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martes, 29 de septiembre de 2020

Paro nacional en Colombia: 4 motivos detrás de las multitudinarias protestas y cacerolazos en Colombia contra el gobierno de Iván Duque

 Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vivió este jueves una masiva jornada de protestas, en su mayor parte pacíficas, convocadas por opositores del presidente Iván Duque y su gobierno.


Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como "paro nacional" y se registraron protestas en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
También se presentaron protestas en el extranjero, en países como Argentina, Australia, Alemania, España, Francia Suiza y Reino Unido.

Fuente: Sur Tv



En la capital, donde la jornada terminó con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron algunos disturbios tanto en el centro como en el noroeste, donde algunos manifestantes intentaron dirigirse al aeropuerto internacional El Dorado.

Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche de este jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.
También se denunciaron actos de brutalidad policial. Diversos medios informan de la golpiza que varios policías le propinaron a una mujer joven en Bogotá hasta dejarla inconsciente. El hecho fue registrado en un video que circula por redes sociales.

Sin embargo, la jornada fue en su mayor parte pacífica, algo que reconoció el propio presidente Iván Duque en un discurso televisado a las 10 de la noche hora colombiana. También se presentaron cacerolazos en Medellín, la segunda ciudad en importancia en el país.

De hecho, nuevos cacerolazos se están anunciando para este viernes en diversas ciudades colombianas para exigir medidas concretas del gobierno luego del multitudinario paro.

Antes del paro, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas en el país, entre ellas el cierre desde primera hora de este miércoles y hasta las 5:00 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.

Además se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.
Duque, por su parte, ya en horas de la noche, se refirió a los "actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de quienes marcharon".

"Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular", aseguró el presidente.

El mandatario también afirmó que habían sido detenidos "decenas de criminales" a los que van a "aplicarles todo el peso de la ley".
Y sobre el fondo de la protesta, aseguró que el suyo es un gobierno "que escucha y construye".

"El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción", afirmó.


Ivan Duque

Estas son algunas de las razones de la protesta.

1. El "paquetazo"

Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un "paquetazo" de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.

Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.

El gobierno ha negado la veracidad de muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.

Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

2. La educación

A las manifestaciones acudieron también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.

Reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para las universidades de unos US$1.300 millones.
Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos "nunca antes vistos".




3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros

Los manifestantes también reclamaron medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.

Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.

De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.

4. El cumplimiento del proceso de paz

Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.

Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.

En abril de este año, Duque presentó seis cuestionamientos a la ley de la justicia para la paz, lo que le provocó una ola de críticas e incluso protestas callejeras.

Aquella decisión, que fue sugerida por Álvaro Uribe apenas unos días antes, provocó que defensores del acuerdo con la exguerrilla FARC acusaran al mandatario de "permitir morir la paz" y de ser tildado por columnistas como "subpresidente".

Por otro lado, recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC. En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.

La muerte de los menores, incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso, costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.

Las críticas contra Botero se habían agravado en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran "el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)".

Esto hizo recordar directivas similares que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condujerom a la ejecución por parte del ejército de miles de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, en lo que se conoció como los "falsos positivos".

La combinación de estos factores han generado un clima de descontento con el gobierno de Duque, cuya popularidad pasa por sus horas más bajas desde su llegada al gobierno en agosto de 2018.

Una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de 26%.

Por lo que este paro nacional representa, para Duque, una de las pruebas más difíciles hasta ahora en su mandato.

Fuente: BBC.com

sábado, 26 de septiembre de 2020

Uribe, expresidente de Colombia, acusado de diferentes delitos

 


La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer expresidente en Colombia en tener que cumplir dicha sanción.

El presidente más popular de la historia reciente de Colombia fue privado de su libertad por un caso que él mismo inició.

El exmandatario, de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno.



miércoles, 23 de septiembre de 2020

Venezuela: Misión de la ONU indica que las autoridades cometieron violaciones graves de los derechos humanos

 La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela reportó que tanto el gobierno, como los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos en ese país. El informe del grupo de expertos indica que el Presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes.

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 Manifestantes en La Castellana, un barrio del este de Caracas.

Los integrantes de la Misión* señalan que el Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos

La Misión, encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, publicó este miércoles su informe sobre 223 casos indagados.

Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de COVID-19.

Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales.

Posibles crímenes de lesa humanidad

El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”.

Además señala que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Añadió que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad

La Misión investigó dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad,

El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.

Los expertos desatacan que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.

Detención y tortura por motivos políticos

El estudio de la participación de los servicios de inteligencia estatales concluye que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) era identificar “a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno”, mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal militar y los civiles asociados  presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, apunta el informe

Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición.

Cox añadió que “los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados”.

El poder judicial, en tela de juicio

Por último, el estudio también cuestiona la intervención del poder judicial venezolano que no logró controlar a otros agentes estatales y señala la necesidad de continuar investigando “hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Valiñas.

*La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25,  del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019. Su mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

Fuente: Noticias ONU

lunes, 21 de septiembre de 2020

ORLANDO LETELIER, NO TE OLVIDAMOS

 El 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier fue asesinado mediante un atentado terrorista ocurrido en el corazón de Washington, ordenado por el dictador Augusto Pinochet. Una bomba colocada en el piso del automóvil que conducía, fue accionada mediante control remoto generando una explosión que le originó la muerte minutos más tarde. Junto con él, falleció su acompañante, la joven Ronni Karpen Moffitt, compañera de trabajo en el Instituto de Estudios Políticos.

​El presidente Allende lo designó embajador en los Estados Unidos, cargo que desempeñó hasta comienzos de 1973 cuando fue convocado a Santiago para asumir la cartera de Relaciones Exteriores, más tarde el Ministerio del Interior y finalmente el de la Defensa Nacional.
​En esa responsabilidad lo sorprendió el golpe militar de 1973.  Fue detenido el mismo día 11 de septiembre al ingresar al Ministerio a su cargo y confinado a la Isla Dawson junto con otros altos funcionarios del gobierno depuesto. Allí permaneció por ocho meses, siendo trasladado en Mayo de 1974 al subterráneo de la Academia de Guerra Aérea (AGA), lugar habilitado por la Junta Militar como siniestro centro de torturas.
​Dos meses más tarde, el grupo de ex ministros fue trasladado a Ritoque, un balneario popular construido por el gobierno de Allende, que se blindó y artilló para servir como campo de concentración.
​Con motivo del primer aniversario del golpe militar, el 11 de septiembre de 1974, los presos políticos confinados en Ritoque, fuimos llamados a formación, a fin de escuchar la palabra de un alto oficial de la Fuerza Aérea, quién pretendió justificar la intervención militar, debido a las supuestas ilegalidades y escándalos cometidos por la administración Allende.
​El oficial concluyó su diatriba con la siguiente advertencia: “Algunos de ustedes saldrán pronto expulsados fuera de Chile, pero sepan que la larga mano de la DINA los alcanzará en cualquier lugar del mundo, vayan donde vayan.”
​Días después, Orlando fue expulsado de Chile, arribando a Venezuela cuyo gobierno había realizado numerosas gestiones en demanda de su libertad.  Allí se reunió con su familia, con la cual viajó meses después a los Estados Unidos, a fin de integrarse como miembro del Instituto de Estudios Políticos en Washington, tarea que compartió con el cargo de Director del Transnational Institute (TNI), con sede en Holanda.
​Letelier desarrolló una actividad infatigable denunciando los crímenes y las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que tenían lugar en Chile, tarea que compartió con el análisis de las transformaciones a las estructuras sociales y económicas que comenzaron a implementar los golpistas.
​El 26 de agosto de 1976, veinticinco días antes de su asesinato, Orlando publicó un ensayo en la revista norteamericana The Nation titulado:
“Los Chicago Boys en Chile: LIBERTAD ECONOMICA Y REPRESION POLITICA.   Dos caras de un mismo modelo”. 
​El texto analiza detalladamente los cambios introducidos en la economía chilena por la Junta Militar, enfatizando que una política tan contraria a los intereses mayoritarios de la población, solo podía implementarse mediante una feroz represión.  
​En esos días, las autoridades norteamericanas reconocían la existencia de los abusos en materia de derechos humanos cometidos por los militares chilenos, pero valoraban con entusiasmo sus éxitos económicos.
​El ensayo de Orlando es categórico en demostrar que libertad política y represión económica son dos caras de una misma moneda. Es imposible disociar esa yunta, y enrostra a los Chicago Boys su responsabilidad por el genocidio que tiene lugar en Chile.
​Han transcurrido 44 años desde la publicación de este ensayo. Letelier no podía saber entonces, que Chile sería un verdadero conejillo de indias para la implementación del modelo neoliberal económico que se extendería más tarde al resto del mundo.
​El dogma de Chicago fue impuesto en la década del ochenta con mano férrea por Margaret Thatcher en el Reino Unido y por Ronald Reagan en los EEUU. A la caída del muro de Berlín, la epidemia neoliberal contagió a todas las naciones integrantes del campo socialista, y más tarde acabó con los estados benefactores de Europa.
​El recetario fue siempre el mismo: desregulación, privatización de las actividades productivas y de servicio, flexibilidad laboral, fin a las barreras arancelarias, independencia de los bancos centrales, modificación de los sistemas previsionales solidarios, y otras acciones, todas las cuales se implementaron casi con simultaneidad en una fanática política de choque.
​Salud, Educación, Vivienda y Previsión Social, dejaron de ser derechos garantizados por el Estado a cada uno de sus ciudadanos. Las conquistas laborales fueron limitadas o suprimidas.
​La dictadura chilena resultó un alumno aventajado en esta experiencia. Los resultados están a la vista: al término de su mandato, Pinochet entregó un país con un 43% de la población viviendo en niveles de extrema pobreza, mientras los grandes consorcios transnacionales y un puñado de privilegiados alcanzaron ingresos económicos inimaginables en el pasado.  
​Los años transcurridos desde el fin de la dictadura, no modificaron sustancialmente este cuadro. Más aún, se consolidó la desnacionalización del cobre, se incrementó la privatización de los servicios públicos, se privatizaron los derechos de agua, asignados a perpetuidad, y se intensificaron actividades productivas o de servicio dañinas para el medio ambiente, a tal punto, que algunas zonas del país adquirieron la vergonzosa categoría de zonas de sacrificio
​Orlando Letelier tiene el indiscutible mérito de haber alertado sobre los estragos producidos por el modelo económico neoliberal. Fue el primero en advertirlo. El dominio del poder imperial sobre los medios de comunicación, se encargó de silenciar su mensaje. El mensaje de Orlando incomoda a quienes hicieron suyo -en democracia- el andamiaje montado por los Chicago Boys.
​La periodista canadiense Naomi Klein, tiene el enorme mérito de haber rescatado del olvido el texto de Orlando, al que cita reiteradamente en
“La Doctrina del Shock. El Auge del Capitalismo del Desastre”, obra de impacto mundial, donde analiza las consecuencias negativas generadas por las políticas neoliberales tanto en Chile como en Sudáfrica; en Polonia, Rusia, Irak, o en los propios Estados Unidos.
​Tras la insurrección popular iniciada en octubre del año pasado, está claro que finalmente, el pueblo chileno ha hecho suyo el mensaje que nos legó Orlando Letelier, adquiriendo conciencia sobre los estragos económicos, sociales y ambientales causados por el modelo neoliberal, cuya coraza fundamental es la Constitución pinochetista.
​La convocatoria a a un próximo Plebiscito destinado a definir la aceptación o el rechazo a dicha Constitución, será el primer paso para abrir paso a una sociedad donde imperen los derechos sociales, políticos y culturales, así como el irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
​Será el mejor homenaje que podamos rendir a nuestro querido e inolvidable compañero Orlando Letelier, quién fue el primero en advertir los estragos que causaría el modelo económico neoliberal, del cual Chile fue un discípulo aventajado en el mundo.
​Querido Orlando: no te olvidamos. Gracias por tu consecuencia y por todo lo que nos enseñaste.
 
Miguel Lawner
21.09.2020

jueves, 17 de septiembre de 2020

Brutalidad de carabineros contra niños: reprimen Marcha Mapuche por la Infancia

 Los hechos sucedieron ayer miércoles en Temuco, mientras se desarrollaba la marcha mapuche por la infancia, por los múltiples casos de violencia policial que afectan especialmente a niñas y niños, las imágenes nuevamente muestran una dura represión contra niños y niñas

imágenes Radio Kvrruf

Según informo el medio Radio Kvurruf, la marcha contra la violencia a las niñas y niños mapuche, fue permitida por el intendente de la región, Víctor Manoli, la cual se dirigiría hacia el hospital regional de la zona, donde se encuentra el menor de edad baleado hace algunos días por civiles.

Pero mientras se desarrollaba la marcha, nuevamente Fuerzas Especiales salio a reprimir, dejando 21 detenidos, entre ellos el menor de edad de la comunidad Collipulli, que solo hace unos días fue atacado por personal de la PDI.

El mismo medio informo que el joven fue detenido y separado de los adultos y llevado a constatar lesiones por la policía, acompañado solamente con personal del INDH. El niño de 14 años fue liberado en horas de la tarde.

Fuente: Izquierda Diario

ANTE REPRESIÓN Y AGRESIÓN A NIÑOS MAPUCHE EN MARCHA PACIFICA

Declaración publica


La comunidad Mapuche autónoma de TEMUCUICUI realizó una declaración al respecto:

ANTE REPRESIÓN Y AGRESIÓN A NIÑOS MAPUCHE EN MARCHA PACIFICA

La comunidad Mapuche autónoma de TEMUCUICUI, frente a la violencia ejercida por El gobierno chileno a través de las fuerzas policiales declaramos lo siguiente.

  1.  El día de hoy se vivió una nueva jornada de violenta represión por parte del gobierno de Piñera, que por medio de Carabineros impidió que se efectuara una marcha pacifica por las calles de Temuko, repudiando el atentado y el intento de homicidio al menor mapuche de la comunidad Wente Winkul Mapu, de 13 años. En esta marcha que reunió a un número importante de familias y niños mapuche de diferentes lof del wallmapu, pese a ello fueron violentados con gases y otros elementos químicos que utiliza la policía militarizada de Chile, para impedir que se efectuara la manifestación.

2.    Esta acción del gobierno contrasta con la complacencia con que se trato el paro de los camioneros, quienes por varios días trasgredieron no solo las normas sanitarias y el toque de queda, además su accionar estaba vulnerando la paz social con lo que perfectamente era aplicable la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero nada de esto ocurrió y el paro conto con toda la complicidad del gobierno.

3.    La violencia del Estado y de civiles armados contra niños mapuche es una constante; hace unos días la PDI tras un violento y brutal allanamiento en el Lof Autónomo de Likankura en Kollipulli; varios niños fueron golpeados y amenazados por policías fuertemente armados. Estas acciones son una continuidad de la relación del Estado con los niños mapuche vasta recordar que el weichafe Alex Lemun tenía solo 17 años cuando fue cobardemente asesinado por Carabineros el año 2002.

4.    Los niños mapuche son el futuro de la vida, son la raíz que se prolonga de todos los pu weichafe que murieron para que  hoy exista el pueblo mapuche y son la continuidad del weichan, por eso es importante reflexionar en estos días en que la elite dice celebrar la independencia de Chile, los mapuche nada tenemos que celebrar, perdimos la independencia en 1881 y aun no la recuperamos y por ello son tan importantes los niños que conozcan la historia mapuche, para que continúen caminando hacia la libertad hacia la descolonización, para que jamás un niño mapuche sea humillado y se sienta inferior, porque este territorio nos pertenece y el futuro también.

Comunidad Mapuche Autónoma

Wall mapu, temucuicui miércoles 16 de sept. de 2020

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra declaró al respecto: "Es responsabilidad del estado proteger los derechos humanos, más en caso de menores de edad. Es un contrasentido que el estado esté reprimiendo a manifestantes pacíficos, mientras apoya la aquellos que atentan contra la libre circulación".

Carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel exigiendo la inmediata liberación de Julian Assange

 COMPARTIMOS LA CARTA ABIERTA DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 1980 ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL EXIGIENDO LA INMEDIATA LIBERTAD DE JULIAN ASSANGE, CON PALABRAS QUE HACEMOS NUESTRAS. LLAMAMOS A EXPRESAR LA MÁS ABSOLUTA SOLIDARIDAD MILITANTE PARA EVITAR QUE ASSANGE SEA EXTRADITADO A LOS ESTADOS UNIDOS, DONDE LE AGUARDAN BRUTALES TORTURAS Y UNA MUERTE SEGURA, EN CUALQUIER CÁRCEL DE «MÁXIMA SEGURIDAD» ADONDE PUDIERA SER DESTINADO.


Reclamamos la libertad de Julian Assange

Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña llevan a cabo una persecución desde hace años en contra de Julian Assange. Hoy se tramita un juicio para que se autorice su extradición a los Estados Unidos, país que es uno de los mayores violadores de los Derechos Humanos y de los Pueblos en el mundo.

Julián Assange publicó en la plataforma Wikileaks información sobre los crímenes de guerra, corrupción y espionaje global del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos, y por tal motivo es perseguido. Washington busca ocultar o silenciar toda exposición de sus políticas de terror impuestas a otros países.

El ex presidente Rafael Correa le concedió asilo diplomático y estuvo alojado en la Embajada del Ecuador en Londres desde 2012 hasta abril del 2019, cuando Lenin Moreno autorizó a las autoridades británicas a ingresar en su embajada y que lo arrestaran. Desde entonces permanece en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. El 7 de septiembre comenzó su juicio de extradición. Si éste llegara a prosperar sería juzgado  en el Distrito Este de Virginia, conocido como el Tribunal de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hasta ahora ningún acusado de atentar contra la seguridad nacional ha ganado un caso en ese tribunal.

El Relator Contra la Tortura de Naciones Unidas, Nils Meltzer, considera que la detención de Julian Assange es injusta  y arbitraria, lo mismo que su enjuiciamiento. Además, en la cárcel inglesa ha sido sometido a torturas y a un trato inhumano, y debe ser liberado y resarcido de inmediato.

Por todo ello numerosos organismos de Derechos Humanos, cientos de Juristas, mandatarios y periodistas de todo el mundo reclaman la libertad de Julian Assange.

Hacemos un llamado a los medios de información para que exijan su libertad:  se encuentra en situación de riesgo y su salud está en peligro. Es urgente proteger su integridad psicofísica y ser conscientes de que si es extraditado a Estados Unidos le aplicarían una pena de 175 años de prisión, lo cual equivaldría a una condena a muerte.

Assange no es ciudadano de Estados Unidos y la plataforma Wikileaks es global. Si procede la extradición su caso serviría de antecedente para que cualquier periodista de investigación pudiera ser juzgado en los Estados Unidos por revelar crímenes perpetrados por orden de Washington en terceros países. Lo que se está juzgando es la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado con la verdad.

El objetivo de la persecución del gobierno de Trump contra Julian Assange, es mantener en secreto las actividades del complejo industrial-militar y lograr la impunidad de los crímenes cometidos por Estados Unidos en el mundo.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

Buenos Aires, 8 de Septiembre de 2020

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Nicaragua: La Alta Comisionada afirma que continúa la violación de derechos humanos

 La máxima responsable de la ONU en materia de garantías fundamentales indicó que la Ley de Amnistía aprobada en Nicaragua en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. También reportó la transgresión de esas garantías en la respuesta a la pandemia de COVID-19. 



La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó este lunes de violaciones a esas garantías en la respuesta de Nicaragua a la pandemia del coronavirus y reportó que no se han registrado progresos en la situación de las garantías fundamentes en el país desde su última actualización el pasado mes de julio. Tampoco hay indicios por parte del Ejecutivo de estar dispuesto a debatir la cuestión.

“No se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018”, dijo Michelle Bachelet en una declaración oral durante la sesión de apertura del Consejo de Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Bachelet cifró en treinta el número de casos en los que se produjeron “amenazas e intimidaciones” contra defensores de los derechos humanos, informadores, estudiantes, líderes campesinos e integrantes del clero católico, desde su último informe en julio.

A estos casos, añadió otros de probables violaciones del derecho a la vida y puso como ejemplo el homicidio producido el 19 de julio en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, cuando una persona falleció “a manos de un elemento progubernamental”.

Este hecho destaca la importancia de desarticular y desarmar a las fuerzas progubernamentales, tal y como recomendó la Alta Comisionada en su informe sobre el país centroamericano el año pasado.  

La Ley de Amnistía, un error previsible

“Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, indicó Bachelet.

Al mismo tiempo, destacó que, de acuerdo con las cifras que barajan las organizaciones de la sociedad civil, “94 personas percibidas como opositoras al gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes”.

Por ello, instó al gobierno a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas o por manifestar opiniones críticas con el Ejecutivo. “Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”, aclaró.

Aumentan los feminicidios


Bachelet reportó un aumento del número de feminicidios con relación al año pasado – 50 hasta el 30 de agosto de 2020, por 44 durante el año pasado-, así como del número de intentos de homicidios contra mujeres -68 tentativas en 2020, por 52 en 2019-.

COVID-19 y reformas electorales

 Del mismo modo, la Alta Comisionada destacó que la pandemia de COVID-19 continúa afectando a una amplia lista de derechos económicos, sociales y culturales y que la mayoría de las recomendaciones formuladas en su informe de septiembre de 2019, entre ellas las de reformas electorales e institucionales, todavía no se implementaron, originando “la perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones”.

En consecuencia, instó al gobierno a ponerlas en marcha, especialmente con las elecciones previstas en noviembre del año que viene en el horizonte, y a retomar la cooperación con su Oficina.

domingo, 13 de septiembre de 2020

Colombia pasa al tablero y reprueba por violaciones de Derechos Humanos

 Bogotá, 9 sep (EFE).- Por las recientes masacres, el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados, 500 organizaciones expresaron este miércoles su preocupación por la situación de violencia en Colombia al celebrar el Día Nacional de los Derechos Humanos.

La conmemoración de la fecha fue oscurecida por un caso de brutalidad policial que esta madrugada le costó la vida en Bogotá a Javier Ordóñez Bermúdez, un hombre de 46 años que fue sometido con extrema violencia y el uso repetido de una pistola eléctrica Táser por parte de dos agentes.

Manifestantes se enfrentan hoy con la Policía frente a un Comando de Acción Inmediata (CAI), durante una protesta por la muerte del abogado Javier Ordóñez, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

"Ha sido un año de retrocesos en derechos humanos, en aumento de la violencia, de una peligrosa concentración del poder y de ataques a la independencia de la justicia", señala el informe "El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia", publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

El documento recoge los balances de 500 organizaciones que señalan que en el segundo año del presidente Iván Duque, cuyo Gobierno comenzó el 7 de agosto de 2018, "es notable la expansión de grupos armados postdesmovilización, en especial en las zonas donde ya no hacen presencia la antigua guerrilla de las FARC".

MASACRES EN AUMENTO

El país vive momentos de estupor e indignación por el río de sangre que dejan al menos 218 muertos en 55 masacres perpetradas durante lo corrido de 2020, según cifras del Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Entre las víctimas de las matanzas de las últimas semanas hay menores de edad, jóvenes universitarios, indígenas y ciudadanos venezolanos, y aunque el Gobierno ha capturado a 16 personas por los recientes crímenes, la mayoría de los casos sigue en la impunidad.

Por eso, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, hizo este miércoles un llamado al país para unirse "contra los violentos".

"Ni una masacre más, ni un muerto más, estos grupos que se ensañan contra los colombianos para proteger un negocio ilícito como es el del narcotráfico y el de la minería de extracción ilícita deben cesar en su accionar", dijo.

ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES

El 2019 fue uno de los años más violentos contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Según el Programa Somos Defensores, en ese periodo se registraron 844 agresiones individuales, entre ellas 124 homicidios.

Pese a las advertencias de organizaciones internacionales sobre el aumento de la violencia, las agresiones contra los líderes sociales continúan en 2020 con el agravante que ha supuesto para ellos el aislamiento por la pandemia del coronavirus.

Somos Defensores y otras organizaciones no gubernamentales han denunciado que durante la emergencia sanitaria, que comenzó en marzo, los activistas se convirtieron en blancos más fáciles para los grupos armados que se imponen en los territorios.

Según Indepaz, 205 activistas han sido asesinados desde el 1 de enero de este año, y aunque esta cifra varía dependiendo de los criterios de quien documenta los crímenes, coinciden en que la espiral de violencia se mantiene ante la desidia de las autoridades.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

El Gobierno nacional apunta como responsables de los recientes asesinatos a grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras bandas criminales que se disputan el control de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Aunque las organizaciones civiles coinciden con esa explicación, también cuestionan a la actual administración por atribuir solamente al narcotráfico el recrudecimiento de la violencia cuando en las regiones más afectadas por los enfrentamientos de dichos grupos la ausencia del Estado es total.

"Todo ciudadano tiene el derecho de defender los derechos humanos y hoy invito a la sociedad colombiana a que acuda a su derecho para que este tipo de agresiones no se sigan presentando en el país, este tipo de agresiones deben ser rechazadas de manera contundente y categóricamente, vengan de donde vengan", dijo a Efe el líder social Leyner Palacios.

RESPUESTA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

En sus últimas declaraciones el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha atribuido a los grupos armados ilegales la ola de violencia y defendido el regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

"La violencia y el crimen que se presenta en las zonas donde hay concentración de cultivos ilícitos se debe al tráfico criminal de la coca", manifestó el martes.

Trujillo agregó que el país debe utilizar "todas las herramientas para acabar con los cultivos ilícitos" porque "un día de demora significa más muertes, más contaminación de los ríos, más deforestación, más destrucción de la biodiversidad, más corrupción, más atentados contra los derechos humanos, más masacres y asesinatos de líderes sociales".

El funcionario hizo hincapié en que dadas las circunstancias "es indispensable reiniciar la aspersión aérea que permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias (...) es más segura y más económica, además de que ya se probó su eficiencia y seguridad".

En las regiones esa respuesta no es suficiente. Las comunidades reclaman al Estado inversión social y económica, así como una estrategia integral de desarrollo colectivo y más efectividad de la justicia.

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

Otro punto en el que se sigue rajando Colombia es en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC.

Según el informe de este miércoles, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio, han sido asesinados 25 exguerrilleros, mientras que desde el desarme van 220, y han sido perpetrados 39 atentados y 14 desapariciones forzadas de los firmantes.

El documento precisa que capítulos del acuerdo como el enfoque étnico se encuentran desfinanciados y solo se ha avanzado un 12,1 % en el cumplimiento de las metas trazadas, mientras que en el enfoque de género el progreso es del 23,65 %; y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es del 23,8 %.

"NADA JUSTIFICA LOS CRÍMENES"

En un acto celebrado hoy, el presidente Duque dijo que no existe ninguna causa política o ideológica que justifique una violación de los derechos humanos, al tiempo que cuestionó la impunidad, que a su juicio, genera más violencia.

"Llegó el momento de que todos digamos en nuestro país 'ya basta, no más'. Se han cometido muchos errores en nuestra historia donde algunos han tratado de justificar acciones contra los derechos humanos por supuestas orientaciones ideológicas", dijo.

Duque reiteró que "a más coca, menos paz" y reconoció que su administración tiene "que buscar una respuesta integral frente a estos fenómenos que implique la contundencia de la seguridad y la justicia, y la prestación de los servicios sociales del Estado".

Fuente: Infobae


viernes, 11 de septiembre de 2020

Tapani Brotherus, un héroe anónimo para algunos

 Así luce hoy el tan apreciado embajador finlandés Tapani Brotherus a sus 81 años; aún no hay reconocimiento a su noble labor en chile. Un héroe anónimo para muchos pero no para aquellos que salvaron su vida gracias a él y si esposa Lysa. 

Honor y gloria para ellos!!



Su historia quedó finalmente recogida en “Héroes Invisibles”: 

Brotherus lo arriesgó todo para refugiar en su embajada a más de dos mil personas que eran perseguidas tras el golpe militar de 1973, a quienes también prestó ayuda para escapar del país.

Los encargados de dar vida a la historia que se desarrolló en plena dictadura son Pelle Heikkila y Sophia Heikkila, quienes interpretan a la pareja conformada por el embajador y su mujer, Lysa Brotherus. Además, destacan grandes nombres de la industria como Mikael Persbrandt (El Hobbit, Sex Education) y Sönke Möhring (Bastardos Sin Gloria).


miércoles, 9 de septiembre de 2020

Derechos humanos: Comienza el juicio a 18 represores en Córdoba

 El Tribunal Oral Federal 1 juzgará desde este martes secuestros, torturas y asesinatos en perjuicio de 43 víctimas, en su mayoría militantes del PRT--ERP.

Imagen de archivo del megajuicio por los crímenes cometidos en La Perla y Campo de La Ribera, en Córdoba. 

Córdoba comenzará a vivir este martes su doceavo juicio oral por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El Tribunal Oral Federal 1, presidido por primera vez por una mujer, Carolina Prado, juzgará secuestros, tormentos y asesinatos ocurridos entre marzo y septiembre de 1976 contra un total de 43 víctimas, en su mayoría militantes del PRT--ERP, de las cuáles sólo nueve sobrevivieron al terrorismo de Estado. Por el contexto de pandemia los 18 militares y policías acusados no estarán en la sala, a la que concurrirán sólo las partes y los testigos, sino que seguirán las audiencias por videoconferencia, la mayoría desde sus casas ya que gozan de arrestos domiciliarios. El inicio del proceso, previsto para las 10 de la mañana, podrá seguirse por el canal del tribunal.

El proceso que debía comenzar en abril y se postergó por el aislamiento obligatorio derivado del coronavirus unifica dos causas que se instruyeron por separado y que llevan los nombres de dos acusados: el coronel retirado Luis Gustavo Diedrichs, alias “León” o “Von Diedrichs”, que ya acumula dos condenas, y el sargento retirado José Hugo Herrera, alias “Tarta” o “Quequeque”, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 141 recordado por violar a mujeres secuestradas, condenado a prisión perpetua en 2016.

"Este juicio nos encuentra aislados pero sabiendo que con voluntad política se pueden llevar a cabo, ya que son muy importantes en la construcción de nuestra democracia. Entendemos que estamos a mitad de camino en estos procesos porque en Córdoba hay más de 40 causas que todavía están en instrucción”, declaró Martina Novillo, militante de H.I.J.O.S Córdoba e integrante de la Comisión de Memoria e Identidad de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, al portal provincial Diario Tortuga.

 La pandemia y el aislamiento obligatorio impedirán repetir las grandes movilizaciones que caracterizaron desde 2008 a los once juicios anteriores realizados en Córdoba. Esta vez la modalidad será semipresencial, con protocolos sanitarios y tecnológicos. “Si bien estamos acostumbrados a llenar las calles y las salas de audiencias acompañando estos procesos, también vemos la potencia que tiene la virtualidad en este caso. Celebramos la decisión que tomaron Carolina Prado y los jueces que la acompañan (Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier) de que las audiencias se transmitan en vivo, ya que desde muchas partes de la provincia y del mundo vamos a poder seguirlas”, destacó Novillo.

Las causas unificadas sumaban 22 imputados pero los tiempos del Poder Judicial derivaron en cuatro bajas. Por problemas de salud fueron excluidos Sebastián Enrique Gómez Olivera, mayor retirado del Ejército que debía afrontar su primer juicio por delitos de lesa humanidad, y el policía Herminio Antón, ex miembro del Departamento de Informaciones (D2), condenado a prisión perpetua en 2016. Otros dos acusados murieron este año: el sargento Carlos Vega, ex torturador de La Ribera y La Perla, con dos condenas en el haber, y el teniente coronel Jorge González Navarro, que en la última década cosechó tres condenas a prisión perpetua.

De los 18 acusados que se sentarán en el banquillo virtual, todos tienen condenas anteriores excepto dos, que están libertad: el capitán retirado Arturo Emiliano Grandinetti, ex interventor de la Municipalidad de Cruz del Eje, y el teniente retirado Carlos Horacio Meira, ambos imputados por participar en secuestros. Sólo cuatro están en cárceles: Jorge Exequiel Acosta, Miguel Angel Gómez y Arnoldo José López en el penal de Bouwer, en Córdoba, y Héctor Pedro Vergez en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Los condenados que afrontarán el juicio con arrestos domiciliarios, además de Diedrichs y Herrera, son Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Calixto Flores, Yamil Jabour, Ricardo Lardone, Alberto Lucero, Juan Eduardo Molina, Emilio Morard, Fernando Rocha y Carlos Yanicelli.

Fuente: Página 12

martes, 8 de septiembre de 2020

La lucha contra el coronavirus pide continuar invirtiendo en sanidad pública

 La Organización Mundial de la Salud destacó este jueves que la salud pública es la piedra angular de la estabilidad social, económica y política y que ello significa invertir en servicios orientados a la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades. El organismo destaca la necesidad de estar más preparados por si aparece otra pandemia en el futuro.


El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó hoy que durante los últimos años muchos países han hecho enormes avances en medicina, pero que demasiados han descuidado sus sistemas básicos de sanidad pública, que son clave para responder a los brotes de enfermedades infecciosas.

Por esa razón y durante su conferencia de prensa semanal sobre la pandemia de coronavirus, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus alentó este lunes a los países continuar invirtiendo en salud pública y en atención primaria mientras luchan contra el COVID-19.

El máximo responsable de la Organización recordó que la salud es una necesidad y un bien humano y no un artículo de lujo para los que puedan permitírselo.

“La salud pública es la base de la estabilidad social, económica y política. Eso significa invertir en servicios orientados a la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades”, destacó.

El doctor Tedros advirtió que la pandemia de COVID-19 no va a ser la última que padecerá la humanidad y que el mundo ha de estar más preparado para cuando llegue la próxima. Uno de los múltiples ejemplos citados a nivel global fue el caso de Uruguay.

“Aunque América ha sido la región más afectada, Uruguay ha notificado el menor número de casos y muertes en América Latina, tanto en total como por habitante.

Esto no es un accidente. Uruguay tiene uno de los sistemas de salud más sólidos y resistentes de América Latina, con una inversión permanente basada en el consenso político sobre la importancia de invertir en la salud pública”, recalcó.

Igualmente, aplaudió el anuncio de la Canciller de Alemania Angela Merkel de que su gobierno invertirá 4000 millones de euros para fortalecer el sistema de salud pública de Alemania hasta el año 2026.

Confusión con los mensajes de sanitarios

Ante la posibilidad de que en determinados países el público se sienta confundido por los mensajes de salud pública, deje de confiar en sus recomendaciones o estos estén politizados, el doctor Michael Ryan, director de Emergencias de la Organización, dijo que los Gobiernos escuchan a la ciencia, pero también tienen que aplicar medidas y que, a veces, existe una brecha entre la ciencia y las políticas que funcionan.

“Y es ahí donde un gobierno tiene que actuar y rendir cuentas por esa traducción de la ciencia en una política efectiva y asequible que permita a una sociedad avanzar con confianza. Que el gobierno está haciendo lo mejor en el interés de la gente”, razonó.    

Ahondando en la temática y ante la pregunta de una periodista sobre qué sucede cuando los Gobiernos envían mensajes controvertidos a la población, como en el caso de Brasil donde sus habitantes estaban confinados pero el presidente de la nación fue visto muchas veces al aire libre, Ryan indicó que tanto los ciudadanos brasileños como los de otros muchos países pueden acudir a múltiples fuentes de información.

El experto de la OMS apuntó que los Gobiernos generan confianza en las comunidades al proporcionarles sólo información basada en pruebas verificadas.

“La gente es inteligente y realista y no busca respuestas mágicas ni unicornios. Entienden que todos vivimos en el mundo real y que tratar de presentar soluciones simplificadas, simplistas, no es una estrategia ganadora a largo plazo con las poblaciones”, destacó


Fuente: Noticias ONU

jueves, 3 de septiembre de 2020

INDH pidió al Gobierno aclarar criterios respecto al actuar ante protestas de camioneros y comuneros mapuche

Concretamente, Sergio Micco hacía referencia a la reacción del Ejecutivo frente al paro de camioneros -que ha sido calificada como "blanda" por parte de la oposición- y la comparó con las protestas en apoyo a los comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre.



El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dijo que el Gobierno debe tener un solo criterio en lo que respecta a su actuar y el de Carabineros frente a distintas manifestaciones.

Concretamente, Micco hacía referencia a la reacción del Ejecutivo frente al paro de camioneros -que ha sido calificada como "blanda" por parte de la oposición- y la comparó con las protestas en apoyo a los comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre.

En ese sentido, el director del INDH, en  una reunión que sostuvo este lunes con el Presidente Sebastián Piñera y en la que también estuvo presente el ministro de Justicia, Hernán Larraín, pidió aclarar cuál es el criterio frente a distintos tipos de protesta, reseñó Cooperativa.

"A nosotros nos parece central que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública aclare ese punto, cuál es el criterio, porque efectivamente estando en Temuco uno se encuentra que cuando hay una protesta, una manifestación de personas que adhieren a la causa de los huelguistas de hambre, simplemente la salida a la calzada supone la irrupción de la fuerza pública y en otros casos no", dijo el líder del INDH.

Agregó que "acá lo clave para el Instituto es que haya un solo criterio para todos los casos".

Fuente: El mostrador