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jueves, 6 de mayo de 2021

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia intentos de socavar instituciones nacionales de DD.HH. en América Latina y el Caribe

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder.



En los últimos dos años, la Oficina ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato.

Los incidentes incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, Bachelet manifestó su preocupación por las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

También hay inquietando que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

En ese sentido,la Jefa de ONU Derechos Humanos subrayó: “Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las INDH sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993.

La Alta Comisionada reconoció que las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la Covid-19.

Fuente: La tercera

viernes, 12 de marzo de 2021

Bachelet denuncia represalias contra colaboradores de la ONU en Venezuela

Michelle Bachelet denuncia que personas que colaboran con el trabajo humanitario y las investigaciones de derechos humanos de la ONU en Venezuela están sufriendo represalias.   



En su actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada aseguró que su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.  “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.

Bachelet además dijo que han recibido denuncias que individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. “Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”.



Todo esto se produce en un momento en el que la asistencia humanitaria es “esencial”. La Alta Comisionada dijo salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.

Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra el COVID-19.

La denuncia, incluye a los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.

Por otro lado, la Alta Comisionada aseguró que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Es decir, un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.


Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.

La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, esperando presentar “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.

En el reporte se señala que la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”, alertando de “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

Además se han “identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”, la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya fue tachado de escuadrón de exterminio.

Fuentes: La tercera, Noticias ONU, El pitazo (Youtube)