Corte aumenta penas de oficiales (r) por homicidio de Víctor Jara: de 18 años y un día a 25 años y dos días de cárcel

Ministros recalificaron delito de secuestro simple a calificado. Se consideró que el encierro y la detención causó "un grave daño" para la víctima y que fue detenida por autoridades administrativas de la época sin orden judicial.

"Víctor Jara estaba visiblemente deteriorado física y anímicamente, con su rostro hinchado con innumerables hematomas, manos ensangrentadas y deformadas, cuyos dedos evidentemente fueron quebrados o fracturados, puesto que se doblaban con facilidad". Este es el relato que contiene la sentencia que dictó la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en la cual revocó parte del fallo del ministro Miguel Vázquez y resolvió aumentar las penas de ocho oficiales del Ejército en retiro: de 18 años y un día de cárcel a 25 años y dos días por el homicidio y secuestro del cantautor y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga, por hechos ocurridos en septiembre de 1973. El tribunal de alzada se pronunció por los recursos de apelación y casación que se presentaron en la causa, luego del dictamen de primera instancia.

La decisión fue adoptada por el presidente de la Octava Sala, Alejandro Rivera, la magistrada Gloria Solís y la suplente, Ana María Osorio, quienes recalificaron solo el delito de secuestro simple a calificado con grave daño. En primera instancia el magistrado había condenado a los autores a 3 años por secuestro simple, y el tribunal de alzada capitalino lo aumentó a 10 años y un día.

Las penas como autores de homicidio de Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso, se mantuvieron en 15 años y un día. 

En primera instancia se condenó también como encubridor al exoficial Rolando Melo Silva a cinco años y un día de presidio por ambos delitos. La Corte le elevó la pena por el secuestro de 60 días a 3 años y un día. En total deberá cumplir preso 8 años y dos días. 

Además, se mantuvieron las indemnizaciones por daño moral, por lo que el Estado de Chile deberá pagar más de $1.370 millones a los familiares de las víctimas. Los montos van desde $80 a $150 millones para cada familiar. 

Hechos acreditados 

Según los antecedentes reunidos en el expediente, el 11 de septiembre de 1973 el hasta entonces director general del Servicio de Prisiones, Littré Quiroga, estaba haciendo uso de licencia médica en su domicilio y supo que su nombre estaba incluido en una lista. Este decidió trasladarse a su despacho de la Dirección General de Prisiones, ubicado en calle Rosas esquina de Teatinos en el centro de Santiago, donde realizó gestiones para presentarse ante la autoridad que lo requería. Luego, una patrulla de Carabineros, perteneciente a la Tercera Comisaría de Santiago, lo conminó a salir de su oficina y entregarse, y fue conducido al Regimiento Blindados N° 2, donde lo sometieron a "apremios físicos2 y llevado en calidad de detenido al Estadio Chile —actual Víctor Jara— sin formulársele cargo alguno.

En paralelo, el mismo 11 de septiembre, la entonces Universidad Técnica del Estado fue "sitiada por efectivos del Regimiento ‘Arica’ del Ejército, provenientes de la ciudad de La Serena, a cargo del entonces capitán Marcelo Moren Brito, quienes el 12 de septiembre de 1973 procedieron previamente a efectuar disparos (...) y luego ocuparon sus dependencias y detuvieron a un gran número de docentes, alumnos y personal administrativo”. Entre ellos, se encontraba Víctor Jara. 

Los prisioneros fueron apartados por tener "cierta connotación pública". Así Jara y Quiroga "sufrieron en todo su cautiverio constantes y violentos episodios de agresión física y verbal por parte de los oficiales de Ejército allí presentes". 

Cuatro días después de su detención, el 15 de septiembre, los presos del Estadio Chile serían trasladados. Jara y Quiroga fueron llevados a los camarines: Luego se les dio muerte a ambos, hecho que se produjo a consecuencia de, al menos, 44 y 23 impactos de bala, respectivamente, en todos los casos de calibre 9,23 milímetros, según se precisa en los correspondientes informes de autopsia y pericias balísticas, lo que corresponde al armamento de cargo que era utilizado por los oficiales del Ejército que se encontraban en dicho recinto. 

Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en la vía pública, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, por pobladores de la zona, con impactos de bala.

Argumentos de la Corte para recalificar delito 

La Corte estimó para recalificar el delito de secuestro simple a calificado que el cantautor fue interrogado ilegalmente entre el 13 y 15 de diciembre de 1973, y que fue sometido "a varias torturas que podían durar toda la noche". Incluso se detalla en el fallo “que tenía su mano izquierda lesionada así como su ojo izquierdo, producto de golpes recibidos al regreso de esas declaraciones, vejaciones que llegaron a límites inconcebibles como aconsejarle que ‘cantara’ alguna canción a un teniente de rasgos germánicos”. Se trataba del militar apodado como el "Príncipe", el coronel (r) Edwin Dimter. 

Sus captores le ordenaron a Jara "apoyar las manos en un muro, las que golpeaban con las culatas de sus fusiles, siendo arrastrado por los mismos soldados hacia otro sector del Estadio Chile, estado que no impedía a que día a día se repitieran los malos tratos", dice el fallo. 

"Estos sentenciadores, tienen presente que la calificación jurídica efectuada por el juez de la instancia respecto de los hechos descritos en el motivo anterior, en lo que toca al ilícito de secuestro simple, no se ajustan a la dinámica fáctica descrita por el mismo motivo sexto de su sentencia y que esos mismos hechos encuentran una mejor tipificación en el delito de secuestro calificado", sostienen en la sentencia. 

Ello, porque el encierro o la detención causó "un daño grave en la persona o intereses del secuestrado (…) Fueron detenidos a instancias de autoridades administrativas de la época, sin orden judicial de ninguna naturaleza y bajo ningún procedimiento, siendo que sus encierros en el Estadio Chile, que era un lugar que se ocupaba para espectáculos deportivos y culturales, fue decidida por las autoridades y oficialidad que estaba a cargo del mismo sin tener facultad legal alguna para ello, no dejando debida constancia de la identidad de los detenidos, fecha y circunstancias de sus detenciones, motivos y cargos que se les imputaban a los mismos, autoridad que las ordenó ni de dónde provenían". 

El fallo puede ser susceptible de recurso de casación ante la Corte Suprema.

Fuente: Emol

ALDHU saluda la decisión de los ministrosAlejandro Rivera, la magistrada Gloria Solís y la suplente, Ana María Osorio,  de la Corte de Apelaciones de Santiago que Reivindica el sentido de la justicia y avanza en el fin a a Impunidad...

Muere Fabiola Letelier, abogada y defensora de los Derechos Humanos en dictadura

 La abogada de 92 años, fallecida el jueves, fue uno de los rostros de mayor simbolismo en la búsqueda de verdad y Justicia ante los delitos del régimen.

El nombre de Fabiola Letelier quedará inscrito en el muro imborrable de la memoria chilena. Fallecida el jueves a los 92 años, acompañada de su familia, la abogada forma parte de los rostros de mujeres valientes, preparadas, llenas de humanidad y consecuencia que se pusieron al frente en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). De la estirpe política y moral de otras grandes chilenas, como Ángela Jeria o Ana González­, Fabiola hizo de su vida una causa. “La historia me obligó a vivir como una luchadora social y hoy puedo decir que estoy contenta con mi vida, aunque haya sido dura”, aseguró hace tres años, cuando la premió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por su trabajo incansable por la verdad y la justicia.

Vivió el horror en carne propia. A su hermano menor, Orlando Letelier, lo asesinó la dictadura en Washington D.C. en 1976, en uno de los crímenes más feroces del régimen. Había sido canciller en el Gobierno del socialista Salvador Allende y desde Estados Unidos era una de los principales opositores a Pinochet desde el extranjero. Fue la razón por la que la policía secreta del dictador, la DINA, se atrevió a atentar contra Letelier con una bomba adosada al coche en el corazón del barrio diplomático de la capital estadounidense. Murió Letelier y Ronni Moffit, su colaboradora norteamericana. Desde entonces, su hermana Fabiola se volcó de lleno al caso. “Ante uno de los crímenes más horrendos cometidos en la historia de este país, Fabiola Letelier tuvo una valentía y lealtad con su hermano que son ejemplares. Fue, además —y lo que es un honor y un motivo de orgullo para nosotros— una excelentísima abogada de nuestra universidad. Su nombre quedará inscrito en nuestra historia”, reflexionó en estos días el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Recién egresada de la universidad, Fabiola Letelier se vinculó al trabajo humanitario. En la década del sesenta se integró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, luego del golpe de Estado, regresó a Chile luego de vivir ocho años en Estados Unidos. Nacida el 17 de julio de 1929 en Temuco, en el sur del país, la abogada formó parte del Comité Pro Paz, un organismo fundado solo algunos días después del quiebre democrático por el cardenal Raúl Silva Henríquez, que desde el primer momento se resistió a la brutalidad dictatorial y cumplió un papel central en la ayuda a los perseguidos y sus familias. Fue el Comité Pro Paz el que rápidamente empezó a organizar la defensa de la oposición con visitas a los campos de detención, ayudas a los familiares para intentar ubicar a los parientes, defensa de quienes estaban siendo sometidos a Consejos de Guerra y recorridos por las cárceles.

Con su disolución por las tensiones con la dictadura, en octubre de 1975 el cardenal consiguió fundar la Vicaría de la Solidaridad, a través de un decreto del Papa Pablo VI. La abogada Letelier, nuevamente, estuvo allí. El organismo no solo se enfrentó a los militares y los paralizados tribunales de justicia, sino que fue un aparato de contrainteligencia ante el régimen. “La Teología de la Liberación, nombre forjado por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que defendía la opción preferencial por los pobres, marca profundamente la Iglesia chilena de los sesenta y setenta”, ha explicado la abogada de la Vicaría de la Solidaridad, Carmen Hertz, para comprender los antecedentes de la postura del catolicismo chileno.

El proyecto de derechos humanos que representó la Vicaría ha sido quizás el más potente a nivel global desarrollado en dictadura y lo explicó en sus memorias el propio cardenal Silva Henríquez, fallecido en 1999. “Era una creación original, sí. No existía en otras partes, no tenía precedentes. La suscitó una situación extraordinaria, ¡qué duda cabe! Pero no fue una casualidad, ni una súbita inspiración: la Vicaría nació de una larga y sufrida reflexión en torno a lo que vivíamos día tras día”, indicó en el libro del periodista Ascanio Cavallo. Al grupo se sumaron abogados y asistentes sociales, entre otros, la mayoría jóvenes. Este edificio, ubicado frente a la Plaza de Armas, se convirtió en un símbolo de la resistencia antidictatorial desde fines de los setenta y el principal lugar de acogida de las víctimas y sus familiares. “Junto con el informe mensual, que relataba todos los abusos que se habían cometido en el mes último, una vez al año les presentábamos al Poder Judicial el estado de la situación de los derechos humanos. Esperábamos que el presidente de la Corte Suprema hiciera alguna referencia, pero nunca sucedió”, ha recordado María Luis Sepúlveda, que llegó a ser secretaria ejecutiva de la Vicaría.

La abogada Letelier estaba allí esa mañana del 21 de septiembre de 1976 cuando a la Vicaría llegó la noticia del atentado contra su hermano Orlando. La abogada Rosemarie Bornand lo recuerda: “Nadie que estuvo en la Vicaría esa mañana del 21 de septiembre 76 olvidará esos momentos”, señala al teléfono. “Todos conocíamos la historia de represión contra Orlando Letelier, que estaba exiliado en Estados Unidos, luego de pasar por Venezuela. Tenía una actividad política inmensa de solidaridad con Chile y de denuncia de los crímenes. Esa mañana de septiembre, Fabiola recibió una llamada, mientras estaba trabajando en su escritorio. Y solo dijo: ‘Asesinaron a Orlando’, inmensamente conmovida. Fue algo estremecedor. Habíamos sabido del asesinato del general Carlos Prats en Argentina, el año anterior, pero un crimen en el corazón de Whashington, era surrealista. Eso y el dolor de Fabiola, que lo vivimos como en carne propia, porque era una de nosotros. Fue tremendo, espantoso”, asegura la abogada.

Bornand recuerda que Letelier se inició en la Vicaría, pero que en su biografía tiene especial relevancia el papel que jugó en el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), un organismo laico que fundó a comienzos de los años ochenta y se enfocó en el trabajo con la organización social, pero en términos políticos. “Fabiola era muy cálida, cariñosa, aunque formal. Su trabajo en tribunales, donde siempre iba muy presentada, era admirable porque dejaba en evidencia su perseverancia. Es inolvidable cómo trabajó en el caso de su hermano. Consiguió el procesamiento de Manuel Contreras, el número uno de la DINA, en un fallo histórico, en el que ella tiene un papel protagónico”, recuerda su compañera sobre la decisión de la Corte Suprema de mayo de 1995, donde también se condenó al brigadier Pedro Espinoza, otro de los jefes de la policía secreta. “La mayoría de las personas concentradas en las calles próximas a los Tribunales, muchos de ellos familiares de desaparecidos, se abrazaron y cantaron el himno nacional al conocer el fallo”, informaba EL PAIS.

Nunca se alejó del trabajo por los derechos humanos. Fue presidenta y directora jurídica de CODEPU hasta 1998, en democracia. En los tribunales de Justicia recuerdan haberla visto alegando al menos hasta 2010, a sus más de 80 años. Tenía un especial interés por los casos en que las víctimas eran mujeres.

Fuente: El país (España)

La ALDHU está de luto por el fallecimiento de esta gran mujer que buscaba, con todas sus fuerzas, la defensa de los derechos humanos para conseguir una mejor sociedad y un mejor mundo en que vivir.

COP 26 “Un acuerdo frágil”

Alok Sharma, presidente de la COP 26, catalogó de “frágil” el acuerdo que resultó tras dos semanas de maratónicas negociaciones. ¿Se esperaba algo mejor? La verdad es que no. Desde el comienzo de esta cumbre había cierto escepticismo sobre el resultado de la misma, lo que finalmente terminó con un tibio acuerdo que, en todo caso, es mejor que nada, pero que está lejos de lo que la humanidad requiere con urgencia para combatir el cambio climático.

#COP26 #Cambioclimático #acuerdo 

Se lograron acuerdos, un poco más allá de declaraciones de buenas intenciones, pero aún lejos de ser compromisos reales. Se establecieron metas para detener la deforestación a la mitad para el 2030; hubo un compromiso del sector financiero de detener la inversión en combustibles fósiles; se avanzó en el libro de reglas del artículo 6 del Acuerdo de Paris, que permite a los países y empresas utilizar el mercado del carbono para combatir el cambio climático y se acordó reducir la utilización de carbón. Esta última medida, inicialmente apuntaba a eliminar el uso del carbón, pero a solicitud de India fue modificado en una acción de última hora. Todo lo anterior es destacable, por cierto, pero no existe claridad de cómo se llevarán a cabo en forma clara y concreta estas metas, lo cual inhibe la participación del sector privado en la tan necesaria solución del problema.

Se avanza, pero en forma muy lenta, y a veces casi desesperante. Entre las razones encontramos la falta de compromiso real de algunos países claves para lograr cualquier objetivo: China, Rusia, India, Brasil y México, que en su conjunto representan casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero; la forma de cómo deben alcanzarse los acuerdos en la COP, ya que lograr un consenso entre 197 países es algo muy, pero muy difícil; el hecho de que la matriz energética, responsable de un 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero, está construida sobre la base de combustibles fósiles, lo que no es fácil de cambiar, debido a que las tecnologías de generación eléctrica renovables no convencionales no cuentan aún con capacidad de almacenamiento a precios competitivos.

Desde hace algún tiempo la COP no es más que el faro o referente para la acción climática. Hay muchas otras iniciativas, especialmente en el mundo privado, que se desarrollan en forma mucho más rápida y que pueden llevarnos a una solución basada en principios de mercado, más que en un desarrollo puramente regulatorio, a las que debemos estar atentos. Un claro ejemplo es el avance de la electromovilidad o el gran avance de las energías renovables no convencionales en Chile, que ya representan un 30% de la capacidad de generación instalada, lo que ni el más optimista hubiese previsto hace un par de años.

No olvidemos al sector privado y las soluciones de mercado en la solución del problema, el cual, con los estímulos adecuados y reglas del juego claras y estables en el tiempo, nos puede dar buenas noticias en la acción climática.

Fuente: la tercera.

Licencia para matar. Art Opinión: Susana Seleme Antelo

“No se trata apenas de una ley... es un problema mucho más grave que apunta a un gobierno autoritario, decidido a imponer su voluntad por encima del interés nacional y sin ninguna predisposición al diálogo. El gobierno de Luis Arce pretende el control de la sociedad, de la economía y de las fuerzas del orden.” Senador Rodrigo Paz Pereyra, en “Periodismo sin Photoshop. MT” 

#Bolivia #EvoMorales #ley1386 #LuisArce

El Día. Santa Cruz de la Sierra.13.XI.2021

Los mandamases del régimen boliviano, Luis Arce, Evo Morales, David Choquehuanca y compañía, creen que haber obtenido 55 % de votos en las elecciones de octubre 2020, les da licencia para matar a la democracia.  

El asambleísta de Tarija José Yucra, afirmó que “... si tenemos que matar, lo vamos a hacer” (Página Siete Digital12. X.2021).  O con despliegue de policías, fuerzas parapoliciales, militares en las calles, o campesinos movilizados por el régimen, con uso excesivo de la fuerza como en Santa Cruz de la Sierra, en Potosí, en Tarija, con gases, con carros Neptuno, pandilleros pagados, amenazando a mujeres, adolescentes y personas discapacitadas. Ya se ha cobrado la vida de un joven campesino, hay decenas de heridos y más de 120 detenidos.  

Es el “poder crudo”, diría Levi-Strauss, para reprimir bloqueos, marchas y paros multisectoriales de gremialistas, transportistas, cooperativistas mineros, sector salud, cívicos y plataformas democráticas contra leyes que solo buscan, como dice el senador opositor, el control total de la sociedad. Las protestas pacíficas son contra la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, más conocida como “ley madre” y otras, más sus abultados anexos que le permitirían al presidente gobernar por decreto. Ese ‘paquetazo’ allana el camino para la incautación de bienes y propiedades por parte del Estado/Gobierno, desecha normas de secreto profesional y financiero a simple denuncia sin orden fiscal, y pueden utilizarse en persecución de adversarios políticos.

Es la dominación para ‘igualar’ a la sociedad hacia abajo y así llevar a Bolivia al socialismo “como en Cuba,” Arce dixit:  https://fb.watch/9dLk7wvpeb/.

Nunca fueron demócratas, por eso Morales violó la Constitución al presentarse a una cuarta elección en 2019, cuando la Ley solo permite dos continuas, y por eso también desconoció el Referéndum de 2016 que le dijo NO. Se subieron al carro de la historia utilizando el método democrático, es decir, el voto, como tantos populistas, pero desecharon la condición social de la democracia, que es el pluralismo político para que ciudadanos y ciudadanas participen en la construcción del destino de su sociedad. 

El MAS y sus jerarcas han optado por la antipolítica desde el poder, no solo para desmantelar los cimientos plurales de la realidad como síntesis de múltiples determinaciones, sino en su forma más radical: la concentración total del poder, a la vieja usanza estalinista: “al   margen de la esfera política”, como escribió Hannah Arendt en los “Orígenes del Totalitarismo”.

En otras palabras, a través de la antipolítica que desemboca en la sinrazón de la violencia y la fuerza bruta.  Es decir, sin compromisos democráticos, sin diálogos, sin debates, sin búsqueda de consensos, sin respeto a la institucionalidad democrática, a la convivencia pacífica entre diferentes, a la independencia de poderes, con un Poder Judicial probo y justo, la transparencia y rendición de cuentas. 

El MAS de Luis Arce, del ex Morales y su jacobino ex vice, creen que ganar elecciones les da potestad para despreciar a los Indígenas del Oriente y para imponer decisiones que atentan contra la libertad personal, y contra identidades socioeconómicas de vida y sobrevivencia de cerca de 80% la población económicamente activa. Es la informalidad, la mayor parte sin recursos suficientes para reproducir su fuerza de trabajo y la de su familia. 

Los del MAS abusan de su mayoría y van contra los derechos políticos de minorías, convertidas en descartables, por eso prescinden de ellas en la conformación de directivas camarales. Están envenenando la democracia porque quieren partido y pensamiento único, al punto que fomentan a tránsfugas político que pasan de la oposición al oficialismo en el Parlamento sin respetar el reglamento ni a las minorías. 

Hay que “robarles el alma”, estará repitiendo el ex vice García Linera, vía la judicialización de la política, la criminalización de la oposición y la generación de una estructura de prensa y propaganda al estilo leninista. Echan mano del uso selectivo de la crueldad política que la aplican sin piedad a la expresidenta Jeanine Añez, con un inventando golpe de Estado. El régimen tiene 52 presos políticos, amén de perseguidos y más de 1200 exiliados de vieja data, más los nuevos. Es la "venganza” del populista cocalero Morales. 

Investigadores que estudian los tentáculos del Primer Comando Capital de San Pablo, Brasil, califican a Bolivia como un santuario del Narcosur, además, de ser país tránsito de cocaína desde Perú y Colombia hacia Brasil y Europa.  Una de las razones para esa connivencia ilegal, según las investigaciones, es que los narcotraficantes cuentan con protección de policías y militares, dados los altos índices de corrupción en Bolivia. De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción del año 2020, Bolivia obtiene apenas 31 puntos sobre 100, igual que México, superado por Venezuela (17), Haití (18) y Nicaragua (22). 

El MAS y sus hombres están robando el presente y el futuro de la sociedad boliviana, que la queremos siempre libre. Ni con 55% de votos tienen licencia para matar la democracia. 

Autora: Susana Seleme Antelo 

Los pendientes a dos años del estallido social: visión del Representante para América del Sur de la ONU Derechos Humanos

 Jan Jarab, representante para América del Sur de la ONU Derechos Humanos, profundizó en el informe de la organización que da cuenta de la falta de avance en temas de reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH a dos años de las protestas de octubre de 2019. Advirtió de un "panorama complejo con avances, materias pendientes e incluso retrocesos”, y aseguró que "no se ha avanzado suficientemente en el acceso a la justicia, en los procesos de investigación y judicialización de los perpetradores de violaciones a derechos humanos, aunque esto tiene sus causas parcialmente entendibles". En cuanto a Carabineros, dijo que si bien “se ha avanzado en protocolos sobre uso de la fuerza”, todavía se debe “fortalecer la rendición de cuentas”, y que la institución comprenda que “no puede actuar como un ente autónomo, sino siempre bajo el control de autoridades civiles" [ACTUALIZADA]

(Entrevista el El Mostrador - La Clave)

A dos años de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social, todavía falta mucho por avanzar. Esa fue la conclusión de un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las manifestaciones ocurridas en 2019, que apunta a obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, o falencias en el derecho de reunión pacífica. Asimismo, en Carabineros se mantiene un uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas.

Sobre este tema conversó Jan Jarab, representante para América del Sur de la ONU Derechos Humanos con El Mostrador en La Clave, quien alertó sobre un panorama complejo con avances, materias pendientes e incluso retrocesos. "Lo que estamos intentando en el informe es hacer un corte no en todos los temas, pero en los temas que eran objeto de las recomendaciones que eran publicadas por nuestra oficina en diciembre de 2019", explicó en primer lugar.

Sobre los avances, destacó que "se ha avanzado en protocolos sobre uso de la fuerza, también el uso de la fuerza como tal". Pero al mismo tiempo, aseguró que "no se ha avanzado suficientemente en el acceso a la justicia, en los procesos de investigación y judicialización de los perpetradores de violaciones a derechos humanos, aunque esto tiene sus causas parcialmente entendibles".

"Sería muy fácil apuntar a la Fiscalía y decir que no están avanzando suficientemente. Entendemos que la Fiscalía Nacional ha hecho un gran esfuerzo para fortalecer sus capacidades para abordar este tipo de casos, que no estaba preparada para estas violaciones masivas, para una situación en la que el material probatorio no puede provenir de la policía, porque son los potenciales perpetradores. Es un desafío para la Fiscalía, lo entendemos, y también entendemos que el tiempo corre de manera distinta para el sistema de justicia y para las víctimas", manifestó.

En ese sentido, Jarab señaló que "para las víctimas, dos años representan una eternidad, y se sienten desamparadas. Muchas de ellas no tienen asistencia jurídica, enfrentan problemas en su salud, en su vida laboral. Las víctimas de trauma ocular no pueden continuar con el mismo trabajo".

Además consideró que la reparación no puede limitarse únicamente a la indemnización, ya que tiene otros componentes, como "la restitución, la satisfacción y de cierta manera la no repetición hacen parte de la reparación. Esto es algo que va a abordar también la Convención Constitucional".

Otro avance que matizó Jan Jarab es el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO). Si bien valoró la iniciativa, dijo que "las víctimas estaban criticando varios aspectos de este programa, por ejemplo que esté centralizado en Santiago cuando las víctimas son de todo el país. Que no se abordan otros temas, como la salud mental, los traumas que tuvieron muchos de ellos que van más allá de la salud del ojo, y que no se trata de un programa de reparación integral".

Materias pendientes

Para Jan Jarab, todavía hay muchos temas pendientes. Uno de estos tiene que ver con "reformar la legislación sobre derecho a la reunión pacífica. Sabemos que esta sigue regulada por un decreto desde la dictadura, y este decreto tiene una lógica de autorización de reuniones, y permite que las autoridades dispersen las reuniones no autorizadas, lo que es una gran causa de los conflictos que estamos observando desde el estallido social, porque aunque una reunión sea totalmente o mayoritariamente pacífica, Carabineros la dispersan, y en este momento ocurren conflictos. Se necesita reemplazar este decreto por una ley moderna. Sabemos que hubo una consulta, lo saludamos, pero aún no hemos visto la propuesta".

"En cuanto a la institución de Carabineros de Chile, estamos convencidos de que se tiene que trabajar en el cambio de la cultura institucional para que se fortalezca la rendición de cuentas, que no puedan actuar como un ente autónomo, sino siempre bajo el control de autoridades civiles", agregó.

Sin embargo, Jarab aseguró que sí ha habido avances en mejorar los protocolos de Carabineros: "Es una dimensión que saludamos que está mejorando, que ya no se utilicen de manera tan masiva las escopetas antidisturbios que han causado tantos traumas oculares".

"Se están adoptando nuevos protocolos del uso de la fuerza que son mejores, son avances. También es importante que se respeten en la práctica, eso lo vamos a ver a través del tiempo", cerró el representante de la ONU.

Fuente: El Mostrador.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Es esencial que las fuerzas de poder del estado obedezcan al estado y al gobierno. Estas fuerzas son esenciales para mantener la democracia y deberían estar al servicio de esta y no de sí mismas".

Proyecto minero cercano a la Reseva Natural del Pinguino de Humboldt lleva al Presiente chileno a una Acusación Constitucional

Este lunes fue aprobada en la Cámara Baja  (de diputados) la resolución de la Acusación Constitucional contra el el presidente, quien podría abandonar el cargo si así lo deciden la mayoría de los parlamentarios del Senado. Esto, luego de darse a conocer su presunta implicación en los papeles de Pandora. Sin embargo, es uno de los varios escándalos en los que se ha visto envuelto durante los últimos 40 años. 

La moción para destituir al presidente fue impulsada luego de conocerse que la venta de la Minera Dominga, por 152 millones de dólares, se realizó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, a través de una empresa de los hijos de Piñera. La transacción se concretó en 2010, nueve meses después de llegar al poder por primera vez.

 Esta mina podría producir un serio impacto en en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde habitan especies protegidas.

Paralelo a este procedimiento considerado "acusación constitucional", que permite a los parlamentarios decidir el futuro del mandatario, el Ministerio Público ha abierto una investigación judicial contra el mandatario por "posibles delitos tributarios y de cohecho" en la venta del megaproyecto minero. 

En los últimos 40 años, Piñera ha estado involucrado en una serie de escándalos empresariales. Y, aunque se ha terminado librando de todos, la publicación de los papeles de Pandora podría, finalmente, acabar con su mandato, cuatro meses antes de lo previsto.   

Otros escándalos en los que Piñera se ha visto envuelto 

El actual presidente de Chile tiene una fortuna estimada en 2.900 millones de dólares. Esta gran suma de dinero viene de distintas inversiones. Entre ellas, aerolíneas, equipos de fútbol y supermercados. 

Entre 2010 y 2014, durante su primer mandato, Perú y Chile estaban en pleno juicio por el límite marítimo. En ese entonces, una de las empresas de Sebastián Piñera compró acciones de la pesquera peruana Exalmar, que se benefició del resultado de la sentencia. Esta acción desencadenó en una investigación de nueve meses, aunque terminó siendo desestimada por la Fiscalía. 

En 2006, cuando era el accionista mayoritario de la aerolínea LAN, ahora LATAM, compró tres millones de acciones tras recibir un informe financiero que no había sido publicado por la compañía aérea.

Ya en 1997, cuando era senador y accionista minoritario de la empresa de electricidad Enersis, Piñera acusó a los accionistas mayoritarios "por vender la compañía a la española Endesa con condiciones favorables para ellos". Mientras tanto, se encontraba negociando con Endesa un acuerdo ventajoso para él y acabó vendiendo sus acciones. En ese entonces, se justificó diciendo que "no estoy dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio".

En 1982, se vio envuelto en un escándalo, luego de que el juez Luis Correa Bulo ordenó su detención. Piñera era acusado de prestar a empresas más de 200 millones de dólares, superando el límite del 25% de las reservas bancarias, cuando ejercía como gerente general del Banco de Talca. 

Por estos motivos, estuvo prófugo durante 24 días. Sin embargo, la Corte Suprema acogió por unanimidad un recurso de amparo presentado por su defensa, y se salvó de ser condenado. Acto seguido, el Banco de Talca quebró. 

Fuente: France24.ccom (Con EFE)

Juan de Dios Parra comentó al respecto: "La comisión de evaluación ambiental de Coquimbo cambio su criterio respecto la instalación de la mina Dominga junto con el cambio de gobierno que tuvo lugar en 2018. El emplazamiento de la mina Dominga es un emplazamiento privilegiado para la vida marítima, en donde existen especies en peligro de desaparición. La instalación de esta mina podría provocar graves desastres ecológicos para el entorno, para el turismo y para la vida por las siguientes décadas o para siempre (por ejemplo, en el caso de eliminación de especies). El hecho de que un presidente pudiera aceptar dinero por la construcción de un megaproyecto cercano a una reserva natural es algo que debe ser analizado; debiéndose tomar las decisiones oportunas en caso de que ese evento haya sucedido tal y como se teme. Un presidente de la nación debería amar a su patria y a sus ciudadanos más que otra cosa. Al no demostrarlo, vulnerando y dañando al país y sus ciudadanos, sería un presidente que el país no merece ni necesita".

Militares chilenos asesinan a joven mapuche en medio de estado de excepción constitucional

Un joven mapuche muerto y varios heridos de gravedad, entre ellos una niña de 9 años, dejó la acción violenta ejecutado por los Infantes de la Armada de Chile en contra de las comunidades del sur de la región del Bio Bio, esto a consecuencia de la declaración de “estado de excepción constitucional” decretado por Sebastián Piñera el pasado 12 de octubre.

El joven asesinado es Jordan Llempi de 23 años quien falleció durante la tarde del miércoles luego de recibir disparos de armas de guerra tras participar de una marcha pacífica de comunidades de la zona, precisamente en contra de la medida de militarización y violencia que ejercen las fuerzas represivas hacia los mapuches de la zona.

Los testigos de los hechos señalan que los militares habrían disparado a mansalva directamente a matar luego de finalizada la movilización y posterior a no lograr dialogar con ellos. Mientras que desde el gobierno señalaron que el hecho habría ocurrido por una supuesta emboscada que habrían sufrido los militares, versión que ha sido contrarrestada con videos compartidos en redes sociales por los automovilistas que transitaban por el lugar en esos momentos.

Mientras tanto los llamados a movilización han surgido inmediatamente en todo Chile para el día jueves, sumado al llamado que realizaron los constituyentes Mapuche y de escaños reservados para poner fin a la violencia militar en el Wallmapu.

Fuente: Pascual Pichun Collanao desde Gulumapu (chile) para Originarios.

Fuente: Originarios.ar

El régimen de Ortega profundiza la represión en Nicaragua: a días de las elecciones, aumentó la cifra de presos políticos

Cinco candidatos disputarán la jefatura de Estado de Nicaragua al líder sandinista Daniel Ortega, quien parte como favorito para su quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio del arresto de siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales rivales. (EFE)

El observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que el número de opositores encarcelados aumentó a 159 en el país centroamericano

El observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó este viernes que el número de opositores convictos en Nicaragua aumentó a 159.

La nueva cifra de presos políticos incluye a cuatro disidentes cuyos familiares dieron permiso para ser incluidos en la lista, entre ellos los dos últimos en ser arrestados, Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua.

Hasta el 23 de septiembre pasado el número de presos políticos en la lista del Mecanismo ascendía a 155, diez de los cuales permanecen en prisión desde antes de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

Entre los 159 reos están diez mujeres, incluyendo la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro, quien tiene casa por cárcel, al igual que la ex primera dama (1997-2002) María Fernanda Flores de Alemán.

Otros 111 opositores están recluidos en diferentes penitenciarias, dos en oficinas policiales, y 34 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que ha sido denunciada por organismos defensores de los derechos humanos como supuesto centro de torturas de la Policía Nacional.

Según el informe, los “presos políticos sufren sometimiento a interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas (que) infringen estrés, ansiedad, insomnio, y otros factores que ponen en grave riesgo la salud e integridad física”.

Agregó que padecen “incomunicación, acoso, mala alimentación, negligencia médica, violencia de género a presas y familiares mujeres, que se dan especialmente en las exhaustivas requisas (…) están expuestas a desnudos, sentadillas, tocamientos indebidos”.

La situación del 25 % de los opositores convictos, con 50 años o más, es peor, ya que carecen de “asistencia médica especializada, acceso a un baño apropiado, alimentación de acuerdo a sus necesidades calóricas, dietas especiales, acceso a patio soleado, y espacios donde puedan ejercitarse”, destacó el informe.

En total, 102 de los capturados han sido condenados, 45 están bajo proceso judicial, y dos están detenidos sin procesos judiciales en su contra, reflejó.

El Mecanismo atribuyó las 46 detenciones que van en 2021 a “la escalada represiva del contexto electoral”.

Nicaragua irá a las urnas el 7 de noviembre próximo, en unos comicios en las que el presidente Daniel Ortega, quien ya gobernó de 1979 a 1990 y recuperó el poder en 2007, espera su tercera reelección consecutiva, para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario murillo, como vicepresidenta.

La cantidad de presos políticos reportada podría no ser exacta, ya que el régimen no revela los datos oficiales sobre los detenidos ni da acceso a los mismos, advirtió el Mecanismo.

(Con información de EFE)

Fuente: Infobae

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Daniel Ortega debería haber liberado a los presos políticos. La realización de unas elecciones con algunos de los posibles candidatos entre rejas provocan que, en el caso que gane Ortega, las elecciones serán cuestionadas y puestas en duda durante su mandato. Ortega debería de dar un paso al lado y dejar que el país se desarrolle mediante un modelo más participativo y democrático",  

Gobiernos duplican meta climática de producción de combustibles fósiles

 NAIROBI –  En momentos en que la comunidad científica mundial hace sonar más fuerte que nunca sus alarmas sobre la crisis climática y sus impactos destructivos, los gobiernos planifican más que duplicar para 2030 la producción de combustibles fósiles compatible con la contención del recalentamiento planetario.

La información procede del Informe sobre la Brecha de Producción de 2021, elaborado por destacados institutos de investigación y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado el miércoles 20 de octubre.

En el documento se constata que, a pesar del aumento de las ambiciones climáticas y de los compromisos de cero emisiones netas, los gobiernos siguen planeando producir en 2030 más del doble de la cantidad de combustibles fósiles de lo que sería coherente con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados Celsius.

El informe sobre la brecha, publicado por primera vez en 2019, mide la diferencia entre la producción de carbón, petróleo y gas prevista por los gobiernos y los niveles de producción mundial compatibles con el cumplimiento de los límites de temperatura del Acuerdo de París.

Dos años más tarde, el informe de 2021 considera que la brecha de producción no ha cambiado en gran medida, a pesar del rápido crecimiento de la emergencia climática.

«Durante las próximas dos décadas, los gobiernos proyectan colectivamente un aumento de la producción mundial de petróleo y gas, y sólo una modesta disminución de la producción de carbón. En conjunto, sus planes y proyecciones prevén un aumento de la producción mundial de combustibles fósiles hasta al menos el año 2040, creando una brecha de producción cada vez mayor», indica el documento.

Al comentar el informe, la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, dijo: «Los efectos devastadores del cambio climático están a la vista de todos. Todavía estamos a tiempo de limitar el calentamiento a largo plazo a 1,5 ºC, pero esta oportunidad se está cerrando rápidamente».

El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Fue adoptado en la 21 Conferencia de las Partes (COP21) sobre cambio climático, el 12 de diciembre de 2015, y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados C, respecto a los niveles preindustriales.

La alerta lanzada en el informe se produce a pocos días de que comiencen los debates en la ciudad galesa de Glasgow de la COP26, en que las 196 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMUCC) deliberarán entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre sobre como incrementar la ambición climática para evitar los desastrosos augurios de los científicos.

Los 15 principales productores en la mira

El Informe sobre la Brecha de Producción 2021 ofrece los perfiles de los 15 principales países productores de combustibles fósiles: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Rusia.

Descarga informe ONU

Los perfiles de los países muestran que la mayoría de estos gobiernos siguen prestando un importante apoyo político a la producción de combustibles fósiles.

La investigación es clara: la producción mundial de carbón, petróleo y gas debe empezar a disminuir de inmediato y de forma pronunciada para ser coherente con la limitación del calentamiento a largo plazo a 1,5 ºC, advirtió Ploy Achakulwisut, autor principal del informe y científico del Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI, en inglés).

“Sin embargo, los gobiernos siguen planificando y apoyando niveles de producción de combustibles fósiles que superan ampliamente lo que podemos quemar de forma segura», se quejó

Las principales conclusiones del informe son las siguientes:

Los gobiernos del mundo tienen previsto producir en 2030 un 110 % más de combustibles fósiles de lo que sería compatible con la limitación del calentamiento a 1,5 º C, y 45 % más de lo que sería compatible con 2 ºC. El tamaño de la brecha de producción se ha mantenido prácticamente sin cambios en comparación con nuestras evaluaciones anteriores.

Los planes y proyecciones de producción de los gobiernos conducirían a un 240% más de carbón, un 57 % más de petróleo y un 71 % más de gas en 2030 de lo que sería compatible  con la limitación del calentamiento global a 1,5°C.

Se prevé que la producción mundial de gas sea la que más aumente entre 2020 y 2040 según los planes de los gobiernos. Esta expansión global continuada y a largo plazo de la producción de gas es incompatible con los límites de temperatura del Acuerdo de París.

Los países han destinado más de 300 000 millones de dólares en nuevos fondos a actividades relacionadas con los combustibles fósiles desde el comienzo de la pandemia de covid-19, más de lo que han destinado a la energía limpia.

“Los primeros esfuerzos de las instituciones de financiación del desarrollo para reducir el apoyo internacional a la producción de combustibles fósiles son alentadores, pero estos cambios deben ir seguidos de políticas concretas y ambiciosas de exclusión de los combustibles fósiles”, afirmó Lucile Dufour, asesora principal de políticas del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, en inglés).

“Las naciones productoras de combustibles fósiles deben reconocer su papel y su responsabilidad a la hora de cerrar la brecha de producción y dirigirnos hacia un futuro climático seguro», insistió Måns Nilsson, director ejecutivo del SEI.

El informe ha sido elaborado por el SEI, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI), el PNUMA y E3G, el grupo de reflexión europeo independiente sobre el cambio climático cuyo objetivo es traducir la política, la economía y las políticas climáticas en acciones climáticas.

Más de 40 investigadores contribuyeron al análisis y la revisión, abarcando numerosas universidades, grupos de reflexión y otras organizaciones de investigación.

T: MF / ED: EG

Fuente: IPS Noticias

Conversatorio Migración: Jueves 4 de Noviembre 19 horas.

 RELACIONES INTERNACIONALES, MIGRACIÓN, REFUGIO Y DERECHOS HUMANOS

El Instituto Igualdad, y el Foro Migratorio de las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil del Senado, tienen el honor de invitarles a participar en esta interesante actividad de reflexión y debate. 

Las migraciones son una realidad internacional, que hacen parte de la historia de la humanidad, desde los comienzos de la civilización. Siempre ha existido la movilidad humana y de esa realidad nos tenemos que hacer cargo como país.

 ORGANIZAN: INSTITUTO IGUALDAD Y FORO MIGRATORIO (SENADO)

FECHA: JUEVES 4 DE NOVIEMBRE 19.00 HRS. 

EXPOSITORES/AS

PEDRO HERNANDEZ, INVESTIGADOR, ACADÉMICO USACH/CEM

JUAN CARLOS MURILLO. REPRESENTANTE REGIONAL PARA SUDAMERICA DE ACNUR. .

FRANCISCA VARGAS. INVESTIGADORA. CLINICA JURÍDICA UDP-

CONDUCE, COMENTA Y SINTETIZA:

XIMENA POO. UNIVERSIDAD DE CHILE. INSTITUTO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN ICEI.