo, viola dichos derechos en forma reiterada y sistemática,  según indican informes de diversos organismos de derechos humanos independientes,  como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, e informes de organismos internacionales.

Violencia y Alta criminalidad

Uso de armas de fuego en EEUU

Cada año, una de cada 5 personas es víctima de un crimen, la tasa más alta del planeta. Según cifras oficiales, las personas mayores de 12 años sufrieron 4,3 millones de crímenes violentos. La delincuencia creció alarmantemente en las cuatro mayores ciudades del país (Filadelfia, Chicago, Los Angeles y Nueva York) y se registraron notables incrementos respecto al año previo en otras grandes urbes (San Luis y Detroit).

El Tribunal Supremo dictaminó que la posesión de armas para la defensa personal es un derecho constitucional, que no puede ser ignorado por los gobiernos estaduales. Noventa de los 300 millones de habitantes del país poseen 200 millones de armas de fuego.

Son frecuentes los tiroteos en las universidades, no obstante lo cual,  se conoció que Texas adoptará una ley que permitirá a estudiantes y profesores de sus universidades públicas a portar armas en sus campus. Utah tiene ya en vigor una ley semejante.  El FBI publica cada año las cifras sobre el crimen en los EE.UU, dando especial atención a las ciudades con una población superior a 100 mil habitantes. En esas 273 ciudades se ubica el 32 por ciento de la población y en ellas ocurrió un total de 7,578 homicidios durante el año 2009, mientras que el 47 por ciento de los robos se cometieron con uso de armas de fuego.

A la sombra de la sección de “actividades terroristas” del Acta Patriótica, la tortura y la extrema violencia para obtener confesiones de sospechosos son prácticas comunes. Las condenas injustas se evidencian en las 266 personas, 17 de ellas ya en el corredor de la muerte, que han sido absueltas gracias a pruebas de ADN.

Libertad e integridad física de las personas

Tampoco la libertad y la integridad física de las personas, y a veces también la propia vida, son respetadas por la policía y en las cárceles. Las investigaciones realizadas muestran cómo la policía es brutalmente represiva, y severo e inhumano es el régimen carcelario.

Amplia divulgación tuvo el caso del haitiano Abner Lovima, a quien la policía de Brooklyn torturó y le produjo graves lesiones intestinales y en la vejiga con un tubo de metal. Otro adolescente de 16 años de edad, Michael Jones, también en Nueva York, recibió 6 balazos cuando la policía disparó reiteradamente porque, montando una bicicleta, portaba una pistola... de agua. Y un tercero perdió la vida a manos de un agente policial, cuando un balón con el que jugaba un grupo de muchachos golpeó un costado del carro patrullero que tripulaba. Ambos casos fueron ampliamente difundidos.

Un método de tortura de reiterado uso es el denominado «atar como un cerdo» que consiste en esposar manos y pies del detenido y atarlos a su espalda, para después arrojarlo al suelo como un balancín. Este tormento ha producido numerosas muertes por «asfixia posicional», pero continúa empleándose, como lo demuestra lo ocurrido a Anton Báez, que murió como consecuencia de esa práctica. Excepcionalmente en su caso el autor del crimen fue juzgado, pero resultó absuelto porque el Juez declaró que aunque se había demostrado su participación en el hecho no se había podido probar «más allá de toda duda razonable» que la tortura aplicada fuera la causa de la muerte.

Otro mecanismo frecuentemente empleado por la policía son los «cinturones de electrochoque» que producen grandes dolores y terror. En Poniona, California, dos personas murieron al ser sometidas a estas prácticas inhumanas reiteradamente. También debe mencionarse el uso del gas lacrimógeno que es utilizado por 3.000 departamentos de policía, y ha producido la muerte a más de 60 personas que fueron rociadas con él.

Pero si la policía aplica tales medidas a los detenidos, las prisiones no se quedan atrás, pues allí se reiteran aún con mayor impunidad, y se añaden algunos como «atar a retretes», que consiste en encadenar a los reclusos junto a ellos y así mantenerlos largos períodos. En una penitenciaría de Georgia un grupo represivo de guardianes, denominado Escuadrón Táctico, golpea sistemáticamente a los reclusos, y lo hace nada menos que a presencia del Director del establecimiento.

En el caso de las prisiones de mujeres ocupa el primer lugar dentro de estos maltratos las violaciones por parte de los guardianes que, igualmente, cuando son denunciados siempre escapan a la sanción.

Estados Unidos posee una de las poblaciones penales más alta del mundo: 1 millón 500.000 reclusos, entre los cuales se incluyen 74.730 mujeres. Y si a esa cifra se adicionan las medidas privativas  de la libertad, se alcanzan dimensiones astronómicas. Hasta julio del pasado año 2010, 5 millones 500.000 personas sufrieron alguna de esas sanciones. Entre los que guardan prisión en cárceles cerradas con adultos se cuentan 3.000 menores de edad.

Brutalidad policial y carcelaria, discriminación y xenofobia, aplicación de la pena de muerte a menores, incapacitados, mujeres e inocentes, son rutilantes ejemplos de cómo Estados Unidos no respeta los derechos humanos fundamentales.  Precisamente aquellos cuyas presuntas violaciones en otros países ponen hipócritamente mayor énfasis en denunciar.

Censura en Internet

El Gobierno de Washington aboga por la libertad en Internet para hacer de la red de redes una importante herramienta diplomática de presión y hegemonía, pero impone estrictas restricciones en el ciberespacio en su propio territorio y trata de establecer un cerco legal para lidiar con el desafío que representa por ejemplo Wikileaks y sus filtraciones.

Racismo, desempleo  y pobreza en EEUU

Con una alta tasa del desempleo, la proporción de ciudadanos estadounidenses que vive en la pobreza alcanzó un nivel récord. Una de cada ocho ciudadanos que participó el pasado año en los programas de cupones para alimentos.

El número de familias acogidas en centros para desamparados aumentó un 7 por ciento y las familias tuvieron que permanecer más tiempo en los centros de acogida. Los delitos violentos contra estas familias sin techo aumentan sin cesar.

La discriminación racial permea cada aspecto de la vida social de Estados Unidos. Los grupos minoritarios son discriminados en sus empleos, tratados de manera indigna y no son tenidos en cuenta para ascensos, beneficios o procesos de selección laboral. Un tercio de los negros sufrió discriminación en sus lugares de trabajo aunque sólo el 16% se atrevió a elevar queja.

La tasa de desempleo entre los blancos es de un 16,2 %, entre hispanos y asiáticos del 22 %, y entre los negros es del 33 %.

Los afroamericanos y los latinos representan el 41 por ciento de la población carcelaria. La tasa de afroamericanos cumpliendo cadena perpetua es 11 veces más alta que la de blancos.

Discriminación y violencia a migrantes

En abril de 2010, el Senado de Arizona aprobó un proyecto de ley contra la inmigración ilegal. La ley exige a la policía el arresto de toda persona que no pueda acreditar su condición de residente. Parecidas  leyes migratorias han sido  aprobadas en  Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Utah.

Con  la finalidad de hacer visibles los problemas de la comunidad migrante en Estados Unidos, organizaciones sociales han expresado públicamente la exigencia de respeto a los derechos de los inmigrantes, revelando que las deportaciones masivas van en aumento y que es importante detener la construcción de centros privados de detención con fines de lucro, así como frenar el robo de salarios a inmigrantes.

Organizaciones de migrantes denuncian que uno por ciento de la población que conforma el segmento más acaudalado de Estados Unidos, con el control de más del 40 por ciento del ingreso lucra con los ilegales mediante la construcción de centros privados de detención. Bajo la consigna de “Inmigrantes Ocupan”, las organizaciones de migrantes revelaron que bancos como Wells Fargo, promueven centros de detención privados, que a su vez cabildean para endurecer las políticas migratorias y obtener beneficios financieros. Informan además que datos del gobierno federal reportan que este 2011 fueron deportados más de 400 mil inmigrantes de Estados Unidos, la cifra más alta en la historia de ese país.

Violencia contra la mujer y minorías sexuales

El 90 por ciento de las mujeres ha sufrido discriminación sexual de algún tipo en su lugar de trabajo. Veinte millones de mujeres son víctimas de violación, casi 60.000 presas han sufrido agresión sexual o violencia.

Una quinta parte de las estudiantes universitarias son agredidas sexualmente y el 60 por ciento de las violaciones en campus universitarios ocurre en los dormitorios femeninos.

Nueve de cada diez estudiantes homosexuales, bisexuales o transexuales sufren acoso en el centro escolar. Como promedio, un día cualquiera, 160.000 estudiantes quedan en casa por temor a ser agredidos o amenazados en el colegio.

El récord de aplicación de la Pena de muerte

Según denuncias de Amnistía Internacional,  en  Estados Unidos, la pena de muerte se aplica en los ámbitos estatal y federal. Desde que en 1977 se reanudaron las ejecuciones en el país tras casi un decenio sin llevarse a cabo, se ha ejecutado a más de 1.200 hombres y mujeres en 35 estados o en el ámbito del gobierno federal. En la década de 2000 a 2009 hubo una media de 59 ejecuciones al año. Actualmente, más de 3.200 personas se encuentran en espera de ejecución, y en 2010 se llevaron a cabo 46 ejecuciones.

Hoy en día, 16 de los 60 estados, así como el Distrito de Columbia (Washington D.C.) y Puerto Rico, son abolicionistas en la ley. La mayoría de las ejecuciones del país se llevan a cabo en un número reducido de estados. Tan sólo tres estados –Texas, Virginia y Oklahoma– acumulan más de la mitad de las ejecuciones llevadas a cabo desde 1977.

En 2001, el gobierno federal llevó a cabo su primera ejecución en cuatro decenios, y desde entonces ha llevado a cabo otras dos. Actualmente hay 59 presos en espera de ejecución en el ámbito federal. Las fuerzas armadas estadounidenses también pueden imponer la pena de muerte tras sentencias condenatorias en juicios militares, pero no han llevado a cabo ninguna ejecución desde 1961.

El método de ejecución más común es la inyección letal: se ha empleado en más de un millar de las ejecuciones que han tenido lugar desde 1977 y ha sustituido prácticamente a todos los demás métodos de ejecución. En la mayoría de los casos se usa el protocolo de las tres sustancias, pero hubo un litigio al respecto que obligó al estado de Ohio a adoptar un protocolo de una única sustancia en 2009, y hace poco el estado de Washington ha sido el segundo en adoptar este protocolo. La escasez de tiopentato de sodio (una de las tres sustancias utilizadas en las ejecuciones por inyección letal) en todo el país ocasionó la suspensión de algunas ejecuciones a finales de 2010 y ha seguido causando problemas en 2011 en estados retencionistas.

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es inevitablemente cruel, inhumana y degradante, con independencia del método utilizado para llevar a cabo las ejecuciones. En Estados Unidos, la pena capital también se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y el error. Factores como la conducta indebida del ministerio fiscal o la representación letrada inadecuada de acusados indigentes han sido frecuentes en casos de pena de muerte. A menudo se ha condenado a muerte a presos tras juicios en los que sus abogados no presentaron pruebas atenuantes a pesar de su existencia. El uso de la pena de muerte contra personas con enfermedades mentales o con otras discapacidades psíquicas sigue suscitando preocupación añadida.

Oposición creciente contra la pena de muerte en EE.UU.

Pese al uso continuado de la pena de muerte, Estados Unidos está empezando a dar algunas muestras de oposición a este castigo. El número de ejecuciones llevadas a cabo y de condenas a muerte dictadas al año ha disminuido sustancialmente desde sus momentos álgidos en la década de 1990. Por ejemplo, aunque en 2010 se impusieron al menos 110 condenas a muerte, esta cifra supone tan sólo alrededor de un tercio del número de condenas a muerte dictadas en 1994, 1995 o 1996.

En los últimos años, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado ilegal imponer la pena de muerte a delincuentes con “retraso mental” o que tenían menos de 18 años en el momento del delito. En marzo de 2011, Illinois se convirtió en el 16º estado en abolir la pena de muerte cuando el gobernador firmó un proyecto de ley abolicionista aprobado dos meses antes por el Parlamento estatal.

La adopción en todo el país de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como alternativa a la pena de muerte parece haber contribuido al descenso de condenas a muerte (para consultar la posición de AI sobre la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, véase ORG 72/003/2009).

Además, siguen surgiendo datos sobre el riesgo de error en las sentencias condenatorias, lo cual alimenta el debate sobre la pena capital en el país. Desde 1973, 138 presos en espera de ejecución han sido liberados tras ser declarados inocentes. Sólo en 2009 se exoneró y liberó a nueve hombres que habían sido condenados a muerte.

Fuera de sus fronteras

Múltiples son las violaciones de los derechos humanos de las cuales es responsable el Gobierno de Estados Unidos fuera de sus fronteras. Las guerras de Irak y Afganistán, dirigidas por EEUU, han causado cifras enormes de víctimas entre la población civil de estos países. La falta de respeto de parte de Estados Unidos del derecho internacional en zonas de conflicto y en las operaciones antiterroristas, involucra  un uso desmedido de la fuerza

Las acciones “antiterroristas” de EEUU han incluido graves escándalos de abuso a prisioneros, detenciones indefinidas sin cargos o juicios en centros de detención como el de Guantánamo y otros lugares del mundo, creados para interrogar a los denominados “presos de gran valor elevado” donde se aplican las peores torturas.

Además, la Casa Blanca mantiene métodos de control sobre la sociedad y la injerencia en la vida privada que los órganos de seguridad iniciaron en la época del republicano George W. Bush, bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo.

Prisioneros en Guantanamo

Washington solo participa en tres de los nueve acuerdos internacionales sobre derechos humanos. EEUU no ha ratificado convenciones internacionales sobre los derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Al mismo tiempo, Estados Unidos se niega a colaborar con mecanismos internacionales para quejas colectivas de violación por los gobiernos de los derechos humanos al considerar que su sistema judicial es suficiente y puede lidiar con ese problema sin asistencia foránea.

Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional CPI.

Según información de Human Rights Watch,  aunque Estados Unidos ha sido un fuerte defensor de la justicia internacional, continúa demostrando hostilidad hacia cualquier tipo de tribunal que — como la CPI— pudiera aplicar su competencia, aunque sea en teoría, a ciudadanos norteamericanos.

El Estatuto de la CPI contiene numerosas salvaguardas, muchas de ellas propuestas por Estados Unidos, para evitar los procesos frívolos o injustificados. Sin embargo, parece que el gobierno del presidente Bush no se conforma con nada menos que una excepción absoluta para sus ciudadanos —excepción que el resto del mundo considera una violación del ideal de justicia universal sobre el que descansa la Corte.

En este sentido es pertinente mencionar la ley de protección de militares americanos, conocida por sus siglas en inglés como ASPA (American Servicemember’s Protection Act), que entró en vigor el 2 de agosto de 2002. ASPA constituye un esfuerzo para intimidar a los países que apoyan a la Corte, sin embargo, esta ley firmada por el presidente Bush contiene excepciones que podrían minimizar sus disposiciones punitivas.  Específicamente, la ley prohíbe la asistencia militar a países que ratifiquen la CPI, pero esta prohibición no se aplica a los miembros de la OTAN y otros países no miembros de la alianza tales como Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

En síntesis, Estados Unidos, que condena sistemáticamente la violación de los Derechos Humanos en el mundo, tiene en su propio haber un nutrida repertorio de violaciones de derechos humanos tanto a sus propios ciudadanos, como a nivel internacional.