Colombia: La ONU solicita que se refuercen las medidas de protección para los defensores de los derechos humanos

 Los actos violentos se centran especialmente en lideres comunitarios, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes. La delegación en Colombia del organismo de la ONU especializado en garantías fundamentales condenó los recientes asesinatos de los activistas Teófilo Acuña y Jorge Tafur y urgió a la Fiscalía y a las autoridades judiciales a que continúen con las investigaciones de estos homicidios

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó este jueves su profunda preocupación por el incremento de la violencia en varias regiones del país desde principios de 2022, especialmente sobre defensores de los derechos humanos, lideres comunitarios, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes

Ante esta situación, la delegación en Colombia del organismo de la ONU urgió a las autoridades a reforzar todas las medidas de protección adecuadas, tanto individuales como colectivas, para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente en zonas rurales y en los municipios más afectados por la violencia.

Del mismo modo, reiteró su llamado a que todos los grupos armados en Colombia declaren un cese al fuego y las hostilidades y que respeten las disposiciones del derecho internacional humanitario para la protección de la población civil, especialmente en el caso de los defensores de las garantías fundamentales.

Condena por la muerte de dos activistas

En concreto, la Oficina indicó que posee información sobre “homicidios, ataques, amenazas, violencia y estigmatizaciones” contra integrantes de organizaciones de derechos humanos, colectivos y, en particular, del movimiento político-social Congreso de los Pueblos.

El organismo también condenó los asesinatos contra los activistas Teófilo Acuña y Jorge Tafur que tuvieron lugar este martes en el municipio de San Martín, situado en el departamento de Cesar, en el noreste del país, y urgió a la Fiscalía y a las autoridades judiciales a que continúen con las investigaciones en curso de ambos homicidios.

Acuña y Tafur eran integrantes del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos, que desde el año 2010 “reúne a procesos campesinos, afrodescendientes, indígenas, mestizos, urbanos y de trabajadores en pro de la paz y los derechos humanos”.

La Oficina instó a las autoridades a tomar todas las medidas pertinentes para garantizar la vida y la integridad de los miembros del Congreso de los Pueblos y se proteja la labor de las personas defensoras de derechos humanos en todo el país.

Finamente, reiteró su apoyo de seguir implementando su mandato con el Estado, la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos, “con el fin de contribuir a que la situación de derechos humanos mejore en el país, y prevenir que se sigan cometiendo violaciones contra las personas defensoras de derechos humanos”.

Masacre en Perú: 18 muertos en un ataque terrorista atribuido a Sendero Luminoso (Perú).

 Por lo menos 18 personas, entre ellas dos niños, fueron asesinados hoy por presuntas columnas terroristas del grupo Sendero Luminoso en una zona central del país conocida como el Vraem donde operan los rebeldes en alianza con bandas del narcotráfico, dijo hoy un jefe policial.

Junto a los cuerpos se hallaron panfletos que adjudican el accionar al grupo terrorista. “Limpiar al Vraem y al Perú de antros del mal vivir, de parásitos y corruptos”, decía una de las frases.

Lamentamos y condenamos el asesinato de ciudadanos en el VRAEM y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Reafirmamos nuestra lucha contra el narcoterrismo y nuestro compromiso con el desarrollo de elecciones libres, transparentes y ordenadas. https://t.co/KGh8pzX9tk

— Mindef Perú (@MindefPeru) May 24, 2021

Además, llamaron a boicotear las elecciones generales del próximo 6 de junio para elegir al próximo presidente del Perú e instaron a votar en blanco: “¡Pueblo peruano: boicot a las elecciones burguesas, porque no es tu camino: No ir a votar. Votar en blanco. Votar en nulo o viciado!”.

Entre las frases destacadas se encontraba “Nunca más Keiko Fujimori”, junto a una amenaza para quien vote a la candidata de derecha Keiko Fujimori, diciendo que “¡quien vota favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Vraem, es asesino del Perú!”.

El candidato de izquierda Pedro Castillo expresó su solidaridad con las familias y apuntó contra el atentado terrorista. “No vamos a tolerar ningún acto de violencia”, dijo en Twitter.

Los partidarios de Keiko intentanr ligar a Castillo con el brazo político de Sendero, algo que niega el candidato izquierdista.

El Ministerio de Defensa lanzó un comunicado en el cual reafirmó “su compromiso de continuar luchando contra el terrorismo bajo el marco legal vigente y en estricta observancia y respeto a los derechos humanos”.

Mi solidaridad con las familias de las 18 víctimas en el cobarde ataque ocurrido en Pichari, VRAEM. Condeno enérgicamente este atentado terrorista e insto a la justicia a que aplique todo el peso de la ley. No vamos tolerar ningún acto de violencia.

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 24, 2021

 Asimismo, condenaron los asesinatos, que informaron que son acciones denominadas por la Organización Terrorista como “limpieza social”, y se solidarizaron con las familias de las víctimas, al igual que garantizaron “la conducción de un proceso electoral en seguridad para toda la ciudadanía”.

El hecho se produjo en la noche del domingo en una localidad en el distrito de Vizcatán, en una región llamada Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde se genera el 75% de cocaína en el país sudamericano, según las autoridades.

”Es probable que haya mas muertes”, dijo el general César Cervantes, comandante general de la policial, a la radio RPP.

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Los guerrilleros incineraron los cadáveres de los dos niños, según informó el medio “Perú 21″. Las víctimas incluyen seis mujeres, dos menores de edad y diez hombres. Se utilizaron armas de fuego en el ataque.

“La dirección contra el terrorismo realizará las investigaciones. Han sigo incinerados, han sido quemados”, explicó Cervantes.

El Vraem es centro de constantes operativos de las fuerzas de seguridad contra el grupo rebelde Sendero Luminoso, que según la policía, actúa como guardaespaldas de los narcotraficantes.

Casi todos los líderes de Sendero están presos, pero sus remanentes liderados por el camarada José operan aún en en el mayor valle de cultivos de hoja de coca de Perú, que está bajo vigilancia militar desde 2006.

Perú y Colombia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína, según datos de Naciones Unidas.

Agencias AFP, DPA y Reuters

Fuente: Yahoo noticias

Costa Rica: mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas señalan impunidad campante con relación a asesinatos de líderes indígenas

El pasado 8 de junio, dos mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas externaron su profunda preocupación por el hecho que los casos de asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica se mantengan impunes: se trata de la Relatora Especial sobre defensores del ambiente y derechos humanos, así como del Relator Especial sobre derecho de los pueblos indígenas y derechos humanos (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas).

Como se recordará, en menos de 12 meses, dos dirigentes indígenas costarricenses de la zona de Salitre fueron asesinados: Sergio Rojas (marzo del 2019) y Jehry Rivera (febrero del 2020). A la vez, varios de sus compañeros han recibido amenazas de muerte y sufrido distintos tipos de intimidaciones.

Es de notar que desde el 2015, Costa Rica tiene la obligación jurídica de proteger la vida y la integridad física de estos dirigentes, en virtud de medidas cautelares ordenadas en abril del  2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: remitimos sobre el particular a nuestra nota titulada «Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH» y disponible en este enlace.

En su comunicado conjunto con fecha del 8 de junio del 2020, titulado «Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas» (véase texto completo oficial divulgado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), ambos expertos de Naciones Unidas externan:

«… su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano. Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.»

Este nuevo señalamiento hecho público a las autoridades costarricenses por parte de mecanismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos evidencia la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran las comunidades indígenas de Salitre (y posiblemente en otras regiones en Costa Rica).

En mayo del 2019, tuvimos la ocasión de referirnos a una carta (también hecha pública) por Naciones Unidas con relación al asesinato de Sergio Rojas: véase nuestra breve nota titulada «Asesinato en Costa Rica del líder indígena Sergio Rojas: carta de órganos de Naciones Unidas hecha pública«, disponible en este enlace.

-El autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR

Blog del autor: Nicolás Boeglin

    

Fuente: Piensa Chile