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miércoles, 26 de agosto de 2020

Nueva Constitución para Chile.

La ALDHU apoya la formulación de una nueva constitución, en defensa de los Derechos Humanos.


 

El plebiscito del 25 de octubre será el primer gran hito electoral de 2020. El plebiscito de entrada será con voto voluntario, a través de dos papeletas. Una para Aprobar o Rechazar la redacción de una nueva Constitución y la otra para elegir el mecanismo que la redactaría: una Convención Constitucional o una Convención Mixta Constitucional.
 

domingo, 23 de agosto de 2020

Volvió el horror: 43 masacres en Colombia en lo que va de 2020

En siete meses y medio ya se contabilizan 181 víctimas mortales por cuenta de estos crímenes.El 72% ocurrió en los cinco departamentos que presentan el mayor número de asesinatos de líderes sociales, entre ellos Nariño, Cauca y Antioquia.

El capítulo de dolor que se está escribiendo con la sangre de colombianos asesinados (sobre todo los jóvenes) parecía ser historia del pasado. Se había pensado que el macabro recuento de las masacres había quedado en los libros o en bases de datos para consulta. Pero no. En plena pandemia, los grupos armados ilegales de todos los pelambres han recurrido a las matanzas de civiles para amedrentar y para decirles a las poblaciones, a punta de fusil, que quieren mandar en un territorio. Seis masacres se han cometido en los 20 días que han transcurrido en este mes de agosto, que sin duda pasará a la historia.

Estos últimos hechos violentos dejaron 24 víctimas mortales. Entre ellas seis menores de edad, tres comuneros indígenas del resguardo awá de Pialapí Pueblo Viejo, en Nariño, y siete jóvenes menores de 26 años.

Las más recientes masacres sucedieron entre el viernes 21 y sábado 22 de agosto. Tres en menos de 48 horas. El pasado 21 de agosto, al corregimiento El Caracol, de Arauca capital, llegaron con enorme dificultad las autoridades para levantar los cadáveres de cinco personas. Más tarde, en la noche de este mismo día se confirmó el asesinato de seis personas en El Tambo (Cauca). Y a unas horas de la llegada del presidente Ivan Duque a Nariño, el gobernador de este departamento, Jhon Rojas, confirmó la masacre de seis personas, aún por identificar.

Por este motivo, Colombia 2020 indagó con varias instituciones del Estado y con organismos internacionales para presentar ese doloroso panorama de las masacres, pero no obtuvimos respuesta. Así que con información propia y con datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) logramos documentar las 43 masacres sucedidas entre el 11 de enero y el 22 de agosto.

Antes de continuar, aquí hay que hacer un alto. Por las dinámicas propias de este diario, la versión impresa de este artículo alcanzó a registrar, hasta la tarde del viernes 21 de agosto, 41 masacres. Al momento del cierre, se tenía registro de la matanza en Arauca como la más reciente. Nunca nos imaginamos que en menos de 12 horas se presentaran dos crímenes más para que la cifra llegara a las 43 masacres y 181 víctimas mortales. Por este motivo, cabe aclarar que esta versión está actualizada con los últimos registros confirmados.

Durante este período se identificó que Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos en los que se han presentado el mayor número de masacres en lo corrido de este año. En estos territorios se presentaron 31 masacres, es decir, el 72 % del total registrado en todo el país. Como es de esperarse, allí se concentra la mayor cantidad de víctimas: 134 de 181, aproximadamente el 74 %.

No es casualidad que estos cinco departamentos sean, además, los más afectados por asesinatos de defensores de derechos humanos. Según la Fiscalía General de la Nación, entre noviembre de 2016 a julio de 2020, en Cauca se presentaron 57 asesinatos a líderes sociales; en Antioquia, 48; en Norte de Santander, 32; en el Valle del Cauca, 26, y en Putumayo, 20.

Y, paradójicamente, en estas cinco regiones se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y están inscritas la mayoría de las familias a los Planes de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), previstos en el Acuerdo de Paz.

Asimismo, cabe resaltar que las víctimas de estas masacres han sido principalmente hombres que habitan en zonas rurales del país. Entre ellos líderes sociales, jóvenes, campesinos, sindicalistas e indígenas.

Mapa masacres en Colombia (11 de enero a 22 de agosto de 2020)

Además, se encontraron asesinatos múltiples de miembros de una misma familia. Este fue el caso de la masacre en Piamonte (Cauca), en la que acabaron con la vida de cinco miembros de la familia Gasca Ortega. Esto sucedió también en la masacre de Mercaderes (Cauca), en la que asesinaron a cuatro miembros de la familia Narváez Daza.


Hasta ahora las autoridades no han establecido a los autores materiales ni intelectuales de ninguno de estos hechos. Se señalan presuntos autores, pero sin investigaciones concluyentes. En los casos de Samaniego y Cali se ha dicho que hay investigadores élite de la Fiscalía y, como siempre, se han hecho anuncios de investigaciones exhaustivas. En algunos casos se ha dicho que los crímenes obedecen a “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes. Los grupos de la disidencia armada de las Farc y las estructuras herederas de la desmovilización paramilitar están en los listados de presuntos autores.

El gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas, aseguró que “hay un recrudecimiento de la violencia en varios lugares: Policarpa, Leyva, Tumaco y Llorente. Hay una pérdida de control, porque los espacios que dejó la exguerrilla de las Farc fueron ocupados por delincuentes”.

viernes, 21 de agosto de 2020

El luto del pueblo awá en Nariño tras masacre de tres indígenas

 Tres comuneros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo fueron asesinados en una masacre que pudo haber ocurrido hace más de 10 días, pero que fue silenciada por miedo.


Nadie hasta el momento ha podido confirmar el día exacto en que tres indígenas awás fueron asesinados en la remota comunidad del Aguacate, en el resguardo Pialapí Pueblo Viejo, en Ricaurte (Nariño). Pero todo indica que la masacre habría ocurrido hace más de 10 días. Luego de recibir alertas de esa zona sobre una posible masacre, una comisión humanitaria encabezada por el gobernador del resguardo y el coordinador de tierra y justicia del Cabildo Mayor de Ricaurte (Camawari) se trasladó al territorio el pasado lunes y apenas este miércoles en la tarde fueron hallados los tres cuerpos, en avanzado estado de descomposición. Según Miguel Caicedo, gobernador del resguardo, los habitantes de la comunidad no habían denunciado los hechos por miedo.

Jhon Kevin Guanga Guanga, de 18 años, Lumar Leonel Guanga Nastacuas, de 24 años, y Eider Sebastian Guanga, de 18, son los tres comuneros indígenas asesinados según pudo establecer este diario. Sus asesinatos tardarían en conocerse, además, porque ocurrieron en la más lejana de las 10 comunidades del resguardo, ubicada a casi 12 horas del casco urbano de Ricaurte y completamente incomunicada a través de señales telefónicas. Para acceder al Aguacate se necesitan primero dos horas de recorrido en moto o en carro y en adelante otras 10 a pie o a lomo de mula. De ahí que, al ser difícil el acceso, la desinformación llevó a hablar en principio de más de 10 indígenas desaparecidos, lo cual finalmente no confirmaron el gobernador del resguardo ni el coordinador de Camawari.

Fuente: El espectador

Ascendieron a un coronel acusado de violación de los derechos humanos, torturas y muertes en la Dirección de Inteligencia de Venezuela

El chavismo designó a Hannover Esteban Guerrero Mijares como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la 35 Brigada de Policía Militar. Ocupaba un rol clave en la estructura represiva cuando fue asesinado el capitán Acosta Arévalo

Coronel Hannover Guerrero

Con el número de Resolución 037274 del 18 de agosto de 2020, el Ministro de la Defensa GJ Vladimir Padrino López, por disposición de Nicolás Maduro Moros, designa al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de lo que fue la prestigiosa y reconocida 35 Brigada de Policía Militar “Libertador José de San Martín”, con sede en el Fuerte Tiuna. Ese coronel ha sido denunciado por numerosos familiares y presos como responsable de la ejecución de la violación de derechos humanos, torturas y muertos mientras fue Jefe de Investigaciones en la Dirección General de Contrainteligecnia Militar (DGCIM).

Sólo con encubrimiento ha logrado mantenerse en la Fuerza Armada. Un general confiesa que “siendo teniente, Guerrero Hannover ingresó a la habitación de las soldados femeninas e intentó propasarse, pero ellas reaccionaron y lo sacaron a golpes del dormitorio. Eso ocurrió en el 351 Batallón José Miguel Lanza. El entonces comandante, de apellido Segovia, lo perdonó para evitar el escándalo. Solo por esa acción ese teniente debió ser severamente castigado”.

No es la primera vez que este oficial del Ejército está en Policía Militar. En la época en que era capitán, fue sacado de esa unidad por varios arrestos simples por errores cometidos en el Parque de Armas, donde se dejó robar un armamento, lo cual debió ser motivo suficiente para que su carrera tuviera serios tropiezos en sus ascensos.

Recibió la benevolencia de un oficial que lo envió a otra unidad Militar.

Años después, con el grado militar de Mayor fue nombrado segundo comandante del 351 Batallón José Miguel Lanza, el mismo aquel donde se metió a los dormitorios de las femeninas, repitió la hazaña, al ingresar a la de una femenina.

Y asombrosamente después, siendo teniente coronel, comandó el 352 Batallón de Policía Militar Capitán Abdón Calderón en Fuerte Tiuna, en las mismas instalaciones de la Brigada.

Rafael Acosta Arévalo fue asesinado cuando Hannover Guerrero era director de Investigaciones

En la DGCIM

Como coronel Hannover Guerrero fue el Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que dirige el MG Iván Hernández Dala, hasta el 21 de agosto cuando lo sacan de la sede central y fue nombrado para la Región Capital de DGCIM, según instrucción Nr. 035/14AGO19.

En ese cargo, Hannover reemplaza a su también antecesor en la DGCIM, al entonces coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, a quien Nicolás Maduro asciende en julio 2002, a General del Ejército venezolano, de número 14. Franco y Hannover crearon una escuela de tortura, fábrica de expedientes y testigos estrellas, en concordancia con tribunales militares y de terrorismo, así como del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Eso se refleja en los relatos de familiares y víctimas.


La DGCIM se hizo más brutal violando DDHH desde que llegó Hannover Guerrero

Si fue sombría la etapa de Franco Quintero al frente de Investigaciones en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la más terrible ha sido la del coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares, quien egresó de la promoción 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”. Hoy ese cargo está en manos del general de brigada Carlos Enrique Terán Hurtado, quien también ha cometido violación de derechos humanos contra detenidos en esos inmundos sótanos y familiares.

Aunque al inicio de la llegada de Hannover Guerrero las condiciones de los detenidos en la DGCIM mejoraron bastante, poco después aplicó mayor brutalidad que su antecesor. Es por eso que durante la época en que fue jefe de Investigaciones, ocurrieron la tortura de varios militares y civiles, el levantamiento de actas de investigación amañadas con uso de testigos que cedían a presiones para que declararan contra aquellos que el Gobierno tiene interés en mantener presos y la muerte de varios detenidos.

Los emblemáticos fallecidos en la etapa de Hannover:

Nelson Martínez: el 30 de noviembre 2017 fue detenido quien fuera presidente de CITGO, Ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela. Un año después empezó a presentar problemas de salud por una válvula coronaria vencida, pero no le dieron asistencia médica a tiempo. Cuando fue sacado para el Hospital Militar de Caracas, con un cuadro febril que algunos custodios consideraron alarmantes, era demasiado tarde con sepsis que lo llevó a la muerte unos días después.

Nelson Martínez, ex ministro y ex presidente de PDVSA, murió porque estando preso en DGCIM no recibió asistencia médica a tiempo

Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo: el 21 de junio 2019 fue secuestrado por funcionarios de la DGCIM, del estacionamiento de un centro comercial. Cinco días después el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mencionó a través de la televisión que Acosta estaba señalado de planificar magnicidio y actos terroristas. El presidente de la Asamblea Constituyente y número 2 del Gobierno, dijo en su programa de televisión, cuando se refirió a los detenidos el 21 de junio, entre esos al capitán de corbeta, que “todos están detenidos a buen resguardo declarando”. El 28 de junio es presentado al tribunal Tercero de Control Militar, al cual Acosta es llevado en silla de ruedas, con signos evidentes de tortura y pidiendo auxilio ante el juez capitán (GNB) Maikel Amezquita Pion, quien se limitó a enviarlo al hospitalito de Fuerte Tiuna, donde pocas horas después el oficial falleció.

La más asombrosa impunidad ha caído sobre esos casos. Ni siquiera ha habido contundencia para lograr que se investiguen los hechos.

Fuente: Infobae

lunes, 17 de agosto de 2020

Masacre de Samaniego: una nueva matanza de jóvenes deja en evidencia el recrudecimiento de la violencia en Colombia

 Mientras una comunidad vela a sus muertos, otra, en un rincón distinto del interior de Colombia, es también atacada y obligada a enterrar a parte de sus miembros.


Luego, los titulares sobre "masacres" llegan a los medios, los colombianos expresan luto y la pregunta sobre qué está pasando en el país que había dejado atrás 60 años de guerra queda en el aire.

No hay respuestas, solo autoridades y políticos manifiestando "solidaridad" y "dolor", prometiendo "investigar" y "llegar al fondo" de los hechos.

Esto que había sido parte de la normalidad durante décadas revivió esta semana con varios sucesos que muestran un recrudecimiento de la violencia en algunas partes del país donde la ausencia del Estado, entre pobreza e incertidumbre por los efectos de la pandemia, es remplazada por el proceder de grupos armados que viven del narcotráfico.

Desde que, en 2016, se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la violencia ha disminuido de manera sostenida.

En 2019, la tasa de homicidios fue la tercera más baja desde 1976 y en los seis primeros meses de 2020 hubo una reducción del 14% de esos delitos, según cifras oficiales.


El gobierno de Iván Duque, en el poder desde 2018, celebra los números como atributos de sus políticas de seguridad y de "paz con legalidad".

Sin embargo, la oposición lo acusa de no cumplir con el acuerdo de paz y, con eso, permitir que la violencia recrudezca.

Además, expertos aseguran que estas cifras hablan más de las ciudades que de las regiones remotas donde la paz pende de un hilo.

Es allí donde el narcotráfico, la delincuencia y las luchas de poder entre grupos ilegales están generando una nueva, cruda y reiterativa violencia.

Tres "masacres" en una semana

El sábado 8 de agosto, Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, fueron a su colegio en Leiva, en el departamento de Nariño (sur), a dejar una tarea que no podían enviar por internet.


El día anterior se habían reportado combates entre disidencias de las FARC, un grupo de exguerrilleros que desertaron del acuerdo de paz, y las Autodefensas Gaitanistas, un reducto del paramilitarismo.

Según medios locales, el sábado en la mañana los niños pasaron por la zona de combate, les dispararon a quemarropa con armas de largo alcance y murieron.

Tres días después, en la noche del martes 11 de agosto, los cuerpos de cinco menores de entre 14 y 15 años fueron encontrados con signos de haber sido torturados y asesinados en Llano Verde, un barrio del suroriente de la ciudad de Cali, donde durante años se han reportado conflictos entre bandas de microtráfico de drogas.

Las autoridades no han esclarecido qué ocurrió, pero las hipótesis incluyen un intento de robo, un ajuste de cuentas entre bandas y una reprimenda por haberse negado a ser reclutados por organizaciones criminales.

El jueves, las familias de las víctimas organizaron un funeral que primero fue interrumpido por médicos forenses y luego por una granada que detonó en una estación de policía muy cerca de la zona, dejando seis heridos.

Los colombianos no terminaban de enterarse de estos sucesos cuando el domingo 16 amanecieron con la noticia de la masacre de ocho jóvenes en Samaniego, un municipio de Nariño donde durante años se reporta la creciente presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hoy la guerrilla más grande del país.

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, reportó una incursión de "hombres armados" en el marco de "un derramamiento de sangre" que, dijo, ha producido "más de 20 homicidios en dos meses en Samaniego", una localidad que está en un punto estratégico del tráfico de cocaína, cuya producción en esta zona del país ha aumentado recientemente.


La policía de la zona les dijo a los medios que investiga si la masacre fue producto de un enfrentamiento entre bandas ilegales e informó que uno de los heridos arrestados era un cabecilla del frente suroccidental del ELN.

Qué significa

Aunque estas tres masacres coincidieron en una semana y han generado conmoción entre los colombianos, durante los últimos dos años los asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las guerrillas e indígenas se han convertido en demasiado habituales en las zonas donde la paz con las FARC dejó un vacío de poder.

Según Indepaz, un centro de estudios sobre el conflicto, 971 indígenas, campesinos, afrodescendientes, sindicalistas, mujeres y ambientalistas fueron asesinados entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 de julio de 2020.

Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos con más asesinatos.

"No hay un repunte de homicidios generalizable", explica Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.

"Sin embargo, se pueden ver dos tipos de nuevas masacres: una de grupos armados ligados a la producción de narcóticos que usan el miedo y el terror que un asesinato colectivo infunde para que los grupos de jóvenes y la comunidad no interrumpan sus intereses", afirma Restrepo.

"Y otras que responden a disputas entre grupos armados ligados a la explotación de oro, el tráfico de narcóticos y la producción de drogas ilícitas y que están en proceso de fusionarse o adquirirse entre ellas", agrega.

"Estamos ante una normalización de la violencia del crimen organizado que se ha visto en otros países que intentan salir del conflicto armado y estamos empezando a ver que esa violencia, que antes afectaba a los líderes de las comunidades, ahora está afectando a las comunidades".

Colombia pudo haber dejado atrás la guerra con las FARC, pero quedan pendientes otras guerras, más diversas y diseminadas, que tienden a recrudecerse y transformarse en tiempos de pandemia. La paz sigue esperando.

Fuente: BBC Mundo

El caso de Paola Guzmán, la adolescente ecuatoriana que se suicidó tras sufrir abusos sexuales en su escuela, y por el que la CIDH declaró responsable al Estado de Ecuador




"Paola era una niña muy alegre, amorosa, querida por toda su familia y llena de sueños".

Así describe Petita Albarracín a su hija, Paola Guzmán, una joven ecuatoriana que quiso quitarse la vida al enterarse de su embarazo producto del abuso sexual que sufrió durante dos años en su colegio.

 Petita Albarracín, la madre de Paola Guzmán, pidió justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como presunto responsable, las autoridades ecuatorianas investigaron a Bolívar Espín, quien entonces era vicerrector de la escuela Martínez Serrano, donde acudía Guzmán en Guayaquil.

Guzmán, en cambio, no pasó de los 16 años, la edad que tenía el 12 de diciembre de 2002, cuando tomó pastillas de fósforo blanco o "diablillos", como se conocen en Ecuador, para quitarse la vida.

Los diablillos, que se utilizan en la pirotecnia, contienen una sustancia química muy tóxica y con altas posibilidades de causar la muerte si se ingiere.

Su madre, familia y amigas quisieron salvarla tras la ingesta del tóxico pero una sucesión de encubrimientos y omisiones hicieron que Paola perdiera la vida.

Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo.

La CIDH dijo en un comunicado emitido este viernes que en su sentencia, emitida en junio, "encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por Guzmán".

"La Corte estableció que los hechos del caso se basaron en el abuso de una relación de poder y confianza", añadió el tribunal. "Ello se advierte, en forma concreta, dados los señalamientos de que los actos con implicancias sexuales que el Vicerrector desarrolló con Paola comenzaron como condición para que él la ayudara a pasar el año escolar".

La Corte concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y de la dignidad, la educación; y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer, en agravio de Paola; además de otros delitos en agravio de su madre y hermana.

Además, la CIDH ordenó al Estado de Ecuador brindarle tratamiento psicológico o psiquiátrico a ambas y una indemnización, entre otras medidas de reparación.

¿Quién era Paola?

Paola Guzmán vivía con su hermana pequeña, su madre y abuela en un suburbio de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a principios de los 2000.

"Teníamos una vida tranquila. Había mucho amor y valores", describió Petita en una audiencia en la CIDH en enero.

"Yo he sido madre y padre para mis hijas. He tenido que trabajar duro para que no les falte nada", contó la madre.

Entre los proyectos de Paola estaba conocer Nueva York, donde vivía su tía, y terminar la escuela secundaria.

"Quería ser secretaria para poder trabajar en una buena empresa", le dice la madre a BBC Mundo.

Pero en octubre de 2002, Petita comenzó a notar cambios en Paola.

"¿Mi hija qué te está pasando? ¿Tienes algún problema?", le preguntaba.

"'No, mamita' y me hacía bromas", relató.

"Pero me di cuenta (de que algo pasaba) por unas llagas que le salieron (en el cuerpo). El médico me dijo que era psoriasis, que esa enfermedad brota cuando alguien tiene problemas o preocupación", describió.

La mujer contó que conoció al vicerrector del colegio cuando Paola tuvo una nota baja en un examen y acompañó a su hija para hablar con Bolívar Espín, porque estaban dando oportunidades a alumnos con calificaciones bajas.


"Le dije que yo le podía poner un profesor en casa, pero creo que no le gustó. Entonces no la ayudó", relató Petita en la audiencia.


El trágico día


El 12 de diciembre de 2002, sonó el teléfono en la casa de los Guzmán Albarracín. Atendió una sobrina de Petita. De repente sus ojos se pusieron rojos.

"¿Qué pasa?", preguntó la mujer.

"Llamó una compañera que Paola tomó algo y que vayamos al colegio rápido. Con mis sobrinos tomamos un taxi y fuimos. Había un grupo de niñas afuera llorando y comentando, pero yo seguí de largo al rectorado a ver a mi hija. Y ahí vi como en un callejón a mi hija tirada en una butaca. En ese momento el vicerrector se acerca y me dijo: 'Coja a su hija y llévesela'", relató Petita casi al borde del llanto.

"'¡Mamita, mamita perdóname!', escucho que me dice ella".

Paola apenas podía caminar del dolor y decidieron llevarla al hospital. Según la familia, la joven no había recibido atención médica en la escuela.

"En el hospital la doctora me dice: 'Señora su hija tomó diablillos'", relató Petita.

Los diablillos se encienden por un raspado violento y se usan en fiestas populares. Si se ingieren en cantidad pueden ser mortales.

Estas pastillas contienen fósforo blanco inorgánico en una concentración promedio de 20 miligramos por tableta, una dosis 50 a 60 mg es letal, según explicaron los peritos en la Corte.

Paola tomó 11 pastillas.

"Se trató de un caso grave de evolución rápida que llevo a una falla multiorgánica", dijo uno de los expertos en la audiencia.

La comunidad médica de Ecuador viene advirtiendo sobre la peligrosidad de este producto hace décadas ya que es de fácil acceso y los jóvenes lo utilizan para intentar suicidarse.

"Como debe haber estado desesperada mi hija por haberse tomado los diablillos", reflexionó Pepita.

"¿Por qué lo hiciste?"

La familia decidió llevar a Paola a una clínica privada. Pero el estado de salud de la joven empeoraba.

"Me decía mamita báñame, dame agua… (el fósforo blanco) ya le estaba quemando. Y yo no podía hacer nada", relató Petita con voz angustiada.

"Yo le preguntaba: '¿Por qué lo hiciste? ¿Algún enamorado? ¿Qué paso?'. No mamá, no es nada", recordó la madre llorando en la sala de audiencias.

"Al día siguiente mi hermana se da cuenta que las uñas están moradas y me grita: ¡Paola se está muriendo!".

La llevaron a terapia intensiva. Paola murió el 13 de diciembre de 2002.

La verdad

Luego de 18 años de ese trágico hecho que cambió su vida por completo, Petita Albarracín recordó en la sala de la Corte-IDH el mismo dolor y llanto de ese día, y cómo se enteró de la verdad.

"Estábamos en la clínica con todas sus compañeras y entra una periodista gritando: '¿Quién es la mamá de Paola? Señora, usted tiene que denunciar a Bolivar Espín, el vicerrector, porque una compañera me llamó y me contó todo. Este hombre la acosaba, la violó y la embarazó'", narró.

"Me quede sorprendida de enterarme sobre tantas cosas que le estaban pasando a mi hija. Le dije al doctor que le haga un examen para ver si mi hija estaba embarazada", continuó.

Pero el cuerpo de Paola ya estaba en manos de los forenses y serían ellos los encargados de determinar si la joven estaba embarazada.


"Sin importarle el dolor que yo sentía, (el forense) me hizo entrar y vi a mi hija en una mesa desnudita y con su cuerpo todo abierto, sus órganos ahí…. Me enseñó una carne y me dijo: 'Este es el útero de su hija, no hay embarazo'", relató Petita con la voz entrecortada.


"En el medio de mi dolor, ¿cómo podía saber si eso era un útero?", se preguntó la madre. "Mi hija estuvo embarazada porque le enseño una prueba de un laboratorio particular a su compañera", añadió.


Petita cuenta que días antes de su muerte Paola le contó a sus amigas que estaba embarazada del vicerrector. Pero, las cosas irían a peor para la joven.


"El victimario le indicó que debía practicarse un aborto en el servicio médico del colegio, allí fue nuevamente víctima de violencia sexual pues el médico le condicionó el procedimiento a cambio de sexo", según el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil, organizaciones que dan apoyo legal a Petita.


"El abuso que tuvo mi hija lo vivió ahí (en la escuela). Lo sabía el rector, las autoridades, los profesores, el alumnado, las compañeras y no me dijeron nada. Todos los sabían", se lamentó la madre.


"Fui abusada sexualmente por un chamán en un retiro de ayahuasca en Perú"

Paola dejó dos cartas de despedida: una dirigida a su madre y otra a Bolívar Espín.


"La que se dirige a mi dice: 'Mamita, mamita, perdóname, cuida a mi ñaña (abuela) que yo te cuidaré desde el cielo'".


Después de haber leído ambas cartas, la madre afirmó que su hija sufría por culpa de Espín.


"Él abusó de su confianza. Ella tal vez lo vio como un superior, como un profesor. Pero él abusó, la manipuló. Mi hija tenía 16 años y este hombre tenía 65. Eso no es amor. Cuando ella estaba ahí tirada él tuvo que haberla amenazado para que no nos dijera nada. Eso ella se lo llevo a la tumba", retomó.

La investigación

Para esta mujer ecuatoriana, la muerte de su hija no solo desmoronó su vida sino que tuvo que salir a buscar justicia con los pocos recursos que tenía. Y no le fue fácil.

"Yo era una mujer pobre. Tuve que buscar abogados. Fui a la Defensoría del Pueblo, me apoyaron dos meses y me dejaron abandonada", contó.

"Fue una lucha terrible. Hice todo lo posible por mandarlo preso: fui a la fiscalía, al juzgado… hubo mucha humillación. No me atendían y los papeles los tiraban. 'Aquí no va a haber justicia, yo no puedo estar aquí', pensé".

En 2003, se inició una investigación en la fiscalía del Guayas, en el oeste de Ecuador, donde la defensa de Petita solicitó la prisión preventiva contra Espín, pero el juez negó el pedido.

Ese mismo año, la madre presentó una segunda demanda contra el vicerrector por daño moral ante la instigación al suicidio de su hija.

En 2004, la justicia dictó una orden de prisión preventiva contra Bolívar Espín pero éste se fugó. Luego fue llamado a juicio por los delitos de acoso sexual e incitación al suicidio. Sin embargo, tampoco apareció.

En 2005, fue sentenciado a pagar una indemnización de US$25.000 dólares por la demanda de daño moral presentada por la madre de Paola. Pero Espín siguió sin comparecer ante la justicia hasta que los delitos imputados en su contra prescribieron.


Solo en el ámbito administrativo se logró una sanción por abandono del cargo como vicerrector.

"Nosotros agotamos todas las instancias. Hice lo que más que puede hacer una madre. Lamentablemente en Ecuador no se hizo justicia", dijo Petita.

"Él está libre y vivo, mi hija no. Trabaja en colegios particulares donde no lo conocen", afirmó.

Y aparentemente el caso del abuso a Paola no fue el único.

"Se llegó a saber que adolescentes que fueron abusadas por este señor que tuvieron que ser cambiadas de colegio y sus familias no quisieron contar lo que pasó", dijo a BBC Mundo Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil y abogada de Petita.

Pero cuando se conoció la historia de Paola comenzaron a saberse de otros casos, aunque no hubo denuncias en la justicia.

"Una profesora había informado a las autoridades de Educación que este señor la había encerrado en una habitación, había tocado su cuerpo, la había acosado, pero no se hizo nada. Hubo un silencio cómplice de todas las autoridades", resumió Martínez.

Cambio de vida

"Este hombre destruyó la vida de mi hija, la mía y de mi familia", describió Petita en la CIDH.

"Fue una lucha tan dura que yo ya no quería seguir, pero tuve que hacerlo. Encontré buenas abogadas para seguir luchando porque mi hija fue una víctima", añadió.

Petita Albarracín junto al CEPAM de Guayaquil presentaron el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no encontraron la justicia que buscaban en Ecuador.

"Estuvimos en un acuerdo de solución amistosa con Ecuador durante muchos años pero no se pudo avanzar porque siempre había algún contratiempo", dijo Martínez, quien representa a Petita Albarracín desde 2005.

"Cuando hay impunidad y no hay justicia se deja un mensaje de permisividad para que este tipo de acciones puedan ser totalmente naturalizadas, avaladas, permitidas y sigan siendo parte de la cotidianidad que vivimos las mujeres en todos los países de América latina", reflexionó.

¿Qué dijo el Estado ecuatoriano?

Durante la audiencia en la Corte-IDH, Ecuador pidió disculpas a Pepita Albarracín y a su otra hija, Denis.

"Como representante del estado ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denis Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán", dijo María Fernanda Álvarez, abogada representante del Estado de Ecuador.

Y también expresó sus disculpas "por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan generado violaciones a sus derechos en la búsqueda por la verdad y el reconocimiento".

Sin embargo, los representantes de Ecuador no reconocieron responsabilidad en el caso de Paola. Algo que a la defensa llamó mucho la atención.

"Ofrecer una disculpa pública y luego no reconocer la responsabilidad de los hechos es por lo menos contradictorio. Nos causó mucha indignación", afirmó Martínez a BBC Mundo.

"Con sus mismos peritos nos permitió aclarar que hubo una desatención a Paola, que el haberse dado de otra manera había una probabilidad, aunque mínima, de que Paola aún estuviera con nosotros", agregó.

De todos modos, en su exposición, Ecuador reiteró "su compromiso de que los hechos de este caso no se vuelvan a repetir".

Búsqueda de justicia

"Yo espero de esta Corte haga lo que no ha hecho mi Ecuador porque no me dieron protección. No hubo justicia. Se lo dejo en manos de Dios y en su corazón", le dijo a los jueces mirándolos a los ojos.

"Esto no me la va a devolver a mi hija. Pido justicia y reparación. Estoy cansada y enferma psicológicamente. Esto es lo último que hago por Paola"dijo Petita.

"Solo espero vivir una vida tranquila y que no le pase nada a mi otra hija que es la única que me queda", agregó.

Paola tendría hoy 33 años de edad.


Fuente: BBCMundo

viernes, 14 de agosto de 2020

CUARENTA ANOS DE LUCHA POR LA DEMOCRACIA, LA PAZ Y LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA.

 

                Han pasado cuarenta años desde que el presidente Jaime Roldós Aguilera, con el concurso de grandes personalidades latinoamericanas, fundara en Quito, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), en una muestra de su audacia y compromiso con los valores de la democracia y los derechos de las personas.

Jaime Roldós advirtió la necesidad de dotar a los demócratas latinoamericanos de un instrumento útil para luchar por la restauración de las democracias en el continente y contra las dictaduras militares lo asolaban, generando capacidad de denuncia de las violaciones masivas a los derechos humanos que estas perpetraban y para perseguir internacionalmente a los culpables de los crímenes contra la humanidad.

         A esos efectos, Roldós convocó a Quito a una centena de líderes políticos, académicos, religiosos, de la cultura y de la sociedad, para un día como hoy, dar nacimiento a la ALDHU. La concibió como una organización internacional no gubernamental, para los países de América latina y el Caribe, plural, independiente de gobiernos, de partidos políticos o confesiones religiosas, conformada por personalidades de la región genuinamente comprometidas con los valores de la democracia y los derechos esenciales de la persona.

 Varios de quienes comparecieron al acto de fundación de la ALDHU, ya no están hoy con nosotros. Su promotor, Jaime Roldós, murió tempranamente en un atentado que costó la vida también a su esposa y al alto mando militar ecuatoriano de la época. Muchos de los que aportaron trabajo y apoyo en épocas difíciles para la consolidación de esta instancia también nos dejaron, como los venezolanos Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Juan Vives Suria, el salvadoreño Guillermo Ungo, el colombiano Apolinar Diaz Callejas, los chilenos Radomiro Tomic, Ángela Jeria de Bachelet y Andrés Aylwin, los uruguayos Héctor Gros Espiell, Líber Seregni, Gerónimo Cardozo y Alberto Zumarán; los ecuatorianos Oswaldo Guayasamín, Monseñor Leónidas Proaño y Monseñor Luis Alberto Luna Tobar; el boliviano Luis Adolfo Siles Salinas, el cubano Eusebio Leal Splenger; los peruanos Armando Villanueva y Alfonso Barrantes; los brasileños Leonel Brizola y Mauricio Correa; los argentinos Raúl Alfonsín y Leandro Despouy; la paraguaya Carmen de Lara Castro, el dominicano José Francisco Peña Gómez, y el nicaragüense Ernesto Cardenal.



Otros permanecen y muchos se han ido integrando a la ALDHU en el correr de estos años y de diversas formas, y con sus invalorables aportes nos han permitido proseguir nuestra lucha, con altibajos pero sin interrupciones, desde la fundación.

Es imposible detallar en esta breve nota todas las actividades desarrolladas por la ALDHU en estos años, pero hay algunos hitos merecen destacarse. Quizás lo más significativo de nuestro trabajo haya sido aquello para lo que nos fundaron, el desarrollo de acciones en favor de la restauración y consolidación de la democracia en Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. También las denuncias ante las Naciones Unidas y las querellas criminales en contra de los tiranos Luis García Meza de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile, y Rafael Videla de Argentina.

Pero asimismo, es del caso señalar que participamos activamente en los procesos de paz en América Central y Colombia; con propuestas y acciones concretas para la reforma de los sistemas penales en Bolivia y Ecuador; en la formación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y Policiales de Ecuador y Bolivia; en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas amazónicas en Colombia y Ecuador, de las víctimas de la invasión norteamericana en Panamá y de las fumigaciones toxicas de la empresa mercenaria DYN Corp. en la frontera ecuatoriana colombiana; así como en la denuncia del hundimiento de barcos civiles en aguas territoriales ecuatorianas por parte de naves de guerra norteamericana.

Asimismo, implementamos una vasta política formación en derechos humanos a jueces y magistrados, periodistas, académicos y docentes, líderes sociales y sindicales en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Ello ha sido posible porque en estos cuarenta años hemos contado con la cooperación de las agencias y gobiernos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, España y de la Unión Europea, así como de los distintos programas de Naciones Unidas. Luego de reinstalada la democracia y la paz en el continente, contamos también con la colaboración de los gobiernos democráticos de los países en los que desarrollamos nuestras acciones.

En nuestra calidad de organismo internacional no gubernamental, hemos actuado como colaboradores de la UNESCO, del ECOSOC y UNICEF de Naciones Unidas y como consultores del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

Fuimos huéspedes privilegiados del gobierno del Ecuador, siguiendo la tradición instalada por el Presidente Roldós. Allí funcionó nuestra sede principal, desde 1980 hasta 2009, fecha en la que el gobierno de Rafael Correa nos retiró el estatuto protector y nuestras visas, por lo que debimos trasladarnos transitoriamente a Uruguay y Chile.

 Desde la ALDHU queremos seguir desarrollando un trabajo activo en la región e impulsar la actividad mediante los nuevos retos que enfrentan hoy la paz y la democracia y así garantizar la vigencia todos los derechos humanos, no sólo de los civiles y políticos, sino también de los económicos, sociales y culturales y de los pueblos.

La paz que se logró en latinoamérica está siendo constantemente removida por continuas acciones en contra de la democracia y los derechos humanos. Es necesario reimpulsar la defensa de los derechos para poder llegar a obtener un espacio latinoamericano más integrado y seguro para todos sus ciudadanos. Los actuales consejeros de la ALDHU continuaran los esfuerzos para que ello sea posible.



Gracias a todos.

miércoles, 12 de agosto de 2020

Líder paramilitar genera tensiones entre Colombia y EEUU

 Ha surgido una batalla de último minuto en torno al futuro del exlíder paramilitar Salvador Mancuso, que el gobierno colombiano quiere que sea enviado de vuelta al país ahora que cumplió una larga condena por tráfico de drogas en Estados Unidos.


El jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, flanqueado por dos agentes estadounidenses, a su llegada a Opa-locka, Florida, tras ser deportado por Colombia, el 13 de mayo del 2008. (AP Photo/Alan Diaz, File)

Mancuso permanece bajo custodia en Estados Unidos, donde completó en marzo una sentencia a 12 años de cárcel por tráfico de cocaína. Colombia está apelando el fallo administrativo de un tribunal que dispuso que sea enviado a Italia, país del que es ciudadano.

Los abogados de Mancuso dicen que sería asesinado de regresar a Colombia, una nación que todavía no cicatriza las heridas dejadas por décadas de un sangriento conflicto. Afirman que cumplió con las obligaciones contraídas bajo el acuerdo que negoció en el 2003, que fija condenas de no más de ocho años para los jefes paramilitares que confiesan sus crímenes.

Las víctimas de Mancuso, sin embargo, exigen la justicia que dicen se las ha negado hasta ahora. Las autoridades colombianas aducen asimismo que negar el pedido de deportación de Mancuso sería un enorme desaire a un firme aliado que trata de superar un conflicto civil de décadas que dejó 260.000 muertos y millones de desplazados. A esa carnicería contribuyó la demanda de cocaína en Estados Unidos, un tráfico que financió a grupos armados ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Mancuso.

Sucesivos gobiernos conservadores enviaron a miles de colombianos a Estados Unidos para que sean juzgados por tráfico de drogas. El de Mancuso es el caso más sonado, ya que dirigió la producción y el transporte de más de 138.000 kilos de cocaína, según el acuerdo que firmó con Estados Unidos.

“Enviarlo a Italia sería una traición repugnante a las víctimas”, afirmó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Si el gobierno colombiano está honestamente comprometido con la justicia en relación con crímenes atroces, debería agotar todas las instancias legales para que Mancuso sea enviado a Colombia, responda por sus actos y se evite esta humillación a las víctimas”.

La disputa pone de manifiesto las cosas que quedan pendientes en relación con el proceso de paz que involucra a los paramilitares, conocido como Justicia y Paz, que dio paso a la desmovilización de 30.000 combatientes de derecha pero no llegó a cumplir cabalmente el objetivo de verdad y reconciliación.

Las heridas reaparecieron este mes cuando la Corte Suprema colombiana ordenó el arresto del expresidente Álvaro Uribe en el marco de una investigación sobre si colaboró en el soborno de testigos para acallar sospechas en torno a sus relaciones con los paramilitares.

En el 2008, Uribe extraditó a Mancuso y a otros 13 jefes paramilitares para que fuesen juzgados por tráfico de drogas en Estados Unidos. Sus detractores dicen que la inesperada medida, que parece una violación a los acuerdos de paz, buscaba silenciar a esas figuras justo cuando empezaban a revelar secretos sobre sus delitos y la colaboración de políticos, incluido Uribe, quien como gobernador departamental en la década de 1990 apoyó la creación de grupos armados legales para proteger a los hacendados de las guerrillas izquierdistas.

“Conmigo extraditaron la verdad”, declaró Mancuso a medios colombianos poco después de su llegada a Estados Unidos en el 2008.

El 16 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dispuso el envío de Mancuso a Italia, según dos personas allegadas a Mancuso que hablaron a condición de no ser identificadas para comentar un procedimiento administrativo privado.

Pero la deportación no se produjo. En junio, fiscales estadounidenses que actuaban en nombre de colegas colombianos pidieron que Mancuso, de 55 años, fuese extraditado a Colombia para cumplir una condena a 27 años por los secuestros de dos parientes de un alto jefe rebelde, de acuerdo con documentos legales estadounidenses. Combatientes de las AUC disfrazados de policías secuestraron a uno en una floristería y al mismo tiempo, un comando que se hizo pasar como un posible comprador irrumpió en la residencia del otro.

Mancuso, quien según el pedido de extradición habló por teléfono con uno de los secuestradores inmediatamente después de la operación, posteriormente asumió la responsabilidad de los secuestros cometidos por sus tropas. Las dos víctimas fueron asesinadas.

Colombia retiró su pedido de extradición el mes pasado y el caso fue cerrado en Estados Unidos. Si bien el gobierno no dio las razones de su decisión, pareciese que el abogado de Mancuso en Miami, Joaquín Pérez, fue más astuto que los fiscales.

El mes pasado, una jueza de Bogotá concedió a Mancuso la libertad condicional en Colombia. La jueza dijo que los años que Mancuso pasó preso en Estados Unidos satisfacían los requisitos de la ley de Justicia y Paz, que permite que condenas alternativas de hasta ocho años sean cumplidas en el exterior. La jueza dejó sin efecto la orden de arresto el 15 de julio y cinco días después Colombia retiró su pedido de extradición.

El presidente colombiano Iván Duque dice que quiere que Mancuso regrese a Colombia y los fiscales piden su detención en conexión con otros delitos. Esos cargos, sin embargo, no son reconocidos por las leyes estadounidenses ya que derivan de su condición de jefe de las AUC, no de órdenes específicas que haya dado. Mancuso también está siendo investigado en Colombia por un presunto lavado de dinero después de sus desmovilización.

La aparente solidez de los planteamientos legales de Mancuso no impide que las autoridades colombianas sigan insistiendo en su arresto. Y en un país con un sistema legal complejo, débil y corrupto, no sería de extrañar que algún juez emitiese una orden de arresto.

El presidente Duque ha dicho que la condena que Mancuso cumplió en Estados Unidos no puede ser usada para evitar sentencias por “crímenes de lesa humanidad” en Colombia.

“Más se demora él en pisar suelo italiano, que en yo presentarle a la Corte Penal Internacional directamente una solicitud para que sea procesado por esos crímenes”, dijo Duque en una reciente entrevista con la revista colombiana Semana.

Algunos detractores dicen que las medidas que está tomando el gobierno de Duque son un puro formalismo.

El senador opositor de izquierda Iván Cepeda opinó que Duque --cuyo mentor político es Uribe y que tiene entre sus partidarios a políticos que estuvieron presos por sus vínculos con la AUC-- tiene poco que ganar con el regreso de Mancuso.

“Tienes que ser muy ingenuo para creer que un error simplemente administrativo es lo que frustra el retorno de la fuente más importante sobre la historia del paramilitarismo”, expresó Cepeda, quien ha viajado a Estados Unidos para hablar con Mancuso en nombre de las víctimas.

Cepeda, quien es el principal acusador de Uribe y cuyo padre fue asesinado por los paramilitares, quiere que se realice una vista legislativa sobre lo que considera el mal manejo del pedido de extradición que hizo Colombia

Surgidas como fuerzas de autodefensa creadas por los hacendados en los años 80 para contrarrestar los secuestros y pedidos de extorsión de los rebeldes izquierdistas, los paramilitares tomaron el control de buena parte de la costa caribeña de Colombia hacia fines de los 90, matando a miles de personas y apropiándose de millones de hectáreas de tierra al tiempo que se quedaban con lucrativas rutas para el transporte de drogas. En el 2001 Estados Unidos catalogó a las AUC como una organización terrorista extranjera.

Mancuso expresó un mayor arrepentimiento que otros líderes paramilitares y se mostró dispuesto a hacer las paces con sus antiguos enemigos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron su propio acuerdo de paz con el gobierno en el 2016.

Su sofisticación --estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh-- siempre lo distinguió de otros jefes paramilitares de zonas rurales. Robert Spelke, fiscal federal retirado que lidió con el narcotráfico y encabezó casos que involucraron a paramilitares, describió a Mancuso como un testigo “muy brillante, muy agradable” y cooperador, decidido a decir la verdad. Spelke entrevistó durante unas 200 horas a Mancuso y dijo que en una ocasión el líder paramilitar lloró al relatar una matanza de civiles perpetrada por los paramilitares.

“Sé lo que hizo esta gente”, declaró Spelke. “Pero cuando te pones en su lugar... fue una guerra perversa. Quisiera pensar que yo hubiera hecho las cosas de otro modo, pero si las FARC están matando a mi familia, robándose mi ganado...”.

La disposición de Mancuso a hablar ha sacudido la política colombiana.

Su afirmación del 2005 en el sentido de que un tercio de los legisladores colombianos habían sido elegidos con apoyo de los paramilitares desató una ola de investigaciones judiciales que dio lugar al arresto de decenas de funcionarios elegidos, incluido un senador que es primo de Uribe.

Su cooperación con el proceso de Justicia y Paz continuó desde Estados Unidos, donde participó en más de 300 videoconferencias con investigadores colombianos y víctimas.

En un gesto simbólico que estremeció a muchos colombianos, Mancuso habló por teléfono el mes pasado con el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño. Los antiguos adversarios se comprometieron a apoyar la paz, la reconciliación y la ayuda a millones de víctimas.

Esa sinceridad es lo que hizo que Mancuso fuese extraditado a Estados Unidos y lo que haría que su vida peligrase si es enviado de vuelta a Colombia, según Jaime Paeres, su abogado en Colombia. Varios familiares han recibido amenazas y el mes pasado Paeres denunció ante el fiscal general que había sido el blanco de un ataque de 35 individuos armados que irrumpieron en una hacienda vecina a la finca donde se encontraba él.

“Mancuso quiere volver a Colombia. Pero somos nosotros, sus abogados y amigos, e incluso algunas autoridades, quienes le han dicho que no regrese”, manifestó Paeres. “No tengo ninguna duda de que lo matarán si viene a Colombia”.

Después de que se ordenase que Mancuso fuese enviado a la tierra de su padre, Italia, las autoridades colombianas pusieron en marcha una última gestión para tratar de que regrese a Colombia.

El embajador colombiano en Washington Francisco Santos se reunió en semanas recientes con funcionarios estadounidenses en la Casa Blanca y con funcionarios de los departamentos de Estado y de Justicia para tratar de bloquear su traslado a Italia según un alto funcionario colombiano que habló a condición de permanecer anónimo por estar comentando conversaciones privadas.

El Departamento de Estado y la Casa Blanca no comentaron el tema. Una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) dijo en un comunicado que Mancuso está a su cargo desde el 21 de julio y que esperan la orden deportación. El ICE se negó a dar detalles, aduciendo razones de seguridad.

Si bien la extradición de narcotraficantes alivió la presión sobre los investigadores en Colombia, es inusual que Colombia pida que se detenga a alguien en el exterior.

Pero el valor de Mancuso es único. Si el exjefe paramilitar, famoso por su locuacidad, regresa a Colombia, seguramente contará verdades incómodas que muchos colombianos preferirían no escuchar, según el legislador izquierdista Cepeda.

“Hay mucha verdad conocida”, comentó Cepeda. “Pero puede haber mucho más”.

Fuente: yahoo finanzas