Páginas vistas en total

miércoles, 30 de diciembre de 2020

El estallido de las violaciones a los derechos humanos. Chile.

Después del estallido social Chileno, diversos informes han aparecido comentando las implicancias y analizando cada una de las violaciones a los derechos humanos. Aquí presentamos:

"El estallido de las violaciones a los derechos humanos. Informe sobre los derechos humanos. 18 octubre 2019 -12 marzo 2020”,

Éste es un documento en pdf que se entrega desde una perspectiva multidisciplinaria los hechos ocurridos durante el período entre el 18 de octubre 2019 y marzo del 2020.
Es decir, busca entregar más que nuevos datos e información, una forma distinta de ordenarlos y analizarlos para demostrar que lo vivido en el país durante 5 meses –y que continúa sucediendo de diversas formas- ha sido una experiencia de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.

El documento expone ideas y argumentaciones sobre la relación entre el mercado neoliberal y la protección de los derechos humanos.



Fuente: Piensa Prensa


domingo, 27 de diciembre de 2020

Internacional: Mueren asesinados 59 periodistas en 2020, 22 de ellos en América Latina

 En la última década fueron muertos cerca de 900 trabajadores de los medios de comunicación en el mundo. La agencia de la ONU que registra estos crímenes destaca la fragilidad de la libertad de prensa en el contexto de la pandemia de COVID-19, precisamente cuando el periodismo es más relevante para la protección de los derechos humanos.


La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó este miércoles que el 2020 registró un total de 59 periodistas asesinados, cuatro de ellos mujeres. América Latina y Asia Pacífico fueron las regiones más letales para esos profesionales, con 22 informadores abatidos en cada una. Los países árabes sumaron nueve asesinatos y África seis.

De acuerdo con los datos de la UNESCO, durante los últimos diez años 888 periodistas y trabajadores de medios, es decir uno cada cuatro días, fueron abatidos por desempeñar su trabajo de informar al público.

Estos crímenes se siguen cometiendo con gran impunidad, según consta en el informe sobre la seguridad de los periodistas publicado en noviembre por la agencia de la ONU, que muestra que en 2020 no hubo ninguna consecuencia en el 87% de los casos.

Los embates impunes contra los comunicadores debilitan la libertad de prensa en una coyuntura histórica que hace particularmente importante la información veraz, advirtió la directora general de la UNESCO.

Pandemia, la “tormenta perfecta” contra el periodismo

“En 2020 hemos sido testigos de la relevancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sido ´la tormenta perfecta´ que ha afectado a la libertad de prensa en todas partes”, dijo Audrey Azoulay.

La crisis desatada por el COVID-19 ha llegado a amenazar la supervivencia de los medios de comunicación, que han perdido sus ingresos por publicidad, dando lugar a un entorno aún más precario para sus trabajadores.

Por si esto fuera poco, la legislación de emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus han servido de coartada en muchos países para restringir la libertad de expresión y de prensa.

En este marco muchos periodistas han sido penalizados por denunciar fallas en la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. Estas condiciones hacen temer que la profesión periodística desaparezca.

Bien público

“Frente al inicio del año nuevo, llamo al mundo a defender la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad”, enfatizó Azoulay ante este panorama.

El mes pasado, la UNESCO echó a andar una campaña mundial de concientización de la importancia de la seguridad de los periodistas, cuyo lema es precisamente “Protege el periodismo. Protege la verdad”.

 Además de los asesinatos, el organismo destacó el aumento del acoso y los ataques a los profesionales de la información en el contexto de la pandemia. Citó, por ejemplo, las agresiones que sufrieron durante la cobertura de las manifestaciones de protesta, como ocurrió en el caso de las movilizaciones de Black Lives Matter.

Detalló que en el primer semestre del año los trabajadores de la prensa fueron agredidos o detenidos en 125 protestas realizadas en 65 países. La UNESCO agregó que estos incidentes aumentaron en la segunda mitad de 2020.

Las periodistas: doble blanco de ataques

En un comunicado, la agencia se refirió con gran preocupación a las periodistas, quienes suelen ser doble objetivo de ataques: por su profesión y por su género. Especificó que estas profesionales padecen en especial acoso y violencia de género en línea.

Una encuesta mundial sobre el tema realizada en octubre indicó que el 73% de las periodistas participantes habían experimentados violencia en línea y el 20% afirmó que a esas agresiones siguieron otros abusos o ataques presenciales.

Como parte de su compromiso de concienciar sobre el papel de la información como bien público, la UNESCO promueve la transparencia en las plataformas de internet con el propósito de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos a desafíos como la desinformación y el discurso del odio. También aboga por un pensamiento crítico y un panorama mediático plural.

Fuente: Noticias ONU

martes, 22 de diciembre de 2020

Venezuela: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado venezolano por la ejecución de presos en una cárcel en 2003

 El hecho, que tuvo lugar en el marco de un operativo de las fuerzas de seguridad en el penal de Vista Hermosa, terminó con la muerte de siete personas privadas de libertad, mientras que otras 27 resultaron heridas.


Cárcel de Vista Hermosa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado venezolano por un operativo que la Guardia Nacional efectuó en una cárcel en 2003 y cuyos agentes ejecutaron a 7 personas privadas de libertad, mientras que otras 27 resultaron heridas. En concreto, concluyó que violó el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos ejecutados y heridos, respectivamente.

El órgano judicial con sede en Costa Rica, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero funciona de manera independiente, informó este jueves que pese a la admisión de responsabilidad del Estado venezolano, era necesaria la sentencia para profundizar en lo ocurrido y ordenar medidas de reparación.

“Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida”, detalló la CorteIDH.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, que estaban privados de la libertad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como cárcel de Vista Hermosa.

La Corte Interamericana agregó en la sentencia que, en lo que respecta a las personas lesionadas, “el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”.

La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, informó este jueves que a pesar de que el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, era necesaria la sentencia para profundizar en lo ocurrido y ordenar medidas de reparación (EFE/Archivo)


La Corte Interamericana recordó que durante el proceso, el Estado de Venezuela aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso y reconoció que las muertes “encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.

El Estado también reconoció que como resultado del operativo realizado por la Guardia Nacional se produjeron las lesiones de las personas privadas de libertad.

No obstante, también concluyó que el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos; tampoco se ha identificado a los responsables ni se ha provisto una reparación a las víctimas y a sus familias.

Además, según los jueces del órgano, el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura. En el momento de los hechos, el presidente de Venezuela era Hugo Chávez.

El Tribunal también encontró que los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos.

En la sentencia, la CorteIDH ordena a Venezuela reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los responsables.

Además, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

En cuanto a las indemnizaciones, la Corte ordenó, por concepto de daño inmaterial, 50.000 dólares para la familia de cada fallecido, y 25.000 dólares para cada una de las 27 personas que resultaron heridas.

Por lucro cesante, el Estado deberá pagar 50.000 dólares a la familia de cada víctima fallecida.

Este es el segundo fallo negativo para el estado venezolano en igual cantidad de semanas. El pasado 11 de diciembre, la CorteIDH lo condenó por por violaciones a los derechos a la vida de cinco adolescentes en un incendio ocurrido en un centro de detención donde estaban recluidos en el año 2005.

La CorteIDH notificó este viernes a las partes la sentencia del caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, en la que encuentra al Estado como responsable de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a los derechos del niño, en perjuicio de José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa.

Fuente: Infobae (Con información de EFE)


sábado, 19 de diciembre de 2020

Denuncian nuevas violaciones de derechos humanos en Colombia

 Bogotá, 17 dic (Prensa Latina) Campesinos colombianos denunciaron hoy nuevas violaciones de los derechos humanos en el departamento Norte de Santander y señalaron como perpetradores a grupos paramilitares y efectivos del Ejército Nacional.

La Asociación Campesina de Catatumbo (Ascamcat) emitió un comunicado en el que refieren una serie de actos de violencia física y verbal por parte de los uniformados contra agricultores de la región, hechos comprobados por una comisión de organizaciones sociales creada a ese fin como mecanismo de autoprotección.

Como resultado de la investigación, la Ascamat responsabiliza por los actos referidos al Batallón de Operaciones Terrestres No. 9 del Ejército Nacional, unidad desplegada en la región con la orden de erradicar cultivos ilícitos.

El comunicado del gremio campesino aclara que las violaciones cometidas por los militares consisten en amenazas de muerte, extorsión, confinamiento, tala ilegal de selva y privación de acceso al agua por parte de las comunidades ubicadas en los municipios Tibí y El Tarra.

La Ascamat también alertó sobre la presencia de grupos armados, entre ellos la banda conocida como Los Rastrojos, que agrupa a exmilitantes de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia.

Las operaciones de estos grupos, señala el texto, causan 'temor y zozobra al interior de las comunidades exponiéndolas a un inminente desplazamiento para proteger sus vidas'.

El comunicado concluye con un llamado al Ejercito Nacional a aclarar la actuación de sus efectivos y a respetar los derechos humanos de los pobladores de las regiones señaladas.

La Ascamat también insta a organismos nacionales y extranjeros defensores de los derechos humanos a investigar y monitorear situaciones de este tipo en el país suramericano.

viernes, 18 de diciembre de 2020

Neuro-Derechos Humanos en discusión

 Los rápidos avances en la neurociencia, el conocimiento del sistema nervioso y especialmetne del cerebro, han provocado la preocupación de diferentes investigadores respecto a la protección delos derechos neuronales.

De Rafael Yuste, el ideólogo del Proyecto Brain, creado por Obama para mapear el cerebro humano, surgió la Iniciativa de Neuroderechos (NRI) ,creada para defender y desarrollar una guía ética adicional para la innovación a la neurotecnología.

En esta ocasión presentamos un documento que analiza la situación actual de la neurociencia, cada unos de los neuroderechos propuestos y los enmarca dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la constitución chilena.

martes, 15 de diciembre de 2020

Algoritmos que discriminan: la inteligencia artificial vs derechos humanos

 Viena, 14 dic (EFE).- Máquinas decidiendo quién recibe un subsidio o en qué barrio hay que reforzar la vigilancia policial. La inteligencia artificial (IA), útil, por ejemplo, en la lucha contra una pandemia, puede también perpetuar y reforzar prejuicios, como advierte la Unión Europea (UE) en un informe que se publica hoy.

Máquinas decidiendo quién recibe un subsidio o en qué barrio hay que reforzar la vigilancia policial. La inteligencia artificial (IA), útil, por ejemplo, en la lucha contra una pandemia, puede también perpetuar y reforzar prejuicios, como advierte la Unión Europea (UE) en un informe que se publica hoy. EFE/ Jesús Diges/Archivo


"La IA puede ser usada potencialmente en todas las áreas de la vida y eso significa que puede chocar con todos los derechos fundamentales", resume en una entrevista con Efe David Reichel, investigador de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, responsable del informe.

Bajo el nombre "Construir un buen futuro: la inteligencia artificial y los derechos fundamentales", el trabajo se basa en docenas de entrevistas con funcionarios de la administración pública y empleados de empresas privadas que diseñan y usan esa tecnología.

Aunque el conflicto entre nuevas tecnologías y protección de datos es conocido, la FRA ha querido ir más allá y atajar la falta de conciencia sobre el potencial ataque a otros derechos, como el de no ser discriminado o a tener asistencia social, que puede suponer el uso erróneo de la IA.

UN ALGORITMO PARA COBRAR EL PARO

La FRA plantea escenarios en los que programas informáticos basados en algoritmos deciden, en parte, quién recibe un crédito, una póliza de seguro o un subsidio social, usando como criterio datos sobre el sexo, la edad, la raza o la nacionalidad de los solicitantes.

"El uso de algoritmos por la administración pública en las prestaciones sociales despierta graves preocupaciones sobre su negativo impacto en la pobreza y la desigualdad, si se aplica erróneamente en el área de las prestaciones sociales", dice la FRA.

Reichel reconoce que esos problemas pueden darse en ámbitos como la selección de personal para determinados puestos, con herramientas de IA prefiriendo a hombres sobre mujeres porque se basan en estadísticas de ocupación ya existentes.

O en la vinculación de la criminalidad con la inmigración, al llegar a conclusiones erróneas analizando la ecuación pobreza-crimen-emigración.

DISCRIMINACIÓN POLICIAL

"Hay ejemplos de predicción policial que puede llevar a una excesiva vigilancia policial de ciertos barrios donde viven particularmente gente de distintos orígenes étnicos", señala Reichel.

En ese sentido, la FRA advierte que es discriminatorio crear perfiles policiales mediante algoritmos elaborados según el análisis informáticos de datos que sólo incluyen la raza, el origen étnico, el género o la religión.

Reichel dice que estos sistemas pueden no sólo perpetuar la desigualdad existente en los datos con los que se alimenta el sistema, sino también reforzarla, porque los algoritmos permiten tomar decisiones a mayor escala y con más eficacia.

La agencia de la UE señala que los prejuicios y la discriminación en la toma de decisiones por algoritmos que utilizan la inteligencia de datos, o big data, "son difíciles de detectar y de mitigar".

"A menudo, la calidad de los datos y los sesgos en ellos son la fuente de tratamientos potencialmente discriminatorios o injustos", advierte el informe.

La FRA insiste en que los sistemas de inteligencia artificial no son infalibles ya que, al fin y al cabo, están creados por humanos.

Por ejemplo, se ha demostrado que los sistemas de reconocimiento facial funcionan mucho mejor con los hombres blancos que con las mujeres negras, porque fue probado principalmente en ese grupo.

En general, Raichel reconoce el problema que supone que estos sistemas estén mayoritariamente creados por hombres jóvenes y blancos, ya que pueden trasferir a esas herramientas sus propios prejuicios y concepciones del mundo.

Por eso, afirma, es esencial asegurar la diversidad entre quienes programan los sistemas de IA y analizar sus decisiones en el contexto adecuado, para ver si las conclusiones son correctas o no.

ATAJAR YA EL DESAFÍO

Este reporte pretende ser tanto un aviso sobre futuros problemas, como una advertencia de situaciones que ya existen.

"Lo que vemos es que la IA ha llegado a nuestra sociedad y se usa en muchas áreas, pero también que muchas técnicas se están desarrollando aún", dice Raichel, que asegura que es el momento de atajar el desafío porque "los problemas se pueden resolver más fácilmente si empiezas a evaluar la tecnología antes de usarla".

¿CULPAR A UNA MÁQUINA?

Otra cuestión que destaca la FRA es la de quién es responsable cuando un sistema de inteligencia artificial toma una decisión errónea y si se puede reclamar contra una máquina.

La agencia de la UE destaca que es imprescindible que los ciudadanos sepan cuándo son sistemas automáticos los que toman decisiones, cómo se puede reclamar e incluso, recibir información, sin entrar en complejidades técnicas, sobre cómo funciona la IA.

"La complejidad no es excusa para decir 'no somos nosotros, es el ordenador'" el que tomó la decisión, señala Reichel.

El informe no menciona el papel y la responsabilidad de empresas como Google o Facebook, pioneras en el uso masivo de la IA, porque, según el experto, el objetivo de este primer reporte era analizar usos de esas tecnología en empresas e instituciones europeas.

"Tenemos otros proyectos, para recopilar más pruebas sobre cómo puede haber prejuicios en los algoritmos", dice Raichel, quien reconoce que este informe es sólo una "instantánea" de la situación y que queda mucho trabajo por hacer. 

Antonio Sánchez Solís

Fuente: Infobae

domingo, 13 de diciembre de 2020

Comercializar el agua en el mercado de futuros de Wall Street viola los derechos humanos básicos, asegura experto

 Poner el agua en la bolsa de valores como si fuera oro o petróleo atenta contra el derecho básico de todos al agua, recalca un relator especial designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El preciado líquido está ya de por sí bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático.


Un experto de la ONU en derechos humanos expresó su preocupación por la creación del primer mercado de futuros del agua en el mundo, y aseguró que esto invitará a los especuladores a comercializarlo como el oro y el petróleo.

El pasado 7 de diciembre, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo con el pretexto de ayudar a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y equilibrar mejor las demandas competitivas del suministro de agua en medio de la incertidumbre que las sequías graves y las inundaciones traen a su disponibilidad. Por supuesto, todo ello con unas ganancias para quienes la comercializan.

El nuevo contrato de futuros de agua permite a compradores y vendedores intercambiar un precio fijo por la entrega de una cantidad fija de agua en una fecha futura.

"No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública”, expresó en un comunicado Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.

Arrojo-Agudo recalcó además la importancia de este líquido vital como parte de la lucha contra la pandemia de COVID-19.

“El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático. Me preocupa mucho que el agua ahora se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street", dijo.

El peligro de la especulación

El experto explicó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

“En este contexto, el riesgo es que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores”, dijo Arrojo-Agudo.

El relator especial resaltó que el agua es, de hecho, un recurso vital para la economía, tanto para los actores grandes como para los de pequeña escala, pero el valor del agua es más que eso.

“El agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad que la lógica del mercado no reconoce y, por tanto, no puede gestionar adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación”, explicó.

Agregó que, si bien hay discusiones globales en curso sobre los valores ambientales, sociales y culturales del agua, la noticia de que el agua se comercializará en el mercado de futuros de Wall Street muestra “que el valor del agua, como derecho humano básico, ahora está amenazado"

El derecho humano al agua potable fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos en 2010.

Fuente: Noticias ONU

jueves, 10 de diciembre de 2020

Ecuador. SOBREVIVIENTES: LOS ROSTROS QUE VENCIERON EL MIEDO

 

En el Día Universal de los Derechos Humanos, Plan V Editores y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Aldhu, anuncian la presentación y el lanzamiento de la versión digital e impresa de la investigación llamada Sobrevivientes, que es una bitácora de las violaciones de los derechos humanos entre el 2007 y 2017.

Esta investigación del equipo periodístico de Plan V, publicada en un especial multimedia en julio del 2019, encontró que en esa década hubo 37 crímenes, la mayor parte no aclarados por la justicia, contra políticos, periodistas, funcionarios y ciudadanos. El 55% de estos casos no entraron a un proceso de investigación judicial, y de los que entraron solo 7 tuvieron sentencia condenatoria.

La investigación, que se publicará en un libro, con 316 páginas y más de 230 fotografías y composiciones gráficas, pone el rostro y registra la historia actualizada de 101 casos emblemáticos, donde hubo asesinatos, torturas, desapariciones, agresiones, golpizas, violencia de género, tratos crueles y humillantes, criminalización, persecución judicial, acoso, violaciones, espionaje ilegal, secuestro… La investigación encontró evidencias de nueve derechos humanos violentados, lo cual tuvo un impacto directo en más de ocho mil personas, e indirecto en decenas de miles, pues muchos casos fueron contra comunidades enteras, como el pueblo Saraguro, Dayuma, Tundayme o los alumnos de los colegios Mejía, Montúfar y Central Técnico, en Quito.

Esta publicación busca dejar sentado un precedente para la memoria colectiva, para que la impunidad al menos no sea obra del olvido, y con la firme decisión de que estos hechos no se repitan jamás, pues constituyen una ofensa y atropello contra la dignidad del pueblo ecuatoriano. El libro lleva por nombre Sobrevivientes: los rostros que vencieron el miedo y es un esfuerzo único e inédito en la investigación periodística, en homenaje a las víctimas, pero sobre todo a los sobrevivientes, por su entereza y valor
para encontrar justicia.

SOBREVIVIENTES: LOS ROSTROS QUE VENCIERON EL MIEDO

Descargue Documento completo:

lunes, 7 de diciembre de 2020

Carta abierta de Baltasar Garzón a Felipe VI: Me doy por aludido

 Majestad, me veo en la necesidad de dirigirle esta misiva por alusiones porque, con toda seguridad, me cuento entre los 26 millones de ciudadanas y ciudadanos españoles (la expresión es otra y bien soez) a los que el antiguo general de división del Ejército del Aire Francisco Beca Casanova desea fusilar. 



Es verdad que este deseo fue manifestado en un grupo de Whatsapp privado, aunque con la participación de buena parte de esos mismos militares que hace unos días le han enviado no una, sino ya dos cartas acusando al Gobierno de ilegítimo, de atentar contra la unidad de España y la cohesión social. Estas misivas han sido remitidas por elementos de la XXIII promoción de la Academia General Militar (AGM) y por la XIX promoción de la Academia General del Aire, es decir, invocando su condición de exmilitares y han sido dirigidas a usted en su calidad de "Capitán general de todos los ejércitos", de acuerdo con la Constitución. A estas misivas debemos agregar el manifiesto de más de 250 exmilitares en el que "advierten" del "deterioro de la democracia". Es decir, a todas luces se aprecia una coordinación de acciones que pretenden conseguir un impacto y efecto político en la opinión pública española.

Es de agradecer que, con ocasión del 42 aniversario de la Constitución Española, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, haya proclamado la "neutralidad política de nuestras Fuerzas Armadas", porque "están al servicio de todos los españoles, sin importar dónde han nacido o lo que piensan". Como digo, es de agradecer y espero que de verdad así sea; especialmente porque esta misiva y los chats se producen tras otros tantos años de democracia.

El fascismo, Majestad, tanto ahora como en el siglo pasado, tanto en España como en el resto del mundo, opera siempre del mismo modo. Los fascistas se apropian de la bandera, del himno, de las instituciones y de todas las señas de identidad nacional o patriótica, en particular de las instituciones armadas, dividiendo a la población entre buenos y malos, entre patriotas y traidores, convirtiendo al adversario político en enemigo. Una vez que está claro quién es quién, viene el proceso de deshumanización del contrincante, tildándolo de rata, escoria, garrapata, piojo o peste. Así ocurrió no sólo con la propaganda de Goebbels de sobra conocida, sino también durante el genocidio en Ruanda, cuando desde la radio de las Mil Colinas se difundían mensajes de odio alentando a los hutus a que mataran a los tutsis, tratando a estos últimos de cucarachas. Asimismo, el almirante de la Armada chilena en tiempos de Pinochet llegó a decir que los comunistas no eran seres humanos, sino "humanoides". O, cuando desde las máximas estructuras de la dictadura cívico militar argentina apelaban a la civilización occidental y cristiana mientras torturaban, desaparecían o autorizaban los "vuelos de la muerte".

Por tanto, Majestad, las señales están ahí y no son pocas. En distintos países de Europa, como en la propia Unión Europea, los partidos políticos del más diverso signo se han puesto de acuerdo para evitar que la ultraderecha llegue a las instituciones y, si lo hace, que su influencia y su espacio de poder sean mínimos y provoquen el menor daño posible. También ocurrió en el pasado. No está de más recordar que el gran estadista británico que fue Winston Churchill era conservador, es decir, de derechas, pero se puso al frente de la lucha antifascista contra Hitler y el nazismo. Hace poco la vicepresidenta Carmen Calvo ha recordado una famosa frase de Churchill pronunciada en momentos decisivos para Europa: "No es suficiente con hacer lo mejor que podamos. A veces, debemos hacer lo que se requiere".

Estamos todavía a tiempo, pero como la respuesta no ha sido ni contundente ni coherente en España, el fascismo ha resurgido y cada día sigue avanzando, usando sus consabidas estrategias basadas en la mentira para sembrar miedo y odio de los unos contra los otros. Estas cartas y expresiones son una muestra más de ello. Yo también estoy preocupado por la convivencia.

Creo que no hace falta recordarle, Majestad, que su padre, a pesar de toda la crítica que se le pueda dirigir durante y después de su reinado y del malestar existente en estos momentos por las conductas presuntamente a él imputables, en un momento también decisivo para nuestro país tuvo a bien desmarcarse de militares golpistas. Ya es parte de nuestro léxico común aquella famosa frase pronunciada la misma tarde del día 23F por Sabino Fernández Campo: "Ni está, ni se le espera". Horas después, el propio rey pronunciaba un discurso en el que sin ambigüedades defendía la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia. Se le critica, eso sí, que tardara demasiado, lo que a más de alguno ha hecho dudar sobre las causas de esa demora.

No cometa usted, Majestad, el mismo error. Si ha sido interpelado directamente por exmilitares, es porque ellos mismos creen, o algunos les han hecho creer, que usted puede hacer algo por ellos porque es uno de ellos. Si usted quiere que los españoles y españolas le consideremos el rey (jefe del Estado) que España se merece, creo que debería desmarcarse, dejar claro una vez más su compromiso personal con la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho ya el JEMAD.

Tras su discurso, Juan Carlos I, además de frenar el golpe de Estado, se ganó el respeto y el afecto de millones de españoles que hasta ese momento veían la monarquía como algo ajeno e impuesto por el franquismo. Se decía en aquellos años que muchos eran más "juancarlistas" que monárquicos. Ahora usted tiene una oportunidad semejante, respecto de quienes le respetan y aprecian como rey y quienes, siendo republicanos, reconocen su valía en la Jefatura que representa.

Tal vez un intento de golpe de Estado esté todavía lejos, pero hacia allá se avanza cuando sujetos como estos se permiten actuar con descaro antidemocrático contra un gobierno legítimo, más propio de los viejos tiempos en los que la democracia estaba ausente. Y, como acuden a usted, en sus manos está detener esta deriva fascista antes de que siga creciendo. Me cuento entre esos 26 millones de ciudadanas y ciudadanos que hemos sido amenazados y estamos esperando su pronunciamiento. Majestad, dese por aludido.


Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.


Fuente: Infolibre.es

domingo, 6 de diciembre de 2020

La CIDH abordó por primera vez la pederastia en la Iglesia católica en América Latina

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que se incluye dentro de la Organización de Estados Americanos, emprendió esta semana una misión de defensa de las víctimas de abuso sexual por parte de las instituciones religiosas de 19 países de la región. Tras una audiencia inédita sobre esta problemática, la CIDH se comprometió a trabajar con otros grupos para que ni los Estados ni el clero queden impunes ante unos casos de los que se ignora su totalidad.

En esta fotografía de archivo del 19 de junio de 2018, el arzobispo Charles Scicluna, en el centro, flanqueado por el español monseñor Jordi Bertomeu, a la izquierda, y el nuncio papal Ivo Scapolo, hablan durante una conferencia de prensa sobre el abuso sexual por parte de miembros del clero, en Santiago, Chile. © Esteban Félix / AP

La pederastia en la Iglesia católica es uno de los temas tabú en América Latina. Por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará a pronunciarse sobre todos los casos de estos delitos que afectan a curas y religiosos de la mayoría de los países de la región, pero de los que apenas se sabe nada.

Ya este jueves 3 de diciembre, la organización, que abordó la pederastia clerical por primera vez en su historia, se comprometió a trabajar con los grupos y oenegés que defienden a las víctimas para garantizar que los Estados de los 19 países afectados protejan mejor los derechos de los menores y que sus abusos no queden impunes.

"Tienen nuestro compromiso más firme y absoluto de que estamos en esta causa", expresó durante la audiencia pública Flávia Piovesan, vicepresidenta de la CIDH, mientras que la relatora de los derechos de los menores, Esmeralda Arosemena, hizo hincapié en que la Comisión hará uso de todas las herramientas para "pedir información (sobre la) impunidad de los casos que no están siendo resueltos".

El objetivo principal, según han informado, es cuestionar "la responsabilidad" que tienen los gobiernos latinoamericanos en el encubrimiento de los causantes de los abusos y las violaciones, y en la falta de justicia hacia las víctimas, algo que va en contra de los derechos humanos de los infantes y adolescentes. 

Fuente: France 24

viernes, 4 de diciembre de 2020

Informe señala que 40 defensores de DDHH fueron asesinados en Colombia entre julio y septiembre de 2020

 El estudio fue realizado por el programa Somos Defensores, quienes advirtieron que podría haber un subregistro en las cifras debido a las dificultades que los protocolos de bioseguridad por la COVID-19 trajeron a la investigación.


Imágenes de la instalación 'Quebrantos', de la artista colombiana Doris Salcedo, una acción de duelo que busca recordar los nombres de los líderes sociales que han sido asesinados en el país. (Juancho Torres - Archivo Agencia Anadolu)

BOGOTÁ

De acuerdo con el estudio ‘Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia Julio – septiembre 2020’, realizado por el programa Somos Defensores, “los casos registrados durante el tercer trimestre de 2020 donde personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas ascienden a 40, lo que significa un incremento del 54% en comparación con el mismo período del 2019 (14 casos más)”. ​​​​​​​

Lo anterior implica un aumento de las muertes de defensores entre enero y septiembre de 2020 en Colombia con respecto al año anterior. Mientras que durante los primeros nueve meses 2020 fueron asesinadas 135 defensoras y defensores, durante todo 2019 se registraron 124 casos.

Además, “el tercer trimestre de 2020 se registró un total de 184 agresiones contra 182 personas defensoras de derechos humanos. En comparación con las 183 agresiones registradas en el mismo período de 2019, se evidencia un panorama sostenido de violencia contra defensoras y defensores, que las estrictas medidas de aislamiento social en una parte del período no lograron evitar; por el contrario, las condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos se recrudecieron”, explica el boletín.

Frente a los autores de las agresiones y asesinatos, el informe muestra cómo la información no es clara en todos los casos: “en cuanto a los presuntos responsables de las agresiones, de las 182 personas agredidas (víctimas de 184 agresiones) 88 (48%) presuntamente fueron víctimas de actores desconocidos, 54 (30%) de paramilitares, 20 (11%) de las disidencias de las FARC, 11 (6%) de la guerrilla del ELN, 8 (4%) de la fuerza pública y 1 (1%) de la Fiscalía”.

Resalta que en el segundo trimestre del año las agresiones contra los defensores ocurrieron en 22 de los 32 departamentos del país, equivalentes al 69% del territorio nacional. Los departamentos más peligrosos para los defensores son (en ese orden) Cauca, Nariño, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena y Meta.

Los líderes más agredidos en dichos tres meses son indígenas (69), defensores de derechos humanos (36), comunitarios (18) y campesinos (17).

Fuente: AA. Camila Fernanda Moreno Camargo

jueves, 3 de diciembre de 2020

Argentina: octava condena para torturador Miguel Etchecolatz

 El Tribunal Federal Oral de La Plata condenó a cadena perpetua a Miguel Etchecolatz por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura argentina.


El exsubjefe policial Miguel Etchecolatz -torturador de la dictadura argentina (1976-83)- fue condenado este miércoles (02.12.2020) a cadena perpetua por secuestros, torturas y asesinatos, la octava pena de este tipo que recibe por crímenes de lesa humanidad.

Tras poco más de dos años de juicio, el Tribunal Federal Oral de La Plata condenó a Etchecolatz -de 91 años- y a otros 15 represores por 84 casos de secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, al oeste de la capital. De las 84 víctimas, cuyos casos contempló este juicio, 19 siguen desaparecidas.


 Recibieron condenas 16 de los 17 acusados, entre los que había expolicías, exmilitares y un civil. Diez tuvieron penas de cárcel de por vida, entre ellos además de Etchecolatz, un médico policial, tres expolicías, cinco exmilitares y el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en dictadura, el civil Jaime Lamont Smart.

Antes de escuchar la pena, Etchecolatz se puso de pie y mostró, colgado de su cuello, un cartel blanco con la leyenda: "Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa".


 ¿Quién es Miguel Etchecolatz?

Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977 y tuvo a cargo 21 cárceles clandestinas que funcionaron en ese distrito, el más grande del país.

El exsubjefe policial está señalado también por la desaparición en 2006 de Julio López, un albañil de 77 años que fue testigo clave en un juicio en su contra. López -que ya había estado secuestrado bajo la dictadura- salió de su casa hacia tribunales y nunca llegó; jamás se supo qué pasó con él.

Quedó comprobado que la Brigada de San Justo fue además "un centro de apropiación y distribución de bebés y niños ya que en la brigada hubo detenidas desaparecidas embarazadas que dieron a luz en cautiverio y niños que permanecieron secuestrados con sus padres", de acuerdo a un documento unificado de las querellas.

Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura, según organismos de derechos humanos. Se estima que unos 400 bebés fueron robados y apropiados (entregados en adopción ilegal), de los cuales 130 pudieron recuperar su identidad.

Fuente: DW

ama (afp, página 12, televisión pública)

Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos

 El 1 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018” 

Este informe se construye principalmente desde las voces de las víctimas, quienes denunciaron la grave situación que vivieron, la dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personal y familiar. 


A lo largo del informe se logró establecer que 1614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. La investigación de la Comisión destaca que este número sería una fracción de un universo mayor, difícil de proyectar debido a la ausencia de información oficial y otros factores relacionados con la dinámica de las detenciones arbitrarias.

El informe analiza también las graves condiciones a las que han estado sometidas las personas privadas de libertad, tanto en instalaciones de la Policía Nacional como en dependencias del Sistema Penitenciario Nacional; y se constata el tratamiento estas personas como objeto de “intercambio” y “negociación” con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil. Asimismo, la CIDH identifica la afectación particular contra mujeres y la determinación de patrones comunes en casos de violencia sexual que podrían constituir actos de tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante, que indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones. 

El informe también señala el papel del sistema de justicia nicaragüense en el contexto de la criminalización al facilitar y avalar la persecución judicial y criminalización en el marco de la crisis de derechos humanos en el país. 

Existe además, una constante práctica de afectaciones a los derechos de los familiares de personas detenidas y la grave situación de las personas excarceladas debido a la falta de información de su situación jurídica y la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia permanente, todo ello en un momento de pandemia.

Ante la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y la imposición de un estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática en Nicaragua, la CIDH insta al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas con miras a promover el restablecimiento del Estado de Derecho y el goce efectivo de los derechos humanos; y reitera su disposición para colaborar técnicamente para dichos efectos.

Para ver el documento  completo, clic en el enlace:

Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos 

Fuente: OAS. Comisión Interamericana de los derechos humanos.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Neuroderechos: El equipo del electo Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al neurocientífico

 Una gran noticia. El equipo del electo Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó al neurocientífico @yusterafa una minuta “sobre el esfuerzo legislativo que se hace en Chile” para crear y regular los neuroderechos. ¡Un proyecto nacido en Chile se expande!




Como explica Juan de Dios Parra " (...) muchos científicos, y expertos en inteligencia artificial de diferentes áreas están trabajando actualmente en la protección de los derechos humanos en el campo de las neurociencias. Los cinco nuevos "neuroderechos" que se están manejando en este sentido son la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrio, el acceso equitativo a las tecnologías y la protección contra sesgos y la discriminación. Estos nuevos derechos deberían ayudar a las personas a preservar y proteger sus libertades frente a estos los nuevos conocimientos que podrían ponerlos en peligro".