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domingo, 5 de junio de 2022

Bachelet, Blinken, China y los derechos humanos

Washington, 26 de mayo 2022

Por Daniel Barrios


Mientras el Departamento de Estado cree que China representa una amenaza grave al orden pos-Segunda Guerra Mundial, Bachelet subrayaba el papel de Beijing en la construcción de un orden mundial multilateral y su protagonismo para superar las crisis globales

“Aunque continúa la guerra del presidente Putin, nos mantendremos enfocados en el desafío al orden internacional más grave a largo plazo: el presentado por la República Popular de China”, subrayó el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en un discurso pronunciado la semana pasada en la Universidad George Washington, cuando presentó las líneas estratégicas de la Casa Blanca para competir con Beijing en la carrera para definir el equilibrio político, económico y militar del siglo XXI.

“China es el único país que tiene tanto la intención de reestructurar el orden internacional como la creciente capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica para hacerlo”, agregó.

“Si bien Estados Unidos considera a Rusia la amenaza más aguda e inmediata a la estabilidad internacional, el gobierno cree que China significa un peligro mayor”, dijo Blinken y comprometió los esfuerzos de su gobierno para convertir el bloque internacional que hoy se opone al Kremlin por el conflicto bélico en Ucrania en una coalición más amplia para contrarrestar al gigante asiático. 

El discurso del jefe de la diplomacia norteamericana, hasta ahora el más explícito sobre la política del presidente Joe Biden respecto a China, exhuma la esencia de la “doctrina Truman”, el expresidente estadounidense de la Guerra Fría y el que lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Una política de contención en la que se establecía que Estados Unidos debe brindar apoyo económico y militar a los países del mundo para contener la expansión del comunismo (ahora “el socialismo con características chinas”) o las fuerzas soviéticas (ahora las fuerzas chinas). 

Beijing, 28 de mayo de 2022.



“Teniendo en cuenta el importante papel de China en el multilateralismo, la visita fue una oportunidad para mí para discutir también varios otros problemas regionales y globales, donde China puede usar su influencia para traer soluciones políticas”, destacaba Michelle Bachelet, 48 horas después, a los más de 200 periodistas de todo el mundo que se conectaron a distancia para conocer los resultados de su misión de seis días a la República Popular. 

Dadas las numerosas crisis globales que se entrecruzan a las que se enfrenta el mundo hoy en día, incluido el cambio climático, las amenazas a la paz y la seguridad y la inestabilidad en el sistema económico mundial, así como el impacto de la pandemia de covid-19, “China tiene un papel muy importante que desempeñar como país colaborador clave en foros multilaterales y regionales”, agregó la dos veces presidenta de Chile. 

Mientras el Departamento de Estado cree que China representa una amenaza grave al orden pos-Segunda Guerra Mundial, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas -según algunos candidata a suceder a António Guterres y convertirse en la primera mujer secretaria general de la ONU- subrayaba el papel de Beijing en la construcción de un orden mundial multilateral y su protagonismo para superar las crisis globales que atraviesa el mundo. 

La misión de Bachelet - la primera de un alto comisionado en 17 años- se estuvo preparando desde que en 2018, apenas asumido el cargo, la funcionaria internacional expresó su deseo de viajar a Xinjiang ante las “preocupantes” denuncias que llegaban sobre los campos de reeducación. Desde entonces China extendió reiteradas invitaciones con la única condición de que la misma se hiciera sin “prejuicios” ni “fines políticos”. 

EEUU, el primero en acusar a China de “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” contra la minoría turco musulmana uigur, fue también quién lideró las críticas a Bachelet que precedieron su misión.

 Estamos “profundamente preocupados por la próxima visita de la alta comisionada”, declaró el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, apenas confirmada las fechas del viaje. 

"No esperamos que la República Popular China otorgue el acceso necesario para realizar una evaluación completa y sin manipulación del entorno de los derechos humanos en Xinjiang", dijo Price.

 La llegada de la exjefe de Estado fue precedida por un equipo de cinco funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) con el objetivo de verificar si existían las condiciones para un "acceso sin vigilancia a un amplio número de actores de la sociedad civil y lugares, así como interacciones con funcionarios de alto nivel”. 

No obstante el dictamen favorable de la misión preparatoria, Human Rights Watch (HRW) se sumó a las críticas de Estados Unidos, y consideró "poco creíble" que el gobierno chino permita a Bachelet "ver todo lo que no quiere que vea, o que permita a los defensores de derechos humanos [...] hablarle sin vigilancia y sin temor a represalias”. 

"El legado de Bachelet se juzgará por su voluntad a la hora de hacer que un Estado poderoso responda por sus crímenes contra la humanidad", advirtió Sophie Richardson, directora de HRW para China 

“Un grupo de ONG lideradas por Human Rights Watch, en sintonía con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha dirigido una sucesión de ataques concertados en contra de la alta comisionada, intentando poner en duda su objetividad e imparcialidad”, denunció en un comunicado oficial la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos Aldhu, con la firma de su secretario general, el chileno Juan de Dios Parra. 

“Aldhu respalda absoluta e irrestrictamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Repudiamos los ataques y presiones que la diplomacia norteamericana y sus aliados intenta hacer sobre ella, con el propósito de incidir en el informe que emitirá, una vez concluida su visita a la República popular China”, concluye la declaración de la institución con sede en Quito y que entre sus representantes cuenta con expresidentes, premios Nobel de la paz, legisladores y personalidades de todos los países de la región. 

El valor de mi misión, subrayó Bachelet, que aclaró que “no era una investigación”, ha estado en la posibilidad de abordar la situación de los derechos humanos en Xinjiang y el resto de China con las máximas autoridades del país. 

Durante su estadía, la jefa de los derechos humanos de la ONU, cuyo mandato vence el próximo mes de setiembre, mantuvo una videoconferencia con el presidente Xi Jinping y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en Guangzhou. 

Según informó a los periodistas, pudo entablar conversaciones con personas de diferentes sectores, incluidos altos funcionarios de Xinjiang, representantes de las minorías étnicas locales, académicos, líderes religiosos, y además visitó una prisión para hablar con los reclusos, así como antiguos centros de educación y formación profesional donde se entrevistó con exalumnos. 

Todas las reuniones con personas en la región de Xinjiang fueron "sin supervisión" a las fuentes con las que la ONU había previsto y “organizadas por nosotros”, acotó Bachelet. 

Ante la campaña considerada un instrumento para liquidar la identidad cultural de las minorías étnicas, China siempre ha sostenido que su programa de centros de reeducación y otras políticas hacia los uigures en Xinjiang es necesario para combatir el terrorismo y el extremismo, después de una serie de atentados en la primera mitad de la década pasada perpetrados por el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, el cual es sindicado por la ONU como un grupo terrorista. 

“He planteado preguntas y preocupaciones sobre la aplicación de medidas antiterroristas y de desradicalización” y “particularmente el impacto en los derechos de los uigures y otras minorías musulmanas”, agregó Bachelet, quien padeció cárcel y torturas durante la dictadura del general Pinochet. 

Al mismo tiempo se congratuló con la República Popular por haber erradicado la pobreza extrema 10 años antes de la fecha prevista, la protección del derecho a la salud y los derechos sociales y económicos más amplios, su legislación para proteger los derechos de la mujer y su apoyo de la Agenda Multilateral 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a nivel nacional como internacional.

Comentando los resultados de la misión de las Naciones Unidas, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu, aseguró que la misma fue la oportunidad de observar y experimentar de primera mano el verdadero Xinjiang en medio de “muchas mentiras sensacionalistas contadas por ciertos países occidentales y elementos anti-China para cumplir con sus motivos de usar la región de Xinjiang para contener a China”. 

La evaluación de Washington -a una visita que exigió durante años a la Acnudh para que pudiera “ver con sus propios ojos” las violaciones a los derechos humanos en China- fue tan categórica como esperada. 

 “Nos preocupa que las condiciones que las autoridades impusieron en la visita no permitieron una evaluación completa e independiente del entorno de derechos humanos en la República Popular China, incluso en Xinjiang, donde continúan el genocidio y los crímenes contra la humanidad», consignó un comunicado del Departamento de Estado firmado por Blinken. 

Durante la videoconferencia Xi Jinping prometió a Bachelet que su país continuará "promoviendo la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, y mantendremos el orden y la justicia social. El pueblo chino disfruta hoy de más y más derechos democráticos, y los derechos humanos de los chinos tienen unas garantías sin precedentes”. 

"Pero lo que no es para nada necesario son los 'profesores' arrogantes con otros países, y mucho menos que se politicen estos asuntos", dijo el líder chino en velada referencia a Estados Unidos. 

Para Bachelet, que consideró que “las reuniones con el presidente Xi y altos funcionarios han sido valiosas para abordar directamente cuestiones sobre derechos humanos y preocupaciones en China y globales”, ese tipo de “profesores” tampoco sería necesario.


Fuente: Caras y caretas

sábado, 29 de mayo de 2021

Bachelet urge a las autoridades nicaragüenses a modificar la reciente ley electoral mediante un proceso inclusivo

 La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa su inquietud frente a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, al considerar que el país se aleja de que sean “libres y legítimas”, dadas las recientes medidas adoptadas por las autoridades contra los partidos políticos, los candidatos y los periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático.

#NicaraguaElecciones #DerechosHumanos #Democracia #ONU



La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su profunda preocupación por la reciente aprobación en Nicaragua de una reforma electoral que ignora las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional, al no incorporar salvaguardas que garanticen la imparcialidad de las autoridades electorales.

Según Marta Hurtado, las enmiendas electorales se aprobaron el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional nicaragüense, afín al partido gobernante, y también contienen disposiciones que no se ajustan a las normas de derechos humanos, como las restricciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de participación política.

En el contexto de la reforma electoral, la vocera comentó que durante las últimas semanas las autoridades nicaragüenses ya disolvieron dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas y estándares internacionales, y sin garantías procesales.

El Consejo de Derechos Humanos encargó el pasado mes de febrero a la Oficina que vigilara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua.


El caso de Cristina Chamorro

Las autoridades del país centroamericano anunciaron el 19 de mayo la apertura de una investigación contra una de las principales precandidatas a la presidencia, Cristina Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La investigación se fundamenta en la ley "Contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada en julio de 2018”.

Según la portavoz, la ley es de amplia aplicación y suscita la preocupación general de que pueda utilizarse para silenciar la disidencia.

Las acusaciones contra Chamorro incluyen un supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales, por lo que enfrenta la posibilidad de una condena penal o de su inhabilitación como candidata.

Durante la última semana fue citado a declarar en esta causa abierta el personal de doce medios de comunicación independientes, mientras que el 20 de mayo la policía registró las oficinas del Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristina. Los agentes incautaron diversos materiales y detuvieron temporalmente a un camarógrafo.

La portavoz explicó que la Policía Nacional también ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de otros líderes de la oposición.

“En estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y el inicio de investigaciones penales que podrían llevar a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, sin el debido proceso, no sólo socavan el derecho a presentarse a las elecciones de los aspirantes, sino también el derecho de los votantes a elegir a los candidatos de su preferencia”, destacó. 

Añadió que el “continuo acoso” al que son sometidos los medios de comunicación independientes “coarta el derecho a la libertad de expresión y mina el derecho de los ciudadanos a estar informados”, un aspecto “crucial en cualquier democracia y en todo momento, pero que es de vital importancia durante un periodo electoral”.

El acoso a miembros de la oposición y periodistas debe finalizar

La aprobación de esta nueva ley electoral es la última de una serie de ordenanzas adoptadas por la Asamblea Nacional que limitan “innecesariamente y de forma desproporcionada los derechos humanos”, sobre todo de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los periodistas y los líderes políticos y sociales.

“Pedimos al gobierno nicaragüense que cese el acoso -incluido el judicial- a miembros de la oposición y periodistas”, solicitó Hurtado.

Del mismo modo, llamó a las autoridades a garantizar el pleno respeto de las libertades de información y expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante un proceso electoral.

“Por lo tanto, instamos a las autoridades a modificar la ley electoral mediante un proceso inclusivo y participativo. La Oficina está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación restrictiva que atenta contra los derechos humanos a fin de cumplir con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, finalizó la vocera.