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martes, 25 de enero de 2022

El oportuno enemigo común

Nada une más que tener un enemigo común. Este clásico de la psicología social proviene de un experimento de 1954 denominado The Robbers Crave Experiment en el que 22 chicos de 11 años, que no habían tenido contacto entre sí, fueron divididos en dos grupos —sin conocerse— en un parque natural de Oklahoma (USA) para realizar una serie de actividades, primero enfrentadas y comunes después. En un principio existió hostilidad entre ellos, pero según fueron imponiéndoles pruebas en las que se necesitaba el acuerdo de todos y se implantó un objetivo único, los chavales acabaron trabajando codo a codo y convirtiéndose en los mejores amigos. De ahí se estableció que, si una meta se plantea en el entorno de un ataque inminente, se produce el “efecto del enemigo común”, que hace que el colectivo olvide los enfrentamientos existentes y se una para resolver el problema mayor que atañe a todos.



En política esta técnica es muy utilizada. Busca que los ciudadanos se movilicen alrededor de un objetivo, lo que produce que se amplíe la popularidad del líder político que lo promueve y se olviden sus fallos, mientras la sociedad se encamina a conseguir el fin estratégico marcado.

Los conflictos bélicos no son casuales ni inocentes. Siempre han sido un compendio de intereses económicos y políticos, donde alguien busca obtener un beneficio, ya sea antes, durante o después del conflicto. E invariablemente sufre la población de los países involucrados, auténticas víctimas de una serie de decisiones que nadie acaba de entender.

No pretendo romper una lanza por Vladimir Putin, aunque entiendo su malestar porque, desde su punto de vista, la OTAN se le quiere meter hasta en la despensa, rodeado por el norte y por el oeste y aprisionado por Turquía y China. Pero todo ello no es excusa para una nueva intrusión. Veo en un artículo de la cadena de televisión CNN que los expertos indican que el Kremlin necesita un puente terrestre hacia Crimea y un estatus más seguro para la región de Donbás, cuya ocupación terminó en 2015. Allí se sigue apuntalando a un movimiento separatista. Tales explicaciones suelen ser centrales para entender por qué Rusia puede querer invadir Ucrania por tercera vez en ocho años. Pero los expertos dicen también que la mayoría de las opciones militares tendrían un coste extraordinario, agravado por la crisis económica que golpea a Rusia como al que más, por el covid-19 y por otros factores. Y entonces ¿por qué sigue escalando el conflicto?


Presidentes en horas bajas

No sabremos hasta mucho tiempo después a quién o a quiénes benefician los prolegómenos de este problema específico, pero sí sabemos que los anuncios de acciones de Estados Unidos contra otros países suelen coincidir curiosamente con momentos en que el presidente de turno está en horas bajas. A tal punto, que se diría que todo presidente norteamericano –ya sea republicano o demócrata– necesita tener su conflicto armado o una amenaza del mismo.

Así ocurrió con George W. Bush, que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 respondió con la invasión de Afganistán (que acabó veinte años después con las orejas gachas y los talibanes en el poder) y después con la invasión de Irak (a cargo de una coalición para impedir el uso de armas de destrucción masiva que nunca llegaron a encontrarse y cuya existencia no quedó jamás demostrada).

Su antecesor, Bill Clinton, enfrentó una bajísima popularidad a cuenta de sus devaneos con una becaria en el despacho oval (que de principio negó, por lo que acabó acusado de perjurio). El momento álgido fue cuando admitió ante el Gran Jurado, el 17 de agosto de 1998, haber tenido una relación física inapropiada con la joven. Tres días después se desplegó la operación Alcance Infinito lanzando misiles contra las bases de Al Qaeda en Afganistán y en Jartum, Sudán.

Tampoco se libra de esta práctica Barack Obama, cuyas fluctuaciones de imagen debido a la situación económica poco afortunada coincidió con la denominada "guerra secreta" contra el terrorismo. Obama autorizó ataques con drones contra supuestos dirigentes y militantes de Al Qaeda y grupos yihadistas asociados en Yemen, Somalia y Pakistán. Provocó  además la caída de Muhamar el Gadafi, con consecuencias negativas que perduran hasta hoy y con una Corte Penal Internacional que, finalmente, no consiguió juzgar a nadie.


Trump y Biden

En cuanto a Donald Trump, me limito a un incidente —y muy grave— de los múltiples de su gobierno, como son los sucesos de Charlottesville, Virginia. En el contexto de unos mítines de extrema derecha celebrados entre los días 11 y 12 de agosto de 2017, un simpatizante nazi estrelló su automóvil contra una multitud de manifestantes, provocando un muerto y 19 heridos. Trump, en vez de denunciar a los supremacistas blancos y condenar el hecho, se limitó a rechazar "el odio, el fanatismo y la violencia en muchos lados". Su deliberada falta de claridad fue un aliciente para los supremacistas. Una semana después, ante la Asamblea General de la ONU, abogó por una coalición de naciones para actuar contra las grandes amenazas globales, metiendo en un mismo saco a Corea del Norte, Irán y el terrorismo yihadista. Trump reclamó la “destrucción total” para Pyongyang y el posible fin del acuerdo nuclear para Irán. Añadiré que, a los cien días de su toma de posesión, el 24 de abril de ese mismo año, sus índices de popularidad eran muy bajos, los más bajos de los últimos seis presidentes en el mismo periodo de tiempo. Pero también hay que decir que, con esos trucos de conveniencia a que nos acostumbró, Trump se acabó reuniendo con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, en suelo norcoreano, en busca de un futuro apacible o más bien de una impactante propaganda mediática. Su gobierno terminó con el asalto al Congreso y la negación del resultado electoral hasta hoy día, para que le sirva de puente sobre Biden.

En cuanto al presidente Biden, los últimos meses no le han sido favorables. En noviembre, se constataba su caída de popularidad con un 51% de desaprobación, mientras los republicanos mostraban signos de recuperación.

Casualmente en esas circunstancias, al inicio del nuevo año comenzaron los problemas y los anuncios. El 19 de enero de 2022, el presidente de Estados Unidos sobrecogió a Europa afirmando que creía que Rusia invadiría Ucrania, añadiendo que pagaría por ello. Fue pocas horas después de que su secretario de Estado, Antony Blinken, alertara de que “Rusia tiene planes” en el sentido de incrementar la presencia de sus tropas junto a las fronteras ucranianas y que podría iniciar en poco tiempo una nueva agresión militar.

Llamada a la calma

Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, llamó a “identificar formas de resolver el conflicto a través del compromiso diplomático bilateral y multilateral, y presentando un frente transatlántico fuerte, claro y unido”. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pedía desde el Parlamento Europeo a los miembros de la UE un plan de seguridad y estabilidad para aliviar las tensiones con Rusia.

Sin embargo, en España, la ministra de Defensa se ha apresurado a anunciar desde el primer momento el envío de material y hombres, con el aplauso de la derecha que sin duda desearía protagonizar algún papel en los acontecimientos. No me siento cómodo en ese entusiasmo bélico que ha marcado la titular de Defensa que viene a ofrecernos como voluntarios para lo que haga falta. España y la UE deben apostar firmemente por el diálogo y la negociación, en los que debe estar presente Ucrania, como reclamaba Josep Borrell. Los ciudadanos en Ucrania, en Rusia, en Europa, estamos demudados ante la posibilidad de un conflicto que solo traería dolor y muerte.

Quizás sea el tiempo de abandonar la política de bloques. El enemigo de mi amigo no tiene por qué ser un enemigo común. Más aún, mi amigo tendría que explicar con pelos y señales por qué él tiene ahora un enemigo y por qué ese tiene que ser también mi enemigo.

Los seres humanos debemos aprender de una vez por todas a gestionar nuestros intereses y resolver nuestros conflictos sin acudir a la violencia. Debemos buscar la armonía, entre nosotros y con la madre tierra, que bastantes problemas tenemos en este planeta tan maltratado como para añadir uno más. La violencia, y solo la violencia, debiera ser nuestro único y verdadero enemigo común.

Art. Opinión: Baltasar Garzón

Fuente: Infolibre

miércoles, 19 de enero de 2022

La médica y líder social Luz Marina Arteaga fue asesinada, convirtiéndose en el sexto asesinato de un líder social en Colombia este año.

 Este 17 de enero de 2022 a la altura de la Vereda La Esmeralda del Municipio de Orocué, Casanare, en las aguas del Río Meta, fue encontrado el cuerpo sin vida de la Líderesa Social LUZ MARINA ARTEAGA HENAO, quien era médica de profesión.





#Justicia #NosEstánMatando

Luz Marina Arteaga, se convierte en el asesinato No. 6  de Líderes/as Sociales en Colombia en lo que va de 2022. Ella fue vista con vida por última vez el 12 de enero sobre las 16:30 horas cuando desembarcó de una lancha en el sector El Pasó de Pelencho.

Según testigos, ella se desembarcó en el lugar que queda a orillas del río Meta y es jurisdicción de Ocué, y se encontró con un hombre desconocido que había llegado en una motocicleta, desde entonces no se supo nada más de ella.

Se sabe que ella ese día tomó una lancha desde su Finca El Raudal ubicada en la Vereda Matarratón del Municipio de Puerto Gaitán, Meta para dirigirse hacia su residencia ubicada en el Municipio de Orocué.

Ella hacía parte de la veeduría al programa de adulto mayor de Orocué y del proceso de lucha por el arreglo y mantenimiento de las carretera y vías de acceso al dicho Municipio y fue reconocida por ser una crítica sobre el uso de los recursos públicos.

Además, era una reconocida líder campesina, defensora de derechos humanos y reclamante de tierras adscrita a varias Organizaciones Sociales del Meta, Casanare y el Oriente Colombiano, desde las que trabajó siempre en defensa del territorio.

Fue la Líderesa Social mas visible de las veredas El Porvenir y Matarratón en el proceso de exigencia de cumplimiento de las sentencias STP-16298 de 2015 de la @CorteSupremaJ y la SU-426 de 2016 de la @CConstitucional.

Dichas sentencias le ordenan a la @AgenciaTierras (ANT) adjudicarles estas tierras estas comunidades campesinas históricas y a las entidades gubernamentales proteger sus sus vidas y demás derechos fundamentales.

Por lo anterior sumado a varias amenazas, existían varias denuncias y un par de Alertas Tempranas emitidas por la @Corpoclaretiana y por @cjyiracastro en 2019 y otra emitida por la @DefensoriaCol en 2020 de las que el gobierno hizo caso omiso.

La propia @UNPColombia mediante la Resolución No. 0009094 del 16 de diciembre del 2019, había notificado el riesgo EXTRAORDINARIO que existía en contra de su vida, sien embargo no tomó las medias reales necesarias para protegerla dado que solo designó un medio de comunicación, un chaleco antibalas más un SLMLMV, que luego la propia entidad quiso revocar, pero al final a través resolución No.3188 del 11 de mayo de 2020, se la confirmaron por 3 meses más y luego quedó desprotegida.

Por todo lo anterior, podemos asegurar que aunque su muerte la haya ejecutado algún grupo criminal, los principales responsables de su asesinato son la @UNPColombia, el @mindefensa y el gobierno nacional en cabeza del criminal de @IvanDuque. (G.E.M.C.).

Fuente: Instituto Colombiano de Derechos Humanos (ICDH)

lunes, 17 de enero de 2022

La nueva misión de las radiotelevisiones públicas europeas

 Nacieron en la posguerra para ayudar al proceso de reconstrucción institucional. Su principal misión hoy es defender la democracia y la convivencia combatiendo, entre otras cosas, la propagación de la falsedad.

La proliferación de noticias falsas se ha convertido en un desafío de primer orden para la ciudadanía europea y española. La Unión Europea lo ve como un atentado al derecho a la información, que tiende a deslegitimar las instituciones y puede infligir un daño irreversible a las libertades cívicas.

Dos hechos acentúan la gravedad del desafío. Por un lado, que la hegemonía de las redes sociales ha aumentado la propagación de la falsedad, llegando a evidenciar que “el bien que proporciona la verdad, nunca logrará sofocar el daño que genera la apariencia de verdad”, en palabras de François de Rochefoucauld. Por otro lado, con internet se ha producido una enorme concentración del poder mediático a escala mundial en manos de unas pocas empresas norteamericanas o chinas, y que esto va imponiendo regímenes cada vez más autoritarios, una supervigilancia electrónica casi total, y la asfixia de cualquier disidencia.

Es, justamente, en este contexto en el que cobra sentido la nueva misión de las radiotelevisiones públicas europeas.

Si estas nacieron en el contexto de la posguerra con el objetivo de ayudar al proceso de reconstrucción institucional, hoy en día su principal misión es defender la democracia y la convivencia. Y hacerlo mediante la construcción de una esfera mediática razonable y el empoderamiento crítico de la ciudadanía.

Esta nueva misión ha hecho que los medios públicos europeos asuman tres objetivos prioritarios: 1) la lucha contra la propagación de la desinformación; 2) la preservación de la soberanía cultural; y 3) el impulso a una esfera pública saneada.

Para cumplir el primer objetivo, los medios públicos deben convertirse en referencia informativa, tanto a la hora de construir la agenda, como a la hora de garantizar la veracidad y la calidad de la información que difunden. Su tarea esencial es, por tanto, proporcionar en tiempo real una cartografía fiable del mundo en que vivimos.

Frente a la desinformación y la narcotización de la opinión pública, deben ofrecer mapas conceptuales útiles y realistas, basados en el conocimiento científico y en el espíritu crítico. Especialmente, en momentos en que la perversión del nuevo ecosistema mediático puede ser el caldo de cultivo propicio al negacionismo, a las teorías conspiratorias, y a la creación de universos alternativos. De aquí que el periodismo de calidad es un objetivo básico. Un periodismo que garantice la comprensión cabal del mundo y, a la vez, que sea capaz de empoderar críticamente a la ciudadanía.

En este sentido, las radiotelevisiones públicas europeas se encuentran en condiciones inmejorables para alcanzar este objetivo. No buscan fines de lucro. No dependen de grupos de interés económico. Y solo están obligadas a rendir cuentas a los parlamentos y a la ciudadanía. Por ello, pueden comprometerse con tres aspectos claves: con la objetividad y la independencia de juicio; con una transparencia activa —que someta a escrutinio público constante tanto los criterios de verificación que utilizan, como los principios de su línea editorial, sus libros de estilo y sus códigos de conducta—; y con la promoción de la alfabetización mediática y cultural de sus públicos. De esta manera no solo pueden reforzar la confianza de sus públicos, sino mejorar continuamente sus métodos de información, y favorecer el empoderamiento crítico de la ciudadanía.

En otro orden de cosas, la defensa de la soberanía cultural es objetivo esencial para las radiotelevisiones críticas europeas.

Cuando el poder mediático reside en apenas unas pocas empresas multinacionales, peligran no solo la pluralidad ideológica sino la libertad de creación. Por esta razón, está claro que, si las grandes plataformas audiovisuales norteamericanas llegaran a adueñarse totalmente del escenario audiovisual europeo, la industria creativa europea se habría convertido, en ese mismo momento, en una especie de franquicia, y la soberanía cultural sería solo una quimera.

Por eso, las radiotelevisiones públicas europeas se han propuesto defender la identidad cultural a través de lo que podemos denominar soberanía creativa. Soberanía que tiene dos caras: la búsqueda de una narrativa audiovisual propia, por un lado; y una industria audiovisual potente que favorezca la innovación y que pueda competir en el mercado internacional.

Sin ambas condiciones, la propia identidad europea está en juego en un momento en que las artes creativas tienen un papel fundamental en la conformación no solo de nuestro imaginario colectivo sino también de nuestro crecimiento económico.

La tercera gran tarea de las radiotelevisiones europeas es fomentar una esfera pública que favorezca la comprensión, el aprendizaje colectivo y el progreso. Sin esa esfera pública ni los países avanzan, ni consolidan sus democracias.

Pero las amenazas en este terreno son enormes. En muchos países europeos se está produciendo un calentamiento excesivo de la esfera mediática que está provocando el aumento de la crispación política, exacerbando la ira y el odio, y favoreciendo la tensión social.

Frente a ello, los servicios públicos europeos deben dar cabida a una conversación pública respetuosa, sosegada e inclusiva. Han de sustituir la crispación y la agresividad por el entendimiento. Y tienen que garantizar, aunque sea en última instancia, que la racionalidad acabe imponiéndose a las pulsiones emocionales y pasionales.

Su gran objetivo es hacer realidad las normas que en su día describió Habermas como claves para la salud de la esfera pública: la equidad, el respeto mutuo entre los interlocutores y la garantía de que la deliberación racional se sobrepone a la sofística o a la ausencia de cualquier tipo de lógica. Se trataría, pues de afirmar, como requería Stuart Mill, un tipo de debate público en el que todos fuésemos capaces de rendir “honores a las personas que tienen la calma de ver —y la honradez de reconocer— lo que son sus adversarios, así como de reconocer lo que representan sus opiniones realmente. Y esto, sin exagerar nada de lo que les puede perjudicar, y sin ocultar tampoco lo que les puede ser favorable. En eso consistiría la verdadera moralidad de la discusión pública”.

Todos estos retos de dimensión europea son también los objetivos propios de una RTVE, que forma parte de la élite de las grandes radiotelevisiones europeas.

Pero para alcanzar tales objetivos, RTVE debe emprender un camino de transformación profunda en todos los ordenes: organizativo, tecnológico y cultural. Una transformación que la coloque en vanguardia de una democracia mediática avanzada y a la cabeza de una industria audiovisual potente, adaptada a los nuevos tiempos digitales.

Este compromiso, de una RTVE transformada —con toda su potencia propia y con las alianzas que pueda promover— es un compromiso con la transformación de nuestro país y de Europa ayudando a desarrollar el talento, el emprendimiento y la innovación, con la democracia y con la constitución; con nuestro un patrimonio cultural y lingüístico (diverso), con nuestra ciencia, nuestra cultura y nuestros valores. Es una apuesta de futuro.

Art. Opinión: José Manuel Pérez Tornero

Fuente: El país

La confrontación mundial del siglo XXI está probada, y es dictadura contra democracia. Art Opinión: Carlos Sánchez Berzain

El choque entre los regímenes dictatoriales y los gobiernos democráticos no es una cuestión ideológica, es existencial.



#Democracia #DerechosHumanos #Dictadura #

Diferentes eventos hacen temer el resurgimiento de las dictaduras como modo hegemónico en los gobiernos estatales: 

La posesión del dictador de Nicaragua con su invitado requerido por terrorista Nohsen Razai en representación de Irán / el anuncio de China de financiar en Latinoamérica obras de infraestructura que incluyen 5G con Huawei / el aviso del viceministro ruso de no descartar el “despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela” /la escalada de la tensión de Rusia contra Ucrania /  el control por las dictaduras del 68% el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

son algunos datos que prueban que el eje de confrontación en el siglo XXI es dictadura contra democracia y es mundial.



El dictador de Nicaragua Daniel Ortega junto con el terrorista iraní 
Nohsen Razai que dejó 85 muertos en Buenos Aires.

Genéricamente solo hay dos maneras de organizar el sistema de gobierno de un Estado: la que se funda en el respeto a la libertad y los derechos humanos que es la democracia; y la que concentra el poder indefinida e incondicionalmente en manos de individuos o grupos que violentan la libertad y los derechos humanos de quienes someten, que es la dictadura.

La libertad detallada en el respeto a los derechos humanos es el fundamento de la democracia que implica expresión de la voluntad popular para acceder al gobierno, temporalidad en el ejercicio del poder, naturaleza de mandato que recibe el gobernante con obligación de rendición de cuentas, imposibilidad de concentrar todo el poder por la división e independencia de los órganos públicos con justicia independiente, sometimiento a la ley que estructura el estado de derecho, libre organización política.

La democracia es el sistema en que el derecho y la libertad propios solo puede tener por límite el derecho y la libertad de los demás y está lejos de ser un sistema perfecto, pero no hay uno mejor.  Winston Churchill consagró la célebre frase de que “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.

Toda forma o sistema de gobierno en el que se subordine la libertad y el respeto de los derechos humanos a la voluntad de un individuo o grupo y en el que se utilice cualquier forma de violencia para tomar y detentar el poder, es una dictadura. El uso de la fuerza o violencia, la concentración de todo el poder en una persona o grupo, la permanencia indefinida en el poder o el propósito de hacerlo, la inexistencia de garantías que institucionalizan la violación de las libertades individuales y la impunidad señalan la dictadura.

Disfrazar una dictadura como movimiento político de liberación, revolución social, proceso de cambio, nueva organización del estado, exacerbación nacionalista, concepciones teocráticas de mandatos divinos o inspiraciones religiosas, son algunas de las formas con las que se pretende –con algún éxito de publicidad- presentarlas como aceptables e incluso como “nuevas u otras formas de democracia”. El esfuerzo general consiste en otorgar una legitimidad que no tienen los regímenes violatorios de los derechos humanos y de crimen organizado.

Las Américas en el siglo XXI están marcadas por dos hechos antagónicos: 1.- la institucionalización de la democracia mediante un tratado constitutivo obligatorio para todos los Estados, que es la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima Perú el 11 de septiembre de 2001 que proclama la “democracia como un derecho de los pueblos..”; 2.- La expansión de la dictadura de Cuba con el aporte de capital de Venezuela, estableciendo las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, falsificando la política para encubrir el crimen organizado.

El choque entre los planteamientos y regímenes dictatoriales y las propuestas y gobiernos democráticos no es una cuestión de izquierda y derecha como se trata insistentemente de presentar. La confrontación  entre democracia y dictadura no es ideológica, es existencial.  No hay confrontación ideológica entre la defensa de la libertad y los derechos humanos frente al crimen organizado trasnacional que detenta el poder con “terrorismo de Estado” instalando narcoestados, cometiendo y amparando todo tipo de delitos con fines de impunidad.  El crimen no es una ideología.

La nítida la relación entre las dictaduras de las Américas de propiedad de Cuba y los regímenes dictatoriales de Irán, Rusia, China y otros , es solo el “hecho notorio” de una relación natural entre ellos fundada en las coincidencias de objetivos y métodos que violan la libertad y los derechos humanos y que disfrazan de “antiimperialismo”.

La confrontación mundial del siglo XXI está probada y es dictadura contra democracia, disputando como vivirá la gente en un mundo  capitalista, globalizado y en plena revolución tecnológica. Es la confrontación de toda la historia de la humanidad -libertad o barbarie- pero en nuestro tiempo los principios y valores señalan a las dictaduras como crimen organizado y no como política.

Fuente: Infobae

Art Opinión: Carlos Sánchez Berzain

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

sábado, 15 de enero de 2022

Falleció Leonardo Franco, un juez dedicado a la protección de refugiados

Falleció Leonardo Franco, referente en la protección de los refugiados y desplazados en América Latina; además de ser un referente en el proceso de paz que se vivió en América Central. Su labor como juez  en la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tuvo un paso por la representación regional para América Central y el Caribe del Alto del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y se desarrolló, asimismo, como director de la Misión de las Naciones Unidas para la verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, entre otros cargos.



Que descanse en paz y que su legado sea recogido por las nuevas generaciones.


Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU

viernes, 14 de enero de 2022

Guantánamo, veinte años de horror. Art. Baltasar Garzón


Han pasado 20 años desde que llegaran a Guantánamo los primeros detenidos. El centro de detención norteamericano está ubicado en una base naval situada en el este de Cuba. El gobierno cubano reclama continuamente su cierre y considera que se encuentra en territorio ocupado. La prisión se construyó en 96 horas, tras los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ha llegado a contar con 780 prisioneros. Pertenecían a 49 nacionalidades distintas, sobre todo afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes y, cuando fueron detenidos, sus edades oscilaban desde los 13 a los 89 años. Guantánamo es un lugar inexpugnable donde la tortura y la impunidad estaban —y es de suponer que están aún—, a la orden del día.

#Guantanamo #EEUU #Tortura #DerechosHumanos #Democracia


Sin duda sigue siendo una demostración de lo peor de un Estado y de lo que los seres humanos son capaces de inferir a sus semejantes. En estas dos décadas solo han sido procesados doce de los recluidos y de ellos dos fueron condenados por una comisión militar. Hoy quedan aún 39 personas presas, 27 de ellas, por tanto, sin cargos. Las 27 personas sobre las que no pesa acusación alguna en todo este tiempo permanecen allí en el concepto de que son detenidos de guerra en el conflicto con Al Qaeda, sin que se vea final a su situación.  Señalo, como recordaba recientemente el diario La Vanguardia, que el juicio a los cinco presuntos cabecillas del 11-S, entre ellos el supuesto líder Jalid Sheij Mohamed, sigue sin iniciarse después de diez años de audiencias previas.

En 2002, desde el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, yo había dictado un procesamiento contra el ciudadano español Hamed Abderraman Ahmed —alias Hamido y preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda y, en diciembre de 2003, emití una orden de detención. Esto me sirvió para reclamar a Estados Unidos su extradición. Se consiguió su libertad en febrero de 2004 a cambio del compromiso del Gobierno de José María Aznar de mantenerlo en prisión, asunto que está claro era en realidad de mi competencia en base al procedimiento abierto. El 13 de febrero, Interpol me confirmó su entrega. Recuerdo que, ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila pidiéndome la seguridad de que el detenido no sería puesto en libertad, pues podría perjudicar las elecciones que se iban a celebrar el 14 de marzo siguiente. Le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar.


Impactante declaración

Aquel iba a ser el primer caso en el mundo en el que se conseguía liberar a una persona de aquella prisión. Se trataba de que alguien que había estado privado de todos sus derechos los recuperara, sin perjuicio de las imputaciones que se le pudieran hacer y que eran anteriores a su marcha desde España a Afganistán. Una vez que llegó, ordené que fuera sometido a un exhaustivo examen médico, pero antes, le pregunté sobre la detención y el trato recibido en Guantánamo.

Reproduzco mis notas de aquellas fechas: “Me habló de celdas individuales de hierro (jaulas) de 2 x 1,5 m; con salida, no todos los días, de quince minutos al exterior, en silencio permanente, con capucha en la cabeza, golpes en el rostro, sucesivos interrogatorios sin abogado. Durante más de dos años, esta persona ha vivido una situación de no derecho. He acordado que le ingresen en el Gregorio Marañón, a pesar de que los informes médicos no son desfavorables. He experimentado una sensación confusa. Por una parte, la satisfacción de que me hayan entregado a un presunto terrorista, pero, por otra, la pena, el malestar, la repugnancia y el desasosiego que me produce la desorientación que traía, el calvario que ha tenido que pasar en ese campo de concentración. He autorizado que la familia lo vea en espacio abierto y cómodo (el despacho del secretario y no en los calabozos) por si esta alternativa le pudiera traer lo vivido en Guantánamo. El letrado Javier Nart ha estado muy profesional y me ha comentado que presentará una demanda de responsabilidad civil contra los Estados Unidos”.

EEUU contra el juez


En el 2009 inicié la apertura de una causa judicial para investigar a los responsables de las torturas contra los presos de Guantánamo. Se sumaron varias denuncias y querellas. Hoy todavía, como aquel día de 2004, me sobrecoge el relato de las víctimas. La práctica de la tortura ha sido una tentación y una constante a lo largo de la historia. En múltiples investigaciones así se ha constatado (dictaduras, Guantánamo, Abu Ghraib, terrorismo, cárceles, interrogatorios). Es la negación en sí misma de la racionalidad del ser humano y la negación más grosera del Estado de derecho.



Como es natural, las autoridades norteamericanas nunca colaboraron sino para impedir la investigación con la colaboración inestimable de algunos funcionarios españoles, según se desveló en el 2010 por WikiLeaks. No se me olvidan aquellos cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid que hablaban de «torcer el brazo a Garzón» o «sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso a no ser que se le obligue a abandonarlo». Probablemente esa publicación salvó precisamente el caso e hizo que los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaran la competencia y ordenaran la continuación de la investigación. El Tribunal Supremo español calificaría Guantánamo de limbo judicial, considerando que cualquier prueba obtenida allí era ilegal.  


El informe del Senado USA


El 9 de diciembre de 2014, un informe del Senado norteamericano dejaba claro que Guantánamo constituye la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. En un artículo que publiqué días después en la web de mi Fundación, FIBGAR, reseñaba lo mismo que hoy pienso, que la justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. Y que la vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.

Pero, más aún, que ese dictamen del Senado confirmaba que tales acciones criminales de la CIA en Guantánamo fueron inútiles pues los detenidos —que no habían sido juzgados— ante estos métodos expeditivos, firmaban declaraciones falsas que debían servir para justificar a los altos responsables de esa agencia de información y a las autoridades USA que torturaron sistemáticamente como medio para luchar contra el terrorismo y como política de Estado para someter a otros países.


La Jurisdicción Universal

En cuanto a la administración estadounidense, el presidente George Bush admitió que los talibanes y afganos detenidos quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares violaba las leyes internacionales. Fueron excarcelados 500 de los arrestados. Otros 200 saldrían de su encierro durante el mandato de Obama, quien planteó cerrar el centro en un año. Llegó Donald Trump y paralizó este proceso. Joe Biden alcanzó la presidencia con la promesa de clausurarlo. Hasta la fecha solo se ha trasladado a un preso. La postura de su administración es clara: Guantánamo es “una mancha moral”, como declaró el portavoz del Departamento de Estado Ned Price. Pero Biden se enfrenta a la postura de los republicanos en el Senado que rechazan cualquier posibilidad en este sentido. Consideran a los reclusos peligrosos y se prohíbe que se utilicen fondos públicos para su transporte a cualquier destino o para mejora alguna en las instalaciones penitenciarias.



En Londres, actualmente se suceden protestas por lo que denominan presos eternos. “Acusadles o soltadles”, reclaman los manifestantes. Guantánamo se constituye como una vergüenza y un paradigma de lo que un país que se disfraza de derechos humanos, es capaz de hacer contra ellos equivocando el mensaje de salvaguarda del mundo.

La Jurisdicción Universal, instrumento que nos permitió en España llevar a cabo esta instrucción y los juicios posteriores, se había revelado como una herramienta capaz de poner en jaque los ataques sistemáticos y arbitrarios por parte de cualquier régimen por poderoso que fuera, pero la política soporta mal las presiones y, en demasiadas ocasiones, los jueces no luchan como debieran por su independencia. La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, con el gobierno del PP, venía a echar el cierre definitivo tras una primera reforma en 2009 con un gobierno socialista, que la limitaba. Si España había sido un referente mundial, los intereses geopolíticos remataron la actitud combativa contra la impunidad y el amparo a los vulnerables.

En cuanto a Guantánamo, siempre busqué la fórmula para sacar de aquel lugar de pesadilla a quienes podía. Las consecuencias que me han reportado mis convicciones han sido diversas y evidentes. Pero todo ello no ha hecho sino reafirmarme, hoy y durante estos veinte años, en que la defensa de las víctimas y las garantías del Estado de Derecho se deben mantener por encima de cualquier componenda, y que es crucial denunciar a aquellos que buscan poner obstáculos al ejercicio de la Justicia independiente. Por muy poderosos que sean.

Fuente: Infolibre.es

jueves, 13 de enero de 2022

Bolsonaro, una amenaza para la democracia en Brasil, advierte Human Right Watch

Según el reporte, su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión.


Las elecciones generales de este año en Brasil serán una prueba para la democracia del país debido a las amenazas del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ha cuestionado la validez de su sistema de votación, dijo el jueves Human Rights Watch.

En su informe anual sobre abusos contra los derechos en el mundo, el grupo con sede en Washington instó al Supremo Tribunal Federal, al Congreso y a otras instituciones democráticas de Brasil a permanecer vigilantes y resistir cualquier intento de Bolsonaro de socavar las elecciones de octubre.


“El presidente Bolsonaro intentó debilitar los pilares de la democracia, atacando al poder judicial y repitiendo acusaciones infundadas de fraude electoral”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil.

Su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión, dijo el informe.

La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe. Bolsonaro planea buscar la reelección en octubre, aunque no ha anunciado formalmente su candidatura.

Brasil registró en 2020 el mayor número de muertes resultantes de la acción policial desde que el indicador comenzó a ser seguido y cerca del 80% de las víctimas fueron personas negras, dijo HRW.

Bolsonaro ha fomentado la violencia policial y ha defendido un proyecto de ley que busca dificultar que los policías respondan por los casos de abusos, añadió.

Su gobierno inició investigaciones penales contra sus críticos, incluso con el uso de la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura militar de 1964-1985 que él defiende, dijo.

Bolsonaro ha promovido proyectos de ley para negar el derecho de muchos pueblos indígenas a sus tierras tradicionales y, en la práctica, legalizar la minería ilegal en esos territorios.


Durante su gobierno, la deforestación en la Amazonia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto desde 2006, como muestran los propios datos del gobierno, señaló Human Rights Watch.

Fuente: Reuters

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Los mandatarios deberían respetar las instituciones democráticas para poder mantener los sistemas gubernamentales libres de autoritarismos y poder mantener una democracia fuerte que ayude el desarrollo de todos los ciudadanos del ´país".