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miércoles, 31 de julio de 2019

En riesgo libertad de expresión y la ley garrote Mexicana

Recientes acciones tomadas por gobiernos en distintos estados de México ponen en riesgo la libertad de expresión y de reunión en el país y podrían ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos, afirmó hoy Amnistía Internacional.
En el estado de Tabasco, diputados locales aprobaron una reforma que criminaliza las manifestaciones públicas. La reforma establece prolongados periodos de prisión como pena por actos que busquen oponerse a algún proyecto u obra pública o privada y también por realizar cierres de calles y otras vías de comunicación.


El Congreso del estado de Tabasco aprobó el lunes una reforma al código penal estatal por la que se podrían imponer penas de hasta 20 años de cárcel por impedir la ejecución de obras públicas mediante protestas o manifestaciones.

El texto de la normativa de esta entidad del sureste de México dice que se sancionará de 6 a 13 años de prisión a quienes impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, según un comunicado del Congreso estatal. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.

“La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización considera que la restricción está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto a proyectos aprobados por el gobierno.
Este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.
Desde 2016, el gobierno federal ha usado ese tipo de delito para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
Por otro lado, el pasado viernes 26 de julio, estudiantes y otras personas que se manifestaron en el estado de Jalisco en contra de un anunciado aumento al costo del transporte público, reportaron la intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por parte de agentes de policía. Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación.
“Estas acciones muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.


martes, 30 de julio de 2019

El procurador de Derechos Humanos de Guatemala presenta un amparo contra el acuerdo con EE UU


El recurso se suma a otros presentados este fin de semana para frenar el pacto que convierte a la nación centroamericana en "tercer país seguro"



El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, elevó este lunes ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para frenar el pacto firmado el viernes entre el Gobierno de Donald Trump y el de Jimmy Morales. Según lo acordado, los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en el país centroamericano y, al haber pasado por este antes, se les canalizará de nuevo a suelo guatemalteco. Una fórmula que, en la jerga política diplomática, implica convertir a Guatemala en "tercer país seguro".
Además, hay una petición para que el Gobierno de guatemalteco garantice a la población el derecho a manifestar su desacuerdo libremente, y solicita la destitución del titular de Gobernación, Enrique Degenhart. El amparo de Rodas se suma a otros promovidos el pasado fin de semana por el abogado Marco Vinicio Mejía y Acción Ciudadana, la división guatemalteca de Amnistía Internacional, que también califican el acuerdo como ilegal.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala presenta un amparo contra el acuerdo con EE UU Guatemala cede a las amenazas de Trump y acepta recibir más refugiados
El pacto migratorio con EE UU pone a prueba la capacidad de Guatemala
El procurador Rodas subraya que “los acuerdos firmados bajo amenazas no surten efectos legales”, en alusión a los tuits en los que Trump amenazaba con aranceles a Guatemala y con prohibir el ingreso de sus ciudadanos a territorio estadounidense, algo que puso en alerta a los poderes económicos del país, que cerraron filas en torno a Morales ante la posibilidad de que se cerrase su principal mercado, destino de algo más del 40% de las exportaciones guatemaltecas.
En grandes sectores de la población guatemalteca se ha establecido un consenso en torno a la idea de que cuando el país ni siquiera tiene capacidad de garantizar a la ciudadanía derechos tan elementales como educación, salud, nutrición y vivienda, resultará muy complejo brindar un mínimo a quienes buscan refugio en la primera potencia mundial.
Las estadísticas oficiales respaldan este sentimiento: Guatemala tiene una de las cifras de mortalidad infantil más altas del continente, con 24,8 muertes de bebés por cada 1.000 nacidos vivos y uno de los índices de desnutrición infantil crónica más altos del mundo: 46,9 menores de cinco años la sufren. En vivienda las cosas no están mucho mejor: una de las proyecciones más recientes sitúa el déficit habitacional en 1,8 millones para 2013, una cifra al alza debido a los altos índices de natalidad. El empleo también ofrece cifras de espanto: el 65,8% de la población en edad de trabajar sobrevive en la economía sumergida, cifra que se eleva al 80,3% entre la población campesina de origen maya.
Con todo, la posibilidad real de que las acciones promovidas en contra de convertir a Guatemala en "tercer país seguro", tienen, según el sociólogo Gustavo Berganza, pocas posibilidades de salir adelante. Señala que la débil institucionalidad hará muy difícil resistir las enormes presiones de la patronal y los poderes fácticos, a los que se ha sumado la Embajada de Estados Unidos. “Lo veo muy difícil”, dice a EL PAÍS.
En el otro plato de la balanza está la presidenta de la Fundación Mirna Mack, Hellen Mack, que se muestra esperanzada de que el acuerdo pueda quedar sin efecto. “Le veo muchas posibilidades”, afirma, pero puntualiza que “la clave está en el Ministerio Público, en que la fiscal general cumpla con su deber”. Mack recuerda que en EE UU también hay congresistas que apuntan que el acuerdo viola la legislación del país norteamericano.
En conversación telefónica con este diario, Jordán Rodas dice confiar plenamente en que la Corte de Constitucionalidad falle conforme a derecho. “El acuerdo no solo contradice la Constitución guatemalteca, sino la convención de Viena. Eso lo hace nulo. Reitero mi confianza en que resuelva en derecho y sin presiones”, cierra.


jueves, 25 de julio de 2019

El pacto migratorio trajo militarización y atropellos: CIDH



Ciudad de México. Las medidas en materia migratoria y de asilo adoptadas de manera conjunta por México y Estados Unidos están teniendo impactos directos en los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; los exponen a riesgos como secuestros, extorsiones y otros abusos, y limitan su derecho a la protección inter-nacional, censuró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un extenso pronunciamiento dado a conocer ayer en su sede en Washington, el organismo internacional criticó duramente las políticas en la materia adoptadas recientemente por los gobiernos de la región, en particular el acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos el 7 de junio, a partir de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
Expresó su preocupación por la extrema seguridad, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos que atienden a ese sector.
La comisión hizo un llamado urgente a los gobiernos de la región a respetar y garantizar los derechos de migrantes y refugiados, así como de los defensores de sus garantías.
Complejidades y desafíos
En cuanto a la magnitud del fenómeno, la CIDH remarcó que el informe Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2018 del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes de asilo y 72 mil 229 refugiados de los países de Centroamérica a escala mundial, y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.
Destacó que a partir de la implementación unilateral del programa Quédate en México, Estados Unidos ha devuelto a territorio mexicano a más de 10 mil personas para que esperen mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo.
El organismo internacional agregó que ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de las cuales cerca de 18 mil 778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para presentar su solicitud.
La comisión observa que estas políticas son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica.
La CIDH solicitó a los países de Norte y Centroamérica adoptar medidas urgentes e integrales con el fin de garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional.
Otro aspecto que preocupa a la CIDH son los casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, por el cual los padres y/o madres permanecen en territorio mexicano mientras sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos.
Motivo de alerta también, señaló, son las nuevas normas en materia de asilo anunciadas por Estados Unidos el 15 de julio, mediante las cuales impedirá que muchos migrantes soliciten esa protección, lo cual violenta el derecho internacional.
Asimismo, la CIDH tiene información acerca de que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños, niñas y adolescentes.
Además, el 2 de julio la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones insalubres en los centros de detención de migrantes.

El plan integral es positivo

Sobre el plan del gobierno mexicano para el Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado el 20 de mayo, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CIDH consideró positivo que se implementen medidas para abordar las causas estructurales de la migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen.
Fuente: La Jornada

miércoles, 24 de julio de 2019

Carta a la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU Michelle Bachelet por militarización del territorio ancestral mapuche


Existe actualmente una proceso de militarización en la Araucanía, es por este motivo que el pueblo Mapuche estarían buscando soluciones al conflicto. El los últimos meses el incidente de mayor connotación pública fue el pasado día 14 de noviembre, en la comunidad de Temucuicui. Allí, Carabineros, a través de su grupo especial llamado “Comando Jungla”, realizó un operativo el cual acabó con la muerte de Camilo Catrillanca. 
El ministro de interior, el General Hermes Soto y Sebastián Piñera (presidente de la república) salieron a defender el actuar del comando.
Comando Jungla fue un proyecto presentado por el actual presidente, Sebastían Piñera, que se trataba de un equipo especial encargado de reforzar la seguridad en la Araucanía. El equipo de fuerzas especiales fue entrenado en Colombia y en EEUU.

Los policías presentaron una versión en que habría existido un fuego cruzado y en su defensa habrían disparado a los agresores.  Presentaron ocho fotografías de los daños ocasionados en la balacera. Sin embargo, el Sargento Ávila destruyó toda la declaración, admitiendo la existencia de las cámaras de grabación (el 21 de diciembre). Sin embargo las tarjetas de las cámaras habrían sido destruidas. La investigación estaría cercana a ser cerrada.(más información)

Debido a la militarización de la Araucanía, una delegación Mapuche compuesta por Marcelo Catrillanca, Galvarino, Reiman, Jose Santos Millao, Ana Llao, Eduardo Cayupe, Nelson Treumun Isabel Cheuquehuala, entregaron formalmente la invitación a Alta Comisionada para los DDHH de ONU, para que visite la militarización del Wallmapuche o Territorio Mapuche.

De esta catra, Aucan Huilcaman Paillama ingresará Copia de la carta el día Viernes 19 Julio 2019 en Oficina Naciones Unidas en Ginebra Suiza.


Señora
MICHELLE BACHELET JERIA
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas
Presente.
 
De nuestra mayor consideración.

Los abajo firmantes, todos dirigentes del Pueblo Mapuche agrupados en la Convergencia de la Comunidad Mapuche de Temucuicui, nos dirigimos respetuosamente a Usted y extendemos la presente invitación para que arribe al Wallmapuche o Territorio Mapuche.

Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, recordamos que a raíz de las múltiples tensiones y controversias en las relaciones institucionales entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno, durante las dos últimas décadas hemos tenido la visita de dos Relatores Especiales sobre derechos y libertades de los Pueblos Indígenas, asimismo, el Relator Especial sobre la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales en la Lucha en contra del Terrorismo. Así como el examen del Comité internacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité Internacional del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité Internacional Contra la Tortura. Tanto, los Relatores Especiales de Naciones Unidas y los Órganos de Protección a los derechos humanos, han recomendado un centenar de medidas para subsanar dicha situación.

Sin embargo, ningún gobierno pos-dictadura militar han implementado esas valiosas y significativas recomendaciones de la comunidad internacional.

Ponemos en conocimiento a Usted que, los Mapuche en el pasado fuimos víctimas de una invasión militar por parte del Estado Chileno, cuyo hecho se conoció como la “Pacificación de la Araucanía”, en donde se cometió el Crimen de Genocidio en contra del Pueblo Mapuche, así como el despojo, confiscación y toma del territorio y sus recursos mediante la violencia militar y como consecuencia de la domesticación y el colonialismo se dañó nuestra cultura en los aspectos tangibles e intangibles.
Por lo mismo, subrayamos que, todos estos hechos constituyen las causas de las tensiones y controversias en la actualidad y claman urgentemente una rectificación basado en la verdad, la justicia y la reparación al daño causado al Pueblo Mapuche como principio superior de los derechos humanos y un compromiso con la paz.

En el último tiempo y a modo de graficar la violencia institucional del Estado Chileno en contra del Pueblo Mapuche y sus derechos, el propio presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique instauró un grupo de carabineros de alta especialización en el ámbito represivo y opresivo denominado “Comando Jungla” y de esta manera omitir la responsabilidad del Estado Chileno en la situación Mapuche y soslayar el diálogo para la búsqueda de un entendimiento aceptable entre Mapuche y no Mapuche desde el Rio Bio Bio al sur.

Paralelamente a lo anterior, se desarrolló la denominada “Operación Huracán”, en donde operaron todas las instituciones del Estado Chileno en contra de los Mapuche, tanto Carabineros, la Fiscalía del Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y se actuó premeditadamente de parte de las autoridades políticas del gobierno chileno para inculpar a personas inocentes de delitos de alta connotación y de ésta manera intentar desacreditar y ensuciar la legítima causa Mapuche que se sustenta en los derechos imprescriptibles e irrenunciables al derecho al territorio y sus recursos, el derecho a la libre determinación Mapuche y el derecho a vivir en Paz.
El caso ejemplar de la militarización, la violencia estatal y sus consecuencias, fue la ejecución de Camilo Catrillanca por parte de carabineros de Chile, en donde se puso de relieve la doctrina de los montajes.

Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, teniendo en cuenta que el proceso de militarización en el Wallmapuche se ha intensificado y por lo mismo, constituye una amenaza permanente al derecho de vivir en Paz y no existiendo mecanismo de diálogo de buena fe, así como la inculpación de personas inocentes que se encuentran privados de libertad en diversas cárceles del país y en vista que el Estado Chileno mantiene la doctrina de la negación del Pueblo Mapuche y sus derechos.

Por tanto,

Invitamos a usted para que realice una visita en el marco de su mandato de observancia internacional sobre las violaciones a los derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche y elabore un informe y adopte recomendaciones basadas en la “verdad”, la “justicia” y la “reparación al daño causado”.

Atentamente.

Marcelo Catrillanca Queipul
Nelson Treumun Millavil
Rogelio Nahuel Llauquen
Ana Llao Llao
Maria Catrileo Painemilla
Eduardo Callupe Rain
Aucan Huilcaman Paillama
COMISIÓN POLÍTICA XAWVN DE TEMUCUICUI

Fuente:Radio Nuevo Mundo.

martes, 23 de julio de 2019

México recibe apoyo de América Latina para ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU, dice gobierno


MEXICO, 22 jul (Xinhua) -- México es candidato para formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al recibir el apoyo de todos los países de América Latina y el Caribe, que suman 33 votos, informó el gobierno mexicano.
La elección se va a llevar a cabo el año próximo y "estoy muy satisfecho con esta noticia", sostuvo hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de un vídeo difundido en redes sociales.
México recibió el aval de todos los países de América Latina y el Caribe, para ser candidato al Consejo de Seguridad de la ONU.
"Ahora México va a buscar formar parte de este Consejo, ya se inició bien, con el apoyo, repito unánime con los 33 países de América Latina y El Caribe", expresó.
Acompañado por el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, López Obrador agradeció la confianza de los embajadores, de los presidentes y jefes de Estado de América Latina y el Caribe por su respaldo, al tiempo que solicitó a jefes de Estado, presidentes y primeros ministros de otras naciones su apoyo a México para que éste los represente "con la dignidad que se requiere en el desempeño de este cargo".
Aseguró que México va a mantener los principios de su política exterior de "no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos".
En el proceso de convencimiento de otros países, la diplomacia mexicana utilizará la frase de uno de sus expresidentes, Benito Juárez (1858-1872), que reza "entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", consignó López Obrador.
A su decir, dijo que México tiene amplias posibilidades de llegar al Consejo de Seguridad gracias a haber obtenido "el endose" de toda la región.


Fuente: Sputnik, Xihuanet

lunes, 22 de julio de 2019

Crisis en Nicaragua: Daniel Ortega descartó volver a un diálogo con la oposición y reiteró que las elecciones serán en 2021


El mandatario nicaragüense desestimó la demanda opositora de adelantar los comicios y celebró el "primer aniversario del triunfo contra el golpismo", en alusión a las protestas civiles que comenzaron en abril de 2018 y que fueron duramente reprimidas hasta dejar más de 300 muertos.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó este viernes volver a la mesa de diálogo e insistió en celebrar elecciones en 2021, desoyendo lo que reclama la oposición para resolver la crisis política que mantiene en vilo al país.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, y con la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodriguez, en un acto por el 40° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua el 19 de julio de 2019 (Foto: INTI OCON / AFP)

"El único diálogo que tiene cabida en las actuales circunstancias" es con campesinos, obreros y gremios productivos "dispuestos a trabajar" para lograr el desarrollo económico y social, dijo Ortega ante miles de seguidores durante el acto por el 40 aniversario de la Revolución de 1979.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) emplazó al gobierno esta semana a reanudar las negociaciones para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones económicas y sociales en el país.
Las conversaciones están paralizadas desde el 16 de mayo, cuando la ACJD decidió retirarse en protesta por la muerte a tiros de un opositor, en circunstancias confusas dentro de una prisión.
Ortega desestimó la demanda de la oposición de adelantar las elecciones de 2021 y propuso hacer reformas y ajustes a la ley electoral dentro de lo establecido en la Constitución "para que nadie diga que le robamos las elecciones".
Listo para ganar las elecciones
El mandatario, de 73 años, manifestó que su partido "está listo para ganar las elecciones"
Las protestas que estallaron en abril del 2018 contra una reforma del seguro social derivaron en una demanda para la salida de Ortega del poder y, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos, 2000 heridos y 62.500 exiliados.
El 19 de julio, también es el "primer aniversario del triunfo contra el golpismo", dijo Ortega en medio de aplausos de sus seguidores, para referirse a los operativos que opositores llamaron "operación limpieza" en los que fuerzas policiales y simpatizantes quitaron los llamados "tranques" o bloqueo de vías colocados por manifestantes durante las protestas.
El mandatario criticó además las sanciones económicas de Estados Unidos, sin citar expresamente a ese país, que se han aplicado contra al menos una decena de funcionarios de su administración, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
"No podemos admitir sanciones (…) ningún Estado puede sancionar a otro, el que lo hace está cometiendo un delito de orden internacional" y son los pueblos los que sufren, alegó el también líder sandinista.

Fuente Infobae.com


viernes, 19 de julio de 2019

Corte interamericana de Derechos Humanos ordena protección en Nicaragua.



El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió hoy a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente al personal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos  y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para evitar daños personales irreparables, dados los hostigamientos, amenazas y agresiones sufridas.
Daniel Ortega, actual Presidente de Nicaragua y
líder del partido Frente de Liberación Nacional Sandinista
El 27 de Junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya aportó y remitió las pruebas de las amenazas recibidas, dada la gravedad de las pruebas aportadas, el Presidente, considera que concurren suficientes elementos para determinar que se trata de una situación de extrema gravedad. El estado tiene el deber de proteger a los trabajadores y adoptar medidas para que sea posible desarrollar libremente su función (artículo 63.2 de Convención Americana).
Según expresó en su informe la relatora de CIDH para Nicaragua Antonia Urrejola, el país está en medio de una crisis de Derechos Humanos, principalmente después de las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018. Tras las protestas se presentó “una respuesta estatal represiva, sistemática y grave contra la población”. Dese hace tres años que representantes de Ortega no participan en audiencias públicas de la CIDH y desde diciembre pasado no ha existido escrutinio internacional en el terreno.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, subrayó la importancia del trabajo realizado por la CIDH y el respeto que se debería dar a sus trabajadores, cuyo trabajo no es otro que proteger a la población frente a posibles abusos. “Proteger a la población debería ser la primera preocupación de cualquier Estado y los Derechos Humanos son esenciales para la población”.


jueves, 18 de julio de 2019


PROCESOS DE MIGRACIÓN

Toda migración es diferente y tiene diferentes variables que influyen en él.  Bhugra (2000) hizo un esquema de este proceso a lo largo de tres etapas que marcaran el desenlace exitoso de la migración.



Podemos comprobar que según Bhugra (2000) este proceso constaría de tres etapas y que cada una tiene unos factores que podrían actuar como variables predisponientes para tener un trastorno mental.
En la Pre-migración la persona decide migrar y realizaría la preparación del viaje. La segunda etapa implicaría el proceso de migrar en sí mismo. En la tercera etapa sería cuando las personas se encuentran en un nuevo marco social y cultural de modo que deben aprender nuevos roles y maneras de comportarse.
Esta adaptación vendrá matizada por variables que influirán en el proceso de adaptación a la nueva locación; estas variables fueron divididas por Bhugra en factores de vulnerabilidad, personales y relacionales.
Los factores de vulnerabilidad serían aquellos propios del individuo que pueden desencadenar en algún trastorno psiquiátrico (p.e. Ánimo depresivo, compulsividad, etc.). Algunas variables que tendrían que ver con estas podrían ser la resiliencia del individuo al aceptar los duelos de la migración, la capacidad de adaptarse al choque cultural y todas aquellas que tengan en común el carácter de la persona.
Los factores relacionales serían aquellas variables contextuales que pueden influir en la adaptación al lugar de migración.
Los factores personales serían aquellos que forman parte de la propia personalidad del migrante y del grupo migratorio.
Esta es una primera visión de la migración. Hay diferentes teorías sobre este fenómeno que se irán introduciendo a lo largo del texto.
En la post-migración, durante en el proceso de adaptación al entorno el migrante puede desarrollar diferentes formas de adaptación dependiendo de su predisposición o posibilidades de contacto con otras culturas y de si mantiene o no la cultura de origen. 
Desde el punto de vista del migrante la pregunta sería “¿Cómo lo vamos a hacer frente a estos dos temas?”


Las respuestas a la pregunta serían:

  • En la integración habría una conservación de aspectos culturales propios a la vez que se incorporarían aspectos de la nueva cultura por parte del grupo migrante.
  • En la separación habría un rechazo de la nueva cultura y una  intensificación de la identidad con la cultura de origen.
  • En la asimilación habría un abandono de la cultura propia en pro de la adopción de aspectos de la cultura dominante en la sociedad de acogida.
  • En la marginalidad habría un alejamiento tanto de la cultura propia como de la cultura de acogida.

Cada migrante y la situación en que se encuentra resultarían en una de estas situaciones.
Los modelos explicativos  clásicos de la migración
Modelo de modernización (años 60 y 70): Se desarrolló durante la transición del campo a la ciudad. En ella se atribuyó un papel fundamental a las decisiones racionales de los migrantes. Ellos evaluarían los costos y los beneficios y luego tomarían la decisión de migrar.
El modelo de la dependencia: se basa en teorías de pensamiento neomarxista de los años 60 y entiende que el sistema capitalista tiende a empobrecer a ciertas zonas desde donde se crearía una migración que aceptaría bajos salarios y condiciones de explotación laboral.
Posteriormente, y con más aceptación, apareció el modelo push and pull (expulsión –atracción). Para este modelo las migraciones serían básicamente el resultado de la pobreza y del atraso, aunque tiene en cuenta otros factores. Este modelo toma elementos de ambos modelos anteriores. Entiende que hay factores “push” que empujan a los migrantes a dejar su país de origen (recesión económica, pobreza, guerras,…) y otros “pull” que llaman a los migrantes a determinados países (salarios, estabilidad económica, etc.)
Estos modelos tienen limitaciones que han provocado la búsqueda de nuevas explicaciones. Eso se ha hecho mediante encuestas y estudios etnográficos. Así se han encontrado otros factores como un carácter autosostenido  y autoalimentado que se perpetúa a sí misma con cierta independencia de las condiciones tanto de la sociedad receptora como de la emisora (Martínez Veiga citado en Lacomba, 2001). Eso significa que independientemente de las circunstancias del país receptor y del país fuente de migración, la migración de personas podría continuar por otras circunstancias diferentes.
Actualmente resultaría inadecuado atribuir exclusivamente la migración a un factor económico; se podrían destacar otros como: “la presión demográfica, el deterioro de las condiciones de vida, la inestabilidad política, los problemas ecológicos, los factores culturales e  históricos, el influjo de los medios de comunicación…de forma aislada todos ellos presentan algún tipo de laguna  que invalida o limita su poder explicativo”(Lacomba, 2001)
Dadas las limitaciones presentadas por los diferentes modelos anteriores se originó un paradigma de las redes migratorias. Douglas Gurak y Fe Caces (citado en Lacomba, 2011) nos hablan de redes migratorias y sistemas de migración que actuarían como apoyo  y asistencia a la adaptación a corto plazo en el nuevo territorio. Así muchas de las migraciones serían más un proceso familiar/social que el fruto de una decisión unipersonal. Estas redes podrían ser explicadas en Chile mediante la ubicación de la población Boliviana en el país, ya que el 91% de esta se encuentra entre las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota; muy cerca de la frontera con Bolivia. En cambio, en el caso peruano, se encuentran en mayor cantidad en la capital y en menor medida en las fronteras (citado en Machín a partir de la encuesta del Casen 2009)
Así, aunque existen fronteras, la democratización de los medios de transporte y el desarrollo de la comunicación y la homogenización cultural hacen que vayamos hacia un nuevo concepto más dinámico de migración.
Otro punto de vista, dado por algunos autores, señala la conveniencia de que los ingresos familiares provengan de varios territorios. De este modo no dependerían tanto de la estabilidad de la economía, las condiciones de seguridad, etc. de un territorio y asegurarían su sustento.

MIGRANTES Y NO MIGRANTES

Como hemos visto, según la teoría de Berry (2001) hay diferentes maneras de adaptación de los migrantes al país de acogida (integración, asimilación, separación o marginación) dependiendo de si los migrantes mantienen o no la cultura de origen y de si mantienen o no contacto con las otras culturas. Ello tendrá consecuencias en las dos (o más) culturas que se encuentren; experimentado cambios en todas ellas (Berry, 1997; Bourhis, Moise, Perreault & Senecal, 1997 citado en Berry 2001). 

Sin embargo también es importante el modo en que la cultura dominante recibe a los migrantes. De este modo, según el punto de vista de la cultura dominante la pregunta sería: “¿Qué deben hacer con ellos?”

 
 Figura 3: Elaboración propia a partir de Berry (2001)

  
Esta sería una tercera dimensión en la que el grupo dominante decidiría qué hacer con la aculturación de las dos culturas.  Asimilación, cuando es escogida por el grupo dominante sería “melting pot” o olla de greda (y si se forzara sería una “olla a presión”). Cuando la separación es demandada y puesta en marcha por la cultura dominante, ello sería segregación. Cuando la marginación es impuesta desde el grupo dominante se llamaría exclusión (Bourgis et al,1997 citado en Berry, 2001). Para finalizar, cuando la integración es llevada a cabo por el grueso de la sociedad, se llamaría multiculturalismo (Berry, 2001)
Así pues, el resultado del encuentro entre dos culturas no dependerá sólo de los migrantes, sino que dependerá también de la cultura de acogida (Berry, 2001).
Las personas que tienen algún rasgo distintivo a la sociedad de acogida (p.ej. los tucos en Alemania) pueden experimentar algún tipo de prejuicio y discriminación y por lo tanto ser reacios a buscar la asimilación, evitando así no ser rechazados por la sociedad (Berry, Kim, Power, Young y Bujaki, 1989; Pointkowsky, Florack, Hoelker y Obdrzalek, 2000 citado en Berry, 2001)
Hay una doble dimensión en el concepto de identidad cultural en toda persona, la primera sería la pertenencia a un  grupo etnocultural o herencia y la segunda es la identificación con la cultura dominante (Berry, 2001) De este modo una persona podría ser Italiano – Australiano. Cuando las dos identidades son afirmadas se produce la integración y se puede producir también el multiculturalismo social.

PERFIL  DE LOS MIGRANTES

Como hemos visto, hay muchos motivos para migrar. El perfil resultante de los migrantes vendría determinado por los motivos de partida más los motivos de elección del país de acogida. Entre estos podríamos encontrar:
Guerra, pobreza, precariedad laboral, redes personales, bienestar, etc. Estos motivos pueden provocar que migre una familia completa o una persona sola en busca de una situación laboral mejor, para pasar una buena jubilación o estudiar. Es por ello que consideramos que no hay un tipo de migrante y que todos ellos tienen perfiles diferentes; sin embargo, sí que podríamos establecer semejanzas entre grupos de migrantes. Por ejemplo, según Achotegui (2008), los migrantes sufrirían síndromes de estrés crónico y múltiple (o el Síndrome de Ulises). Éste se reconocería por los siete duelos que sufriría el migrante:

1-            La familia y los amigos
2-            La lengua
3-            La cultura: costumbres, religión, valores.
4-            La tierra: paisajes, olores, luminosidad,…
5-            El estatus social: papeles, trabajo, posibilidades de ascenso social.
6-            Contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racismo.
7-            Los riesgos a la integridad física: viajes peligrosos, riesgo de expulsión, indefensión.

Estos siete duelos, según Achotegui, llevarían a los migrantes a sufrir más estrés dado que son muchas pérdidas que se conservan en el tiempo y de gran intensidad. Además no se tendría control sobre ellas y se deberían afrontar en una situación en que no existe apoyo social ni una misma cultura y hasta en algunos casos no existe la misma lengua. Estos duelos  serían parciales, ya que el objeto del duelo no desapareció, sino que sigue existiendo y se podría recuperar. Además, según él, este duelo llevaría a un cambio de identidad en el nuevo emplazamiento, muchas veces acompañado de una regresión (e indefensión).
También destaca Achotegui que este duelo no sólo afecta a la persona que migra sino a toda la familia que se queda en el país de origen; además, si el migrante vuelve a su país de origen puede también tener sentido de pérdida por el país que lo acogió. Añade también que este duelo puede ser intergeneracional.

El síndrome de Ulises  tendría la siguiente sintomatología:
En el área depresiva: llantos y tristeza
En el área de la ansiedad: tensión insomnio, pensamientos recurrentes e irritabilidad
En el área de la somatización: fatiga, cefaleas, dolores oculares,…
En el área confusional: aumentaría el cortisol lo que podría diagnosticarse como esquizofrenia.
Según  Achotegui el Síndrome de Ulises no sería un trastorno, sino que debería formar parte de la prevención sanitaria y psicosocial más que de un área de tratamiento o intervención. Así, sigue, los estresores que sufren los migrantes son una parte normal de la migración y cuando los migrantes regresan a su lugar de origen dejan de tener gran parte de los síntomas que les aquejaban. También destaca la importancia de la contención emocional y el apoyo psicoeducativo durante este período.
Sin embargo, otros autores sí han asociado el proceso migratorio con algunos trastornos de diferente índole:
Según un artículo de Martínez-Moneo y Martínez (2008), desde 1930 se estudia la detonación de un trastorno esquizofrénico por causa de la migración. Se ha visto que esto tiene lugar pero no se sabe descifrar aún las causas, entre las posibles estarían la desigualdad social, el racismo y la discriminación, actuando conjuntamente con la historia familiar de la persona.
La depresión también podría ser que se diera significativamente más en migrantes, sin embargo se infradiagnosticaría  por diferentes causas: latinoameria 
Causas infradiagnóstico de la depresión en Migrantes

La migración es un fenómeno global que afecta a millones de personas en todo el mundo. No existe un único tipo de migración, aunque nunca es fácil para las personas afectadas. Es por ello que es necesario mantener el cuidado y el respeto por todos los migrantes, para que sigan conservando sus derechos como personas durante todo ese difícil proceso.

Proyecto para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela



En sesión ordinaria celebrada en Washington de la Organización de Estados Americanos, Paraguay presentó un borrador del proyecto para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El proyecto fue respaldado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. El documento presentado expresa una condena firme a los abusos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas Además, expresa la necesidad de “exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente de la OEA que carece de acceso desde 2002. Por parte de los ocho países existiría
Foto de 2014 cuando expresidenta, actual Alta Comisionada para Venezuela
intervino en la OEA
















El documento plantea la realización de una investigación independiente que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos.
Aunque el régimen de Maduro se retiró de la OEA en abril, sigue sujeto a la jurisdicción de la CIDH. El segundo mandato de Mauro es desconocido por la OEA. La organización sí reconoce al emisario diplomático de Guaidó, Gustavo Tarre, quien presenció la sesión ocupando el escaño correspondiente a Venezuela. Tarre dijo que la meta es lograr que la resolución sea adoptada por consenso, lo cual haría innecesaria una votación nominal.
Al respecto Uruguay anunció que no participará en la discusión por estar presente la oposición venezolana. Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, mientras que Nicaragua no reconoce a Venezuela como miembro de la OEA, por lo que rechazó el proyecto.
Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de resolución.


miércoles, 17 de julio de 2019

Más de 250 presos políticos fueron torturados en Venezuela



La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia realizó la denuncia al respecto. En esa misma línea, el abogado e integrante de la ONG, Alonso Medina Roa, afirmó que los casos "han sido documentados y denunciados" ante "las sedes de los tribunales, bien sea militares o civiles", y en presencia de los jueces y representantes de la Fiscalía.
Los “presos políticos” encarcelados son tanto civiles como militares, desde la institución se espera que exista algún tipo de reacción por parte de los organismos internacionales, considerando que la inoperancia internacional se trata un silencio cómplice con el gobierno de Maduro.
Un ejemplo de esta práctica sería la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado estando bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Medina Roa, quien era su abogado defensor, ratificó que el cuerpo del militar fue enterrado por orden de la corte, constando en el acta de defunción que murió por "politraumatismos con objetos contundentes", aunque señaló que todavía no reciben el informe oficial del forense.

La abogada, de la organización Ana Leonor Acosta, también denunció que "los militares han sido brutalmente golpeados, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado", en entes como la Dgcim.
Mencionó, como ejemplo, el caso de Miguel Rodríguez Torres, quien, según sus familiares, cumple ocho días en huelga de hambre, pidiendo el acceso a sus abogados y parientes; y del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, que suma "más de dos meses incomunicado".
Durante la protesta, varias ONG presentaron una solicitud ante los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que verifique la situación en la que se encuentran los "presos políticos", y anunciaron una campaña informativa para que la sociedad conozca "la realidad" de Venezuela.
Además se realizarán actividades callejeras en los estados de Táchira (oeste), Yaracuy (centro), Bolívar (sur), Mérida (oeste) y Carabobo (centro).

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, declaró al respecto: “Deberíamos frenar la impunidad a la violación de los derechos humanos que existe en América Latina. Es en estos momentos cuando los gobiernos deberían entregar más apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, jefes de estado de como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay   se unen para cuestionar y desacatar resoluciones de este organismo, avalando la impunidad y debilitando el enjuiciamiento de los delitos contra los derechos humanos como las denunciados por la Alta Comisionada en Venezuela”.
Fuente: Infobae

martes, 16 de julio de 2019

31 mujeres asesinadas en Colombia a causa del liderazgo social.


31 mujeres han sido asesinadas en Colombia en los últimos dos años producto de su actividad como lideresas sociales, reveló un informe de la fundación Paz & Reconciliación (Pares). Según el documento, en este grupo se encuentran dos mujeres afrocolombianas, dos mujeres indígenas y una mujer perteneciente a la población LGBTI.
“La mayoría de estos casos se presentan en los departamentos de Cauca y Antioquia”, precisó Ariel Ávila, subdirector de la fundación Pares. Además, explicó a RCN Radio/LAFM que, desde el 24 de noviembre de 2016 (fecha en la que se firmó el acuerdo de paz con las Farc) hasta el 24 de junio de 2018, se contabilizaron más de 300 líderes sociales asesinados.
Pero a estos asesinatos se suman más de 500 victimizaciones "relacionadas con amenazas, atentados y secuestros", de las cuales -según Ávila- "más de 250 son amenazas y cerca de 160 asesinatos".
El informe evidencia que las lideresas sociales son víctimas de amenazas de muerte y violencia sexual, en su mayoría por actores desconocidos.  Ávila también precisa que de las 500 victimizaciones registradas "el 40 % son mujeres amenazadas". Advirtió que "el problema es que las estrategias para protección de líderes y lideresas no varían de un caso a otro".
El 76 % del total de líderes serían hombres y el 24  mujeres. Estas cifras se explican en que "las mujeres tienen menos oportunidades de representar a sus comunidades, pues su trascendencia en la esfera pública aún es limitada. Cuando lo hacen, el informe indica que corren el riesgo de sufrir homicidios, amenazas, violaciones sexuales y desplazamientos.
"Del total de defensores asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz (más de 300, según Indepaz) el 20 % ha sido contra lideresas".
Ariel Ávila dijo que "a las mujeres lideresas además de que se les amenaza con que las van a matar, se les agrede sexualmente". Aseguró que existen doce casos registrados de mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual contra ellas o contra sus hijos.
Según la Fundación Pares, uno de los asesinatos recientes fue el de Ana María Cortés Mena, "quien trabajó en la Personería de Cáceres, municipio del bajo Cauca antioqueño, en la evacuación de las comunidades en riesgo por la crisis de la represa Hidroituango y, desde el pasado mes de abril, fue la secretaria y coordinadora de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Cáceres". 
Ana María fue asesinada por actores armados no identificados el pasado 4 de julio.
Otro tipo de victimizaciones
De acuerdo con Ariel Ávila, en Mapiripán (Meta) "varias de las lideresas que estaban reclamando tierras fueron amenazadas con violencia sexual".
Ante esta situación, la fundación Paz & Reconciliación propone que "debe haber diferentes mecanismos de protección y priorización en investigación de los casaos que tiene que ver con mujeres".
En cuanto a quiénes son los responsables de las amenazas y asesinatos, Ávila aseguró que "el 70 % no tiene un autor claro. Hay un 30 % que indica que pueden ser disidentes de las Farc, integrantes del ELN o del Clan del Golfo".
Ávila aseguró que de acuerdo con la investigación, "hay gente en la legalidad que está pagando para que asesinen a líderes". Explicó que estas personas "pueden ser competidores políticos, despojadores de tierras o narcos que tienen economías ilegales en algunas zonas". 


Fuente: Rcn Radio

lunes, 15 de julio de 2019

México: gobernadores del sur de México apoyan plan para frenar migración



México firmó el pasado 7 de junio un acuerdo con Estados Unidos que evitar que se impusieran aranceles a sus productos a cambio de mantener un mejor control de la migración que se reflejara en una reducción de los flujos de indocumentados hacia el norte.
El pacto ya se puso en marcha y siete gobernadores del sur-sureste de México ofrecieron su apoyo al plan para frenar la migración que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el acuerdo. Los estados que entrarían en el acuerdo actualmente serían Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
El canciller Ebrard recordó que este plan tiene como objetivo mejorar "la calidad de vida de la población y, en este marco, atender el ciclo migratorio con un enfoque de integración" que sea congruente con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU que fue firmado por México.

Los estados del sur-sureste reciben el primer impacto de la migración centroamericana, y es allí donde se centra el plan gubernamental.
El 1 de diciembre pasado, México firmó una Declaración Política con Honduras, El Salvador y Guatemala de la que surgió el denominado Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México.
El Canciller Ebrard insistió que el plan tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y atender la migración "con un enfoque de integración, una comprensión territorial y un marco de seguridad humana que sea congruente con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular".
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración (Inami) de México ha deportado a 97.000 centroamericanos y atiende a 109.487 extranjeros que están en espera de una resolución de sus casos, que puede ir desde la regularización de su estatus o su expulsión del país, indicó el Foro.
Al respecto, el Secretario General de la ALDHU comentó: “Esta se trata de una primera frontera para México y, en algunos casos también, para Estados Unidos. Deberíamos estar observantes al resguardo de los derechos humanos durante el proceso migratorio, para que no ocurran situaciones tales como las acontecidas en Estados Unidos”.  Referente a la noticia sobre la expulsión de 2.000 migrantes indocumentados desde Estados Unidos a México que tendrá lugar en estos días, añadió: “para México la migración es un arma de doble filo; sería deseable que el pueblo mexicano trate a sus migrantes tan bien como les gustaría ser tratados cuando ellos migran”.

Estados Unidos estaría preparando redadas par poder deportar a 2.000 mexicanos sin documentos.
Según Asegura la NBC las redadas comenzaron en domingo. Por ello el gobierno mexicano preparó una estrategia que consistirá en realizar visitas a los centros de detención desde los diferentes consulados para, de este modo, evitar violaciones a los derechos humanos. 400 abogados estrían disponibles para mediar en las deportaciones. Además, en los consulados de México en Estados Unidos también se realizaran talleres informativos sobre los derechos de los mexicanos en el extranjero y respecto de su estatus migratorio.




viernes, 12 de julio de 2019

Protesta contra campos de detención en EEUU


Hoy al atardecer tendrá lugar una protesta en Estados Unidos llamada “Lights of liberty” en contra de la detención inhumana de migrantes que se realiza en centenares de ciudades de todo el país. Las concentraciones también serán replicadas en diferentes consulados y embajadas de estados unidos del resto del mundo.
La concentración fue convocada por diferentes organizaciones no gubernamentales para condenar la muerte e migrantes, denunciar los  y pedir el cierre de los campos de detención creados por el Gobierno. Diferentes activistas denunciaron condiciones de insalubridad en las instalaciones provisionales en donde están detenidos miles de inmigrantes, especialmente de países centroamericanos.
El diario La Noticia reveló que en el campo de detención de El Paso, se encontraban 900 inmigrantes detenidos, cuando tiene una capacidad para 125 personas.

Actualmente existirían unas 200 instalaciones en donde se encuentran unas 50 mil personas, en su mayoría latinoamericanos sin papeles, refugiados y solicitantes de asilo. Habría un total de 12.500 niños detenidos. 4.556 niños menores de edad dijeron haber sido víctimas de abuso sexual cuando estaban bajo la custodia del Gobierno entre 2014 y 2018.
"La gravedad aquí es un ocultamiento sistemático de los niños que sufren abusos sexuales, los niños están expuestos a ese tipo de actos", dijo el representante de la Democracia de California, Lou Correa, cuando salía de una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la separación de la familia del gobierno de Trump. Política cerca de la frontera suroeste (CBS News)
El mismo Trump ha reconocido que en algunos campos de detención las condiciones son "terribles", pero argumenta que su administración no ha recibido los recursos financieros para atender la masiva llegada de migrantes registrada en los últimos meses.
En un artículo de Esquire, la experta Andrea Pitzer señala que en Estados Unidos hay "un sistema de campos de concentración", debido a que son recintos donde hay personas detenidas sin ningún juicio en su contra.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo por su parte que “no habría dudas en llamarlos campos de concentración"
Juan de dios Parra, Secretario General de la ALDHU, señala que “debería existir una investigación respecto los actos acontecidos en los campos de detención de las fronteras de Estados Unidos. Los Derechos Humanos deben ser protegidos especialmente en las personas más expuestas. Especialmente  en el caso de niños que fueron separados a la fuerza de sus padres”.

Mayor información: La noticia, CBS news, Forbes, telesur.


jueves, 11 de julio de 2019

Nicaragua: la Alta Comisionada denuncia falta de investigación.


A más de un año de las represiones violentas de manifestaciones  en todo el país, con  325 muertos (33 de ellos policías), 2.500 heridos y más de 70.000 exiliados, siguen sin resolverse dichos crímenes.
La Alta Comisionada adjunta para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (Flavia Pansieri)  presentó el miércoles en Ginebra el primer informe de actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En informe se expresa su preocupación por la falta de resolución.
Fuente: https://www.laprensa.com.ni
El documento recoge que, aunque con la ley de amnistía se desencarcelaron 106 personas, la ley en cuestión tiene ambigüedades que pueden beneficiar a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, beneficiando a los responsables. Además recuerda que 80 manifestantes continúan presos.
Es por ello que, en el informe presentado, la alta comisionada hace un llamamiento para que se investigue prontamente los hechos acontecidos. Una investigación imparcial y eficaz que indague respecto las denuncias de tortura durante la detención de manifestantes; pero también para aquellos presos para quien se pide la liberación y aquellos quienes permanecen bajo medidas no privativas de libertad.
El gobierno de Ortega, por otra parte, insiste en que habría sido la víctima de un intento de golpe de estado. Tanto empresas privadas como los manifestantes nicaragüenses estarían en contra del aumento en el seguro social, motivo por el cual empezaron las protestas.
Según palabras de Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, “la ausencia de investigación en delitos en contra de los Derechos Humanos por parte de los estados es un síntoma que debería alarmar a la opinión internacional; no deberíamos acostumbrarnos a la deshumanización de los conflictos”
Artículo 20Declaración Universal Derechos Humanos:
Desde las ocupaciones estudiantiles de las universidades de París en 1968 hasta la primavera árabe de 2011, las manifestaciones masivas han sido la forma en que las personas han exigido un cambio social. El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), junto con el artículo 19 sobre la libertad de expresión, garantizan en conjunto el derecho a reunirse de manera pública o privada para expresar, promover, perseguir y defender intereses comunes.
Más información:


#Necropolítica #Manifestación

miércoles, 10 de julio de 2019

Necropolítica de Mbembe


Brasil y Colombia son los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Si se trata de la tierra o del medio ambiente, Colombia es el país más violento; si hablamos de los derechos de las mujeres o de la población LGTBI, Brasil lidera la tasa de homicidios. La división de las cuestiones de derechos humanos es una forma de clasificar los temas de mayor riesgo en cada país.
La mezcla entre activismo político y la precariedad en los recursos serían algunos elementos mediante los que, según Achille Mbembe habría nacido la “necropolítica”: políticas de muerte para el control de la población.
Mbembe se inspira en Michel Foucault y sus mecanismos del biopoder y de la biopolítica. El biopoder serían mecanismos y técnicas  del estado para “subyugar los cuerpos y controlar la población”
Según señala Mbembe habría una política de muerte para el control de la población en que sería función del estado “hacer vivir y dejar morir”, el clasismo de Estado determinaría quién vive y quién muere. Mbembe fue más lejos que Foucault y mostró como el biopoder es insuficiente para entender las relaciones de enemistad y de persecución contemporáneas, entendiendo que además opera necropolítica en marcha para producir los “mundos de la muerte”.

Yirley ha leído en el mensaje depositado en su casa, “la instrucción es eliminarte”. Talíria fue informada por la policía que los planes para matarla son viejos y orquestados en la deep web. Las dos líderes de derechos humanos pidieron protección a sus Gobiernos para mantenerse con vida. La solicitud de Talíria fue ignorada por el gobernador del Estado de Río de Janeiro, de donde es diputada federal. Ella contó en las redes sociales su historia; Yirley usó el canal de Youtube de Daniel Samper Ospina para contar la suya. ¿Por qué Talíria e Yirley eligieron un camino de exposición pública tan similar y alternativo a los canales oficiales del Estado? Porque los corsarios y las milicias de la necropolítica están sumergidos en la política gubernamental de nuestros países. Es el propio funcionamiento de los Estados-nación que promueve políticas de la muerte, como el racismo, la misoginia o la homofobia. Son, como describe Mbembe, Estados asesinos porque son racistas.
Las dos historias nos hacen pensar sobre lo que pasa en Latinoamérica, describimos los cambios políticos como olas conservadoras, populistas o evangélicas. Todas esas son tácticas de la necropolítica para establecer el corte entre lo que “puede hacer vivir y lo que puede dejar morir”. Cuanto más frágiles son las poblaciones, como las mujeres y las niñas afrodescendientes, indígenas o con discapacidad, mayor el desequilibrio entre el poder de la vida y de la muerte. No es casualidad que “feminicidio” fue una palabra puesta en circulación por las mujeres del Sur Global, así como ser una activista mujer de derechos humanos es, cada día más, una actividad arriesgada. Las relaciones de enemistad, como describe Mbembe, se entablan por el derecho a matar, “establecen recortes de aceptabilidad para tomar una vida”, instaurando los regímenes de miedo y precariedad. Cuando el funcionamiento del Estado deja clara la necropolítica como régimen de gobierno de las poblaciones, pasamos a describir el desorden como “emergencia”, “conflicto armado” o “crisis humanitaria”. La verdad es que las tácticas de exclusión y persecución ya estaban instauradas mucho antes de nombrarlas por las palabras de horror.



Fuente: El país internacional

Desde la ALDHU, el Secretario General Juan de Dios Parra, expresó su “profundo malestar por la indefensión sufrida por los activistas que luchan en favor los derechos humanos en América Latina”. También apuntó a “la ineficacia de los estados al protegerlos y esclarecer las circunstancias y autores de muchas de estas las tragedias”.

Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres en la lucha contra los abusos de multinacionales



Cuatro meses después del asesinato de la hondureña Berta Cáceres , ha aparecido muerta Lesbia Yaneth, lideresa indígena y también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y  estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José (La Paz), según ha confirmado el COPINH en un comunicado.
El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5:00 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a casa, sus familiares comenzaron a buscarla y hasta que fue localizada sin vida.

 El asesinato de Yaneth ha tenido lugar en el marco de un proceso de ‘consulta’ llevado a cabo por el Gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Paz. Según el COPINH,  “la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López” tienen una “vinculación directa” con la construcción de la represa.
Violencia contra los ambientalistas en Honduras
En marzo de este año, la líder indígena y presidenta del COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada. Su caso despertó un fuerte movimiento de solidaridad y presión internacional, que de momento no ha frenado los asesinatos a defensores del medioambiente y los derechos humanos en Centroamérica. Recientemente, un exsoldado hondureño reveló a The Guardian que el nombre de Berta Cáceres figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos.
Dos semanas después del asesinato de Cáceres, Nelson García, compañero en la defensa del medioambiente, también líder regional del COPINH, fue abatido de varios tiros  cuando se dirigía hacia su casa después de participar en una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.
La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza, según el último informe de Global Witness. El año pasado, los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.

Fuente: Criterio hn