La noticia (LT): "Desde inicios de abril que el Ejecutivo ve la posibilidad de presentar un nuevo decreto nº 265 a la Contraloría, que permita la colaboración logística, tecnológica y apoyo de transporte por las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur, una vez que concluya el estado de excepción. El gobierno analiza si uniformados podrían apoyar en el combate al narcotráfico, crimen organizado e, incluso, delitos terroristas".
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Comentario: Las Fuerzas Armadas están para disuadir cualquier intento de agresión externa y para dar apoyo logístico a otras tareas del Estado. Estas no incluyen el orden público o el control de grupos violentos, porque no es su función (así lo establece la propia constitución de 1980), su lógica de actuación o sus capacidades y competencias. Incluso la propia organización de la brutal represión de la dictadura se hizo con personal militar pero en órganos distintos a los propiamente militares (DINA, CNI). Y la experiencia indica que cuando la inteligencia militar intervino o ha intervenido para fines internos es siempre violando derechos de las personas. Su rol debe remitirse a entregar información estrictamente residual y no actuar al margen del Estado de derecho, que le otorga funciones de defensa nacional y punto. La inteligencia militar no tiene nada que hacer con ningún conflicto interno.
La crisis de Carabineros, su incapacidad de cumplir sus tareas, su grave deriva hacia la corrupción y hacia la brutalidad con los ciudadanos que se manifiestan, junto a la tendencia a hacer montajes ante la justicia, son un problema de otra índole, que debe solucionarse creando un nuevo órgano de control del orden público y mediante un rediseño completo de la función policial, en una nueva lógica de proximidad, protección y apoyo a las comunidades en los territorios.
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