Nuevamente el Gobierno se prepara para poner en práctica expulsiones ilegales masivas de personas migrantes y refugiadas no respetando el debido proceso ni las mínimas garantías judiciales establecidas por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, tal como lo establece el Artículo 22 de la Convención Internacional de Trabajadores migratorios y sus Familias, “Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente”.
La nueva Ley de Migración y Extranjería, recientemente promulgada, obliga a realizar un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que aquellos migrantes que hicieron ingreso irregular por pasos no habilitados, puedan salir y solicitar una visa en el exterior sin ser sancionados, en un plazo de 180 días desde la fecha de publicación de la ley el pasado 20 de abril, por lo que no se comprende que el gobierno proceda a deportaciones administrativas, sin permitir acogerse a este procedimiento legal. Denunciamos ente la comunidad migrante, organismos internacionales, el poder judicial y el congreso, que el gobierno está llevando a cabo una serie de detenciones a personas en situación irregular en Chile, para proceder a una nueva expulsión colectiva. Nuevamente se niega el derecho a la defensa y la protección del estado de derecho.
El gobierno en una actitud autoritaria está manipulando las normas legales, deteniendo y expulsando a migrantes antes que logren incorporarse a un proceso de regularización. Exigimos que los tribunales de justicia ACOJAN a trámite los recursos judiciales interpuestos y hagan respetar las layes y los derechos humanos en el país a todas las personas.
Las detenciones se han producido en diversas localidades del país, incluida la Región Metropolitana, inclusive en la zona austral en Puerto Natales donde se han realizado fiscalizaciones a extranjeros en la provincia de Última Esperanza para verificar su situación migratoria.
Las diversas organizaciones de Derechos Humanos como el Servicio Jesuita a Migrantes SJM y el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, han constatado los vicios en estos procedimientos, por ejemplo, la manipulación a estas personas para que firmen sus propias salidas, así como que se ejecute esta sanción a pesar de que se están tramitando recursos administrativos, o también expulsiones que no respetan los plazos mínimos para impugnarlas.
Se supone que todos los migrantes serían trasladados durante la madrugada hasta Iquique, ciudad desde la que serán deportados arbitrariamente e ilegalmente a sus países de origen, desconociendo el principal principio del retorno voluntario y la protección complementaria.
Hacemos un llamado urgente a que el Parlamento se pronuncie frente a estos graves hechos que vulneran los derechos y la dignidad de las personas migrantes y sus familias.
Santiago, 7 de mayo 20201
FORO ACADÉMICO MIGRATORIO
Fuente: Documento mesas temáticas del Senado
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Observamos con asombro las actitudes y procedimientos del Gobierno, el cual desobedece reiteradamente la legislación mediante diferentes procedimientos y actuaciones que le sitúan reiteradamente como enemigo de la defensa de los derechos humanos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario