Páginas vistas en total

lunes, 25 de enero de 2021

Presentación del libro: SOBREVIVIENTES. Los rostros que vencieron el miedo.

Nos enorgullece presentar el nuevo libro de la ALDHU. Un libro de investigación en donde se pone el foco en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos recientemente en Ecuador. Los relatores, son muchas veces los mismo protagonistas; los cuales cuentan sus vivencias.

No se pierda este martes 26/01 a las 19h00 el lanzamiento de
#Sobrevivientes.
SOBREVIVIENTES. El libro. Los rostros que vencieron el miedo.

Participan: 

#EnVivo por facebook, twitter y YouTube @revistaPLANV📌
 




Descargue el libro aquí



domingo, 24 de enero de 2021

Un juez sin miedo: Juan Guzmán Tapia (Chile)

 Este viernes, 22 de enero de 2021, recibí con profundo pesar la noticia triste del fallecimiento de Juan Guzmán Tapia, a sus 81 años. Siempre sentí un profundo respeto y admiración por el juez chileno del caso Pinochet que, con coraje y determinación, enfrentando todo tipo de amenazas y ataques personales, tuvo la entereza de investigar de manera objetiva, constante y tranquila las innumerables querellas que se fueron acumulando en contra del dictador, una avalancha que se inició con la primera que interpusieron a principios de 1998 Gladys Marín y un grupo de abogados encabezados por Eduardo Contreras, de quienes muchos se burlaron por cometer el atrevimiento o la ingenuidad de buscar justicia en su propio país.


Durante mucho tiempo, sólo había oído la voz de Juan Guzmán a través del hilo telefónico, sin hablar con él directamente, sino por medio de su amigo chileno radicado en España, el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal, pues la Corte Suprema chilena le tenía prohibido cualquier contacto conmigo. Recuerdo que fue en el año 2003, en la Comisión de la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina, cuando por fin pude conocerlo. Nos acompañaba el fiscal argentino, amigo y hermano entrañable, también fallecido, Hugo Omar Cañón. Nos dimos un abrazo fraterno que dijo mucho más que cualquier palabra que pudiéramos expresar.

Posteriormente, cuando de su mano me otorgaron en 2006 el doctorado honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad Central en Santiago de Chile, estrechamos más los lazos que habíamos para ese entonces trenzado, en cursos de verano y eventos de Derechos Humanos en Latinoamérica, Estados Unidos, Francia y España. Para mí fue un honor y una experiencia vital fundamental estar con él en Villa Grimaldi y otros lugares de memoria con las víctimas de Pinochet, o defender los derechos del pueblo mapuche o las causas nobles de Jurisdicción Universal. En enero de 2020 fue la última vez que pude escucharle en Santiago, aunque no fue posible vernos porque su salud estaba ya deteriorada.

El juez Guzmán inició en solitario, antes de la detención de Pinochet en Londres por mi orden, una larga travesía a lo largo de toda la geografía chilena, buscando pruebas, tomando testimonios, pero, sobre todo, buscando a los desaparecidos. Con razón fue apodado Juan Sin Miedo, apelativo que se ganó a raíz de las numerosas presiones y ataques que tuvo que soportar, pese a las cuales siguió haciendo su trabajo con una determinación inquebrantable. Sin pretenderlo, se convirtió en el gran referente ético chileno en esta historia de confrontación de la Justicia frente a la impunidad de los crímenes más atroces.

Chile ha perdido a uno de sus hijos más ilustres, un ser humano íntegro, un jurista de prestigio, juez valiente y decidido, cuya humildad no hace más que engrandecerlo. Mi solidaridad fraterna es para su familia en estos momentos de dolor. Juan Guzmán Tapia ha partido, su ejemplo queda con nosotros y, a todos los que formen parte de la justicia, les obliga a seguir su camino.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar


Fuente: Infolibre.es

martes, 19 de enero de 2021

Nicaragua aplicará polémica cadena perpetua contra crímenes de "odio".

El parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, ratificó este lunes una reforma constitucional que castiga con cadena perpetua los crímenes de "odio", un paso que según críticos del gobierno de Daniel Ortega busca criminalizar las protestas opositoras.


La iniciativa fue aprobada por 70 votos del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y sus aliados, y rechazada por 13 opositores, en una sesión celebrada en la norteña ciudad Darío, dijo a la AFP Azucena Castillo, legisladora del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha).

La reforma al artículo 37 de la Constitución señala que "excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, que por su impacto causen conmoción" en el país.

Con este cambio, la pena mayor en Nicaragua pasa de 30 años a cadena perpetua, aunque no precisa qué tipo de acciones quedan comprendidas bajo el concepto de "odio".

Aún quedó pendiente una ley que reglamente el artículo, así como una reforma en el Código Penal para incorporar la figura de la cadena perpetua.

Para Castillo, el país "no está preparado" para imponer penas tan duras, debido a la "discrecionalidad" con la que actúa la justicia nicaragüense.

Está "abierta a todo tipo de interpretaciones políticas", consideró la diputada, quien teme que la medida criminalice aún más a la oposición, cuyas actividades son tildadas constantemente por el gobierno como actos de "odio", "terrorismo" y "golpismo".

La reforma había sido aprobada en una primera votación en noviembre, y necesitaba de esta segunda para entrar en vigencia.

Ortega, en el poder desde el 2007 y con posibilidades de postularse a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, promueve una serie de leyes que apuntan a sus opositores, sobre todo después que el país fuera sacudido en 2018 por meses de protestas que pedían su renuncia.

El Legislativo aprobó una norma que criminaliza las protestas con hasta 20 años de prisión y otra que regula los aportes extranjeros y los recursos que reciben del exterior las organizaciones civiles, bajo pretexto de defender la soberanía nacional.

En octubre el Congreso dio luz verde a una ley de ciberdelitos que permite investigar, controlar y castigar con cárcel las informaciones que el gobierno considere falsas o perjudiciales.

Y en diciembre, aprobó una norma para que "aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua" no puedan optar a cargos de elección popular.

Fuente: Infobae

bm/mav/rsr

El secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra calificó de "una pena inaceptable, especialmente al tratarse de un castigo desproporcionado hacia delitos que no han sido detallados. Podrían tratarse de castigos aplicados de manera discrecional, especialmente diseñadas para atacar a la oposición. Todo ello lo convierte en una pena injusta, arbitraria e inadmisible".

sábado, 16 de enero de 2021

Pandemia de covid puede ser mucho peor en 2021 para América Latina

 WASHINGTON, 13 ene 2021 (IPS) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que 2021 puede ser mucho peor que 2020 si se relajan las medidas de salud pública contra la covid-19, ya que las vacunas no estarán disponibles masivamente al menos hasta el segundo semestre.

La OPS ha podido canalizar recursos para luchar contra la covid-19 en América Latina y el Caribe, pero necesita apoyo para la vacunación de cientos de millones de personas mientras trata de evitar se propague el flagelo. Foto: OPS

Carissa Etienne, directora de la OPS, afirmó este miércoles 13 que “si seguimos siendo diligentes, tenemos el poder de controlar este virus, pero si nos relajamos, que nadie se equivoque, 2021 puede ser mucho peor que 2020”.

En América Latina y el Caribe hasta ahora casi 16 millones de personas contrajeron la enfermedad y más de 500 000 han muerto, a pesar de medidas como fuertes cuarentenas, campañas de información y esfuerzos redoblados para atender a las víctimas del coronavirus.

Una variante más agresiva de ese virus, detectada a finales de 2020 en Reino Unido, ya está presente en seis países de la región, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, México y Perú, y otra variante, identificada en Sudáfrica, apareció en Brasil.

La OPS dijo que, de momento, no hay pruebas de que esas variantes causen una enfermedad más grave “pero tienen el potencial de colapsar los hospitales con más enfermos”.

Las vacunas que han surgido para contrarrestar la covid solo han comenzado a aplicarse en cuatro países de la región (Argentina, Chile, Costa Rica y México), y en ninguno se ha vacunado siquiera a uno por ciento de la población, pues se dispone de cantidades muy limitadas de dosis.

La iniciativa Covax, un mecanismo de la mayoría de Estados del mundo para obtener y distribuir equitativamente 2000 millones de dosis este año, no comenzará a distribuir vacunas hasta marzo y en la región cabe esperar el arribo de los mayores lotes en el segundo semestre.

Etienne insistió, durante una conferencia de prensa en esta capital, en que mientras la cantidad de vacunas siga siendo pequeña, no se puede depender de ellas para aplanar la curva que muestra en alza los casos de covid en todo el hemisferio.

También la OPS llamó a los gobernantes a actuar de manera transparente y con base científica para controlar la pandemia, pues colocar la política por encima del interés público en salud puede costar vidas.

“Politizar las vacunas y otras medidas de control no solo es inútil, sino que podría avivar el virus y costar vidas», comentó Etienne.

Por otra parte, la organización informó que recibió compromisos por más de 263 millones de dólares desde 2020 para ofrecer apoyo técnico y suministros como parte de la lucha contra la covid.

Allí se incluyen el apoyo financiero directo, contribuciones canalizadas a través de la Organización Mundial de la Salud y acuerdos negociados con los Estados miembros de la OPS, respaldados por varias instituciones financieras internacionales.

Socios que donaron una suma combinada de 91 millones de dólares incluyen a los gobiernos de Belice, Canadá, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Comisión Europea.

La OMS canalizó aportes por 101 millones de dólares y el resto correspondió a entregas que hicieron los Estados miembros para apuntalar iniciativas de salud ante la covid en sus propios territorios.

Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de la OPS, dijo que “aunque hemos podido ofrecer suministros e impartir capacitación que han sido fundamentales para reducir la incidencia de casos y tratar pacientes, tenemos enormes desafíos, que requerirán apoyo continuo”.

“Precisamos de recursos para ayudar a los Estados a vacunar a más de 465 millones de personas en 39 países y territorios en 2021. Y, mientras se distribuye la vacuna, tendremos que mantener la ayuda para limitar la transmisión de la covid-19, reducir la mortalidad y proveer servicios esenciales de salud”, expuso Ugarte.

Fuente: IPS noticias

miércoles, 13 de enero de 2021

La OIT insta a proteger a los teletrabajadores, a menudo “invisibles”

 Al generar un aumento importante del trabajo que se realiza desde la casa, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado las precarias condiciones laborales de quienes desempeñan estas labores. Según la agencia de la ONU que vela por los trabajadores, antes de la emergencia sanitaria había en el mundo unas 260 millones personas dedicadas a esas ocupaciones, el 90% de las cuales se movía dentro del sector informal.

Banco Muncial/Henitsoa Rafalia
Un hombre cuida a su hijo mientras trabaja desde la casa en Madagascar.

Los teletrabajadores afrontan mayores riesgos de seguridad y salud y tienen menos acceso a las prestaciones y oportunidades que se ofrecen a otros trabajadores, señala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dado a conocer este miércoles.

Dadas las malas condiciones laborales que afectan a estas personas a menudo “invisibles” en los sectores económico y laboral, la agencia de la ONU  llama a darles mayor protección formal, recordando la importancia del trabajo que llevan a cabo.

El estudio alerta de un aumento sustancial de los trabajadores que operan desde su domicilio en el marco de la pandemia de COVID-19 y atribuye la falta de reconocimiento de su existencia a que las tareas que desempeñan se insertan en la esfera privada y en el rubro informal, como ocurre con cerca del 90% de los casos en los países de renta baja o media.

Incluso en las profesiones que requieren un mayor grado de calificación, la remuneración es menor que la de otras personas que realizan labores equivalentes en un sitio oficial de trabajo.

En este renglón cita los ejemplos del Reino Unido, donde el pago a estas personas es un 13% menor; Estados Unidos, un 22%; Sudáfrica, un 25%; y Argentina, India y México, hasta un 50%.

Sin protección social

Además de los mayores riesgos que encaran, generalmente no cuentan con acceso a los programas de capacitación para avanzar en su trayectoria profesional, no tienen la misma protección social que el resto de los trabajadores y no son parte de sindicatos ni convenios colectivos.

Antes de la pandemia, la OIT cifraba en 260 millones a los teletrabajadores, es decir, representaban el 7,9% del empleo a nivel global. De esos trabajadores, el 56%, o 147 millones, eran mujeres.

El informe detalla que en la categoría de trabajadores que operan desde casa figuran las personas que hacen su labor a distancia de forma ininterrumpida y los que desempeñan una tarea no automatizada en el sector productivo, lo que abarca ocupaciones como bordado, artesanías o montajes electrónicos. Asimismo, engloba a quienes prestan servicios por medio de plataformas digitales, como son los gestores de reclamos, la edición de texto o la alimentación de bases de datos.

 En los primeros meses de 2020, uno de cada cinco trabajadores hizo su labor desde la casa. Aún se están elaborando los números precisos del año completo.

La OIT espera que la cantidad de teletrabajadores se incremente en los próximos años, por lo que insistió en la necesidad imperiosa de abordar las dificultades de estas personas y sus empleadores.

Contratistas autónomos

El estudio destacó la deficiencia de la reglamentación del teletrabajo y la complejidad de cumplir con las legislaciones vigentes. Por lo general, los trabajadores que operan desde casa se consideran contratistas autónomos y, consecuentemente, quedan fuera del ámbito de las leyes laborales.

La economista en jefe de la OIT y coautora del informe, Janine Berg, especificó que muchos países cuentan con legislaciones, a veces complementada con convenios colectivos, que permiten llenar las lagunas a fin de fomentar el empleo decente con respecto al teletrabajo.

“Únicamente diez Estados Miembros de la OIT han ratificado el Convenio 177, en virtud del cual se promueve la igualdad de trato entre los teletrabajadores y otros asalariados; por otro lado, pocos países disponen de una política integral sobre el trabajo hecho desde la casa”, recalcó Berg.

Recomendaciones

Con el objetivo de destacar la importancia del teletrabajo y fomentar la protección de quienes lo llevan a cabo, la agencia de la ONU emitió varias recomendaciones: 

Para el sector industrial: facilitar la transición de los teletrabajadores a la economía formal mediante la ampliación de su protección jurídica, la generalización de contratos suscritos por escrito, el acceso a la seguridad social y el aumento de la concienciación de esos trabajadores sobre sus derechos

Para los teletrabajadores de plataformas digitales: su actividad suele suponer dificultades específicas por abarcar varios países, por ello se insta a usar información propia de ese tipo de trabajo para supervisar las condiciones laborales y los instrumentos aplicados para establecer salarios justos

Para los trabajadores a distancia establecer  medidas específicas para mitigar los riesgos psicosociales y respetar el “derecho a desconectarse” a fin de delimitar claramente los ámbitos profesional y personal.

Para concluir, el estudio prevé que el trabajo a domicilio cobrará más importancia en los próximos años, por lo que aboga por una unión de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores que garantice que todos los teletrabajadores pasen de un estado de “invisibilidad” a una situación de trabajo decente, independientemente de la tarea que desempeñen y del país donde lo hagan.


Con la pandemia de COVID-19 , la proporción de la población empleada que trabajaba en el hogar aumentó exponencialmente. Si bien es demasiado pronto para saber cuántos trabajadores pasaron al trabajo a distancia, la OIT estima que, si bien no todas las ocupaciones pueden realizarse en el hogar, muchas podrían ̶ aproximadamente una de cada seis a nivel mundial y poco más de una de cada cuatro en los países avanzados.



Fuentes: Noticias ONU y OIT

viernes, 8 de enero de 2021

El pronóstico de Luis Maira: “Si no hay nueva Constitución, Chile tendrá una crisis descontrolada donde todo puede pasar”

Recientemente, Luis Maira, consejero de la ALDHU, realizó una entrevista para "el mostrador". Aquí queremos mostrarles sus opiniones respecto a la confección y el camino en la realización de una nueva constitución (en Chile) ; así como las dificultades de llegar a entendimientos y consensos para lograrlo.


En solo 48 horas asegura que podría tener afinada una plantilla de la lista del Apruebo. Pero se requiere generosidad, un atributo que hasta ahora está perdido en los bolsillos de los partidos políticos de la oposición, y que es indispensable para materializar lo que el 25 de octubre la gente votó: una nueva Constitución. Luis Maira sabe que es una tarea difícil lograr que las colectividades cedan espacios, pero no hay otra opción. De lo contrario, el país puede verse atrapado en una crisis de la que difícilmente se podrá salir, considerando los altísimos niveles desigualdad y abusos que enfrentamos día a día.


Durante estas últimas semanas había estado a full y totalmente concentrado, junto a otros dirigentes, para cranear cómo llegar a un acuerdo que permitiera a las oposiciones conseguir 104 cupos en la Convención Constitucional, es decir, alcanzar los 2/3, con lo que se asegura cambiar la Constitución de Pinochet.

Pero ayer debió hacer un break y siguió en vivo durante varias horas el asalto de los partidarios de Trump al Capitolio, quienes impidieron certificar el triunfo de Biden, homologando así a la gran potencia norteamericana con las naciones corruptas, inestables y poco democráticas, motejadas como repúblicas bananeras.

Luis Maira quedó “impresionado” con lo que estaba ocurriendo en ese país, que por más de 30 años ha sido parte de su trabajo. “Cualquiera que haya estudiado seriamente los Estados Unidos, habría imaginado lo de ayer como algo imposible. Es un grado de desacuerdo de acumulación de disputas, de rencores, de falta de funcionamiento de los buenos mecanismos que tuvieron para construir acuerdos. Y esa era precisamente la fuerza que ostentaba Estados Unidos: la capacidad de construir acuerdos con solo dos partidos, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, y que ponían por delante el interés nacional”, explica el exembajador y ministro.

-La posta entre republicanos y demócratas no había presentado conflicto alguno. ¿Cuándo y cómo comenzó este nivel de descomposición observado ayer en Washington?
-Ellos fueron entrando en un proceso de cambio de su régimen político y de descomposición de los mecanismos de toma de consensos. Partió con la famosa crisis de Watergate, que terminó con la salida de Nixon. La idea de que el Presidente era un hombre honesto, correcto, intachable, se trizó con esa figura, metido en un escándalo mayúsculo de espiar y dañar a sus adversarios y hacer cosas ilegales que se fueron acumulando, hasta que se decidió hacer la acusación constitucional y destituir al Presidente que entonces renunció. Eso cambió la imagen del ciudadano medio norteamericano sobre la perfección de su sistema político y sobre la calidad infalible de sus líderes. Esa es una crisis que ha venido rebotando en muchos campos, en muchas áreas.

Yo escribí hace poco un trabajo, que estoy convirtiendo en un libro, sobre los siete escenarios principales de la descomposición del sistema norteamericano, que van de lo político a lo económico, a la gestión internacional. Es una situación preocupante para el orden internacional y del propio Estados Unidos.

-Es increíble que lo ocurrido ayer nos recuerda lo propio de una república bananera, donde partidarios del Presidente saliente e instigados por él tratan por todos los medios de impedir que asuma su contendor.
-La insurrección de un grupo de gente que desconoce la Constitución y usa prácticas delictivas, está fuera de todo lo imaginable. Pero aun así es un factor de sorpresa. Una cosa que a quienes conozcan más o menos cómo funciona el sistema norteamericano, tiene que generar mucha preocupación, porque estamos hablando de la economía más grande del mundo y de la potencia internacional más importante. Eso nos va a afectar, sin duda.

Generosidad al debe

Esta entrevista de El Mostrador original y exclusivamente buscaba ahondar en la última megatarea de Luis Maira que, por cierto, nos lleva inexorablemente a hacer una comparación con las labores realizadas por él en el Comando por el No. Momentos decisivos de la historia del país, que ahora se repiten cuando estamos a días de la inscripción de los candidatos para la Convención Constitucional, y con la posibilidad –únicamente si los partidos opositores atinan– de construir una nueva Constitución que termine con las amarras de la dictadura.

“Lento y difícil” ha sido este proceso, revela Maira, al comentar la paciente labor del comité por la lista única del Apruebo, que hasta ahora no ha podido ver humo blanco, a pesar de los múltiples esfuerzos por lograr una lista unitaria.

¿Cómo surgió la idea de este comité por la lista única del Apruebo?
-Un grupo de ciudadanos con cierta experiencia, por decirlo así, teníamos interés por los asuntos públicos, habíamos pasado por algunas responsabilidades, conocíamos el escenario de una Constituyente y nos organizamos a título personal. No representamos a ninguna organización, aunque podamos pertenecer a alguna de tipo cultural o política. Fue un esfuerzo de un grupo de personas que compartíamos esta inquietud. Y el razonamiento fue muy simple: si se ganó con un margen tan amplio, con casi el 80%, si tomamos en cuenta las dos preguntas, cambiar la Constitución y el método, que fuera directamente con representantes designados popularmente, en un 80%, una cifra que nunca se había obtenido por nadie, en ningún gran tema de debate en la sociedad chilena... Pero el problema era que el proceso constituyente tenía cláusulas, muy exigentes, que eran verdaderos obstáculos al llegar al resultado final de una Constitución democrática. Y la gran valla era la elección de las personas que van a redactar la nueva Constitución.

-¿Qué objetivos se plantearon en un comienzo?
-Originar una asociación amplia de todos los partidarios del Apruebo, independientemente si eran o no de una determinada tendencia política, si eran o no militantes, si eran independientes. Cualesquiera que fueran sus intereses, nos parecía que este era especial, distinto a todos los demás asuntos que están en la agenda: las elecciones de los alcaldes, de concejales, de gobernadores, y después en noviembre del Presidente, y de los diputados y senadores. De estas siete grandes elecciones, la única que tenía un carácter de principios, nacional y de alcance estratégico, de largo plazo, era la de los constituyentes. Por lo tanto, pensamos que debía tener un tratamiento especial. Más amplio, más generoso, con los mejores candidatos en cada uno de los 28 distritos que se van a usar para elegir a los que escriban la Constitución.

-Pero, por lo visto, esa generosidad no existe dentro de  la oposición.
-Más que generosidad, yo diría son los enfoques. Porque la primera reacción de un dirigente político es cómo yo aumento mi fuerza, cómo crezco, cómo hago de esta elección un momento de progreso de mi propia imagen y de poder.

-Para eso están las otras elecciones, no la de la Convención Constitucional.
-Es el mismo argumento que hemos dicho nosotros. Para eso están las otras seis elecciones. Pueden ir separados, juntos. Hacer toda clase de acuerdos, que son parte de la política. Pero esta es una situación que se ha presentado después de 40 años de una Constitución, que es la única que conozco fue íntegramente hecha por un dictador que tenía todo el poder, y buscó buenos expertos jurídicos conservadores, para hacer una Constitución que proyectara el manejo en el futuro, no solo el tiempo que durara la dictadura. Eso es lo que en Chile se llamó proceso de atar, y eso nos ha penado los 30 años de elección de gobiernos civiles.

Y eso no va a superarse y producirá una crisis cada vez mayor, mientras no modifiquemos la causa última, que es una Constitución perfectamente articulada para impedir un cambio del modelo económico, de la orientación política y del estilo que la dictadura trató de imponer. Y es primera vez que esto se logra: no se había conseguido en los 30 años con todas sus campañas. Fue la crisis, el estallido social como le llaman los diarios, la rebelión social lo que lo permitió.

-¿Rebelión?
-La rebelión social de octubre de 2019 fue la que cambió el escenario y la preocupación y el temor de algunos. Variaron los motivos que llevaron al acuerdo ese famoso del 15 de noviembre de hacer una nueva Constitución. Las reglas fueron reglas negociadas entre todos. Incluyendo 2/3 para sacar cualquier capítulo o cualquier artículo de la Constitución. Y si no hay 2/3, no hay texto.

-Eso significa tener 104 de los 155 convencionales, lo que es un número altísimo.
-Sí, 104 de los 155. Pero a la inversa significa que con 1/3 más uno, los que no quieren una Constitución distinta o que quieren mantener intacta la actual, tengan un derecho de veto. Eso nos preocupa mucho porque 1/3 no es una cifra inalcanzable, es lo que han sacado normalmente y bastante más los partidos de derecha cuando van juntos. Y para esta elección van a ir juntos: la derecha de alcance más política, la derecha cultural y la derecha económica. Las grandes corporaciones, incluyendo las corporaciones extranjeras que trabajan acá y a quienes beneficia la Constitución actual.

-¿Pero cómo la oposición no entiende que debe alcanzar un acuerdo para conseguir cambiar la Constitución de Pinochet? 
-Es poco comprensible, pero la política, la actividad de los dirigentes políticos tiene por desgracia para estos efectos sus propias reglas. La consideración de las ventajas que ellos puedan tener y el crecimiento de su propia fuerza, es lo que preside todo proceso electoral de cualquier clase. En el trabajo puede haber muchas diferencias, que son legítimas. Pero tomar 10 o 15 puntos básicos que hay que establecer para tener una Constitución democrática y distinta, tendría que haber sido logrado en un gran pacto, y conversar, del modo más cordial y constructivo posible, los muchos asuntos en detalle que se desprenden de los grandes acuerdos y que van a existir y que habrá que verlos en su momento.

-Si no logran los 2/3, si no logran 104 cupos en la Convención Constitucional, ¿qué pasará?
-No vamos a llegar a nada si no tenemos los 2/3, porque ahí no va a haber Constitución. La famosa página en blanco va a quedar sin escribirse. No va a dar el quórum para sacar ninguna norma que nos parezca importante, que sea distinta del espíritu que ahora preside una Constitución tan monolítica, tan y largamente estudiada. Fueron seis años y medio de trabajo de juristas competentes de derecha que sabían exactamente lo que buscaban y tenían un solo punto de vista, no tenían matices. Respondían a la orientación que la dictadura quería establecer en ese momento.

-Esta dispersión de los votos del Apruebo va a provocar una sobrerrepresentación del Rechazo, lo que implica que no habrá una nueva Constitución, con el alto riesgo de que aumente la frustración que la ciudadanía tiene.
-A mí lo que más me preocupa es este punto. Chile tiene ya una grave crisis política, porque suma componentes de agotamiento del modelo económico: injusticia, desigualdad, que la gente ya no resiste. Eso fue lo que originó la rebelión social. Pero, por otro lado, tienes problemas en el campo propiamente del sistema jurídico, en el centralismo. Tienes problemas no resueltos de la gente que se interesa por el medio ambiente, los que buscan la igualdad de género, los que quieren resolver los problemas de los pueblos originarios. Todas esas causas más temáticas, se suman con el problema general de articular y resolver la crisis política global que el país va teniendo cada vez más avanzada. Me impresionó leer, en una revista especializada de ciencia política de Estados Unidos, una nota no muy extensa pero muy visible con un recuadro, contando que el Gobierno de Chile ha llegado a tener un 7% de apoyo, cifra sin precedentes, una especie de récord mundial. Pero no se puede gobernar con ese porcentaje, no hay ningún acuerdo posible. Hemos tenido en Chile esa pérdida de gobernabilidad muy acentuada, muy difícil de resolver.

-Sin embargo, el Gobierno trata de invisibilizar esta crisis. Y La Moneda parece ser una película como Truman Show, donde todo es una maqueta, sin respaldo ciudadano.
-Tienes toda la razón. Pero, no es ese, sin embargo, el razonamiento que prevalece. Esta Constitución ya cumplió 40 años y ha dado tantas ventajas y creado tanta injusticia y desigualdad. La gente no entiende bien el papel que tiene una Constitución. Es un texto que dirige la marcha de un país. Por eso hay que enfrentarlo. Pero no es fácil.

"El mejor texto no es una Constitución radicalizada"

-¿Qué espacio hay para avanzar en estos cinco días que quedan para la inscripción de candidatos?
-Quedan cinco días y el acuerdo amplio que va desde una derecha que defiende a la dictadura, hasta la gente más moderada, cambia totalmente el escenario. Por tanto, hace mucho más difícil bajar la exigencia de 104 de 155 redactores de la Constitución que se van a elegir. Esa es una vara muy alta. Aquí los que están juntándose son los que respaldaron el Rechazo, por lo que no va a haber Constitución. Y eso va a generar una enorme frustración y un elemento de propulsión de la crisis política, que yo la veo muy grave y comparativamente muy aguda con otros países de la región. La gente, los ciudadanos, los independientes, los que ven las cosas simplemente desde su propia mirada pero pensando en el interés de Chile como país, deberían entender que es bueno que haya una mayoría numérica que pueda manejar las variables y buscar el mejor texto. No para que salga una Constitución radicalizada, sino que tenga los componentes necesarios para cambiar el país y resolver los problemas de abusos. Los abusos en Chile son indescriptibles. Y, segundo, la desigualdad se ha ido instalando y también hay que corregir porque, si no, no hay convivencia. Es imposible.

-Faltando cinco días, ¿dónde están las trabas?
-Las trabas están en poder entender que a todos nos conviene un acuerdo fácil de conseguir. El acuerdo no es difícil. Porque cuando una elección se hace en 28 distritos, y hay expertos que conocen cada uno de esos distritos, y gente que en las localidades trabaja y los actores son perfectamente conocidos, si hubiera un acuerdo, no sería ni largo, ni muy complicado, si la generosidad prevalece. Escoger la mejor lista, sin cuotas, sin imprudencias, sin presiones y poner los mejores candidatos, sean independientes o pertenezcan a una determinada organización política, sean de la capital, de la región o de un lugar más específico, sean de una profesión o de otra. Y con eso ir sumando todos los componentes para encontrar la lista que sea más poderosa. Creo que estamos cerca por el ambiente que hay en el país y el respaldo que tuvo esta iniciativa. No sería imposible, con toda la unidad de los sectores conservadores, sacar los dos tercios. Eso pasa por una decisión política de dar el paso y hacer este acuerdo. Eso no lo hemos conseguido.

-¿Por qué la propuesta entregada era 82 cupos para los partidos políticos y 104 para independientes y organizaciones sociales?
-Creemos que es justo por los orígenes y la legitimidad de donde viene esta demanda, que haya más independientes, con vocación social y sentido de país, que representantes de los partidos. Los partidos tienen también especialidades y conocimientos que son muy importantes para hacer una campaña y es necesario sumar las capacidades y los aportes de los independientes y de las organizaciones más representativas con el saber especializado de los partidos políticos que nacieron en el siglo XVIII o a comienzos del XIX, para ser puentes entre la sociedad y el poder político central. Sumando las dos capacidades, tenemos la posibilidad cierta de llegar, o estar en las mejores condiciones, para esta meta tan alta y difícil que son 2/3.

-¿Cuándo quedaron de juntarse nuevamente con los partidos políticos o quedó stand by?
-A estas alturas no hay que hacer reuniones colectivas. Hay que tomar la decisión de integrar el esfuerzo de la lista única y descentralizar a los 28 distritos con ciertas pautas generales, y con un equipo coordinador central avanzar en ese trabajo. Si lo hacemos bien, lo podemos hacer en 48 horas. Pero requiere de esta voluntad fundamental y hay poco tiempo.

-Es decir, ¿en 48 horas pueden presentar la “plantilla” del Apruebo?
-Claro, si hay generosidad extrema y buena voluntad.

-Eso es lo necesario, pero lo que más falta.
-Eso es lo que hay que conseguir. Vamos a trabajar hasta el último día porque creemos que es muy malo para el país entrar en un cuadro donde no haya una Constitución que responda a estas expectativas, porque entras a tener una crisis descontrolada sin escenario de regulación.

-¿Cree que podría producirse un estallido, una rebelión 2.0?
-Para serte franco, los escenarios son tan malos que no quisiera enunciar las situaciones extremas. Todo puede pasar en un cuadro de acumulación de los factores de la crisis, que son básicamente desigualdad y abusos.

Fuente: El mostrador

jueves, 7 de enero de 2021

La OMS valida el uso de emergencia para la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer / BioNTech

 La decisión abre la puerta a los países para que aceleren sus propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna. También permite a UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para distribuirla a los países que la necesiten. La agencia de la ONU para la salud aboga una vez más por la necesidad de que se otorgue a todo el mundo un acceso equitativo a la vacuna.


La Organización Mundial de la Salud ha validado este jueves la vacuna Comirnaty COVID-19 mRNA para uso de emergencia, lo que convierte a esta vacuna producida por el fabricante Pfizer/BioNTech en la primera en recibir este tipo de homologación desde que comenzó el brote del virus SARS-COV-2 hace un año.

La Lista de uso de emergencia abre la puerta a los países para que aceleren sus propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna. También permite a UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud adquirir la vacuna para distribuirla a los países que la necesiten.

“Este es un paso muy positivo para garantizar el acceso global a las vacunas COVID-19. Pero quiero enfatizar la necesidad de un esfuerzo mundial aún mayor para lograr un suministro de vacunas suficiente para satisfacer las necesidades de las poblaciones prioritarias en todas partes”, dijo la doctora  Mariângela Simão, subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios.

“La Organización Mundial de la Salud trabaja día y noche para evaluar otras vacunas que han alcanzado estándares de seguridad y eficacia. Alentamos a más desarrolladores a que se presenten para revisión y evaluación. Es de vital importancia que aseguremos el suministro crítico necesario para servir a todos los países del mundo y detener la pandemia ".

Más beneficios que riesgos


Los expertos en reglamentación de medicamentos, convocados por la OMS de todo el mundo, y los propios equipos de la Organización revisaron los datos sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna Pfizer/BioNTech como parte de un análisis de riesgo versus beneficio.

La revisión encontró que la vacuna cumplía con los criterios imprescindibles de seguridad y eficacia establecidos y que los beneficios de usar la vacuna para abordar el COVID-19 compensan los riesgos potenciales.

La revisión de protocolos para la vacuna también está llevándose a cabo. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS se reunirá el 5 de enero de 2021 para formular las políticas y recomendaciones específicas para el uso de este producto en las poblaciones, basándose en las recomendaciones de priorización publicadas en septiembre de 2020.

La vacuna Comirnaty requiere almacenamiento mediante una cadena de ultrafrío por lo que debe almacenarse entre -60° y -90° grados centígrados. Este requisito hace que la vacuna sea más difícil de implementar en entornos donde el equipo de la cadena de ultra frío puede no estar disponible o no ser accesible de manera confiable.

Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud está trabajando para ayudar a los países a evaluar sus planes de entrega y prepararse para su uso cuando sea posible.

Cómo funciona el Listado de Uso de Emergencia


El procedimiento de Listado de Uso de Emergencia evalúa la idoneidad de nuevos productos de salud durante emergencias de salud pública.

El objetivo es hacer que los medicamentos, las vacunas y los diagnósticos estén disponibles lo más rápido posible para abordar la emergencia, respetando estrictos criterios de seguridad, eficacia y calidad.

La evaluación sopesa la amenaza que representa la emergencia, así como el beneficio que se obtendría del uso del producto frente a cualquier riesgo potencial.

La vía de ese Listado implica una evaluación rigurosa de los datos finales de los ensayos clínicos de fase II y fase III, así como datos adicionales sustanciales sobre seguridad, eficacia, calidad y un plan de gestión de riesgos.

Estos datos son revisados ​​por expertos independientes y equipos de la OMS que consideran la vacuna en sí, los planes para monitorear su uso y los planes para los estudios adicionales.

Una vez que una vacuna ha sido listada para uso de emergencia, la Organización Mundial de la Salud pone en marcha los mecanismos para informar a las autoridades nacionales de salud sobre la vacuna y sus beneficios anticipados basándose en datos de estudios clínicos hasta la fecha.

Además de los procedimientos regulatorios globales, regionales y nacionales para el uso de emergencia, cada país lleva a cabo un proceso de políticas para decidir si usar la vacuna y en quién, con la priorización especificada para el uso más temprano.

Como parte del proceso para la inclusión en el Listado, la empresa que produce la vacuna debe comprometerse a continuar generando datos para permitir la licencia completa y la precalificación de la vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud.

El proceso de precalificación evaluará los datos clínicos adicionales generados a partir de los ensayos de las vacunas y de su despliegue de una forma continua para garantizar que la vacuna cumpla con los estándares necesarios de calidad, seguridad y eficacia para una mayor disponibilidad.

Fuente: Noticias ONU



martes, 5 de enero de 2021

'Caso Assange': No han conseguido matar al mensajero

 No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o al de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.

Es cierto que podía, y quizás debía, haber optado por una decisión más enérgica, anteponiendo claramente la defensa de la libertad de expresión como motor de su sentencia, pero ha optado por acudir a la variable menos complicada para la justicia británica, siempre tan equilibrada y políticamente correcta; es decir a los motivos humanitarios.

Al rechazar la extradición de Julian Assange como solicitaba Estados Unidos, ha propiciado un suspiro colectivo de alivio. La jueza ha venido a resolver lo que tantas veces hemos puesto de manifiesto desde el equipo de defensores que coordino: la salud de Julian Assange ha sufrido un deterioro evidente, fruto de tantos años de encierro obligado y del acoso permanente que ha padecido durante este largo asedio. “El riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición era elevado”, explica Baraitser. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”.

Es cierto. He visto con mis propios ojos cómo el periodista y fundador de WikiLeaks ha sido tratado de forma inhumana por fuerzas poderosas y omnipresentes que por todos los medios han intentado callarle, neutralizarle y acabar con él. No lo han conseguido. Ha sido una pelea propia de David contra Goliat la que emprendimos para combatir la impunidad de Estados Unidos, desde que un 19 de junio de 2012 Julian se recluyera en la embajada de Ecuador en Londres en demanda de asilo, que le fue concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, valiente frente a la imponente administración norteamericana. Nos jugábamos la libertad de expresión, la libertad de información y, ante todo, el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes manejan los hilos que mueven el mundo, qué es lo que no quieren que sepamos y hacia dónde pretenden dirigirnos. Es decir, estaba en juego la esencia misma de la democracia.

Julian Assange plantó cara y ha pagado por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya ven de qué época hablamos– y uno relacionado con la supuesta ayuda informática a la militar Chelsea Manning, quien alega Estados Unidos que fue la fuente de WikiLeaks. Los 175 años de cárcel que le reclaman tienen que ver con la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los archivos de Guantánamo y los cables del Departamento de Estado. Lo que puso de manifiesto Assange fue la comisión de diferentes delitos por parte de las autoridades norteamericanas: crímenes de guerra, torturas y diversos crímenes internacionales.

Ha vivido un auténtico calvario desde entonces. Lo puso de manifiesto el Relator de la ONU contra la tortura Nils Melzer. Como también el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de la ONU y el Relator de salud de la misma Organización, con informes reiterados y contundentes. A mayor abundamiento, el trato recibido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh desde su expulsión de la embajada en abril de 2018, ha llevado a la convicción judicial de que cualquier proceso que se siguiera contra él y que concluyera en condena, sería cruel y podría desembocar en una muerte segura.

Esta resolución evidencia la desproporcionalidad de las posibles penas y las dudas que el sistema penitenciario norteamericano, máxime en tiempos de pandemia, suscita en la magistrada y provoca que en su resolución leamos la aparente contradicción de afirmar que el proceso sería justo en el país reclamante, pero la ejecución de la pena no, porque podría llevar irreversiblemente a la muerte del sujeto afectado. Esta afirmación es de mayor gravedad si cabe que haber dicho claramente que la persecución de Julian Assange ha sido política y represiva del derecho a la libertad de expresión, como en realidad lo es desde la óptica de la defensa. La sentencia, descalifica, en definitiva, a todo el mecanismo penitenciario norteamericano, como ya lo hiciera hace apenas ahora dos años la misma justicia del Reino Unido con el caso de Lauri Love, de Anonymous, al denegar, por la misma razón, su extradición a USA en febrero de 2018.

Siete años de encierro y acoso

La solidaridad y el ánimo justo del presidente Correa evitó que, al refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange fuera entregado a Suecia por una oscura acusación que se desinfló con el tiempo sin que se formularan cargos y se cerró sin evidencias, pero que daba pie a la firme sospecha de que todo había sido una estrategia para provocar su extradición a Estados Unidos. Ese era el juego.

Siete años pasó en la Embajada, en una estancia sin luz solar, sin aire fresco, sufriendo todo tipo de padecimientos físicos y psicológicos. Siendo espiado de forma constante. El cambio de gobierno en Ecuador con la llegada al poder de un presidente, Lenin Moreno, que se mostró sumiso con EEUU, supuso la expulsión de la embajada y el ingreso en una prisión de alta seguridad que amenazaba con acabar destrozando el frágil estado del periodista. En mi última visita a esa prisión, cuando nos despedimos, entre lágrimas, con un largo abrazo, temí realmente por su vida y dudé de que la justicia en el caso de Julian Assange pudiera calibrarse de tal, mientras que ninguno de los graves hechos denunciados por él había sido investigado por el país que le reclamaba para silenciarlo.

En esta confrontación, el acoso se extendió a su entorno próximo. Sus abogados fuimos también objeto de espionaje por parte de la empresa de seguridad española (UC Global) presente en la embajada de Ecuador y presuntamente relacionada con los servicios de inteligencia norteamericanos, extremo que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional española. De tal vigilancia no se libró siquiera el bebé, hijo de Assange, cuya vida –aun en términos tan minimalistas– era revisada y analizada de manera exhaustiva.

Matar al mensajero


El gran pecado que cometió el periodista fue, sin duda, fundar WikiLeaks, la agencia de noticias que estableció un sistema de cortafuegos en las IPs de manera que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar a esta plataforma información relacionada con la comisión de delitos. La fuente se mantenía anónima. Años después, una directiva europea sobre estos alertadores se plantea en los mismos términos.

Matar al mensajero ha sido siempre el recurso de los malvados, de los delincuentes, de aquellos que no saben cómo ocultar el mal que detentan. El silencio es la medicina que aplican de forma contundente en la creencia de que así sus pecados no verán la luz. A veces lo consiguen, pero en este caso la jugada no les ha salido bien. Assange no estaba solo, eran cientos de miles las voces que han clamado pidiendo libertad para el periodista en todo el mundo. Aunque también es verdad que se han producido muchos mutismos oficiales y descalificaciones personales inaceptables. Pero al final, y de momento, a la espera del más que probable recurso de apelación, se ha hecho justicia en un momento clave, cuando Donald Trump, rabioso por su calidad de mandatario saliente, da sus últimos coletazos aplicando mano dura en todos aquellos asuntos que puede resolver con su estilo en los escasos –y largos días– que restan para el relevo presidencial. No quiero pensar qué hubiera supuesto la extradición de Assange en estas circunstancias.

Creo que el mejor resumen lo hizo Noam Chomsky, cuyo testimonio leímos en el juicio ante la magistrada británica. En opinión del filósofo, Assange prestó un servicio enorme a la libertad de expresión y a la democracia. “El gobierno norteamericano busca criminalizarle por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”. Esa es la gloria de Assange y la miseria de Estados Unidos. Hoy, el mensajero sigue vivo. Y nosotros sus abogadas y abogados continuaremos defendiendo que solo cumplió, ni más ni menos, con su deber como periodista en beneficio de todos.

Baltasar Garzón es coordinador de la defensa de Julian Assange


Fuente: Infolibre.es

lunes, 4 de enero de 2021

Expertas de la ONU esperan que la legalización del aborto en Argentina sea un modelo para América Latina

 La nueva ley que autoriza el aborto hasta las 14 semanas es “revolucionaria” y un “paso crucial” para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas, aseguran y señalan que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazado discriminaba a las mujeres y niñas más pobres y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro.



Expertas de la ONU en derechos humanos* han elogiado la legalización del aborto en Argentina como un “paso histórico” que, esperan, convertirá al país sudamericano “en un modelo” para toda América Latina “y más allá”.

"La penalización del aborto no contribuía significativamente a disminuir las interrupciones de embarazos, sino que simplemente llevaba a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros, y muchas mujeres murieron como resultado de ello", dicen las relatoras en un comunicado en el que califican la nueva ley como “revolucionaria” y “un paso crucial para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas”.

Hasta ahora, Argentina permitía el aborto sólo en casos de violación sexual o cuando la salud de la mujer estaba en peligro, aunque en la práctica no estaba disponible ni siquiera por estos motivos.

La nueva ley, aprobada en el Senado el 30 de diciembre legaliza los abortos hasta la 14ª semana de embarazo y es el fruto de años de activismo en favor de los derechos de la mujer. "Aplaudimos la extraordinaria movilización de las y los activistas del país que contribuyeron a la aprobación de esta ley", dijeron las expertas.

La Oficina de Derechos Humanos en América del Sur, calificó la nueva ley como “un avance significativo para los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”. Mientras que la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, recordó en un tuit que “casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros".



La ley vigente también discriminaba a las mujeres y niñas que viven en la pobreza y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro, como podían hacer las mujeres con más recursos económicos, dice el comunicado de las relatoras. Contribuyó a la continuación forzada de embarazos, incluso en casos en que el embarazo era consecuencia de una violación.

Las expertas además citan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres obtuvieron el derecho a interrumpir sus embarazos en los años 70 y 80 -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo.

Mucho por hacer

Las expertas, no obstante, recuerdan que "queda mucho por hacer para asegurar los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad y al más alto nivel de salud sexual y reproductiva".

"Ahora es importante que la ley se aplique en todo el país y no sea usurpada por una agenda política o un dogma religioso", dicen las expertas que señalan como preocupante una cláusula de objeción de conciencia que permite que los profesionales de la salud no realicen abortos por sus creencias personales.

“Esta cláusula no debe convertirse en una nueva barrera que impida a las mujeres y las niñas acceder a los servicios de aborto en el momento oportuno", dijeron. "En estos casos, el tiempo es esencial".

* Las expertas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, miembras del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Fuente: Noticias ONU