LA HORA DE LA PAZ

 Santiago de Chile, 24 de junio de 2022

Señor Guillermo Lasso, presidente Constitucional de la Republica del Ecuador.

En su despacho.

Estimado señor presidente, en los últimos días hemos asistido con angustia a una creciente ola de violencia derivada de las protestas que protagonizan miles de ciudadanos indígenas y de sectores urbanos marginales en varias ciudades del Ecuador.

Hace algunos días la ALDHU expresó que no se debía desconocer que, tras estas protestas, se encuentra la desesperación de sectores empobrecidos de la sociedad a quienes cada día les cuesta más enfrentar el costo de la vida.

La voz de los desesperados se ha hecho sentir fuerte y claro -así lo ha manifestado usted mismo, en varias de sus declaraciones ante el país-nadie ha permanecido impasible ante el clamor popular, que incluso ha motivado la adopción de medidas de alivio económico y social por parte del gobierno.

Valoramos los llamados al diálogo que usted en su calidad de primer mandatario ha invocado. A nuestro juicio, ese es el camino correcto para resolver los agudos problemas que aquejan a muchos de los que se encuentran movilizados.

El diálogo, es la oportunidad para la paz y a él debemos aferrarnos como el único mecanismo que puede devolver a la sociedad las mínimas condiciones de convivencia pacífica y civilizada que permitan, a través de la profundización, la democracia, la participación y la búsqueda genuina del bien común, encontrar las mejoras respuestas para resolver los innegables problemas por los que atraviesa la nación.

Sin embargo, hemos atestiguado como al interior de la protesta se emboscan grupos organizados que, deliberadamente, cometen actos de violencia que destruyen bienes públicos y privados, atentan en contra de la seguridad de la población, cortando los suministros básicos, el abastecimiento alimentario, contaminando fuentes de agua, impidiendo el libre tránsito de ambulancias, y, en fin, amedrentando e inhibiendo el derecho de la gente a vivir en paz.

Hemos visto con extrema preocupación como algunos ciudadanos indignados ante esta ola de violencia, se vienen organizando para responder a las acciones de estos grupos, pudiendo derivar en enfrentamientos entre hermanos ecuatorianos, precipitando al país a un abismo de incalculables proporciones.

Quienes propician la escalada violenta de la protesta, desdeñan el diálogo y agudizan a graves extremos este conflicto, sin duda van tras objetivos muy diferentes al de la genuina protesta social.

Ecuador merece vivir en paz. La zozobra actual debe ser superada; ya varias familias están llorando a sus muertos e intentando salvar a sus heridos; el uso progresivo de la fuerza obliga al personal de la Policía Nacional y de las FFAA a extremar sus comportamientos operativos para no afectar los derechos humanos de los manifestantes; cuestión que es aprovechada y mal interpretada por los violentos como señal de debilidad; tras los uniformes se encuentran también otros ecuatorianos, que padecen los mismos problemas que aquejan a quienes se manifiestan, y que sin embargo, exponen su vida y seguridad en el cumplimiento del deber de intentar restaurar el orden público y proteger a la población.

Son incontables los heridos, entre estos servidores públicos y también sus familias merecen nuestra solidaridad.

Señor presidente, hace unos minutos, invocó a las organizaciones de derechos humanos a que nos mantengamos en supervisión de los acontecimientos que puedan vulnerar los derechos de los ecuatorianos.

La ALDHU, recoge su invocación y en muestra de ello seguiremos desplegando observadores atentos al curso de los acontecimientos; no somos neutrales, nuestra causa siempre será la vida, la paz, y la libertad; por eso, sostenemos que la primera y mayor responsabilidad en cautelar estos valores, corresponde a la autoridad como depositaria de la soberanía de la nación, ya que es el Estado y sus autoridades quienes tienen los instrumentos políticos, los recursos materiales y la autoridad jurídica para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Será necesario un enorme esfuerzo por parte de todos quienes amamos al Ecuador, para recuperar las condiciones de la convivencia. Tras estas horas aciagas, el Ecuador tendrá que reconciliarse y encontrar con generosidad y buena voluntad, los espacios para el reencuentro en paz, que como usted dijo, es el único escenario.

Hacemos un llamado a los ciudadanos del Ecuador, sus líderes sociales y políticos, las instituciones, los medios de comunicación y a los periodistas, a contribuir a detener la escalada de violencia y evitar que la actual crisis se siga profundizando. Llamamos también a las autoridades responsables del orden público, a extremar el cuidado y prudencia en el desarrollo y uso de sus protocolos y recursos operativos para evitar más víctimas.

Las instituciones de la democracia ecuatoriana deberán identificar, detener y sancionar a los responsables de las afectaciones a la vida y seguridad de sus semejantes, a quienes hayan violado los derechos humanos, a quienes hayan ejercido violencia o abusado de la fuerza y también a quienes embozados tras la genuina protesta hayan sido lo responsables de intentar manipularla y conducirla a la generación de un estado de caos y destrucción.

Por nuestra parte, nos esforzaremos por contribuir al logro de estos propósitos que invocamos, y ofrecemos nuestro concurso para realizar una observación e investigación independiente cuyas conclusiones esperamos que coadyuven a establecer la verdad y habilitar la justicia que merece alcanzar el país una vez superada esta crisis.

Señor presidente, reciba usted las seguridades de nuestro reconocimiento y respeto.

Atentamente,

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador.

Trecientas dieciséis personas privadas de libertad perdieron la vida bajo la custodia del Estado durante 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó un informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador. En él, da a conocer sus hallazgos y conclusiones obtenidas de la visita de observación que realizó en diciembre de 2021, constatando in situ la grave crisis penitenciaria que atraviesa el país

El Informe da cuenta de los grandes desafíos que tiene el Estado frente a la grave crisis penitenciaria estructural y del inminente riesgo a la vida e integridad física y psicológica que enfrenta la población penitenciaria. En particular, la CIDH observa que en la crisis prevalecen los altos índices de violencia y corrupción que responden al abandono estatal del sistema y la ausencia de políticas de reinserción y prevención de los delitos.

Refiere que solo en 2021, un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo la custodia del Estado, en su mayoría, jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados de delitos menores, a ello se suman cientos de heridos producto de una serie de ataques ejecutados por los mismos internos por riñas entre distintas bandas y motines. Esta alarmante cifra, representa un incremento del 587% respecto al año 2020, cuando se registraron solo 46 muertes.

La Comisión señala como principal causa de la violencia interpenitenciaria la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que, en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Asimismo, el Informe revela la existencia de una política que privilegia el encarcelamiento como medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana, esto inevitablemente produce un incremento exponencial de la población penitenciaria producto del uso excesivo de la prisión preventiva.

En el mismo sentido, la CIDH considera que los obstáculos presupuestarios, legales y administrativos para conceder beneficios e indultos reducen la posibilidad de disminuir el alto número de personas privadas de libertad, ocasionando que el sistema pierda toda posibilidad de garantizar de manera efectiva la reinserción social de los reclusos. La falta de recursos económicos también produce condiciones paupérrimas, donde se observan altos índices de hacinamiento, falta de segregación entre personas condenadas y procesadas, infraestructura deficiente, atención médica precaria, falta de personal técnico adecuado, alimentación que no cumple con los requerimientos nutricionales de una persona adulta, peligro inminente de violencia contra mujeres, entre otras.

La Comisión recomendó al Estado una serie de medidas penitenciarias basadas en estándares internacionales. Entre ellas, la implementación de una política criminal y penitenciaria integral y transversal con enfoque de género, acciones eficaces para prevenir y controlar todo tipo de violencia; propiciar la reducción de la población penitenciaría, haciendo énfasis en el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y no como solución a los elevados índices de delitos, garantizar la reinserción social efectiva de las personas que han cumplido con sus penas y, fortalecer a nivel institucional el régimen penitenciario, de tal forma que pueda cumplir con las condiciones mínimas que aseguren la dignidad de la población penal.

Informe Completo

Fuente: Diario Constitucional (Chile)

El populismo radical, la libertad en peligro

Diferentes movimientos que se hacen llamar “nueva derecha” están consiguiendo entrar en la política debido al descontento existente con el mundo político. Ellos se erigen como portavoces de un pueblo al que creen representar. Aunque han vivido de la política más tiempo del que suelen admitir, se consideran outsiders (que están fuera del sistema). Y se presentan como personas normales que dicen lo que piensan, sin embudos.

Estas fuerzas, en todos los países en donde se desarrollan, se centran siempre en los peores aspectos de la sociedad del país para crear terror y miedo. Dicen lo que piensan, aunque sea a veces equivocado o dañe a todos. En cambio, se defienden de los ataques de otros pidiendo «libertad de expresión».

Ellos dicen (a los que quieran escuchar); enfoquen sus miradas en la diversidad, miren es un enemigo traicionero. Miren:

• al enfoque de género es negativo y va en contra de la familia.
• a las etnias, culturas o regiones diferentes deben marcharse o convertirse, para protegernos.
• al crimen, la delincuencia y las manifestaciones, vamos a acabar con todo eso. Todos irán a la cárcel.
• a los de una religión diferente (evangélica, católica, agnósticos, laicos musulmanes, etc.…)

Vamos a defender a uno de estos grupos:

• Blanco, católico, estricto.
• Ario, evangélico, fascista.
• Latino, judío, etnocentrista
• De la sierra, católico, negacionista
• etc.

Estos grupos políticos quieren socavar los valores y el respeto a lo diferente (en contra de los valores democráticos): provocan la confrontación dentro de la sociedad (odio hacia el otro). Sin embargo, aunque el odio se disemina entre toda la población, pocos son pertenecientes al grupo de “elegidos”. Cada miembro de la sociedad tiene a qué odiar del otro que no cumple las características elegidas: El blanco odia al negro, pero el negro puede odiarlo también por no ser católico. De este modo, crece el odio dentro y entre la sociedad. Centran la  mirada en la diferencia, añadiendo características demoníacas (a posiciones políticas, nacionalidades, religiones, etnias, etc.). Nadie sabe si va a caer dentro del grupo o será considerado un enemigo de la sociedad, un demonio o una bruja.

Todos estos cuestionamientos o requisitos van en contra de la libertad de las personas:

Para vivir en esa sociedad no se podrá ser mujer independiente, homosexual, ni islámico, ni izquierdista o cristiano, porque algún día, cuando ese actuar evolucione y se convierta en un estado de tipo autoritario, podría correr peligro y tener que migrar.

Asimismo, estos grupos también dicen creen en fabulaciones y confabulaciones sobre el rol de género, el cambio climático o la salud (coronavirus); ellos son los únicos que vieron la maldad en las invenciones en estos fenómenos: No hay cambio climático, no existe el coronavirus y las mujeres no sirven para el mundo laboral; habría un «ente» que los habría impuesto; un ente islámico, de alguna corriente política o de algún país «enemigo».

Los nuevos valores

Su obsesión se centra en la satanización de la diferencia. El respeto a la diferencia nació en los gobiernos democráticos, en la revolución silenciosa social. Ahora quieren eliminar esos valores para imponer otros. La estrategia de satanización debería hacer surgir los nuevos valores de este movimiento:

• Negacionismo: negación de la existencia del coronavirus, el cambio climático y, en general, la ciencia.
• “Derecho a la diferencia”: Se refiere a que en una sociedad debe de poder prohibir la entrada de otras personas ajenas. Sin embargo, esta medida no se refiere a la migración no europea, en los discursos de América latina.
• Antifeminismo: desconociendo el valor de las mujeres en la sociedad y eliminando sus derechos (voto incluido)
• Honestidad: Elaborando discursos falsos y abanderando la libertad de expresión para protegerlos (por ejemplo, negación de los homicidios por parte de las dictaduras o explicando la necesidad y el beneficio de eliminar a jóvenes, izquierdistas, mujeres, homosexuales, etc. durante esos regímenes).
• Orden y Paz: Eliminación de la autonomía de los ciudadanos mediante un control autoritario que elimine la libertad, quedando la democracia en un estado latente, inexistente.

Así los nuevos valores de estos grupos políticos quieren eliminar la democracia y sustituir sus valores por estos nuevos.

Es en este escenario de confrontación que ellos crearon, el único punto en común que tienen todos sus seguidores es la búsqueda de una supuesta “Paz y el Orden» por el descontento que ellos aglutinan; aunque se trata de un descontento disperso y que discrimina también a sus miembros.

Sin embargo, sus seguidores no se dan cuenta que esa paz y ese orden tendrá una víctima, la democracia. En un régimen autoritario, como una dictadura, tal vez el lector quede en alguna categoría en la que pueda ser desaparecido: Evangélico, musulmán, blanco, marrón, mujer, homosexual, migrante, indígena, liberal, de izquierdas, de mar o montaña.

En ese escenario las personas se volverán eslabones de una maquinaria autoritaria y tergiversadora de realidades. El proceso de la “nueva derecha” culminará cuando todos seamos iguales o desaparezcamos y ellos sean líderes de lo que quede. Estos partidos, igual que el islamismo radical, quieren un retorno al pasado, un pasado fascista, intolerante, autoritario, ordenado y sin libertad.

¿Qué ganas tu en todo eso? Que no te gane el miedo. No te conviertas en uno de sus demonios: discriminador, provocador de miedos y autómata. No seas un robot. Protege tu identidad, protege la democracia.

Artículo Opinión: Gil Badiella

Militares chilenos asesinan a joven mapuche en medio de estado de excepción constitucional

Un joven mapuche muerto y varios heridos de gravedad, entre ellos una niña de 9 años, dejó la acción violenta ejecutado por los Infantes de la Armada de Chile en contra de las comunidades del sur de la región del Bio Bio, esto a consecuencia de la declaración de “estado de excepción constitucional” decretado por Sebastián Piñera el pasado 12 de octubre.

El joven asesinado es Jordan Llempi de 23 años quien falleció durante la tarde del miércoles luego de recibir disparos de armas de guerra tras participar de una marcha pacífica de comunidades de la zona, precisamente en contra de la medida de militarización y violencia que ejercen las fuerzas represivas hacia los mapuches de la zona.

Los testigos de los hechos señalan que los militares habrían disparado a mansalva directamente a matar luego de finalizada la movilización y posterior a no lograr dialogar con ellos. Mientras que desde el gobierno señalaron que el hecho habría ocurrido por una supuesta emboscada que habrían sufrido los militares, versión que ha sido contrarrestada con videos compartidos en redes sociales por los automovilistas que transitaban por el lugar en esos momentos.

Mientras tanto los llamados a movilización han surgido inmediatamente en todo Chile para el día jueves, sumado al llamado que realizaron los constituyentes Mapuche y de escaños reservados para poner fin a la violencia militar en el Wallmapu.

Fuente: Pascual Pichun Collanao desde Gulumapu (chile) para Originarios.

Fuente: Originarios.ar

La pesadilla de la represión rompe las ilusiones de una nueva vida: las caravanas migrantes son atacadas con violencia por las autoridades en México

 Organismos denuncian violaciones a los derechos humanos contra personas que padecen desplazamiento forzado.

#Migrantes # Caravanamigrantes #DerechosHumanos #México

Las escenas son dantescas: guardias armados que golpean con saña a migrantes que yacen tirados en el piso, que empujan a hombres y mujeres con bebés en brazos y a personas con discapacidades, que jalonean a madres angustiadas porque no encuentran a sus hijas, que detienen a niños. Que los persiguen armados.

O que los meten a las "perreras", los vehículos-jaula en donde son detenidos para ser deportados y cuyo nombre es una más de las humillaciones que sufren miles de personas que fueron expulsadas de sus países por violencia política o económica, y que intentan tener una vida mejor en México o en EE.UU. Hoy están siendo reprimidos.

Las imágenes se han repetido durante la última semana en Chiapas, el estado del sureste mexicano, en donde los migrantes ya realizaron cuatro caravanas que fueron frenadas con violencia por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migraciones (INM).

El 28 de agosto iniciaron la primera marcha. A los dos días fue la segunda. El jueves pasado, la tercera. Y el domingo realizaron el cuarto intento. Participan haitianos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, cubanos. Familias completas. Madres con sus hijos. Niñas y niños que viajan solos.

En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: agresiones, persecuciones y detenciones y deportaciones en masa. En los operativos hay discriminación, racismo y xenofobia.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) ya denunciaron los riesgos que entraña esta estrategia.

La brutal cacería del @INAMI_mx y la @GN_MEXICO_ contra los migrantes que huyeron de su país y de #Tapachula en el sur de #Mexico donde les encarcelan sin acceso a documentos ni a trabajos. La #CaravanaMigrante ha mermado pero avanza hacia el norte 1/1 pic.twitter.com/WLGGCRLYRo

— Benjamin Alfaro (@Tapabav) August 29, 2021

 Contradicciones

"Resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños–, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional", señalaron las organizaciones internacionales en un comunicado.

Se refieren a una grabación en la que se ve cómo un agente del Instituto Nacional de Migración patea en la cabeza a un migrante que está en el suelo. El organismo suspendió a dos de sus funcionarios, pero esta era apenas la primera caravana, la del 28 de agosto. La violencia se ha replicado en las otras tres marchas que hubo durante la semana. Las corridas, amenazas y persecuciones son la norma.

"En México ya no se violan los derechos humanos", presumió el presidente Andrés Manuel López al dar su tercer informe de Gobierno el pasado miércoles. Las imágenes de lo que ocurre en Chiapas lo contradecían. También contrastaban con las fotos y comunicados en los que la cancillería mexicana se jactaba de haberle dado refugio a 390 personas de Afganistán en la última semana.

Esta foto de Isaac Guzmán ( @Isaacgu32798216 ) sintetiza bien el operativo de desarticulación de la caravana migrante en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/iAjxQZRLc8

— Leonardo Toledo (@leonardotoledo) September 1, 2021

Porque lo que piden los miles de migrantes que están hacinados en Chiapas es precisamente refugio, asilo o residencia para poder radicarse en México, algunos con la intención final de llegar a EE.UU. En lugar de eso, los mantienen retenidos en Tapachula. La han bautizado "la ciudad cárcel".

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en los primeros ocho meses de este año se recibieron más de 65.000 solicitudes refugio. Triplican los pedidos de 2020. La mayor parte, alrededor de 45.000, se radican en Tapachula.

Una vez iniciado el trámite, los migrantes tienen prohibido salir de la ciudad. El problema es que la resolución tarda tanto que quedan atrapados, sin trabajo, sin casa, sin medios para sobrevivir, en muchos casos sin documentos, y con una mochila como toda pertenencia.

📌Así la caravana de migrantes #Haitianos avanza sobre Chiapas, la @GN_MEXICO_ y el @INAMI_mx intentan detenerlos por medio de la fuerza.

A pesar que #Haití vive una grave crisis l@s migrantes no son tratados como refugiados.
📹 @Darinelzacarias #caravanademigrantes pic.twitter.com/bevkdPyOYO

— Avispa Midia (@Avispa_Midia) August 29, 2021

 La desesperación los llevó a protestar y a iniciar las caravanas que han sido reprimidas desde hace ya dos años con la intención de detener el flujo de migrantes a EE.UU., ya que es parte de los acuerdos pactados por López Obrador con el expresidente Donald Trump.

En esta ocasión destaca la presencia de ciudadanos de Haití, el país más pobre del Continente, pero también hay diversas nacionalidades latinoamericanas que se topan con la política que puso en marcha el Gobierno mexicano para frenar en la frontera sur las oleadas migratorias que, en algunos casos, buscan atravesar el país para llegar a la frontera norte.

Denuncias

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano ha denunciado en varios comunicados la violencia estatal cometida esta semana en contra de personas que están realizando desplazamientos colectivos y forzados. Es decir, en contra de quienes ya son víctimas.

Desde el 28 de agosto, señala en uno de los escritos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio.

"En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso. Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales", advierte.

También demandan ayuda humanitaria urgente para atender a las personas, en particular a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que ya llevan varios días caminando durante largas horas, sin suficiente agua ni comida ni atención médica.

Al reiterar el abuso de poder y las políticas represivas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del INM, exigen el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones que impactan de manera particular en personas que salieron de sus países buscando protección y una vida digna.

Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y otras organizaciones ya iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular después de la redada que este domingo padecieron las personas migrantes que dormían en la ciudad de Huixtla, también en Chiapas, hasta donde habían logrado avanzar desde Tapachula.

"Exigimos enérgicamente alto Inmediato a la Violencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional, alto Inmediato a la Violencia sobre quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos, informamos que se ha interpuesto un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando, solicitamos respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de este grupo de desplazados forzados", señalo la organización.

Mientras tanto, la crisis en la frontera sur de México continúa con las miles de personas migrantes que siguen en Tapachula y que evaden los operativos que buscan expulsarlos a Guatemala.

Cecilia González

Fuente: RT

La ONU exige a México "respetar los derechos humanos" de los migrantes

Tres agencias de la ONU exigieron este martes a las autoridades mexicanas "respetar los derechos humanos de los migrantes" tras el violento operativo para disolver una caravana de migrantes en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

#México #Migración #Caravanamigrante #ONU

"El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo", apuntaron en un comunicado.

El mensaje fue lanzado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

El ente de migración mexicano informó el lunes que suspendió a dos agentes federales por actuar de manera indebida durante un operativo el pasado sábado al contener a migrantes en que salieron de la ciudad de Tapachula con destino a Estados Unidos.

Los dos agentes fueron captados en fotografías y vídeos cuando golpeaban a un migrante, a quien fuerzas de seguridad le impidieron continuar su camino por la carretera.

Las agencias de la ONU aplaudieron "la suspensión de funciones y la aplicación de medidas para la investigación de funcionarios que estarían involucrados en acciones que implicaron un uso excesivo de la fuerza".

Sin embargo, hicieron un llamado a "la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas".

"En toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas", subrayaron.

Consideraron "profundamente preocupantes" las imágenes de la disolución de la caravana y consideraron que estos hechos demuestran "la necesidad de fortalecer la capacidad" de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El flujo migratorio aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos, por lo que el entonces presidente Donald Trump presionó a México para que los frenara.

Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, suspendió el programa "Permenecer en México" de su antecesor que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia desde territorio mexicano, miles de los cuales quedaron varados en campamentos fronterizos.

Con ello, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

 Ciudad de México, 31 ago (EFE).-(c) Agencia EFE

Fuetne: Yahoo Noticias

Haití: Entre vientos de cambio y ruido de botas Art. Historia Sabine Manigat (Haití)

Sabine Manigat,  nos ofrece este artículo anterior a la muerte del Primer Ministro de Haití, en el cual nos cuenta la desafortunada historia reciente de Haití y el por qué de las protestas contra un gobierno autoritario que estallaron en 2018, pero que tienen raíces anteriores, como la desaparición de fondos de una ayuda internacional o un precaria transición copada de gobiernos autoritarios.

Sabine Manigat es socióloga y politóloga. Es profesora e investigadora en la Universidad Quisqueya de Haití.

#Haití #Corrupción #DerechosHumanos #Movimientossociales #Violencia

Las protestas ciudadanas contra el gobierno autoritario de Jovenel Moïse se combinan con una política errática de las potencias que mantienen su influencia sobre el país. A la luz de la crisis actual, producto de la transición trunca hacia la democracia, es necesario reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

La crisis que sacude a Haití dista mucho de ser nueva. Estalló abiertamente en julio de 2018, bajo la forma de una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero también por el aumento de la canasta básica y por la devaluación de la moneda nacional. La desaparición y el despilfarro de los fondos del programa Petrocaribe –un plan de ayuda al desarrollo que Venezuela ofreció a varios países del Caribe bajo la forma de préstamos preferenciales en hidrocarburos– fue la chispa que logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad contra el gobierno. En los tres últimos años, esta crisis se ha agudizado y ha derivado rápidamente en un cuestionamiento directo y permanente al gobierno que preside Jovenel Moïse.

La situación actual no puede explicarse por un solo factor. Hoy parece estar quedando claro que el gobierno adopta rasgos propios de una dictadura. Pero, analizado históricamente, este momento parece ser el de la crisis y el derrumbe del régimen político instalado tras la caída de la dictadura de los Duvalier. A fin de cuentas, lo que vive Haití es el ocaso de un sistema varias veces remendado pero que ya no puede sobreponerse por su propio agotamiento.

En febrero del 2017, Moïse –un súbdito de su predecesor, el cantante Michel Martelly– llegó a la presidencia de Haití después de un tortuoso proceso electoral que empezó en el verano de 2016 y duró más de un año. La llegada de Moïse pretendía inaugurar un control duradero del poder por parte de la corriente neoduvalierista que se reconoce en Martelly. Basada en la captación sistemática de los recursos estatales e iniciada en un ambiente crispado, la dispendiosa e ineficiente gestión de Moïse exacerbó rápidamente la crisis económica y social que se iba profundizando desde el terremoto y las elecciones de 2010-2011. El estallido de julio del 2018 condensó todos esos elementos. La cerrazón sistemática de la presidencia a atender los reclamos populares provocó un rechazo social casi unánime. Buena parte de la población parecía rechazar el régimen y exigía un «cambio de sistema». Tras haber ignorado el calendario electoral que prescribía elecciones legislativas y locales en 2019, en junio de 2020 el Ejecutivo se quedó solo con las riendas del poder. El Parlamento bicameral había quedado reducido a 10 senadores y todos los poderes locales –consejos municipales y de secciones comunales– fueron revocados en junio.

El gobierno de Moïse emprendió entonces la construcción sistemática de una dictadura unipersonal, con la emisión de decretos liberticidas, nombramientos de allegados en puestos claves –como el de jueces en la Corte Suprema o del jefe de la policía– y una serie de políticas para, como él mismo dijo, «cazar criminales», dándole abierta participación a las Fuerzas Armadas.

En ese marco, se produjeron asesinatos que aún no han quedado claros, como el del presidente del Colegio de Abogados, el constitucionalista Monferrier Dorval. El contexto de violencia era, ciertamente, grave. Y se acrecentó cuando una agencia gubernamental quedó a cargo del «desmantelamiento» de las pandillas armadas que dominan parte del país y que reciben todo tipo de financiamiento. El terror fue la consecuencia lógica de esta política. Primero, se apoderó de numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe y, progresivamente, fue estallando también en otras regiones del país. Aún hoy, miles de ciudadanos se encuentran en situación de desplazados internos debido a los enfrentamientos. No contentos con ello, los funcionarios siguen echando leña al fuego. Recientemente, el jefe de la Policía llamó al pueblo a «reaccionar» frente a las pandillas que actúan sobre la salida sur de Puerto Príncipe.

Las iniciativas de Moïse en el plano institucional son destructivas y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. El sistema de justicia quedó huérfano con el bloqueo de los nombramientos de jueces por parte del Poder Ejecutivo. Ya el 5 de enero del 2021, un decreto dispuso la organización de un referéndum para aprobar una nueva Constitución –algo que, de hecho, está formalmente prohibido por la Constitución vigente–. El mandatario mantuvo su agenda aun después de haber suspendido la realización del referéndum el 8 de junio, e esencialmente bajo la presión internacional y la declarada oposición estadounidense. Después de haber aplicado a los poderes legislativos y locales una disposición constitucional que acorta el tiempo efectivo de su mandato, llegada la fecha de caducidad del suyo propio el pasado 7 de febrero, Moïse se aferró al poder.

Hay que subrayar que, a pesar del miedo, la ciudadanía organizada, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos continúan manteniendo una línea de protesta ciudadana pacífica y permanente. La violencia destructiva del Estado enfrenta una protesta social en la que predomina la madurez, lo cual obliga a reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

Antecedentes históricos

Claramente, la crisis institucional y constitucional no es nueva en el país. En realidad, es el resultado de un déficit de enraizamiento de los principales atributos del Estado de derecho. Aunque a partir de 1986, Haití comenzó un período de cambio en el que buscó la consolidación de las instituciones, de las prácticas jurídicas y económicas, y de ejercicios electorales acordes con un régimen de democracia liberal, los resultados no siempre fueron buenos. Tras treinta años de dictadura duvalierista, el ímpetu popular empujó hacia la adopción formal de una serie de instituciones, de principios jurídicos y de leyes que simbolizan conquistas y o anhelos largamente reprimidos, pero la implementación de este nuevo sistema se topó rápidamente con las limitadas capacidades (por inexperiencia, por falta de recursos) de quienes abogaban por un cambio sustantivo. Por otra parte, ni las principales instituciones que detentaban el poder –como el Ejército y el aparato administrativo– ni los grupos sociales mejor provistos –como el empresariado, el gran comercio, los altos ejecutivos y los sectores medios acomodados– asumieron un papel en la construcción de ese nuevo orden. Así, la Constitución de 1987 nunca fue implementada a cabalidad y fue objeto de manipulaciones y violaciones incesantes. Al igual que los otros aspectos de la democracia representativa, la Carta Magna nunca ha sido integrada como marco y brújula del ordenamiento social y de las reglas del juego político. 

La vida política haitiana ha transcurrido entre la instrumentalición de la justicia, las derivaciones y las manipulaciones de los principios del Estado de derecho, la desnaturalización de las libertades individuales y, sobre todo, el saqueo de los recursos públicos. Además, la corrupción ha convertido la gestión gubernamental en un verdadero sistema de connivencia entre los representantes políticos y un sector privado monopolista con extensiones mafiosas. El resultado ha sido una caricatura del sistema democrático montada sobre los resortes del viejo sistema autocrático-clientelista. 

El desarrollo de este proceso de manipulación del régimen democrático-liberal se produjo bajo la alta vigilancia y la influencia decisiva de Estados Unidos. Como supervisor de la salida del dictador Jean Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986, Estados Unidos fue también el encargado de dictar la adopción y el rechazo de leyes y reglamentos, así como de plantear las políticas públicas que conformaron al nuevo régimen. La apertura arancelaria total (desde 1987 las tasas más altas aplicadas a las importaciones no sobrepasan el 10%), la absoluta desprotección de la economía agrícola y las restricciones al desarrollo y a la profesionalización de la Policía, son algunos de los resultados del monitoreo estadounidense. La historia electoral desde la década de 1990 es, sin duda, la que mejor ilustra la responsabilidad externa en el desplome del sistema político del país.

El 28 de noviembre de 1987, durante las primeras elecciones tras la salida de Duvalier, se produjo una verdadera masacre. Apenas pocas horas después de iniciarse la votación, grupos duvalieristas y militares dispararon a sangre fría contra filas de electores que esperaban su turno para votar. Recién en 1990, y gracia a las demandas de la ciudadanía organizada, se realizaron elecciones libres con una participación de más de 70% de los votantes. Jean Bertrand Aristide, ex-sacerdote católico y promotor de la Teología de la Liberación, llegó a la presidencia haitiana. 

El mandato de Aristide duró solo nueve meses. Un golpe militar derrumbó al gobierno del movimiento Lavalas e inauguró un período de control y tutela de la democracia haitiana por parte de instituciones regionales e internacionales vinculados con Estados Unidos. Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformaron en verdaderos «aparatos de certificación electoral» de la democracia haitiana, en dictaminadores de ganadores y perdedores de los mandatarios de un país que se pretendía soberano.

Así, las elecciones de 1996 recibieron el sello de validez de la «comunidad internacional» pero las del año 2000 (en las que ganó Aristide con un amplísimo porcentaje, pero con poca afluencia electoral) fueron consideradas inválidas por estas mismas instituciones. Finalmente, y tras la salida de Aristide por segunda vez del poder, acaba instalándose la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). En rigor, se trataba de una misión militar de 10.000 soldados y unos cuantos miles de policías en un país agitado por disturbios sociales y una delincuencia politizada, pero de ninguna manera un país en guerra. El despliegue de la Minustah marcó un hito en el tutelaje internacional sobre Haití. El terremoto de enero de 2010 reforzó este control y aumentó el involucramiento estadounidense a través de Bill y Hillary Clinton, quienes integraron la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití. Desde 2004 no ha habido ninguna elección sin una abierta intervención externa. Mientras que en 2006 la elección de René Préval fue «confirmada» rápidamente, en 2010 la primera vuelta electoral fue «rectificada» por la OEA, favoreciendo a Michel Martelly, el candidato de Estados Unidos, quien es finalmente proclamado presidente en una muy dudosa segunda vuelta.

La elección y la presidencia de Jovenel Moïse son el capítulo más reciente de este proceso. Entre otros resultados, la participación del electorado pasó de más de 70% en 1990 a menos de 15% en 2016-2017.

Una situación descontrolada

El proceso de intervención extranjera a través de los organismos internacionales, el descrédito de un Estado de derecho que nunca logró establecerse definitivamente tras la dictadura duvalierista y una serie de factores políticos propios del país han conducido a Haití a un profundo proceso de polarización política. En la actualidad, esto se expresa en una serie de cuestiones inmediatas. La primera de ellas es la de la fecha y las condiciones de salida del poder de Moïse. Hoy, la gran mayoría del país considera que el mandato de Moïse efectivamente ha caducado, pero no hay un entendimiento acerca de la necesidad de negociar su salida o de pactar una cohabitación.

A esto se suma una segunda cuestión: el contenido y la duración de la inevitable transición que permitirá recomponer un sistema político mínimamente confiable, condición sine qua non para la organización de elecciones transparentes e inclusivas. La sociedad civil organizada está solicitando un período transicional que permita iniciar acciones que conduzcan a la normalización de las instituciones y de la vida nacional y no solamente elegir un equipo para un traspaso de poder. En ello se juega el tercer término de esta ecuación, referente a las modalidades y al peso de la participación ciudadana en ese proceso transicional. Al contrario de lo que anticipan los políticos, las organizaciones ciudadanas consideran que es necesaria una entidad para negociar los intereses de la sociedad civil como un actor en el escenario político, no para ejercer el poder, sino para controlarlo.

En la solución a estos desafíos, el peso de las potencias de tutela lideradas por Estados Unidos es, sin duda, determinante. A las recientes declaraciones de la misión de la ONU presente en el país en favor de elecciones rápidas, se suman las del llamado Core Group, un club de países y organismos internacionales que monitorea la política interna de Haití desde 2013 y que está integrado por Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, la OEA y la propia misión de la ONU. La misión de la OEA –que visitó el país del 8 al 10 de junio pasado– hizo, además, su propio llamamiento a que se convoque a elecciones rápidamente, considerándolo el único mecanismo de legitimación del poder político, a pesar de reconocer las peligrosas condiciones de seguridad que imperan hoy a lo largo del territorio nacional. El Parlamento Europeo emitió una posición mucho más crítica sobre la responsabilidad de las actuales autoridades en la situación actual. Sin embargo, la declaración del Parlamento Europeo dista mucho de tener el mismo peso que las posiciones estadounidenses y la de los actores cercanos a ellas.

El aparente empate que se mantiene entre un país alzado pacíficamente contra la arbitrariedad y una dictadura unipersonal que se despliega desenfrenadamente contra la ciudadanía ha conseguido llamar la atención internacional. Y hay tres factores que explican que los actores globales no hayan hecho la vista gorda. El primero, y sin lugar a dudas el más espectacular, es la utilización de Moïse de métodos que hacen caso omiso de los acuerdos y las formas más elementales de gobernabilidad vigentes en el mundo contemporáneo y, en particular, en los espacios políticos y diplomáticos de la región. A esto se suma el reciente cambio de administración en Estados Unidos. La llegada de Joe Biden al poder propició la movilización de amplios sectores de la migración haitiana.

Finalmente, el impulso solidario de sectores progresistas de diversos países de la región y del mundo también consiguieron que se haga foco en la crisis haitiana. Por primera vez desde el terremoto de 2010, estas voces progresistas han conseguido sacar a Haití de un silencio que cobijó durante más de un decenio el socavamiento sistemático de las conquistas democráticas conseguidas en 1986 y los permanentes intentos de restauración neoduvalieristas. Queda por ver cuán consistente y duradera resultará esta solidaridad, y queda por evaluar lo que puede conseguir la movilización y la fuerza ciudadana contra un Estado que se ha transformado en verdugo de su propia población.

Fuente: Nueva Sociedad

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia intentos de socavar instituciones nacionales de DD.HH. en América Latina y el Caribe

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder.

En los últimos dos años, la Oficina ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato.

Los incidentes incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, Bachelet manifestó su preocupación por las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

También hay inquietando que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

En ese sentido,la Jefa de ONU Derechos Humanos subrayó: “Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las INDH sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993.

La Alta Comisionada reconoció que las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la Covid-19.

Fuente: La tercera

El 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia

Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó este miércoles su informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales.

La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014.

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia. El informe menciona ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de  grupos criminales, algunos conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP, pero también de autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales.

La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado.

No hay suficiente protección del Estado

La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales.

“Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, la Oficina observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.

Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia.

Asesinatos a defensores de los derechos humanos

Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, asegura el informe.

En 2019, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. “Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, afirma el texto.

Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.

Además, en 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.

La Oficina saludó el reconocimiento del Presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, personas defensoras que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos.

En septiembre, se documentó “un caso en Bogotá en el que un defensor que participaba en procesos judiciales relacionados con presuntas privaciones arbitrarias de la vida fue amenazado y luego sufrió un robo de información sensible relacionada con esos procesos”, se lee en el informe.

La Oficina resaltó la necesidad de incrementar la implementación de las medidas de protección colectivas para atender los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones, a través de la coordinación de las distintas autoridades para avanzar en la garantía de los derechos humanos.

El acceso a la justicia

“La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos  valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar los casos que ha reportado. En este sentido, se observaron algunos avances en el 55% de los casos ocurridos entre 2016 y 2019. Sin embargo, subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos”.

Según el informe, la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.

“La Fiscalía General de la Nación tiene presencia en casi la mitad de los municipios del país. Sin embargo, continuó enfrentando serios retos para llegar a las zonas rurales, especialmente en Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés, afectando seriamente su capacidad de garantizar el acceso a la justicia para todos. Esta limitada presencia se atribuyó a insuficientes recursos materiales, técnicos y humanos, y especialmente a la falta de medidas de protección adecuadas que permitan a los fiscales e investigadores realizar, de manera segura, su trabajo en zonas rurales”.

 La Oficina también denunció que la excesiva carga laboral de los fiscales también afecta el avance de las investigaciones y el insuficiente número de policía judicial y la tardía respuesta del apoyo pericial exacerbó esta situación.

 Además, observó “la no aplicación, por parte de algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño, de los protocolos de la Fiscalía General de la Nación relacionados con presuntos casos de desaparición forzada, en particular respecto a la inmediata activación del mecanismo de búsqueda urgente”, afirma el reporte.

Uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales

El informe denuncia que, durante las protestas sociales en el 2019, algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, ya la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del Escuadrón.

 En el documento se menciona  una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12, cargado con munición del tipo beanbag. Algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales”.

Entre el 22 y el 26 de noviembre, al menos 36 manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas policiales sufrieron lesiones que requirieron de hospitalización. Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y  tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas.

Algunos manifestantes fueron presuntamente arrestados y golpeados por miembros de la policía, trasladados a las estaciones de policía y forzados a admitir comportamientos violentos, siendo multados por ello. En Bogotá,  se reportó el caso de una joven mujer que fue golpeada por cinco oficiales de policía mientras filmaba un documental sobre las protestas, resultando con lesiones graves en su cabeza.

Si bien se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, ésta calificó el trato sufrido por la víctima como abuso de autoridad.

 La Oficina de la ONU encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo manifiesta “su preocupación porque muchas de las detenciones ocurridas durante las protestas resultaron del uso frecuente de una medida administrativa denominada ‘traslado por protección’. Esta medida otorga facultades discrecionales a la policía para limitar el derecho a la libertad personal”.

Las protestas implicaron varios ataques contra periodistas y representantes de medios alternativos, asegura el informe, incluidas agresiones físicas y obstrucción a labor periodística. Se documentaron tres casos de presunto uso excesivo de la fuerza y cuatro casos de detenciones arbitrarias que afectaron a periodistas.

Además, cuarenta y ocho horas antes de la primera protesta, se reportó que la policía judicial efectuó al menos 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín.

Asesinatos a indígenas

La Oficina manifestó asimismo su profunda preocupación por el alto número de asesinatos de indígenas en el Cauca.

“En 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”.

El informe dice que es urgente que se adopten medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas.

Violencia sexual y de género, la tasa más alta en los últimos 10 años
Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017. Esta tasa fue la más alta en los últimos 10 años.

Del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edad de las víctimas fue de 12 años.  La Oficina documentó 13 casos con 15 mujeres víctimas incluyendo 13 niñas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. En 10 de estos casos, los presuntos perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otros grupos violentos, mientras que en tres casos miembros del ejército estuvieron presuntamente involucrados.

“El ACNUDH tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en relación con estos últimos tres casos. La respuesta de las autoridades a la violencia sexual y basada en el género continuó siendo insuficiente”.

La Oficina observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual. En Arauca, la Fiscalía General de la Nación denegó el acceso a la justicia a una mujer con discapacidad, víctima de violencia sexual, específicamente por no proporcionarle un intérprete que pudiera haberle permitido dar su testimonio. En Guaviare, la policía no activó el mecanismo de búsqueda urgente de una niña indígena desaparecida quien había sido víctima de violencia sexual.

Avances en la justicia en el marco del proceso de paz
La Oficina de la Alta Comisionada observó avances en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido en el Acuerdo de Paz. Durante 2019 se consolidó su alcance territorial con 66 presencias, lo cual facilitó la participación de las víctimas.

“Los mecanismos del Sistema Integral también realizaron valiosos esfuerzos para incluir un enfoque étnico en su trabajo para garantizar la consulta previa, libre e informada, de conformidad con las normas y estándares internacionales. También adoptaron protocolos de relacionamiento con los pueblos indígenas y de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los pueblos indígenas han tenido un papel fundamental en los procesos, tanto para el esclarecimiento de la verdad como en la búsqueda de personas desaparecidas.