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jueves, 29 de octubre de 2020

Cómo puede Chile reparar a las víctimas de violaciones de DDHH durante el estallido social

 ¿Han sido adecuadas, oportunas, idóneas y efectivas las medidas adoptadas por el Estado? ¿El Estado ha emprendido un real proceso de reparación coordinado y dialogado? ¿Ha realizado el requerido reconocimiento de responsabilidad por exceder lo permitido por la legítima defensa y la proporcionalidad? Por el momento, la respuesta parece ser negativa. Esperemos que las víctimas no tengan que activar miles de demandas por falta de servicio, antes de que el Estado reconozca su responsabilidad institucional por el uso excesivo de la fuerza.


Desde que se conocieron las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, el Estado de Chile ha intentado emprender acciones con miras a rehabilitar o “reparar” a las víctimas por los daños sufridos por parte de agentes del Estado. Transcurrido ya más de un año desde el inicio de las protestas, cabe preguntarse si esos esfuerzos han sido idóneos, oportunos y efectivos.

El derecho internacional de los derechos humanos exige que toda violación de DDHH sea íntegramente reparada. Esta obligación es adicional a la de investigar el delito y sancionar a los(as) responsables. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reconocido en su jurisprudencia constante que los Estados tienen el deber, por un lado, de declarar y reconocer las violaciones cometidas por sus agentes o bajo su tolerancia y, por otro, reparar el daño causado por tales actuaciones, independientemente de la declaración de responsabilidad penal en el caso. Tal proceso requiere que cada poder del Estado actúe coordinadamente, de acuerdo con su capacidad institucional, con el objetivo de otorgar una reparación íntegra.

Ahora bien, ¿qué medidas concretas pueden contribuir a la reparación de los daños? La propia Corte IDH ha establecido que la reparación toma diversas formas, tales como medidas de restitución (si es posible), satisfacción, rehabilitación e indemnización. Además, deben cesar las violaciones y otorgarse garantías de no repetición.

Ejemplos son la restitución de tierras ancestrales; actos de reconocimiento de responsabilidad estatal y disculpas públicas de parte de los órganos que han cometido la infracción; memoriales para las víctimas y sus familias; pagos de gastos funerarios; otorgamiento de tratamientos médicos gratuitos –físicos, psicológicos y psiquiátricos–, incluidos medicamentos y transporte, así como rehabilitación en caso de discapacidad adquirida, a cargo de equipos multidisciplinarios por el tiempo que sea necesario. La creación, modificación y/o derogación de leyes que facilitaron o causaron la violación; capacitación a funcionarios públicos; elaboración e implementación de protocolos, así como también indemnizaciones por daño patrimonial y moral.

En Chile, los esfuerzos de reparación han seguido distintas vías. En diciembre de 2019, se creó el “Programa Integral de Reparación Ocular”, cuya implementación no ha estado ausente de críticas, especialmente vinculadas al retardo en las prestaciones, falta de apoyo psicológico y problemas en la tramitación de licencias médicas, gestión de medicamentos y declaraciones de invalidez. Esto dio pie a que el Gobierno anunciara hace un mes la presentación de un proyecto de reparación para las víctimas del estallido social, anuncio que a la fecha no se ha materializado.

Además, la presidenta del Senado informó el pasado viernes que, junto a la Comisión de Derechos Humanos, habían constituido una mesa para contribuir a la verdad, justicia y reparación de las violaciones cometidas, junto con el objetivo de incluir recursos para que el Programa PRAIS se haga cargo de atender a las personas que sufrieron mutilaciones graves. Esto, además, incorporando medidas para que no se repitan las violaciones de DDHH. Como hemos dicho, la verdad es parte de la reparación integral y, en este sentido, es valorable la iniciativa del Senado.

En el mismo sentido, diputados de la oposición presentaron un proyecto de reparación e indemnización para las víctimas de violencia estatal y sus familiares. El proyecto apunta a “establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile”, mediante la aplicación de una serie de excepciones probatorias bajo el procedimiento de juicio sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial han intentado reaccionar ante la enorme cantidad de delitos denunciados, cuestión que deben hacer de oficio, pero que también es reclamada por la mayoría de las víctimas, dada la expectativa de que los delitos más graves –contra la integridad y la vida– encuentran justicia, principalmente, en la sanción penal efectiva. A la fecha, el porcentaje de formalización no supera el 1%. Como muestra el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP de 2020, el Ministerio Público no da abasto para otorgar una rápida respuesta a las víctimas, a pesar de haber tomado medidas para adecuar los métodos de trabajo a la mayor cantidad de causas.

Dado este contexto, ¿han sido adecuadas, oportunas, idóneas y efectivas las medidas adoptadas por el Estado? ¿El Estado ha emprendido un real proceso de reparación coordinado y dialogado? ¿Ha realizado el requerido reconocimiento de responsabilidad por exceder lo permitido por la legítima defensa y la proporcionalidad? Por el momento, la respuesta parece ser negativa. Esperemos que las víctimas no tengan que activar miles de demandas por falta de servicio, antes de que el Estado reconozca su responsabilidad institucional por el uso excesivo de la fuerza. 

Fuente: El mostrador, por  Marcela Zúñiga y Judith Schönsteiner

lunes, 26 de octubre de 2020

Chile aprueba por abrumadora mayoría cambiar la Constitución de Pinochet: ¿qué pasa ahora y por qué es un hito mundial?

En Chile este domingo, con casi el 100% de los votos escrutados, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).


En la primera de las dos preguntas planteadas en el plebiscito, "¿Quiere usted una Nueva Constitución?", el Apruebo ganó por 5.885.721 votos (78,27%) frente a 1.633.932 votos (21,73%) del Rechazo.

En la segunda interrogante, "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?", los chilenos optaron por una convención constitucional; y escogieron una convención constituyente, que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular.


Y tendrá una característica inédita en el mundo: será primera vez en la historia que una Constitución es redactada en forma paritaria. También habrá una cuota para los pueblos indígenas, pero esta aún no ha sido especificada.

La opción derrotada fue la convención mixta constitucional, que hubiese sido integrada por una mezcla equilibrada de miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna sobrepasaba el 80% con más del 95% de los votos escrutados.La participación fue superior al 50%, pese a las restricciones por la pandemia de covid-19. Con esa cifra se sitúa como la elección con mayor cantidad de votantes desde el regreso de la democracia.

Momento histórico

Tildar de histórico lo ocurrido este domingo en Chile no es un cliché: es la primera vez en la historia del país en que la Constitución será redactada por una asamblea completamente elegida. La importancia del momento se percibió también en la reacción de la ciudanía, que salió a las calles en Santiago, Valparaíso y otras ciudades para celebrar el resultado.

La emblemática Plaza Italia de la capital chilena rompió en un atronador aplauso, seguido de caceroladas, fuegos artificiales, pitidos y batucadas. Sobre el edificio Telefónica, el más alto en la zona, se proyectó el mensaje "Renace", en un guiño a lo que simbólicamente supone enterrar el marco jurídico del régimen. La celebración duró hasta el inicio del toque de queda nocturno que rige en Chile para hacer frente a la crisis del coronavirus.



El impacto de la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas. Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.

¿Qué pasa ahora?

El país debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los miembros de la convención constituyente.

Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. Con esta opción ningún género podrá tener más de un 50%+1 de la instancia, es decir, podrá haber un máximo de 78 hombres o mujeres electos.

La convención que redacte la nueva Carta Magna se constituirá en mayo de 2021.

El texto final se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado "plebiscito de salida" o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

Observadores señalan que para estas etapas posteriores se debe garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho a voto, estén contagiadas de covid-19 o no. De ser aprobada en el referéndum final, la nueva ley fundamental entrará en vigor de inmediato y derogará automáticamente la anterior.

Significado

Esta no es solo la primera vez en la historia de Chile que la ciudadanía es llamada a votar si quiere o no cambiar una Constitución; también marca un hito al ser una Carta Magna cuya redacción quedará en manos de un grupo colegiado elegido directamente por votación popular. Este órgano constituyente tendrá la labor de redactar el texto que reemplazará a la Constitución de 1980, que buena parte de la sociedad considera ilegítima.

Entre los principales temas que abordará el órgano constituyente están la desigualdad y las reformas sociales, reclamos de las pasadas protestas que fueron el detonante para se realizara este plebiscito.

Aunque se trabajará sobre una "hoja en blanco", solo se incluirán las normas aprobadas por 2/3 partes de los integrantes de la constituyente.

Analistas entrevistados por la BBC coinciden en que la nueva Constitución no solucionará todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante para restaurar un equilibrio social en Chile.

Esa parece ser también la conclusión de la ciudadanía chilena que, en mayoría, salió a celebrar con banderas y emoción una jornada que quedará marcada en los libros de historia del país.

Fuente: Editado de BBC mundo

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra declaró al respecto: "Es un importante paso para que se reconozcan y cumplan todos los derechos fundamentales en Chile; a partir de ahora, deberá encontrarse las fórmulas para que esta nueva constitución represente a todos los chilenos y chilenas para que, de este modo todos podamos estar orgullosos de este nuevo documento y la nueva sociedad que ya ha empezado a florecer". 

Apruebo se impone en el Plebiscito 2020. ¡Chile tendrá nueva Constitución!

El Gobierno reconoció el triunfo del Apruebo que hasta ahora se impone con un 78,12% cuando va un total de 76,54% de las mesas escrutadas. También la Convención Constitucional ganó sobre la Convención Mixta.


Miles de personas se reúnen este domingo en Plaza Baquedano para celebrar los resultados del plebiscito 2020, los cuales indicaron una amplia victoria de la opción "Apruebo" y "Convención Constitucional" sobre el "Rechazo" y "Convención Mixta Constitucional".

Las manifestaciones se repitieron en otras comunas de Santiago, como Ñuñoa, y en la mayoría de las regiones del país. Los manifestantes llegaron al lugar con pancartas, banderas y cacerolas para festejar la ventaja de la opción que busca que se redacte una nueva Constitución. Se espera que en el transcurso en que se vayan consolidando los resultados de la votación, lleguen más personas a la zona.

Esto en una votación que, con gran parte de las mesas escrutadas, llegó a convocar a 7.516.664 votantes. Así, se da inicio a un esperado proceso constitucional que se venía pidiendo durante años por la sociedad chilena y que tuvo su inicio más potente el pasado 25 de octubre del 2019 con la multitudinaria marcha que formó parte del Estallido Social.



Fuente: Red Gol 

jueves, 15 de octubre de 2020

Premio Nobel al Programa Mundial de Alimentos ayudará a salvar millones de vidas

 NACIONES UNIDAS, 9 oct 2020 (IPS) - Al ganar el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos (PMA), con sede en Roma, las Naciones Unidas y sus agencias incrementan su presencia, en uno de los premios anuales más prestigiosos del mundo.


El secretario general de la ONU, António Guterres, alabó la decisión del Comité Noruego del Premio Nobel, este viernes 9, porque  el PMA está “en la primera línea contra la inseguridad alimentaria”, al ser el primero en proporcionar asistencia humanitaria de emergencia.

“En un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada noche con hambre”, añadió el máximo responsable de la ONU, quien recalcó que a esa cifra hay que añadirle a otros cientos de millones que se encuentran “en el abismo de la hambruna debido a la pandemia de covid-19”.

“Las mujeres y los hombres del PMA se enfrentan a grandes peligro y distancias para proporcionar sustento vital a los afectados por los conflictos, a las personas que sufren a causa de las catástrofes, a los niños y a las familias que no saben cuál será su próxima comida”, planteó Guterres.

También destacó a David Beasley, director ejecutivo del PMA, y a todo el personal de la agencia, por promover los valores de las Naciones Unidas todos los días y servir a la causa de «nosotros los pueblos» cuando la ONU cumple 75 años.

En una declaración por video,  un emocionado Beasley dijo que el premio es un galardón para “la familia del PMA”. “Están en los lugares más difíciles y complejos del mundo, donde hay guerras, conflictos, extremos climáticos, no importa. Están ahí fuera y se merecen este premio”, aseguró sin poder esconder su exaltación.

«Esta es la primera vez que me quedo sin palabras… Es increíble. ¡Wow! Wow! Wow! Wow!», reaccionó Beasley, exgobernador del estado estadounidense de Carolina del Sur (1995-1999).

El director del PMA recordó que hay unos 690 millones de personas que sufren hambre en el hambre y que tienen derecho a vivir en paz y con sus necesidades elementales satisfechas.

Beasley consideró que el Comité Noruego quiso con el galardón que el mundo ponga su foco en las devastadoras consecuencias para la gente de los conflictos y otros flagelos.

“Las crisis climáticas y las presiones económicas han agravado aún más su difícil situación. Y ahora, una pandemia con su impacto brutal en las economías y comunidades está llevando a millones de personas más al borde de la inanición”, reflexionó



domingo, 11 de octubre de 2020

La indefensión de los derechos humanos ante el poder ejecutivo

Carta al director en el Mostrador 

El caso Ximena Chong y la defensa a los defensores

Señor Director: 

Hace varios años, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales viene insistiendo en que aquellas personas que se vinculan con la protección y promoción de derechos humanos han estado en una situación de vulnerabilidad: reciben amenazas, golpizas, se les ha despedido de sus trabajos, e incluso se investiga la muerte de defensores sociales que han estado al centro de protestas por la protección de derechos sociales y ambientales en distintos territorios. En otras ocasiones se les criminaliza. Así, dirigentes en comunidades como Petorca han sido hostigados por su ardua lucha por el acceso al agua; o los de Quintero- Puchuncaví por la contaminación y zona de sacrificio ambiental en que viven.

Para muchos no es claro quiénes son defensores de derechos humanos. El sistema internacional de protección de los derechos humanos procura ciertas definiciones: una de ellas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que se trata de “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional”. En esta definición se incluyen a profesionales, como los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados/as defensoras quienes a través de su función contribuyen a la realización del acceso a la justicia, ya sea investigando, litigando o juzgando.

Hoy en Chile hay fiscales que viven bajo amenazas. Es conocida por la opinión pública la situación de la fiscal Ximena Chong, quien dirige la investigación por un joven empujado al Río Mapocho por parte de de un carabinero de Fuerzas Especlales, con presunta intencionalidad. Pero la persecutora también participa de indagaciones de otros hechos vinculados a la violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado desde el pasado 18 de octubre.

La labor del Estado, a través de todos sus poderes es asegurar que los defensores estén protegidos en el desempeño de su labor. Relativizar, o señalar que es normal que la fiscal reciba las amenazas, como ha declarado el Senador Iván Moreira por su labor “politizada” de investigar delitos, da cuenta de una profunda crisis política y social.

Creo que es el momento que todos los estamentos adviertan la gravedad de la situación, que el Ministerio Público sea proactivo y consciente en la investigación de las amenazas a dirigentes sociales, que el poder político sea capaz de reaccionar en forma efectiva revisando y modificando las actuales condiciones dentro de Carabineros, y que los jueces se aseguren que no haya impunidad.

Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP




Juan de Dios Parra, Secretario ejecutivo de la ALDHU, declaró al respecto: "Si bien la violación de los derechos humanos en las protestas de Chile han sido sistemáticamente excusadas por las autoridades de Carabineros, el inactuar del organismo en la extorsión de una fiscal por parte de funcionarios del organismo (u otras personas) debería ser intensamente cuestionada. La inactividad o la actuación autónoma la hace ser una organización que opera en contra de las estabilidad del estado  y que actúa en contra de las bases constitucionales y de la separación de poderes.

miércoles, 7 de octubre de 2020

La ONU aprobó extender la investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela: cómo votó cada país

 La lista da cuenta de las 22 naciones que apoyaron la iniciativa, las 22 abstenciones y los tres rechazos, entre ellos el del régimen de Nicolás Maduro. El líder chavista fue acusado de tener responsabilidad directa en crímenes de Lesa Humanidad en el último informe de la Misión Internacional


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este martes que se sigan investigando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, el organismo dio luz verde a una resolución que implica que se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño; se condena las violaciones a los DDHH ya comprobadas; y se llama a celebrar elecciones libres.

El proyecto que se presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al régimen de Maduro fue firmado por más de 50 países.

En el texto, las naciones manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” que tiene lugar en el país: la situación en el arco minero del Orinoco y los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes -que redunda en una imposibilidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales- y las necesidades humanitarias de una vasta porción de la población.


También se refirieron a la inseguridad alimentaria y la emigración masiva. Por ello “expresan profunda preocupación porque más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar” el país y que 7 millones -un tercio del país- carezca de seguridad alimentaria y necesite asistencia.

A nivel general, el documento refiere al reciente informe de la FFM (Fact Finding Mission, misión para determinación de los hechos, por sus siglas en inglés) que determinó que “Maduro tiene responsabilidad directa en estos crímenes de Lesa Humanidad”.

Al respecto, expresó “profunda alarma” ante la existencia de motivos razonables para “creer que en Venezuela se han cometido los siguientes Crímenes de Lesa Humanidad: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Los 22 países que votaron a favor de la resolución:

Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay.

Los 22 que se abstuvieron:

Afganistán, Angola, Armenia, Baréin, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo.

Los 3 que votaron en contra:

Venezuela, Eritrea y Filipinas.

Fuente: Infobae

lunes, 5 de octubre de 2020

Comisión Chilena de Derechos Humanos interpone querella contra Presidente Piñera por adolescente arrojado al Mapocho

 Comisión Chilena de Derechos Humanos interpone querella contra Presidente Piñera por adolescente arrojado al Mapocho. Además la querella apunta al ministro del Interior Víctor Pérez, y contra el director general de Carabineros, Mario Rozas.



La Comisión Chilena de Derechos Humanos interpuso una querella contra el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, por el caso del joven arrojado por un carabinero, este viernes, al Río Mapocho.

El adolescente, de nombre Anthony Araya, fue arrojado desde el Puente Pio Nono mientras se encontraba ejerciendo su derecho a protesta.

“Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 inciso 2°, 112, 113, y 172 del Código Procesal Penal, venimos en interponer querella por el delito de homicidio frustrado descrito y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal y artículos 1°, 4°, 5°, 35 y 37 de la ley 20.357 en la persona del adolescente A.A., de 16 años, en contra de en contra de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, cédula nacional de identidad N°5.126.663-3, Presidente de la República de Chile, domiciliado en calle Moneda S/N, Santiago, Región Metropolitana; Víctor Claudio José Pérez Varela, cédula nacional de identidad N°7.224.810-4, Ministro del Interior y Seguridad Pública, domiciliado en calle Moneda S/N, Santiago, Región Metropolitana; Mario Alberto Rozas Córdova, cédula de identidad N°10.943.125-7, chileno, General Director de Carabineros de Chile, domiciliado en Avenida Bernardo O’Higgins 1196, Santiago, Región Metropolitana; y en contra de todos quienes resulten responsables, sea en la calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión”, se lee en el documento ingresado a la Justicia.

“El día 2 de octubre de 2020, mientras se desarrollaba una manifestación en las inmediaciones de Plaza Dignidad (Plaza Baquedano), alrededor de las 19:00 y 20:00 horas., funcionarios de Carabineros de Chile, inicio la represión en contra de los manifestantes; en esos instantes, un grupo de jóvenes comenzó su huida por el puente Pio Nono hacia el norte, incluido el adolescente A.A. de 16 años, quien es empujado por un funcionario de Carabineros de Chile, con tal fuerza hacia la baranda del puente, y con la clara intención de provocar la caída al rio Mapocho, causándole graves heridas”, continúa.

Ante esto, desde la Comisión denuncian que Carabineros incumplió su deber de socorro, señalado en el artículo 83 del Código Procesal Penal”.

“Como se observa en los múltiples videos difundidos, acudieron en su rescate varios voluntarios, quienes fueron los que prestaron los primeros auxilios. Es relevante señalar que ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar, fue a prestar ayuda, y se quedaron en el puente simplemente observando el cuerpo inconsciente en la ribera del río. Nuevamente y como parte de una ya práctica habitual, los uniformados incumplen el deber de socorro, señalado en el Art. 83 del Código Procesal Penal”.



El Carabinero señalado como presunto autor de los hechos fue detenido este sábado por la PDI, bajo el cargo de homicidio frustrado.

Fuente: Radio Chile