MANAGUA
La detención de un asesor
legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de cinco acusados de cometer
“actos terroristas” marcó el lunes la nueva jornada de crisis que atraviesa ese
país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado centenares de muertos.
El asesor jurídico del
Episcopado, Carlos Cárdenas, fue sacado a la fuerza en su casa, en las afueras
de Managua, por un presunto grupo de paramilitares encapuchados, denunció su
esposa Lisette Galeano.
El abogado estaba en su
vivienda junto con su esposa y su hija de 10 años de edad, cuando un grupo de
encapuchados lo obligaron a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la niña si
se negaba, contó Galeano.
La Conferencia Episcopal
actúa como mediadora en el diálogo nacional -que permanece suspendido desde
junio pasado- para superar la crisis entre el gobierno del presidente Daniel
Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Ortega ha calificado a los
obispos de “golpistas” y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos
internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
El 7 de junio, la
Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo del 2019 las
elecciones fijadas para el 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección,
pero el presidente lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos
estaban “comprometidos con los golpistas”, según dijo el 19 de julio.
A mediados de julio, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para
América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Acnudh) alertaron de que miembros de la Iglesia católica estaban
sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad
física de los manifestantes contra el gobierno.
Por su lado, la Policía
Nacional informó sobre la detención de cinco nicaragüenses sospechosos de
cometer actos de terrorismo durante las protestas antigubernamentales.
El segundo jefe de la
Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, Farle Roa,
dijo a través de medios oficiales que esas cinco personas presuntamente
pertenecían a dos bandas que operaban en los departamentos de Masaya y
Chontales.
Según el jefe policial, los
detenidos, cuyo objetivo era crear terror y zozobra, usaban como excusa la
organización de supuestas marchas pacíficas convocadas por la Alianza Cívica.
Los delitos en los que
habrían incurrido, y por los que serán remitidos ante el Ministerio Público,
son “conspiración para el terrorismo, y portación o tenencia de arma de fuego y
municiones”, indicó.
La Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la más grande del país, abrió sus
puertas, con restricciones, tras 4 meses de “parálisis” a causa de la crisis.
Desde el pasado 18 de abril,
Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha causado, según
diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque
el gobierno cifra las víctimas mortales en 198, lo que se convierte en la era
más sangrienta del país desde la década de los años 80.
