Vistas de página en total

Mostrando entradas con la etiqueta INDH. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta INDH. Mostrar todas las entradas

lunes, 22 de noviembre de 2021

Muere Fabiola Letelier, abogada y defensora de los Derechos Humanos en dictadura

 La abogada de 92 años, fallecida el jueves, fue uno de los rostros de mayor simbolismo en la búsqueda de verdad y Justicia ante los delitos del régimen.



El nombre de Fabiola Letelier quedará inscrito en el muro imborrable de la memoria chilena. Fallecida el jueves a los 92 años, acompañada de su familia, la abogada forma parte de los rostros de mujeres valientes, preparadas, llenas de humanidad y consecuencia que se pusieron al frente en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). De la estirpe política y moral de otras grandes chilenas, como Ángela Jeria o Ana González­, Fabiola hizo de su vida una causa. “La historia me obligó a vivir como una luchadora social y hoy puedo decir que estoy contenta con mi vida, aunque haya sido dura”, aseguró hace tres años, cuando la premió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por su trabajo incansable por la verdad y la justicia.

Vivió el horror en carne propia. A su hermano menor, Orlando Letelier, lo asesinó la dictadura en Washington D.C. en 1976, en uno de los crímenes más feroces del régimen. Había sido canciller en el Gobierno del socialista Salvador Allende y desde Estados Unidos era una de los principales opositores a Pinochet desde el extranjero. Fue la razón por la que la policía secreta del dictador, la DINA, se atrevió a atentar contra Letelier con una bomba adosada al coche en el corazón del barrio diplomático de la capital estadounidense. Murió Letelier y Ronni Moffit, su colaboradora norteamericana. Desde entonces, su hermana Fabiola se volcó de lleno al caso. “Ante uno de los crímenes más horrendos cometidos en la historia de este país, Fabiola Letelier tuvo una valentía y lealtad con su hermano que son ejemplares. Fue, además —y lo que es un honor y un motivo de orgullo para nosotros— una excelentísima abogada de nuestra universidad. Su nombre quedará inscrito en nuestra historia”, reflexionó en estos días el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Recién egresada de la universidad, Fabiola Letelier se vinculó al trabajo humanitario. En la década del sesenta se integró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, luego del golpe de Estado, regresó a Chile luego de vivir ocho años en Estados Unidos. Nacida el 17 de julio de 1929 en Temuco, en el sur del país, la abogada formó parte del Comité Pro Paz, un organismo fundado solo algunos días después del quiebre democrático por el cardenal Raúl Silva Henríquez, que desde el primer momento se resistió a la brutalidad dictatorial y cumplió un papel central en la ayuda a los perseguidos y sus familias. Fue el Comité Pro Paz el que rápidamente empezó a organizar la defensa de la oposición con visitas a los campos de detención, ayudas a los familiares para intentar ubicar a los parientes, defensa de quienes estaban siendo sometidos a Consejos de Guerra y recorridos por las cárceles.

Con su disolución por las tensiones con la dictadura, en octubre de 1975 el cardenal consiguió fundar la Vicaría de la Solidaridad, a través de un decreto del Papa Pablo VI. La abogada Letelier, nuevamente, estuvo allí. El organismo no solo se enfrentó a los militares y los paralizados tribunales de justicia, sino que fue un aparato de contrainteligencia ante el régimen. “La Teología de la Liberación, nombre forjado por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que defendía la opción preferencial por los pobres, marca profundamente la Iglesia chilena de los sesenta y setenta”, ha explicado la abogada de la Vicaría de la Solidaridad, Carmen Hertz, para comprender los antecedentes de la postura del catolicismo chileno.

El proyecto de derechos humanos que representó la Vicaría ha sido quizás el más potente a nivel global desarrollado en dictadura y lo explicó en sus memorias el propio cardenal Silva Henríquez, fallecido en 1999. “Era una creación original, sí. No existía en otras partes, no tenía precedentes. La suscitó una situación extraordinaria, ¡qué duda cabe! Pero no fue una casualidad, ni una súbita inspiración: la Vicaría nació de una larga y sufrida reflexión en torno a lo que vivíamos día tras día”, indicó en el libro del periodista Ascanio Cavallo. Al grupo se sumaron abogados y asistentes sociales, entre otros, la mayoría jóvenes. Este edificio, ubicado frente a la Plaza de Armas, se convirtió en un símbolo de la resistencia antidictatorial desde fines de los setenta y el principal lugar de acogida de las víctimas y sus familiares. “Junto con el informe mensual, que relataba todos los abusos que se habían cometido en el mes último, una vez al año les presentábamos al Poder Judicial el estado de la situación de los derechos humanos. Esperábamos que el presidente de la Corte Suprema hiciera alguna referencia, pero nunca sucedió”, ha recordado María Luis Sepúlveda, que llegó a ser secretaria ejecutiva de la Vicaría.

La abogada Letelier estaba allí esa mañana del 21 de septiembre de 1976 cuando a la Vicaría llegó la noticia del atentado contra su hermano Orlando. La abogada Rosemarie Bornand lo recuerda: “Nadie que estuvo en la Vicaría esa mañana del 21 de septiembre 76 olvidará esos momentos”, señala al teléfono. “Todos conocíamos la historia de represión contra Orlando Letelier, que estaba exiliado en Estados Unidos, luego de pasar por Venezuela. Tenía una actividad política inmensa de solidaridad con Chile y de denuncia de los crímenes. Esa mañana de septiembre, Fabiola recibió una llamada, mientras estaba trabajando en su escritorio. Y solo dijo: ‘Asesinaron a Orlando’, inmensamente conmovida. Fue algo estremecedor. Habíamos sabido del asesinato del general Carlos Prats en Argentina, el año anterior, pero un crimen en el corazón de Whashington, era surrealista. Eso y el dolor de Fabiola, que lo vivimos como en carne propia, porque era una de nosotros. Fue tremendo, espantoso”, asegura la abogada.

Bornand recuerda que Letelier se inició en la Vicaría, pero que en su biografía tiene especial relevancia el papel que jugó en el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), un organismo laico que fundó a comienzos de los años ochenta y se enfocó en el trabajo con la organización social, pero en términos políticos. “Fabiola era muy cálida, cariñosa, aunque formal. Su trabajo en tribunales, donde siempre iba muy presentada, era admirable porque dejaba en evidencia su perseverancia. Es inolvidable cómo trabajó en el caso de su hermano. Consiguió el procesamiento de Manuel Contreras, el número uno de la DINA, en un fallo histórico, en el que ella tiene un papel protagónico”, recuerda su compañera sobre la decisión de la Corte Suprema de mayo de 1995, donde también se condenó al brigadier Pedro Espinoza, otro de los jefes de la policía secreta. “La mayoría de las personas concentradas en las calles próximas a los Tribunales, muchos de ellos familiares de desaparecidos, se abrazaron y cantaron el himno nacional al conocer el fallo”, informaba EL PAIS.

Nunca se alejó del trabajo por los derechos humanos. Fue presidenta y directora jurídica de CODEPU hasta 1998, en democracia. En los tribunales de Justicia recuerdan haberla visto alegando al menos hasta 2010, a sus más de 80 años. Tenía un especial interés por los casos en que las víctimas eran mujeres.

Fuente: El país (España)

La ALDHU está de luto por el fallecimiento de esta gran mujer que buscaba, con todas sus fuerzas, la defensa de los derechos humanos para conseguir una mejor sociedad y un mejor mundo en que vivir.

martes, 22 de junio de 2021

Traumas oculares y Dirección del INDH. Opinión: Osvaldo Torres

 Las preguntas que cabe formularse son: ¿por qué el director del INDH y sus asesores, y no su Consejo, han tomado la decisión, entre cuatro paredes, de reducir la cifra informada de víctimas de daño ocular, pasando de 460 a 173, siendo que el propio INDH había constatado a través de sus funcionarios el número inicial? ¿Por qué no participa la Unidad de Estudios, especializada en procesar los datos, en la decisión de cambiar esa información? ¿Por qué no se explicó, de forma clara y comprensible, que el universo de lesionados por trauma ocular producto de la acción de agentes del Estado seguía siendo sobre 400 personas y que la otra cifra notablemente menor, sólo considera las acciones judiciales del INDH? ¿Por qué no se llevan ambos conteos y se investigan incluso los casos ingresados a la UTO y no denunciados en las querellas del INDH? 

#INDH #SergioMicco #TraumaOcular #DerechosHumanos



Primero que nada, debo transparentar que, en mi calidad de Jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fui despedido el 13 de marzo del 2020, cuando se declaraba la pandemia, bajo el argumento del director de: “pérdida de confianza”, según expliqué en su momento (https://www.eldesconcierto.cl/entrevistas/2020/04/13/osvaldo-torres-ex-jefe-de-estudios-del-indh-el-instituto-ha-caido-en-la-irrelevancia-en-esta-pandemia.html). La revisión crítica sobre el accionar del INDH no se refiere al trabajo de sus funcionarios/as, que es encomiable, sacrificado y muchas veces riesgoso, como lo comprueban los casos de quienes fueron agredidas/os por agentes del Estado, en misiones de observación de la función policial. Se trata de evaluar lo realizado por el director del INDH, el cual ha conducido a la institución a ser funcional a la política gubernamental de derechos humanos, y a un escaso uso de su autonomía de las fuerzas políticas que no creen en los derechos humanos, deteriorando gravemente la credibilidad pública.

La polémica sobre los datos de traumas oculares ocurridos desde octubre 2019 y su disminución de 460 a 173 víctimas en los informes del INDH, es del todo comprensible. Son innumerables los informes diarios que realizaba y comunicaba el INDH desde su Unidad de Comunicaciones, con datos que incluían estas heridas. El propio Informe Anual sobre los derechos humanos 2019, que me tocó dirigir, reconoció una cifra de 347 lesiones oculares observadas por el INDH en recintos de salud, y al 30 de noviembre de 2019 sólo había 29 querellas del INDH sobre este tipo de agresiones. A su vez, se informaba que la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador registraba datos de “259 pacientes con Trauma Ocular asociado a las manifestaciones, la mayoría (86,3%) provenientes de la Región Metropolitana”.

En otro reporte de marzo del 2020, el INDH señalaba que “las y los observadores del Instituto han recopilado información sobre un total de 460 lesiones oculares desde el inicio de la crisis social, 15 más desde el último reporte, de los que una mayoría, el 92% del total corresponden a diagnósticos por lesión o trauma”. Incluso en el informe “El estallido de las violaciones a los derechos humanos octubre 2019 a marzo 2020” (disponible en https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/INFORME_COMPLETO_19_DIC.pdf), en el capítulo 3, analizamos las cifras del INDH y las de la UTO que actualizadas sumaban ya 331 víctimas. Realizado el cruce entre los daños oculares infringidos por agentes del Estado y las fechas en que el gobierno respaldaba y/o solicitaba a Carabineros el respeto a los protocolos, las cifras no tienen grandes variaciones, mostrando que este tipo de agresiones a la población expresan un patrón tolerado por la autoridad.

Uno tiene derecho a preguntarse si esta decisión forma parte de una estrategia política de “salvar al Presidente” de las acusaciones respecto de sus responsabilidades sobre la sistematicidad de las violaciones los derechos humanos cometidas bajo su gobierno. Es obvio que bajando los casos se hace más difícil probar que lo vivido por las víctimas de traumas oculares es parte de un ataque generalizado hacia la población que protestaba.

Parece claro que ha habido un debilitamiento de la autonomía del INDH. Una perspectiva posible de la trayectoria del INDH es que la sustitución de Consuelo Contreras como directora, en junio de 2019, se produjo como efecto del rol clave que jugó en la denuncia del crimen de Camilo Catrillanca y la protección del adolescente testigo, que derivó en una grave crisis en el gobierno y Carabineros. Esto alentó a la derecha a buscar un acuerdo para cambiar la dirección del INDH, lo que al interior del Consejo se concretó gracias a los votos de los consejeros B. Marelic y los dos DC. Así, Sergio Micco obtuvo el cargo y generó un discurso sobre la falta de pluralismo en el INDH, que estaba sesgado por funcionarios que venían del sector que se había opuesto a la dictadura, que los derechos humanos eran de todos, etc. Con la rebelión social de octubre del 2019, se comenzó a vivir una nueva etapa, más aguda de conflictos, haciéndose memorable la intervención del director en defensa del presidente Piñera, al definirlo como un partidario del No en el plebiscito de 1988, y evitando calificar a las violaciones a los derechos humanos como masivas y sistemáticas. Luego vino la negociación sobre el contenido del Informe Anual 2019, donde intentó desplazar a la Unidad de Estudios como eje de su elaboración, llevando asesores externos para revisar y elaborar capítulos del informe, donde se excluían cifras relevantes. El resultado fue un informe que tuvo importantes limitaciones en el despliegue de la información disponible y las interpretaciones de ésta, impuestas por la mayoría del Consejo.

Señalo lo anterior, porque efectivamente Sergio Micco ha fortalecido una lógica partidista y binominalizada, que es propia de las prácticas políticas de estos 30 años. Como el uso de la institución para repartir cargos y trabajos sin considerar las trayectorias en derechos humanos (como bien lo ha probado la conformación fallida del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura). En esto también le cabe responsabilidad a la propia ley que le dio origen al INDH, al permitir el derecho a voto de dos representantes de la Presidencia en el Consejo, contraviniendo las normas para estos organismos autónomos; y también al Congreso que, en algunas de sus cuatro nominaciones, no respetan la ley respecto de la experiencia y conocimiento en el área de los derechos humanos que deben tener aquellos (y que ahora se evidencia en la gravedad), procediendo una vez más en la lógica binominal.

Quizás, la muestra más evidente de este uso político clásico fue la modificación de la Resolución Exenta N° 121 del 16 de marzo del 2020 que señala: “Las jefaturas de unidades y de las sedes regionales (..) (tendrán) contrato de trabajo de duración indefinida con cláusula de exclusiva confianza y serán evaluados y calificados según convenios de desempeño que suscriban”. El agregado de cargo de “exclusiva confianza”, que no existía en la resolución anterior N° 87, deja a discreción del director los cargos técnicos concursados por Alta Dirección Pública, sometiendo así a las jefaturas al enfoque político de la dirección de turno. Todo hecho por votación con mayoría simple y el propio voto del director (6 contra 5).

La disputa por las cifras no es sólo técnica, ha existido por parte de la dirección del INDH un propósito político que debe ser aclarado. Pero las lecciones, en este ámbito, son fundamentales: reforzar el carácter autónomo del INDH, modificando la composición del Consejo o directamente replanteando su órgano directivo; terminado con las abultadas contrataciones de asesores que sustituyen en la práctica a los equipos profesionales pero sin asumir responsabilidades a las que esos equipos si están comprometidos; reforzando su rol de prevención, protección y defensa de los derechos humanos por sobre el interés político de un sector de la sociedad, que ha demostrado relativizar estas garantías fundamentales bajo el argumento del pluralismo.

Osvaldo Torres

Antropólogo.

Fuente: El desconcierto

jueves, 17 de junio de 2021

Londres 38 exige salida de Micco del INDH tras denuncia de cambio de metodología en cifras de lesionados oculares: «Es revictimizante»

 En conversación con El Desconcierto, Karinna Fernández, abogada asesora de Londres 38, confirmó que «estamos exigiendo la salida (del director Sergio Micco), pero no solo la salida, sino que el Consejo del INDH dé cuenta de estos hechos que nosotros ya expresamente denunciamos en marzo con varias otras organizaciones respecto del contenido de los informes». Además, hizo hincapié en que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) ya exigió en abril pasado al organismo mayor transparencia en la información. Por su parte, el Instituto se defiende y asegura que no existe «manipulación de ninguna especie».

#SergioMicco #DerechosHumanos #INDH #lesionesoculares #revictimización


Este miércoles, se realizó la denuncia de un cambio de metodología que habría realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos para contabilizar los casos de lesionados oculares en el contexto de las manifestaciones que se iniciaron en octubre de 2019. Dicha modificación significó el reporte de menos de las mitad de los casos informados inicialmente, bajando de 460 a 179, lo que habría sido ordenado por el director de la institución, Sergio Micco.

Lo anterior, revelado este miércoles por el medio Interferencia, es parte de lo que Londres 38 denunció en marzo pasado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En conversación con El Desconcierto, Karinna Fernández, abogada asesora de dicho espacio de memoria, criticó a Micco y confirmó que la organización exige su salida.

«En el ‘Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos. Datos desde 17 de octubre de 2019 e ingresados hasta el 13 de marzo de 2020’, se reportan aproximadamente 460 casos. Luego, en el ‘Informe Anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social’, se registra un número de 296 lesiones oculares. Posteriormente, en el ‘Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019’, publicado en febrero del presente año, la cifra se reduce a 172 víctimas«, acusó la organización en ese entonces.

Esto daría cuenta del cambio de metodología para realizar el recuento de casos, el que ya no correspondería a los informados en centros hospitalarios respecto a las lesiones oculares, sino que a aquellos casos en que se ejerció una acción penal con participación del Instituto. Sin embargo, dicha modificación no fue explicitada en los informes, según acusó el reportaje y confirmó Fernández.

«Lo que sabemos los que litigamos estas causas es que el INDH no tiene querellas en todas ellas. No nos parece adecuado que utilice esa metodología para levantar información», explicó la abogada. Es decir, existen muchos casos en que las personas denunciantes no ejercen una acción judicial, pero también existen casos de víctimas que presentan querellas de las cuales el organismo no se hace parte.

«¿Por qué la sociedad civil o la academia tienen que estar persiguiendo esta información?, cuando debería ser algo que los propios informes deberían contener, señalar que hay un cambio de metodología y explicar por qué», cuestionó.

Además, enfatizó en que esta no es la única irregularidad que reclamaron en marzo sobre el INDH y que hasta la fecha, acusó que todavía no han habido avances. «Entregamos un informe al CAT (Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas) que hizo una evaluación de Chile en abril. Justamente, ellos sacan un informe expresamente diciéndole a Chile recordando las obligaciones internacionales que en materia de cifras exigen toda la transparencia y que deben ser uniformes«, señaló.

Revictimización y garantías de repetición

Para Fernández en este caso «lo que ocurre claramente es una revictimización». Pero no solo eso, sino que repercutiría en las posibilidad de evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el futuro. «Que no existan estas cifras, o que las metodologías no sean claras, también repercute en el hecho de que el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que está dentro del INDH«, sostuvo.

Así, la «uniformidad, en el análisis y presentación de cifras es una obligación internacional, porque tú no puedes prevenir adecuadamente este tipo de formas de tortura y de lesiones si evidentemente no tenemos unas cifras claras respecto de las víctimas».

«Revictimización, falta de transparencia y generar garantías de repetición son vulneraciones que no pueden ser toleradas a un director del INDH«, sentenció.

Además, fue enfática en señalar que «estamos exigiendo la salida (de Micco), pero no solo la salida, sino que el Consejo del INDH de cuenta de estos hechos que nosotros ya expresamente denunciamos en marzo con varias otras organizaciones respecto del contenido de los informes».

Vulneración a la libertad de expresión

Desde el INDH respondieron a la publicación de Interferencia a través de un comunicado en redes sociales, aludiendo a que «no existe un cambio de criterio, ni manipulación de ninguna especie». Además de solicitar «al medio Interferencia corregir esta información a la brevedad», lo que fue rechazado por el medio.

Para la abogada asesora de Londres 38, la respuesta del organismo abre otro foco de vulneración, esta vez con respecto a la libertad de expresión, al pedir al medio que cambie su reportaje.

«No solo no se hace cargo de la crítica contundente y profesional por parte de la periodista que realizó la investigación (…). Sino que además, el exigir que un medio de comunicación, no hegemónico además, tenga que revertir lo que ha señalado después de un análisis serio nos parece que atenta claramente contra la libertad de expresión, en su faz de acceso a la información«, sostuvo.

Posteriormente, en horas de la noche de este miércoles, el INDH volvió a emitir una declaración a través de redes sociales, firmada por los jefes y jefas de Unidad y de sedes regionales del organismo. «Desmentimos enfáticamente que se haya producido cualquier tipo de alteración, manipulación u ocultamiento en las cifras que entrega el Instituto con respecto a víctimas de trauma ocular o de cualquier víctima«, sostiene el texto.

«No hay un cambio de criterio en el conteo de las cifras, sino que se trata de elementos y datos diferentes (denuncias v/s querellas), que requieren no solo estrategias distintas, sino que también métodos de análisis diferenciados para alcanzar los mejores resultados posibles», asegura el INDH.

Fuente: el desconcierto


Informes referidos:

2019: 296 víctimas. Informe anual INDH (30 noviembre de 2019)                                            

Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

2020: 460 víctimas. Informe (13 de octubre de 2020)                                    

Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/03/Reporte-general-18-03-2020-de-datos-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-v04.pdf

 

2021: 172 víctimas. Informe seguimineto INDH 2 de febrero de 2021                                                    

Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2021/02/Primer-Informe-de-Seguimiento-de-Recomendaciones.pdf




jueves, 6 de mayo de 2021

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia intentos de socavar instituciones nacionales de DD.HH. en América Latina y el Caribe

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder.



En los últimos dos años, la Oficina ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato.

Los incidentes incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, Bachelet manifestó su preocupación por las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

También hay inquietando que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

En ese sentido,la Jefa de ONU Derechos Humanos subrayó: “Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las INDH sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993.

La Alta Comisionada reconoció que las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la Covid-19.

Fuente: La tercera

viernes, 16 de abril de 2021

NUESTRO INVESTIGADOR, EL DR. DOMENICO ZIPOLI, DEFENDIÓ CON ÉXITO SU TESIS DOCTORAL

Nuestro investigador, el Dr. Domenico Zipoli, acaba de defender con éxito su tesis doctoral El poder del compromiso: evaluación de la eficacia de la cooperación entre los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y las instituciones nacionales de derechos humanos en el Centro Noruego de Derechos Humanos de la Facultad de la Universidad de Oslo (UiO). de la ley . Debido a las restricciones de COVID-19, la defensa se llevó a cabo en línea.

“La experiencia general de tener la defensa en línea ha sido positiva. Por supuesto, fue una verdadera lástima estar lejos de amigos y colegas en Oslo y celebrar este día junto con ellos. En la Facultad de Derecho de la UiO, la defensa suele tener lugar en el hermoso Gamle Festsal, que alguna vez fue la sede del Parlamento noruego. No hace falta decir que la defensa en línea fue un asunto menos grandioso, sin embargo, el personal técnico hizo un trabajo maravilloso al facilitar un intercambio muy fluido entre los miembros del comité de adjudicación y yo. La defensa en línea también fue más accesible para aquellos que deseaban asistir desde fuera de Oslo ', dice Domenico.

Al desempacar la caja negra de la cooperación interinstitucional entre los mecanismos internacionales y nacionales de monitoreo de derechos humanos, esta tesis explora el compromiso entre los órganos de tratados de las Naciones Unidas (ONU) y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en el contexto del procedimiento de presentación de informes estatales. . Al hacerlo, examina si esta relación y cooperación diádicas son efectivas para facilitar la implementación de los tratados de derechos humanos a través de una combinación de enfoques empíricos y basados ​​en objetivos.

“Este doctorado representa un paso importante en mi comprensión de las profundas complejidades que dan forma a la implementación de los derechos humanos en la actualidad. Lo que creo que es el valor real de un doctorado es el proceso por el que se atraviesa, de investigación y descubrimiento sustantivos, por supuesto, pero también de cooperación cercana con los principales expertos en el campo, aprendiendo el 'arte del oficio' de su experiencia. Las facultades de la Universidad de Oslo y la Academia de Ginebra han sido de gran valor a este respecto. La oportunidad de tener al profesor Christof Heyns designado como miembro de mi comité de adjudicación de doctorado ha sido el mayor de los honores. Siempre estaré agradecido por sus invaluables consejos y orientación hacia este logro ', explica Domenico.

miércoles, 19 de febrero de 2020

A 4 meses de inicio del estallido, INDH actualiza cifras de víctimas de violencia y alerta que persisten los casos de lesiones oculares

“Como Instituto Nacional de Derechos Humanos nos preocupa que la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares, respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”, expresó Alexis Aguirre, coordinador nacional de litigación especializada del INDH, tras la entrega del reporte de cifras recopiladas en manifestaciones, comisarías y centros de salud por funcionarios del instituto. A grandes rasgos, el informe constata la presentación de 1.312 acciones judiciales.




A cuatro meses del inicio del estallido social en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un reporte de cifras recopiladas directamente por sus funcionarios en observaciones a manifestaciones, comisarías y centros de salud, desde el jueves 17 de octubre de 2019 hasta el martes 18 de febrero de 2020.

En relación con las personas heridas y visitadas en centros de salud, este número asciende a 3.765 personas. Además, el instituto visitó y registró a 10.365 personas que han sido privadas de libertad en relación con el conflicto social.

Asimismo, actualizaron la lista de acciones judiciales interpuestas, la que, hasta el día de hoy, da la suma de 1.312 acciones.

Respecto a las cifras entregadas, Alexis Aguirre, coordinador nacional de litigación especializada del INDH, puso el foco en que siguen persistiendo casos de violencia policial.

“Como Instituto Nacional de Derechos Humanos nos preocupa que la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares, respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”, advierte.

Lesionados
El reporte presentado por investigaciones en hospitales del país dice que 3.765 personas fueron heridas en el período, de las cuales en su mayoría fueron hombres, con un total de 3.044, en menor medida mujeres con una cifra de 439, y 282 niños, niñas y adolescentes.

Con respecto a las heridas oculares, se ha medido un total de 445 en todo el país. En forma más específica por lesión o trauma se contabilizaron 411 personas, y por estallido o pérdida, 34.

Las heridas por disparos fueron, según el INDH, en total 2.122. De ellas 51 fueron por bala, 190 por balín, 1.681 por perdigones y 200 no identificada. Los heridos por lacrimógenas fueron 271 personas.

Detenidos
En comisarías de todo el país el INDH registró un total de 10.365 personas visitadas, de las cuales 7.490 fueron hombres, 1.603 mujeres y 1.249 niños, niñas y adolescentes.

Además, el instituto informa que recibieron 1.835 vulneraciones denunciadas, de las cuales 197 son por violencia sexual, 520 por torturas y otros tratos crueles y 1,073 por uso excesivo de la fuerza.

Por regiones, 586 fueron en la Metropolitana y 832 en el resto del país.

Acciones Judiciales
Durante el estallido social se han presentado 1.312 acciones judiciales. De estas 5 fueron por homicidio, 19 por homicidio frustrado, 195 querellas por violencia sexual (desnudamiento, tocaciones, amenazas, insultos y cuatro violaciones), 951 por torturas y tratos crueles, 21 querellas por lesiones, 86 por violencia innecesaria, 3 otras querellas, 9 quejas y 23 amparos.

El total de víctimas en querellas es de 1.631 personas, de las cuales 321 son mujeres, 959 hombres y 271 niños, niñas y adolescentes. Asimismo, hay 16 casos de personas LGTBIQ+, 4 de personas migrantes, 8 de pueblos originarios y 20 con discapacidad.

lunes, 4 de noviembre de 2019

Último reporte del INDH arroja 157 casos de personas con heridas oculares


El director del organismo, Sergio Micco, detalló que desde el 17 de octubre a la fecha, se han presentado 179 acciones judiciales, de las que 132 son por torturas y tratos crueles y degradantes. Mientras, han constatado un total de 4.316 personas detenidas.
Durante la tarde de este sábado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un nuevo informe acerca de las cifras que han dejado estas dos semanas de manifestaciones en el país.

La actualización constata el número de lesiones y de detenidos durante las protestas a nivel nacional, sin embargo, destaca el aumento de casos de personas con heridas oculares.


En conferencia de prensa, el director del INDH, Sergio Micco, detalló que desde el 17 de octubre a la fecha, se han presentado 179 acciones judiciales, de las que 132 son por torturas y tratos crueles y degradantes.
Desde la institución han sido enfáticos en señalar que la cifra duplica las querellas presentadas durante el año pasado.

El director del organismo aseguró que en las 121 comisarías que han revisado han constatado un total de 4.316 personas detenidas, entre las que se encuentran 664 mujeres, 3.022 hombres y 475 menores de edad.

En el caso de la cifra de personas lesionadas, se registran 1.574 casos en total. De ellos, la institución registra 157 casos con lesiones oculares en lo que va de estas dos semanas de manifestaciones.
Mientras, suman 473 las personas que fueron heridas por disparos de perdigones y 305 lesionados por armas de fuego no identificadas.

Micco sentenció que el INDH solicitó un peritaje para “saber la composición de los perdigones, la cantidad de pólvora y la presión que se imprime en su uso. Es un tema que tenemos que estudiar porque es de la mayor gravedad tener a 157 personas con lesiones oculares”.







Asimismo, la sede del INDH en Tarapacá informó que ha recibido reiteradas denuncias de personas lesionadas por balines frente a la Sexta División del Ejército en Iquique.

En ese sentido, el organismo evalúa acciones legales por agresión a reportero gráfico Jorge Cerpa, quien denunció haber sido impactado por un perdigón que habría sido lanzado desde el interior del Regimiento Granaderos ubicado al frente de la Playa Cavancha.

En total son ocho las denuncias recogidas por funcionarios del INDH a víctimas y en observaciones en hospital, posteriores al alzamiento del estado de emergencia en Tarapacá.
Mientras, el INDH de Coquimbo ha recibido tres denuncias de personas cuyo paradero era desconocido. Sin embargo, a la fecha las tres se encuentran en sus hogares, por lo que el organismo solicitó responsabilidad al momento de solicitar información.

Fuente: CNN Chile

viernes, 16 de diciembre de 2011

CHILE: INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2011, FUE PRESENTADO SIN AUTORIDADES DE GOBIERNO

Foto: latercera.cl

En un acto solemne, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  presentó el Informe anual 2011, sobre el cumplimiento y deudas en derechos fundamentales. En el lanzamiento, llamó la atención la ausencia de personeros del Ejecutivo, dado que el INDH es un órgano autónomo del Estado y justamente son las “autoridades que son las que deben garantizar y respetar los derechos humanos en Chile”, según explicó la directora del organismo, Lorena Fríes. El Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile durante el 2011 es una síntesis de los temas más sensibles que afectaron a la sociedad chilena. 

Entre otros temas el Informe analiza las connotaciones que en el plano de los Derechos Humanos, tuvieron situaciones como el incendio en la Cárcel de San Miguel y la muerte de 81 personas, la situación carcelaria y el sistema de reinserción en la sociedad y el acceso a la justicia. Luego, aborda las consecuencias del terremoto y maremoto, el conflicto del pueblo mapuche y la aplicación de la Ley Anti Terrorista, las movilizaciones sociales, y el derecho a manifestarse en los espacios públicos.

Leer más en: