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lunes, 31 de mayo de 2021

ONG solicitan a la CIDH protección para una abogada salvadoreña por persecución

 San Salvador, 28 may (EFE).- Organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas de protección para la salvadoreña Bertha Deleón, quien fue abogada del presidente Nayib Bukele, por persecución política.



El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló en un comunicado emitido este viernes que Deleón, excandidata por un partido opositor, enfrenta "una campaña de estigmatización, hostigamiento y un proceso de criminalización que se ha emprendido en su contra, el cual podría derivar en una detención arbitraria".

La abogada, que defendió al presidente salvadoreño en al menos dos procesos por calumnia y expresiones de violencia contra la mujer, fue notificada recientemente que se abrieron tres casos penales en su contra.

Explicó recientemente a la prensa que estos casos están relacionados con denuncias del político Walter Araujo, uno de los principales defensores del Gobierno de Bukele en las redes sociales, y un abogado defensor del empresario Enrique Rais.

Deleón denunció a Araujo por expresiones de violencia contra la mujer en 2020 por diversas publicaciones que este hizo en las redes sociales, lo que también derivó en la anulación de la candidatura para diputado del político por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

La abogada también fue querellante en un caso contra Rais.

El Cejil señaló que la "solicitud de medidas se genera ante el riesgo inminente de un daño irreparable a los derechos de vida, integridad y libertad personal" de la letrada.

También destacó que Deleón fue querellante en el proceso que enfrentó el fallecido expresidente Francisco Flores por cargos de corrupción y ha defendido a "mujeres encarceladas por experimentar emergencias obstétricas en el contexto de penalización absoluta del aborto".

Añadió que Deleón "ha criticado públicamente actuaciones arbitrarias del actual mandatario (Bukele)", como el ingreso con militares y policías con fusiles de asalto en febrero de 2020 a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con declaraciones de la abogada, ese hecho marcó la ruptura de su relación con el presidente Bukele.

La petición de medidas de protección fue acompañada también por la abogada salvadoreña Ruth López Alfaro, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

En una entrevista con el medio local El Faro, Deleón señaló que el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, fue "impuesto por Bukele".

Delgado llegó a la Fiscalía el 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista votó por destituir del cargo de fiscal general a Raúl Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

"Ahora, ya se controla desde Presidencia a la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional. Lo que hace que nadie tenga garantías judiciales y eso es grave. Realmente es grave y para mí creo que es doblemente grave", dijo al medio.

Estas destituciones, criticadas especialmente por Estados Unidos, han generado preocupación en la comunidad internacional por suponer un atentado contra la separación de poderes.

Fuente: Yahoo Noticias (EFE)

viernes, 13 de noviembre de 2020

Perú: La Oficina de Derechos Humanos llama a las autoridades a respetar el derecho a la reunión pacífica

El lunes pasado, el jefe de Estado de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral” para ejercer el cargo. Al día siguiente asumió el puesto vacante el presidente del Congreso, Manuel Merino.



Estos acontecimientos desencadenaron una serie de protestas en el país que se han topado con una actuación policial preocupante, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El representante en América del Sur de esa dependencia regional  señaló que están recibiendo “información inquietante” y recordó que la policía “tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones”.

Jan Jarab detalló que el apego a esos estándares implica no utilizar la fuerza de manera ilegal, excesiva o arbitraria. “Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas sólo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, recalcó.

En un comunicado, Jarab instó a las autoridades peruanas a no restringir arbitrariamente el derecho de asamblea pacífica ni otras garantías fundamentales.

Por otra parte, exhortó a quienes deseen manifestarse a hacerlo pacíficamente y respetando las leyes.




Detenciones arbitrarias

Señaló que su Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales y llamó a poner fin a este tipo de procedimientos “incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.

Además, destacó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención, así como la notificación a sus familiares.

El representante se refirió en particular a la detención arbitraria y criminalización de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien se privó de la libertad durante 17 horas.

Jarab afirmó que la labor de Rodríguez se centra en el derecho a la defensa legal de las personas detenidas. “Insto a las autoridades a que la investigación en su contra sea independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos”, dijo.


Ataques a periodistas

Por otra parte, calificó de alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación que desempeñaban su tarea en medio de las protestas.

A este respecto, el representante recordó que el Estado tiene el deber de proteger la función de los defensores de derechos humanos y periodistas, particularmente en el marco de manifestaciones sociales. 

Denunció, asimismo, el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria y sostuvo que no se puede suspender de forma permanente un derecho fundamental -como el de reunión- sin considerar medidas que permitan ejercerlo, como son cumplir con los requisitos sanitarios. 

Fuente: Noticias ONU