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jueves, 31 de octubre de 2019

Aída Quilcué, tras masacre indígena en Cauca: "estamos ante un genocidio"


La consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia habló con LA FM.
ída Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), habló con LA FM de la masacre de cinco indígenas en Tacueyó, departamento del Cauca. Según se informó, los integrantes del pueblo Nasa fueron asesinados y otros seis heridos en un ataque perpetrado el martes, al parecer por disidentes de las Farc.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) indicó que entre los asesinados está la autoridad neehwe'sx Cristina Bautista, al igual que dio cuenta de otra mujer entre los heridos. De acuerdo con Aída Quilcué, aunque la Fuerza Pública sí está cerca, estos grupos residuales criminales la han emprendido contra ellos por la defensa que los aborígenes hacen del territorio.


Según la ONIC, además de Bautista, entre los muertos están los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, oriundos de varias aldeas de la zona de Tacueyó, municipio situado en el norte del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el recrudecimiento de la violencia en el país. Los heridos fueron identificados como Dora Rut Mesa, José Norman Montaño Noscué, Matías Montaño Noscué, Crescencio Peteche Mensa, Rogelio Taquinas, y un sexto cuyo nombre no fue divulgado.

Las informaciones procedentes de la zona donde se produjo el hecho son aún confusas, pero las Fuerzas Armadas indicaron en un comunicado que los indígenas fueron atacados por disidentes de las Farc. "En la tarde de hoy cinco guardias indígenas fueron asesinados por presuntos integrantes de GAO residual (disidentes de las Farc), luego (de) que atacaran a la Guardia Indígena en Tacueyó, Cauca", informó el Comando General de las Fuerzas Militares en un comunicado.

Lea también: ONU y OEA repudian masacre de cinco indígenas en el Cauca

En el mismo sentido se expresó el Consejo Regional Indígena del Cauca, según el cual los indígenas fueron emboscados en la aldea La Luz, supuestamente por miembros de la disidencia Dagoberto Ramos de las Farc.



Por su parte la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, expresó en Twitter su condena "al ataque contra la Guardia Indígena del sector de La Luz, del resguardo de Tacueyó en Cauca" y también dijo que al parecer fue cometido por disidentes. Según la ministra, el Ejército "se encuentra al frente de la situación para brindar protección a la población y capturar a los responsables" de la matanza.



El coordinador nacional de la guardia indígena, Luis Acosta, afirmó por su parte que por el ataque, el resguardo se encuentra "en una grave emergencia". Y agregó, mediante un mensaje distribuido a los miembros de esa comunidad: "no nos vamos a asustar (...) en estos momentos seguimos en resistencia, con mucho dolor por la muerte de nuestros compañeros, pero no nos vamos a doblegar".

Lea también: Cinco indígenas muertos en ataque armado en Toribío (Cauca)

Miembros de la comunidad indígena de Tacueyó relataron que los atacantes además dispararon para impedir la evacuación de los heridos a hospitales de la zona. "Al mismo tiempo están disparando contra la ambulancia que iba a hacer el acto humanitario de llevarlos al hospital", manifestó Hermes Pete Vivas, consejero mayor del CRIC.

Por su parte, el senador e indígena nasa Feliciano Valencia solicitó "con urgencia" al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que atienda "de manera inmediata esta crisis humanitaria". En el Cauca, que sufrió la violencia del conflicto armado con la antigua guerrilla de las Farc, siguen en operación disidentes que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Gobierno en noviembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que en los últimos han llevado a la zona a carteles mexicanos. Aída Quilcué nombró a Sinaloa.

La Guardia Indígena se opone a la utilización de su territorio para el narcotráfico, con lo cual se han convertido en el principal blanco de los grupos dedicados al tráfico de drogas, entre ellos los disidentes de las Farc.

Fuente: LA FM y agencias

miércoles, 30 de octubre de 2019

Ejército sacó vivo a líder social de su casa y dos horas después apareció muerto



¡Y con signos de tortura! El espeluznante y terrorífico caso que todo Colombia tiene que conocer

Las autoridades colombianas investigan la muerte del joven defensor de derechos humanos Flower Jair Trompeta Pavi, ocurrida en el municipio de Corinto, en el convulso departamento del Cauca (suroeste) y de la cual se acusa al Ejército, informaron este martes fuentes oficiales.

Según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la comunidad reportó que "los hechos se presentaron tras escuchar varios disparos y el sobrevuelo de un helicóptero en horas de la mañana del lunes 28 de octubre".

Al respecto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo a emisoras de radio que "ya hay una investigación que está adelantando la Fiscalía" y reiteró que no hay ninguna posibilidad de que se hayan revivido los "falsos positivos", práctica con la que militares ejecutaron a unos 5.000 civiles en las dos últimas décadas para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.



"Absoluta y categóricamente no, no existe la menor posibilidad" de que se trate de un "falso positivo", explicó el jefe de la cartera de Defensa.

DENUNCIAN TORTURA

La información de la Anzorc agrega que los "familiares del joven asesinado solicitan a las autoridades investigar a fondo las extrañas circunstancias en las que se presentaron los hechos y devolver el cuerpo en la mayor brevedad".

Lugareños dijeron a medios locales que el joven supuestamente fue retenido por miembros del Ejército quienes al parecer lo torturaron metiéndole una mano en una máquina para despulpar de café.

Según Anzorc Trompeta era integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución de Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal), localidad cercana a Corinto.

REVIVE CASO DE EXGUERRILLERO ASESINADO

El caso también fue denunciado por el senador Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, quien escribió en su cuenta de Twitter que según la comunidad donde vivía el joven, al "campesino se lo llevaron vivo de su parcela (…) unidades del Ejército (hay testigos) y dos horas después aparece asesinado y con señales de tortura".

En otro mensaje Barreras dijo que solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Fiscalía una "rigurosa autopsia" y que el caso lo seguirá la Comisión de Paz del Senado.

El senador añadió que espera que la información "no sea manipulada como en el caso de Dimar Torres ni nos informen que fue 'un accidente"".

Torres era un guerrillero de las FARC que dejó las armas tras la firma del acuerdo paz y fue asesinado el pasado 22 de abril por militares en una aldea del municipio de Convención, que hace parte de la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

CRIMEN PLANEADO

A propósito de este caso, la revista Semana informó en su más reciente edición que el asesinato no fue algo fortuito sino un plan urdido por el teniente coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita.

Cuando se conoció el asesinato de Torres el ministro Botero dijo que había sido como consecuencia de un forcejeo con el cabo del Ejército Daniel Gómez, pero denuncias de la comunidad permitieron descubrir que se trató de un asesinato.

Tanto el cabo como el teniente coronel fueron retirados del Ejército y el primero está preso, según el Ministerio de Defensa.

El mismo día de las revelaciones de la revista el presidente colombiano, Iván Duque, expresó su respaldo al titular de Defensa y dijo que "no es momento de hablar de una renuncia del ministro Botero".

 Fuente: Publimetro

martes, 29 de octubre de 2019

La Oficina de Derechos Humanos, preocupada por la violencia en Chile


La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dio la bienvenida al levantamiento del estado de emergencia del Gobierno de Chile.


El portavoz de Michelle Bachelet dijo que se encontraban muy preocupados por la violencia y destrucción que tuvo lugar en el país el lunes y aclaró detalles logísticos de la misión de la Oficina que estaba supuesta a llegar a Santiago de Chile.

“La misión no llegó ayer (lunes), tengo que clarificar esto porque hay un poco de confusión, pero el equipo completo llegará en los próximos días. No tenemos un tiempo exacto de cuando la misión entera esté en el terreno, pero será muy pronto”, aseguró Rupert Colville.

El equipo estará compuesto por cuatro personas, en vez de tres, que estarán en el país por tres semanas y mantendrán reuniones con varios sectores de la sociedad.  El portavoz aclaró que se trata de una misión técnica y no de investigación como tal, diciendo que hay también confusión sobre su naturaleza.

“El equipo aprovechará el conocimiento y la experiencia que ya existe en Chile para evaluar la situación y emitir claras recomendaciones para ayudar a los chilenos a responder a algunas de los problemas de derechos humanos que rodean la crisis actual”, dijo el portavoz.


Noticias ONU

lunes, 28 de octubre de 2019

INDH reporta 3.193 personas detenidas y 1.092 heridos en las manifestaciones de Chile


El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó un nuevo reporte de personas heridas durante las protestas y manifestaciones que empezaron por el alza de pasajes del Metro de Santiago y que agruparon muchas de las peticiones desoídas durante décadas por el estado.
El INDH reportó 3.193 personas detenidas y 1.092 heridos en hospitales, entre el 17 de octubre hasta este domingo a las 12:10 del día.
De todas las detenciones, 549 fueron mujeres, 2.177 hombres y el resto que son 343, perteneces a niños, niñas y adolescentes.En el reporte además se registran 88 acciones judiciales, donde 17 son por violencia sexual, ya sea desnudamientos y amenazas.
Las cifras fueron recopiladas directamente por el INDH en observaciones a manifestaciones, comisarías y hospitales desde el 17 de octubre hasta hoy (domingo), a las 12:30 horas.
En la misma gráfica se notifica que 546 han recibido impactos por armas de fuego y 122 tienen heridas de globos oculares, de los cuales cuatro tienen pérdida o estallido.
En el reporte además se registran 88 acciones judiciales, donde 17 son por violencia sexual, ya sea desnudamientos, amenazas, tocaciones y una violación.
En la misma línea, el Poder Judicial informó que hasta el momento se han presentado 167 recursos de amparo en todo el país, por casos de vulneraciones cometidas por autoridades, funcionarios de Carabineros y otras Fuerzas Armadas durante estos días de crisis social en el país.





Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Durante estos días hemos podido ver grandes marchas que inicialmente eran pacíficas. Estas marchas han sido disueltas, en su mayor parte, utilizando una fuerza desmedida e innecesaria. En la mayoría de incidentes, carabineros y militares recibían ordenes de sus superiores. La responsabilidad  máxima de haber provocado ceguera, parálisis, traumatismos e incluso la muerte de personas debe ser juzgada".

domingo, 27 de octubre de 2019

Sobre la responsabilidad del Presidente de la República por crímenes perpetrados bajo el estado de emergencia


Por Juan Pablo Mañalich R. Fuente Ciper Académico


El entorno del Presidente Piñera parece no advertir que si los militares y policías desplegados durante el estado de emergencia llegan a cometer delitos de lesa humanidad, él podría llegar a tener responsabilidad penal como autor. El columnista explica las condiciones en que esto podría configurarse y argumenta, además, que desde el punto de vista del derecho penal internacional, el Jefe de Estado podría llegar a ser responsabilizado por eventuales crímenes cuya perpetración no impidió, si se demuestra que hizo caso omiso de información de que esos crímenes se iban a cometer.




 En una declaración emitida el miércoles 23 de octubre, el Ministro de Justicia se refirió a presuntos delitos perpetrados por agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden bajo la vigencia del estado de emergencia decretado por el Presidente de la República. Sobre ello dijo que “todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas”.

Las declaraciones y el comportamiento de otros personeros de Gobierno, incluido el mismo Presidente de la República, hacen dudar de que en su entorno inmediato exista claridad acerca de quiénes pudieran llegar a tener responsabilidad por tales delitos.

Desde el punto de vista del derecho interno, las normas pertinentes van más allá del Código Penal, pues también es aplicable la Ley 20.357 -vigente desde el 18 de julio 2009-, que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Esa ley habilita a los tribunales chilenos para conocer buena parte de los crímenes sobre los cuales la Corte Penal Internacional puede llegar a ejercer su jurisdicción “complementaria”.

Entre esos delitos figuran, por ejemplo, la tortura y la desaparición forzada de personas.




Las reglas contenidas en la Ley 20.357 complementan y modifican la regulación penal general. Por ejemplo, su art. 40 declara imprescriptibles tanto la acción penal respecto de los crímenes tipificados, como las penas que eventualmente se impongan. A su vez, el art. 35 fija las condiciones bajo las cuales pueden resultar responsables, como autores, los civiles o uniformados que ostenten la calidad de “autoridades o jefes militares”. Esto incluye, en primerísimo lugar, a quien sea Jefe de Estado al momento de ser cometidos los crímenes.

Para que los delitos eventualmente perpetrados por agentes policiales o militares bajo la vigencia del estado de emergencia puedan resultar constitutivos de crímenes de lesa humanidad (tipificados en la Ley 20.357) es necesario que cumplan las condiciones establecidas en su art. 1º.

Estas condiciones son: (1) que las acciones constitutivas de los delitos formen “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”; y (2) que este ataque “responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

La propia ley define, en su art. 2º, qué se entiende por un ataque “generalizado” o “sistemático”: el ataque es generalizado cuando consiste en “un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas”; es sistemático, en cambio, cuando consiste en “una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas”.





Serán los tribunales los que deben establecer, sobre la base de la persecución penal que pueda iniciar el Ministerio Público, si las condiciones recién reseñadas pueden haberse cumplido. Pero en principio es difícil poner en cuestión que las circunstancias que acompañan al actual estado de emergencia vuelven concebible que los acontecimientos se estén desarrollando en una dirección que pueda llevar a ello.

Al respecto, cabe subrayar que la existencia de una política de Estado que sirva de contexto a la posible comisión de los crímenes en cuestión, según lo exige el art. 1º de la ley, no necesariamente tendrá que haber sido reconocible al inicio de la situación durante la cual haya tenido vigencia el estado de emergencia. Es perfectamente imaginable, en cambio, que esa política de Estado se haya vuelto suficientemente reconocible en algún momento o partir de un hito posterior.

Sería irresponsable obviar la importancia de esta última observación. Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el propio gobierno de Chile han validado públicamente información que vuelve fundada la sospecha de que, durante la vigencia del estado de emergencia, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad desplegadas han perpetrado delitos que podrían resultar punibles bajo la Ley 20.357, a saber: homicidio (art. 4º) y tortura (art. 7º Nº 1). Es incierto, pero en ningún caso descartable, que a aquellos pudieran añadirse crímenes de lesión corporal gravísima (art. 5º Nº 2), de privación ilegal de libertad por más de cinco días o de secuestro calificado (art. 5º Nº 7), así como de abuso sexual calificado (art. 5º Nº 8).

El punto crucial es, en cualquier caso, el siguiente. Según el art. 35 de la Ley 20.357, las personas que hayan ocupado las posiciones de máxima autoridad civil o de jefatura militar, y que, pudiendo hacerlo, no hayan impedido la perpetración de crímenes (de aquellos tipificados en la misma ley) de los cuales hayan tenido conocimiento, resultan responsables como autores de esos crímenes.

El art. 35 formula, así, una versión considerablemente más estrecha de la regla sobre “responsabilidad de los jefes y otros superiores”, contenida en el art. 28 del Estatuto de Roma, que fija el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional. Al margen de otras diferencias, ese art. 28 hace posible afirmar la responsabilidad, entre otros, del Jefe de Estado respectivo que, aun no teniendo conocimiento de los crímenes cuya perpetración no impidiera, “deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos”.

Esto último debería ser tenido en cuenta en el análisis prospectivo de la responsabilidad penal que, desde el punto de vista del derecho internacional, pudiera llegar a ser atribuible al Presidente de la República, en referencia a los hechos punibles perpetrados por agentes de Carabineros y del Ejército bajo la vigencia del estado de emergencia que él decretó.

Fuente: Ciper Chile

viernes, 25 de octubre de 2019

Protestas en Chile: "La tortura, los malos tratos en comisarías y la violencia con connotación sexual son preocupantes"



La ola de protestas y represión en Chile derivó en un incremento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y organismos estatales como el Instituto Nacional de DD.HH. de Chile no ocultan su preocupación. La ONU, por su parte, anunció el envío al país de una misión de verificación.
Muchas cosas han sido excepcionales en Chile durante los últimos días: las protestas pacíficas multitudinarias, los destrozos causados por quienes se han manifestado de forma violenta, los saqueos…
También lo ha sido la respuesta del Estado: las declaraciones de estado de emergencia, los toques de queda, la presencia de los militares en las calles en labores de orden público -algo que no ocurría desde el regreso del país a la democracia- o las cifras de heridos y detenidos que se cuentan por centenas.

La ola de protestas se inició la semana pasada en respuesta a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de aumentar el precio del billete del metro de Santiago, pero se mantuvo incluso después de que el presidente retirara la medida.
Y, en medio de la conmoción, resurgió la preocupación, el miedo y las denuncias por las violaciones masivas a los derechos humanos.
Por las redes sociales circularon imágenes impactantes de actos represión, aunque no siempre resulta fácil confirmar que se corresponden con lo que ocurre estos días en las calles de Chile.
Otras publicaciones hacen referencia a lugares que supuestamente se han convertido en centros de tortura y llegan incluso a tejer un paralelismo entre la situación actual y lo que se vivió durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet, cuando hubo miles de personas que se convirtieron en "desaparecidos" a manos de las fuerzas de seguridad.
En cualquier caso, la situación ha causado alarma y llamados de atención por parte de numerosas organizaciones de derechos humanos chilenas e internacionales.

Misión de la ONU

Este jueves, de hecho, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el envío de una misión de verificación al país para "examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos".
El gobierno de Piñera invitó a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a que envíe una comisión de verificación.

Piñera informó previamente sobre la invitación enviada a Bachelet para que su organismo pudiera comprobar cuál es la situación viajando al país. El ministro de Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, aseguró que las autoridades quieren máxima transparencia sobre este tema.

Antes, organizaciones internacionales habían criticado la respuesta del gobierno frente a las protestas.

"En vez de equiparar las manifestaciones con un 'estado de guerra' y a quienes protestan con un enemigo del Estado, estigmatizando de forma generalizada a tales personas y allanando el camino para justificar abusos en su contra, el gobierno del presidente Piñera debería escucharlas y atender seriamente sus legítimos reclamos", dijo este lunes la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

Un día después, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como "profundamente preocupantes" las imágenes de brutalidad policial y de violencia de manifestantes.

"El presidente Piñera debería dejar en claro la necesidad de respetar los derechos humanos y la justicia debe investigar a los responsables", señaló Vivanco en un tuit.

Pero, ¿qué se sabe hasta ahora sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en Chile?

Situación de anormalidad


El saldo de las jornadas de protesta y represión es impactante.

El descontento de estos días también se ha expresado de forma pacífica.

 

Fuente: Getty Images

El descontento de estos días también se ha expresado de forma pacífica.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), un organismo estatal pero autónomo de los demás poderes, hasta las 10 de la noche (hora local) de este jueves se habían registrado más de 2.800 detenciones y 582 personas habían resultado heridas, de las cuales 295 recibieron impactos de armas de fuego.

Ese organismo había iniciado 67 acciones judiciales, incluyendo 5 querellas por homicidio, 12 por violencia sexual y 36 por otros tipos de abusos.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, advirtió a BBC Mundo que estas cifras eran producto de la observación directa realizada por integrantes de esa organización y, por tanto, son únicamente una muestra de lo que ocurre en el país, pero no la totalidad.

Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Chile, explicó por su parte que el registro de las denuncias se ha visto dificultado por la magnitud y las características anómalas de la situación.

"El sistema de justicia está diseñado para una situación de normalidad institucional, no de anormalidad. Esto es algo que no ocurría en Chile desde hace 30 años, por lo tanto, hemos tenido que adaptarnos a lo que está ocurriendo", dijo a BBC Mundo.

La funcionaria apuntó que el trabajo de la institución se ha visto impactado no solamente por los casos de violencia institucional, sino también por aquellos casos de daños a la propiedad que han sido numerosos y que también están obligados a investigar.


FOTO: Muchos negocios han quedado destruidos por los saqueos.Getty Images

Muchos negocios han quedado destruidos por los saqueos.
"La mayoría de la gente cuando le roban su casa, ¿adónde denuncian? A carabineros. Sin embargo, hoy precisamente quienes resultan denunciados son los propios policías, por lo que las personas ya no pueden ir a denunciar ante ellos", señala.

Ortiz explica que, dadas las circunstancias, muchas víctimas están haciendo las denuncias en los hospitales, ante ONG o abogados de las escuelas de Derecho de las universidades e, incluso, durante las audiencias cuando son presentados ante un juez para ser acusados de algún delito.

Por todo ello, asegura que la Fiscalía está enfrentando dificultades a la hora de consolidar las cifras, pues en muchos casos no está recibiendo las denuncias de manera directa.

Tortura, malos tratos y abusos sexuales

Hasta la noche del jueves, la cifra de víctimas mortales ascendía a 18.

De estos casos, el INDH solamente se había querellado por cinco casos, en cuatro de los cuales los acusados como responsables de homicidio son efectivos militares.

 

FOTO La labor de los cuerpos de seguridad está bajo escrutinio por el trato que la han dado a los manifestantes. EPA

La labor de los cuerpos de seguridad está bajo escrutinio por el trato que la han dado a los manifestantes.
Sin embargo, según asegura Ortiz, la Fiscalía "está investigando todos los fallecimientos como muerte sospechosa, para que no quede ninguna duda".

La funcionaria explica que también hay muchas denuncias contra los carabineros por lesiones causadas con el uso de armas no letales, como los balines de goma, lo que ha derivado en muchas denuncias por lesiones en los ojos.

El Colegio de Médicos de Chile (Colmed) denunció este miércoles que 29 personas habían sido atendidas en la red de salud con trauma ocular severo, de las cuales 15 habían sufrido estallido ocular y 9 tenían visión cero al ser ingresados.

"Cuando vemos este número de personas con daño ocular, es que no se están respetando los protocolos de uso de la fuerza, porque significa que se está disparando directo al cuerpo, a la cara", dijo el vicepresidente del Colmed, Patricio Meza, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Rodrigo Bustos, del INDH, coincide con esta apreciación.

"Lo que hemos visto -y hemos observado también en directo- en las manifestaciones, es que ha habido en varios casos el uso indiscriminado de disparos de perdigones, que se han incrustado en cierta parte del cuerpo. Incluso ya tenemos muchos casos de personas que han perdido la visión de algunos de sus ojos debido al uso de este tipo de armas", apunta.


FOTO El uso de balines de goma ha dejado numerosos heridos, algunos con lesiones graves. Getty Images

El uso de balines de goma ha dejado numerosos heridos, algunos con lesiones graves.
Pese a todo, según explica Ortiz, la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos se han producido durante el proceso de detención y, en el caso de las mujeres, se ha traducido en varios casos en tocamientos de tipo sexual, lo que en Chile está tipificado como abuso sexual.

"Lo que se ha repetido varias veces son desnudamientos de mujeres, muchas veces de adolescentes, obligándoles a que una vez estén desnudas, hagan ejercicios físicos delante de algún policía", apunta Bustos.

"Tanto la tortura, los malos tratos en comisarías y la violencia con connotación sexual son preocupantes", señala el experto cuando se le pregunta por los abusos más frecuentes desde el inicio de las protestas.

Denuncias de mujeres
Entre las denuncias dadas a conocer por el INDH está el caso de una niña de 14 años que dijo que, tras haber sido detenida, fue golpeada con bastones en distintas partes del cuerpo y luego fue obligada a desnudarse por completo y a hacer ejercicio delante de dos mujeres policías que la agredían verbalmente.

También hay varios casos de personas que dicen haber sido golpeadas e insultadas por los funcionarios, a lo que -sobre todo en el caso de las mujeres- se le suma un componente de abuso sexual, según las denuncias.



FOTO Muchas mujeres jóvenes han participado en la ola de manifestaciones.Getty Images

Una de las denuncias públicas que generó más alarma entre la población chilena indicaba que supuestamente se estaban realizando torturas en una estación del metro de Santiago.

El señalamiento fue realizado por un joven que aseguró haber sido conducido hasta allí por los carabineros y que en el lugar estaban ocurriendo ese tipo de abusos.

Sin embargo, según explica Ortiz, dos jueces fueron a inspeccionar el lugar, revisaron las cámaras de seguridad "y no encontraron señales de este tipo, salvo dos tiras plásticas de las que se usan para amarrar cosas del supermercado, que es lo que se está usando ahora en vez de esposas, para el traslado y la detención de personas".

Está por ver el transcurso de las investigaciones y las acciones judiciales emprendidas, pero de momento ¿qué dice toda esta crisis sobre los avances en derechos humanos logrados por Chile en las últimas décadas?

"Nosotros no habíamos tenido una situación como ésta en más de 30 años. La incorporación de los derechos humanos en el actuar de los cuerpos de seguridad es un proceso cultural en todas partes del mundo", responde Ortiz.

"Y en Chile, si bien se han hecho avances, yo creo que esto nos puso a prueba".

Fuente: 24horas.cl

jueves, 24 de octubre de 2019

Michelle Bachelet enviará misión a Chile para examinar denuncias de violación de derechos humanos



La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anunció que enviará una misión de verificación para “examinar las denuncias” de violaciones de derechos humanos en ese país.
“Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, anunció en Twitter.





Bachelet, que fue presidenta de Chile en dos oportunidades (2006-2010 y 2014-2018) expresó su preocupación y tristeza a principio de esta semana por la “violencia, muertes y lesiones” en medio de las protestas en Chile.

La exmandataria exhortó al Gobierno de Sebastián Piñera para que trabaje “con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios”. Bachelet pidió a los manifestantes a que protestaran pacíficamente.



 “Hay inquietantes denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y armadas, y también me alarma la noticia de que a algunos detenidos se les ha negado el acceso a abogados, que es su derecho, y que otros han sido maltratados mientras estaban detenidos”, dijo Bachelet.
Citando al Ministerio del Interior de Chile, Bachelet dijo que 1.906 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas.
Las violentas manifestaciones se han tomado las calles de Chile desde hace dos semanas.

Vidrios rotos y calles llenas de ladrillos, tiendas y negocios saqueados e incendiados en Santiago y las estaciones de metro vandalizadas quedaron afectadas durante manifestaciones generalizadas por las desigualdades económicas, los costos de vida y el aumento de la deuda en Chile, un país usualmente estable.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad han provocado la muerte de al menos 18 personas, ocho de estas el domingo, en el día más mortífero de las manifestaciones.
Este martes Piñera pidió perdón por “décadas” de problemas acumulados.
“Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”, dijo el mandatario.
Además anunció una serie de reformas a las pensiones, aportes para complementar el ahorro previsional, la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.00 pesos mensuales, y la creación de un mecanismo para estabilizar los precios de la luz.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto "Es muy importante que los diferentes organismos internacionales tengan en la mira al país para que de este modo no puedan existir abusos de poder ni se produzcan violaciones a los Derechos Humanos; las protestas son masivas y deberían ser escuchadas para poder solucionar el conflicto".


miércoles, 23 de octubre de 2019

¿Qué está pasando en Chile?



Baltasar Garzón@fibgar_

Carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera

Señor Presidente:

Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.


Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.
Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Así mismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.

Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.
Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.
 
La violencia engendra violencia

Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.

De más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.

Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado.

No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.

Baltasar Garzón es jurista y miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.

viernes, 18 de octubre de 2019

Sindicatos colombianos marchan contra reformas de Iván Duque

La movilización inició entre las 09H00 y 10H00 (hora local) y se han registrado actos en ciudades como Cartagena, Cali, Bucaramanga y Medellín. | Foto: El Tiempo

Los gremios movilizados hicieron un llamado a participar el próximo 21 de noviembre en un paro nacional contra el "paquetazo de Duque".

La movilización convocada por la Central de Unitaria de Trabajadores (CUT) contra la reforma laboral y pensional del Gobierno colombiano de Iván Duque arribó este jueves a la Plazoleta San Francisco, en Bogotá (capital).


El representante nacional de la CUT, Pedro Arango, expresó que la situación que atraviesa el país es bastante compleja tras la decisión de afiliar a Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). “Es importante que toda la población entienda que las políticas del Gobierno estimulan la violencia", dijo 

Además, exigió el cese de los asesinatos sistemáticos y de la persecución a los líderes sociales y los firmantes del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana (Cuba) en 2016.

Arango rechazó las políticas neoliberales que promueve el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Colombia y convocó a todos a participar en el paro nacional del próximo 21 de noviembre contra el “Paquetazo de Duque”, denunciar la ola de asesinatos y la criminalización de los activistas.

En la movilización, que inició entre las 09H00 y 10H00 (hora local), también participan la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), así como grupos estudiantiles y sindicatos de diferentes gremios, en ciudades como Cartagena, Cali, Bucaramanga y Medellín.

Durante la marcha, los docentes protestaron por el incumplimiento de los acuerdos por el Gobierno, mientras que la Fecode afirma que continúa el mal servicio de salud para los maestros y no se muestran avances significativos en la reforma constitucional al Régimen General de Participaciones.

Asimismo, afirman que Duque busca transferir el dinero administrado por el Estado al sector financiero privado para negocios de especulación, lo que perjudica directamente el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ecuador: ¿volvieron las aguas a su nivel?

Las protestas suponen un gran reto para la sociedad ecuatoriana para que un sector tan importante como la población indígena lo sea también del sistema institucional

Con casi dos semanas de tensión y confrontación violenta, finalmente, se impuso el camino del diálogo y se recobró la paz en Ecuador. Ocho muertes, más de 1.300 heridos e inmensos daños materiales, fue una quincena de pesadilla para muchos de la que se desprenden al menos tres conclusiones.
Primero, una delicada situación fiscal, heredada por el Gobierno de Lenín Moreno, resuelta de manera un tanto simplista: cortando de la noche a la mañana —sin anestesia— subsidios de más de 1.400 millones de dólares anuales; subsidios fiscalmente insostenibles que ahora tendrán que ser redefinidos con gradualismo y selectividad.

El estallido luego del Decreto 883 del pasado 3 de octubre puso de manifiesto la urgencia de que países que, como Ecuador, focalizan sus exportaciones en un producto (petróleo, en este caso), construyan un fondo de previsión y ahorro en los tiempos de vacas gordas para cuando estas estén flacas. Precios de petróleo que en los años de Rafael Correa sustentaron, cierto, una obra pública importante, pero también gastos corrientes y un inmenso paquete de subsidios insostenibles.

Segundo, la extensión y, particularmente, la violencia producida durante esas dos semanas; proveniente de las dos partes. Explosiones sociales semejantes ya derrocaron en un pasado no lejano a tres presidentes (Abdalá Bucaram en 1997; Jamil Mahuad en el 2000, y Lucio Gutiérrez en el 2005). Acaso no se ha llegado hoy a ese nivel de protesta social (concentrada mucho en Quito) pero los niveles de violencia no tienen precedentes.

Desde el Gobierno se ha insistido en explicar la violencia de quienes protestaban por supuestos designios golpistas —no demostrados— de Rafael Correa y del venezolano Nicolás Maduro. Este es un tema sensible y complejo. Lanzacohetes artesanales utilizados en la violencia serían, para algunos, señal de esto. Dirigentes de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), como Lourdes Tibán, la organización indígena que impulsó las protestas, acusan a una facción indígena de haber articulado con Correa para tumbar a Maduro. Temas, pues, que seguirán dando que hablar.

Tercero, si bien no se puede descartar que elementos externos puedan haber tenido alguna injerencia en las protestas, no es sostenible reducir a ello el origen y conducción de las mismas. No se puede olvidar, dicho sea de paso, que el Gobierno de Correa rompió con los dirigentes indígenas en 2015.

El movimiento indígena, en esencia, expresó problemas existentes y que fueron manejados simplistamente con el Decreto 883, primero, y con la represión, después. Felizmente los buenos oficios de la ONU y de la conferencia episcopal funcionaron y permitieron que las aguas volvieran a su cauce. Más allá del problema de los precios —que gatilló el estallido social— esta crisis puso de manifiesto la voz silenciada de un sector de la población que reclama por algo más que por los precios. Por ello, más allá del diálogo puntual que permitió encontrar una salida a estas protestas, se plantea como un gran reto para la sociedad ecuatoriana la construcción de canales permanentes de participación y diálogo de la población indígena de manera que este sector tan importante de la población lo sea del sistema institucional.

Fuente: El Pais

https://elpais.com/elpais/2019/10/17/opinion/1571348027_114796.html?prod=REGCRART&o=cerrado&event=okregistro&event_log=oklogin

La Defensoría del Pueblo confirma que hubo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza policial durante el paro

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, presentó en la rueda de prensa las cifras oficiales de los muertos, heridos y detenidos durante las protestas del paro nacional de octubre 2019.

Carrión dijo que del 3 al 13 de octubre 1192 personas fueron aprehendidas. De ellas, el 76% no fueron procesadas y recuperaron su libertad de forma inmediata. “Esas aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales a tal punto que  la fiscalía no formuló cargos y recuperaron su libertad” dijo. Un cuarto de los detenidos tiene entre 15 y 24 años. 


Según el séptimo informe de la Defensora del Pueblo sobre el paro nacional, hubo 1340 heridos. Esta cifra incluye a los atendidos por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Cruz Roja. Sin embargo, todavía no se ha incluido los heridos reportados por las universidades que se convirtieron en centros de atención médica, como la Católica, la Salesiana y la Central. Tampoco se incluyó en el reporte de la Defensoría al personal policial ni militar herido. De los heridos, ocho tienen lesiones permanentes. 

La Defensoría del Pueblo confirmó que las protestas dejaron 8 muertos. Raúl Chilpe, Marco Oto, José Daniel Chaluisa Cuzco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caisaguano, Silvia Mera Navarrete y Édison Mosquera Amagua. Carrión dijo que la Defensoría del Pueblo levanta la información pero no pueden establecer la causa de las muertes. 

Durante la rueda de prensa, el Defensor del Pueblo dijo que se creará la Comisión de Justicia y Reparación Integra para investigar lo que sucedió en el paro. El órgano empezará a investigar desde el 17 de octubre de 2019 las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas. 

Esta comisión estará conformada por un equipo multidisciplinario y tendrá noventa días para documentar todas las violaciones a los Derechos humanos de la fuerza pública y de los actos de violencia. También analizará los actos delictivos y vandálicos que se cometieron desde el 3 de octubre de 2019. 

El objetivo de la comisión es que se “derive las investigaciones a las instituciones judiciales para que empezar el proceso de juzgamiento y sanción” dijo el Defensor del Pueblo. Además, analizará a profundidad los casos de los heridos, aprehendidos y fallecidos, para establecer sus causas. 

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una rueda de prensa el 15 de octubre, dijo que los fallecidos eran 6. El Defensor del Pueblo explicó que se reunieron con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos ese mismo día para coordinar y contrastar los datos que presentan la Defensoría y el Ministerio de Gobierno. 

Sin embargo, ya que la Defensoría no puede establecer si la muerte fue accidental o directamente provocada por la fuerza policial, dijo que es necesario establecer la comisión especial para averiguar la verdad y establecer la responsabilidad para la reparaciones que correspondan. Carrión insistió en la veracidad de los datos presentados en su informe después de que la ministra Romo dijese que había una posible repetición de la identidad de uno de los nombres de los fallecidos José Daniel Chaluisa Cuzco y José Rodrigo Chaluisa, que comparten el primer nombre y apellido. 

Carrión dijo que no hay ninguna confusión: las circunstancias en que murieron ambos son muy distintas. El Defensor del Pueblo dijo que hay evidencia aportada por los medios de comunicación y otra que circuló en redes sociales que muestran el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía Nacional. “Elaboraremos un informe defensorial en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas ante las vulneraciones de los derechos humanos en los últimos hechos vividos en el país”, dijo Carrión. 

lunes, 7 de octubre de 2019

Grupos de derechos humanos elevaron a 651 los muertos por la brutal represión del régimen de Daniel Ortega


La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó la cifra total de víctimas desde el 19 de abril del 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2019. Además, reveló que 4.922 personas resultaron heridas, 516 fueron secuestrados y 853 nicaragüenses están desaparecidos.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó este viernes que desde el 19 de abril del 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2019 han muerto 651 personas en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.



El presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva, quien se encuentra en Costa Rica como asilado político, indicó en conferencia de prensa que debido a la crisis sociopolítica han muerto 651 ciudadanos (613 hombres y 27 mujeres), 4.922 personas han resultado heridas, 516 han sido secuestrados y 853 nicaragüenses están desaparecidos.

“Estas cantidades de ejecuciones que hemos dado a conocer en este informe preliminar son preocupantes considerando que han pasado 530 días, eso es alarmante en cualquier país del mundo y es motivo de que hay que poner atención sobre la crisis profunda de violaciones a los derechos humanos que existe en Nicaragua”, afirmó Leiva a EFE.

De las muertes 522 fueron por arma de fuego, 49 por torturas, golpes, ahorcamientos o pedradas, 10 por armas blancas, 31 se encuentran bajo investigación y de 39 de ellas fueron catalogadas como otras circunstancias, según el informe.

La Asociación explicó que 293 homicidios sucedieron en el contexto de ejecuciones en ataques a protestas pacíficas, principalmente barricadas y marchas.
Además, un total de 263 fueron “asesinatos premeditados” dentro de las campañas “Vamos con todo”, “Cortina de Humo” y “Plomo”, mientras que 56 aparentan estar relacionados con paramilitares y militantes de la Juventud Sandinista armados por el gobierno. El resto fueron catalogados como otros.

"Queremos ejercitar el derecho internacional en materia penal, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ejerciendo, que el dictador y el régimen puedan ser acusados penalmente en una jurisdicción que nos permita juzgar estos crímenes crueles que han cometido en contra del pueblo de Nicaragua", destacó Leiva.

Los departamentos donde se han registrado la mayor cantidad de muertes son Managua (215), Jinotega (78), Atlántico norte (54), Masaya (44), Matagalpa (44), Carazo (35), León (32) y Río San Juan (58), entre otros, indica el informe.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos también reveló que en una proyección aproximada estiman que han emigrado 55.946 nicaragüenses en busca de protección humanitaria.

Datos de la ANPDH, según información recabada de la Dirección de Migración y Extranjería costarricense un total de 33.696 nicaragüenses han solicitado refugio en el país al mes de mayo de 2019 y se han entregado 8.262 permisos laborales.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Leiva afirmó a Efe que han facilitado la información recabada a la CIDH para que realicen una evaluación técnica y puedan "armonizar" las estadísticas y tener una "uniformidad" en los datos.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica. El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, reconocen 199 muertos y 340 reos, que llaman “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”. Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado.
Fuente: Infobae

viernes, 4 de octubre de 2019

Corte Interamericana de DD.HH. fija como prioridad el Acuerdo de Escazú en informe sobre persecución de defensores ambientales



En la misma semana en que el Presidente Sebastián Piñera estuvo en Nueva York, en Washington se llevó a cabo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un encuentro con representantes de Chile, México y Perú. En la cita se presentó el informe sobre el "uso indebido de sistemas de justicia penal para tomar represalias contra las defensoras y los defensores del ambiente", en el que se remarcó la importancia del Acuerdo de Escazú en la protección de las garantías fundamentales de los defensores del medio ambiente, cuya negación –se denunció– va en aumento en América Latina. De Chile se presentó el caso del encarcelamiento de Alberto Curamil y los hallazgos sin vida de los activistas ambientales Alejandro Castro y Macarena Valdés. La ONG Front Line Defenders informó que 212 defensores de DDHH han sido asesinados en América Latina y cerca de un 70% de ellos corresponde a activistas ligados al mundo medioambiental. “Los estados tienen que hacerse cargo de proteger a los defensores”, sostiene el director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, uno de los asistentes a la reunión en la capital estadounidense.



En la semana en que se llevó a cabo la Cumbre de Acción Climática y 74 Asamblea de Naciones Unidas, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, fue escenario de una reunión clave, cuyos temas principales fueron la persecución de defensores ambientales en América Latina, la región con el mayor número de ataques a personas que defienden el medio ambiente, y la consiguiente importancia de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. El tratado –que el Gobierno de Sebastián Piñera se resiste a suscribir– establece específicamente en uno de sus artículos una protección para defensores ambientales.
“Este efectivamente es un problema que está aumentando no solamente en la variable de la criminalización, sino también en la variable de las amenazas y de los atentados contra defensores ambientales. Estas cosas tienen que, de alguna manera, ponerse sobre la mesa, y los estados tienen que hacerse cargo de proteger a los defensores", enfatiza a El Mostrador el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, uno de los asistentes a la cita de Washington, junto a representantes de México y Perú.
En esa línea, se abordó la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú para precisamente garantizar los derechos de los defensores medioambientales. “Los países deben firmar y ratificar Escazú y, por lo tanto, poner en sus legislaciones una protección específica para los defensores ambientales, de manera de evitar tanto las amenazas como la criminalización", insiste Costa.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado impulsado por 17 países de Latinoamérica y el Caribe. El protocolo fue firmado en principio por 14 países el 27 de septiembre de 2018. Un año más tarde, el tratado cuenta con un total de 19 países signatarios y a la fecha 6 naciones lo han ratificado, debiendo alcanzar 11 Estados Parte para entrar en vigor.
Dicho acuerdo establece, en su artículo 9.1, respecto a los defensores de los DDHH en asuntos ambientales, que "cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad".
Durante la audiencia en Washington, se presentó el informe sobre el "uso indebido de sistemas de justicia penal para tomar represalias contra las defensoras y los defensores del ambiente". Y también hubo testimonios concretos sobre el tema de la persecución y el uso indebido de la justicia penal contra los defensores medioambientales.
Un informe de la ONG Front Line Defenders, sostiene que 212 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en América Latina, cerca de un 70% de ellos corresponde a activistas ligados al mundo medioambiental y se concentran en países como Brasil y Colombia. "Las actividades más riesgosas a nivel mundial son ser defensor de derechos medioambientales y periodista”, ha asegurado el exdirector del INDH, Branislav Marelic.
Uno de los casos chilenos presentados fue el de Macarena Valdés, defensora de los DDHH y medioambientales de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 22 de agosto de 2016. Estaba colgada de una de las vigas de su casa, hogar en el que vivía con sus cuatro hijos y su pareja, el werkén (vocero) de la comunidad e ingeniero medioambiental, Rubén Collío.
En la jornada se presentó también el caso de Alejandro Castro, conocido como "El Mecha", quien fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre, de la misma manera. Estaba colgado de su mochila en la reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso.
La versión de un suicidio “sin intervención de terceros” entregada por la PDI la tarde del 4 de octubre, es resistida por su familia y el mundo social organizado de Quintero, quienes sostienen que  la tesis era apresurada. “Un joven activo como él no pudo haber hecho eso, menos en esas condiciones”, aseguró un dirigente de pescadores artesanales, que prefiere mantener su nombre en reserva.
En ese contexto, Belén Curamil, hija de Alberto Curamil, prestó testimonio donde denunció como criminalización la prisión preventiva que afecta a su padre en la cárcel de Temuco, desde hace más de un año.
"Hoy, mi padre, Alberto Curamil, sufre la prisión política porque es un defensor ambiental y autoridad tradicional de un pueblo originario en el país. Solo queremos que se haga un juicio justo e imparcial para demostrar su inocencia, pero el juicio se dilata y no llega", reivindicó ante el tribunal.
"La lucha del pueblo mapuche es una lucha por la vida, por el equilibrio de los ecosistemas, por ser más y mejores personas que convivan con la tierra. Pero en Chile eso no se reconoce y la respuesta es siempre la misma: la criminalización, el hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestro pueblo y luchadores socioambientales”.
Ante la falta de claridad de estos casos, Ezio Costa advierte que Escazú es el primer acuerdo en el mundo que incorpora precisamente una lógica de protección de los defensores ambientales. "En Chile no tenemos ninguna norma, ninguna instancia específica de protección de los defensores ambientales y, por lo tanto, está claro que este estándar no lo cumplimos, y tampoco cumplimos otros", remarca.
Juan de Dios Parra, Secretario General de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), comentó “el Gobierno y el Estado chileno deberían firmar cuanto antes el tratado, tal y como han hecho la mayoría de países del continente, de no hacerlo serán vistos como impulsores del cambio climático; la única razón por la que el presidente no defendería los derechos del pueblo que lo votó es porque defiende el derecho de algún otro actor que no desea que las personas vivan en un ambiente sano”.

Fuente: El mostrador

jueves, 3 de octubre de 2019

Tribunal de punta arenas otorga indemnización de $2.100 millones a 21 víctimas de torturas


El juez Javier Toledo, del Tercer Juzgado Civil y de Letras de la capital de la región de Magallanes, ordenó pagar $100.000.000 a cada una de las víctimas que "sufrieron violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el período comprendido entre los años 1973 y 1990".




El Tercer Juzgado Civil y de Letras de Punta Arenas acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral presentada por 21 víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas luego de septiembre de 1973 en la ciudad de Punta Arenas.

El juez Javier Toledo ordenó pagar $100.000.000 a cada uno de los 21 demandantes, más intereses y reajustes legales desde que la sentencia sea ejecutoriada.
De acuerdo al fallo, los demandantes “sufrieron violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el período comprendido entre los años 1973 y 1990”.
Además, señala que “mediante el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N° 1040 de 2003 del Ministerio del Interior, existe un reconocimiento gubernamental respecto de la ocurrencia de los hechos en el modo que se describe en la demanda”.
La sentencia también establece como una “falta de servicio” la actuación de los recurridos acreditada en la causa, “desde que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas”.

Asimismo, consigna que los hechos acreditados irrogaron perjuicios a los actores “ya que no pudieron continuar sus estudios y en otros casos se les exoneró, lo que redundó perjuicio a su respecto” o bien, como indica el informe pericial acreditado en la sentencia, padecieron los efectos vulneradores del encierro y la tortura a largo plazo, agravado por el hecho de que fueron agentes del Estado “quienes ejecutaron tales actos, en nombre del bienestar general, lo que redundaría en la obligación del Estado en la reparación general y particular del daño causado”.
El juez Toledo desestimó la excepción de cosa juzgada en el caso de cuatro recurrentes que habían demandado previamente en base a los mismos hechos con sentencia resuelta y ejecutoriada.
Para ello, citó la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de noviembre de 2018, en cuanto a que no se puede acoger la cosa juzgada para eximir al Estado de su deber de reparar los atropellos cometidos por sus agentes a los derechos humanos.

Fuente: La Nacion.