Senadores piden detener las expulsiones masivas en Chile

Un grupo de senadores de oposición solicitó al Ejecutivo que “detenga las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional, garantizar el debido proceso en el caso de que estas se efectúen con la observancia de los principios de interés superior del niño y la reunificación familiar".

28 de julio de 2021

"Detener las expulsiones masivas y garantizar el debido proceso de niños, niñas y adolescentes y la reunificación familiar", son los ejes del proyecto de acuerdo recientemente fue aprobado por la mayoría (20 votos a favor y 12 votos en contra) del Senado y que fue patrocinado por senadores de oposición. 

En concreto, se solicitó al Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al Ministro del Interior y al Subsecretario de la misma cartera detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional, así como garantizar el debido proceso en el caso de que estas se efectúen con la observancia de los principios de interés superior del niño, niña y adolescente y reunificación familiar, o en el caso de que se trate de expulsiones de padres, madres o cuidadores o cuidadoras, y, en particular, revisar la situación de los migrantes venezolanos, verificando el cumplimiento del principio de protección complementaria. 

El proyecto de acuerdo fue patrocinado por los senadores Isabel Allende, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

Los autores hicieron presente que “durante los últimos meses hemos visto cómo el Gobierno ha realizado expulsiones masivas de personas migrantes so pretexto de “ordenar la casa” en materia migratoria, expulsiones que han sido rechazadas por organismos internacionales. 

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, señalan la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. En el contexto de la pandemia por COVID 19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes”.

Estas expulsiones masivas, agregan los autores del proyecto de acuerdo, “violan los derechos humanos de los inmigrantes, que en algunos casos han sido revocadas por los mismos tribunales, al acoger recursos de amparo presentados por los afectados y distintos organismos como el Servicio Jesuita a Migrantes, y las clínicas jurídicas de distintas universidades”.

Para mayor abundamiento, indican que el presidente de la Corte Suprema ha manifestado que las expulsiones masivas de migrantes son “medidas prohibidas por el derecho internacional”. Dicha situación se ha traducido en la crítica del Ejecutivo respecto de las sentencias del Poder Judicial, lo cual raya en la intromisión en las decisiones de otro poder del Estado, cuestión que lamentablemente al Gobierno parece no importarle.

“Como legisladores nos preocupa no solo el cumplimiento de la legislación y la imagen de Chile; sobre todo, nos interesa cuidar los derechos de quienes han venido a Chile con la intención de salir adelante o huyendo de situaciones precarias y de crisis. Nos inquieta que estas personas se enfrenten a una nueva separación de las familias debido a la conducta de este Gobierno, y en especial, nos alerta de qué manera esta expulsión puede afectar a niñas y niños y adolescentes”, recalcan.

Fuente: senado.cl

 

La cifra actualizada de extranjeros en Chile: mayoría proviene de 5 países y son mayores de 25 años

 El Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó que la población extranjera que reside habitualmente en Chile está compuesta por 1.462.103 personas.

La cifra implica un alza de 0,8% respecto a igual fecha de 2019 y un aumento de 12,4% en comparación con 2018, considerando cifras actualizadas para ambos años (1.450.333 personas en 2019 y 1.301.381 personas en 2018).

“Si bien estas estimaciones se construyen con base en el Censo de 2017, su actualización se sostiene en registros administrativos que provienen de la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Registro Civil e Identificación (…)”, explicó la directora nacional del INE, Sandra Quijada, al presentar las cifras.

Por su parte el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, plateó que “este es un trabajo que da cuenta del esfuerzo para que cualquier organismo público y organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar con estos datos en política pública”.

Países

Al igual que la tendencia reflejada en las estimaciones de 2018 y 2019, la mayoría (poco más de 79% del total) de las personas extranjeras residentes en el país al 31 de diciembre de 2020 proviene de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%).

Los colectivos extranjeros que en términos relativos más disminuyeron su presencia en 2020, en relación con 2019, fueron los de Estados Unidos (-4,6%), Alemania (-3,3%) y Colombia (-0,9%), mientras que los mayores incrementos relativos se dieron en los colectivos provenientes de Cuba (8,3%), México (4,2%) y Bolivia (2,4%).

Respecto a 2018, sin embargo, todos los colectivos aumentaron a excepción de los provenientes de Estados Unidos, Alemania y Francia.

Los principales incrementos se dieron en las personas de Venezuela (34%), Cuba (12,6%) y Bolivia (12,5%).

¿Cómo son esas personas migrantes?

Del total de personas extranjeras a diciembre de 2020, 744.815 son hombres (50,9%) y 717.288 son mujeres (49,1%), éstas últimas denotan una leve alza en la proporción de ellas respecto a 2018, cuando alcanzaron el 48,7% del total.

En tanto, aproximadamente la mitad (48,0%) tiene entre 25 a 39 años, siendo el grupo de 30 a 34 años (17,8%) el con mayor porcentaje de población y el que, a su vez, más aumentó su proporción respecto de los años anteriores (en 2018 representaban el 16,3%).

Por el contrario, destaca la disminución de las personas entre 20 a 24 años, que pasaron de representar el 12,2% del total de extranjeros en 2018 a 9,0% en 2020, y el tramo de 0 y 4 años, que bajó de 2,6% a 1,3% en el período.

Por su parte, todos los grupos etarios, a partir de los 30 a 34 años, crecieron en el total de personas.

Fuente: Biobiochile

Toma de posesión el nuevo Presidente del Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier (Presidente de ALDHU)

En su discurso de posesión el nuevo presidente del Parlamento Andino, el senador chileno Juan Pablo Letelier, manifestó que “debemos perderle el miedo a las diferencias entre nosotros, porque ese nosotros es plural, es diverso y debe tener como principio el respeto del otro. Tenemos que lograr unos mínimos comunes y avanzar en la integración Andina, independiente de las diferencias ideológicas. Así mismo, debemos ampliar el parlamento a los demás países andinos y esto será uno de mis mayores 

Desde la ALDHU queremos darle la enhorabuena por este nuevo cargo y desearle que en su desempeño pueda lograr un avance en la consolidación y unión de la región andina. 

Presidente Piñera declaró ante la Fiscalía en investigación por violaciones a los DD.HH. durante el 18-O

 El Presidente de la República prestó su declaración ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de la investigación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 y que se han traducido en diversas querellas en su contra.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019.

Cabe recordar que el mandatario está siendo objeto de una investigación en el contexto de las múltiples querellas presentadas en su contra, alusivas al accionar de Carabineros durante el estallido social, en el que se registraron más de 30 fallecidos y decenas de mutilados por la acción policial.

Entre quienes han presentado acciones penales contra Piñera se encuentran la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el partido Revolución Democrática, el abogado Luis Mariano Rendón y el senador Alejandro Navarro.

Así, según informó Cooperativa, el mandatario prestó su declaración el lunes 19 en su domicilio. Durante la indagatoria, además estuvo presente su abogado, Samuel Donoso.

Ya la semana pasada se había hecho pública la noticia alusiva a que Séptimo Juzgado de Garantía, a solicitud de la persecutora, había autorizado que Piñera sea citado a declarar «cuantas veces sea necesario». «La realización de la diligencia cuya autorización se requiere, resulta necesaria para los fines de la investigación que dirige en estos antecedentes«, fue parte de lo que sostuvo el tribunal en ese momento.

Entre las razones que entregó la fiscal Perivancich para citar al mandatario, se encuentran que «resulta necesario indagar si en los hechos se dan o no los supuestos normativos del tipo penal descrito en los artículos 1 y 2 de la Ley 20.357. En particular la existencia de un ‘ataque generalizado o sistemático contra una población civil’ que ‘responda a una política de Estado o sus agentes«.

Además de Piñera, ya han declarado por los mismos hechos los ex ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y la ex máxima autoridad policial, Mario Rozas.

«Esclarecer todos los hechos ocurridos»

Por su parte, desde Presidencia confirmaron el trámite. «El gobierno, junto con reafirmar su compromiso irrestricto con el respeto y protección de los derechos humanos de todos, ha promovido una política de transparencia y colaboración con las investigaciones del ministerio público», sostuvieron.

«El gobierno apoya el cumplimiento del mandato que les corresponde en un Estado de Derecho a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público», agregaron.

El Presidente de la República prestó su declaración ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de la investigación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 y que se han traducido en diversas querellas en su contra.

Fuente: El Desconcierto

Nayib Bukele, el dictador millenial. Art Opinión: Ronald Wilson

 En la actualidad el poder del presidente Nayib Bukele se sustenta en el manejo de la burocracia institucional mediante la cual puede manipular la totalidad del poder. Al ganar las elecciones con un quórum de dos tercios de la Asamblea Legislativa, logra mayoría absoluta lo que les permite legislar sin oposición.

En su estrategia de consolidar el poder total, consigue que el nuevo parlamento destituya a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, al fiscal general, al procurador general, y puede influir directamente en el nombramiento de un tercio de los magistrados de la Corte Suprema, de la procuraduría de derechos humanos, de la Corte de Cuentas, entre otras instituciones. Lo que en la práctica le permite dominar la totalidad del poder político y judicial. 

Parte de la estrategia de Bukele ha sido comprometer políticamente a las Fuerzas Armadas para que estén al servicio de sus objetivos. El incidente de rodear e ingresar con militares armados al Parlamento en febrero de 2020, para obligarlos a aprobar un préstamo para financiar su plan de seguridad pública, indica que es un personaje que no tiene límites, en esa oportunidad simplemente declaró ante la asamblea “está claro quién tiene el control aquí”. 

Otro de los medios que prevé Bukele para consolidar su poder personal, es tramitar la redacción de una nueva constitución, que le permita asentar su dominio con el aval de una Constitución a su medida. 

El Presidente Nayib Bukele, es el presidente más joven de América, es casi un personaje de comics, un millenials con un poder de maquinación de las voluntades que hace que su popularidad sea increíblemente alta, pero no le gusta moverse por la calle, ni tener contacto con el pueblo, desprecia a los indígenas, no gusta de los migrantes, es la antípoda de un mandatario populista. Al Presidente de El Salvador, de 39 años, le cautiva su celular, su pasión son los videojuegos, y es apasionado de los lujos y automóviles costosos. Está pendiente de los sondeos de su imagen, de las encuestas que miden su popularidad personal y su objetivo es realizar, es “cosista” por esencia. 

El Salvador es un país marcado por la herencia de una sangrienta guerra civil (1980-1992), que significó una secuela de víctimas que ha sido calculada en 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. Lo que siguió a los Acuerdos de Paz de Chapultepec en enero de 1992, ha sido una democracia inestable y vulnerable, con una crisis económica intermitente, sigue siendo uno de los países más desiguales de la región, con una alta corrupción y una alta violencia de las pandillas como la Mara Salvatrucha, MS13. En 2018, Latinobarometro manifestó que El Salvador era el país que menos importancia de lada a la democracia, al 54 % de la población le daba lo mismo vivir en democracia o en dictadura. 

En solo dos años en el poder, Bukele ha pasado de ser un joven político que lidera un país a través de lo que hoy se denomina “Telecracia”, un neologismo con que se suele designar a la democracia operada por los medios digitales, que pone a disposición de gobernantes y gobernados la revolución digital, pero que en su dominio no tiene rival y monopoliza uno de los índices de popularidad más altos del continente, por encima del 71%. 

Estos exitosos índices de popularidad se dan a pesar que respecto a 2019, último año del que se tienen cifras oficiales, la pobreza extrema se elevaría un 25,5 %, pasando de 378.837 personas el pasado año a 475.611 en el 2021. Es decir, 96.774 personas adicionales estarían "en grave riesgo de desnutrición". Según proyecciones el año 2020 termina con 32,2% en situación de pobreza, todo esto producto en gran parte por los efectos de la pandemia. Según estimaciones del Banco Central de Reserva, las perspectivas para la economía salvadoreña en 2021 son positivas y se espera, que el crecimiento se acerque a un 5 % o 6 % [1].  

Las cifras revelan una habilidad que va más allá de un buen manejo de las redes sociales, sino que hay índices objetivos de logros positivos, una gestión de la pandemia que combinó un estricto confinamiento con ayudas directas de 300 dólares a la población. Otro éxito social que puede mostrar Bukele con su peculiar estilo autoritario y personalista, es haber reducido la violencia de las pandillas. 

El drama actual de El Salvador es que no hay organizaciones, ni partidos políticos, ni una sociedad civil organizada capaz de frenar el fenómeno Bukele, la oposición política está paralizada. Insólitamente, el único contrapeso que puede tener Bukele proviene de Estados Unidos, país que ha expresado su poca simpatía por sus excentricidades autoritarias. Pero El Salvador tiene mensualmente la principal fuente de ingresos a través de las remesas de los emigrantes. El gobierno de Biden puede hacer tambalear a Bukele si toma medidas para limitar las remesas o si se hacen efectivas las peticiones de extradición contra varios líderes de la pandilla MS-13, lo que, por extensión, podría derrumbar también la pacificación de las calles de la que presume el mandatario. 

Frente esta situación que vive El Salvador, sectores de oposición como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN) han denunciado que el Gobierno ha emitido una ley, amparándose en la pandemia en la cual suspenden derechos civiles, declarando con reserva la información, lo que impide que se conozca la realidad de lo que está sucediendo en el país, también prohíbe las concentraciones con fines políticos. Esta ley es considerada por la población como una Ley Mordaza, para evitar las expresiones que afecten la imagen del gobierno. 

Es urgente hacer un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse ante los hechos acaecidos en El Salvador, exigiendo al Gobierno de Bukele que cumpla con los debidos procesos legales establecidos en las leyes salvadoreñas y cumpla con los tratados internacionales del que es parte. Es necesario alertar a las todas organizaciones internacionales para que den seguimiento y denuncien las agresiones que el gobierno de Bukele, hace contra de los Partidos Políticos, las organizaciones de la sociedad civil, que involucran una grave violación a los derechos humanos y la libertad de expresión. 

Santiago, 27 de julio 2021

RONALD WILSON

[1] https://www.eleconomista.net/economia/Economia-de-El-Salvador-retrocede-4-anos-20210329- 0001.html

El nuevo comercio internacional. Art. Opinión Luís Gallegos Chiriboga

El Principio de No Discriminación en el comercio internacional fue uno de los más importantes acuerdos alcanzados en las negociaciones internacionales de la post guerra. Este principio permitía que los productos provenientes de cualquier país puedan entrar al mercado del otro sin aranceles discriminatorios. Esto benefició a los países en desarrollo para que sus productos ingresaran a mercados, especialmente de los países desarrollados, en las mismas condiciones que todos los demás. Así, las economías de los países en desarrollo generando empleo y facilitando en el ingreso de divisas.

Este principio se encuentra regulado en el marco institucional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en las relaciones comerciales entre sus miembros al disponerse la aplicación del Trato Nacional y el Trato General de la Nación Más Favorecida.

Este principio recogido en los denominados “acuerdos de última generación” hoy en día, ha sido mermado, pues, se observa una serie de medidas restrictivas bajo consideraciones de derechos humanos, seguridad nacional, regulaciones laborales, ambientales y de contaminación del covid-19, para mencionar algunos.

Derechos Humanos. Muchas restricciones son ampliamente respaldadas por los consumidores que piden se garantice que el producto que compran no sea producido en condiciones que violen los derechos humanos, particularmente el empleo de menores, la explotación y discriminación contra las mujeres, el tráfico ilegal de personas que implica hasta extremos de esclavitud, el pago justo por el trabajo, etc. El Tratado de Asociación que firmó el Ecuador con Europa tiene un Capítulo de Derechos Humanos que está monitoreado. El Ecuador ha comenzado, con asistencia de Naciones Unidas un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que apoyará al sector privado en la observancia de estos principios.

Seguridad nacional. EE.UU. aplicó medidas restrictivas al acero de ciertos países bajo argumentos de seguridad nacional. Es quizás uno de los argumentos más subjetivos, ya que según los expertos “todo es seguridad nacional”. Me temo que el mismo argumento pueda ser utilizado para impedir el ingreso de productos ecuatorianos a los mercados debido a que constantemente se encuentra cocaína en sus contenedores.

Medio ambiente y temas laborales. El Partido Demócrata de EE.UU. sostiene que se debe revisar los tratados de comercio suscritos para incorporar otras consideraciones, entre ellas medidas laborales y ambientales.

En conclusión, los exportadores ecuatorianos y el Gobierno deben abordar estos temas para garantizar que no hayan impedimentos de acceso de nuestros productos a los mercados internacionales y que podamos negociar los acuerdos de comercio con plena capacidad con estas nuevas condiciones sin discriminación alguna.

Autor: Luís Gallegos Chiriboga

FMLN, partido de oposición, denuncia persecución política.

El FMLN denunció en un comunicado que el día  22 de junio la Policía Nacional Civil (PNC), con instrucciones de la Fiscalía General de la Republica (FGR), procedieron a detener militantes del FMLN que sirvieron en la administración 2009-2014 del Presidente Mauricio Funes Cartagena. En las  detenciones efectuadas no habría cumplido el debido proceso judicial, empezando por no presentar las ordenes de captura giradas por autoridades

#Bukele #DerechosHumanos #ElSalvador #AsambleaLegislativa

El fiscal, denuncia FMLN, fue impuesto por Bukele por medio de la Asamblea Legislativa, violentando la legislación. Éste fiscal aparece anunciando la detención de los ex funcionarios, sin presentar documentación que respalde sus acusaciones. Según el partido político esta acción pretende descalificar a la oposición. Se judicializa la política, utilizando las instancias legales, para atacar a las personas que disienten o no esta alineadas con la política del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

Denuncian desde el FMLN que esta acción es parte de un plan, el cual, al imponer un nuevo fiscal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lograron  dejar sin fuerza a la oposición, mostrando que el actual gobierno busca fortalecer su posición para comenzar una dictadura.

Actualmente se han promulgado leyes que protegen de sus acciones al Gobierno, que ha sido acusado de mal uso de los fondos por los funcionario actuales. Varios miembros del gobierno de Bukele están incluidos en una lista del Departamento de Estado de EEUU que señala a cinco ministros del gobierno actual están vinculados a casos de corrupción. (Noticia EL País)

Por todo ello, es necesario para la ALDHU, exigir al gobierno salvadoreño que cumpla la legislación  y los debidos procesos constitucionales. Y que se ciñan a la ley mediante procesos democráticos, dejando de lado cualquier autoritarismo. Además de entregar explicaciones sobre lo ocurrido.

Noticia en France 24.

Texto por: Álvaro Cordero

Fiscalía salvadoreña ordena detener al expresidente Sánchez Cerén

El exmandatario salvadoreño fue acusado por malversación de fondos durante su gestión como vicepresidente del país entre 2009 y 2014, bajo el mandato de Mauricio Funes. Junto a él han sido señalados otros cuatro funcionarios del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que denuncia persecución del oficialismo.

El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) fue acusado por la Fiscalía de El Salvador de malversar hasta 351 millones de dólares durante su etapa como vicepresidente (2009-2014) del Gobierno de su antecesor Mauricio Funes, junto a otros funcionarios. Sánchez Cerén es el cuarto expresidente de la etapa democrática en ser acusado de corrupción.

La denuncia del fiscal Rodolfo Delgado causó un auténtico terremoto político en el país centroamericano. Este organismo solicitará la inmediata búsqueda del expresidente para su captura por supuestamente haber cobrado sobresueldos no notificados de fondos estatales.

Sánchez Cerén pertenecía al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, por sus siglas), uno de los partidos tradicionales de la nación que logró gobernar entre 2009 y 2019. Además, fue el delfín político del expresidente Mauricio Funes, figura política que también está acusada de corrupción y presidente del país durante el mandato en el que se acusa a Sánchez Cerén de malversación.

El Ministerio también solicitó la detención de José Guillermo López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), y de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl. Todos ellos pertenecieron al FMLN y estuvieron estrechamente ligados a Funes.

El ex Presidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia.

Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) July 23, 2021

La Fiscalía emitió una rueda de prensa en la que aseguró que cada funcionario recibía entre 200.000 y 500.000 dólares de sobresueldo por culpa de esta trama de malversación de fondos públicos. A estas personas se sumaron las detenciones de los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, ambos de FMLN.

El FMLN denuncia persecución política

Este partido ha sido el principal acusado de la trama, pero la reacción entre sus filas se tradujo en una denuncia a lo que consideran una persecución política del oficialismo comandado por el presidente Nayib Bukele. La Gran Alianza por la Unidad Nacional del mandatario tiene un fuerte control de todas las instituciones del país y son numerosas las voces que han denunciado el autoritarismo con el que estaría actuando Bukele.

"Todo lo que estamos viendo ahora tiene en el fondo el propósito de callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición, chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca pensamos que volvería a El Salvador, la persecución política", aseguró Oscar Ortiz, secretario general del FMLN.

"Los corruptos quieren convertirse en los que puedan dictar las reglas de la transparencia", dijo, y agregó que en el país "se está consumando es una dictadura" con el Ejecutivo de Nayib Bukele.

Simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se manifiestan este 23 de julio, frente a la División Central de Investigaciones de la policía, en San Salvador (El Salvador).

Simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se manifiestan este 23 de julio, frente a la División Central de Investigaciones de la policía, en San Salvador (El Salvador). © Rodrigo Sura / EFE

Bukele se presentó como un político que rompe con el establecimiento del bipartidismo tradicional en El Salvador que se impuso tras la guerra civil. Con un discurso anticorrupción y de contundencia política ha ido aumentando su poder en todas las cotas del Estado. Sin embargo, los inicios de Bukele como alcalde de San Salvador están en este partido.

El fiscal Delgado lleva apenas unas semanas en el cargo, ya que la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista que asumió el 1 de mayo pasado destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al entonces fiscal general Raúl Melara, decisión cuestionada por la comunidad internacional.

Al parecer el propio expresidente Salvador Sánchez Cerén y varios de los exfuncionarios acusados están fuera del país, lo que hace que probablemente se emita una orden de captura a Interpol para que rindan cuentas ante la Justicia del país centroamericano.

Fuente: France24.com Con EFE

El negocio de la muerte: la JEP devela otra faceta monstruosa del Estado colombiano

 Eran aproximadamente las dos de la madrugada del 9 de febrero de 2005 cuando, en medio de la oscuridad y armados hasta los dientes, integrantes Patrulla Dinamarca 1 del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército Nacional llegaron hasta un humilde rancho ubicado en la comunidad de El Cerro, en la vereda El Pontón, perteneciente al corregimiento de Atánquez, a una hora de Valledupar en el departamento del Cesar. En el rancho se encontraban la niña perteneciente a la etnia Wiwa, Nohemí Esther Pacheco Zabata, de 13 años de edad y en estado de embarazo, junto con el indígena kankuamo, Hermes Enrique Carrillo Arias, de 23 años de edad. 

Con amenazas y engaños los militares sometieron y retuvieron a estas personas en el lugar, después los sacaron subrepticiamente de la vivienda obligándolos a desplazarse hasta un lugar apartado para, posteriormente, disparar sus fusiles de dotación contra la pareja desarmada e indefensa hasta matarlos. Después de asesinarlos, los militares alteraron el sitio donde cometieron el crimen para simular la ocurrencia de un combate y a las víctimas les pusieron el “kit de legalización”[1] que, en esta ocasión, consistió en un pantalón de la Policía Nacional “…una pistola calibre 7.65 mm marca Star sin número con un proveedor, tres cartuchos calibre 7.65, un revolver calibre 38 mm, una vaina calibre 38, un revolver hechizo, una granada aturdidora y una M26, un radio marca Yaesu, cinco cartuchos 25 mm, un morral color verde envejecido, un bolso, un par de botas de caucho color negro…”[2]. Horas más tarde, los militares presentaron a la pareja asesinada como guerrilleros del Frente 59 de las FARC-EP abatidos en un supuesto combate[3]. Los militares y el Instituto de Medicina Legal no quisieron entregar los cadáveres de las víctimas a sus familiares.

El entonces mayor del ejército Oscar Reinaldo Rey Linares, para esos años sub comandante del Batallón La Popa,  firmó un acta donde certificaba una recompensa de $500.000 COP (alrededor de 131 dólares al cambio actual), entregada a un supuesto informante por los “excelentes resultados” de la operación y reportó a las víctimas como NN[4]. Este fue el precio en el que el Ejército Nacional tasó las vidas de una niña indígena de 13 años embarazada y de un joven de 23 años, también indígena.

Rey Linares era amigo cercano del conocido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias El Ñeñe[5] y, entre otros favores, le facilitaba aeronaves de la Quinta Brigada para que el narco se transportara[6]. Alias El Ñeñe también era amigo del expresidente[7]  Álvaro Uribe[8] y presuntamente compró votos[9] que ayudaron a que Iván Duque ganase la presidencia en 2018[10].

Pese a las denuncias y alertas sustentadas en pruebas que fueron realizadas por organizaciones sociales nacionales e internacionales, el actual gobierno ascendió a Rey Linares en diciembre de 2020: ahora es Brigadier General, Comandante Quinta División del Ejército Nacional y lidera a “…más de 30 mil soldados que conforman esta unidad militar, responsable de la seguridad en el centro del país representada en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Caldas y la capital de la República”[11].

Este es tan solo uno de los al menos 127 aberrantes casos de asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe cometidos por miembros del batallón La Popa que han sido documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[12] bajo el caso 003 denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, una modalidad de asesinatos de personas inermes cometida principalmente por miembros del Ejército y la Policía Nacional colombianos para cobrar recompensas y presentar resultados falseados en la lucha contrainsurgente. La niña Nohemí y el joven Hermes forman parte de las alrededor de 8.208 víctimas mortales asesinadas en estado de indefensión a manos de miembros de las fuerzas armadas colombianas entre 1978 y 2008 para hacerlas pasar por guerrilleros y guerrilleras muertas en combate (de las cuales al menos 6.402, el 78%, se perpetraron bajo la presidencia de Álvaro Uribe), según datos de la JEP[13].

Esta es una parte de la verdad que revela el trabajo riguroso del mecanismo de justicia transicional tan atacado por los representantes del partido del actual gobierno. La JEP, mediante los Autos 125 y 128 de 2021, ha revelado aspectos fundamentales de este crimen que es, a su vez, crimen de Estado, crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, cometido por miembros de las fuerzas armadas en alianza con grupos paramilitares y funcionarios civiles del Estado.

El 2 de julio de 2021, en su Auto 125, la JEP determinó los crímenes y conductas ocurridos en el Catatumbo durante los años 2007 y 2008, atribuibles a miembros de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) del Ejército Nacional, además de los atribuibles a terceros civiles en el marco de los asesinatos perpetrados en Norte de Santander bajo la modalidad descrita, denominada por los medios de comunicación como “Falsos Positivos”.

El pasado 15 de julio, en su Auto 128 de 2021, este mismo tribunal les imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 militares (dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados) que cometieron asesinatos y desapariciones forzadas falsamente presentados como bajas en combate cuando operaron en el batallón La Popa, en el departamento del Cesar.

Dentro de los imputados y máximos responsables se encuentra un amigo entrañable de los poderosos líderes del partido de gobierno Centro Democrático[14], el coronel Publio Hernán Mejía, quien “…comandó el Batallón La Popa entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004[15], periodo durante el cual la unidad militar reportó 86 bajas en combate, 75 de las cuales corresponden a muertes ilegítimas”[16]. Según denuncias de sus subalternos, en algunas ocasiones este coronel pagó los asesinatos cometidos con cajas de arroz chino y entregándoles $100.000 COP (alrededor de 26 dólares al cambio actual)[17].

Mejía fue condenado en la justicia ordinaria por el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá a 19 años de cárcel y seis meses de prisión, por ser culpable de los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados ilegales y homicidio en persona protegida. El proceso en la justicia ordinaria estuvo rodeado de una serie de graves hechos como el asesinato de dos testigos, amenazas contra otros y denuncias de la Fiscalía sobre obstrucción a la justicia por parte de los acusados[18]. Después de la condena en la justicia ordinaria, el coronel solicitó ser aceptado por la JEP para así poder salir de la cárcel.

Hallazgos de la JEP en los Autos 125 y 128 de 2021

Frente a estos crímenes, los Autos de la JEP confirman que los imputados perpetraron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, afectando con brutalidad a civiles, especialmente a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. Además, los victimarios conformaron organizaciones criminales que operaban dentro de las unidades militares en alianza con paramilitares. Sus crímenes fueron una conducta “extendida y perpetrada a gran escala”, cuya finalidad era presentar resultados operacionales ficticios en los que mostraron como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército Nacional o por paramilitares. Los crímenes se cometieron con conocimiento pleno de su ilegalidad por parte de los victimarios y los responsables ocultaron sus actos para darles apariencia de legalidad, esto con el fin de responder a las presiones ocasionadas por la política de presentar resultados operacionales basados en la exigencia permanente de bajas o muertes en combate, mejorar la percepción de seguridad en la opinión pública, mostrar avances ficticios en la guerra contrainsurgente y cobrar el dinero de las recompensas.

Los crímenes obedecieron a un plan criminal y se enmarcan en dos macropatrones criminales:

El primero evidencia cómo los victimarios asesinaron, en alianza con paramilitares, a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin tener información previa real que verificara estos señalamientos y sin haber tenido lugar ningún combate.

El segundo patrón muestra cómo los victimarios basaron la elección de sus víctimas en la condición de vulnerabilidad que ellas presentaban: escogieron a personas que no tuviesen familiares o redes de apoyo que intentasen buscarlos posteriormente a su desaparición. Muchas de las víctimas fueron engañadas por las estructuras criminales mediante falsas promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para poder atraerlas y asesinarlas. Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que nadie reclamaría por su muerte, debido a la condición de vulnerabilidad dada por su marginalidad. La JEP hizo énfasis en que “…una de las peores formas que adquirió la práctica de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fue la deliberada manipulación o instrumentalización de las personas con discapacidades cognitivas. Esta forma de instrumentalización de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad pone de manifiesto el daño asociado a la idea de que las personas en condiciones de discapacidad son prescindibles en la sociedad, una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginación, que se concentran en prácticas deleznables como la ‘limpieza social’ y que, a su vez dañan a la sociedad en tanto le impiden reconocerse como diversa”[19].

Además, los Autos de la JEP develan, entre otros aspectos fundamentales, el modus operandi de los victimarios en cuanto a la planeación de los crímenes; la selección de las víctimas; la perpetración de los asesinatos y la simulación del combate; la legalización operacional de los asesinatos; el encubrimiento de los asesinatos, los victimarios y sus alianzas; así como la distribución de funciones y roles en la estructura criminal.

¿Podría ser este un ejemplo de una versión con tintes de “solución final”[20] por parte del nazismo criollo incrustado en las altas esferas del poder?

Conviene recordar que en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado y crímenes de guerra no solo son culpables quienes apretaron el gatillo, también lo son quienes los encubrieron, quienes intentaron ocultar esta realidad, quienes sabiendo que esto ocurría callaron con silencio cómplice y quienes defendieron a los criminales intentando borrar las evidencias de lo sucedido.

Es evidente el peligro que representa para una democracia y para el ejercicio de los derechos humanos el que criminales de lesa humanidad y criminales de guerra no sean juzgados y, por el contrario, se les premie con cargos de poder en la estructura de dominación que es el Estado. Su encubrimiento, sumado a los ataques a la JEP por parte de los líderes del partido de gobierno y de sectores poderosos de las fuerzas armadas, son una muestra del terror que le tienen a la verdad quienes viven cobijados por la sombra de la mentira y se sirven de ella para cometer los crímenes y delitos que los mantienen en el poder. De ahí se desprende la evidente importancia de la labor de la JEP en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición estipulados en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, así como para el ejercicio de una democracia real y garante de los derechos humanos.

Camilo Amador Bonilla Stucka.

Foto tomada de: Vanguardia

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Fuente: Revista del Sur

Respaldo al “Programa Integral de Asistencia a Mujeres Migrantes Venezolanas en los Países Andinos” de ALDHU

La creciente crisis migratoria de mujeres Venezolanas hacia países andinos por su cercanía con la república Bolivariana de Venezuela reviste una especial gravedad dado que la mayoría de ellas se ven en la obligación de desplazarse con sus hijos, en situación de pobreza o incluso estando embarazadas.

Esta crsis ha crecido en los últimos años, superando la capacidad de respuesta de las instituciones en los países andinos y también los esfuerzos de las autoridades nacionales al respecto.

Por este motivo, el Presidente de la República de Colombia en el marco del Sistema Andino de Integración, encargó una propuesta de desarrollo migratorio al Parlamento Andino el cual  acogió el “Programa Integral de Asistencia a Mujeres Migrantes Venezolanas en los Países Andinos” presentado por ALDHU. Este plan representa una valiosa estrategia que va a fortalecer los esfuerzos humanitarios que deben realizarse desde los diversos sectores de la sociedad y del Estado para la atención directa y eficaz de esta población tan vulnerable 

Desde la ALDHU y el Parlamento Andino realizamos un llamado a los países andinos y a las autoridades e instancias competentes, a patrocinar y respaldar el programa señalado en el artículo precedente con el fin de avanzar en la asistencia, atención eficaz y garantía de los derechos de las mujeres venezolanas migrantes. 

También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se consoliden esfuerzos dirigidos a financiar las organizaciones no gubernamentales que cuenten con programas dirigidos a la asistencia, atención eficaz y garantía de los derechos de las mujeres venezolanas migrantes.

Presentación Caso Hipotético: Instituto Colombiano de Derechos Humanos

América Latina: En 2021 el crecimiento dependerá del control del COVID-19, no debemos relajar las medidas de protección

 América Latina y el Caribe terminará 2020 con una caída del PIB del 7,7% y una tasa de paro del 10,7% en la peor crisis en 120 años, estima la comisión de la ONU para la región, que prevé que en 2021 podría rebotar un 3,7%. Sin embargo, advierte que si hay más rebrotes y confinamientos por COVID-19, la recuperación podría retrasarse aún más, por lo que es crucial que la gente mantenga muy altas las medidas de protección. La distribución de las vacunas es otro factor que será determinante. “La pandemia no está controlada aún”, dice Alicia Bárcena.

#AméricaLatina #economía # Covid #ONU

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este miércoles sus proyecciones de crecimiento para la región en 2020 y 2021, aclarando que la actividad productiva está sujeta a una gran incertidumbre relacionada con la pandemia de COVID-19.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL presentó el estudio en una conferencia de prensa en la que el mensaje central fue la urgencia de que la población no relaje por ningún motivo las medidas de protección sanitaria durante esta temporada de fiestas. “La pandemia no ha pasado, estamos frente a alarmas de rebrotes, el cuidado es fundamental”.

Alicia Bárcena afirmó una vez más que la crisis será más larga de lo esperado e insistió en que la recuperación económica en la región dependerá de que se ponga freno al coronavirus, una tarea en la que todas las personas pueden ayudar.

“La vacuna ya está lista, pero esto no significa que la pandemia se haya controlado, todavía no sabemos cuándo y cómo se distribuirá, por eso es fundamental que la gente mantenga la disciplina, que nos sigamos cuidando en esta temporada”, recalcó Bárcena.

En su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, la CEPAL prevé una caída de 7,7% este año y un crecimiento de 3,7% en 2021, aunque aclara que ese avance respondería a un rebote estadístico y que no será suficiente para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, cuando la región crecía muy poco.

La región más golpeada

El informe recuerda que ya antes de la crisis del coronavirus, la región avanzó apenas una media de 0,3%en el periodo 2014-2019 y que el año pasado sólo creció 0,1%. Este escenario empeoró con los confinamientos y el cierre de las actividades productivas provocados por la pandemia, que conllevaron una caída del comercio y los ingresos tributarios, dando lugar a la peor crisis económica y social ocurrida en América Latina y el Caribe.

Una de las consecuencias inmediatas de la crisis es el aumento del desempleo, que habría llegado a 10,7% en 2020, incrementando así la pobreza y la desigualdad.

Según la CEPAL, el Caribe sería la subregión más afectada, con una contracción de 7,9%. Leseguiría América del Sur con -7,3% y Centroamérica con 6,5%. México, por su parte, retrocedería 9%.

“Nuestra región es la más golpeada del mundo”, dijo Alicia Bárcena y explicó la pandemia ha magnificado los problemas estructurales históricos de los países que la integran: desigualdad, baja recaudación fiscal, niveles altos de actividad informal, y fragmentación de los sistemas de salud y protección social.

Lo que hace falta

Para remontar esta coyuntura, estas economías “precisan de una mejor distribución de la liquidez mundial”, acotó.

Añadió que si bien algunos países de la región han podido obtener liquidez con la emisión de bonos soberanos, no todas las economías tienen acceso a ese mercado.

La responsable de la CEPAL aseveró que, además de liquidez, Latinoamérica y el Caribe necesita políticas fiscales y monetarias convencionales y no convencionales que permitan impulsar la actividad económica.

“Se deben mantener políticas expansivas, se necesita seguir apoyando a las familias”, apuntó refiriéndose a las ayudas financieras de emergencia que muchos gobiernos dan a la población para apuntalar la crisis.

Subrayó también que hace falta cerrar los espacios de evasión fiscal para fortalecer ingresos públicos.

El documento de la CEPAL enfatiza la necesidad de inversiones públicas en sectores dinámicos y ambientalmente sostenibles.

Bárcena llamó a no olvidar que la humanidad tiene encima la espada de Damocles del cambio climático.

Retornar a la senda productiva quiere decir “crecer con empleo de calidad y con poca huella ambiental”, agrega.

Estas medidas no sólo dependen de los gobiernos nacionales. “Requerimos financiamiento y cooperación internacional”, enfatizó Bárcena.

En este sentido, pidió que se incluya a los países de renta media en las iniciativas de moratoria del pago de deuda, que se les dé acceso a los derechos especiales de giro y que se les otorgue financiamiento concesional. Prebendas, todas, limitadas por ahora sólo a los países de bajos ingresos.

Asimismo, pugnó por planes de recuperación que abarquen la universalización de la salud, la educación y los seguros de desempleo.

Las plantaciones de caña de azúcar y soya han remplazado hectáreas de selva amazónica, con pocas precauciones de cara al impacto medioambiental. Foto: PNUMA/Arendal

Las plantaciones de caña de azúcar y soya han remplazado hectáreas de selva amazónica, con pocas precauciones de cara al impacto medioambiental. Foto: PNUMA/Arendal

Alta incertidumbre

Con respecto a los pronósticos para 2021, la CEPAL destacó que están sujetos a una serie de elementos inciertos como la intensidad y propagación que tendrá la segunda ola de contagios de COVID-19; la capacidad de producción y distribución de las vacunas; la capacidad de los países de mantener los estímulos monetarios y fiscales; y las tensiones tanto internacionales como internas debidas al malestar social.

De acuerdo con el organismo de la ONU, el año entrante los rebotes en la economía de las subregiones serían de 3,7% en Sudamérica, 3,8% en América Central y 4,2% en el Caribe. México repuntaría un 3,8%.

Este rebote, no obstante, representa un “crecimiento genuino” de apenas 0,6% para la región, 0,6% para América del Sur y 0,8% para Centroamérica y México.

La CEPAL calcula que Latinoamérica y el Caribe no alcanzarán los niveles de actividad de antes de la pandemia hasta 2024.

Depende…

Alicia Bárcena hizo hincapié en que el cumplimiento de todas las proyecciones dependerá de los posibles rebrotes de la pandemia y de cuándo esté disponible la vacuna.

Del mismo modo, será determinante que los gobiernos puedan continuar las políticas expansivas, que la inflación se mantenga baja, que se amplíe su acceso a la liquidez y que se sostengan los precios de las materias primas.

“La crisis va a durar, será más larga de lo que esperamos. Y los rebrotes o nuevos confinamientos pueden afectar las proyecciones”, alertó Bárcena.

En este tenor, insistió en que las personas deben cuidarse. “La gente debe mantener la disciplina porque la pandemia no está controlada aún. Si la vacuna llega pronto, puede que el segundo semestre del próximo año sea mejor, pero no se sabe”, dijo.

Reiteró enfáticamente la conciencia que debe haber sobre la emergencia sanitaria y sus implicaciones.

“La gente tiene que comprender que, además de la salud, la continuación de la pandemia va a afectar su bolsillo”, indicó.

Antes de concluir, repitió que no debe haber un relajamiento de las medidas de protección. “La pandemia no sigue ahí, no está controlada aún”, recalcó.

Fuente: Noticias ONU

¡No es un show, es un derecho! Somos hijas de las mujeres invisibilizadas y negadas de la historia

Estos días hemos seguido con entusiasmo y esperanza las intervenciones de las  y los miembros de la Convención Constitucional en las distintas asambleas, en particular  las intervenciones que ha realizado la Machi Francisca Linconao, autoridad ancestral del  Pueblo Nación Mapuche, por ser un hecho histórico que una autoridad ancestral esté  allí, construyendo el nuevo Chile. En sus intervenciones la Machi ha sido clara en señalar  que la lucha de las y los Mapuche es la lucha por la defensa de la tierra, del agua, la  defensa de la biodiversidad y, sin embargo, hemos sido testigos de discursos de odio, racismo, negacionismo y discriminación. En particular, los que han sido emanados por la representante de la ultraderecha chilena, Teresa Marinovic. Discursos de odio que  han quedado impunes, ya que no han sido sancionados ni condenados con la  vehemencia que corresponde debido a que la Convención Constitucional aún no define  su reglamento/comisión de ética. Esto último nos parece aún más impresentable y  peligroso, ya que como dice el dicho “quien calla otorga” y en este caso se está  legitimando la impunidad hacia el odio racial como hemos visto hoy, que se ha tildado  la Machi Francisca de “hacer show” por el hecho de utilizar su lengua materna en sus  intervenciones en la Convención. 

La Machi Francisca Linconao habla de restitución de las tierras, de las aguas, de  entregar tranquilidad de los ngen ko, ngen wuinkul. También refiere con énfasis en su  intervención en mapuzungun el día 20 de julio 2021 “Mapuzungunmu mew mekey ñi  kewan taty, inche ta terrorista pinngekey defender mu ñi lawen ñi wuinkuñ……” ahora  están peleando por el uso del mapuzugun. A mí me dicen terrorista, por defender los  remedios que entrega la naturaleza, defender los cerros”. Estos hechos de racismo, en  que la ultra derecha hoy llama de terrorista a la población mapuche, sin duda nos  recuerdan los relatos de las mujeres, abuelas y madres, que han contado de generación  en generación, sobre los dolores, y que hacer uso de la lengua no es algo antojadizo sino  que su uso está consagrado en diferentes convenios y tratados internacionales: es la  reivindicación de los derechos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT  ratificado por el Estado de Chile el año 2008, la Ley Contra la Discriminación Nro. 20.609  y la Declaración de Naciones Unidad Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El mapuzungun y su uso como un derecho ha sido abordado por la presidenta de  la Convención Constitucional Elisa Loncon a través de relatos mapuche e investigaciones académicas que abordan los procesos del mapuzungun en la historia, entendiendo que  “el uso de la lengua como un derecho” es fuente de transmisión del conocimiento, de realidades y sensibilidades. Al utilizar la lengua del mapuzungun se entrega información  desde la perspectiva del otro, se logra reencontrar al ser humano y volver a su mundo.  Por el contrario, el estar hablando en castellano implica, para el hablante materno de  mapuzugun, un ejercicio permanente de adecuarse al lenguaje del dominador y, aunque  no lo domine plenamente en los ámbitos formales, se desenvuelve en dos mundos de  manera permanente. 

El mapuzungun hace que podamos transmitir elementos propios de la vida y  relación del ser Mapuche con la naturaleza lo cual no es algo antojadizo, es la expresión  máxima del ser que logra expresar la forma y visión de mundo de los pueblos, que han  querido ser borrados por la historia oficial y que hoy a través de distintos procesos de  lucha se están reivindicando.  

Al comprender la visión de mundo del Pueblo Nación Mapuche, podemos darnos  cuenta del sentido profundo y del significado e incluso del tono de voz que la Machi  Francisca ha utilizado en sus intervenciones ya que en ello podemos observar la conexión de los planos espirituales y el sentido de la naturaleza en su habla, el cual  está presente en la lengua materna. Le agregamos a esto que la Machi Francisca, en su  rol de autoridad espiritual, utiliza un tono de voz que hace alusión también a una  petición espiritual, lo que significa que todo tiene vida, los árboles y los cerros. Una  declaración contraria al extractivismo de las grandes empresas transnacionales que  operan en Wallmapu. 

Al analizar el racismo evidente en los discursos de odio de la señora  Marinovic, sin duda nos hace recordar los diversos relatos de trauma histórico frente a  la prohibición de la lengua del mapuzungun en los colegios y en el proceso de  colonización en el siglo XIX y fines del siglo XX. Nos parece haber retrocedido en 200  años ya que, como entonces, todos aquellos hablantes, que tuvieron como primera  lengua el mapuzungun, tuvieron que adecuarse al castellano de manera forzosa, primero  en el colegio, luego en el liceo, en el mundo de la universidad y luego en el mundo  laboral, siendo desplazada la lengua del mapuzungun. Además, la Constitución de  Pinochet, en 1980 negó toda la existencia y todos los derechos de los pueblos originarios  y con ello todos sus saberes. Por tanto, para los hablantes de mapuzungun esto es una  lucha de vida, ya que dejar de hablar tu lengua materna es dejar de vivir, es dejar de  ser debido a que algo falta a la persona y es la lengua materna la única que puede  entregar el equilibrio y la sanación del trauma histórico. 

En este sentido nos encontramos en un momento de reivindicación de esas  heridas e historias Mapuche por habérseles negado su lengua. Estamos en un momento de construir un camino de convivencia, para lo cual es necesario, primero, reconocer la  existencia de los pueblos originarios y construir un Estado Plurinacional. Esta es una  reivindicación que está presente en cada uno de los discursos de los y las constituyentes  Mapuche. 

La participación en la elaboración de la nueva Constitución viene a reivindicar las  luchas de los pueblos originarios, para instaurar políticas públicas y programas en  temáticas que afecten a la población mapuche y pueblos hermanos, rural, urbana, campesinos etc. para lo cual es necesario un trabajo con pertinencia cultural, con y  desde las personas involucradas. Es por ello que interpelamos al ESTADO, por su carácter instrumental que descontextualiza cada una de las prácticas de los pueblos. Por tanto,  ahora, es una necesidad ética y política poner en el debate los derechos de los pueblos  originarios, desde sus distintos ámbitos: educación, salud, justicia, economía, el derecho  al agua, recuperación de las tierras, donde el reconocimiento de los pueblos originarios esté presente y con ello, se modifiquen las políticas públicas, cambien las malas prácticas  institucionales y, sobre todo, el uso de la lengua del mapuzungun, esté de manera  transversal en los diversos espacios públicos y privados. Por esta razón es un hecho  histórico que el mapuzungun esté en el discurso político hoy día, donde se espera que  ocurran los cambios estructurales. ¿Por qué no? Por ejemplo que los y las profesionales  atiendan en la lengua de la persona que acude a los servicios públicos sería una forma  concreta de reconocimiento de los pueblos originarios. 

Por lo anterior, es que vemos que existe un resquemor a lo Mapuche y donde  Elisa Loncon y la Machi Francisca Linconao han sido “carne de cañón” en este proceso, porque representan a un pueblo que de alguna otra manera se siente reflejado como hijos e hijas de las madres, abuelas, bis abuelas que han sido invisibilizadas, violadas,  silenciadas y que por mucho tiempo les llamaron “las indias”. 

Si no condenamos y sancionamos los discursos de odio ¿Qué sentido tiene  establecer escaños reservados si quienes representan a las Naciones pre-existentes al  Estado chileno se encuentran imposibilitadas/os de ejercer su derecho a usar su propia  lengua en una instancia tan relevante como es la convención constituyente?

 

Luz Marina Huenchucoy Millao; Trabajadora social

Carolina Fuentes Lizama; Antropóloga

Fuente: Mapuexpress

Médicos de toga y puñetas. Art Opinión: Baltasar Garzón

En otras épocas, las epidemias y enfermedades incomprensibles estaban en manos de brujos, curanderos y en última instancia de clérigos que, a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya sede en Madrid está situada a media calle del actual Senado, decidían si tales males eran producto de una posesión demoníaca o de un pecado mortal, después de un procedimiento que tenía como prueba fundamental o única el tormento del acusado. Hoy el relevo me temo que lo han tomado los jueces, quienes parece que saben mejor que nadie las acciones que tendrían que haberse emprendido para restringir los derechos fundamentales y acabar con la pandemia. No, a ellos no les basta la restricción de derechos ni el estado de alarma, ya que, según su mejor saber en estos asuntos, las medidas del Gobierno encajaban mejor en un marco más duro aún, como es el estado de excepción, pues de lo que se trataba era de "suspender" derechos. Por favor, nótese que el varapalo para el Ejecutivo es por no haber sido más duro pudiendo serlo.

Así, un año y medio después, cuando ya está la mitad de España vacunada y lo peor ha pasado, el Tribunal Constitucional se digna decirle al Gobierno que lo que hizo fue inconstitucional (según el criterio de la mayoría de jueces) porque quedaba mejor lo otro en vez de esto, porque era antes la gallina que el huevo, porque era más apropiado el estado de excepción que el de alarma, tal y como en su día sus atávicos colegas pugnaron por establecer el sexo de los ángeles, en una discusión bizantina, mientras Constantinopla era asediada por los Otomanos.

De esa guisa, la sentencia deroga ahora, cuando ya de poco o nada sirve, el confinamiento que el primer decreto de alarma establecía en su artículo 7, al considerar que lo ocurrido vino a componer "una grave alteración del orden público" y, más aún, que la gravedad y la extensión de la pandemia imposibilitaron un normal ejercicio de los derechos, siendo en consecuencia más indicado el estado de excepción que el de alarma.

Y bueno, todo ello en base a lo que, según parece, trascendió en un primer momento a los medios informativos, dado que el Constitucional no se había pronunciado oficialmente, amén de que, como todo el mundo sabe, no es un tribunal que tenga como lema la rapidez en la adopción de sus dictámenes. Nuevamente según trascendidos, la conclusión jurídica se habría adoptado por seis votos a favor de esta tesis y cinco en contra, habiendo incluso magistrados conservadores dentro de estos últimos. Tales extremos se pudieron comprobar en la noche del 19 de julio cuando, finalmente, se dio a conocer de forma oficial el documento, eso sí, a falta aún del voto particular del magistrado Xiol. Se entiende por qué Pablo Casado no quiere renovar las instituciones y prefiere dejarlas como cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, ¿verdad?

Creo que vergüenza es una palabra fuerte, pero no se me ocurre otro calificativo mejor para describir la situación actual. Vergüenza de lo mezquino de los políticos de derecha y extrema derecha, vergüenza de cómo sacan provecho de esta decisión, vergüenza de este fallo en sí mismo, vergüenza de que sea fútil e irrelevante; de la demora en adoptarse. Y vergüenza de que nuestro Tribunal Constitucional no esté al nivel de sus pares europeos ni mucho menos de sus primeros integrantes, cuyo ejemplo de entrega, lucidez, ponderación y buen criterio ha sido olvidado y denostado por los que hoy habitan tan alta magistratura.

Señorías del Tribunal Constitucional que han votado a favor de esta sorprendente resolución: no han estado a la altura de las circunstancias, una de las más graves que ha tenido que sortear nuestro país desde el término de la dictadura, o si lo prefieren, desde que está vigente nuestra Constitución que ustedes han jurado respetar y aplicar fielmente. Definitivamente no, y ustedes lo saben, pues han sido útiles y serviciales a la mirada de corto plazo de una oposición desesperada porque no encuentra su lugar en el espectro político y le cuesta cada vez más aceptar que no tiene más remedio que esperar a las próximas elecciones.

Contradicciones

Ahora bien, si entramos al fondo de lo que "habría decidido" el Constitucional (a veces me pregunto qué sería de este país sin los trascendidos), para darnos cuenta del disparate del fallo basta con imaginarnos el terremoto político que se hubiera producido de haber optado en aquel momento el Gobierno por el estado de excepción. Lo menos que se habría dicho de Pedro Sánchez sería que actuaba como un dictador (socialista, comunista, chavista, venezolano, bolivariano, castrista, ateo, filo etarra, ilegítimo, okupa y enemigo de España, términos todos estos que, en una u otra ocasión se han escuchado desde la bancada extremista).

Aunque hoy el PP vocifere como nadie en contra del Gobierno por este fallo, no hay que olvidar que fue Vox el impulsor de este recurso que sus señorías han resuelto de esta manera. Vox, no el PP, se jacta hoy de haber sido el primer partido en la cámara en reclamar la anulación del estado de alarma. Sin embargo, no hay que moverse a engaños, el Constitucional no ha dado (o no habría dado) la razón a Vox, porque no ha dicho que el estado de alarma era innecesario y que el confinamiento fue un exceso, sino que lo que ha dicho (o habría dicho) es lo contrario, que un confinamiento tan duro, pero necesario, se enmarca mejor en el estado de excepción, que es más duro y concede mayores facultades al Gobierno. No es que Sánchez haya sido arbitrario, es que las medidas tenían un mejor encuadre normativo que el que fue elegido.

Es curioso que el guardián de nuestras libertades y derechos como es el Tribunal Constitucional, otrora caracterizado por el buen criterio y la ponderación, hoy se decante por un mecanismo que prácticamente permite barra libre para que la autoridad gubernativa detenga a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público; o disponer de registros domiciliarios o intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Además de restringir la circulación de personas o vehículos; determinar zonas de protección y seguridad o suspender las comunicaciones, las reuniones o manifestaciones. (Imaginen el grito en el cielo de los ultraderechistas si se hubieran prohibido las caceroladas del barrio de Salamanca).

La pregunta es: ¿se hubiera sentido el virus amedrentado por tan fabuloso despliegue jurídico y policial y se habría rendido y entregado a las autoridades sanitarias sin infectar a la población? Creo que el ridículo está garantizado. La rocambolesca decisión del Constitucional, enmendando la plana al Ejecutivo, discutiendo si son galgos o podencos, ¿aporta alguna herramienta útil a la manera en que se debe hacer frente a una situación tan extrema como esta? ¿O más bien entorpece futuras y necesarias decisiones, cuando de nuevo la enfermedad toma carrerilla y está poniendo en riesgo extremo a la población en esta quinta ola?

La intromisión

La afirmación de que al tribunal le ha faltado sentido de Estado en este caso, como aseveró la ministra de Defensa, es cierta. Sentido de Estado y sentido de realidad, añado yo. Tan cierto es con respecto al fallo, pero mucho antes, respecto del hecho de admitir a trámite este asunto, cuando tantos otros temas de relieve se inadmiten. E, igualmente ciertas, las admoniciones certeras del magistrado Cándido Conde Pumpido en su voto discrepante. Lo que se avecina si se mantiene esta doctrina será mucho peor e imposibilitará, realmente, la adecuada reacción y actuación frente a una pandemia de estas características.

Esta intromisión de la justicia en los asuntos del combate contra la pandemia va más allá. ¿Sobre qué hechos probados se manifestaron? ¿Llamaron a los peritos de los hospitales para conocer el alcance del drama? ¿Aceptaron el testimonio de los testigos que se desempeñan en las UCI? Deciden sobre nuestra salud y ponen por delante las circunstancias e intereses de quienes los nombraron en sus cargos. En otros casos –demasiados– embebidos en su condición de decidir sobre la vida y la muerte de los demás, se enredan en la exégesis de los textos sin sopesar las consecuencias, en vez de interpretar las normas constitucionales de acuerdo con los principios, valores, derechos y libertades que protegen.

Es una trampa. Ya lo vivimos cuando la política se judicializó y acabamos enfrentados entre conciudadanos. Ahora es peor si cabe porque la muerte y la enfermedad son el trasfondo y porque tras estas decisiones no se hace justicia, no se refrenda la Constitución, no se defienden las libertades.

Miren: el Derecho sirve para formalizar un cauce de convivencia establecido previamente por la sociedad. La Constitución es el acuerdo común para dejar negro sobre blanco esos acuerdos de convivencia que hemos decidido entre todos. Los gobiernos tienen que preocuparse por el bienestar de la población utilizando todos los medios a su disposición, dentro de la Ley y la Constitución. Los jueces somos servidores públicos con la función de cuidar de que la Ley se respete, pero siempre, siempre, con la mirada puesta en la convivencia y en la ciudadanía. La exégesis de los textos es una entelequia. Los jueces nos debemos a las y los ciudadanos que deben poder confiar en que velamos por sus derechos y libertades. Lo demás sobra. Deben recordar que la justicia emana del pueblo, donde radica la soberanía, por lo que los magistrados son meros delegados al servicio de aquel. No entenderlo así y no ejercer su rol de esta manera, les hace errar y en ocasiones hacer el ridículo, como en este caso, al pretender ser médicos de toga y puñetas.

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Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.

Fuente: Infolibre