Colombia: 16 muertos en combates entre ELN y disidentes de las FARC

Al menos 16 personas murieron luego de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Colombia en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

#Colombia #FARC #ELN #Venezuela 

No se confirmó la identidad de las víctimas, sin embargo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que los cuerpos permanecen en las morgues donde se evaluará la causa de las muertes.

Los enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzaron el domingo serían por el «Control de economías ilícitas» en la frontera, dijo el Ejército en un comunicado.

El alcalde de Arauquita, Etelivar Torres, advirtió en un comunicado difundido a la prensa que la cifra de muertos podría ser mayor, 21 personas, según información que recibió de los representantes, quienes son monitores de derechos humanos del Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo advirtió que han identificado a 12 familias que se trasladan dentro del mismo departamento para huir de los enfrentamientos.

La Iglesia Católica pidió a los grupos ilegales que excluyan a la población civil de las hostilidades. “Pedimos que se brinde la debida asistencia a los heridos, que se respete la vida e integridad de los detenidos y que los cuerpos de los fallecidos sean tratados con dignidad”, instó el obispo de la diócesis de Arauca, Jaime Cristóbal Abril, en un liberar.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a través de Twitter para garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario e instó a proteger a la población civil y activar planes de contingencia.

Además, la oficina de la ONU solicitó dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas en las que advirtió del inminente riesgo que enfrentan más de 69.000 personas de la sociedad civil, incluidas poblaciones de especial protección como los pueblos indígenas, debido a la escalada de violencia entre el ELN y los disidentes de las FARC.

El presidente Duque anuncia medidas de seguridad

En la tarde de este lunes, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su gobierno «adelantó dos consejos de seguridad en las últimas horas», informando así la disposición de efectivos combinados del Ejército y la Policía, con el fin de reforzar la seguridad en la zona de conflicto.

Duque dijo que los grupos beligerantes «han venido operando a gusto en territorio venezolano con el consentimiento y protección del régimen dictatorial», acusando así abiertamente a su homólogo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ni el presidente venezolano ni su canciller, Félix Plasencia, reaccionaron hasta ahora al mensaje de Duque.

Fuente: Saltoaldía Uruguay

Respaldo al “Programa Integral de Asistencia a Mujeres Migrantes Venezolanas en los Países Andinos” de ALDHU

La creciente crisis migratoria de mujeres Venezolanas hacia países andinos por su cercanía con la república Bolivariana de Venezuela reviste una especial gravedad dado que la mayoría de ellas se ven en la obligación de desplazarse con sus hijos, en situación de pobreza o incluso estando embarazadas.

Esta crsis ha crecido en los últimos años, superando la capacidad de respuesta de las instituciones en los países andinos y también los esfuerzos de las autoridades nacionales al respecto.

Por este motivo, el Presidente de la República de Colombia en el marco del Sistema Andino de Integración, encargó una propuesta de desarrollo migratorio al Parlamento Andino el cual  acogió el “Programa Integral de Asistencia a Mujeres Migrantes Venezolanas en los Países Andinos” presentado por ALDHU. Este plan representa una valiosa estrategia que va a fortalecer los esfuerzos humanitarios que deben realizarse desde los diversos sectores de la sociedad y del Estado para la atención directa y eficaz de esta población tan vulnerable 

Desde la ALDHU y el Parlamento Andino realizamos un llamado a los países andinos y a las autoridades e instancias competentes, a patrocinar y respaldar el programa señalado en el artículo precedente con el fin de avanzar en la asistencia, atención eficaz y garantía de los derechos de las mujeres venezolanas migrantes. 

También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se consoliden esfuerzos dirigidos a financiar las organizaciones no gubernamentales que cuenten con programas dirigidos a la asistencia, atención eficaz y garantía de los derechos de las mujeres venezolanas migrantes.

Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos condena el proceso de expulsiones a la población migrante venezolana

 

#Migrantes #DerechosHumanos #Expulsión #Refugiados

Santiago, 08 de junio de 2021

 

El pasado domingo 6 de junio, el gobierno de Chile ha ejecutado un nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras migrantes venezolanas, exacerbando la injusticia y vulnerabilidad que afecta a esta población. Muchas de estas personas habían presentado recursos de amparo que se encontraban pendientes de resolución ante las autoridades jurisdiccionales del país o presentaban una condición humanitaria grave. Sin embargo, nada de esto fue considerado por las autoridades gubernamentales.

ALDHU expresa su condena más enérgica a esta medida cruel e inhumana que, además, se ejecutó durante el fin de semana, con el evidente propósito de impedir a las víctimas la posibilidad de recurrir a protección ante la vulneración de sus derechos.

Este acto de crueldad cometido por el gobierno chileno, no puede ser justificado con el alegato posterior que pretende asignar a los expulsados, conductas delictivas que no han sido sometidas al debido proceso, y que revisten -por lo tanto- la característica de meras acusaciones de las que, una vez expulsados del país, no podrán siquiera defenderse.

La medida que condenamos resulta aún más inhumana, por cuanto se ejecutó en medio de una pandemia que afecta de manera más aguda, precisamente a la población migrante, debido a sus extremas carencias.

La expulsión ejecutada en esas condiciones ha privado a cada persona víctima de esta medida, del derecho a que su caso sea evaluado y estudiado. Con ello, las autoridades chilenas se han apartado de las recomendaciones de la Comunidad Internacional en el sentido de promover una visión intrarregional e intercontinental de activa solidaridad para armonizar acciones basadas en lecciones aprendidas y mejores prácticas que protejan los Derechos Humanos de la población migrante.

Adicionalmente, las Agencias de Naciones Unidas han insistido en la importancia de que las medidas se adecúen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los refugiados.

ALDHU hace un llamado a la solidaridad con la población migrante venezolana que presenta grandes vulnerabilidades y peligros, principalmente para las mujeres y los niños y niñas. Reiteramos nuestro repudio y condena a la práctica cruel de expulsiones sorpresivas que impiden a las víctimas ejercer sus derechos a la protección y defensa.   La expulsión masiva es un camino equivocado que contraviene la Ley Migratoria recientemente promulgada, y va en dirección contraria a la solidaridad y al elemental sentido de humanidad.

ALDHU

El "odio" hacia los migrantes venezolanos se apodera de América Latina

"¿La verdad sobre los venecos? Por mí que los saquen como ratas". Ese tuit es sólo uno de los mensajes destacados por el barómetro de xenofobia, una herramienta creada por universitarios y oenegés en Colombia para medir el "odio" contra los migrantes venezolanos. El contenido aterra.

#Venezuela #Venezolanos #Xenofobia #Migración #Discriminación

"Comemierdas", "hijos de puta", "plaga" fueron otros de los insultos identificados por este medidor. El rechazo hacia los venezolanos que han emigrado masivamente en los últimos años crece en toda América Latina en un contexto económico sombrío y la pandemia del coronavirus.

Las salidas comenzaron luego de la elección de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez tras su muerte en 2013, y se intensificó entre 2014 y 2015, con una crisis económica que arruinó el poder adquisitivo y llevó a más de cinco millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones.

El flujo se ha ralentizado, pero no se ha detenido al transitar el octavo año de recesión económica en la otrora potencia petrolera.

"En principio había una inmigración de clase media alta, que iba en avión con documentos en regla, algún ahorro", explica a la AFP Claudia Vargas, socióloga que investiga el tema en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

"No ocurre así desde el final de 2014" cuando clases más pobres comenzaron a emigrar.

Cerca del 60% de los más de 5,4 millones de migrantes venezolanos no tienen papeles. Y la mayoría, unos 1,7 millones, vive en Colombia, por delante de Perú, Chile y Ecuador, según el sitio Frontera Viva.

- "Lo peor es Perú" -

Los "venecos" ahora son responsabilizados por la inseguridad, la delincuencia, el desempleo, los déficits públicos, los problemas en los hospitales, y hasta por el aumento en los divorcios.

Y el discurso xenófobo se ha ido imponiendo en Chile, Ecuador, Brasil y Perú, además de Colombia, donde el barómetro ha hecho un análisis de los insultos.

Juan Emilio L., un indocumentado venezolano de 31 años, terminó instalándose en Chile, tras pasar por Colombia, Ecuador y Perú.

"Es un pueblo más cerrado y está difícil sacar papeles, pero la verdad es que te dejan trabajar y no se meten contigo ni te repudian como sí me pasó en otros países", dice a la AFP. "El peor, Perú, ahí no nos quieren ver ni en pintura".

Videos de peruanos insultando a venezolanos circulan con frecuencia en redes sociales.

"¿Por qué eres tan idiota para transportar las 'huevadas'? Eres un imbécil, un idiota", le dice por ejemplo un cliente a un repartidor venezolano en Lima, según uno de ellos. "Estoy harto de ustedes (...) ¿Quieres que te mande de un combo (puñetazo) a tu puto país, hijo de puta?".

Perú, que tenía 60.000 venezolanos antes de la crisis, ahora alberga a unos 1,2 millones.

Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), un activo rival de Maduro, como su sucesor Martín Vizcarra mantuvieron una política de fronteras abiertas para los venezolanos. Pero las autoridades endurecieron sus medidas desde 2019, cuando el tema irrumpió en la escena política.

La lucha contra la inmigración ha estado en el centro de la campaña presidencial de 2021. Pedro Castillo, un nacionalista de izquierda que lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales en las 72 horas siguientes a su eventual llegada al poder: "que [Maduro] venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir".

Chile por su parte ha deportado a cientos de venezolanos en situación irregular.

"Devuelves a una persona a un país (...) que has reconocido en tu discurso político que corren peligro en su país", critica Vargas.

- ¿Refugiados? -

Algunos países han iniciado operaciones para integrar a sus inmigrantes. Colombia, que ha también deportado a venezolanos que cometieron crímenes, inició un plan de regularización para casi un millón de migrantes venezolanos, en medio de una disputa política entre Maduro y el presidente Iván Duque.

República Dominicana también espera regularizar a 115.000 venezolanos indocumentados, a los que considera una fuerza laboral "calificada", según Enrique García, director de Migración de este país que denuncia y condena la importante inmigración haitiana.

Pero la tendencia sigue siendo al cierre, explica Vargas, que pone como ejemplo la militarización de la frontera en Ecuador o los "muros legales", como documentos apostillados o altas tarifas administrativas, que dice han impuesto muchos países para dificultar la regularización.

"Lo único que esto genera es que haya mayor irregularidad y por tanto más personas en condiciones de vulnerabilidad", añade.

"Hay un reconocimiento de la crisis", que "amerita una responsabilidad añadida", dice la experta. Pero para ella, aunque lo ideal sería otorgar el estatus de refugiados a estos inmigrantes, ello representa "una responsabilidad legal, política y financiera demasiado grande que los países no tienen".

Fuente: Noticias Yahoo. AFP:bur-pgf/jt/gma

La oposición venezolana denuncia nuevas ejecuciones extrajudiciales

La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó denunció este martes que durante 2020 hubo, al menos, 525 nuevas ejecuciones extrajudiciales en el país caribeño, al tiempo que alertó del recrudecimiento de esta práctica, que constituye una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con un informe presentado por una comisión que responde a Guaidó, las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un cuerpo que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido disolver.

El jefe de la comisión opositora que vela por los derechos humanos, Humberto Prado, dijo que se han identificado las identidades de unas 400 de estas 525 víctimas.

Asimismo, la oposición señaló que "existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos", y que esto ocurre "debido a la militarización de la seguridad ciudadana".

A mediados de marzo pasado, Bachelet alertó que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.

Entonces, la alta comisionada denunció que en el país suramericano habían ocurrido 200 ejecuciones extrajudiciales entre septiembre de 2020 y marzo de este año.

La oposición venezolana no aclaró este martes si su recuento de víctimas incluye las denunciadas por Bachelet en marzo pasado.

A finales del año pasado, la ONG local Cofavic, que defiende los derechos humanos, dijo a Efe que había identificado más de 11.300 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre 2012 y marzo de 2020.

De acuerdo con la directora de esta organización, Liliana Ortega, el 71 % de esos casos ocurrieron bajo operativos policiales especiales en zonas vulnerables, como los que suele adelantar la FAES en los barrios pobres de Venezuela.

Es por ello que Ortega calificó como "inasumible" el respaldo que el presidente Nicolás Maduro ofrece a la FAES, pese a las reiteradas denuncias de la oposición y diversas ONG, que señalan al cuerpo policial por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Fuente: Yahoo  noticias (Agencia EFE)

Bachelet denuncia represalias contra colaboradores de la ONU en Venezuela

Michelle Bachelet denuncia que personas que colaboran con el trabajo humanitario y las investigaciones de derechos humanos de la ONU en Venezuela están sufriendo represalias.   

En su actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada aseguró que su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.  “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.

Bachelet además dijo que han recibido denuncias que individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. “Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”.

Todo esto se produce en un momento en el que la asistencia humanitaria es “esencial”. La Alta Comisionada dijo salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.

Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra el COVID-19.

La denuncia, incluye a los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.

Por otro lado, la Alta Comisionada aseguró que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Es decir, un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.

La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, esperando presentar “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.

En el reporte se señala que la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”, alertando de “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

Además se han “identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”, la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya fue tachado de escuadrón de exterminio.

Fuentes: La tercera, Noticias ONU, El pitazo (Youtube)

Venezuela: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado venezolano por la ejecución de presos en una cárcel en 2003

 El hecho, que tuvo lugar en el marco de un operativo de las fuerzas de seguridad en el penal de Vista Hermosa, terminó con la muerte de siete personas privadas de libertad, mientras que otras 27 resultaron heridas.

Cárcel de Vista Hermosa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado venezolano por un operativo que la Guardia Nacional efectuó en una cárcel en 2003 y cuyos agentes ejecutaron a 7 personas privadas de libertad, mientras que otras 27 resultaron heridas. En concreto, concluyó que violó el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos ejecutados y heridos, respectivamente.

El órgano judicial con sede en Costa Rica, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero funciona de manera independiente, informó este jueves que pese a la admisión de responsabilidad del Estado venezolano, era necesaria la sentencia para profundizar en lo ocurrido y ordenar medidas de reparación.

“Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida”, detalló la CorteIDH.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, que estaban privados de la libertad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como cárcel de Vista Hermosa.

La Corte Interamericana agregó en la sentencia que, en lo que respecta a las personas lesionadas, “el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”.

La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, informó este jueves que a pesar de que el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos, era necesaria la sentencia para profundizar en lo ocurrido y ordenar medidas de reparación (EFE/Archivo)

La Corte Interamericana recordó que durante el proceso, el Estado de Venezuela aceptó su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso y reconoció que las muertes “encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.

El Estado también reconoció que como resultado del operativo realizado por la Guardia Nacional se produjeron las lesiones de las personas privadas de libertad.

No obstante, también concluyó que el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos; tampoco se ha identificado a los responsables ni se ha provisto una reparación a las víctimas y a sus familias.

Además, según los jueces del órgano, el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura. En el momento de los hechos, el presidente de Venezuela era Hugo Chávez.

El Tribunal también encontró que los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos.

En la sentencia, la CorteIDH ordena a Venezuela reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda para determinar, juzgar y sancionar a los responsables.

Además, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

En cuanto a las indemnizaciones, la Corte ordenó, por concepto de daño inmaterial, 50.000 dólares para la familia de cada fallecido, y 25.000 dólares para cada una de las 27 personas que resultaron heridas.

Por lucro cesante, el Estado deberá pagar 50.000 dólares a la familia de cada víctima fallecida.

Este es el segundo fallo negativo para el estado venezolano en igual cantidad de semanas. El pasado 11 de diciembre, la CorteIDH lo condenó por por violaciones a los derechos a la vida de cinco adolescentes en un incendio ocurrido en un centro de detención donde estaban recluidos en el año 2005.

La CorteIDH notificó este viernes a las partes la sentencia del caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, en la que encuentra al Estado como responsable de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a los derechos del niño, en perjuicio de José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa.

Fuente: Infobae (Con información de EFE)

Proyecto para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

En sesión ordinaria celebrada en Washington de la Organización de Estados Americanos, Paraguay presentó un borrador del proyecto para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El proyecto fue respaldado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. El documento presentado expresa una condena firme a los abusos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas Además, expresa la necesidad de “exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente de la OEA que carece de acceso desde 2002. Por parte de los ocho países existiría

Foto de 2014 cuando expresidenta, actual Alta Comisionada para Venezuela
intervino en la OEA

El documento plantea la realización de una investigación independiente que permita llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos.

Aunque el régimen de Maduro se retiró de la OEA en abril, sigue sujeto a la jurisdicción de la CIDH. El segundo mandato de Mauro es desconocido por la OEA. La organización sí reconoce al emisario diplomático de Guaidó, Gustavo Tarre, quien presenció la sesión ocupando el escaño correspondiente a Venezuela. Tarre dijo que la meta es lograr que la resolución sea adoptada por consenso, lo cual haría innecesaria una votación nominal.

Al respecto Uruguay anunció que no participará en la discusión por estar presente la oposición venezolana. Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, mientras que Nicaragua no reconoce a Venezuela como miembro de la OEA, por lo que rechazó el proyecto.

Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de resolución.

Fuente Infobae, Diariolas Américas