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viernes, 31 de enero de 2020

El Comité de Derechos Humanos abre la puerta a las solicitudes de asilo por cambio climático

Un hombre pidió asilo en Nueva Zelanda porque en su país, Kiribati, el cambio climático ha sumergido partes del territorio y ha afectado profundamente la economía. Nueva Zelanda se lo negó y lo deportó.  El migrante reportó el caso a un organismo de derechos humanos de la ONU. 

Los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático y que violan el derecho a la vida, declaró el Comité de Derechos Humanos de la ONU en una decisión histórica que sentará precedente.



El Comité hizo la afirmación al responder a la queja de Ioane Teitiota, cuya solicitud de asilo fue denegada en 2015 por Nueva Zelanda, y fue deportado a su país de origen, Kiribati, donde el cambio climático ha creado condiciones graves que atentan contra sus derechos.

Teitiota argumentó que el país violó su derecho a la vida al expulsarlo, ya que el aumento del nivel del mar y otros efectos climáticos han hecho que Kiribati sea inhabitable para todos sus residentes: han ocurrido disputas violentas por la tierra habitable que es cada vez más escasa; la degradación ambiental dificulta la agricultura familiar; y el suministro de agua dulce se ha contaminado de agua salada.


El Comité determinó que en el caso específico de Teitiota, los tribunales de Nueva Zelanda no violaron su derecho a la vida en el momento de los hechos, porque la evaluación exhaustiva y cuidadosa de su testimonio y otra información disponible condujo a la determinación de que, a pesar de la seriedad de la situación, en Kiribati se habían adoptado medidas de protección suficientes.

Sin embargo, dijo el experto del Comité Yuval Shany, "este fallo establece nuevos estándares que podrían facilitar el éxito de futuras solicitudes de asilo relacionadas con el cambio climático".

El Comité también aclaró que las personas que solicitan el estado de asilo no están obligadas a demostrar que enfrentarían un daño inminente si regresaran a sus países. Los expertos aseguraron que el daño inducido por el cambio climático puede ocurrir tanto a través de eventos repentinos (como tormentas e inundaciones intensas) como a través de procesos más largos (como el aumento del nivel del mar, la salinización y la degradación de la tierra). Ambos tipos de situaciones pueden llevar a las personas a cruzar las fronteras para buscar protección.

En el fallo también se destacó el papel que debe desempeñar la comunidad internacional para ayudar a los países afectados negativamente por el cambio climático.

El Comité declaró que, sin esfuerzos nacionales e internacionales sólidos, los efectos del cambio climático en los países de donde las personas emigran pueden activar las obligaciones de “no devolución” en los Estados receptores. “El riesgo de que un país entero termine sumergido bajo el agua es tan extremo, que las condiciones de vida en esa nación pueden volverse incompatibles con el derecho a la vida y la dignidad incluso antes de que ocurra”, aseguraron los expertos.

El fallo marca la primera decisión de un organismo de tratados de derechos humanos de la ONU sobre una queja de un individuo que busca p rotección de asilo contra los efectos del cambio climático.

ACNUR aplaude la decisión

La Agencia de la ONU para los Refugiados calificó la decisión de “histórica” y destacó que puede tener repercusiones importantes para la protección internacional de las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y los desastres.

También subrayó la importancia de que los países adopten medidas para prevenir o mitigar los riesgos asociados al cambio climático, que en el futuro podrían obligar a las personas a abandonar el país, lo que conllevaría una serie de obligaciones internacionales

Fuente: Noticias ONU

El secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, dijo al respecto "Esta es una gran noticia que protegerá los derechos humanos de muchos migrantes desde hoy, pero también en el futuro. Esperemos podamos frenar el cambio climático antes de algún punto de no retorno"

martes, 28 de enero de 2020

Lenín Moreno da el primer paso para el retorno de la Aldhu

Quito -
El 7 de enero, con la firma del Decreto 968, el presidente Lenín Moreno dio el primer paso para que la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu) retorne al país, tras casi once años.



Este documento deroga el Decreto 1588, emitido el 16 de febrero del 2009, por el expresidente Rafael Correa, con el cual se denunciaba y se declaraba por terminado el ‘Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Aldhu’, con lo que los once representantes de esa organización abandonaron el país, pues ya no contaban con la inmunidad que les daba la visa diplomática para actuar.

Correa tomó esa decisión en medio del escándalo que significó el involucramiento de Ignacio Chauvín, exsubsecretario del Interior y excolaborador de la Aldhu, en una supuesta red de narcotráfico que conectaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Chauvín declaró que se reunió varias ocasiones con alias Raúl Reyes, quien murió el 1 de marzo del 2008, junto con otras 25 personas, en un ataque del Ejército de Colombia a un campamento guerrillero ubicado en territorio ecuatoriano en Angostura-Sucumbíos.

El escándalo salpicó al exministro de Seguridad de Correa y fundador de la Aldhu Gustavo Larrea por supuestos nexos con las FARC. Larrea nunca regresó al gobierno de Correa y el distanciamiento se acentuó con las discrepancias en la consulta popular del 2011.

La pérdida de privilegios aleja a Aldhu y a Parra del Ecuador
Lo último que hizo la Aldhu en Ecuador fue un plan para asistir a comunidades desplazadas en la frontera norte, emitiendo carnés que luego fueron desautorizados por el gobierno de Correa.

Sobre el decreto de Moreno, el secretario general de la Aldhu, Juan de Dios Parra, manifestó que es como una declaración de “voluntad política”, pues en derecho administrativo un decreto derogatorio no restituye el decreto derogado y ahora tiene que hacerse un nuevo convenio y están en conversaciones con Cancillería.

“Esto es abrir la puerta, pero aún no dejar entrar (risas)... primero hemos agradecido al Gobierno del Ecuador el gesto porque nos parece un gesto reparatorio de una injusticia, pues la Asociación fue fundada por el presidente Jaime Roldós en 1980”, dijo.

Larrea señaló que el regreso de la Aldhu le parece “bien” por el país, pues se cuenta con un organismo internacional de derechos humanos, fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la libertad.

Sobre la relación entre Parra, Larrea y Moreno, Parra califica a Moreno como un “amigo” con el que a veces conversan y Larrea, con su movimiento político Democracia Sí, ha mostrado su respaldo a Moreno.

La Asociación nunca dejó de existir porque su decreto fundador nunca fue derogado y por eso opera, hasta ahora, en otros países. Tiene la Secretaría General en Uruguay y la Presidencia en Chile.

Parra informó que la intención es volver definitivamente a Ecuador con un acto de lanzamiento el próximo 10 de agosto, mientras tanto trabajan con un grupo de abogados de Ecuador y víctimas de violaciones de derechos humanos en el régimen de Correa para realizar denuncias ante la Fiscalía General del Estado y agotadas las instancias nacionales acudir a las internacionales, en las que la Aldhu acompañará a quienes así lo decidan.

Fuente: El Universo

Misión canadiense en Chile dice que violaciones a derechos humanos “continúan” y advierte de “represión sistemática y masiva”

La Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos que arribó al país el 18 de enero emitió un informe preliminar de su trabajo, advirtiendo de una “represión sistemática y masiva” en el país, tras el estallido social de octubre de 2019.

Diputados de los parlamentos de Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores, se desplegaron en las ciudades de Santiago, Antofagasta y Valparaíso con la finalidad de actualizar y complementar los datos de las misiones que ya despacharon sus informes sobre la situación en Chile.

“Después de tres meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social”, señalan en su primer reporte oficial dado a conocer este lunes.

La misión agrega que “los datos y testimonios que hemos recogido indican que si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de ésta se mantiene y se agrava por el efecto acumulativo y aun no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales”.

Además la misión canadiense sostiene que en sus entrevistas se acusa “una represión sistemática y masiva”.

“El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica anti-democrática”, aseguran.

Fuente: La tercera

lunes, 27 de enero de 2020

Cepal: La desigualdad es la causa estructural del malestar social en América Latina

La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, señaló que las protestas en la región pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social.



La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la reunión del Foro Económico Mundial 2020 que culminó este viernes en Davos, Suiza.

Bárcena participó durante la semana en diversas sesiones del Foro global, en las que abordó el origen y la persistencia de la desigualdad en los países de la región, así como el impacto que, asociada al bajo crecimiento, esta tiene en el desarrollo, la innovación, la inclusión y la productividad.

También subrayó la importancia de la inversión pública y privada para potenciar la diversificación productiva, la infraestructura y la integración regional.

“Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social. A partir de las movilizaciones hemos visto cómo algunos gobiernos han accedido a avanzar en mejoras estructurales a bienes públicos esenciales, como salud, educación, pensiones y transporte”, afirmó Bárcena durante una intervención en la sesión sobre Cómo convertir la protesta en progreso (How to Turn Protest into Progress).

Durante su intervención, Bárcena subrayó que hay un desencanto social que se manifiesta principalmente en los más jóvenes de la región, debido a que se generaron expectativas que no han sido cumplidas.

Derecho a protesta
Asimismo, destacó la importancia del respeto por los derechos humanos y el derecho a la protesta, y llamó a construir nuevos pactos sociales con miras a garantizar el bien público.

“Muchos países no contemplan el derecho a la protesta. En las Naciones Unidas defendemos los derechos humanos, la igualdad, la justicia y las voces de los que no tienen voz”, señaló.

Bárcena participó también en una sesión titulada América Latina: Respondiendo a las nuevas expectativas (Latin America: Responding to New Expectations) donde enfatizó que la gran fábrica de la desigualdad en la región es la enorme heterogeneidad estructural.

Por ello, dijo, es urgente avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen acceso a protección social y a bienes públicos de calidad, como salud y educación, vivienda y transporte.

La secretaria ejecutiva de la Cepal advirtió sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios en la región, que continúan experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos.

Fuente: La tercera


viernes, 24 de enero de 2020

La migración debe considerarse un potencial para el desarrollo, pide foro de la ONU

Con un llamado a considerar la movilidad humana como un potencial para el desarrollo económico de los países receptores y no como un problema, concluyó el jueves la duodécima cumbre mundial del Foro Global sobre Migración y Desarrollo de la ONU.

"El desarrollo económico es posible gracias a la movilidad humana que se facilita con calidad, de manera apegada al derecho y respetando los derechos humanos", dijo en la ceremonia de clausura Cristian Espinosa, canciller encargado de Ecuador.

El diplomático agregó que "ese flujo de población que da fuerza al desarrollo dependerá muchísimo de cómo se manejen los sistemas, los procesos migratorios" en los países de acogida.

"La migración a la que nos referimos muchas veces como un problema no es tal. En la migración está la solución para el desarrollo", apuntó Espinosa.

La cumbre sobre Migración y Desarrollo que se realizó en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito acogió a 1.500 delegados de gobiernos, organizaciones sociales, de la academia y de la sociedad civil.

Santiago Chávez, presidente del foro, recordó que hay 270 millones de emigrantes en el mundo, de los cuales 100 millones son mujeres.

Los migrantes requieren "compromiso y respuestas eficaces" para atender sus necesidades. en ese sentido destacó que durante la presidencia pro tempore de Ecuador, buscó combatir noticias falsas sobre migración y organizó reuniones regionales para tratar las necesidades de la comunidad migrante.

Juan Felipe Hunt, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, recordó que los migrantes están expuestos a la vulneración de derechos laborales y discriminación en ese ámbito. Por lo que llamó a hacer un "mayor esfuerzo colectivo para incrementar la visibilidad y la capacidad de respuesta".

La migración puede "aportar importantes beneficios a los mercados de trabajo, crecimiento económico para las sociedades y beneficios de desarrollo para los migrantes y para sus familias", sostuvo.

Está previsto que la próxima cita del Foro Global sobre Migración y Desarrollo de la ONU se realice en Dubai en diciembre de 2020. Emiratos Árabes Unidos es el primer país de la región del golfo en asumir la presidencia del foro.

Fuente: Infobae

jueves, 23 de enero de 2020

Foro mundial sobre migración de ONU inicia en Ecuador con desafío a países de acogida

La duodécima cumbre mundial del Foro Global sobre Migración y Desarrollo de la ONU se inauguró este martes en Ecuador con el reto de enfrentar la movilidad humana con un enfoque de derechos humanos pese a la limitada capacidad de acogida.


"La temática de las migraciones constituye hoy en día uno de los grandes desafíos de nuestra era y estamos llamados a afrontarlo con un enfoque de derechos humanos y una visión pragmática", dijo el diplomático ecuatoriano Santiago Chávez, presidente pro tempore del foro, que se desarrollará hasta el viernes.

Agregó que es un reto de los gobiernos "garantizar el equilibrio necesario entre migración y seguridad" y buscar la manera de aumentar las fuentes de empleo para migrantes y la comunidad de acogida.

En el encuentro, que se cumple en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, participan unos 1.500 delegados de gobiernos, organizaciones sociales, de la academia y de la sociedad civil.

En la bienvenida, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonenholzner, se refirió a la migración venezolana y lamentó que la crisis política y económica "no pinta para mejor" en ese país.

"Es un problema de todos que eso se resuelva porque también las capacidades están excedidas" en los países que acogen a venezolanos, señaló.

Alrededor de 4,8 millones de venezolanos emigraron a raíz de la crisis en su país, según la ONU.

En el marco del foro, que se inició el lunes, el viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Carlos Velástegui, señaló que un 84% de los migrantes venezolanos se han dirigido a países de América Latina y el Caribe, siendo Colombia, Perú y Ecuador los mayores receptores.

Sonenholzner exhortó a los delegados a debatir mecanismos para que "esta migración, que ya es un hecho, encuentre estabilidad y prosperidad y sume al desarrollo de los países a los que llega".

Fuente: Infobae

martes, 21 de enero de 2020

ANÁLISIS América Latina en Davos

La cumbre, y la edición latinoamericana del Foro Económico, prevista para abril, son una oportunidad para fortalecer la colaboración público-privada.

Hace diez años, asumimos con entusiasmo la que sería “La Década Latinoamericana”, pensando que seríamos capaces de aprovechar los vastos recursos naturales y el dinámico potencial humano para atender los rezagos en materia de desarrollo y cerrar diversas brechas, particularmente en la agenda económica y social.



Si bien es necesario reconocer la heterogeneidad y el desempeño económico diferenciado de cada nación, y a pesar de los avances importantes logrados en diferentes áreas, el balance de la década estuvo lejos de alcanzar las expectativas.

Varios países en América Latina están experimentando protestas provocadas por el malestar de la sociedad ante una serie de necesidades y aspiraciones insatisfechas, además que denotan la pérdida de confianza en la clase gobernante y en las instituciones.

Ahora la ciudadanía es más impaciente y más exigente, y a través de las redes sociales cuenta con la conectividad que facilita exponencialmente a la sociedad civil movilizarse y poder reclamar colectivamente. Estas manifestaciones son en gran medida contra la desigualdad, el alto costo de vida, la corrupción y la inseguridad, condiciones que además han forzado a muchos a emigrar en búsqueda de oportunidades fuera de sus países de origen.

Con una perspectiva de crecimiento económico regional insuficiente, estancamiento en la productividad y desafíos fiscales, a pesar de la resiliencia demostrada en el pasado, la región requiere tomar medidas audaces para responder a una amenaza de recesión global y fortalecer las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo.

Pero el reto no es solo aumentar el crecimiento, sino que debe procurarse un crecimiento con mayor inclusión, equidad y sostenibilidad, que no represente solo una cifra macroeconómica, sino que pueda reflejarse en el bienestar de las personas y facultar una mayor movilidad social.

En el frente político, la polarización ideológica, la corrupción, las políticas gubernamentales y los servicios públicos ineficientes han debilitado aún más la confianza de la sociedad en las instituciones, lo que podría llevar a una peligrosa erosión de la democracia y del Estado de Derecho; mientras que las diferencias ideológicas y la fragmentación regional hacen que la búsqueda de respuestas regionales también sea más compleja.

El cambio climático y las amenazas ambientales han surgido también como un riesgo que conlleva graves consecuencias para el desarrollo; lamentablemente, éste es un riesgo que aún no es suficientemente advertido en Latinoamérica.

Los procesos de reformas que apuntan a modernizar el Estado y la economía son necesarios, pero resultan insuficientes. Las iniciativas que buscan una mayor estabilidad económica e impulsar el entorno empresarial, facilitando así las inversiones y el crecimiento económico son un paso muy importante, sin embargo, ante el contexto de volatilidad que predomina en la región y a la luz del descontento social existente, de los desafíos en gobernabilidad y de los problemas ambientales, se requiere definir un nuevo enfoque económico y social centrado en el ser humano, como una prioridad absoluta.
Muchos de los retos latinoamericanos se ven reflejados también en otras geografías y cobran una preocupación a escala global.

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que marca su 50º. Aniversario, ha convocado en Davos a los principales líderes mundiales de todos los sectores de la sociedad para colaborar en estos asuntos apremiantes y ejercer su liderazgo para catalizar el cambio en seis áreas esenciales: economía, industria, sociedad, medioambiente, geopolítica y tecnología.

Parte importante del enfoque de la reunión se centrará en retomar el concepto del “Capitalismo de las Partes Interesadas” (Stakeholders Capitalism) planteado en 1971 por el Profesor Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, que propone un modelo en el que más allá de los intereses puramente financieros y la maximización de las ganancias, las empresas deberían adquirir responsabilidades para con sus partes interesadas, buscando también beneficios sociales y medioambientales.

Ahora son más los ejecutivos e inversionistas que comprenden que su éxito a largo plazo depende también del éxito de sus empleados, de sus proveedores, de sus clientes y de la comunidad en general. Muchos deben sumarse a este compromiso.

Como complemento, se presentará el “Manifiesto de Davos 2020” basado en su versión original de 1973, documento pionero que propone que las empresas deben servir a la sociedad y no solo a sus accionistas o propietarios.

Este Manifiesto ha sido actualizado para responder a los desafíos actuales y entre otros aspectos concretos, promueve la responsabilidad fiscal de las empresas, tolerancia cero a la corrupción, responsabilidad social y medioambiental, y respeto a los derechos humanos.

Además, se promoverá la medición de impacto ecológico, social y de gobernanza, y se activarán 160 iniciativas que contribuirán a una necesaria transformación sistémica al nivel global, promoviendo también la implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la aceleración en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre estas iniciativas se destacan la siembra de un billón de árboles (One Trillion Trees) y la capacitación de mil millones de personas en la próxima década para prepararse en las actividades laborales que demanda la Cuarta Revolución Industrial.

Ocho gobiernos latinoamericanos estarán presentes en Davos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá, al igual que importantes Organismos Regionales, empresarios, académicos, influyentes líderes de medios de comunicación, jóvenes y miembros de la sociedad civil de casi todos los países de la región.

Nos encontramos en un momento decisivo para dar forma al futuro de América Latina y esta reunión, al igual que la edición latinoamericana del Foro Económico Mundial, que celebraremos en abril, ofrecerán una oportunidad para fortalecer la colaboración público-privada y explorar cómo podemos aprovechar mejor las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial, así como definir nuevos modelos de crecimiento que pueden sentar las bases para desarrollar sociedades más equitativas y sostenibles, responsabilizarnos ante los desafíos medioambientales y lograr mayor certidumbre para el largo plazo, procurando que esta nueva década sea verdaderamente próspera para nuestra región.

Marisol Argueta de Barillas
Directora para América Latina del Foro Económico Mundial

Fuente: Portafolio

lunes, 20 de enero de 2020

Comisión Chilena de Derechos Humanos tilda a Sebastián Piñera de “Presidente ilegítimo, carente de autoridad”

El organismo justificó su denominación del mandatario en que las violaciones a los derechos humanos "convierten al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, el cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno".



En una contundente declaración, la Comisión Chilena de Derechos Humanos evaluó negativamente la administración gubernamental del denominado “estallido social”. Desde las violaciones a los DD.HH. hasta la promoción de proyectos de ley que “profundizan el modelo en crisis”, la Comisión criticó duramente las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Sebastián Piñera, que según la evaluación de la comisión, lo convierten en un Presidente ilegítimo.

El texto comienza criticando las violaciones a los DD.HH., aludiendo a los numerosos organismos nacionales e internacionales que han condenado estos hechos.

A renglón seguido, el comunicado critica que a pesar de lo profundo de la crisis, el gobierno no haya generado proyectos de ley que vayan en beneficio de los derechos sociales.

“Ninguna medida se ha traducido hasta ahora, en propiciar los cambios estructurales al modelo económico social y político imperante, que permitan que derechos sociales fundamentales, como el derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo decente, a la remuneración justa y a la vivienda digna, entre otros, sean debidamente garantizados”, criticaron desde la comisión.

“Muy por el contrario, el Gobierno ha impulsado iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis, como la cuestionada reforma a Fonasa, la que según expertos, sólo conducirá a la privatización del Sistema de Salud Pública, ya precarizado. Del mismo modo, ha promovido una reforma de pensiones que consolida la capitalización individual y el modelo de las AFPs, alejando toda posibilidad de avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social”, sostienen.

A su vez -agregan desde la Comisión- “el Gobierno ha priorizado una serie de iniciativas legislativas, de la denominada Agenda de Seguridad Pública, (Ley Antisaqueos y Antibarricadas), que han sido cuestionadas por Naciones Unidas por comprometer gravemente el derecho a reunión y a la manifestación pacífica. Aun así, ha persistido en su empeño”.

“En suma, un Gobierno que no escucha las demandas mayoritarias del pueblo chileno, que desoye las recomendaciones de Naciones Unidas, que defiende el statu quo a través de iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis y cuyo único sostén de apoyo es la fuerza de la represión, violando los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, convierte al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno”, concluye la Comisión Chile de Derechos Humanos en su comunicado.

Fuente: El desconcierto

viernes, 17 de enero de 2020

Otro llamado de atención de la ONU al Gobierno: representante en América del Sur de la oficina de Bachelet cuestionó duramente la agenda de seguridad de Piñera

El representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, envió una carta a la Cámara de Diputados en donde expresa su preocupación respecto a la legislación en trámite, y recuerda que ésta debe ajustarse a los “estándares internacionales que regulan el derecho a la reunión”. "La respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo” y "la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio", insiste. La misiva representa el segundo “tirón de orejas” de la ACNUDH al Gobierno de Chile, luego que en diciembre pasado la oficina emitió un informe de la misión de observadores enviada al país y que concluyó que “hay razones fundadas” para establecer que hubo “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” durante el estallido social.



Una serie de críticas a la denominada "agenda de seguridad" impulsada por el Gobierno tras el estallido social del pasado 18 de octubre, formuló Jan Jarab, el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

El personero envió una carta a la Cámara de Diputados en donde expresa su preocupación respecto a los proyectos de ley en trámite y señala que "la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo” y "la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la última ratio".

“Algunas de las referidas iniciativas legislativas arriesgan perjudicar el ejercicio de una serie de derechos humanos, particularmente el derecho a la manifestación pacífica y los derechos que en este contexto convergen, como la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión, y la participación en asuntos públicos”, entre otros.

La misiva representa el segundo “tirón de orejas” de la ACNUDH al Gobierno de Chile, luego que en diciembre pasado la oficina emitió un informe de la misión de observadores que envió a Chile y que concluyó que “hay razones fundadas” para establecer que hubo “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” durante el estallido social.

La crítica principal de la oficina de la ONU apunta al "proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables", más conocido como ley "antisaqueos y antibarricadas", que además incluye sanciones a “el que baila pasa”.

Los cuestionamientos

En el documento, el representante regional de la ACNUDH insta a los parlamentarios “a legislar teniendo en consideración el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos para la plena vigencia de derechos humanos de todas las personas en el país y los estándares internacionales que regulan el derecho a la reunión”. Sin embargo, el proyecto fue despachado a ley ayer en la Cámara de Diputados.

En este contexto, la ONU refuta la lógica de las manifestaciones “autorizadas” que defiende el Gobierno, al sostener que “los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos resaltan que el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización, la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse; y la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de las policías de identificar y aportar los elementos violentos (y no en la criminalización de esa conducta)”.

Es más, recuerda que “según los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe ser motivo para la dispersión de una protesta ni tampoco para la criminalización de los participantes”.

En cuanto a los saqueos, Jarab reconoce que "los robos, daños, incendios y saqueos son conductas ilegales y punibles conforme a la legislación nacional vigente". Sin embargo, añade que "lo que ha dificultado la persecución penal de los perpetradores no es la falta de tipos penales, de penas más altas o de agravantes de responsabilidad penal, sino la ineficacia de la policía de identificar y perseguir a estos autores de hechos ilícitos".

En esta línea, apunta a Carabineros y a la PDI señalando que "la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de los policías de identificar y apartar los elementos violentos (y no en la criminalización de otras conductas)".

Revise la carta oficial acá

Fuente: El mostrador

jueves, 16 de enero de 2020

Organismos de derechos humanos rechazan plan de reconciliación de gobierno sandinista

MANAGUA, NICARAGUA —

Organismos de derechos humanos en Nicaragua rechazaron el plan de reconciliación y Derechos Humanos que pretende ejecutar el gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega durante el año 2020.



Representantes de esos organismos sostienen que el plan, que según el gobierno tiene el objetivo de “fortalecer la paz y la justicia social” en el país, carece de imparcialidad y un verdadero sentido de libertad y justicia.

Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó que, “la verdadera y macabra intención es procurar que la gente mediante descripciones o pensamientos, instrucciones dogmáticas, se fanatice a favor del gobierno". "Estamos hablando que aquí hubo una gran cantidad de muertos”, señaló

En tanto la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, criticó el plan y aseguró que el gobierno solo intenta limpiar su imagen ante la comunidad internacional.

“Es prácticamente un esfuerzo de cambiar su imagen ante la comunidad internacional que son los únicos que les interesan, por el miedo a las sanciones y tratar de vender la imagen de que aquí en Nicaragua se están respetando los derechos humanos”, dijo la defensora a la Voz de América.

Núñez aseguró que el gobierno está “acorralado y desesperado”, por lo que intenta “manosear e instrumentalizar” el tema de los derechos humanos como una estrategia de apropiación para ocultar la represión que siguen viviendo los nicaragüenses. Agregó que el gobierno sandinista representa “la dictadura más cruel y sanguinaria” que ha enfrentado el pueblo de Nicaragua.

El gobierno del presidente Daniel Ortega presentó el plan esta semana en presencia de representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de la juventud, y organizaciones sociales afines al gobierno, sin tomar en cuenta a los organismos de derechos humanos que trabajan en el país.

Ortega despojó a la CENIDH de su personería jurídica por brindar acompañamiento a víctimas de la represión estatal.

Sobre el plan de reconciliación, el diputado sandinista, Carlos Emilio López, aseguró a medios oficiales que el primer eje de trabajo será la conformación de la Promotoría de la reconciliación y los derechos humanos.

“Promover la concienciación, el empoderamiento, la interiorización de los derechos humanos, el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos, de una cultura de paz, y una cultura de convivencia pacifica y armónica”.

Luego de dos años de conflicto, el país vive una de sus peores crisis sociopoliticas. Hasta la fecha organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizan más de 300 muertos, decenas de heridos y cientos de exiliados.

Fuente: La voz de América

miércoles, 15 de enero de 2020

HRW denuncia la precaria situación de los derechos humanos en Latinoamérica

De acuerdo a un informe de Human Rights Watch en países como Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México hay un entorno complicado que violenta la tranquilidad de las personas.


Pese a ciertos avances en algunos países, la situación de los derechos humanos en Latinoamérica sigue siendo precaria, según se desprende de un informe publicado por Human Rights Watch (HRW).

En su análisis anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la ONG con sede en Nueva York destaca importantes problemas en gran parte de América Latina, desde la violencia y la impunidad que imperan en México a la represión política en Venezuela o la tendencia de los Gobiernos a responder violentamente a las protestas.

Entre muchas otras cuestiones, el informe de HRW denuncia el uso de medios violentos para reprimir manifestaciones durante la oleada de protestas que se vivió en varios países de la región en los últimos meses.

El caso de Chile
Así, apunta que en Chile se utilizó "fuerza excesiva" para responder a las multitudinarias protestas que empezaron en octubre y que dejaron miles de heridos por los agentes.

"La Policía respondió de forma mucho más brutal de lo que debería. Hubo un claro uso excesivo de la fuerza", dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas.

Roth destacó que el Gobierno chileno ha mostrado plena cooperación con las investigaciones de su organización y que ha prometido cambios, pero subrayó que esa respuesta "excesivamente violenta a protestas bastante legítimas fue preocupante".

Bolivia y Ecuador
En Bolivia cita el alto número de muertos y heridos durante las movilizaciones del pasado noviembre y apunta que el decreto aprobado y luego derogado por el Gobierno interino que otorgaba inmunidad penal a militares y policías incumplía los estándares de derechos humanos y lanzaba un "peligroso mensaje".

En el caso de Ecuador, por ejemplo, la ONG también se hace eco la violencia en el contexto de las protestas, de informes de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos cuerpos de seguridad y de las limitaciones a las libertades que se dieron por el estado de emergencia declarado por el Gobierno en octubre. "Esta luz verde a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad es un problema que vemos en muchos Gobiernos de Latinoamérica", subrayó Roth.

Maduro en Venezuela
En su análisis, HRW acusa al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de reprimir a la oposición, utilizando la violencia contra los manifestantes, encarcelando a dirigentes políticos y llevando a civiles a tribunales militares. Además, denuncia que en el país no quedan instituciones que puedan limitar las acciones del Ejecutivo dado que Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, llenaron los tribunales de jueces que "ni siquiera pretenden ser independientes".

Mientras, señala que el país es escenario de una emergencia humanitaria, con importantes carencias de medicinas y alimentos, un fuerte repunte de la mortalidad materna e infantil y la reaparición de enfermedades antes erradicadas.

En su conferencia de prensa, Roth destacó como elemento positivo la respuesta dada a Venezuela por los países del llamado Grupo Lima, que han criticado con mucha dureza a Caracas y que han tomado medidas para que el Gobierno de Maduro rinda cuentas. "Tradicionalmente los Gobiernos latinoamericanos no se criticaban entre ellos por abusos de los derechos humanos, eso era algo que Estados Unidos hacía. Y ahora ese tabú se ha roto", señaló.

Cuba, Nicaragua y México
La represión gubernamental continúa también en Cuba, según HRW, que explica que el Gobierno de La Habana sigue actuando contra críticos y utilizando las detenciones arbitrarias para silenciar a defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.

En Nicaragua, la ONG acusa al Gobierno de Daniel Ortega de haber "desmantelado casi todos los controles institucionales al poder presidencial" y de reprimir de forma violenta y a través de la Justicia a críticos y opositores.

En México, HRW apunta que las violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad -incluidas torturas, desapariciones y abusos contra migrantes- continúan bajo la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Según Roth, la guerra contra las drogas que sigue librándose en el país "ha sido un desastre" por el uso de fuerzas militares, no preparadas para este tipo de acciones, y por la impunidad generalizada. Según la organización estadounidense, algunas medidas impulsadas por López Obrador pueden traer mejoras, pero por ahora faltan avances en su implementación.

El informe destaca también el enorme problema de la violencia en varios países centroamericanos, con algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, que ha forzado desplazamientos masivos de población.

Fuente: El períodico

martes, 14 de enero de 2020

La ONU expresa su preocupación por la muerte de activistas por los derechos humanos en Colombia

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el martes su preocupación por el elevado número de activistas asesinados en Colombia, pidiendo al Gobierno del presidente Iván Duque hacer más esfuerzos por prevenir los ataques y castigar a los culpables.



La violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales se ha convertido en uno de los principales problemas para el gobierno de Colombia, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar la situación.

De acuerdo con Naciones Unidas, al menos 107 activistas fueron asesinados en el país sudamericano en 2019, una cifra que podría ascender a 120 si se confirman 13 casos en proceso de verificación, mientras que en 2018 se reportaron 115 homicidios.

“Y esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero”, dijo una declaración el portavoz de la Alta Comisionada, en Ginebra.

“Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones”, agregó.

La ONU aseguró que la mayoría de los asesinatos en 2019 fueron cometidos en áreas con economías ilícitas como el narcotráfico y la minería informal en donde operan grupos criminales que ocuparon espacios territoriales que dejó la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después del acuerdo de paz de 2016.

Duque dice que las cifras de asesinatos se han reducido desde que asumió la presidencia en 2018, al tiempo que acusa de los ataques a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz, además de bandas criminales conformadas por exparamilitares de derecha.

Fuente: Reuters

lunes, 13 de enero de 2020

Gobierno de Piñera rinde examen en Derechos Humanos: CIDH confirma visita a Chile a fines de enero

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) confirmó su visita a Chile para observar en terreno la situación que se vive en el país, tras las múltiples denuncias por violaciones a los Derechos Humanos que han existido en contra de agentes del Estado luego del estallido social. "Muy necesario cuando existe continuidad en confundir orden público con violación a DDHH. Basta de violencia", dijo el diputado Diego Ibáñez celebrando la noticia a través de Twitter. Por otro lado, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo a través de la misma red social que "desde ya, la imparcialidad de este informe está cuestionada" y criticó la forma en que fue anunciada la noticia por el secretario ejecutivo del organismo.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Chile a fines de enero para observar la situación ocurrida en el país en el marco de las manifestaciones llevadas a cabo desde el estallido social.

La noticia fue confirmada por el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrāo, a través de su cuenta de Twitter, quien señaló que "está confirmada la visita in loco - "en el lugar"- de la @CIDH a Chile para los próximos 26 a 31 de enero 2020 para observar la situación general de los DDHH en el país. Con previsión de visitar a varias ciudades y revisar diversos temas. Muy en breve se publicará la agenda definitiva".

La visita se enmarca en el contexto de las múltiples acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos por parte de manifestantes que apuntan al Gobierno, Carabineros y al Ejército como culpables de cometer actos de violencia desmedidos, violaciones y asesinatos.

"Una noticia importante. Esta será una visita histórica. Por primera vez en la historia la @CIDH en pleno realiza visita a Chile. 26 al 31 de enero 2020. Está vista es un triunfo de la sociedad civil chilena. Enhorabuena", comentó el abogado y académico de la Universidad de Chile, Pablo Nash.

"Muy necesario cuando existe continuidad en confundir orden público con violación a DDHh. Basta de violencia", sentenció el diputado Diego Ibáñez en la red social del pajarito azul.

Un poco más drástico y pidiendo dejar de lado la parcialidad fue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien dijo a través de la misma red social que "desde ya, la imparcialidad de este informe está cuestionada".

"El secretario ejecutivo de la @CIDH anuncia la visita con una foto de un monumento vandalizado y con delincuentes festinando con la destrucción de la principal plaza de Chile. Sin pudor", fustigó Kast.

De esta manera la CIDH se suma a las visitas de otras organizaciones como Human Right Watch y Amnistía Internacional, quienes en sus informes denunciaron que en Chile existen "graves violaciones a los Derechos Humanos".

Fuente: El mostrador

El secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra, aseguró al respecto: "Chile fue una isla durante mucho tiempo, es necesario empezar a observar las prácticas de otros países y respetar las opiniones de la comunidad internacional. Los derechos humanos no son cuestionables y no deberían ser violados bajo ninguna circunstancia".

viernes, 10 de enero de 2020

Solicitan protección en favor de 284 personas ante la CIDH

La Comisión Chilena de Derechos Humanos dio a conocer que el pasado 6 de enero presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de medidas cautelares de protección a favor de 284 personas, petición que se realizó en conjunto con la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de Argentina.



En dicha solicitud se da cuenta de la “situación grave y urgente” por la que atraviesan esas personas, todas ellas pertenecientes a siete organizaciones, quienes a su vez son: defensores y defensoras de derechos humanos, voluntarios y voluntarias de la salud, que prestan asistencia humanitaria en salud, profesionales del Colegio de Periodistas y manifestantes que además son víctimas de la represión al movimiento social.

La solicitud se fundamenta en base a “una contundente prueba que da cuenta de patrones de represión, dirigidos a personas en específico, por el solo hecho de ejercer su rol de defensa y protección de los derechos humanos, por comunicar lo que en Chile sucede, por realizar labores humanitarias como la protección de la salud de la población, tanto de manifestantes, transeúntes así como persona no movilizadas y por personas que por manifestarse, han sido lesionadas”, dijo el organismo en un comunicado.

Con relación a este último grupo, se solicitó la protección de 40 víctimas de trauma ocular. Afirmaron que se quiere cautelar con esta solicitud de medidas de protección, el derecho a la vida y la integridad de estas 284 personas que se quiere proteger, considerando que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, “el único responsable de garantizar la protección de toda la población, es el Estado”. Y por esa razón, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la conferencia de prensa en que se dio a conocer esta solicitud participaron, entre otras organizaciones, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Observadores de DD.HH. José Domingo Cañas, Brigada USACH, Brigada de Rescatistas de Montaña Diaguitas, Salud a la Calle, el Colegio Periodistas y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Fuente: Radio Agricultura

jueves, 9 de enero de 2020

Restablecimiento de inmunidad y privilegios ALDHU en Ecuador

El siguiente decreto deroga el acuerdo modificatoiro al acuerdo sobre privilegios e inmunidades entre el Gobierno de la república del Ecuador y la Asociación Latinoamericana para los derechos Humanos (ALDHU), restableciendo las inmunidades y privilegios en Ecuador



N° 968

LENIN MORENO GARCÉS

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE I..A REPÚBLICA CONSIDERANDO:

Que el artículo 141 de la Constitución de la República dispone que el Presidente de la
República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen como
atribuciones del Presidente Constitucional de la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia; así como, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización regulación y control;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1582 de 16 de febrero de 2009, artículo 1, se denunció
y se declaró terminado el "Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la
República del Ecuador y la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos",
suscrito en la ciudad de Quito, el 20 de septiembre de 1990; y,el "Acuerdo Modificatorio al
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y
la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos", suscrito en Quito, el 09 de
febrero de 1998;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1582 de 16 de febrero de 2009, articulo 2, se derogó el
Decreto Ejecutivo No. 471-A de 03 de junio de 2003, con el cual se ratificó el "Acuerdo
sobre Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y la
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos", suscrito en la ciudad de Quito,
el 20 de septiembre de 1990;

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los numerales 1 y 5 del artículo
147 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el literal f) del artículo l1 del Estatuto
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

DECRETA:

Artículo Único.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 1582 de 16 de febrero de 2009.
DISPOSICIÓN GENERAL.- De la ejecución de las disposiciones contenidas en el presente
Decreto Ejecutivo, encárguese el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese todas las disposiciones de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIÓN FINAL.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio nacional de Quito, a 7 de enero de 2020.

Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

El consejo directivo de la ALDHU expresa su satisfacción por esta medida reparatoria dictada por el presidente del Ecuador Lenín Moreno que viene a poner fin a una injusticia y arbitrariedad del expresidente Rafael Correa.

ALDHU anuncia que tras esta medida reparatoria, estudiará el restablecimiento pronto de su sede en Ecuador.

Texto original:




Evo Morales descartó haber sido invitado a Foro Latinoamericano de Derechos Humanos en Santiago

La aclaración de Morales se da justo cuando el gobierno interino de Bolivia dice haber activado una "orden de detención internacional" en su contra con tal de impedir que viaje a Chile.


Evo Morales descartó haber sido invitado o tener algún tipo de información acerca del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que se realizará en Santiago.

La noticia fue dada a conocer por Morales a través de Twitter, instancia en la que aprovechó de responder a la advertencia realizada por el senador Iván Moreira (UDI), quien aseguró que pediría a la justicia chilena que el ex mandatario fuera detenido.




De hecho, este miércoles el gobierno transitorio de Bolivia activó una “orden de apremio internacional”, justamente por su supuesta visita a Chile.

Moreira aseguró que la medida fue adoptada luego que él conversara con el gobierno interino.




Además de descartar su presencia en el foro, Morales acusó que “antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como presidente indígena, piden mi detención“.

Fuente: CHVNoticias

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, en representación de la organización dijo: "Sería necesaria la convocatoria de unas elecciones de manera inmediata en Bolivia para poder ejecutar la voluntad del pueblo y legitimar el poder que actualmente tiene el gobierno interino"

miércoles, 8 de enero de 2020

Fiscalía de El Salvador reporta 692 casos de violencia contra población LGTBI en cinco años Los datos sugieren que la población trans es la que mayor riesgo presenta

El Estado salvadoreño ignora cuánta población LGTBI hay en El Salvador, por lo que los datos oficiales sobre homicidios contra este grupo no pueden ser dimensionados a través del cálculo de tasas y porcentajes con base a la población afectada.




La más reciente edición de un informe presentado por la Dirección de Información y Análisis (DIA) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre hechos de violencia contra la mujer ocurridos entre enero y junio del año 2019 incluyó un apartado de estadísticas sobre violencia en contra de la población LGTBI. Los datos para este grupo fueron recopilados desde enero de 2015 hasta junio de 2019, pero no coinciden con la estadísticas la Procuraduría de Derechos Humanos.

Según lo reportado por el informe de la DIA, son 692 casos de violencia los que la Fiscalía General de la República (FGR) registra contra la población LGTBI a lo largo de los cuatro años y medio de análisis.

Los datos de la Fiscalía muestran un punto de inflexión en el año 2017 donde está el máximo de hechos registrados y, a partir de ahí, una disminución. La FGR clasifica a las víctimas en las categorías de bisexual, gay, lesbiana, transexual y “no determinados”, que es cuando se sabe que pertenece a la población LGTBI pero no específicamente su identidad de género u orientación sexual.

Los datos también señalan que el porcentaje de víctimas que se clasifican como no determinados va en aumento; es decir, las estadísticas se han hecho menos precisas.

Además, los datos sugieren que la subpoblación más afectada es la transexual ya que a partir de 2016 fue la que más hechos de violencia registró. La cantidad de hechos contra las subpoblaciones gay, bisexual y lesbianas se mantienen sin muchos cambios.

La Policía y Fiscalía, en ese orden, son las instituciones que más reportan los casos.

Un 4 % proviene de organizaciones de la sociedad civil, mostrando inclusive más casos reportados que el sector salud o el ISDEMU.

Los datos recabados por la Digestyc y la DIA también muestran que la mayor cantidad de hechos de violencia contra la población LGTBI ocurre en espacios abiertos, representando el 56 % de todos los hechos ocurridos entre enero de 2015 y junio del 2019. El 24 % ocurre en el domicilio particular.

El Diario de Hoy consultó sobre lo publicado en el informe a Bianka Rodríguez, directora de la organización Comcavis Trans, quien se dedica a la defensa de los derechos humanos de la población trans y la comunidad LGTBI en general.


En palabras de Rodríguez: “Quiérase o no, la información que recopila este informe trata de abordar la situación, pero no es la realidad que vivimos, porque al final muestran datos muy escuetos y subjetivos de la realidad que enfrenta las personas LGTBI. Es curioso que en el año 2017 este mismo informe refleja que no hay homicidios hacia mujeres trans cuando los hemos documentado y los hemos visibilizado. Tienen la buena voluntad de investigar y presentar información sobre violencia hacia personas LGTBI, pero es un poco sacada de la manga”.

Por otra parte, al revisar el informe no se encontró ninguna explicación metodológica, ni la explicación de qué significaban determinadas abreviaciones. Al consultar con la Digestyc el motivo por el que no se incluyó ninguna explicación metodológica, esta se limitó a enviar una ficha metodológica, que era una página que mostraba las variables de desagregación, la fuente de los datos y la principal limitante, que fue la falta de clasificación de decenas de casos por parte de la FGR.

Bianka Rodríguez agregó: “Se desconoce la metodología de recolección de los datos. No sé desde qué enfoque han abordado este estudio y ahora la Fiscalía va a ser como el ente rector”.

El Diario de Hoy también preguntó a Rodríguez si, desde su perspectiva, los números de la FGR eran acordes a la realidad y esta respondió: “No hace alusión a ninguna institución que no sea la Fiscalía. Dice otro cuadro que han habido denuncias a través del ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad, de la Policía, de la Fiscalía, pero mi pregunta es ¿será que todas las instituciones son pertinentes para que las personas puedan denunciar la violencia? ¿Tú vas, sufres un atentando y vas a un hospital a denunciar?”. Según el informe de la Digestycy la DIA, durante los primeros seis meses de 2019 no hubo homicidios reportados contra mujeres trans; sin embargo, la FGR procesó en julio a un grupo de policías por el asesinato de una mujer trans cometido a inicios de 2019, estando dentro del periodo de análisis.

Sobre el tema de las estadísticas, Rodríguez agregó que las instituciones tienen sistemas de denuncias: “Basta con una pequeña autorización en el tema de género u orientación sexual para que se cuente con datos estadísticos desde las instituciones. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque quizás no les conviene, porque quizá no es parte de su agenda política”.

Por otra parte, un representante de la Fiscalía dijo que los datos brindados provienen del registro de todas las denuncias que han recibido en la institución. Expresó que en todas las denuncias se incluye cuando se trata de personas que son LGTBI. Aseguró que desde la Fiscalía trabajan para no invisibilizar estos casos y a sus víctimas; puso como ejemplo las declaraciones que ha dado el fiscal Raúl Melara por medio de Twitter, respecto a los casos recientes. Consideró que aún hay muchas personas que no denuncian por temor, pero dijo que la indicación de Melara ha sido trabajar por todos los casos para brindar justicia a las víctimas. “La institución no invisibiliza”, reiteró.

Además, el director general del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Santamaría, dijo que es muy preocupante que existan crímenes de odio: “Porque ya es una forma elaborada de violencia, es una forma racionalizada de violencia. Expresa un prejuicio. Como Estado tenemos que reaccionar y proteger a la ciudadanía”. Aunque respecto a los últimos casos ocurridos en La Unión y San Miguel, dijo que los indicios de las investigaciones “nos llevaron a deducir que eran por actividades particulares que ellos desarrollaban”.


Santamaría dijo que ya han reactivado las mesas de trabajo de diversidad en el ministerio, aunque no estaba seguro de cuáles eran las organizaciones con las que se han reunido. Respecto a las observaciones realizadas por las organizaciones de defensa de derechos de la población LGTBI, el funcionario agregó: “Van a salir aquellas personas que han estado insatisfechas por cómo se ha dado la atención. No es cierto que no se está asumiendo el tema y que nos es indiferente. Le fue indiferente al gobierno anterior”.

Sobre los señalamientos realizados a la Policía Nacional Civil (PNC), algunos de cuyos integrantes han sido acusados de agresiones contra personas LGTBI, Santamaría aseguró que se investigarán todos los casos. “Hemos reforzado la inspectoría general de la PNC”, manifestó.

Por su parte, los resultados de la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arrojan la existencia de un patrón de violencia contra las mujeres y de discriminación contra la comunidad LGTBI “que atraviesan casi todos los sectores de la sociedad salvadoreña y resultan en la normalización y tolerancia de la violencia contra las mujeres y contra las personas LGTBI, en un contexto facilitador para su ocurrencia, y en una situación de impunidad generalizada ante estos crímenes”.

A partir de esto, la CIDH recomienda al Estado “adoptar datos estadísticos, públicos, actualizados periódicamente, debidamente desagregados, relacionados con actos de violencia y discriminación contra personas LGTBI en el país”.

Fuente: El tiempo latino

lunes, 6 de enero de 2020

Baltasar Garzón y Evo Morales participarán en foro de Derechos Humanos en Santiago

El encuentro se realizará entre el 23 y 25 de enero en el ex Congreso Nacional.

En el contexto del estallido social, Chile será la sede del primer Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh), iniciativa impulsada por la comisión de Derechos Humanos del Senado, que es presidida por Alejandro Navarro. La actividad se realizará el 23, 24 y 25 de enero en el edificio de ex Congreso Nacional.

La instancia tendrá como invitados principales al expresidente boliviano Evo Morales y al español Baltasar Garzón, juez que en 1998 ordenó la captura de Augusto Pinochet mientras éste se encontraba en Londres.

El Foro, encabezado por el secretario del Partido Progresista, Jonatan Díaz Herrera, también contará con la asistencia de la abogada y política Piedad Córdoba (Colombia), el diputado del Parlasur Oscar Laborde (Argentina), la politóloga Adoración Guamán (Ecuador), el parlamentario Alexis Corbière (Francia) y el político del Partido Podemos Juan Carlos Monedero (España).

El objetivo de la actividad es trazar iniciativas conjuntas para la defensa y promoción  irrestrictas de los derechos humanos en la región y en el mundo.

Baltasar Garzón, juez español que ordenó la detención a Pinochet. Foto: Getty Images

Fuente: ADN Radio

domingo, 5 de enero de 2020

Capturan narco en Colombia acusado de asesinar defensores de derechos humanos

Autoridades de Colombia capturaron a uno de los narcos más buscados de Antioquia (noroeste) y presunto responsable de asesinar a defensores de derechos humanos, según informó este viernes el presidente Iván Duque.



“Fue capturado Luis Horacio Olivares González alias ‘Chatarra’ o ‘Richard’, cabecilla de los Caparros. Estaba incluido en el ‘cartel de los más buscados’ en Antioquia, por su responsabilidad en homicidios de líderes sociales”, escribió el mandatario en Twitter.

La policía indicó en un boletín que el “jefe financiero” de la banda narcotraficante fue arrestado en el departamento del Meta (centro), en cumplimiento de una orden de captura por el delito de concierto para delinquir.

De 31 años y con una trayectoria delictiva de 15, Olivares también es acusado de “desplazamientos forzados, extorsiones y desaparición forzada“, agregó el texto.

Según la investigación, ‘Chatarra’ comandaba un grupo de 398 personas “responsable de articular y ejecutar la confrontación armada contra el Clan del Golfo”, la mayor banda narco del país, con quien se disputa el control de las rentas ilícitas en la región del Bajo Cauca antioqueño.

Como en varias zonas de Colombia, en Antioquia los grupos armados luchan por controlar narcocultivos o territorios estratégicos para la salida de droga o la producción de minería ilegal.

Denunciada por Naciones Unidas, la espiral de violencia que envuelve a activistas de derechos humanos y líderes sociales alcanza los 303 asesinatos desde que se firmó la paz con la exguerrilla FARC, en noviembre de 2016.

Según investigaciones locales, los activistas son vistos en muchos casos como enemigos por esas organizaciones, que buscan expandir los cultivos ilegales o asumir el control de los territorios que líderes sociales defienden.

Tras cuatro décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor de esta droga.

Aunque la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convertidas hoy en partido político tras el desarme de unos 7.000 combatientes, alivió la violencia política, aún persisten grupos armados que desafían al Estado en alejados puntos del país, gracias a los recursos del narcotráfico, principalmente.

Agence France-Presse
Fuente: Radio agricultura