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martes, 9 de agosto de 2022

Las llaves de Colombia

 Baltasar Garzón 9 de agosto de 2022 10:59h 


En el año 2012 recibí las llaves de la ciudad de Bogotá de manos de su alcalde. Supuso para mí un inmenso honor en un momento especialmente duro de mi vida profesional. En la memoria también están presentes, de forma principal, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos; el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, al dar, estos, el visto bueno a mi incorporación como asesor a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz.




Bogotá, siguiendo la terminología derivada de la antigua civilización muisca, tiene varias acepciones. Yo me quedo con la que creo más la significa: “La dama de la montaña que resplandece”. No sé si pueden imaginar lo que significa para alguien tan ligado como yo a la pelea por los acuerdos de paz de Colombia contar con el honor excepcional de recibir ese galardón. El regidor que me lo entregó tuvo un complejo mandato, siendo destituido de su cargo tras la desprivatización de la recogida de basuras para luego ser restituido por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alcalde se llamaba Gustavo Petro, obtuvo sus mejores éxitos en educación y salud y desde el consistorio saltó al escenario nacional, convirtiéndose en un referente de la izquierda.

Diez años después me encuentro de nuevo en Bogotá, en circunstancias diferentes. Acudo junto a mi compañera de vida, Dolores Delgado, a la toma de posesión de Gustavo Petro, que ha recorrido un camino largo desde su despacho municipal de entonces. Este domingo, el revolucionario que formó parte de la guerrilla Movimiento 19 de abril (M19) asumía la realidad de ser el primer presidente de izquierdas de Colombia. Con él, Francia Márquez, su vicepresidenta, que va a revolucionar el papel de la mujer, de la indígena, de la afroamericana de los y las invisibles en su país.

Esta nación querida tiene ahora un gobierno progresista. Ello supone la continuación de los esfuerzos por la paz que omitió el gobierno anterior de Iván Duque, la implementación de un modelo solidario de desarrollo y un impulso para la reactivación de Latinoamérica, reactivación que podrá potenciarse aún más en la región si en octubre las urnas dan la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva para la presidencia de Brasil frente al ultraderechista actual mandatario Jair Bolsonaro. Se auguran tiempos de ejercer políticas por los más vulnerables, de respeto por los pueblos originarios, de dialogo, de paz. De cuidados hacia la madre tierra. Tiempos en que los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes reciban el trato debido a sus derechos ancestrales, tantas veces olvidados.

La esperanza

Del juramento de Petro han sido testigos numerosos jefes de Estado y primeros ministros de otros países, entre ellos el rey de España. Fuera del boato oficial, lo más emotivo es la esperanza de la ciudadanía. Colombia ya dio su opinión con el acuerdo con las FARC en 2016, con las elecciones presidenciales de 2018 en las que el hoy presidente quedó segundo y en el ambiente que traducían las protestas de los años 2019 y 2021, que denotaban hastío de la política conservadora y de la corrupción. 

El proceso de paz en Colombia salió adelante aun cuando a los narcos no les interesaba que así fuera. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2018 apuntaban a que el senador y presidente de Colombia de 2002 a 2010, Álvaro Uribe, había sido acusado varias veces por diplomáticos estadounidenses a causa de supuestos vínculos con el narcotráfico en los años noventa.

La embajada de EEUU en Bogotá remitió una lista de políticos colombianos "sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico". La lista se dividía en dos secciones: "los narco-políticos", que eran "políticos con sólidas historias" de relación con el narcotráfico, y "los posibles narco-políticos", que eran sospechosos de tener lazos con el tráfico de drogas, aunque no estaban comprobados. Así eran las cosas. Y con ello tendrá que lidiar el presidente Petro. 

Izquierda en el Gobierno 

La coalición progresista lo va a tener muy difícil para superar todos los obstáculos que afrontará en ámbitos como el del medio ambiente, en el que se necesitan fórmulas más respetuosas con la naturaleza y más combativas con el extractivismo, la mineria ilegal o el cambio energético, eliminando la dependencia del carbón y del petróleo. Es decir, una política medioambiental ambiciosa para una transición energética que saque a Colombia de la dependencia de los combustibles fósiles.

Los caminos por los que piensa avanzar Petro discurrirán por la senda del acuerdo, por un pacto nacional que incluya a quienes no votaron por él. Reto importante que incluye una suma de voluntades que, hoy por hoy, no existe en Colombia. En su ejecutivo hay conservadores como Álvaro Leyva, quien conoce bien las negociaciones con los guerrilleros, o Cecilia López, que desde la cartera de Agricultura tendrá que desarrollar la imprescindible reforma agraria. En la ONU ha situado a un símbolo: Leonor Zabalza, indígena y diplomática. La mayoría que detenta en el Congreso le permitirá a abordar la inaplazable y necesaria reforma tributaria que se centrará en los mayores contribuyentes y en aquellos que evaden capitales. 

El sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos destaca en un artículo publicado a finales de junio que Petro y Francia buscan movilizar a la sociedad colombiana como sociedad cuidadora que reconozca y recompense el trabajo de cuidado de las mujeres, establezca una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza que priorice la defensa de la vida sobre los intereses económicos, promueva la transición energética y democratice el conocimiento ambiental. Añade que "se trata de pasar de una economía extractivista a una economía productiva que disminuya la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra mediante una reforma agraria que dé acceso al uso del agua y transforme el mundo rural colombiano como pieza clave de la justicia social y ambiental…". En cuanto al conflicto armado, hace hincapié en el respeto a las víctimas y la necesidad "de estimular una política de convivencia pacífica y reconciliación".

La guerra marca

Falta hace, porque 60 años de guerra han marcado a la población. Un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de desaparecidos… La Comisión de la Verdad presentó el informe final concluido en junio, después de tres años de trabajo. Su presidente, el jesuita Francisco de Roux, expuso con confianza y optimismo algunas conclusiones que deben servir para un debate en profundidad. Cambiar la idea del enemigo –todo el que no esté conmigo– de las fuerzas de seguridad, transformar la mentalidad del ejército en la protección de las personas y las infraestructuras, separar a la Policía nacional del ministerio de Defensa… Teniendo en cuenta al narcotráfico, que ocupó "un lugar político, económico, militar y territorial", interviniendo en el conflicto en ambos lados. El informe llama a negociar la paz completa con el ELN, ultima guerrilla activa que, a su vez, se dice dispuesta a escuchar y avanzar. El propio Petro se ha mostrado dispuesto a tender puentes.

Mientras este documento veía la luz, el diario El País entrevistaba al ya candidato electo, quien decía:

–"Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo; yo no puedo fallar” 

–"¿A qué tinieblas se refiere?", preguntó el periodista

Respondía Petro: 

"Hemos lanzado un desafío formidable. Era poco probable que yo pudiera llegar vivo al final del proceso electoral. Y ahora, si mi gobierno establece las condiciones de la transición, lo que sigue es una nueva era. Y si fracasamos, lo que viene, por ley física, es la reacción. Y una reacción de la que Uribe no es el protagonista. Los ciclos vitales cambian. Hay círculos organizándose alrededor del fascismo. No los vamos a agredir, por ahora, nada de eso, sino que vamos a tener en cuenta que esto está pasando". 

Terrible responsabilidad, no menos aterradora que ese futuro que vislumbra el gobernante colombiano como una realidad inminente. Las fuerzas del mal tienden a aliarse y no es Colombia país ajeno a que se abran los infiernos y a que la violencia, no extinguida, repunte contra cualquier colectivo. A Petro la prudencia le pedirá equilibro para impartir justicia sin que prime la impunidad y sin que la violencia tome la palabra. 

La espada de Bolívar 

El domingo 7 de agosto, bajo un sol de justicia y ante miles de personas en la emblemática Plaza Bolívar, la toma de posesión de Gustavo Petro fue emocionante, vibrante e intensa, con momentos inesperados que marcan el cambio de rumbo en el que se embarca el nuevo mandatario.  

Dio la orden: “Como presidente, le solicito a la Casa Militar, traer la espada de Bolívar”. Se trataba de la orden del mandato popular. El acto se interrumpió por 30 minutos hasta la llegada de la espada en una urna de cristal, custodiada por guardias uniformados con traje de gala, en presencia de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, lider del M19 asesinado en 1990 por un sicario –con posibles implicaciones en el hecho del aparato del Estado y paramilitares– cuando fungía como candidato presidencial por la Alianza Democrática M19, que momentos antes le había impuesto la banda presidencial. Entonces, no solo hubo un estallido de júbilo, sino que también las lágrimas abundaron y el canto de "alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina" llenó la plaza y las gargantas de toda Colombia.  


Sin embargo, algunos líderes demuestran una preocupante cortedad de miras y una desconsideración histórica hacia quienes forjaron la independencia de este pueblo. Como le ha ocurrido al presidente saliente, Iván Duque, que, en un último intento agónico de su mandato, se negó a que aquel símbolo de unión latinoamericana se incorporara desde el principio a la ceremonia. U otros, que no honran los símbolos y no prevén los efectos de su omisión. Desde este momento el presidente Petro, de esta forma tan alegórica, mandó un mensaje de firmeza a los mandos militares y después conciliador –pero exigente– de sumisión constitucional, irrestricta.

La enumeración de sus "diez mandamientos" para su gobierno especifican una política progresista que revolucionará su país y será ejemplo para toda una región respecto de la cual llamó a la unidad, a modo de una Unión Europea latinoamericana que aglutine los esfuerzos de tantos hombres y mujeres que, desde Latinoamérica y desde fuera, físicamente, pero dentro del corazón, luchamos por el concepto de Patria Grande.  

El 7 de agosto de 2022 será una fecha inolvidable. Cuando abracé a Maria José Pizarro sentí toda la fuerza de su padre, cuya imagen llevaba impresa en la espalda, y sentí que nos miraba y aprobaba lo que allí estaba sucediendo. Gobierno paritario; defensa de los más vulnerables y de los derechos de los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes; nueva política fiscal, redistribución de las riquezas;  nueva política agraria; nueva política antidrogas, valiente y compleja; nueva política sobre medio ambiente, exigiendo responsabilidades a los países contaminantes; paz, en el más amplio sentido de la expresión; verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición; o diálogo integrador y sin exclusiones fueron algunos de los puntos que resaltaron.  

Fue al llegar a la plaza y oír a un grupo de jóvenes que, apretujados en primera línea, me identificaron cuando caminaba de la mano de Dolores Delgado –"Juez Garzón, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, ¡sí se puede!"–, cuando sentimos emoción y una sinergia especial. Fuimos conscientes de que algo estaba cambiado definitivamente en Colombia. Y nosotros, cada uno en nuestra esfera, estábamos allí, renunciando con ello a la indiferencia y asumiendo un compromiso de contribuir a que, al menos por esta vez, triunfen los que siempre pierden. Y que la frase indeleble en estas tierras americanas de "el pueblo unido jamás será vencido" sea una realidad para siempre

En medio de todo este conjunto de emociones, estrechando manos, repartiendo abrazos, besos y escuchando aplausos, no podía por menos que recordar mientras se desarrollaba el acto, solemne y jubiloso, algunas frases de la canción Empezar una vez más, dedicada a quienes trabajan a diario para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado:

"…Vamos a cambiar la realidad

Que esto no vuelva a pasar

Construyendo un nuevo mundo

Empezar una vez más.

Quitar la venda del dolor

Sin olvidar lo que pasó

Coraje para transformar

Respirar

Volver a empezar.

Construir algo distinto

Depende de nosotros mismos

Mirarme en el espejo y reconocer

Que de mis cenizas puedo renacer.”

En el mismo lugar en el que me entregó las llaves de la Ciudad de Bogotá en 2012, Gustavo Petro recibió este 7 de agosto de 2022 las llaves de Colombia. Se las entregó el pueblo que quiere iniciar algo nuevo y edificar un país mejor, diferente y en el que la vida en paz sea posible. Que así sea.

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Fuente: Infolibre.es




sábado, 30 de julio de 2022

Iván Velásquez, un tsunami en Defensa

23 Julio 2022, 12:07 PM

Creado Por Juan Restrepo

"Iván Velásquez fue el primero en demostrar al gobierno de César Gaviria el lujo, comodidades e impunidad en los que vivía el capo en su exclusiva cárcel de La Catedral".


Un corresponsal de prensa internacional recién llegado a Colombia en 2004, no salía de su asombro cuando presenció por televisión el discurso de Salvatore Mancuso en el Congreso. El periodista conocía bien la trayectoria del jefe paramilitar, quien no tuvo ningún empacho en decir allí, en una tribuna que en teoría representa a todo un país, que más del treinta por ciento de los miembros de aquella cámara le pertenecían. “No puedo creer que en este país ocurran estas cosas”, me comentó entonces ese colega. “Ocurren, y a los colombianos les parece lo más normal del mundo”, le dije.

No es de extrañar, pues, que al ser nombrado ministro de Defensa Iván Velásquez, un sector del país esté horrorizado porque el exmagistrado que destapó y persiguió la parapolítica haya sido encargado por Gustavo Petro para la responsabilidad más difícil de su gabinete. Una destacada portavoz de ese sector se apresuró a recordar “que Velásquez fue expulsado de Guatemala”. No fue exactamente así. Iván Velázquez fue declarado non grato por Jimmy Morales, un cómico que llegó a la presidencia de ese país centroamericano y cuyo hijo resultó envuelto en un asunto de corrupción, destapado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que operaba bajo la dirección de Velásquez.

Morales, el presidente que “expulsó” a Iván Velázquez, destruyó en los cuatro años de su Gobierno, los avances que se habían hecho en Guatemala en la lucha contra la corrupción, y abrió la puerta a la impunidad para algunos militares que habían sido señalados por crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, Jimmy Morales destruyó la labor de la CICIG, una entidad de Naciones Unidas solicitada por aquel país y aprobada por el Congreso de esa nación, ante la impotencia del Estado para luchar contra la corrupción y las bandas ilegales de seguridad que sembraron el terror  en el territorio guatemalteco.

La CICIG, bajo la dirección de Iván Velásquez en su última etapa, operó en Guatemala durante diez años y es un referente en América Latina en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En su informe final destapó la actuación de las “redes político-económicas” que incluían a “funcionarios, políticos, empresarios y grupos criminales”. ¿Les suena? 

En esa labor, Velásquez contaba no solo con el apoyo del Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, sino con las más altas instancias en Washington, altos mandos del Departamento de Estado, congresistas republicanos y hasta el general John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional y, como ex jefe del Comando Sur, buen conocedor de Centro América.

En el desafío que aquello suponía al poder de Jimmy Morales fueron clave las masivas protestas ciudadanas que en 2015 mostraron el apoyo popular a las investigaciones de la CICIG, cuyo índice de aceptación era del 75 por ciento. Pero Morales adelantó el final de la gestión de esa entidad y prohibió el ingreso del comisionado Velásquez al país para la presentación del informe definitivo de la Comisión. Una vez finalizada la tarea de la CICIG, diligentes funcionarios se apresuraron a desaparecer documentos y la antigua sede del organismo se destinó a un centro comercial.

Un buen observador de la realidad guatemalteca me decía esta semana: “Si Iván Velásquez pudiese presentarse a las elecciones presidenciales de Guatemala resultaría elegido”. Por el momento, este antiguo abogado penalista antioqueño, a quien Álvaro Uribe sacó en Colombia del anonimato llamándolo de todo menos bonito, tiene la más peliaguda misión que se pueda encargar a un político en este país.

Un libro escrito por Martha Soto, Velásquez, el retador del poder, documenta, además, los comienzos de su carrera como funcionario público, en cuyo papel tuvo que enfrentarse a Pablo Escobar. Fue el primero en demostrar al gobierno de César Gaviria el lujo, comodidades e impunidad en los que vivía el capo en su exclusiva cárcel de La Catedral. Y Gaviria…, pues eso, ya se sabe.

En Colombia Velásquez fue blanco de cinco complots, seguimientos y espionajes a él y a su familia. La Corte Suprema recibió completa documentación sobre uno de estos complots orquestados para atentar contra su vida por varios congresistas, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instruyó al Estado colombiano para que adoptara medidas que garantizaran la integridad física de Iván Velásquez.

Entre tanto, hay quien manifiesta sentirse en peligro por su nombramiento como ministro de Defensa. Qué curioso.

Fuente: Kienyke.com

viernes, 29 de julio de 2022

Comisión de la Verdad presentará esta semana su informe en Estados Unidos y ante la Organización de Naciones Unidas

El padre Francisco de Roux se reunirá con el secretario General de la ONU Antonio Guterrez en Nueva York.

El presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 28 de junio, 2022. REUTERS/Luisa González


A partir de este martes 12 de julio, y hasta el 15 del mismo mes, la Comisión de la Verdad en cabeza de su director, el padre Francisco de Roux, estará de gira en Estados Unidos presentando el informe final de esa entidad que se creó tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

En la emisora La W Radio informaron que el miércoles 13 de julio se dará el encuentro en Nueva York entre el religioso y el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien recibirá al siguiente día el documento con el que se buscó esclarecer los hechos y el contexto de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado en el país.

En el medio radial explicaron que la entrega se llevará el jueves 14 de julio para que coincida con la presentación del informe trimestral de Naciones Unidas.

Entre tanto en la revista Cambio Colombia, indicaron que este será un viaje crucial para el padre De Roux ya que además viajará a Washington para dejarlo a disposición también del Departamento de Estado del país norteamericano.

El religioso, delegado para liderar la entidad, estará acompañado de por las comisionadas Alejandra Miller y Patricia Tobón en esta gira por Estados Unidos que forma parte de la estrategia por posicionar en la comunidad el informe con el que se busca aportar una visión heterogénea del conflicto en el país.

“Es un punto de partida para un gran y sostenido diálogo de país sobre las causas y persistencias del conflicto y la necesidad de no continuarlo y no repetirlo. El periodo de análisis para construirlo fue a partir de 1958 hasta 2016, sin dejar de lado los fenómenos de persistencia del conflicto en la actualidad”, afirmaron en la Comisión de la Verdad cuando lo presentaron oficialmente en Colombia.

Incluso en aquel momento la delegación de la Unión Europea en Colombia y los países miembros destacaron que era un gran aporte de la entidad estatal. Además, extendieron la invitación al país para recibirlo como una oportunidad de diálogo sobre lo que se debe hacer para continuar avanzando hacia un futuro mejor.

Precisamente, Eamon Gilmore, el enviado Especial de la para la Paz en y Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, recibió el lunes el informe de manos de Leyner Palacios.

“Un modelo para la resolución de otros conflictos”, expresaron en la cuenta de Twitter de la Unión Europea luego de que el funcionario recibiera el documento.

Y el pasado viernes la Comisión de la Verdad de Colombia presentó el informe en Madrid (España) en un evento en la Casa de América. Allí dos comisionados presentaron las conclusiones del texto que recopila información de 112 bases de datos y testimonios de colombianos residentes en diferentes países del mundo.

El informe logró establecer que durante 60 años de confrontación armada en Colombia se perpetraron 50.770 secuestros, 121.768 desapariciones, 450.664 asesinatos y 7,7 millones de personas fueran víctimas de desplazamiento forzado.

Respecto a la responsabilidad de los homicidios, los grupos paramilitares fueron los mayores responsables -205.028 víctimas, el 45 por ciento-; seguidos de los grupos guerrilleros -122.813 víctimas, el 27 por ciento-, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) los que más asesinatos acumularon; y por último los agentes estatales -56.094 víctimas, el 12 por ciento-, de acuerdo al informe.

Fuente: Infobae.com

sábado, 21 de mayo de 2022

La hora de Colombia

Es indudable que cualquier proceso de construcción y consolidación de la paz siempre enfrenta un camino lleno de obstáculos, pero ello no deben ser óbice para quienes se empeñan en perseverar en la senda elegida, pues son conscientes de que era, es y siempre será la única alternativa posible. La paz, fruto del entendimiento, la negociación y el acuerdo, siempre será mejor que el doloroso recurso a la violencia para imponer las ideas propias, por muy buenas que estas puedan llegar a parecer. Esto, que se aplicó y aún se aplica a Colombia, es también válido en otros contextos, como la guerra en Ucrania, pues antes o después los que hoy envían sus tropas al enfrentamiento, deberán volver a la mesa de negociaciones si en realidad quieren establecer una paz duradera para sus pueblos.



El que otrora pareciera un interminable e irresoluble conflicto colombiano, un buen día llegó a su fin, y fuimos muchos los que alrededor del mundo acompañamos ese proceso y nos alegramos y emocionamos con los nuevos horizontes que se abrían para tantas y tantas personas dentro como fuera de Colombia. Mi recuerdo y homenaje para las víctimas, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en especial a mis amigas y amigos del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ejemplo de organización y consecuencia para tantas otras comunidades nativas de Latinoamérica.

Una de las cosas más destacables de este proceso de paz fue que no se renunció a la justicia, no se bendijo la impunidad con leyes de amnistía, como la de Pinochet en Chile, las de Obediencia debida y Punto final en Argentina, o la torcida interpretación que hizo hace no muchos años el Tribunal Supremo español sobre la Ley de Amnistía de 1977. Con soluciones novedosas y que están haciendo historia, Colombia ha buscado los mecanismos especiales para hacer justicia, a pesar de las dificultades y de los defectos propios de un sistema nuevo, que pretende conciliar la justicia con el proceso de paz, demostrando que ambas son posibles, necesarias, complementarias y no excluyentes como tantas veces erróneamente se ha señalado.


Fuente: El Espectador

martes, 3 de mayo de 2022

El candidato colombiano Petro denuncia que lo quieren asesinar y cancela su gira en centro-oeste




 BOGOTÁ (Sputnik) — La campaña del candidato presidencial colombiano de la coalición Pacto Histórico (izquierda), Gustavo Petro, denunció a través de un comunicado un plan que atenta contra la seguridad y vida del político y la cancelación de su agenda política en el Eje Cafetero (centro-este), lugar que visitaría este 3 y 4 de mayo.

"De acuerdo con la labor realizada por equipo de seguridad, que recibió información de primera mano de fuentes de la zona, el grupo criminal 'La Cordillera' estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego", dice el texto dirigido a la opinión pública.

El comunicado añade que las visitas a los departamentos del Eje Cafetero programadas para el próximo 3 y 4 de mayo fueron suspendidas "por motivos de seguridad".

"La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal", detalla la nota.

La información fue verificada por el equipo de análisis e investigaciones de la campaña 'Petro Presidente', "que tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad y algunos miembros de la institución policial, los cuales manifestaron que un integrante de la SIJIN [Seccionales de Investigación Judicial y Criminal] que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal", concluye el texto.

El excomandante de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hoy líder del partido Comunes (izquierda), Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', reaccionó a la noticia en su cuenta de Twitter y rechazó "toda acción violenta para intervenir en política".

"Mi solidaridad con Gustavo Petro ante posible plan para asesinarlo. Que no se repita la historia de [Jorge Eliécer] Gaitán, de [Jaime] Pardo Leal, de [Luis Carlos] Galán, de [Carlos] Pizarro y tantos otros. Viva la vida. Viva la paz", agregó Timochenko en referencia a otros candidatos presidenciales colombianos asesinados en el país.


Fuente: Sputnik 

jueves, 28 de abril de 2022

Falsos positivos en Colombia: las desgarradoras confesiones de los militares que por primera vez reconocen su participación en el asesinato de civiles que pasaban por guerrilleros



"Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos".

Palabras pronunciadas por el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrezen una comparecencia este martes sobre los llamados falsos positivos, la operación del ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) que mató civiles para pasarlos como bajas de combate.

"No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos", dijo Gutiérrez ante un centenar de víctimas convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la corte transicional que investiga el conflicto armado.

Así como otros nueve exsoldados, Gutiérrez dio estas estremecedoras declaraciones durante un evento frente a las víctimas de los falsos positivos en el Catatumbo, en el oriente del país.

"Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos", dijo Gutiérrez.

 Daniel Pardo

Corresponsal de BBC Mundo en Colombia

27 abril 2022

Fuente: BBC Mundo

miércoles, 19 de enero de 2022

La médica y líder social Luz Marina Arteaga fue asesinada, convirtiéndose en el sexto asesinato de un líder social en Colombia este año.

 Este 17 de enero de 2022 a la altura de la Vereda La Esmeralda del Municipio de Orocué, Casanare, en las aguas del Río Meta, fue encontrado el cuerpo sin vida de la Líderesa Social LUZ MARINA ARTEAGA HENAO, quien era médica de profesión.





#Justicia #NosEstánMatando

Luz Marina Arteaga, se convierte en el asesinato No. 6  de Líderes/as Sociales en Colombia en lo que va de 2022. Ella fue vista con vida por última vez el 12 de enero sobre las 16:30 horas cuando desembarcó de una lancha en el sector El Pasó de Pelencho.

Según testigos, ella se desembarcó en el lugar que queda a orillas del río Meta y es jurisdicción de Ocué, y se encontró con un hombre desconocido que había llegado en una motocicleta, desde entonces no se supo nada más de ella.

Se sabe que ella ese día tomó una lancha desde su Finca El Raudal ubicada en la Vereda Matarratón del Municipio de Puerto Gaitán, Meta para dirigirse hacia su residencia ubicada en el Municipio de Orocué.

Ella hacía parte de la veeduría al programa de adulto mayor de Orocué y del proceso de lucha por el arreglo y mantenimiento de las carretera y vías de acceso al dicho Municipio y fue reconocida por ser una crítica sobre el uso de los recursos públicos.

Además, era una reconocida líder campesina, defensora de derechos humanos y reclamante de tierras adscrita a varias Organizaciones Sociales del Meta, Casanare y el Oriente Colombiano, desde las que trabajó siempre en defensa del territorio.

Fue la Líderesa Social mas visible de las veredas El Porvenir y Matarratón en el proceso de exigencia de cumplimiento de las sentencias STP-16298 de 2015 de la @CorteSupremaJ y la SU-426 de 2016 de la @CConstitucional.

Dichas sentencias le ordenan a la @AgenciaTierras (ANT) adjudicarles estas tierras estas comunidades campesinas históricas y a las entidades gubernamentales proteger sus sus vidas y demás derechos fundamentales.

Por lo anterior sumado a varias amenazas, existían varias denuncias y un par de Alertas Tempranas emitidas por la @Corpoclaretiana y por @cjyiracastro en 2019 y otra emitida por la @DefensoriaCol en 2020 de las que el gobierno hizo caso omiso.

La propia @UNPColombia mediante la Resolución No. 0009094 del 16 de diciembre del 2019, había notificado el riesgo EXTRAORDINARIO que existía en contra de su vida, sien embargo no tomó las medias reales necesarias para protegerla dado que solo designó un medio de comunicación, un chaleco antibalas más un SLMLMV, que luego la propia entidad quiso revocar, pero al final a través resolución No.3188 del 11 de mayo de 2020, se la confirmaron por 3 meses más y luego quedó desprotegida.

Por todo lo anterior, podemos asegurar que aunque su muerte la haya ejecutado algún grupo criminal, los principales responsables de su asesinato son la @UNPColombia, el @mindefensa y el gobierno nacional en cabeza del criminal de @IvanDuque. (G.E.M.C.).

Fuente: Instituto Colombiano de Derechos Humanos (ICDH)

miércoles, 5 de enero de 2022

Colombia: 16 muertos en combates entre ELN y disidentes de las FARC

Al menos 16 personas murieron luego de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Colombia en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

#Colombia #FARC #ELN #Venezuela 



No se confirmó la identidad de las víctimas, sin embargo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que los cuerpos permanecen en las morgues donde se evaluará la causa de las muertes.

Los enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzaron el domingo serían por el «Control de economías ilícitas» en la frontera, dijo el Ejército en un comunicado.

El alcalde de Arauquita, Etelivar Torres, advirtió en un comunicado difundido a la prensa que la cifra de muertos podría ser mayor, 21 personas, según información que recibió de los representantes, quienes son monitores de derechos humanos del Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo advirtió que han identificado a 12 familias que se trasladan dentro del mismo departamento para huir de los enfrentamientos.

La Iglesia Católica pidió a los grupos ilegales que excluyan a la población civil de las hostilidades. “Pedimos que se brinde la debida asistencia a los heridos, que se respete la vida e integridad de los detenidos y que los cuerpos de los fallecidos sean tratados con dignidad”, instó el obispo de la diócesis de Arauca, Jaime Cristóbal Abril, en un liberar.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a través de Twitter para garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario e instó a proteger a la población civil y activar planes de contingencia.

Además, la oficina de la ONU solicitó dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas en las que advirtió del inminente riesgo que enfrentan más de 69.000 personas de la sociedad civil, incluidas poblaciones de especial protección como los pueblos indígenas, debido a la escalada de violencia entre el ELN y los disidentes de las FARC.


El presidente Duque anuncia medidas de seguridad

En la tarde de este lunes, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su gobierno «adelantó dos consejos de seguridad en las últimas horas», informando así la disposición de efectivos combinados del Ejército y la Policía, con el fin de reforzar la seguridad en la zona de conflicto.

Duque dijo que los grupos beligerantes «han venido operando a gusto en territorio venezolano con el consentimiento y protección del régimen dictatorial», acusando así abiertamente a su homólogo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ni el presidente venezolano ni su canciller, Félix Plasencia, reaccionaron hasta ahora al mensaje de Duque.

Fuente: Saltoaldía Uruguay

viernes, 6 de agosto de 2021

Millones de personas en América Latina amenazadas por el hambre

 Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) destaca la necesidad de tomar medidas en cinco “lugares críticos” en América Latina y el Caribe, donde millones de personas están en riesgo de pasar hambre.


Según el informe trimestral Hunger Hotspots, en Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan dificultades debido a una posible reducción en sus cosechas y los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Colombia está siendo afectada por disturbios sociales y una recesión económica, mientras que Haití ha sido golpeado por la crisis económica, la sequía, el malestar sociopolítico y el aumento de la inseguridad relacionada con la delincuencia.


Guatemala, Honduras y Nicaragua

Se espera que la situación de seguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y Nicaragua continúe empeorando, especialmente en el Corredor Seco, debido a lluvias por debajo del promedio que podrían afectar los cultivos, y por los efectos socioeconómicos del COVID-19.

La falta de alimentos podría afectar a 3,5 millones de personas en Guatemala y a 3,3 millones en Honduras, mientras que en Nicaragua alrededor de 300.000 personas tienen un consumo de alimentos insuficiente y es probable que su situación empeore en los próximos meses.

El informe sugiere acciones anticipatorias para mitigar el déficit de lluvias durante la temporada agrícola, y solicita apoyo para los agricultores y ganaderos más vulnerables, incluyendo la distribución de insumos y herramientas para el cultivo de variedades de ciclo corto, huertos de traspatio y apoyo a la salud animal para reducir la mortalidad y la morbilidad provocadas por la sequía.

También aconseja a los países que brinden respuestas de emergencia y apoyo para la recuperación de los medios de vida a los pequeños agricultores y pescadores afectados por huracanes en las áreas más impactadas de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Colombia

El informe destaca la inestabilidad social y la crisis económica como factores clave de la inseguridad alimentaria que afecta a Colombia y a los migrantes venezolanos en dicho país. La ola de protestas podría tener efectos en la situación de inseguridad alimentaria, a pesar de las favorables perspectivas de producción para la temporada de cosecha de 2021.

Según el Panorama de las necesidades Humanitarias de 2021, hay 3,5 millones de personas con un acceso muy irregular a los alimentos en Colombia, y el 73% de los 1,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el país estaba al borde del hambre en 2020.

El informe de las dos agencias de la ONU sugiere acciones anticipatorias para enfrentar esta crisis, como la distribución de efectivo a las personas más vulnerables en áreas rurales y urbanas para mitigar el impacto de los incrementos esperados en los precios de los alimentos.

Para ello, se necesitan 34,6 millones de dólares que garanticen el acceso a la comida, la nutrición y los medios de vida con los que apoyar a los migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida en las zonas rurales fronterizas mediante la rehabilitación de los sistemas de agua, la producción rápida de alimentos y forrajes, y la entrega de alimentos de emergencia.


Haití

Es probable que la combinación de la inestabilidad macroeconómica con el impacto de las condiciones secas en la temporada agrícola principal, junto al empeoramiento de la situación de seguridad en medio de la crisis política provoque un deterioro de los ya elevados niveles de carestía de alimentos en Haití.

Se estima que alrededor de 4,4 millones de personas se enfrentaron a una inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2021, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado.

El informe pide acciones preventivas, como la distribución de semillas de variedades de cultivos de maduración temprana y tolerantes a la sequía a los hogares vulnerables con acceso a la tierra para reactivar rápidamente la producción en las áreas afectadas por la sequía; la perforación de pozos y la distribución de forrajes, piensos, suplementos de nutrientes, tanques de recogida de agua y ganado menor a criadores de ganado.

Se necesitan 156 millones de dólares para mejorar la situación alimentaria y los medios de vida, y otros 5,2 millones para intervenciones de nutrición y apoyo a las redes de producción a través de transferencias de efectivo sin condiciones, que deberían ir acompañadas de insumos y las herramientas necesarias para los hogares vulnerables.


Fuente: Noticias ONU

lunes, 26 de julio de 2021

El negocio de la muerte: la JEP devela otra faceta monstruosa del Estado colombiano

 Eran aproximadamente las dos de la madrugada del 9 de febrero de 2005 cuando, en medio de la oscuridad y armados hasta los dientes, integrantes Patrulla Dinamarca 1 del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército Nacional llegaron hasta un humilde rancho ubicado en la comunidad de El Cerro, en la vereda El Pontón, perteneciente al corregimiento de Atánquez, a una hora de Valledupar en el departamento del Cesar. En el rancho se encontraban la niña perteneciente a la etnia Wiwa, Nohemí Esther Pacheco Zabata, de 13 años de edad y en estado de embarazo, junto con el indígena kankuamo, Hermes Enrique Carrillo Arias, de 23 años de edad. 


Con amenazas y engaños los militares sometieron y retuvieron a estas personas en el lugar, después los sacaron subrepticiamente de la vivienda obligándolos a desplazarse hasta un lugar apartado para, posteriormente, disparar sus fusiles de dotación contra la pareja desarmada e indefensa hasta matarlos. Después de asesinarlos, los militares alteraron el sitio donde cometieron el crimen para simular la ocurrencia de un combate y a las víctimas les pusieron el “kit de legalización”[1] que, en esta ocasión, consistió en un pantalón de la Policía Nacional “…una pistola calibre 7.65 mm marca Star sin número con un proveedor, tres cartuchos calibre 7.65, un revolver calibre 38 mm, una vaina calibre 38, un revolver hechizo, una granada aturdidora y una M26, un radio marca Yaesu, cinco cartuchos 25 mm, un morral color verde envejecido, un bolso, un par de botas de caucho color negro…”[2]. Horas más tarde, los militares presentaron a la pareja asesinada como guerrilleros del Frente 59 de las FARC-EP abatidos en un supuesto combate[3]. Los militares y el Instituto de Medicina Legal no quisieron entregar los cadáveres de las víctimas a sus familiares.


El entonces mayor del ejército Oscar Reinaldo Rey Linares, para esos años sub comandante del Batallón La Popa,  firmó un acta donde certificaba una recompensa de $500.000 COP (alrededor de 131 dólares al cambio actual), entregada a un supuesto informante por los “excelentes resultados” de la operación y reportó a las víctimas como NN[4]. Este fue el precio en el que el Ejército Nacional tasó las vidas de una niña indígena de 13 años embarazada y de un joven de 23 años, también indígena.

Rey Linares era amigo cercano del conocido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias El Ñeñe[5] y, entre otros favores, le facilitaba aeronaves de la Quinta Brigada para que el narco se transportara[6]. Alias El Ñeñe también era amigo del expresidente[7]  Álvaro Uribe[8] y presuntamente compró votos[9] que ayudaron a que Iván Duque ganase la presidencia en 2018[10].

Pese a las denuncias y alertas sustentadas en pruebas que fueron realizadas por organizaciones sociales nacionales e internacionales, el actual gobierno ascendió a Rey Linares en diciembre de 2020: ahora es Brigadier General, Comandante Quinta División del Ejército Nacional y lidera a “…más de 30 mil soldados que conforman esta unidad militar, responsable de la seguridad en el centro del país representada en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Caldas y la capital de la República”[11].

Este es tan solo uno de los al menos 127 aberrantes casos de asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe cometidos por miembros del batallón La Popa que han sido documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[12] bajo el caso 003 denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, una modalidad de asesinatos de personas inermes cometida principalmente por miembros del Ejército y la Policía Nacional colombianos para cobrar recompensas y presentar resultados falseados en la lucha contrainsurgente. La niña Nohemí y el joven Hermes forman parte de las alrededor de 8.208 víctimas mortales asesinadas en estado de indefensión a manos de miembros de las fuerzas armadas colombianas entre 1978 y 2008 para hacerlas pasar por guerrilleros y guerrilleras muertas en combate (de las cuales al menos 6.402, el 78%, se perpetraron bajo la presidencia de Álvaro Uribe), según datos de la JEP[13].

Esta es una parte de la verdad que revela el trabajo riguroso del mecanismo de justicia transicional tan atacado por los representantes del partido del actual gobierno. La JEP, mediante los Autos 125 y 128 de 2021, ha revelado aspectos fundamentales de este crimen que es, a su vez, crimen de Estado, crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, cometido por miembros de las fuerzas armadas en alianza con grupos paramilitares y funcionarios civiles del Estado.

El 2 de julio de 2021, en su Auto 125, la JEP determinó los crímenes y conductas ocurridos en el Catatumbo durante los años 2007 y 2008, atribuibles a miembros de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) del Ejército Nacional, además de los atribuibles a terceros civiles en el marco de los asesinatos perpetrados en Norte de Santander bajo la modalidad descrita, denominada por los medios de comunicación como “Falsos Positivos”.

El pasado 15 de julio, en su Auto 128 de 2021, este mismo tribunal les imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 militares (dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados) que cometieron asesinatos y desapariciones forzadas falsamente presentados como bajas en combate cuando operaron en el batallón La Popa, en el departamento del Cesar.

Dentro de los imputados y máximos responsables se encuentra un amigo entrañable de los poderosos líderes del partido de gobierno Centro Democrático[14], el coronel Publio Hernán Mejía, quien “…comandó el Batallón La Popa entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004[15], periodo durante el cual la unidad militar reportó 86 bajas en combate, 75 de las cuales corresponden a muertes ilegítimas”[16]. Según denuncias de sus subalternos, en algunas ocasiones este coronel pagó los asesinatos cometidos con cajas de arroz chino y entregándoles $100.000 COP (alrededor de 26 dólares al cambio actual)[17].

Mejía fue condenado en la justicia ordinaria por el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá a 19 años de cárcel y seis meses de prisión, por ser culpable de los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados ilegales y homicidio en persona protegida. El proceso en la justicia ordinaria estuvo rodeado de una serie de graves hechos como el asesinato de dos testigos, amenazas contra otros y denuncias de la Fiscalía sobre obstrucción a la justicia por parte de los acusados[18]. Después de la condena en la justicia ordinaria, el coronel solicitó ser aceptado por la JEP para así poder salir de la cárcel.

Hallazgos de la JEP en los Autos 125 y 128 de 2021

Frente a estos crímenes, los Autos de la JEP confirman que los imputados perpetraron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, afectando con brutalidad a civiles, especialmente a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. Además, los victimarios conformaron organizaciones criminales que operaban dentro de las unidades militares en alianza con paramilitares. Sus crímenes fueron una conducta “extendida y perpetrada a gran escala”, cuya finalidad era presentar resultados operacionales ficticios en los que mostraron como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército Nacional o por paramilitares. Los crímenes se cometieron con conocimiento pleno de su ilegalidad por parte de los victimarios y los responsables ocultaron sus actos para darles apariencia de legalidad, esto con el fin de responder a las presiones ocasionadas por la política de presentar resultados operacionales basados en la exigencia permanente de bajas o muertes en combate, mejorar la percepción de seguridad en la opinión pública, mostrar avances ficticios en la guerra contrainsurgente y cobrar el dinero de las recompensas.

Los crímenes obedecieron a un plan criminal y se enmarcan en dos macropatrones criminales:

El primero evidencia cómo los victimarios asesinaron, en alianza con paramilitares, a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin tener información previa real que verificara estos señalamientos y sin haber tenido lugar ningún combate.

El segundo patrón muestra cómo los victimarios basaron la elección de sus víctimas en la condición de vulnerabilidad que ellas presentaban: escogieron a personas que no tuviesen familiares o redes de apoyo que intentasen buscarlos posteriormente a su desaparición. Muchas de las víctimas fueron engañadas por las estructuras criminales mediante falsas promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para poder atraerlas y asesinarlas. Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que nadie reclamaría por su muerte, debido a la condición de vulnerabilidad dada por su marginalidad. La JEP hizo énfasis en que “…una de las peores formas que adquirió la práctica de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fue la deliberada manipulación o instrumentalización de las personas con discapacidades cognitivas. Esta forma de instrumentalización de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad pone de manifiesto el daño asociado a la idea de que las personas en condiciones de discapacidad son prescindibles en la sociedad, una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginación, que se concentran en prácticas deleznables como la ‘limpieza social’ y que, a su vez dañan a la sociedad en tanto le impiden reconocerse como diversa”[19].

Además, los Autos de la JEP develan, entre otros aspectos fundamentales, el modus operandi de los victimarios en cuanto a la planeación de los crímenes; la selección de las víctimas; la perpetración de los asesinatos y la simulación del combate; la legalización operacional de los asesinatos; el encubrimiento de los asesinatos, los victimarios y sus alianzas; así como la distribución de funciones y roles en la estructura criminal.

¿Podría ser este un ejemplo de una versión con tintes de “solución final”[20] por parte del nazismo criollo incrustado en las altas esferas del poder?

Conviene recordar que en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado y crímenes de guerra no solo son culpables quienes apretaron el gatillo, también lo son quienes los encubrieron, quienes intentaron ocultar esta realidad, quienes sabiendo que esto ocurría callaron con silencio cómplice y quienes defendieron a los criminales intentando borrar las evidencias de lo sucedido.

Es evidente el peligro que representa para una democracia y para el ejercicio de los derechos humanos el que criminales de lesa humanidad y criminales de guerra no sean juzgados y, por el contrario, se les premie con cargos de poder en la estructura de dominación que es el Estado. Su encubrimiento, sumado a los ataques a la JEP por parte de los líderes del partido de gobierno y de sectores poderosos de las fuerzas armadas, son una muestra del terror que le tienen a la verdad quienes viven cobijados por la sombra de la mentira y se sirven de ella para cometer los crímenes y delitos que los mantienen en el poder. De ahí se desprende la evidente importancia de la labor de la JEP en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición estipulados en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, así como para el ejercicio de una democracia real y garante de los derechos humanos.


Camilo Amador Bonilla Stucka.

Foto tomada de: Vanguardia

viernes, 9 de julio de 2021

Nuevo informe de CIDH sobre Colombia. Observaciones y recomendaciones

De acuerdo con cifras del Estado, en 2020 se registraron 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) reportó 133 asesinatos 10 contra dicho colectivo en ese mismo periodo. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró 310 homicidios de personas con liderazgo social y defensoras de los derechos humanos durante 2020. Adicionalmente, .


La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató en el asesinato de 73 firmantes del Acuerdo de Paz en ese mismo año





jueves, 3 de junio de 2021

CIDH visitará Colombia entre el 8 y 10 de junio para analizar situación de derechos humanos

 La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo reportan al menos 48 muertes durante las protestas que comenzaron el 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque, de las cuales 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones.




 Las cifras de muertos no coinciden


Las protestas antigubernamentales en Colombia iniciaron el 28 de abril y han dejado decenas de muertos. Sin embargo, la cifra de víctimas difiere según la fuente que se consulte.

Un informe conjunto presentado este lunes 31 de mayo por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo revela que se han registrado 48 muertes desde el comienzo de las movilizaciones.

De ese total, señala el informe, 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones y diez de ellas ocurrieron en Cali, la tercera ciudad del país y epicentro de las protestas.

Estas instituciones dijeron haber recibido más de 400 denuncias por desapariciones, de las cuales el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.

Por su parte, la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes, de las cuales 43 se las atribuyen a la Fuerza Pública.

En tanto, en la comunicación enviada por la vicepresidenta a la CIDH, la funcionaria recalca que las “protestas pacíficas se han visto opacadas por grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”.


Comité convoca a nueva movilización masiva

El Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos y organizaciones sociales, y el Gobierno de Iván Duque, volvieron a mostrar el domingo 30 de mayo sus diferencias y no llegaron a un acuerdo para poner fin a más de un mes de manifestaciones.

El Comité del Paro denunció que el Ejecutivo sacó del preacuerdo que habían alcanzado hace unas semanas "temas cruciales" como el no uso de la asistencia militar en la protesta. Por ese motivo, convocó nuevas movilizaciones masivas para el miércoles dos de junio.

 "Lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos", explicó el Gobierno, a su turno, en un comunicado.


Fuente: France24.com Con EFE y Reuters

lunes, 17 de mayo de 2021

El "odio" hacia los migrantes venezolanos se apodera de América Latina

"¿La verdad sobre los venecos? Por mí que los saquen como ratas". Ese tuit es sólo uno de los mensajes destacados por el barómetro de xenofobia, una herramienta creada por universitarios y oenegés en Colombia para medir el "odio" contra los migrantes venezolanos. El contenido aterra.

#Venezuela #Venezolanos #Xenofobia #Migración #Discriminación



"Comemierdas", "hijos de puta", "plaga" fueron otros de los insultos identificados por este medidor. El rechazo hacia los venezolanos que han emigrado masivamente en los últimos años crece en toda América Latina en un contexto económico sombrío y la pandemia del coronavirus.

Las salidas comenzaron luego de la elección de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez tras su muerte en 2013, y se intensificó entre 2014 y 2015, con una crisis económica que arruinó el poder adquisitivo y llevó a más de cinco millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones.

El flujo se ha ralentizado, pero no se ha detenido al transitar el octavo año de recesión económica en la otrora potencia petrolera.

"En principio había una inmigración de clase media alta, que iba en avión con documentos en regla, algún ahorro", explica a la AFP Claudia Vargas, socióloga que investiga el tema en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

"No ocurre así desde el final de 2014" cuando clases más pobres comenzaron a emigrar.

Cerca del 60% de los más de 5,4 millones de migrantes venezolanos no tienen papeles. Y la mayoría, unos 1,7 millones, vive en Colombia, por delante de Perú, Chile y Ecuador, según el sitio Frontera Viva.

- "Lo peor es Perú" -

Los "venecos" ahora son responsabilizados por la inseguridad, la delincuencia, el desempleo, los déficits públicos, los problemas en los hospitales, y hasta por el aumento en los divorcios.

Y el discurso xenófobo se ha ido imponiendo en Chile, Ecuador, Brasil y Perú, además de Colombia, donde el barómetro ha hecho un análisis de los insultos.

Juan Emilio L., un indocumentado venezolano de 31 años, terminó instalándose en Chile, tras pasar por Colombia, Ecuador y Perú.

"Es un pueblo más cerrado y está difícil sacar papeles, pero la verdad es que te dejan trabajar y no se meten contigo ni te repudian como sí me pasó en otros países", dice a la AFP. "El peor, Perú, ahí no nos quieren ver ni en pintura".

Videos de peruanos insultando a venezolanos circulan con frecuencia en redes sociales.

"¿Por qué eres tan idiota para transportar las 'huevadas'? Eres un imbécil, un idiota", le dice por ejemplo un cliente a un repartidor venezolano en Lima, según uno de ellos. "Estoy harto de ustedes (...) ¿Quieres que te mande de un combo (puñetazo) a tu puto país, hijo de puta?".

Perú, que tenía 60.000 venezolanos antes de la crisis, ahora alberga a unos 1,2 millones.

Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), un activo rival de Maduro, como su sucesor Martín Vizcarra mantuvieron una política de fronteras abiertas para los venezolanos. Pero las autoridades endurecieron sus medidas desde 2019, cuando el tema irrumpió en la escena política.

La lucha contra la inmigración ha estado en el centro de la campaña presidencial de 2021. Pedro Castillo, un nacionalista de izquierda que lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales en las 72 horas siguientes a su eventual llegada al poder: "que [Maduro] venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir".

Chile por su parte ha deportado a cientos de venezolanos en situación irregular.

"Devuelves a una persona a un país (...) que has reconocido en tu discurso político que corren peligro en su país", critica Vargas.

- ¿Refugiados? -

Algunos países han iniciado operaciones para integrar a sus inmigrantes. Colombia, que ha también deportado a venezolanos que cometieron crímenes, inició un plan de regularización para casi un millón de migrantes venezolanos, en medio de una disputa política entre Maduro y el presidente Iván Duque.

República Dominicana también espera regularizar a 115.000 venezolanos indocumentados, a los que considera una fuerza laboral "calificada", según Enrique García, director de Migración de este país que denuncia y condena la importante inmigración haitiana.

Pero la tendencia sigue siendo al cierre, explica Vargas, que pone como ejemplo la militarización de la frontera en Ecuador o los "muros legales", como documentos apostillados o altas tarifas administrativas, que dice han impuesto muchos países para dificultar la regularización.

"Lo único que esto genera es que haya mayor irregularidad y por tanto más personas en condiciones de vulnerabilidad", añade.

"Hay un reconocimiento de la crisis", que "amerita una responsabilidad añadida", dice la experta. Pero para ella, aunque lo ideal sería otorgar el estatus de refugiados a estos inmigrantes, ello representa "una responsabilidad legal, política y financiera demasiado grande que los países no tienen".

Fuente: Noticias Yahoo. AFP:bur-pgf/jt/gma