Páginas vistas en total

martes, 28 de septiembre de 2021

Por una acuerdo para alcanzar mínimos comunes sobre la gobernabilidad migratoria

La marcha contra migrantes que se registró este sábado en Iquique que terminó con la quema de muchas pertenencias de familias extranjeras que habían constituido un campamento en la ciudad.LA situación ponen el foco en la falta de intervención humanitaria por parte del gobierno  en las fronteras chilenas.

La ALDHU se suma a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones en pro de alcanzar unos consensos de Mínimos Comunes para una Gobernabilidad Migratoria.


POR UNA ACUERDO PARA ALCANZAR MÍNIMOS COMUNES SOBRE LA GOBERNABILIDAD MIGRATORIA

Las graves actuaciones de violencia acontecidas en Colchane e Iquique con cientos de familias migrantes, provenientes de Venezuela y otros países que ingresan desesperadamente por pasos no habilitados, a merced de inescrupulosos traficantes, expresan el fracaso de la política migratoria del Gobierno.

Una crisis de esta envergadura implica de parte de la autoridad poner en el centro de su preocupación la protección de las personas garantizando por sobre todo los Derechos Humanos establecidos en los instrumentos internacionales, que resguarden la seguridad de las personas.

Es intolerante que la autoridad competente de nuestro país, solo utilice en la gestión migratoria la represión, la militarización de las fronteras, la criminalización y las expulsiones irregulares, incluso contra decisiones de la Corte Suprema. Esta forma de actuar no disminuye los flujos de migración sino que los agrava y los hace riesgosos.

Esta no es la primera crisis migratoria en los últimos años. El estallido social, evidenció la carencia de redes y apoyos a los migrantes y siendo los primeros a perder sus empleos, se les arrinconó en las periferias, en campamentos, ante la imposibilidad de pagar arriendos y servicios. Posteriormente, en el contexto de pandemia muchos se sintieron abandonados por sus autoridades consulares, incluso para regresar a sus propios países. 

El caso de Venezuela es particular, dada las condiciones de un país en profunda crisis, lo cual ha generado la salida de más de 5 millones de sus connacionales en los últimos 5 años, que llegan a nuestro país, porque Chile abrió sus puertas para recibirlos con una invitación explícita, que posteriormente se materializaría en la creación de la visa consular, conocida como Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), y ahora el mismo gobierno que los instó a venir los maltrata y los expulsa.

A raíz de la grave situación se hace urgente que desde el gobierno central, las gobernaciones y municipios se adopten medidas para dar solución a la crisis humanitaria que viven los migrantes y se abra la posibilidad de un dialogo transversal sobre la gestión migratoria.

Se hace imperioso que el control policial en las zonas de mayor complejidad como Colchane, Huara, Iquique, se desarrolle de acuerdo a las normas vigentes y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

El trato humanitario a los migrantes debe tener garantías de no expulsión, no criminalización y protección a la seguridad de sus vidas. 

Coordinar gestiones con las gobernaciones y municipios involucrados para montar albergues de tránsito en Colchane, Huara e Iquique que permitan resguardar a las familias migrantes e impedir que pernocten en la calle, en sitios públicos, en forma precaria e indigna.

Es urgente que las autoridades competentes se hagan cargo de cumplir con el resguardo de la seguridad y derechos inherentes a niños, niñas y adolescentes, en todas sus dimensiones, alimento, cuidado, salud y educación. 

Uno de los aspectos más frágiles de esta crisis dice relación con la reunificación familiar de las familias migrantes que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niños, niñas y adolescentes y sobre todo cuando la infancia migrante no está acompañada. Este es un derecho irrevocable.

Es igualmente urgente que a corto plazo, se logre regularizar a los migrantes mediante el uso de la Ley de Refugio especialmente a las personas de nacionalidad venezolana y haitiana que son las más golpeadas y vulnerables y que han ingresado al país en situación de pandemia.

Poner fin a las expulsiones administrativas de personas que ingresaron por paso no habilitado en el periodo de la pandemia, tal como lo ha determinado la Corte Suprema. 

Es imperioso que la sociedad en su conjunto adopte una actitud de rechazo claro a la violencia, la xenofobia, el racismo, la intolerancia, y que dichas actitudes sean desterradas del lenguaje de la prensa, de las autoridades y de todos los ciudadanos.

En este sentido hacemos un llamado al Gobierno, Poder Judicial, al Parlamento, a los Partidos Políticos, a los poderes locales y regionales, a la sociedad civil, a establecer un Dialogo Nacional que permita llegar a consensos de Mínimos Comunes para una Gobernabilidad Migratoria, que tome en cuenta las líneas fundamentales de una gestión migratoria, de una política migratoria, que se enmarque en el contexto regional y que adopte una posición clara sobre refugio y asilo.

Santiago 27 de septiembre 2021.

Foro Académico Migratorio

viernes, 24 de septiembre de 2021

América Latina y el Caribe en busca de un modelo de integración 'a la europea'

 CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el 18 de septiembre, reunió en un solo foro los encuentros y desacuerdos del subcontinente, pero dejó abierta la puerta para construir un espacio común de integración como la Unión Europea (UE), propuesto por el país anfitrión.



El doctor en economía José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a la Agencia Sputnik que la propuesta de López Obrador para impulsar un proceso de integración como la UE "sin duda pone sobre la mesa el debate sobre democracia y derechos humanos, que es precisamente el énfasis del Tratado de Maastricht", que dio origen al pacto europeo.

Ese acuerdo pone énfasis en los asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos.

"Es en estos dos aspectos en los cuales toma relevancia la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua —más allá del nivel de representantes que asistieron a esta reunión de la Celac, comenta—, porque si se quiere impulsar un desarrollo sostenible en el subcontinente, sin duda se debe avanzar en esos dos aspectos que se cuestionan principalmente en esos tres países", añade el académico en declaraciones a esta agencia.

El reconocido investigador de la UNAM agrega que esas materias políticas tienes también importancia en otras naciones de la región.

Se refirió en particular a países donde "por actos de corrupción no se impulsan las economías y se frustran los avances propios de sus sociedades como en Honduras, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia, donde se otorgan grandes recursos y se quedan en el ámbito privado, pero no fluyen a los colectivos de esas naciones".


El referente


En las primeras frases de su discurso en el Palacio Nacional mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a construir un poder político y económico regional similar a la UE que surgió de aquel tratado de Maastricht.

Sin entrar en los detalles del pacto que entró en vigor en noviembre de 1993 -y ahora sufre el prolongado tormento de la salida de Gran Bretaña en el llamado Brexit-, el jefe de Estado anfitrión propuso en su discurso inaugural su interpretación de aquel modelo.

"El ideal de una integración económica con EEUU y Canadá en un marco de respeto a nuestra soberanía, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea", propuso Lopez Obrador.

En el terreno político planteó que los jefes de Estado se comprometan a respetar las decisiones internas de los pueblos y "que ningún Gobierno se arrogue la facultad a someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto, o la utilización de dinero, propaganda sanciones económicas diplomáticas o el uso de la fuerza".

El bloque europeo surgió de la firma en Maastricht, Países Bajos el 7 de febrero de 1992, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que marcó el fin de la Guerra Fría.
El Tratado de la Unión Europea se firmó para fundamentar los intereses de las comunidades europeas, con dos ámbitos de cooperación centrales: una sola política exterior y seguridad común; y un solo ámbito de justicia en asuntos de política Interior.


Resultados de la cumbre


El doctor Martínez, posgraduado en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, dijo además a la Agencia Sputnik que los resultados se presentan en tres ámbitos: en el diálogo político; en la discusión sobre democracia; y en los mecanismos de cooperación en materia sanitaria, cambio climático y colaboración en tecnología.
En lo político, la apertura del diálogo político ocurrió "al más alto nivel" porque asistieron tanto presidentes y ministros de los países integrantes de la Celac".

Otro segundo aspecto decisivo fue que se ventilaron las acciones de las naciones en torno a derechos humanos, democracia y libertad, prosiguió.
Un tercer aspecto es el impulso de nuevos mecanismos de cooperación en torno a el ámbito sanitario y comunicaciones satelitales, detalla.
"Sin duda encontramos que en esta Celac se abre la puerta a una transformación muy importante de este organismo, que nos estará llevando a la reunión que se celebrará el año próximo en torno a la próxima Cumbre de las Américas", anticipa Martínez.

Podrán preparar el terreno en 2021 y 2022 en las siguientes tres áreas muy importantes, indica: la referente a la migración; la cooperación para el desarrollo sostenible; y la referente a democracia y derechos humanos.
"Si los países del subcontinente latinoamericano y caribeño, de manera coordinada, establecen diálogos para poder tener una sola voz ante Washington podrán avanzar para la transformación en su desarrollo, sus ordenes políticos democráticos, y el crecimiento económico", puntualiza.
Esa reunión será convocada por el presidente de EEUU, Joe Biden, a un año de desarrollarse el foro de la Celac, donde "sin duda los países tendrán que desarrollar mecanismos de cooperación para alcanzar un diálogo hacia el futuro con el país más influyente del continente", puntualizó.

Fuente: Sputnik

miércoles, 22 de septiembre de 2021

Democracia, derechos humanos y no intervención

 La aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos.

#Democracia #DerechosHumanos #Autoritarismo #Nointervención


Desde hace décadas, casi todos los gobiernos de las Américas, casi todo el tiempo, han sostenido su firme adhesión tanto a la democracia como a la protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, han reiterado en cada oportunidad que se les presenta su respaldo enérgico al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. No hay nada peculiar en este comportamiento. Los mismos principios, junto con otros fundamentos básicos del derecho internacional, como la igualdad jurídica de los estados y la solución pacífica de las controversias, están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluso en los documentos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que el sábado pasado se reunió en México.

Cuando los gobiernos son producto de elecciones abiertas, en donde se respeta a la oposición, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la división de poderes, y donde existe un poder judicial independiente, la convivencia entre los principios de democracia, respeto a los derechos humanos y no intervención, es sencilla, sin controversias. Pero la aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos. El problema fundamental ocurre cuando un gobierno dictatorial exige a todos los demás gobiernos, organismos regionales e internacionales que se abstengan de emitir el más mínimo comentario sobre la falta de democracia o sobre las violaciones a los derechos humanos que ellos están cometiendo, escudándose en el principio de no intervención.


En esas ocasiones los gobiernos dictatoriales, que se mantienen en el poder violando sus propias constituciones, eliminando la división de poderes, sometiendo al poder judicial, reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas de la población, suprimiendo la libertad de prensa y de expresión, encarcelando y hasta ejecutando a líderes opositores, exclaman iracundos que nadie puede opinar sobre las atrocidades que están cometiendo, porque se trata de asuntos internos, que solamente les conciernen a ellos, y las críticas violan el sagrado principio de no intervención. Al proceder de esa manera, reclaman para sí no sólo la representación exclusiva de sus pueblos, sino un inexistente “derecho a la dictadura”.

Pero tal derecho nunca existió. Y menos desde 1945, con la fundación de las Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional le dio a dicha organización no sólo la facultad, sino la obligación de velar por la protección de los derechos humanos de todos, en cualquier país, en cualquier momento. Cómo llevar a cabo esa labor, de una forma imparcial, objetiva y atendiendo únicamente a la necesidad de proteger a los derechos humanos ha sido, desde luego, un reto mayúsculo para las Naciones Unidas. Setenta y seis años después, sigue siendo una labor incompleta y perfectible, pero fundamental para el futuro de la humanidad en su conjunto, que todos los gobiernos, la sociedad civil organizada, las organizaciones del sector privado y las universidades deben seguir apoyando.

La tesis de la jurisdicción exclusiva de cada estado sobre temas de derechos humanos se desechó al final de la segunda guerra mundial y México, para su honra histórica, tuvo mucho que ver en la conformación de la tesis de la protección internacional de los derechos humanos, como un sistema subsidiario a los sistemas nacionales.

En enero de 1942 veintiséis naciones, encabezadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Declaración de las Naciones Unidas en que declaraban que era esencial obtener la victoria sobre sus enemigos “para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia, tanto en su propio suelo como en otras tierras…”. https://www.dipublico.org/3684/declaracion-de-las-naciones-unidas-1-de-enero-de-1942/ Más adelante, a fines de 1944, esos tres gobiernos elaboraron el documento de Dumbarton Oaks, que contenía el primer proyecto de Carta de las Naciones Unidas. https://www.google.com/search?q=texto+del+Documento+de+propuestas+de+Dumbarton+Oaks

Las propuestas de Dumbarton Oaks fueron discutidas en México, en la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y la Paz, que se reunió en el Castillo de Chapultepec entre febrero y marzo de 1945. Esas propuestas eran mucho menos enfáticas en la protección internacional de los derechos humanos que la Declaración de las Naciones Unidas, por lo que la Delegación de México sometió a dicha Conferencia un proyecto de resolución titulado “Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre”. En la exposición de motivos de ese texto se puede leer: “…se ha abierto paso la idea de que el respeto de esos derechos es asunto que interesa directamente a la comunidad internacional; se ha impuesto a nuestra generación la verdad de afirmar que la opresión y la violencia ejercida por un estado sobre los individuos, son motivo de preocupación para todos los demás estados y constituyen una amenaza para la paz mundial”.

Ese proyecto de resolución fue recogido en la Declaración de México que aprobó la Conferencia de Chapultepec. https://www.dipublico.org/glossary/acta-de-chapultepec-1945/ Fue el origen no sólo de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de 1948, y de que la Carta de la ONU, de junio de 1945, fuera mucho más enfática en la protección internacional de los derechos humanos. También fue uno de los orígenes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. La Carta de la OEA también recogió el mismo espíritu de protección universal de los derechos humanos y añadió el de la democracia representativa.

De modo que no, de ninguna manera se viola el principio de no intervención cuando los gobiernos expresan su preocupación por la falta de democracia y violaciones flagrantes y masivas a los derechos humanos en un país americano, sea el que sea. Existe un extenso marco normativo de los derechos humanos tanto a nivel internacional como regional, con tratados generales y algunos referidos a temas específicos, como la protección de los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, o los trabajadores migrantes, por citar solamente algunos ejemplos.

Que ningún régimen dictatorial exija que se le respete su modo de actuar violando impunemente los derechos humanos. No hay país en el mundo donde no ocurran violaciones de esos derechos. Lo importante, sin embargo, es reconocer esas violaciones cuando hayan ocurrido, implementar medidas de reparación a las víctimas, y medidas de no repetición. Eso es lo que se niegan a hacer los regímenes dictatoriales. Esa es la diferencia con los gobiernos democráticos. México incorporó en el artículo 89 constitucional sus principios de política exterior, entre los que figuran tanto la no intervención como la protección internacional de los derechos humanos. México debe honrar su legado, y sostener siempre el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Eso no es intervención.

MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Fuente: Heraldo de México

lunes, 20 de septiembre de 2021

La agenda para el futuro del mundo

 El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó hace unos días la Agenda Mundial Común, encaminada a alcanzar la recuperación de la pandemia del COVID-19 y enmarcar los esfuerzos para lograr la prosperidad, la paz, con dignidad e igualdad de la humanidad.

#NacionesUnidas #ONU #DerechosHumanos #Ecuador



En el 2020, la Asamblea General de la Naciones Unidas acordó revitalizar a la Organización, como una entidad multilateral capaz enfrentar los enormes retos globales, no sólo la pandemia, sino también problemas modernos de la humanidad. Sin duda, las Naciones Unidas, creada hace 75 años, necesita un cambio profundo en su estructura, visión de la realidad del mundo y la humanidad, al tiempo de permitir los diálogos y las negociaciones para arribar a los consensos y acuerdos de todos sus Estados Miembros.

He tenido el honor y la oportunidad de servir al Ecuador, como Embajador ante las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. Por lo que conozco a fondo las dificultades de lograr esos consensos entre 193 países con diferentes, valores, culturas, idiomas y visiones e intereses. No es una tarea fácil, pero es posible, como se demostró cuando el Ecuador lideró las negociaciones para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tantas otras ocasiones, donde el objetivo era promover y proteger los derechos de miles de millones de seres humanos.

Además del campo de los de los derechos humanos, el Ecuador ha liderado varias iniciativas en desarme, migraciones y refugio, del ambiente y tantos otros. Hoy se apresta a ser nuevamente miembro del Consejo de Derechos Humanos y, en el 2023, del Consejo de Seguridad, el más alto órgano de las Naciones Unidas para la preservación de la paz en el planeta.

Los doce temas centrales que deben ser objeto de este consenso universal son: Proteger nuestro planeta; No dejar nadie atrás; Promover la paz y prevenir los conflicto; Acatar el derecho internacional y garantizar la justicia; Centrarse en las mujeres y niñas; Fomentar la confianza; Mejorar la cooperación digital; Modernizar las Naciones Unidas; Asegurar la financiación sostenible; Impulsar las alianzas; Escuchar a la juventud; y Estar preparados.

El documento, producto de consultas mundiales, permitirá el inicio de negociaciones para la toma decisiones al más alto nivel político. El fracaso no es una opción en estos momentos, que han probado a todos los seres que habitamos este planeta.

En diplomacia se dice ‘Quien no esta sentado en la mesa de negociaciones, seguramente estará en el menú’. Por ello, ante esta propuesta del Secretario General, el Ecuador deberá liderar y participar activamente en las iniciativas para tener una agenda común, que no deje atrás a los países menos desarrollados, ni a los más vulnerables.

Art. Opinión: Luis Gallegos Chiriboga

Fuente: El comercio

Países de la CELAC aprueban propuestas del plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe

 Los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aprobaron hoy por unanimidad los lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, una ruta programática presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa, y mandataron a la Comisión regional de las Naciones Unidas para que continúe las acciones para su efectiva implementación.



El plan fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC que se celebró en México, país que ejerce la Presidencia pro tempore del bloque regional, y a la cual asistieron Presidentes, Vicepresidentes, Ministros y altos funcionarios de gobierno de las 33 naciones que lo conforman.

En su discurso inaugural, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los países a “terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América”. Asimismo, instó a Estados Unidos y Canadá a otorgar vacunas a los países de la región que no han podido proteger a sus pueblos frente al COVID-19 por falta de recursos económicos, y solicitó a la CEPAL y otros organismos multilaterales, la elaboración de un plan con el objetivo superior de promover la comunidad económica de América Latina y el Caribe y así aprovechar la riqueza natural y cultural de la región.

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, destacó la aprobación de los lineamientos y propuestas de un plan de autosuficiencia sanitaria, el que definió como la adopción de un camino común para evitar nuevos rezagos en la región en materia de acceso a vacunas y medicamentos.

“Todavía hoy estamos muy rezagados respecto a otras regiones del mundo. Esto no debe volver a ocurrir en nuestra región y ese es el valor del documento que ustedes han aprobado. Los 31 países aquí representados estamos hoy adoptando un camino común para que América Latina y el Caribe nunca más quede rezagada como en 2020 y 2021. La lección aprendida y el camino adoptado”, afirmó.

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó en un mensaje en video que, cuando existen desafíos comunes, es necesario identificar áreas concretas de respuesta colectiva y propuestas de solución multilateral.

“Con la cumbre de hoy, los líderes de la región demuestran su compromiso con la renovación de la CELAC como espacio de fortalecimiento de la cooperación regional. Las Naciones Unidas contribuyen a esta aspiración mediante el plan de autosuficiencia sanitaria, cuyo objetivo es el desarrollo, expansión y fortalecimiento de la producción regional de vacunas y medicamentos”, expresó el máximo representante de la ONU.

La propuesta de un plan de autosuficiencia sanitaria presentada por Alicia Bárcena busca diagnosticar la magnitud de los retos que enfrentan los países de la región en las esferas sanitaria, económica, social y productiva, y avanzar en líneas de acción para fortalecer las capacidades productivas y de distribución de vacunas y medicamentos en los países de América Latina y el Caribe.

Para el desarrollo de la iniciativa, la CEPAL realizó un seguimiento exhaustivo de los avances y problemas para un acceso igualitario a la vacunación, constituyó un grupo de trabajo integrado por más de 20 expertos de distintos países de la región, realizó un inventario y diagnóstico de las capacidades regionales en el ámbito de la salud, en el que se resaltan las capacidades institucionales para el diseño y la implementación de políticas, formuló recomendaciones de estrategias y siete líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo, e identificó a actores e instituciones estratégicas.

Durante su presentación, Alicia Bárcena recordó que la magnitud de la pandemia evidenció las limitaciones del abastecimiento de vacunas y medicamentos, las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Asimismo, el subfinanciamiento crónico de la investigación y el desarrollo tecnológico y la debilidad de políticas industriales, no permitieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas subrayó que la crisis sanitaria reveló una insuficiente solidaridad internacional, con poco apoyo de los países desarrollados y escasos efectos del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX). Además, señaló, la fuerte participación de la región en ensayos clínicos de laboratorios internacionales no implicó mayor acceso a las vacunas. Prueba de esto es que América Latina y el Caribe no alcanzará a vacunar al 80% de su población en 2021.

Por ello, “se requieren sistemas de atención primaria universal en América Latina y el Caribe. Urge una coordinación estratégica entre los sectores de salud, economía, industria y finanzas en la región. Es imperativo impulsar el desarrollo y la coordinación entre los sistemas de regulación y se precisa de una visión de integración regional y subregional que garantice mayor autonomía productiva y acceso universal a vacunas”, expresó.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó que, pese a las limitaciones y heterogeneidad entre países, la industria farmacéutica es importante no solo por su producción sino también por su desempeño en calidad de empleo, salarios, género y difusión del conocimiento.

Recordó que las grandes empresas farmacéuticas son líderes del cambio tecnológico, sin embargo, en la región sólo representan el 8% versus el 51% a nivel mundial. Asimismo, la participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos fue del 0,7% en 2020, muy por debajo de su participación en las exportaciones mundiales de todos los bienes ese año (5,4%), mientras que el 87% de las importaciones de medicamentos proviene de fuera de la región.

En una perspectiva de mediano y largo plazo, el plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe tiene como fin último el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento competitivo de las capacidades de investigación, desarrollo y producción de vacunas y medicamentos a nivel regional. Para ello, se definen tres objetivos específicos: asegurar un mercado estable de gran escala, que dé señales claras y seguridad a las empresas para invertir; incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, y apoyar la producción local y la integración en cadenas regionales de producción.

Además, en una perspectiva de urgencia ante la pandemia de COVID-19, a la frágil situación de acceso internacional a las vacunas y el lento avance de los procesos de inoculación en la mayoría de los países, el plan agrega el objetivo de acelerar los procesos de vacunación, para lo cual se requiere mejorar el acceso internacional a las vacunas y facilitar los procesos internos de inoculación.

En este contexto, se definieron y priorizaron siete líneas de acción: i) Fortalecer los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales; ii) Utilizar los mecanismos de compras públicas de medicamentos para el desarrollo de mercados regionales; iii) Crear consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas; iv) Implementar una plataforma regional de ensayos clínicos; v) Aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a propiedad intelectual; vi) Fortalecer mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio; y vii) Fortalecer los sistemas de salud primaria para el acceso universal a vacunas y su distribución equitativa.

En el corto plazo, la CEPAL identificó acciones inmediatas en tres ámbitos: la coordinación entre las entidades reguladoras nacionales, mecanismos regionales de compra para lograr el acceso universal a vacunas e implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos.

“El espíritu del plan de autosuficiencia sanitaria y sus iniciativas son de alcance regional, y se proponen líneas de acción para su implementación regional o subregional. Si bien un plan de esta naturaleza requiere el fortalecimiento de las capacidades dentro de cada país —y en él se reconoce la importancia de las políticas nacionales—, su foco no se sitúa en las propuestas de alcance nacional, sino en la cooperación y la integración regional”, afirmó Alicia Bárcena.

“La CEPAL pone todas sus capacidades técnicas al servicio de la CELAC para poder implementar el plan de autosuficiencia sanitaria presentado hoy. La integración regional es uno de los motivos de la existencia de nuestra institución”, concluyó.

Fuente: Radio Agricultura

sábado, 18 de septiembre de 2021

Bukele acelera sus pasos hacia un modelo autoritario en El Salvador

El proyecto político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticado por sus excesos autoritarios, es un proceso que va para largo, según el propio mandatario, lo que significa para sus críticos mayor deterioro de las endebles instituciones democráticas que él ha comenzado ya a desmontar.


Nayib Bukele, durante su alocución al país la noche del 15 de septiembre, con una cuidada puesta en escena, donde estaban representados los poderes públicos, así como representantes civiles y militares. Foto: Presidencia de El Salvador

El presidente aprovechó la conmemoración del bicentenario de la independencia en América Central, el miércoles 15 de septiembre, para revestirla de un toque simbólico y asegurar que su gobierno no dará marcha atrás a los cambios iniciados.

“Este país ha sufrido tanto que no se puede transformar de la noche a la mañana, los cambios importantes, los cambios reales y los que valen la pena llevan tiempo, no son inmediatos, se hacen paso a paso”, aseguró Bukele, en un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, la noche del miércoles 15.

Para la oposición, sin embargo, esos cambios han implicado una clara arremetida contra la democracia del país centroamericano, de 6,7 millones de habitantes.


¿Bukele presidente en 2024?

Quizá el cambio más brusco impulsado por el gobierno de Bukele, desde que se instaló en el Ejecutivo en junio de 2019, ha sido el descabezamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por cinco jueces.

Fueron removidos el mismo 1 de mayo cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa, controlada por los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, con 56 de los 84 escaños.

Ese control legislativo permitió al presidente maniobrar para introducir nuevos jueces afines en la cúpula de la Sala Constitucional, que inauguraron su actividad quitando la traba legal para la reelección presidencial continúa.

“Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población”: Loyda Robles.

Con ello se abre las puertas al mandatario, para que logre un segundo periodo al finalizar el quinquenio actual, en 2024, algo prohibido constitucionalmente hasta hace apenas dos semanas.

Bukele, de 40 años, procedente de una acomodada familia de empresarios originaria de Palestina, se fraguó políticamente como popular presidente de San Salvador (2015-2018) y se inscribe en un neopopulismo con trazos propios, en que destaca su atributo de político milenial, muy dado a comunicarse con la población y a dar a conocer sus decisiones mediante tuits.

La posibilidad de reelegirse inmediatamente después de un primer periodo era restringida por la constitución, bajo la lógica de dar espacio a la alternancia en el poder. Sí lo avalaba después de que pasaran dos periodos presidenciales, según un fallo de 2014 de la Sala Constitucional que fijó el significado del artículo 152 de la Constitución.

Pero la una nueva Sala designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa reinterpretó ese polémico y confuso artículo de la ley fundamental y concluyó, el 3 de septiembre, que la reelección presidencial continua, es decir, la que sigue a un primer periodo, es factible si el gobernante renuncia a la presidencia seis meses antes de los comicios.

Ese fallo del alto tribunal, duramente criticado por sectores opositores nacionales y organizaciones de derechos humanos internacionales, abre las puertas al mandatario a un periodo más, si es que gana las elecciones previstas para el 2024.


Manual del autoritarismo latinoamericano

De esa forma el presidente salvadoreño estaría siguiendo, casi copiando, el manual del que han echado mano otros presidentes latinoamericanos populistas y con tendencias autoritarias, se inscriban en la derecha o la izquierda, quienes a golpe de sentencias jurídicas emitidas por jueces bajo su control, han trastocado las leyes y se han perpetuado en el poder.

“Si el pueblo otorga el poder, y el pueblo exige esos cambios, sería no menos de una traición no hacerlos”, aseguró el mandatario en su discurso ante representantes civiles y militares de los poderes y la sociedad del país.

El presidente ahora controla los tres poderes del Estado, sin contrapesos que le pongan paro a su estilo de gobierno en el que todo gira alrededor de su figura de milenial, que suele calarse una gorra de beisbol con la visera al revés, poco dado a tolerar la crítica, ya sea de los medios, de organismos internacionales e incluso de gobiernos como el estadounidense.

La mañana del miércoles 15, miles de personas marcharon por las calles de la capital salvadoreña, San Salvador, para protestar contra el avance autoritario del mandatario, en la manifestación contra el gobernante más masiva desde que llegó al poder.

“Estoy marchando por mantener nuestros derechos y en contra de todos los atropellos del presidente Bukele”, señaló a IPS una mujer trans, que no quiso identificarse.

Bukele ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, en febrero de 2019, beneficiado por el hastío y decepción de los electores con los 20 años que gobernó la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, 1989-2009), y los 10 años, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, 2009-2019).

Luego su partido arrasó en las legislativas en mayo de 2021 y ahora, con esa movida del máximo tribunal constitucional, controla y mueve los hilos de un segmento de la justicia en el país.

Controla además la Fiscalía General de la República, luego de que la mayoría legislativa oficialista removiera al fiscal Raúl Melara, el mismo 1 de mayo, e impusiera a Rodolfo Delgado, alineado con el bukelismo.

“Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población”, dijo a IPS la abogada Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Añadió que se están viendo signos que advierten que El Salvador podría estarse encaminando hacia un régimen aún más autoritario, de corte dictatorial, al estilo de Nicaragua.

El presidente de ese país, Daniel Ortega, lleva ya tres periodos consecutivos desde su retorno al poder en 2007, y se encamina a un cuarto mandado, en 2022. Para ello la justicia, bajo su control, ha encarcelado a una decena de candidatos opositores que pudieran disputarle el triunfo.


Una camándula de pasos antidemocráticos

Envalentonado por el abrumador triunfo en las elecciones presidenciales de 2019, Bukele ha dado, en efecto, una serie de pasos que han crispado a los sectores opositores, porque les resulta evidente que en el fondo pretende socavar los contrapesos y gobernar a sus anchas.

Además de las remociones en la Sala Constitucional y en la Fiscalía General de la República, el 31 de agosto, la Asamblea pasó un decreto que establece la jubilación obligatoria de unos 200 jueces.

La narrativa gubernamental ha hablado de un proceso de “limpieza” de jueces corruptos, que los hay, pero sin ninguna investigación expedita sino que el único parámetro es el del retiro laboral: que los letrados sean mayores de 60 años o tengan 30 años de trabajo.

Eso ha sido interpretado como una purga dentro del sistema judicial para, más tarde, ir llenando esos vacíos con jueces afines al bukelismo.

El oficialismo lo ha negado y ha asegurado que se trata de abrir espacios a los abogados jóvenes, y que los jueces en El Salvador no tienen cargos vitalicios.

Todos esos movimientos han encendido las alarmas tanto dentro como fuera de El Salvador.


Vista parcial de manifestantes en la plaza de Francisco Morazán, en el centro histórico de San Salvador, donde el 15 de septiembre se concentraron parte de quienes salieron a protestar contra las crecientes señales autoritarias del gobierno de Nayib Bukele, en la más masiva manifestación contra el presidente desde su llegada al poder, convocada por organizaciones sociales en el día de la Independencia del país. Foto: Edgardo Ayala / IPS


Sin embargo, el desencuentro entre opositores y Bukele tendrían como base la pugna silenciosa entre dos grupos económicos: la tradicional oligarquía que ha manejado los hilos de la política del país, y nuevos empresarios, pequeños, medianos e incluso grandes, alineados con el presidente, explicó a IPS el analista Dagoberto Gutiérrez.

Gutiérrez, un excomandante guerrillero ahora cercano al presidente, dijo que la oposición demanda una independencia de poderes que, en realidad, nunca ha existido en el país, pues siempre aquella oligarquía movía sus piezas para poner a los funcionarios que mantuvieran el statu quo.

Esa “democracia” auspiciada por la oligarquía, con sus falacias y abusos, está siendo retomada por otro proyecto político, el de Bukele, pero aclaró que las transformaciones esperadas “aún están por verse”.

De momento, según la reciente interpretación del tribunal constitucional, Bukele puede, si quisiera, optar por un segundo mandato al finalizar el actual periodo presidencial. Pero ya no podría competir por un tercero de manera continua.

“¿Pero quién nos asegura que en el futuro, a través de otra jurisprudencia, no van a sacarse de la manga otra reelección?, eso queda como duda, obviamente”, señaló a IPS la abogada Tahnya Pastor.

Agregó que cuando se analizan todas las señales de alarma, “podemos concluir que nos dirigimos hacia la máxima concentración de poder, y la historia ha demostrado que ninguna concentración de poder es buena”.

Sin embargo, al igual que Gutiérrez, la abogada criticó a la oposición porque en el pasado también se ha manipulado por intereses políticos esas mismas instituciones por las que ahora se pone el grito en el cielo.

“La constitución sí se ha reformado en el pasado dependiendo de la conformación del tribunal (constitucional), y la jurisprudencia ha respondido a intereses político partidistas”, afirmó.

Bukele pareciera estar confiado de que, a pesar de las críticas, su proyecto es bienvenido por la mayoría de los salvadoreños, que lo sigue apoyando.

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, sobre la aceptación del gobierno de Bukele en su segundo año de gestión, en junio, 9 de cada 10 consultados afirmaron que el presidente representa un cambio positivo para el país.

Obtuvo además una nota de 8,1, considerada alta, y los encuestados identificaron como principal logro del gobierno el buen manejo de la pandemia de covid-19.

No todos comparten ese entusiasmo por Bukele, obviamente, ni todas las críticas vienen de cúpulas académicas, políticas o de activistas.

“No es bueno que alguien gobierne como le dé la regalada gana, eso era cuando habían reyes, pero ya no estamos en esos tiempos”, dijo a IPS el campesino Hernán Campos, oriundo del cantón Cangrejera, del municipio y departamento de La Libertad, en el centro del país.

ED: EG

Fuente: IPS Noticias

jueves, 16 de septiembre de 2021

¿En qué consisten los derechos humanos?

Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad.



La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. cumplió 70 años en 2018, sigue siendo la base de toda ley internacional de derechos humanos. Sus 30 artículos ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con los dos pactos —el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos*.


Universal e inalienable

El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, como se recalcó primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos.

Los derechos humanos son inalienables. No deberían suprimirse, a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia.


Indivisible e interdependiente

Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos.


Equitativo y no discriminatorio

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". La ausencia de discriminación, establecida en el artículo 2, es lo que garantiza esta igualdad.

La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este principio está presente en los principales tratados de derechos humanos. Asimismo, supone el tema central de dos instrumentos fundamentales: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres.


Derechos y obligaciones

Todos los Estados han ratificado al menos 1 de los 9 tratados básicos de derechos humanos, así como 1 de los 9 protocolos opcionales. El 80 % de los Estados han ratificado 4 o más. Esto quiere decir que los Estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.

La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.

La obligación de protegerlos exige que los Estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos.

La obligación de cumplirlos supone que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Mientras tanto, como personas individuales, aunque tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, también debemos respetar y defender los derechos humanos de otras personas.

Fuente: Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Usar los derechos humanos de manera cínica es una forma de faltarnos el respeto.

 Art. Opinión Daniel Chernilo

Cuando los derechos humanos refieren a cuestiones como la vida, la muerte o la integridad física y psíquica, ellos apelan a estados externos; cuando describen nuestras identidades y decisiones íntimas, son las propias personas quienes los aceptan como significativos. El dilema actual de los derechos humanos radica justamente en cómo mantener un equilibrio entre ambos momentos. Cuando la dimensión objetiva se impone a la subjetiva, ganan posiciones conservadoras que, apelando a valores más allá de la historia, intentan imponer sus agendas como las únicas verdaderas. Solo así puede afirmarse que el aborto es un atentado a la vida o que las diversidades sexuales serían una aberración antinatural. Por su parte, cuando prima únicamente su lado subjetivo, se pueden justificar sus violaciones si no simpatizamos con los grupos afectados (en China, Nicaragua o quienes protestan de forma violenta en Santiago) o pueden derogarse porque un grupo lo suficientemente numeroso decide que ya no cree en ellos, como en Afganistán.


El debate público vuelve recurrentemente al tema de los derechos humanos: dónde empiezan y terminan, quiénes son los responsables principales de resguardarlos, y cómo implementarlos a escala local, nacional e incluso global. Solo en la última quincena, el 30 de agosto se conmemoró el día de los derechos humanos, hoy se cumple un año más del golpe cívico-militar de 1973, un candidato presidencial se refirió a los DD.HH. como “excusas” para no aplicar la ley con mano dura, y observamos con horror la regresión autoritaria en Afganistán. Un breve recorrido por la historia y características principales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU en 1948, nos ayuda a comprenderlos de mejor forma. 

Es bueno recordar que el texto se preparó de forma inusualmente inclusiva. La declaración tomó elementos del pensamiento cristiano, musulmán y judío y en su redacción jugaron un rol clave no solo representantes de las grandes potencias sino de países tan disímiles como China, Líbano, India y Chile (a través del juez Hernán Santa Cruz). El texto está lejos de ser perfecto y finalmente no fue consensual (Sudáfrica y los países de la órbita soviética se abstuvieron al momento de la votación), pero es incorrecto comprender los derechos humanos como un “discurso imperialista” o meramente “occidental”.

Otro elemento relevante es que la fuerza normativa de los derechos humanos radica en que apelan a dos formas diferentes de legitimidad: la fuerza del derecho, que como normas positivas deben poder implementarse –por la fuerza si es necesario– y la validez moral de ideas que asumimos como correctas porque aplican igualmente a todos los seres humanos en todo tiempo y lugar. Este carácter doble explica por qué son los Estados los violadores principales de los derechos humanos y son ellos también los que tienen la responsabilidad principal por protegerlos: cuando entregamos al Estado el monopolio del uso de la violencia legítima, le exigimos también estándares más altos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Quisiera concentrarme en otra dimensión menos evidente, pero que ha tomado relevancia creciente en las últimas décadas: los derechos humanos deben “cuadrar el círculo” de que son “objetivos” y “subjetivos” al mismo tiempo. Se trata de derechos objetivos, puesto que afirmamos su validez incondicional, y son derechos subjetivos porque nadie sino nosotros mismos podemos reconocer su existencia. Cuando los derechos humanos refieren a cuestiones como la vida, la muerte o la integridad física y psíquica, ellos apelan a estados externos; cuando describen nuestras identidades y decisiones íntimas, son las propias personas quienes los aceptan como significativos.

El dilema actual de los derechos humanos radica justamente en cómo mantener un equilibrio entre ambos momentos. Cuando la dimensión objetiva se impone a la subjetiva, ganan posiciones conservadoras que, apelando a valores más allá de la historia, intentan imponer sus agendas como las únicas verdaderas. Solo así puede afirmarse que el aborto es un atentado a la vida o que las diversidades sexuales serían una aberración antinatural. Por su parte, cuando prima únicamente su lado subjetivo, se pueden justificar sus violaciones si no simpatizamos con los grupos afectados (en China, Nicaragua o quienes protestan de forma violenta en Santiago) o pueden derogarse porque un grupo lo suficientemente numeroso decide que ya no cree en ellos (como en Afganistán).

Los derechos humanos son únicos porque, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, son el primer gran intento en la historia de la humanidad de transformar ideas morales generales en derechos ejecutables, apelando en ambos casos únicamente a normas que los seres humanos nos damos mutuamente. Usar los derechos humanos de manera cínica es una forma de faltarnos el respeto a nosotros mismos.

Fuente: El mostrador

martes, 14 de septiembre de 2021

Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua ya es “alarmante": Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante” y que más de 120 opositores están encarcelados cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.

#DerechosHumanos #Nicaragua #DanielOrtega #eleccionesnicaragua



En un discurso ante la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet señaló que el deterioro de la situación en el país centroamericano, desde que estalló la crisis social en 2018, afectará el derecho ciudadano de elegir en los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

“Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos” en Nicaragua, la cual “no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó la exmandataria chilena.

Según Bachelet, desde su última actualización oral sobre la crisis en Nicaragua, en julio pasado, “no se han observado avances en la situación de derechos humanos, ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones”.

Por el contrario, dijo que su oficina documentó “30 casos de amenazas e intimidaciones” contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, además del allanamiento y ocupación de la sede del diario La Prensa, crítico del gobierno.

“Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y de la sociedad civil por protestar en espacios públicos”, afirmó.

Bachelet reprobó el arresto de una treintena de opositores nicaragüenses desde fines de mayo, incluyendo profesionales, periodistas, líderes políticos y siete aspirantes a la presidencia.

Dijo que al menos 124 personas permanecen encarceladas por disentir del gobierno. Según la oposición, la cifra de “presos políticos” supera los 140 detenidos desde 2018, cuando protestas estudiantiles derivaron en una revuelta social que terminó exigiendo la renuncia de Ortega.

La Alta Comisionada agregó que las detenciones se han practicado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”.

Al respecto, exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes, “como mínimo, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.

Tras cuestionar al tribunal electoral, plegado al Ejecutivo, por haber inhabilitado a tres partidos opositores, dijo que el gobierno tampoco aplicó un paquete de reformas electorales y otras recomendaciones que su oficina hizo en 2019. Esto ha provocado una “perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones” de derechos humanos, insistió.

La Alta Comisionada expresó voluntad de colaborar para mejorar la situación en Nicaragua e instó al gobierno sandinista a reanudar “una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país”.

Ortega, que el 11 de noviembre cumplirá 76 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990. Retornó al poder en 2007 y se reeligió en 2011 y en 2016, esta vez llevando como vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo, quien también busca la reelección en el cargo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión policial sobre las protestas de 2018 dejó 328 civiles muertos, más de dos mil heridos, más de mil 600 detenidos en distintos momentos y más de 100 mil exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.

Fuente: Vértigopoítico.com

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, declaró al respecto: "las elecciones que se celebrarán en Nicaragua en dos meses más no tienen garantías. El gobierno nicaragüense haría bien en liberar a los opositores y entregar las garantías para unas elecciones democráticas".

sábado, 11 de septiembre de 2021

Proceso constituyente marca 48 aniversario del golpe de Estado en Chile

 Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- Chile conmemoró este sábado el 48 aniversario del golpe militar que derrocó al expresidente socialista Salvador Allende, esta vez en medio de un inédito proceso constituyente que dejará atrás la Carta Fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet iniciada el 11 de septiembre de 1973.



El debate constitucional, que inició oficialmente en julio pasado con la inauguración del organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna, le dio un carácter especial y de gran peso histórico al ejercicio de memoria de este año, en una fecha en que el país entero fija su recuerdo en el pasado con la intención de no olvidar y que no se vuelva a repetir.

A diferencia de 2020, donde los actos de homenaje a los caídos tras el derrocamiento de la Unidad Popular contaron con una baja convocatoria debido a las restricciones sanitarias, en esta ocasión la congregación de manifestantes fue más numerosa debido al retroceso progresivo de contagios por covid-19 y la flexibilización de las medidas de movilidad y aforo.

Prueba de ello fue la multitudinaria marcha que inició desde el centro de la capital en dirección al Cementerio General, camposanto donde se guardan los restos de Salvador Allende y de un sinnúmero de detenidos y ejecutados políticos durante la dictadura.

La figura del expresidente chileno fue recordada en diversos puntos del país mediante diversos actos, siendo el más emblemático la multitudinaria marcha rumbo al Cementerio General que esta vez terminó con algunas escaramuzas en los alrededores del camposanto.


EL ÚLTIMO 11-S CON LA CONSTITUCIÓN DEL 80

Después de las graves protestas que sacudieron al país a fines de 2019, desatando la crisis política y social más grave desde el retorno a la democracia, Chile se embarcó en un proceso constituyente que se prolongará como máximo hasta julio de 2022, trabajo que terminará con la Carta Fundamental redactara bajo el régimen militar.

"Vivimos un proceso colectivo de transformación social, para construir una sociedad de derechos, con todos y para todos, con memoria y con futuro. Nuestro proceso constituyente es una oportunidad histórica para avanzar y concretar los anhelos y luchas de los pueblos", indicó durante la jornada el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa.

"Quizás este sea el último 11 de septiembre con la Constitución de la dictadura", escribió también la delegada constitucional Cristina Dorador esta madrugada en sus redes sociales.


DERECHOS HUMANOS: EJE DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

A juicio de la diputada del Partido Comunista y abogada de derechos humanos Carmen Hertz, la impronta del proceso constituyente actual y de cara a la sociedad que se pretende construir debe tener como base el respecto a los derechos humanos.

"Los derechos humanos son la columna vertebral de una Constitución y por tanto de la reconstrucción democrática de la sociedad chilena, incluyendo los mecanismos", dijo a Efe la parlamentaria chilena.

Si bien la pandemia ha remitido en Chile y existen mayores libertades de movimiento para la población, no dejó de sorprender la cantidad de asistentes a la romería de Cementerio General.

Cientos de personas se reunieron en el Patio 29, donde descansan los restos de detenidos y ejecutados políticos, no todos aún identificados. EFE

Fuente: swissinfo.ch

¿Debe España reincorporar a Baltasar Garzón a su cargo judicial?

 Art. Opinión: Fabián Salvioli

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó un dictamen el día 31 de julio de 2021, que se hizo público cuatro semanas después -el 25 de agosto-, por el que concluyó que Baltasar Garzón no tuvo garantizado -entre otros derechos- el derecho a un tribunal independiente e imparcial, como consecuencia de los procesos que se siguieron en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que derivaron en su condena penal por prevaricación, y la destitución del cargo de juez que ejercía como titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En el dictamen se subraya que durante el trámite de las causas por delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, el juez Garzón adoptó resoluciones motivadas jurídicamente en relación a su competencia para investigar las denuncias; en cuanto a la causa Gürtel -el proceso que derivó en la condena penal del magistrado-, el examen realizado por el Comité examina a partir de las propias pruebas presentadas por las partes, la interpretación jurídica de la Ley Orgánica General Penitenciaria realizada por Garzón -con la que concordaron otros jueces e incluso el Ministerio Fiscal-, por lo que concluye que ni una ni otra actuación pueden constituir mala conducta, falta grave, ni ausencia de idoneidad que conlleve destitución y la pérdida definitiva de su cargo.

#DerechosHumanos #BaltasarGarzón #Gürtel #España




Los dos procesos contra Baltasar Garzón se desarrollaron en instancia única ante el Tribunal Supremo de España, y los respectivos juicios orales fueron llevados adelante para ambas causas con cinco días de diferencia, destacándose que dos de las personas que lo acusaron en el caso Franquismo, le juzgaron por el caso Gürtel. Uno de ellos, especialmente, dejó evidente su falta de imparcialidad cuando en el primer proceso, asistió reiteradamente a la parte demandante para que modifique sus escritos de acusación respecto de Garzón.

El Comité de Derechos Humanos llega a la conclusión de que en los procesos contra Baltasar Garzón se ha violado el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, en los términos del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que al haber sido condenado en instancia única, sin posibilidad de revisión del fallo y la pena, también se violó la garantía establecida en el artículo 14.5 del mismo instrumento jurídico. Finalmente, asimismo indica que el artículo 446 del Código Penal de España, que castiga el delito de prevaricación para el juez o jueza que dictare “sentencia o resolución injusta” no define qué ha de entenderse por ello, implicando una violación del principio de legalidad, que obliga a los Estados a determinar con claridad, precisión, de manera explícita y exacta la conducta que se prohíbe. Dicha norma, aplicada al caso Garzón, viola el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El dictamen, finaliza resaltando que las violaciones al Pacto requieren la obligación de reparar integralmente a las personas a quienes se les hayan violado los derechos, y destaca para el caso que, entre otras medidas, deben borrarse los antecedentes penales y proporcionar una compensación adecuada, además de tomar las medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.


Medir la democracia

España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 27 de abril de 1977, y el 25 de enero de 1985 ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto, que permite la presentación de denuncias por presuntas violaciones al Pacto ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano compuesto por dieciocho personas expertas e independientes que actúan a título personal, no reciben honorarios por su tarea en el mismo, y duran cuatro años en sus funciones; se les elige por mayoría de votos en la Asamblea de Estados Partes en el Pacto, que a 2021 ascienden a 173. La adhesión de España a ambos instrumentos se da desde la recuperación de la democracia, y ello no es casualidad, ya que el régimen democrático resulta consustancial con el concepto de Estado de Derecho basado en los derechos humanos

Pero el nivel de democracia substancial de un Estado no se mide tanto en si ha ratificado o no instrumentos internacionales de derechos humanos, sino más bien en cuánto cumple con las disposiciones establecidas en los mismos en el diseño y ejecución de su política pública, y cuán eficaz es en reparar las violaciones que eventualmente se han cometido.

Los gobiernos de corte autoritario desconocen e incumplen con las sentencias y dictámenes de órganos internacionales; en el caso de los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas -como el Comité de Derechos Humanos- con argumentos decimonónicos se intenta minar o relativizar el valor vinculante de sus decisiones, indicando que constituyen meras “recomendaciones”.

Esas posiciones son incapaces de explicar -entre otras cosas- de qué manera cumplirá un Estado con sus obligaciones vinculantes establecidas en el Pacto, dejando de acatar un dictamen del órgano creado por el mismo Pacto para monitorear su observancia de parte de los Estados a través de diferentes procedimientos, entre otros, la tramitación de comunicaciones individuales conforme al Protocolo Facultativo. Un Estado democrático no tiene excusas, ni jurídicas ni éticas, para incumplir con el pronunciamiento emitido por un órgano internacional de supervisión de derechos humanos en el marco de sus competencias.

El jurista Baltasar Garzón durante la presentación de su nuevo libro, "La Indignación Activa".  EFE

En efecto, en el párrafo 16 de su Observación General N 31 (2004), por la que el Comité describe la naturaleza de las obligaciones establecidas en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresamente ha indicado que “…en los casos en que proceda, la reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos…”. Previamente, al final del párrafo 15 de la citada Observación General, el Comité subraya que “…La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo…”. También, la frase final del párrafo 20 de la Observación General N 33 (2008) destaca que “…los Estados partes han de utilizar todos los medios que estén a su alcance para dar efecto a los dictámenes del Comité…”.


En el año 2016, el Comité de Derechos Humanos aprobó las Directrices sobre Medidas de Reparación”; dicho documento señala expresamente que “…Cuando el Comité concluye que una comunicación individual pone de manifiesto violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto, ordena medidas destinadas a proporcionar una reparación íntegra a las víctimas (restitución, indemnización, rehabilitación y medidas de satisfacción), así como a evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro (garantías de no repetición)…”, y cuando aborda las medidas de “restitución”, que: “…Esas medidas pueden consistir, por ejemplo, en la reincorporación de la víctima al empleo que perdió a consecuencia de la violación cometida…” (párrafos 2 y 8).


Honrar los compromisos

En el caso de Baltasar Garzón se han violado los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como indica el dictamen fijado precisamente por el órgano creado por el Pacto -Comité de Derechos Humanos-; dicha conclusión jurídica es legítima, válida y final; pretender que el Estado puede reinterpretar dicha decisión sobre el fondo del asunto sería brindarle la inconsecuente posición de “juez y parte”, lo que además en el presente asunto resultaría una gran paradoja, ya que ese ha sido -en virtud de la posición asumida por dos magistrados- uno de los elementos valorados en la sustanciación de las causas tramitadas en el Tribunal Supremo, que merituaron la determinación de la responsabilidad internacional de España por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la resolución del Comité

Queda muy en claro que el Estado debe borrar los antecedentes penales derivados de las causas Franquismo y Gürtel que figuren en el expediente de Baltasar Garzón, y también que debe otorgar una compensación económica -que el Comité no cuantifica, aunque deberá cubrir lógicamente los daños patrimoniales y morales generados-.

Asimismo, al señalar el dictamen el término “entre otras” (inter alia), corresponde formularse la pregunta: ¿Cuáles son las “otras medidas” que el Estado debe tomar para reparar integralmente?

La pérdida del cargo de Juez que detentaba Baltasar Garzón ha sido efecto directo de la sanción penal en su contra establecida en violación al derecho a la justicia; el cese de dicha consecuencia inmediata no puede ser otro que su restitución a la función judicial, y cualquier otra interpretación repugnaría al principio de buena fe que debe guiar el comportamiento de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Finalmente, se requiere la adecuación normativa del artículo 446 del Código Penal de España, que constituye hoy una “ley penal en blanco -indeterminada-” y en consecuencia violatoria del principio de legalidad; dicha medida es indispensable como garantía de no repetición.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de Baltasar Garzón no representa un castigo para España, sino por el contrario la oportunidad de medir la calidad democrática del Estado, a quien le corresponde jurídica y moralmente, dar debido y pronto efecto al mismo, cumpliendo con todas las medidas que hacen a la reparación integral, honrando así sus compromisos convencionales de cara a sus ciudadanos y ciudadanas, y también frente a la comunidad internacional.

Fabián Salvioli es jurista de nacionalidad argentina, y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata; integró el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, presidiéndolo entre los años 2015-2016. Es además, el autor de las Directrices sobre medidas de Reparaciones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 4 de noviembre de 2016.

Fuente: La Vanguardia

viernes, 10 de septiembre de 2021

Misiva de Ex presidenta Añez. Artículo Opinión. (Bolivia)

Art.: Agustín Zambrana

Ex presidenta Añez a la OEA y Comunidad Internacional sugiere que su muerte es la solución...“a veces pienso que es la mejor solución.”

#Carta #DerechosHumanos #Bolivia #ExpresidentaAñez



Jeanine Añez Chavez envía misiva a la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Luis Almagro: "Mis carcelarios quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo".

Desde su "frío encierro" cómo ella lo describe, la expresidenta Jeanine Añez, escribió una carta dirigida al Luis Almagro, Secretario General de la OEA, dónde le pide venir a Bolivia junto a la Comunidad Internacional para conocer lo que está pasando con la justicia y los presos políticos en el país. "Mi pedido de clamor y ayuda no es por mí, sino por un país totalmente destruido judicialmente y que su poder judicial está prostituido al gobierno de turno", dice Añez. 

"Señor Almagro y Comunidad Internacional este es el momento que deben venir a Bolivia y poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce Catacora, y Evo Morales Ayma, junto a toda la elite masista", continúa la misiva.

Añez también se refiere al "ultraje" que viven las mujeres que ingresan a la política en el país. "Entienda que ser mujer en la política en Bolivia es casi una maldición, ya que el poder nos ultraja y nos usa para fines personales"

Por último, Añez aclara "soy la expresidenta constitucional de Bolivia, aunque un mentiroso y vil ser humano como Evo Morales y sus sirvientes digan lo contrario".

Desde la ALDHU, su Secretario General, Juan de Dios Parra, declaró al respecto, "la prisión preventiva no es una condena, sino que se trata de una medida cautelar mientras se recogen antecedentes del crimen. No es la única medida cautelar disponible por la justicia (existen otras como la obligación de presentarse ante un juez, , la prohibición de salir del país o la privación de libertad en el propio domicilio, por ejemplo). La prisión preventiva, al no tratarse de una pena, debe ser reducida y debe incluir el mínimo de medidas, además, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) fue ratificada por Bolivia en 1979. En donde el país se comprometió a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. Así como dice su artículo 5:

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

De este modo, se observa que para la CADH, la libertad de todo acusado sólo “podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (Art. Nº 7.5 CADH).

Además, la Corte Interamericana ha señalado que la prisión preventiva debe ser revisada por las autoridades judiciales y en caso de que no se mantengan los elementos que la motivaron, debe dejarla sin efecto y preferir otra medida menos gravosa. Asimismo, en caso de que surjan nuevos antecedentes, estos deben ser tenidos en consideración. (de Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, de Nash, C. 2020)


#CartaInExtensa:

“Estimado Luis Almagro (Secretario General de la OEA),

Mientras me observa mi carcelero, aprovecho estas pocas líneas y desde mi oscuro y frío encierro, cada momento pierdo las esperanzas que en Bolivia tengamos justicia verdadera para componer grietas hoy existentes.

Sr. Almagro, clamo a la comunidad internacional que debe venir a Bolivia y ver que está pasando con la justicia y los presos políticos.

Mi pedido de clamor y ayuda no es por mi, sino por un país totalmente destruido judicialmente y que su Poder Judicial esta prostituido al gobierno de turno.

Seguramente mis carceleros quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo y a veces pienso que es la mejor solución. Pero eso no arreglará el tema de fondo, que es que en Bolivia la justicia no vale ni arregla sino divide y arruina.

Sr. Almagro y Comunidad internacional, este es el momento que deben venir a Bolivia y poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce Catacora y Evo Morales junto a toda la Elite Marxista.

Sólo le pido a Dios que mueva sus corazones y en estas horas que estará con mi hija, pueda sentir nuestra resignación y tome la decisión de venir a Bolivia con la comunidad internacional.

Entiendo que ser mujer y política en Bolivia es casi una maldición ya que el poder nos ultraja y nos usa para sus fines personales. Soy madre privada de ver a mis hijos, soy una hija privada de ver a mi madre anciana y enferma. Pero lo más importante es que soy la ex presidenta constitucional de Bolivia, aunque un mentiroso y vil ser humano como Evo Morales y sus sirvientes digan lo contrario.

Dios lo bendiga e ilumine en lo que vaya a hacer.

Jeanine Añez Chávez 

Desde la Cárcel en La Paz - Bolivia.


miércoles, 8 de septiembre de 2021

La pesadilla de la represión rompe las ilusiones de una nueva vida: las caravanas migrantes son atacadas con violencia por las autoridades en México

 Organismos denuncian violaciones a los derechos humanos contra personas que padecen desplazamiento forzado.



#Migrantes # Caravanamigrantes #DerechosHumanos #México

Las escenas son dantescas: guardias armados que golpean con saña a migrantes que yacen tirados en el piso, que empujan a hombres y mujeres con bebés en brazos y a personas con discapacidades, que jalonean a madres angustiadas porque no encuentran a sus hijas, que detienen a niños. Que los persiguen armados.

O que los meten a las "perreras", los vehículos-jaula en donde son detenidos para ser deportados y cuyo nombre es una más de las humillaciones que sufren miles de personas que fueron expulsadas de sus países por violencia política o económica, y que intentan tener una vida mejor en México o en EE.UU. Hoy están siendo reprimidos.

Las imágenes se han repetido durante la última semana en Chiapas, el estado del sureste mexicano, en donde los migrantes ya realizaron cuatro caravanas que fueron frenadas con violencia por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migraciones (INM).

El 28 de agosto iniciaron la primera marcha. A los dos días fue la segunda. El jueves pasado, la tercera. Y el domingo realizaron el cuarto intento. Participan haitianos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, cubanos. Familias completas. Madres con sus hijos. Niñas y niños que viajan solos.

En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: agresiones, persecuciones y detenciones y deportaciones en masa. En los operativos hay discriminación, racismo y xenofobia.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) ya denunciaron los riesgos que entraña esta estrategia.



 Contradicciones

"Resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños–, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional", señalaron las organizaciones internacionales en un comunicado.

Se refieren a una grabación en la que se ve cómo un agente del Instituto Nacional de Migración patea en la cabeza a un migrante que está en el suelo. El organismo suspendió a dos de sus funcionarios, pero esta era apenas la primera caravana, la del 28 de agosto. La violencia se ha replicado en las otras tres marchas que hubo durante la semana. Las corridas, amenazas y persecuciones son la norma.

"En México ya no se violan los derechos humanos", presumió el presidente Andrés Manuel López al dar su tercer informe de Gobierno el pasado miércoles. Las imágenes de lo que ocurre en Chiapas lo contradecían. También contrastaban con las fotos y comunicados en los que la cancillería mexicana se jactaba de haberle dado refugio a 390 personas de Afganistán en la última semana.



Porque lo que piden los miles de migrantes que están hacinados en Chiapas es precisamente refugio, asilo o residencia para poder radicarse en México, algunos con la intención final de llegar a EE.UU. En lugar de eso, los mantienen retenidos en Tapachula. La han bautizado "la ciudad cárcel".

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en los primeros ocho meses de este año se recibieron más de 65.000 solicitudes refugio. Triplican los pedidos de 2020. La mayor parte, alrededor de 45.000, se radican en Tapachula.

Una vez iniciado el trámite, los migrantes tienen prohibido salir de la ciudad. El problema es que la resolución tarda tanto que quedan atrapados, sin trabajo, sin casa, sin medios para sobrevivir, en muchos casos sin documentos, y con una mochila como toda pertenencia.



 La desesperación los llevó a protestar y a iniciar las caravanas que han sido reprimidas desde hace ya dos años con la intención de detener el flujo de migrantes a EE.UU., ya que es parte de los acuerdos pactados por López Obrador con el expresidente Donald Trump.

En esta ocasión destaca la presencia de ciudadanos de Haití, el país más pobre del Continente, pero también hay diversas nacionalidades latinoamericanas que se topan con la política que puso en marcha el Gobierno mexicano para frenar en la frontera sur las oleadas migratorias que, en algunos casos, buscan atravesar el país para llegar a la frontera norte.

Denuncias

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano ha denunciado en varios comunicados la violencia estatal cometida esta semana en contra de personas que están realizando desplazamientos colectivos y forzados. Es decir, en contra de quienes ya son víctimas.

Desde el 28 de agosto, señala en uno de los escritos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio.

"En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso. Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales", advierte.

También demandan ayuda humanitaria urgente para atender a las personas, en particular a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que ya llevan varios días caminando durante largas horas, sin suficiente agua ni comida ni atención médica.

Al reiterar el abuso de poder y las políticas represivas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del INM, exigen el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones que impactan de manera particular en personas que salieron de sus países buscando protección y una vida digna.

Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y otras organizaciones ya iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular después de la redada que este domingo padecieron las personas migrantes que dormían en la ciudad de Huixtla, también en Chiapas, hasta donde habían logrado avanzar desde Tapachula.


"Exigimos enérgicamente alto Inmediato a la Violencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional, alto Inmediato a la Violencia sobre quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos, informamos que se ha interpuesto un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando, solicitamos respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de este grupo de desplazados forzados", señalo la organización.

Mientras tanto, la crisis en la frontera sur de México continúa con las miles de personas migrantes que siguen en Tapachula y que evaden los operativos que buscan expulsarlos a Guatemala.

Cecilia González
Fuente: RT