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lunes, 27 de junio de 2022

El silencio condena a Julian Assange

Art. Opinión: Baltasar Garzón

Confieso que la angustia que me ha asolado en los últimos meses vuelve hoy con fuerza. Es por Julian Assange. Me explico: estoy convencido de que su equipo de abogados vamos a conseguir parar esta extradición bendecida por el gobierno de Boris Johnson. Pero las noticias que me llegan desde la cárcel de máxima seguridad Belmarsh, donde se encuentra desde su expulsión de la embajada de Ecuador el 11 de abril de 2019, me lleva, al igual que a la magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, Vanessa Baraitser –que en enero de 2021 rechazó la extradición a Estados Unidos aunque por razones bien diferentes–, a pensar que algo terrible puede ocurrir si la decisión se lleva a efecto. Baraitser alegó para rechazar la exigencia de la poderosa Norteamérica que existía un alto riesgo de que Assange optara por el suicidio en esa hipótesis. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos” dictaminó.



Imagino, porque le conozco bien, lo que debe estar pasando por la cabeza de Julian. Padre de dos hijos, que concibió en un estado irreal, durante su encierro obligado de casi siete años en la embajada de Ecuador; con un absoluto convencimiento de que su acción de desvelar las cloacas del imperio era no solo justa, sino indispensable para el funcionamiento democrático de la sociedad en cada rincón del mundo, Assange está recluido en condiciones aterradoras, con la incertidumbre de lo que vaya a venir. Y está solo.

Mi desazón viene también de esa soledad que no se debe en exclusiva a las paredes del presidio. Va más allá. Recapitulo: Estados Unidos no perdona que Assange, mediante WikiLeaks, hiciera públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país, así como de filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA, con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.

Le acusan de cometer 18 delitos, de los cuales 17 se enmarcan en la Ley de Espionaje de 1917, cuando en la primera Guerra mundial se perseguía a los espías, y otro más en relación con la supuesta ayuda a la militar Chelsea Manning para utilizar los ordenadores de donde, se supone, salió la información. El delito se basa en la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010; los cables del Departamento de Estado y los archivos de Guantánamo. En gran parte de ellos, se evidenciaba la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y una recua de crímenes internacionales.


La basura del imperio

Buscaron una argucia, las acusaciones en los tribunales suecos de una presunta violación, acusación que acabó durmiendo el sueño de los justos. Era un primer artificio para extraditarle a Estados Unidos. En el fondo otra excusa, la de hackear ordenadores, punto intermedio para llegar hasta la acusación de conspiración por parte de una Corte estadounidense. Como el calamar, EEUU va lanzando tinta sobre el objetivo principal, para camuflarlo. Pero en esas trampas late la sinrazón.

La pesadilla que está viviendo Assange desde que, gracias al entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, pudo refugiarse en la embajada de ese país, la puso de manifiesto el relator de la ONU contra la tortura Nils Melzer y también el Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU y el relator de salud de esa misma organización de Naciones Unidas, mediante informes contundentes.

Su equipo de defensores hemos sufrido también la persecución y el espionaje de quienes trabajan para ese sector oscuro de EEUU que no puede permitir que salgan a la luz las fechorías que perpetran. Los mismos que incitaron al presidente Donald Trump –quien no necesitaba que se le insistiera demasiado– en prohibir la entrada de la fiscalía de la Corte Penal Internacional en el país o hacer la vida difícil a ellos y a sus familias residentes allí por investigar los presuntos crímenes en Afganistán o en Palestina. El imperio basa su estilo de vida en meter bajo la alfombra la basura propia, para que no enturbie los negocios.

En la Audiencia Nacional española se está realizando un trabajo ímprobo en circunstancias nada fáciles para aclarar ese espionaje a los abogados de Assange. El juez instructor, Santiago Pedraz, y el fiscal Carlos Bautista buscan aclarar la presunta colaboración que habría prestado la empresa de seguridad española UC GLOBAL, al cargo de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, a la inteligencia de Estados Unidos. Analizan la colocación de dispositivos de grabación en audio y video ocultos, así como la copia de documentos de identidad de los visitantes con destino a un servidor que compartía desde España la información con la inteligencia norteamericana. Han cooperado judicialmente Francia, Italia, Grecia, Australia, Holanda, entre otros países como Alemania solicitando la información que haya afectado a sus ciudadanos. Curiosamente, poco de esto se ha conocido en prensa. La última comisión rogatoria del juez Pedraz supone solicitar la declaración del ex director de la CIA Mike Pompeo, entre otros, un acto valiente en los tiempos que corren y con los importantes poderes implicados.


¿Quién le apoya?

La primera parte de mi desazón se basa, como digo, en la situación que tiene ahora Julian y la incertidumbre de su futuro, pero el desasosiego adquiere tintes de congoja cuando miro alrededor y no veo grandes muestras de apoyo de aquellos mismos que han podido utilizar las revelaciones obtenidas gracias al trabajo del periodista y que se llenaron la boca en algún momento con la defensa de la libertad de prensa, extremo que en efecto se dirime en la base de este proceso, pero que ahora parece que se ha olvidado, empezando por los propios medios informativos. Esta visión que me inquieta la comparto con periodistas de convicciones firmes, como el propio director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, profesional que da muestra a diario de enarbolar la bandera de la libertad de expresión, y también con algunos otros profesionales de medios que han hecho gala de la misma creencia.

¿Pero por qué se levantan tan pocas voces? Leo que los principales sindicatos de prensa internacionales han llamado el miércoles pasado desde Ginebra a liberar a Julian Assange en nombre de la libertad de prensa y eso me reconforta. Deseo poder hacerle llegar la noticia –no pueden imaginar la dificultad para acceder al recluso incluso para nosotros, sus abogados- y que al menos le suponga un consuelo.

Desde el mundo político, en Europa se ha pronunciado Jean-Luc Mélenchon quien ha afirmado que, si es designado primer ministro, “el señor Julian Assange, creo que lo ha solicitado, será naturalizado como ciudadano francés y pediremos que sea evacuado a nuestro país". La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner de inmediato se expresó en contra: "La decisión de habilitar la extradición de Julian Assange no solo pone en peligro su vida sino que además marca un precedente alarmante para todos los y las periodistas del mundo que investigan y buscan la verdad: disciplinamiento periodístico para todos y todas", como también lo hizo el presidente Alberto Fernández. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y líder del PT, manifestó que Assange es un héroe de la libertad de prensa y debería estar libre: “La persecución contra él, su prisión y la amenaza de extradición deberían indignar a todos los demócratas del mundo".

Fue el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel quien tras afirmar que “Assange no es un delincuente ni un espía, sino un hombre que entregó al mundo información sobre graves violaciones de los derechos humanos”, manifestó su extrañeza porque considera que pocas voces se levantan en su apoyo: “Sería muy trágico para la libertad de prensa que se cumpla esta condena, es una condena a muerte”,

Entre las reacciones más recientes contra la extradición de Assange, figura además la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien está decidido a pedir al presidente Biden que se ocupe de este asunto. AMLO, como se le conoce coloquialmente, manifestaba el martes en la rueda de prensa que realiza cada mañana, su convencimiento de que atender tal solicitud “va en contra de grupos duros, severos que hay en Estados Unidos, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo”. El presidente mexicano ya había intentado esta gestión con Donald Trump, al final de su mandato. “De acuerdo con las leyes de Estados Unidos tienen esa facultad los presidentes para emitir decretos, para liberar a presos, para indultar…”. AMLO hizo reproducir un video de WikiLeaks sobre el asesinato de periodistas por parte del ejército estadounidense en Irak. “Es por esto que está en esta situación”, explicó a los medios informativos. Aseguró que México le abre las puertas a Assange y que “desde luego” considera concederle la nacionalidad mexicana.

Después añadió algo que me parece fundamental. Dijo textualmente: “Naciones Unidas debe pronunciarse, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos deben pronunciarse. No puede haber silencio”.

Ahí es donde me di cuenta de lo que provoca mi desconsuelo: el silencio, la falta de pronunciamiento de gobiernos democráticos, de instituciones, de prensa, de gente que cree en defender los derechos fundamentales entre los que se encuentra el básico de informar y el de que la ciudadanía reciba información. La información es lo único que puede frenar a los sátrapas, defender a los vulnerables y evitar que se atropelle la verdad. Si es extraditado mientras todos callamos, seremos cómplices de que la impunidad triunfe. El silencio condena a Julian Assange.

Fuente: Infolibre.es

viernes, 24 de junio de 2022

LA HORA DE LA PAZ

 Santiago de Chile, 24 de junio de 2022

Señor Guillermo Lasso, presidente Constitucional de la Republica del Ecuador.

En su despacho.

Estimado señor presidente, en los últimos días hemos asistido con angustia a una creciente ola de violencia derivada de las protestas que protagonizan miles de ciudadanos indígenas y de sectores urbanos marginales en varias ciudades del Ecuador.



Hace algunos días la ALDHU expresó que no se debía desconocer que, tras estas protestas, se encuentra la desesperación de sectores empobrecidos de la sociedad a quienes cada día les cuesta más enfrentar el costo de la vida.

La voz de los desesperados se ha hecho sentir fuerte y claro -así lo ha manifestado usted mismo, en varias de sus declaraciones ante el país-nadie ha permanecido impasible ante el clamor popular, que incluso ha motivado la adopción de medidas de alivio económico y social por parte del gobierno.

Valoramos los llamados al diálogo que usted en su calidad de primer mandatario ha invocado. A nuestro juicio, ese es el camino correcto para resolver los agudos problemas que aquejan a muchos de los que se encuentran movilizados.

El diálogo, es la oportunidad para la paz y a él debemos aferrarnos como el único mecanismo que puede devolver a la sociedad las mínimas condiciones de convivencia pacífica y civilizada que permitan, a través de la profundización, la democracia, la participación y la búsqueda genuina del bien común, encontrar las mejoras respuestas para resolver los innegables problemas por los que atraviesa la nación.

Sin embargo, hemos atestiguado como al interior de la protesta se emboscan grupos organizados que, deliberadamente, cometen actos de violencia que destruyen bienes públicos y privados, atentan en contra de la seguridad de la población, cortando los suministros básicos, el abastecimiento alimentario, contaminando fuentes de agua, impidiendo el libre tránsito de ambulancias, y, en fin, amedrentando e inhibiendo el derecho de la gente a vivir en paz.

Hemos visto con extrema preocupación como algunos ciudadanos indignados ante esta ola de violencia, se vienen organizando para responder a las acciones de estos grupos, pudiendo derivar en enfrentamientos entre hermanos ecuatorianos, precipitando al país a un abismo de incalculables proporciones.

Quienes propician la escalada violenta de la protesta, desdeñan el diálogo y agudizan a graves extremos este conflicto, sin duda van tras objetivos muy diferentes al de la genuina protesta social.

Ecuador merece vivir en paz. La zozobra actual debe ser superada; ya varias familias están llorando a sus muertos e intentando salvar a sus heridos; el uso progresivo de la fuerza obliga al personal de la Policía Nacional y de las FFAA a extremar sus comportamientos operativos para no afectar los derechos humanos de los manifestantes; cuestión que es aprovechada y mal interpretada por los violentos como señal de debilidad; tras los uniformes se encuentran también otros ecuatorianos, que padecen los mismos problemas que aquejan a quienes se manifiestan, y que sin embargo, exponen su vida y seguridad en el cumplimiento del deber de intentar restaurar el orden público y proteger a la población.

Son incontables los heridos, entre estos servidores públicos y también sus familias merecen nuestra solidaridad.

Señor presidente, hace unos minutos, invocó a las organizaciones de derechos humanos a que nos mantengamos en supervisión de los acontecimientos que puedan vulnerar los derechos de los ecuatorianos.

La ALDHU, recoge su invocación y en muestra de ello seguiremos desplegando observadores atentos al curso de los acontecimientos; no somos neutrales, nuestra causa siempre será la vida, la paz, y la libertad; por eso, sostenemos que la primera y mayor responsabilidad en cautelar estos valores, corresponde a la autoridad como depositaria de la soberanía de la nación, ya que es el Estado y sus autoridades quienes tienen los instrumentos políticos, los recursos materiales y la autoridad jurídica para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Será necesario un enorme esfuerzo por parte de todos quienes amamos al Ecuador, para recuperar las condiciones de la convivencia. Tras estas horas aciagas, el Ecuador tendrá que reconciliarse y encontrar con generosidad y buena voluntad, los espacios para el reencuentro en paz, que como usted dijo, es el único escenario.

Hacemos un llamado a los ciudadanos del Ecuador, sus líderes sociales y políticos, las instituciones, los medios de comunicación y a los periodistas, a contribuir a detener la escalada de violencia y evitar que la actual crisis se siga profundizando. Llamamos también a las autoridades responsables del orden público, a extremar el cuidado y prudencia en el desarrollo y uso de sus protocolos y recursos operativos para evitar más víctimas.

Las instituciones de la democracia ecuatoriana deberán identificar, detener y sancionar a los responsables de las afectaciones a la vida y seguridad de sus semejantes, a quienes hayan violado los derechos humanos, a quienes hayan ejercido violencia o abusado de la fuerza y también a quienes embozados tras la genuina protesta hayan sido lo responsables de intentar manipularla y conducirla a la generación de un estado de caos y destrucción.

Por nuestra parte, nos esforzaremos por contribuir al logro de estos propósitos que invocamos, y ofrecemos nuestro concurso para realizar una observación e investigación independiente cuyas conclusiones esperamos que coadyuven a establecer la verdad y habilitar la justicia que merece alcanzar el país una vez superada esta crisis.

Señor presidente, reciba usted las seguridades de nuestro reconocimiento y respeto.


Atentamente,

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU.

miércoles, 22 de junio de 2022

“En busca del tiempo perdido” IX Cumbre de las Américas

 

por Daniel Barrios

 

Nada une a Joe Biden y  Marcel Proust.  Sin embargo el presidente de los Estados Unidos parece haber pedido en préstamo al celebre novelista francés  el titulo de su obra maestra y una de las cimas de la literatura universal del siglo XX, para sintetizar su principal objetivo para  la IX Cumbre de las Américas que se celebró la semana pasada en la ciudad de Los Ángeles.

 


Durante 4 días el Teatro Microsoft  - uno de escenarios cerrados más grandes de Norteamérica , debía ser el gran palco para que el país anfitrión comenzara a buscar el tiempo (y la credibilidad) perdido en los últimos años  en sus relaciones económicas y también políticas con el resto de los países de la región.

La Cumbre de las Américas son las reuniones de jefes de Estado y de gobierno de los países de América y fue pensada por Estados  Unidos como el momento más importante para coordinar estrategias diplomáticas y comerciales a nivel continental.

La primera tuvo lugar en Miami en 1994 durante la primera presidencia de Bill Clinton , donde EEUU propuso la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto estratégico que abarcaba a todos los países del continente americano, con excepción de Cuba y que debía comenzar 10 años después.

Sin embargo bajo la consigna de “¡No al ALCA!", muchos gobiernos, partidos políticos, organizaciones sindicales y sociales, lograron paralizar su  puesta en marcha en la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005, fecha que aún se festeja en muchos países de la región como una de las mayores derrotas infringidas a la Casa Blanca, entonces pcuàda por George Bush.

Las dificultades de la IX Cumbre  para encontrar el tiempo perdido fueron evidentes aún antes de que se inaugurara. A menos de 3 días de la ceremonia de apertura no existía la lista de participantes confirmados sino anuncios de boicot y desacuerdos abiertos sobre quién debía o no ser invitado. Es difícil recordar una cumbre internacional tan caótica y con una preparación tan poco profesional.

La piedra del escándalo fue la decisión unilateral e inconsulta de Washington  de excluir de la cita continental a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, por considerarlos dictadores.

Dicha decisión fue repudiada por los presidentes López Obrador de México, Luis Arce de Bolivia y Xiomara Castro de Honduras; quienes ante la negativa de Estados Unidos de revocar esa decisión, finalmente desertaron a la cumbre.

24 horas antes del inicio , el presidente mexicano acusó a Biden y  a su vice Kamala Harris de adoptar la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos

Aún entre los mandatarios  presentes, entre ellos , Johnny Briceño de Belice y Alberto Fernández de Argentina en sus intervenciones  repudiaron la postura estadounidense de decidir cuáles países podían o no ser parte de la Cumbre de las Américas, además de criticar abiertamente la posición de Estados Unidos sobre las sanciones a Cuba y Venezuela.

"Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un 'derecho de admisión' sobre los países miembros del continente", enfatizó el presidente argentino en un tramo de su discurso de 8 minutos.

Finalmente acudieron a la cita 23 países, algunos sin sus presidentes,  que,  comparado con los 34 jefes de estado que participaron en la cumbre anterior de Lima, hace  aún más evidente el fracaso diplomático del país organizador. Para un país que supo ser el líder hegemónico de la región, hospedar un conclave continental que será recordado por las ausencias y no por las presencias, más que de un revés  político se trató de una  verdadera humillación.

La democracia es el sello distintivo de una Carta Democrática Americana que surgió de la tercera Cumbre de las Américas, que capta nuestro compromiso único con la democracia como región, subrayó Biden en su discurso inaugural. Nos reunimos de nuevo hoy en un momento, en el que la democracia está siendo atacada en todo el mundo, y renovamos nuestra convicción de que la democracia no solo es el rasgo definitorio de la historia de América, sino también un ingrediente esencial de su futuro, agregó.

Como lo hiciera en sus visitas a Europa y recientemente en gira por Asia, esta vez fue el turno de las Américas para subrayar que el santo y seña de la política exterior de Washngton  es la unidad de las democracias frente a las autocracias, particularmente China que,   como proclamara recientemente el secretario de estado Antony Blinken  es el único país que tiene tanto la intención de reestructurar el orden internacional como la creciente capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica para hacerlo.

Este martes, en un encuentro de 4 horas en Luxemburgo entre  Yang Jiechi, miembro del Buro Político y director de la Oficina de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China, y Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional  del presidente Bide,  el dirigente chino volvió a subrayar que una de las condiciones para normalizar las relaciones entre ambas potencias es  que  la revitalización de las alianzas internacionales (que se propone EEUU) no fueran contra China

Cada día es más evidente que, desencriptada su retórica,   el EEUU esta de regreso lanzado por Biden desde antes de asumir la presidencia, , es un llamado a sus aliados históricos  para conformar un frente de las democracias  para aislar a China y así restaurar el orden internacional hegemónico que dominó el mundo a partir de la implosión de la Unión Soviética.. Es ese y no otro  el tiempo perdido que EEUU busca restaurar.

De la misma manera, la propuesta  de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica  - que para Washington es un nuevo acuerdo histórico para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía de todo el continente americano -  no es otra cosa que una nueva iniciativa para contrarrestar los avances en América  Latina y el Caribe de + de la Franja y la Ruta , el mega proyecto presentado  en 2013 por el presidente chino Xi Jinping, para impulsar corredores económicos, tecnológicos, políticos y sociales entre distintos países del mundo.

La Asociación,  según sus impulsores reconstruirá nuestras economías, y pretende  consolidar las cadenas de suministro, fomentar la innovación en el sector público y privado e incentivar las inversiones que permitan combatir el cambio climático son los propósitos de esa alianza.

Además de estos enunciados que muchos de los participantes consideraron  genéricos  y recortados para lograr los necesarios consensos, Estados Unidos también prometió  reforzar los bancos de desarrollo de la región, en particular el Banco interamericano de desarrollo y la corporación andina de fomento, y    que el  Banco Mundial, den la debida prioridad a la región.

Aún sin declarado  Biden es el primero en saber que el tiempo perdido  por Washington fue el  tiempo ganado  por Beijing en la región. Y las estadísticas son de una  elocuencia abrumadora.

Desde el sorpasso en 2018 , durante la presidencia de Trump, China  ha ampliado la brecha con Estados Unidos año tras año y, salvo México, su principal socio comercial en la región, el gigante asiático  ha superado, en términos comerciales,   a Estados Unidos en el resto de los países de América Latina. 

Según datos del ministerio de Comercio de la República Popular  las exportaciones e importaciones entre ésta y la región se multiplicaron por 25 en los últimos 19 años y alcanzaron en 2021 un récord de 451.600 millones de dólares,  con un aumento del 41.4% desde el inicio de la pandemia.

21 países de la región han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde operan más de 2700 empresas chinas. Uruguay, durante la presidencia de Tabaré Vazquez fue el primer país de América Latina en firmar el protocolo de ingreso.

América Latina  es hoy el segundo destino de las inversiones chinas, con una cifra que a finales del año pasado superaba los 450.000 millones de dólares , y a pesar de los esfuerzos de las embajadas de EEUU para convencer que Beijing  utiliza las inversiones  para crear trampas de deuda para los países receptores.

Además de la nueva alianza económica,  el otro gran tema de la cumbre debía ser la migración que, como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia esta adquiriendo las proporciones de un éxodo bíblico. Mientras Biden estaba reunido con sus homólogos en California, una caravana de miles de migrantes se dirigía  al norte de México con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, Un significativo ejemplo de los problemas fronterizos que han caracterizado su presidencia.

A último momento y luego de horas de discusiones, EEUU logro un acuerdo migratorio, que incluye  una referencia a facilitar la devolución de inmigrantes sin papeles a cambio de financiación para otros países de destino, de compromisos de acogida de refugiados y de abrir vías para la regularización, la inmigración legal y la de trabajadores temporales.

Según los expertos eso no va a aliviar a corto plazo la presión de una crisis migratoria sin precedentes, muchos dudan sobre la implementación de esa responsabilidad compartida que proclama el documento  y otros recuerdan que los presidentes México, El Salvador, Guatemala y Honduras - que representan el  66 % de la migración ilegal en la frontera con Estados Unidos - , decidieron no participar  a la cumbre como señal de protesta y se hicieron representar por sus respectivas cancillerías.

Un puñado de declaraciones de buenas intenciones, el anuncio de una nueva asociación económica y un acuerdo para regular la migración legal y frenar la ilegal, suscrito solo por 20 de los 35 países de la región, es un resultado demasiado magro para   el objetivo de recomponer el liderazgo de Estados Unidos en la región que durante décadas  fue su patio trasero.

Para Biden  la IX Cumbre   fue un paso en la dirección correcta, pero tendremos que esperar a la próxima cumbre para medir nuestro progreso.

También hubo que esperar 15 años entre la publicación de la primera y la séptima y última parte de la monumental novela de Proust,: El Tiempo Recobrado. Biden recién empieza a escribir su novela  y el  tiempo que se propone recobrar es extremadamente difícil, más bien imposible. 

lunes, 20 de junio de 2022

Aldhu pide dar una oportunidad a la paz. (Ecuador)

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), expresa su profunda preocupación ante el curso que están tomando los acontecimientos, derivados del paro nacional convocado por la CONAIE.

Fuente imagen: El Universo

La radicalización de las manifestaciones por un lado y la instalación del estado de emergencia con la consecuente suspensión de las garantías constitucionales por otro, se tensionan aún más por la decisión de grupos de civiles organizados para ejercer acciones de control y represión que solo corresponden al estado.

Lo de Ecuador es grave y exige a todos quienes prefieren vivir en democracia, honrar sus convicciones, proponiendo y habilitando condiciones para el reencuentro y la paz.

Es imprescindible entender que tras la protesta hay desesperación y angustia de miles que están siendo víctimas del  creciente empobrecimiento y a quienes les cuesta cada vez más, sobrellevar la vida.

También es preciso comprender el miedo y la rabia que provoca en la población, la ola de vandalismo y destrucción causada por grupos interesados en caotizar la situación, con inconfesables fines.

Las autoridades tienen la primera y mayor responsabilidad ya que en ellos se ha delegado la soberanía popular y cuentan con las facultades políticas y materiales para superar con éxito estos retos. 

Todos los demás (parlamento, medios de comunicación, iglesias y sociedad civil) deben contribuir a pacificar y desarmar los espíritus con generosidad y creatividad.

Es de sabios impedir que los violentos terminen imponiendo su dinámica, arrastrando al país al abismo  

Ecuador merece una oportunidad para la paz.


Juan de Dios Parra 

Secretario General ALDHU.


Poder Judicial y nueva Constitución, viento alentador para la democracia chilena (Chile)

 por Diego García-Sayán 16 junio, 2022

Me atrevo a decir que pocas constituciones abordan la función jurisdiccional con el detalle de esta propuesta. También me aventuro a señalar que esta podría ser una oportunidad histórica para situar a Chile a la vanguardia en la materia, pasando del actual reproche a las limitaciones verticalistas de su diseño judicial a exhibir uno novedoso, centrado en la independencia de su judicatura, lo que sin duda elevará los estándares de su democracia, que verá fortalecida en definitiva la debida protección y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas.



La vorágine de los procesos políticos y sociales que convergieron en el itinerario constituyente en Chile a menudo hizo que no siempre se le prestara la debida atención a su traducción en el texto que fue surgiendo, al contrario de algunos aspectos más novedosos en el diseño constitucional que emergió, como, por ejemplo, el espacio y derechos de los pueblos originarios.

Y en medio de la elevada temperatura del debate político de estos días, a primera vista percibo que el electorado avanza a toda máquina a hallarse entre dos aguas, debiendo optar por un nuevo texto constitucional o por la permanencia del vigente, inmerso en un mar de información, desinformación, interpretaciones varias e intereses de toda índole.

En este complejo escenario, quiero destacar que en el borrador hay, no obstante, importantes y positivos mínimos denominadores que ofrecen un panorama útil acerca del perfil de ciertas instituciones que el Constituyente buscó rediseñar a partir de ciertos diagnósticos previos, y en cuanto al Poder Judicial chileno y a su judicatura, se proponen varios notables progresos institucionales y democráticos que apuntan con relativa solvencia en una dirección constructiva y renovadora, concordante con los estándares internacionales más relevantes en materia de independencia judicial y acceso a la justicia.

A menudo ignorado por la aparente preponderancia o atractivo de otras materias y usualmente incomprendido por su sofisticación o aparente distancia con necesidades sociales o económicas más apremiantes, el estatuto que regula la función de juezas y jueces, y que en el borrador que se conoce adopta la nomenclatura de “Sistemas de Justicia”, adquiere ahora, sin embargo, una relevancia insospechada a la hora de delinear los pilares del futuro Estado social y democrático de derecho chileno.

En esencia, esto último responde a que aquellos derechos que la sociedad conquista y plasma en una Constitución requerirán evidentemente de reconocimiento práctico y, en especial, de tutela judicial efectiva. Sin ello, el texto constitucional y el abanico de derechos y obligaciones allí condensado, serían un conjunto de meras referencias declarativas y distarían de ser norma jurídica.

Todas las miradas apuntan, en esencia, a evaluar cuán independientes e imparciales pueden ser juezas y jueces en un determinado Estado con el diseño constitucional que se ha dibujado, y lo que se conoce viene bien orientado y sustentado, dejando atrás ciertos aspectos del diseño anteriormente vigente que no garantizan a plenitud la independencia frente al poder político o la independencia interna de jueces y juezas dentro de la estructura judicial.

Mucho antes de que en Chile se iniciara este camino con posterioridad al denominado “estallido social”, un diagnóstico transversal acuñado por representantes de la academia local y extranjera, centros de pensamiento, el gremio de jueces y la propia Corte Suprema, había abonado ya el terreno aguardando la oportunidad para la desconcentración de facultades no jurisdiccionales radicadas en los tribunales superiores chilenos, cuyo núcleo es el artículo 82 de la Constitución del 80.

Por otra parte, a su turno la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas opiniones y fallos; la Unión Internacional de Magistrados (UIM), cuya Carta Universal del Juez se actualizó precisamente en Santiago; o la Mesa de Nombramientos convocada por el Ministerio de Justicia a fines de 2018 —informe que me tocó comentar en el Instituto de Estudios Judiciales meses después—, respaldan el cuestionamiento al diseño institucional judicial chileno, cuya verticalidad es un conocido problema para la independencia de sus juezas y jueces.

Es por ello que valoro positivamente la norma que busca la separación de las facultades jurisdiccionales de aquellas que no lo son, para quedar estas últimas entregadas a un órgano paritario, autónomo, mixto y de rango constitucional, como es el Consejo de la Justicia propuesto.

Destaco también que en la integración de este predomina en número la judicatura, lo que se aviene con el fin que anuncia la redacción de la disposición —el fortalecimiento de la independencia judicial— y que novedosamente suma a representantes de funcionarios y profesionales de la administración, cuestión que con seguridad enriquecerá la toma de decisiones, considerando que a este órgano tocará la gestión presupuestaria del actual Poder Judicial, para lo que gozará además de una autonomía que la Constitución del 80 hoy no contempla.

Enseguida, me parece muy interesante que quienes representarán al Congreso en el Consejo de Justicia pasen por un “filtro” de mérito como es la Alta Dirección Pública, con unos procesos de selección abiertos, regulados y transparentes.

Resulta destacable, también, que este órgano se hará cargo de los nombramientos en los que actualmente interviene el Poder Ejecutivo y los tribunales superiores. Esto arrastraba los consabidos potenciales efectos perniciosos derivados de la peligrosa mixtura entre las naturales expectativas de carrera, el control jurisdiccional y disciplinario de la jefatura del servicio con la politicidad de muchas de las designaciones.

Por ello no puedo menos que celebrar la eliminación de la jerarquía entre juezas y jueces, que de acuerdo con el tenor del artículo referido a la “Diferenciación funcional y estatuto común de los tribunales”, solo se distinguirán por la función que desempeñen.

En este punto me remito solo a la labor de historiadores y cronistas que han descrito el origen y resabios monárquicos de los sistemas de administración de justicia de los países de la región, herencia de la que Chile se alejaría siguiendo la tendencia mayoritaria de los países democráticos, de la mano de la actual propuesta constituyente.

Por otra parte, no puedo obviar que el texto reúne un conjunto de principios que apuntan a fortalecer el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Percibo que la mayoría de la Convención apuntó a un bloque expansivo de derechos, lo que hace ostensiblemente necesario contar con una judicatura dotada de estándares elevados de independencia.

Es así que, luego de definir la función jurisdiccional, se ocupó de establecer ciertas condiciones para el ejercicio de esta que son bastante sólidas y razonables.

Alude el texto a la “independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad”, para enseguida rematar con el principio fundamental de la “inamovilidad de juezas y jueces”. Prosigue con la “inexcusabilidad e indelegabilidad de la jurisdicción” y el deber de fundamentación sumado al uso del lenguaje claro en las sentencias, para continuar posteriormente con lo que denomina “principio de responsabilidad jurisdiccional”, que apunta a las inconductas de prevaricación, denegación o torcida administración de justicia.

Destaco que el debate haya dejado atrás intentos por responsabilizar personalmente a jueces y juezas por sus actuaciones o fijar límites temporales a su inamovilidad, como también que las revisiones integrales a los tribunales en los que sirvan pudieran incluir las sentencias, cuestión que fue descartada, enhorabuena.

Me atrevo a decir que pocas constituciones abordan la función jurisdiccional con el detalle de esta propuesta. También me aventuro a señalar que esta podría ser una oportunidad histórica para situar a Chile a la vanguardia en la materia, pasando del actual reproche a las limitaciones verticalistas de su diseño judicial a exhibir uno novedoso, centrado en la independencia de su judicatura, lo que sin duda elevará los estándares de su democracia, que verá fortalecida en definitiva la debida protección y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas.

Fuente: El mostrador

lunes, 13 de junio de 2022

"EE.UU. y el Reino Unido hablan de presos políticos en el extranjero pero han creado uno propio": El video de Stella Assange se vuelve viral

El video de la esposa de Julian Assange, publicado en mayo, sobre cómo Estados Unidos busca vengarse del fundador de WikiLeaks, ha sido visto más de un millón de veces en Twitter.


"A EE.UU. y al Reino Unido les gusta hablar de presos políticos en el extranjero pero han creado un preso político propio. En cada etapa, la ley ha sido abusada para victimizar a Julian: ha sido silenciado, ha sido desaparecido", afirma Stella Assange.


La cónyuge del activista australiano, abogada de derechos humanos, sostiene que su pareja se encuentra en prisión por denunciar los crímenes de guerra por parte del Gobierno estadounidense en Irak y Afganistán y el hecho de que "se ha normalizado e institucionalizado las torturas".

La mujer critica la postura del Reino Unido por aprobar la orden de extradición de su marido al "país que conspiró para asesinarle", plan que involucró a más de 30 funcionarios de inteligencia, incluido personal de alto rango.

Stella recalcó que el Gobierno estadounidense "es el único que ha cometido crímenes en este caso", y que al procesar a Assange por hacer una cosa buena, "le niegan la existencia y la validez de lo que denunció".



EE.UU. no es miembro del Tribunal Criminal Internacional por lo que la única responsabilidad que existe para el país es la exposición a través de WikiLeaks, explicó. Por esta razón, "no están simplemente procesando a Julian sino que también están poniendo en prisión la memoria de la víctimas" de los crímenes de guerra cometidos por Washington.

En este sentido, señaló que Assange es perseguido bajo la Ley de Espionaje de 1917, que cuando se aprobó desencadenó preocupaciones entre juristas constitucionales de que su amplia redacción pudiera ser aprovechada para perseguir a la prensa.

La decisión de la Administración Trump de aplicar esta ley, según Stella, "es el ataque más grande a la Primera Enmienda", considerada el "estándar de oro a nivel mundial en materia de la libertad de la prensa".

De esta forma, instó al actual presidente estadounidense Joe Biden a rescindir el caso, de lo contrario —advierte— este "será usado por futuros gobiernos para silenciar la disidencia y silenciar la prensa".

Asimismo, se refirió a lo absurdo y peligroso del hecho que "significa que cualquier persona en cualquier lugar está sujeta a la Ley de Espionaje de Estados Unidos". Al respecto, recordó que el ciberactivista no es ciudadano de EE.UU., es australiano y trabajó como periodista en el Reino Unido. "No le debe lealtad al gobierno de EE.UU.", acentuó.

Sin embargo, Assange se enfrenta a 175 años tras las rejas por recibir información de una fuente y publicarla en WikiLeaks.

Stella responsabilizó a los medios de comunicación por no cubrir apropiadamente lo que sucede y no permitir al público entender las posibles secuelas de este caso para todos los periodistas del mundo.

En el video, la mujer cuenta las condiciones carcelarias a las que Assange es sometido y cómo afectan su estado de salud, además de mostrar episodios de sus visitas a su esposo acompañada de sus dos hijos, de tres y cuatro años, el mayor nacido en 2017 cuando su padre estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

La pareja del fundador de WikiLeaks instó a la ciudadanía a apoyarla en su lucha contra la extradición de Julian Assange, escribir a sus legisladores y salir a protestar.

Fuente: RT 

jueves, 9 de junio de 2022

Justicia procesa a Iturriaga Neumann por crimen de Ronni Moffitt, asistente estadounidense de Orlando Letelier

 Publicado:  Jueves, 9 de Junio de 2022 a las 00:51hrs.  Autor: Cooperativa.cl 

La ministra en visita Paola Plaza González acusa al general en retiro por homicidio calificado al ser quien ejercía la dirección del departamento "DINA exterior" que ejecutó el atentado contra el ex canciller chileno, en el que también murió su secretaria.



"Los oficiales chilenos a cargo del operativo, desde los actos iniciales de ejecución del delito, de manera consciente decidieron la consumación, como también las consecuencias y alcances, controlando el desarrollo y realización del hecho material", sostiene la resolución.

La Justicia procesó este miércoles al militar en retiro Raúl Iturriaga Neumann, criminal de la dictadura de Pinochet, por el asesinato de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, secretaria de Orlando Letelier, en el atentado perpetrado contra el ex canciller chileno el 21 de septiembre de 1976 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Washington D.C., Estados Unidos.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al general (r) del Ejército por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado de la ciudadana estadounidense.

Según reportó el Poder Judicial, la magistrada consideró que "existentes antecedentes suficientes" para tener por justificados una serie de hechos que configuraron el crimen.

La Justicia procesó este miércoles al militar en retiro Raúl Iturriaga Neumann, criminal de la dictadura de Pinochet, por el asesinato de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, secretaria de Orlando Letelier, en el atentado perpetrado contra el ex canciller chileno el 21 de septiembre de 1976 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Washington D.C., Estados Unidos.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al general (r) del Ejército por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado de la ciudadana estadounidense.

Según reportó el Poder Judicial, la magistrada consideró que "existentes antecedentes suficientes" para tener por justificados una serie de hechos que configuraron el crimen.

La resolución detalla que, "con ocasión de un plan desarrollado por agentes de la DINA, cuya máxima autoridad recaía en el general Manuel Contreras Sepúlveda y cuyo jefe de operaciones era Pedro Octavio Espinoza Bravo, bajo un contexto de orgánica, se llevaron a cabo una serie de atentados afuera del territorio nacional contra la vida de ciudadanos chilenos".

"Para tal efecto se efectuaron diversas coordinaciones y reuniones: una primera etapa consistió en comisionar a un funcionario de la DINA, el capitán Armando Fernández Larios, para viajar a Paraguay y conseguir pasaportes que le permitieran a él y un grupo operativo viajar posteriormente a EE.UU.; mismas instrucciones recibe Michael Vernon Townley Welch, quien se suma a estos y también los contactos que habían establecido con el grupo cubano denominado Movimiento Nacionalista Cubano, a los que se había encomendado a efectuar seguimientos a Orlando Letelier del Solar, quien a esa fecha trabajaba el Instituto de Estudios de Política en Washington".

En ese marco, "el 18 de septiembre de 1976 todo el equipo se traslada hasta el domicilio de Orlando Letelier para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de rutina, revisión de traslados, y luego se da cuenta de las gestiones al teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, encargado de controlar la operación, quien con la información recibida y canalizándolo a través de los conductos jerárquicos, imparte la orden de instalar un artefacto explosivo bomba, el cual fue colocado debajo del automóvil del ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile".

De esa forma, "se tiene por justificado que el día 21 de septiembre de 1976, a raíz del estallido provocado por un artefacto explosivo instalado a un travesaño lateral del chasis bajo la plancha del suelo el automóvil Chevrolet Chevelle Malibú Classic, utilizado por quien había sido embajador en el mandato del Presidente Salvador Allende Gossens en los Estados Unidos de Norteamérica, Orlando Letelier del Solar, fallece mientras conducía dicho móvil por una de las avenidas de la ciudad de Washington DC".

"Y a consecuencia de la misma acción ilícita muere su secretaria, Rommy Karpen Moffitt, de 25 años de edad y de nacionalidad estadounidense, quien junto a su cónyuge que resultó ileso, Michael Moffitt, acompañaban (a Letelier) en el vehículo en ese instante", subraya la magistra de la Corte de Santiago.

Con esos antecedentes, razona que "los oficiales chilenos a cargo del operativo, desde los actos iniciales de ejecución del delito, esto es, la preparación, la elección de los agentes, los medios económicos y las coordinaciones en el extranjero, las estudiaron cuidadosamente, lo cual permite señalar que éstos de manera consciente decidieron la consumación del delito, como también las consecuencias y alcances de éste, controlando el desarrollo y realización de del hecho material".

La responsabilidad de Iturriaga Neumann, quien el año pasado intentó sin éxito que la Justicia le permitiera cumplir sus numerosas condenas en su casa, recae en que éste estaba a cargo de la división de la DINA que llevó a cabo el atentado.

"Dentro de los antecedentes incorporados al proceso se desprende que, para el año 1976, dentro de la estructura con que actuaba la DINA había un departamento 'DINA exterior', integrado por un grupo de agentes abocados al conocimiento de asuntos y políticas internacionales y otro que desarrollaba labores operativas exteriores, identificándose a la persona a cargo de éste con 'chapas', siendo Raúl Iturriaga Neumann uno de los que ejerció la dirección y control a la época de los hechos", sostiene la ministra Paola Plaza.

miércoles, 8 de junio de 2022

Instrumento para conocer el borrador de la nueva constitución de Chile.

Esta plataforma de búsqueda es una gran contribución para explorar en forma directa los artículos del borrador oficial de la Nueva constitución.

Ello puede ayudar a conocer el texto que se va a votar, y contrastar si existen informaciones tendenciosas o partidistas respecto al proceso de una nueva constitución en chile. 





Por ejemplo: si pones "Pueblos Indígenas" en el recuadro "Buscar", te aparecen de inmediato los textos directos. Y así, con otros temas. Aprovéchenlo y de paso difundan el enlace como un aporte en la campaña ciudadana de Educación Cívica por el Apruebo. Saludos cordiales. 


Folleto sobre la Convención constitucional y los enfoques por temas en la nueva constitución: