Con total estupor se presentaba en redes sociales y prensa en general, las grotescas imágenes de un Defensor del Pueblo que, evidentemente intoxicado, sacudía y golpeaba a una mujer que pocas horas más tarde lo denunciaba por agresión sexual. En Sucumbios se publicaba la noticia de un capitán de la Policía Nacional que era condenado a 19 años de privación de libertad por el delito de violación a una compañera de trabajo; otro oficial en el Tena era denunciado por una oficial subalterna, que igualmente refería acoso sexual que motivó una acción disiciplinaria y posteriormente la sanción impuesta fue levantada por vía judicial. Denuncias de agresiones y violencia discriminitiva en contra de oficiales superiores, mujeres y madres de familia, en la ciudad de Manta, que nunca fueron realmente investigadas y que, sin embargo, las denunciantes fueron separadas de sus hijos para cumplir con pases fuera de la provincia donde residían, precisamente para acallar sus reclamos formalizados que daban cuenta del hostigamiento y acoso laboral.
En medio de estos execrables hechos, una luz surgió cuando por inciativa del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se publicó el Acuerdo Ministerial 104, cuyo objetivo es "Fortalecer el enfoque de igualdad de género en la Policía Nacional del Ecuador"; reconociendo la inequidad existente y el alto grado de deserción de las mujeres policías por diferentes factores, siendo tal vez los más importantes aquellos que resultan de la necesidad de la defensa y cuidado de su familia, que se ve afectada por horarios de trabajo desproporcionados, estrés laboral, pases o traslados injustificados, condiciones de desempeño laboral y exposión sin los medios necesarios de mitigación a factores de riesgo biológicos, de salud, psicológicos y general sin el cumplimiento de condiciones míninas de respeto de derechos fundamentales. Cabe relievar entonces que, siendonuna madre trabajadora el eje de un hogar, al ser trasladada fuera de su lugar de residencia sin un tiempo mínimo de preparación para dicho cambio, se afecta y vulnera el derecho de sus hijos; se deshacen hogares y fomenta todas las consecuencias subsecuentes, que van desde el bajo rendimiento laboral hasta intentos autolíticos que son más comunes de los que se podría pensar.
La violencia que se acalla dentro de las paredes de los cuarteles policiales y militares poca veces sale a la luz pública; y generalmente se aplican conceptos de estigmatización y revictimización continuos que hacen que las agredidas mantengan sus "problemas" en el silencio de esas mismas paredes, que todo lo ven pero saben guardar el secreto.
Aún ahora cuando la Policía tiene su primera Comandante General que ha embanderado la necesidad de la defensa e igualdad dentro de la institución policial; y que, precisamente a su salida pasarán 10 años para que una nueva mujer pueda aspirar al mismo cargo y grado, es que se hace necesario dilucidar que es lo que realmente viven las mujeres en las instituciones garantes de derechos, que en muchos casos son estas instituciones las que precisamente silencian a quienes los reclaman.
Es necesario, como lo establece el Acuerdo Ministerial 104, aceptar la verdadera problemática interna que existe en éstas instituciones. En estas se encuentran historias de valientes mujeres cuya abnegación y vocación son realmente sublimes. Aquellas que han marcado la pauta para las generaciones que siguen, cumpliendo funciones y ejecutando acciones que siempre fueron consideradas privativas de un pequeño y selecto grupo de hombres en actividades como el paracaidismo, el buceo, la conducción de aeronaves de patrullaje y militares especializadas. En general aquellas excelsas mujeres que han dejado una huella imperecedera para un verdadero cambio de rumbo en la sociedad; todas ellas, han vivido historias dificiles de contar. Esto nos debería hacer pensar qué sucede en las demás instituciones del Estado; qué nos está pasando como sociedad, cuando se acepta y tolera una agresión sexual y peor aún se la justifica. ¿Qué podemos esperar como país si esto sucede al interior de las entidades garantes de derechos?
El Ecuador inicia en pocos días una profunda transformación de estructuras que cambian catorce años de una tendencia que generó muchos sismas internos en las instituciones uniformadas. De acciones que posicionaron, además, aberraciones jurídicas que poco a poco demostrarán su incompatibilidad con la realidad nacional. De la expedición de leyes que transformaron a las entidades del Estado en verdaderos servicio de guardianía por la pérdida de su autonomía operativa.
Observar agentes civiles de tránsito con boinas y en ceremonias de corte militar luciendo sus flamantes uniformes camufluje con armas de fuego, no hacen sino evidenciar la falta de una verdadera coherencia en la formación de sus miembros y la compresión de su razón de ser. A ello se debe sumar el dispendio de recursos públicos y la deformación del talento humano que cada institución requiere en el cumplimiento de su misión específica.
Estamos frente a un país que enfrenta una violencia sistémica muy preocupante, sumado a un incremento desproporcionado de las más diversas formas delictivas, que no se reprimen solo con el accionar policial o con llenar las bodegas humanas a las que se les considera Centros de Rehabilitación. El nuevo gobierno requiere de profesionales que entiendan del manejo holísitico de la problemática social. Cambios que se debe realizar entendiendo que los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos se deben cumplir por igual en todas las instituciones del Estado.
Este nuevo gobierno debe tener una política de cero tolerancia a los abusos y desigualdades del poder; que no se pueden permitir procesos de calificación o ascenso discriminatorios; designaciones no por meritocracia o respeto al esfuerzo demostrado sino a la proximidad al efímero poder de turno. Es hora de entender que el verdadero cambio de las estructuras de un país nace de la justicia social bien entendida, considerando que la verdadera convivencia se genera cuando existe tolerancia, respeto, objetividad y motivación en las acciones de las autoridades, pero sobre todo rompiendo el miedo del silencio y exponiendo a quienes deben ser expuestos en sus abusos y aberraciones.
Hugo Marcelo Espín. Abogado de profesión, especialista en derecho procesal penal, litigante activo por 20 años.- Actualmente gerente general del Estudio Legal International Advisors C.A. y procurador judicial del Secretario de la ALDHU en Ecuador)
Fuente: Plan V
