Páginas vistas en total

domingo, 29 de diciembre de 2019

Comunidad haitiana exige justicia y reparación para las mujeres abusadas por militares chilenos

A través de una carta pública, cuatro organizaciones de haitianos residentes en Chile exigieron al gobierno investigar exhaustivamente los casos de soldados chilenos que abusaron y violaron a mujeres estando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Además, solicitaron que los responsables paguen con el máximo de las penas por los hechos cometidos.




Tras conocer la investigación realizada por la profesora de historia de la Universidad de Birmingham, Sabina Lee, y la científica clínico, Susan Bartels, de la Universidad de Queen, en Canadá, que dio cuenta de los abusos y violaciones de las que fueron víctimas mujeres y niñas haitianas por militares de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la comunidad haitiana residente en Chile condenó estos hechos de violencia sexual. En particular, considerando que, del total de casos registrados, un 20% fueron cometidos por militares de la misión chilena.

A través de una carta, firmada por las organizaciones OSCHEC (Organización Socio Cultural de los Haitianos En Chile), Plataforma de las Organizaciones Haitianas en Chile, Movimiento de Acción Migrante y FHC (Femmes Haïtiennes au Chili), la comunidad haitiana hizo un llamado a que el gobierno investigue exhaustivamente a los soldados chilenos involucrados.

Además, solicitaron que se repare a las víctimas particularmente a niñas, niños y adolescentes junto a sus madres, que se realice el test de paternidad para el 8,7% de niños hijos de soldados de la Minustah. Por último, indican en la misiva, que los responsables paguen con el máximo de las penas por los hechos cometidos.

Para Emmanuel Cimeus, secretario ejecutivo de la Organización Socio Cultural de los Haitianos en Chile (Oschec) estos antecedentes confirman una situación que era conocida y que los lleva a exigir justicia y reparación para las víctimas.

En el estudio académico publicado por The Conversation, las investigadoras recogieron 2.500 relatos de personas que vivían cerca de las bases de los cascos azules, soldados y empleados civiles de la misión de la ONU engendraron y abandonaron a cientos de niños en Haití. Si bien las autoras no cifran la cantidad de mujeres fecundadas, de niñas, o de niños abandonados, sí describen un fenómeno generalizado de abusos y explotación sexual.

Algunas mujeres haitianas relataron hechos de violencia sexual por parte del personal de la ONU, la mayoría de los testimonios apuntan a “formas más sutiles de coerción”, escribe el diario The New York Times que se hizo eco del estudio. Otro dato que revela es que los soldados ofrecían 500 gourdes (3,964 pesos chilenos) o de comida por sexo a mujeres extremadamente pobres.
Fuente: CnnChile

Juan de Dios Parra,  Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "las violaciones deben ser investigadas y judicializadas, especialmente porque que se llevaron acabo desde una posición de fuerza de las fuerzas de pacificación".

jueves, 26 de diciembre de 2019

El “Nunca Más” que nunca fue: análisis de los cuatro informes sobre Derechos Humanos tras el 18/O



Por Francisco Arellano, Eyleen Faure, María José López, Paula Muñoz, Yercko Olivares y José Santos Herceg

Académicos de la Universidad de Chile y de Santiago analizaron los cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se emitieron en estos 60 días. Examinaron coincidencias, discrepancias, fuentes usadas, heridos consignados y responsabilidades atribuidas, entre otros ítemes. Sostienen que, pese a sus diferencias, los cuatro reportes se complementan y muestran un panorama crítico. La fuerza y rapidez con que las violaciones a los Derechos Humanos se esparcieron, llevan a los autores de esta columna a sostener que “el Nunca Más, por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue”.

Fuente: Ciper Chile.

Académicos de la Universidad de Chile y de Santiago analizaron los cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los Derechos Humanos que se emitieron en estos 60 días. Examinaron coincidencias, discrepancias, fuentes usadas, heridos consignados y responsabilidades atribuidas, entre otros ítemes. Sostienen que, pese a sus diferencias, los cuatro reportes se complementan y muestran un panorama crítico. La fuerza y rapidez con que las violaciones a los Derechos Humanos se esparcieron, llevan a los autores de esta columna a sostener que “el Nunca Más, por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue”.




* El informe fue elaborado por un grupo de investigación sobre justicia y violaciones de derechos humanos de la Universidad de Chile y USACH dirigido por los académicos María José López y José Santos e integrado por estudiantes de posgrado.

La reciente publicación de los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, pone sobre la mesa -con datos y evidencia contundente- la delicada situación vivida en Chile desde el 18 de octubre.

Los abusos fueron denunciados desde los primeros días por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Amnistía Internacional[1] también monitoreó los hechos desde el comienzo. El 24 de octubre, Amnistía envió un equipo regional para documentar e informar sobre la situación y casi un mes después, el 21 de noviembre emitió un informe que denunció la existencia de graves violaciones a los DD.HH.

Ante las continuas denuncias del INDH y de Amnistía, el gobierno solicitó la visita de dos entidades internacionales para observar y revisar la situación: Human Rights Watch[2] y la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
El informe de HRW fue presentado el 26 de noviembre. Adicionalmente, el 6 de diciembre, la CIDH (órgano principal y autónomo de la OEA) emitió un tercer informe, más breve, y que se basa en gran medida en los dos anteriores. Finalmente, el esperado cuarto informe de la ACNUDH salió a la luz el pasado 13 de diciembre.

Estos cuatro informes fueron recibidos y tratados de manera muy disímil por parte del gobierno. El primero -de Amnistía Internacional- fue tajantemente rechazado en sus cifras, metodología y recomendaciones, mientras que el segundo -de Human Rights Watch– fue bien recibido y valorado aludiendo a los mismos aspectos por los que fuera rechazado el primero.

Los informes siguientes fueron recogidos, tanto por el gobierno como por Carabineros, valorando las recomendaciones, pero discutiendo las cifras y eludiendo hacerse responsable frente a los crímenes denunciados.

Lo más relevante de estos informes es, a nuestro juicio, el diagnóstico que comparten: las Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente Carabineros, han cometido graves violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, tanto en las calles como durante las detenciones. En lo que sigue, analizaremos comparativamente cómo estos informes abordan el actuar de las fuerzas de seguridad, estableciendo coincidencias y divergencias en lo relativo, principalmente, a sus recomendaciones y asignación de responsabilidades.

COINCIDENCIAS

Los informes reconocen de manera clara, basándose en información y evidencia sólida, la existencia de graves violaciones a los DD.HH. en diversas zonas del país desde el 18 de octubre.

En el caso de Amnistía, se las caracteriza como: “violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad”. Por su parte, en el informe de HRW se afirma que: “miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos”; mientras la CIDH manifiesta su “grave preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos”. En el caso de la ACNUDH se indica, una vez más, que “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.

 Para estos informes, estaríamos frente a conductas “generalizadas”

Para estos informes, estas graves violaciones, crímenes y abusos no son hechos aislados o excesos individuales. Por el contrario, estaríamos frente a conductas “generalizadas” (Amnistía) o masivas, de carácter repetitivo (CIDH), que involucran a “miles de personas” (HRW), y que “son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas” (ACNUDH).

Más allá de la extensión -en cuanto al número de personas afectadas-, lo que determina que estos hechos no puedan ser considerados aislados es que son recurrentes, coordinados y no se corrigen en el tiempo.
Uno de los aspectos en los que se centran los informes es el mal uso de armas tanto letales como no letales. Se habla, en efecto, de un uso indiscriminado de armamento letal por parte del Ejército y, en menor medida, por Carabineros y PDI (Amnistía), como también de un uso indebido de escopetas de perdigones y municiones llamadas bean bag por parte de Carabineros (HRW).

Se recalca a este respecto la falta de gradualidad, proporción y aviso (CIDH y ACNUDH) en el uso de la fuerza. Con detenido énfasis se denuncia, además, el uso incorrecto y alarmante de armas no letales, como escopetas de perdigones de goma -que resultaron no ser del todo de goma- o de gases lacrimógenos, que en manos de Carabineros y disparados directamente al cuerpo de los manifestantes -sin apego a las instrucciones de uso-, terminan convirtiéndose en armas potencialmente letales o al menos capaces de generar lesiones graves (ACNUDH). Asimismo, todos los informes expresan especial preocupación por la perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares.

Coincidencia en acciones abusivas y énfasis en informes de violencia sexual

También hay amplia coincidencia en el tipo de acciones abusivas que comete específicamente Carabineros en situaciones de detención.

Abusos, malos tratos, hacinamiento, golpizas, desnudamientos, torturas, simulacros de ejecuciones y distintas formas de violencia sexual parecen ser la tónica de las prácticas policiales en el contexto de las detenciones.
Especial énfasis ponen los informes en la violencia sexual sobre grupos históricamente discriminados: mujeres, niños y niñas y personas pertenecientes a la comunidad LGTBI+. Se habla particularmente de violencia y vejaciones injustas contra la niñez. Asimismo, se identifica el sesgo hacia estos grupos vulnerables en el ejercicio de violencia sexual.

Se denuncia “el uso de insultos y lenguaje sexista por parte de Carabineros y del Ejército contra las mujeres” (ACNUDH), a lo que se añade que “los Carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres” (HRW). Este mismo informe sostiene el uso de la violencia sexual como forma de “castigo” frente, por ejemplo, a la condición LGTBI+ de la víctima.

Un aspecto poco detallado, pero en el que todos los informes reparan, es la obstrucción de Carabineros a la labor de observadores de derechos humanos y a la atención que presta personal médico en el transcurso de las manifestaciones. ACNUDH, por ejemplo, señala respecto de las y los trabajadores de la salud, que: “En varios casos Carabineros les habría disparado o arrojado gases lacrimógenos mientras prestaban asistencia de primeros auxilios a los manifestantes heridos”.

En cuanto a las recomendaciones, los informes coinciden en la importancia y urgencia de una reforma radical -al menos- de la institución de Carabineros. Esta institución debe revisar tanto aspectos de su formación, manejo y selección de armas, apego a los protocolos y prácticas de control del orden público, como también los mecanismos de control interno de los procedimientos de detención vigentes.


DIVERGENCIAS

Advertidas ya las fundamentales coincidencias entre los informes, resulta preciso constatar ahora sus divergencias, construyendo así un cuadro general que permita ponderar, en su justa medida, la relevancia del diagnóstico común.

En primer lugar, los informes guardan diferencias metodológicas en lo relativo a sus fuentes documentales. En efecto, y aunque la mayoría de ellos trabaja sobre la base de cifras proporcionadas por el INDH y Fiscalía, con los testimonios de víctimas y testigos, y apoyándose en material fotográfico y registros audiovisuales, HRW recoge además expresamente las voces de la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de Salud, de médicos y abogados, del gobierno y, de modo marcado –mas no necesariamente positivo para la propia institución-, de Carabineros.

El informe de la CIDH, por su parte, no considera testimonios de víctimas, pero sí apunta constantemente a las reacciones del gobierno (declaraciones, compromisos, oficios, proyectos de ley) frente a los hechos denunciados. Finalmente, el informe elaborado por el equipo de ACNUDH es el más completo en términos de fuentes: visitó 7 regiones del país, se reunió con decenas de autoridades públicas y con más de 300 miembros de la sociedad civil, y, además, realizó 235 entrevistas con víctimas y 60 entrevistas con Carabineros activos.

En segundo lugar, de manera más evidente, los informes exhiben diferencias de contenido referidas a la categorización, explicación y proyección de la crisis de derechos humanos.

Así pues, al diagnóstico compartido que declara la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros, Amnistía suma la presencia de hechos catalogables como crímenes de derecho internacional y recalca con énfasis el rol victimario de militares durante el Estado de Emergencia. Adicionalmente, Amnistía enmarca las violaciones de derechos humanos en una política cívico-policial deliberada, intencional y sostenida de daño y castigo a manifestantes. Afirma la existencia de un patrón de tipo y modo de violación y de una coordinación en la represión.
En lo relativo a este aspecto preconcebido y metódico de los ataques, HRW y la CIDH no se pronuncian. Sin embargo, de ambos informes sí podría desprenderse que se admite intencionalidad individual en la acción de ciertos Carabineros, al dar cuenta, por ejemplo, de disparos de armas antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes. Amnistía señala también, explícitamente, el carácter generalizado de las agresiones. A este respecto, aunque HRW y la CIDH no se pronuncian, sí es posible inferir tal categoría a partir de la lectura de los informes y sopesando la magnitud de las cifras que exponen. Cabe destacar que el informe de la CIDH se detiene, casi a modo de caso paradigmático, en la situación de violencia indiscriminada padecida en la población Lo Hermida de Peñalolén, Región Metropolitana.

Amnistía explica las violaciones ocurridas como parte de una práctica ideada para desincentivar la protesta -incluso la pacífica- y como un ensañamiento injustificado de las fuerzas de seguridad. De ahí su insistencia en la necesidad de evidenciar e investigar las responsabilidades (responsabilidad penal individual) de los mandos civiles y policiales, y particularmente del Presidente, en la perpetuación de la situación de crisis.

ACNUDH resalta que la forma en que se reprime la protesta atenta contra el derecho humano a reunión y asamblea pacífica, pero no asigna intencionalidad de producir un efecto ulterior en la población. HRW, por su parte, encuentra la explicación de las violaciones en la ignorancia o incumplimiento de los protocolos por parte de Carabineros y en las alarmantes deficiencias institucionales de control y supervisión de los uniformados. De ahí que en este informe no se sugieran responsabilidades penales para el mando político. La CIDH, por su lado, no entra en una consideración explicativa de los hechos y solo habla a modo general de presuntos responsables, sin especificar su estatus policial o político. Además, se detiene a reafirmar la solidez de la institucionalidad democrática y de DD.HH. del país.

“hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”

El informe de ACNUDH, a diferencia de los otros, consigna las acciones que el gobierno declara haber realizado como medidas generales para enfrentar la situación de derechos humanos. Sin embargo, en el caso específico de los reiterados daños oculares a los manifestantes, señala que “hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”. De este modo, la ACNUDH hace una imputación fundada de responsabilidad a las autoridades políticas por estas violaciones de derechos humanos.

En el campo de las recomendaciones, las de Amnistía son multifocales, poco detalladas, pero radicales. Además de una reforma aguda a la policía, el organismo llama a un cese inmediato de la represión, a una investigación judicial de las responsabilidades de mando, a reformas estructurales relativas a derechos económicos y sociales, y a dar inicio a un proceso constitucional inclusivo.
Las recomendaciones realizadas por HRW, mientras tanto, se orientan de modo exclusivo a la esfera policial, ya buscando desactivar prácticas (uso de perdigones, desnudamientos, arbitrariedad de detenciones), ya promoviendo implementar otras (uso de cámaras, nuevo sistema disciplinar, nuevo protocolo para revisiones médicas). Resalta, además, la preocupación de HRW por el aseguramiento de óptimas condiciones laborales para Carabineros.

Por su parte, las recomendaciones de la CIDH -que más bien son recordatorios- apuntan a un cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, a una reforma institucional de Carabineros, a un fortalecimiento de las instituciones de protección de los DD.HH. y a una promoción del diálogo social.

ACNUDH coincide con lo señalado en los otros informes sobre la necesidad de reformas a las fuerzas de orden y seguridad, pero agrega recomendaciones de carácter estructural sobre los derechos humanos en Chile. Entre ellas sobresale aquella referente al proceso constituyente, que sugiere “que sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”. Además se destaca la recomendación de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Finalmente, los informes difieren en su actitud discursiva.

El de Amnistía manifiesta –desde su título- el propósito de denunciar. Se vale de una constante y punzante adjetivación para marcar la gravedad de los hechos acusados. Asimismo, sostiene una mirada crítica sobre el proceder de las autoridades políticas y de seguridad.

El informe de HRW, por su parte, procura ante todo informar y recomendar. Se vale de un lenguaje condicional frente a casos de posibles violaciones aún no resueltas judicialmente y, sin caer necesariamente en la liviandad, discurre cuidándose de no juzgar o valorar dudosas acciones policiales de carácter procedimental o administrativo.

El informe de la CIDH, más condensado que los anteriores, busca informar hechos, recordar acuerdos y protocolos, y celebrar reacciones gubernamentales o judiciales. Se vale de un tono neutro y formal, y se esfuerza por mantener una posición de imparcialidad frente a los sucesos de violencia.

ACNUDH es el informe más extenso en sus fuentes, casos y actores entrevistados y realiza una exposición más acabada de las denuncias incluyendo calificaciones jurídicas más precisas. Expresa un tono moderado, que sin emitir juicios definitivos y recurriendo a la cita textual de testimonios de víctimas, indaga en profundidad las implicancias políticas y penales de los hechos acontecidos.

Resumen de cifras entregadas por los informes

Amnistía Internacional
Human Rights Watch
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informe ONU (ACNUDH)

Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fallecidos
5
INDH:
4 atribuidos a FFAA y 1 a Carabineros.
2 por armamento militar, 1 por perdigones.
26
Casos Investigados por Fiscalía.
1 por haber recibido una golpiza de Carabineros.
3 por disparos letales de militares.
1 atropellada por Infantes de Marina
26
5 por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado.
26
4 de estos involucran la presunción de la acción de agentes del Estado

Lesionados
2.300
INDH
1.100
Lesionados moderados o graves en Servicios de Urgencias
2.808
Heridos constatados por el INDH en hospitales.
4.903 (M. de Justicia)

3.449 (INDH)
INDH: 3449 (51 sufrieron heridas por balas, 1.554 por perdigones, 198 por disparos de armas de fuego no identificadas y 180 por balines. 1.466 personas sufrieron heridas por golpes, inhalación de gas y otros al 06/12).
Heridos con arma de fuego
1.400
INDH
1.015
INDH
51
INDH
Trauma ocular
220
INDH
220
INDH.
MINSAL: 16 casos de pérdida total visión en un ojo, y 34 heridas graves que podían resultar en pérdida total
Entre 194
y 283
MINSAL (194)

Colegio Médico (283)
Entre 239 y 345
345 (Sociedad chilena de Oftalmología);
352( INDH)
239 (MINSAL)
Torturados
1.100
Denuncias ante Fiscalía
44
Investigación de Fiscalía.
133
INDH
Delitos de carácter sexual
70
Denuncias ante Fiscalía
98
Investigación de Fiscalía.
24
(INDH) 14 mujeres, 6 hombres, 3 niñas, 1 niño.
Denuncias por violación o abuso sexual
16
Denuncias ante Fiscalía
26
Investigación de Fiscalía.
108
Querellas presentadas por el INDH, relativas a 166 casos (59 mujeres, 28 niñas, 52 hombres, 28 niños)
Violación de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
327
Defensoría de la Niñez. 118 lesiones físicas
54 lesiones por perdigones y balas
422
Investigación de Fiscalía.
374
Defensoría de la Niñez
Investigaciones sobre abusos
2.278
Fiscalía.
173 Carabineros, 4 Carabineros y 5 FFAA han sido formalizados
2.670
IND; M.de Justicia (2.052 denuncias son contra miembros de Carabineros [74%], 183 casos contra personal del Ejército, 50 casos contra la PD y 26 contra personal de la Marina)
Carabineros heridos
1600
Carabineros
1896
Carabineros
2.705*
*Carabineros, PDI y personal de Ejército (M. del Interior)
Carabineros con lesiones graves
70
Carabineros
127
Carabineros
Heridos en servicios de urgencia relacionados con las manifestaciones
11.564
Servicios de Urgencia
12.652
MINSAL.
12.738
M. de Salud
Casos de violaciones a los derechos humanos
23
Documentado por Amnistía Internacional
2.670
Investigación de Fiscalía.
2.141
INDH
Evidencia de uso innecesario y excesivo de la fuerza
130
Documentado por Amnistía Internacional
Detenidos
15.000
Carabineros. Retuvieron a 2000 personas por incumplir toque de queda.
INDH señala que detenidos son 6.972
20.645
28.210
M. de Justicia
Querellas
442
INDH: por lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios. 341 torturas y trato inhumano, 74 abuso sexual


CONCLUSIONES

Al día de hoy la situación de DD.HH. en Chile puede ser calificada de crítica. Las conclusiones ofrecidas por los cuatro informes referidos en este texto fundamentan esta afirmación de manera consistente. A pesar de sus diferencias estos reportes se complementan y construyen un panorama exhaustivo y acabado de la delicada situación en materia de derechos humanos que vivimos actualmente en nuestro país. A partir de lo planteado, quisiéramos enfatizar dos puntos que revisten una gravedad extrema y que, a la vez, plantean enormes desafíos actuales y futuros para Chile.

La sola constatación de la ocurrencia de graves violaciones a los DDHH, acaecidas desde el 18 de octubre, representa en sí misma una situación de suma urgencia que debe ser corregida, investigada y reparada. Según plantean los informes, estas violaciones se han concentrado especialmente en dos ámbitos. Primero, en lo que atañe al uso indebido y desproporcionado de armas no letales- por parte de Carabineros de Chile, percutadas hacia el cuerpo de las y los manifestantes (balines, perdigones y bombas lacrimógenas) de manera reiterada en el tiempo.

En segundo lugar, en el campo desregulado de las detenciones, ámbito en el que -como hemos visto- se han documentado actos vejatorios de tipo sexual, uso desmedido de la fuerza y torturas, en un contexto en el que los procedimientos para la detención y retención de personas son poco transparentes, carentes de revisión y control interno. En este sentido, resulta importante destacar que el informe ACNUDH hace mención a la recurrencia de abusos de tipo sexual contra mujeres, niños, niñas y disidencias sexuales, perpetrados por Carabineros, actos en los que se expresa, además, una discriminación específica propia de la cultura patriarcal. Incluye entre sus recomendaciones al Estado de Chile, la obligación de hacerse cargo de esta situación de manera particular, enfatizando la gravedad que reviste la violación de los DD.HH. de la infancia. El reporte señala que el 10% de los detenidos en las manifestaciones son niños y niñas, una cifra sin precedentes, y que transgrede los tratados internacionales suscritos por Chile.

Otro aspecto preocupante en extremo lo constituye la actitud asumida por el gobierno respecto al tema de DD.HH. en general y a los informes en particular. Se ha podido observar que en el discurso público del gobierno ha primado sobre todo la preocupación por el orden y el resguardo de la propiedad privada y pública, antes que la defensa de los derechos de las personas. De igual manera, la reacción del gobierno ante la publicación de los informes ha estado caracterizada por el negacionismo y el cuestionamiento, tanto a las metodologías, como a las conclusiones que los documentos exponen. Así, respecto al informe elaborado por Amnistía Internacional, el mismo día de su publicación el gobierno negó su validez a través de declaraciones emitidas por la subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, quien se hizo presente en los medios de comunicación solamente para cuestionar públicamente las conclusiones presentadas por el organismo internacional. Asimismo, Carabineros de Chile refutó las conclusiones del informe de HRW, discutiendo, principalmente, la cantidad de lesionados, la cifra de personas fallecidas por responsabilidad policial y los casos de abusos sexuales.

La información presentada por estos reportes reafirma que las policías han cometido graves violaciones a los DD.HH. que se han multiplicado en el tiempo. Esto especialmente en el caso de Carabineros de Chile, institución que, además de refutar públicamente los resultados del trabajo de organismos internacionales (Amnistía, HRW), ha atacado a personal defensor de los DD.HH. (ACNUDH, INDH), a trabajadores de la prensa nacional y extranjera, y ha transgredido sucesivamente protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza, gestión de reuniones masivas, uso de armas no letales (balines, perdigones, gases), maltratos y torturas a personas detenidas, violencia sexual, derechos de los niños/as y registro y control de detenciones (Amnistía, HRW, CIDH, ACNUDH).

La gravedad de este comportamiento y de sus consecuencias, demanda un esfuerzo colectivo que apunte a la comprensión de lo que está ocurriendo, con el objetivo de llegar a alguna explicación que nos acerque a posibles soluciones. Los informes ofrecen algunas interpretaciones iniciales, no pretendiendo explicarlo del todo.
Lo cierto es que más allá del contexto inmediato, la ocurrencia de estas graves violaciones a los DDHH durante la crisis aún en curso y la reacción del gobierno y de Carabineros de Chile, son consecuencias de que en Chile no ha existido una política relativa a la violación a los DDHH que actúe en los distintos niveles en los que un problema de este tipo exige ser tratado: promoción, prevención, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición. La consecuencia evidente de ello es que los atentados contra los DDHH por parte de agentes del Estado durante los últimos 30 años no ha sido excepcional.

Una vez finalizada la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado ha respondido de manera insuficiente en el ámbito de los DDHH. Algunos puntos de conflicto en este sentido lo constituyen: una política de reparación parcial basada en información proporcionada por las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, resguardando el secreto y el silencio de las FF.AA. y de Orden; la mantención de colaboradores directos de la dictadura en el aparato del Estado, en las grandes empresas y en el mundo político y la aplicación de justicia solo en casos excepcionales. Asimismo, en lo que respecta al período 1990-2018, agentes del Estado de Chile se han visto implicados en una serie de casos de violaciones a los DDHH, en los que, en su mayoría, no han operado procedimientos claros en cuanto a la investigación de los hechos, sanción a los implicados y reparación a las víctimas.

A la luz de lo dicho, la única conclusión posible es que el “Nunca Más” por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue.

Se ha visto constantemente cómo las instituciones estatales han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos. Estas prácticas incluyen acoso, discriminación arbitraria, amenazas, tortura y tratos crueles, violencia sexual, violación de derechos de niños, y una larga serie de tristes actos cometidos permanentemente en democracia por parte de las fuerzas policiales. Todo esto bajo el amparo de un discurso del orden y la lucha contra el “terrorismo” y la delincuencia común. Por su parte, la prensa ha legitimado este discurso y contribuido al silenciamiento de estos temas.

Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado con particular vigor sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en el Wallmapu) y los movimientos estudiantiles. Casos emblemáticos como los de Pedro Ortiz, José Huenante, Daniel Menco, Claudia López, Johnny Cariqueo, Alex Lemún, Matías Catrileo, Lorenza Cayuhán, Brandon Hernández Huentecol y Camilo Catrillanca, entre muchos otros, en los que los agentes del Estado actuaron violando los derechos humanos en la ejecución de actos como tortura, uso excesivo de la fuerza o asesinato; constituyen una prueba flagrante de este hecho.

Lo cierto es que la política de Derechos Humanos durante los primeros años de la llamada transición estuvo jalonada por la acción de los movimientos sociales, agrupaciones de familiares y organizaciones de la sociedad civil, sin que ello diera lugar a una reestructuración de las FF.AA. y de Orden como principales actores en los hechos ocurridos durante la dictadura, con el objeto de diseñar una política robusta de prevención de violaciones a los derechos de las personas. Así, durante las últimas tres décadas, el Estado de Chile ha mantenido una serie de resabios dictatoriales, tanto en el ámbito de los procedimientos de control de la protesta social, como en el de las políticas de seguridad y orden público, en la medida que la perspectiva de DDHH no ha sido central para su accionar. Es decir, hubo un abandono consciente por parte de los gobiernos civiles de las tareas indispensables para la conformación de un Estado de derecho y un régimen democrático, que garantizara que las atrocidades de la dictadura no siguieran ocurriendo.

NOTAS
[1] Amnistía Internacional es una Organización No Gubernamental (ONG) surgida en 1961 en Londres, fundada inicialmente para la defensa de los presos políticos en Europa y el mundo. Es organismo consultivo del Consejo de Europa. En 1977 recibió el Premio Nobel de la Paz por su campaña contra la tortura. De acuerdo a su sitio web, se financia a través de donaciones individuales de sus miembros. No recibe financiamiento directo de gobierno alguno.

[2] Human Rights Watch, por su parte, es una ONG que surge en 1978 para apoyar a grupos disidentes en Europa del Este y la Unión Soviética. En 1988 asume el carácter de ONG de promoción global de los derechos humanos. Su sede está en Nueva York y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su campaña para eliminar las minas antipersonales. Es financiada por individuos y fundaciones. No recibe financiamiento directo de gobierno alguno.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.

Fuente: Ciper Chile

Informes protestas Chile, comparación informes protestas chile,

El secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, comentó al respecto:"Existen múltiples informes que critican la vulneración de los derechos humanos en Chile. El Estado y el Gobierno no pueden mirar hacia otro lado. Deben cambiar profundamente su manera de actuar y asumir responsabilidades. Los hechos acontecidos han sido etiquetados como incuestionables violaciones  a los derechos humanos desde los distintos organismos internacionales y, sin embargo, son se reproducen diariamente en Chile. Los hechos y los culpables son conocidos".


sábado, 21 de diciembre de 2019

El atropello de Oscar en la plaza sitiada. Por Ignacio Vidaurrázaga

Oscar Pérez Cortez, tiene 20 años y estudia en un preuniversitario. El viernes, fue a la manifestación a la Plaza Dignidad como varios centenares o miles de muchachos y muchachas, tras el propósito de no dejar ese icono de la protesta en manos de las fuerzas policiales con las que el intendente montó una indudable provocación. Estaba preparado frente a los disparos a los ojos, que han causado tantas mutilaciones. También, respecto del agua tóxica de los guanacos. Y con certeza, frente a las lacrimógenas y sus efectos. Pero, no pudo prever que además podía ser atropellado y aplastado entre dos zorrillos blindados, en un acto criminal a plena luz del día y ante decenas de cámaras y centenares de manifestantes.



Hoy sábado el informe médico informa sobre la condición de Oscar: “tiene cuatro fracturas de pelvis, uretra diseccionada, poli trauma. Se encuentra con sonda directa a la vejiga”. Su estado es de gravedad y se ha informado que estaría fuera de riesgo vital. En el curso de esta mañana Oscar fue trasladado desde la Posta Central a la Clínica Las Condes.

Su madre María Cortez ha manifestado: “mi hijo Oscar fue brutalmente, intencionalmente atropellado y aplastado por dos zorrillos. Milagrosamente está con vida. ¡Esta barbarie avalada por el monstruo del interior y el Estado de Chile debe parar!” En el día de ayer su familia presento querella criminal ante la Fiscalía Oriente.

Esto sucede cuando se dispone un millar de efectivos, centenares de vehículos y se actúa como fuerzas de ocupación de un país enemigo. Junto con realizar una exhibición de fuerzas policiales dotadas de medios comprobadamente letales y mutiladores el resultado queda a la vista. Luego, las explicaciones y lamentaciones del intendente son para la televisión. Y agravan su responsabilidad.

La ficha técnica para ese vehículo lo convierten en una peligrosa arma como colisionador: “Dada sus características de blindaje, doble tracción y protección lo convierten en un vehículo ultraresistente y multifuncional como herramienta de exploración visual, enfrentamiento armado o disturbios y como unidad móvil de control operativo del procedimiento a cargo de oficiales”. Aplastar o apachurrar a un manifestante entre dos vehículos revela procedimientos criminales. Ya no sería suficiente el amplio arsenal con que cuenta Carabineros. Los miles de heridos en estos meses dan cuenta de su uso mutilador.

¿Quién lo conducía? ¿Quién es el mando radial o efectivo de ese vehículo? ¿Qué hacen vehículos blindados en medio de manifestantes? ¿Están ahí para hacer del atropello otra arma “disuasiva”?

A estas horas ya se conoce la detención por la Fiscalía Centro Norte del cabo Mauricio Carrillo Castillo conductor del carro J-023 de Fuerzas Especiales. ¿Un cabo-conductor será el único responsable? ¿Qué seguirá sucediendo con el general jefe Mario Rozas? ¿Con el intendente que idea estas ocupaciones? ¿Con el ministro del interior Blumel?

Habíamos visto motos policiales atropellando manifestantes. Carros lanza-aguas y vehículos de transporte de detenidos, pero lo de ayer inaugura una nueva forma de herir e incluso matar.

Cuatro informes internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos en Chile, aún no consiguen frenar las múltiples formas de reprimir las manifestaciones de la protesta social. Sin la aplicación de protocolos y respaldados de Chadwick a Blumel las fuerzas policiales actúan con la impunidad de fuerzas de ocupación. Siguen las denuncias de abusos sexuales en comisarías, de disparos al rostro y mutilaciones y de abusos de poder reiterados que las redes sociales continúan informando como en un sin fin.

El gobierno de Piñera, desgastado y con un exiguo apoyo como lo demuestran las encuestas, con una coalición fragmentada hace del acrecentamiento de la represión su herramienta de contención del movimiento de protesta, que a pesar de todo se prolonga por más de dos meses.

Mañana a beneficio de otros jóvenes heridos y mutilados como Oscar Gacitúa se prepara un concierto. Mientras esté ocurriendo, semanas después otro joven: Oscar Pérez estará en estado crítico. Estamos en presencia de la reiteración de comportamientos, lo que continúa construyendo sistematicidad en las violaciones a los DD.HH.



Pd. La información sobre el estado de Oscar, es antes de las 11:00 de hoy 21 de diciembre.

Ignacio Vidaurrázaga Manríquez

Fuente: Le Monde diplomatique

viernes, 20 de diciembre de 2019

Nacieron 265 niños en Haití por abusos de Cascos Azules: "Por monedas te metían un bebé"

La misión de la MINUSTAH de las Naciones Unidas funcionó desde 2004 hasta 2017 y estaba integrada por militares y personal especial de 24 países, entre ellos Brasil, Uruguay y Argentina.

Entre los año 2004 y 2017 operó la llamada Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Una coordinación de paz de fuerzas de la ONU implementada con el objetivo de colaborar en la crisis humanitaria que vivía ese país, además de las catástrofes naturales que lo afectaron, como el terremoto de 2010 y el huracán Matthew en 2016.



MINUSTHA es sin embargo una de las misiones más controversiales de la ONU, ya que ha sido foco de extensas denuncias sobre explotación, abuso sexual y muertes ilegales.

En una investigación difundida por el medio The Conversation se revelan relatos de niñas de 11 años que fueron abusadas por el personal de las «fuerzas de paz», donde incluso se detalla que a los menores de edad se les ofrecía comida y pequeños montos de dinero a cambio de que tuvieran relaciones sexuales con personal de ONU. Incluso se relacionó a MINUSTAH con un círculo sexual que operaba en Haití.

Respecto a Chile -que también ha puesto a disposición de la ONU a soldados-, destaca una infografía publicada por la misma investigación en donde se establece que los militares de tropas chilenas ocupan el cuarto lugar entre el personal de «mantenimiento de la paz» que violó, embarazó y abandonó a mujeres en Haití. Chile es antecedido por naciones también latinoamericanas, como Uruguay y Brasil.

Acá el recuadro en donde Chile aparece relacionado a 20 de estos casos.



Fuente: el ciudadano

jueves, 19 de diciembre de 2019

Amenazan de muerte a director y equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas


Por caso relacionado con la defensa e investigaciones de torturas sistemáticas cometidas contra reos, por parte de autoridades de Chiapas.
Chiapas. Un mensaje con amenazas de muerte, y una pinta hecha con sangre, recibieron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el centro humanitario más importante de Chiapas, fundado por el obispo Samuel Ruiz García.



De acuerdo a la denuncia que este lunes realizó el Centro, la primer amenaza se recibió el pasado 12 de noviembre, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha.

El Colectivo labora en coordinación con el Frayba, en la documentación de casos de tortura cometidos por autoridades del gobierno de Chiapas, principalmente integrantes del Poder Judicial, contra reos indígenas que de esa forma fueron obligados a firmar declaraciones inculpatorias.

Más de 60 casos han sido documentados por el Frayba, quien también lleva la defensa para conseguir la libertad de algunos de estos indígenas presos en diferentes cárceles del estado, y denuncias penales contra los agresores, en la Fiscalía contra la Tortura. También se llevó el caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
El mensaje del 12 de noviembre estaba elaborado con recortes de periódico que decía: “Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida”. Pedro Faro es el director del Frayba.

Una semana después, el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Más tarde ese día “se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba”.

El centro humanitario denunció que a la par de estas amenazas, ha habido vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan.

Estas acciones ya fueron denunciadas en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, “a la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano”.

También se interpuso interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas. “Sin embargo, la garantía y protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”, denunciaron los afectados.

El Frayba añadió que a un año de gobierno de Rutilio Escandón persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos; resultando la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios.

Exigieron a los gobiernos federal y estatal cesar las amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba, así como de sus redes de solidaridad; y garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate y Viniketik en Resistencia, en la que se agrupan los reos torturados.

Se hizo especial incapié en la demanda para implementar las medidas inmediatas para obtener la libertad de los reos Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez.

martes, 17 de diciembre de 2019

Falta de acuerdos en la COP25 pone en tela de juicio el manejo en la presidencia de la cumbre

Diversas organizaciones medioambientes criticaron el último borrador presentado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en medio de la COP25 que se lleva a cabo en España. Las principales críticas apuntaron a cómo se estarían llevando las negociaciones por parte de la delegación chilena -que preside el encuentro- para avanzar en acuerdos sobre la lucha contra la crisis climática. Carolina Schmidt discrepó abiertamente con quienes criticaban el documento. "La solución que proponemos es equilibrada en su conjunto”, dijo la secretaria de Estado.



El documento recibió el rechazo de organizaciones como Greenpeace International, Power Shift Africa y WWF, quienes calificaron de "inaceptable" el documento presentado por Chile.

“Estamos en las últimas horas de estas negociaciones y lo que vemos aquí es que los últimos textos son totalmente inaceptables. Adoptar esto sería traicionar a todas las personas del mundo que sufren los efectos de la crisis Climática y que piden que se tomen medidas”, señaló la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan.

Por su parte, la jefa de la delegación de WWF, Vanessa Pérez-Cirera, manifestó que se trata de un borrador “extremadamente débil” y recalcó que ante la crisis que padece el planeta, se necesitan objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para 2020.

Mohamed Adow, director de Energía y Clima del Think Tank, Power Shift Africa, añadió que la propuesta de la presidencia es "decepcionante". “El borrador que fue presentado hoy es desastroso y extremadamente decepcionante. La Presidencia Chilena está traicionando nuestro futuro y eso es algo inaceptable”, sentenció.

Para el científico Alden Meyer, director de estrategia de la organización Union of Concerned Scientists, el documento es injusto e inmoral. “No he visto nunca una desconexión mayor como lo que estamos viendo en esta COP entre lo que la ciencia requiere y el mundo demanda y lo que los negociadores del clima están negociando en términos de impulsar acción climática”, dijo.

Meyer añadió que la última propuesta de la presidencia de chilena es un texto sin ambición. “Debe ser rechazado por los ministros y reemplazado por una decisión mucho más fuerte”, sentenció.

Chile espera que se apruebe un texto más ambicioso
Tras las críticas al borrador, el coordinador de la delegación chilena en la COP25, Andrés Landarretche, dijo que espera que el plenario final de la Cumbre del Clima, que se reunirá esta tarde para dar por finalizada la reunión que comenzó el 2 de diciembre y debió terminar el viernes, apruebe un texto que establece una "mayor ambición” en la lucha contra la emergencia climática.

A primera hora "nos reunimos los jefes de todas las delegaciones" para avanzar en cambios que incluyan metas más ambiciosas. "Estamos muy contentos porque hemos obtenido un consenso para buscar más ambiciones" en la lucha contra la emergencia climática, dijo Landarretche, en medio de las dudas que genera el borrador del acuerdo presentado por la presidencia chilena, calificado como "inaceptable” por varios países.

En tanto, la ministra de Medio Ambiente y presidenta del encuentro, Carolina Schmidt, discrepó abiertamente con quienes criticaban el documento. "La solución que proponemos es equilibrada en su conjunto”, dijo Schmidt.

"El peor texto que hemos visto”
También los países más vulnerables al cambio climático denunciaron que se esté dando un paso atrás. "Todas las referencias a la ciencia perdieron fuerza, todas las referencias a elevar” la ambición "desaparecieron. Parece que preferimos volver al pasado”, denunció Carlos Fuller, negociador en jefe de un grupo de 44 Estados insulares, que afrontan una amenaza existencial por la subida del nivel del mar.

Por su parte, México, Argentina y Uruguay denunciaron que en el borrador actual se retiraron referencias a la importancia de tener en cuenta los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas en las acciones para luchar contra el calentamiento. También las ONG criticaron el borrador. "La presidencia chilena tiene una tarea: proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que el cinismo y la avaricia lo entierren”, fustigó la directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan. "Pero hasta ahora fracasó”.

"Es el peor texto que he visto en todas las negociaciones climáticas (...) Será una traición para la gente de todo el mundo, de la misma manera que el gobierno chileno está traicionando a su gente en casa”, dijo el director de la oenegé Power Shift Africa, Mohamed Adow, en alusión a las protestas sociales en el país latinoamericano.

Fuente: El mostrador

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra aseguró que: "Es una oportunidad perdida para lograr un avance en el freno del cambio climático. Se espera que cada país ponga de su parte en el control del cambio climático, especialmente se espera del país anfitrión. Eta ha sido una oportunidad perdida para el mundo y que ha beneficiado la contaminación planetaria".

viernes, 13 de diciembre de 2019

La ONU denuncia “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido social en Chile

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, recibió relatos de ejecuciones simuladas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), ha publicado este viernes un informe en el que denuncia que en el marco del estallido social chileno “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, indica el texto de la ONU. Entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, la comisión desplegó una misión en Chile, donde visitó siete regiones del país, se entrevistó con las principales autoridades del Estado, 300 civiles y conoció los relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”.
A la vez que reconoció que el Gobierno chileno cooperó, sostuvo un “diálogo franco” y entregó “amplia información” —facilitando el “acceso rápido y sin trabas” a los lugares de detención—, la oficina de Naciones Unidas (ACNUDH, por su sigla en inglés) denunció que tanto los Carabineros como el Ejército no se han adherido a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El informe indica que de las 26 investigaciones de la Fiscalía por personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales en Chile, cuatro de estos casos se deberían a acciones que involucran a agentes del Estado. Romario Veloz Cortés pertenece al grupo de víctimas mortales: ciudadano ecuatoriano de 26 años, falleció en La Serena, a unos quinientos kilómetros al norte de Santiago, a raíz de disparos con munición letal por parte de personal militar, un hecho que está siendo investigado. “Busco justicia…justicia para todos los que han muerto”, indicó su madre, según el informe de ACNUDH.



Naciones Unidas apunta a la cantidad de lesionados en el marco de las protestas, incluyendo los heridos en los ojos por el uso de perdigones. “La ACNUDH considera que el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos letales se han utilizado de manera indiscriminada”, indica la oficina. Naciones Unidas informa de que aunque el uso de perdigones se encuentra suspendido mientras se conoce su composición real —solo contenían un 20% de goma, según dos estudios académicos— “esta orden no se ha implementado completamente”.

El organismo internacional menciona el caso de Gustavo Gatica, el estudiante de 21 años que el 8 de noviembre fue herido en ambos ojos por los perdigones de los Carabineros y perdió totalmente la vista. “Las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones causadas en este contexto desde el 22 de octubre. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas”, indica la oficina liderada por Bachelet, la primera ministra de Defensa mujer que tuvo Chile, en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
Torturas y malos tratos
La ACNUDH dedica un espacio de su informe de 35 páginas a la “tortura y malos tratos” y señala que pudo recopilar 133 casos. A 28 de noviembre, la Fiscalía había iniciado 44 investigaciones en esta línea. En la mayoría, dice la oficina de la ONU, “los presuntos autores son miembros de Carabineros”. Enumera las formas más comunes que se habrían empleado: golpes fuertes con los puños, patadas, culatazos (golpe con la culata de un arma de fuego o con una porra, a menudo llevado a cabo por varios agentes). “La ACNUDH también recibió información sobre varios casos de personas atropelladas por vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad” y detalla relatos que denuncian “tortura psicológica como amenazas de muerte, amenazas de ‘desaparecer’ a la persona, amenazas de violación, palizas de familiares y amigos frente a la persona y amenazas de agresión contra los familiares”.

La oficina que lidera Bachelet recibió “relatos aislados” de ejecuciones simuladas por parte de los Carabineros y las fuerzas militares, como la que describió un chileno de 28 años: “El Ejército me tiró al suelo, sentí golpes con la culata de un arma en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo militar, nos seguían golpeando y dijeron: ‘Llevémoslos al cuartel y veamos cuánto duran con la electricidad’. Les suplicamos que nos dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner nuestras caras contra la pared del cementerio. Había unos doce soldados detrás de nosotros, que cargaron sus armas. Nos hicieron gritar ‘perdóname, Chile’. En ese momento, pensé que nos iban a disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos”.

Sobre violencia sexual —reportada antes por HRW—, la ACNUDH recopiló 24 casos, que incluyeron “violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales o manoseos”. Naciones Unidas incluye el relato de Carla, de 16 años: “Fue detenida por Carabineros en Viña del Mar con su padre el 5 de noviembre. Al momento de la detención, su padre alertó a Carabineros que ella tenía una discapacidad psicosocial. Ella reportó haber sido forzada a mostrar sus senos, haber sido acosada físicamente con un bastón/luma y haber sido amenazada con ser ‘desaparecida”.

Sobre la base de datos del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta que entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre hubo 28.210 personas detenidas, de las que 1.615 permanecen en prisión preventiva. Al referirse a casos de detenciones ilegales o arbitrarias, detalla el relato de Jacinto, de 20 años: “Informó haber sido detenido por una camioneta roja a las 5 am, le colocaron una capucha sobre su cabeza y lo llevaron a un edificio donde habría sido interrogado, amenazado y torturado. Según los relatos, se le insertaron agujas debajo de las uñas y se le pidió que dijera ‘todo lo que sabía sobre las protestas”.

La ACNUDH hizo mención de la destrucción de la infraestructura pública y privada en el marco del estallido social y entrevistó a policías heridos durante las manifestaciones, que de acuerdo con el Ministerio del Interior llegan a los 2.705 efectivos. De forma adicional, realizó 21 recomendaciones al Estado chileno, entre las que incluye una serie de medidas con respecto a los Carabineros, como “establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre violaciones a los derechos humanos” y asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, “incluso garantizando la paridad de género –50% hombres y 50% mujeres– durante el proceso y la participación de pueblos indígenas”. “Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”, concluyó la oficina que lidera Bachelet desde Ginebra.

Fuente: El país

martes, 10 de diciembre de 2019

10 de diciembre: por qué se celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos


Hoy se conmemorando el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humano. En sus 30 artículos y un preámbulo abre el amplio abanico humano: derechos de orden civil, político, social, económico y cultural



Noche de los Tiempos, primera escena de Odisea del Espacio 2001, el film clave de Stanley Kubrick sobre el origen y el destino de la Humanidad. Un simio descubre, entre un montón de huesos, uno que se asemeja a una maza. Lo empuña, alza el brazo, y lo descarga contra los otros huesos hasta hacerlos pedazos.

El simio, ese padre ancestral del Hombre, ha descubierto un arma y el modo de matar… El más sombrío de los leitmotiv de la historia del Homo Sapiens

El 10 de diciembre de 1948 –195.000 años después de la aparición del Homo Sapiens–, en París, Eleanor Roosevelt, viuda de Franklin Delano Roosevelt desde 1945, también tiene un arma entre las manos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El arma largamente discutida y elaborada no para fundar el Paraíso Terrenal: para demostrar, al menos en parte, que el Hombre no es el lobo del Hombre, refutando la teoría del Thomas Hobbes (1588–1679).

El Documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas –Resolución 217 A III–, contiene 30 artículos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco –26 de junio de 1945–, y sus pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados a cumplirlos.



No fue fácil llegar a ese acuerdo universal. Recién en el siglo XVII hay declaraciones explícitas sobre la idea del derecho natural.

En 1679, Inglaterra instala en su constitución la Habeas Corpus Act (ley de hábeas corpus), y en 1689 la Bill of Rights (declaración de derechos).

En Francia (1789) se publica la Declaración de los derechos del Hombre y el Ciudadano… pero no antes de los fuegos y la sangre de la Revolución.

Recién el 25 de septiembre de 1926, en Ginebra, la Sociedad de Naciones declara ilegal ¡la esclavitud! (Nota: en las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Asamblea de 1813 abolió los instrumentos de tortura y proclamó la libertad de vientres de las esclavas: sus hijos nacían libres).

La misma Sociedad de Naciones, al terminar la hecatombe 1914–1918, impulsó los tratados de Ginebra sobre la seguridad, el respeto y los derechos mínimos de los prisioneros de guerra.



Como se advierte, llegar a la conquista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un lento goteo de años, acuerdos, desacuerdos, acuerdos a medias –tapándose la nariz–, e infinitas discusiones de los Ocho de la Comisión definitiva: Eleanor Roosevelt (USA), René Cassín (Francia), Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China), Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov (Unión Soviética), Geoffrey Wilson (Reino Unido) y William Hodgson (Australia)…, más el rol clave de John Peters Humphrey (Canadá), director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Resultado de la votación: 48 votos a favor 8 abstenciones y 2 ausencias. Votos en contra: 0.

En sus 30 artículos y un preámbulo abre el amplio abanico humano: derechos de orden civil, político, social, económico y cultural.

Puesto que varios artículos incluyen, si no repeticiones, puntos en común, es posible resumirlos así:

Artículos 1 y 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículos Del 3 al 11, derechos de carácter personal. Nadie estará sometido ni a servidumbre: la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.



Artículos 12 a 17: aluden a derechos del individuo en relación con la comunidad. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

Artículos 18 a 21: aluden a derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículos 22 a 27: alude a derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica.



Artículo 25: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.

Artículos 28 a 30: alude a las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

El 10 de diciembre de 2019, la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 71 años. Un viejo joven… o un joven viejo: según como se lo lea.

Según el libro Guiness de los récords, es el documento traducido a más idiomas en el mundo: ¡más de 500!

De un modo luminoso, su primer artículo contiene a todos los demás: su cumplimiento y su devoción bastarían para alcanzar el Paraíso Terrenal.

Dice así:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Fuente: Infobae