Páginas vistas en total

martes, 30 de marzo de 2021

“Justicia para Victoria”: condenaron el asesinato de una salvadoreña en Tulum a manos de la policía (México)

El video del asesinato de Victoria, una taxista de Tulum, Quintana Roo, se viralizó rápidamente en redes sociales el pasado 27 de febrero. En las imágenes se aprecia como un policía somete a la mujer por la espalda hasta que esta deja de respirar y muere por asfixia.

“No murió, la mataron”, escribió la periodista Denise Dresser, quien se unió a los miles de mensajes que exigen a las autoridades sancionar a los responsables por la muerte de la mujer originaria de El Salvador.



De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, policías municipales que tripulaban la patrulla 9273 abordaron a una mujer, identificada actualmente como Victoria Salazar, quien caminaba sobre la avenida La Selva, con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer, la tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los pocos minutos, comenzó a gritar y a decir que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima y finalmente quedó tendida en el piso.

En lugar de llamar una ambulancia, los agentes tomaron el cuerpo y lo subieron a otra unidad tipo camioneta con jaula con numero 9267,para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica, al ver que nos serían atendidos, decidieron ir a Protección Civil (PC), donde les confirmaron que ya había fallecido.

“A Victoria la mataron por hacer lo mismo que miles de turistas blancxs hacen todos los días en Tulum. A Victoria no solo la mataron por ser mujer. La mataron por ser migrante, por ser morena, por no ser rica. La mató un México feminicida, racista y clasista. #JusticiaParaVictoria”, escribió una usuaria de Twitter (@barbymcs).

Adilia de las Mercedes, otra usuaria de la red social también señaló: “La Violencia Policial mató a Victoria. Que su nombre no se olvide: Victoria Salazar”. Mientras que otros comentarios acusaban el ferviente abuso de autoridad que tuvo lugar en las calles de Tulum.

“Victoria, una víctima más del clasismo, machismo, xenofobia y racismo de México, del abuso de poder policíaco. Ella no murió, a ella la mataron, y a nosotras no nos podrán callar nuestro grito de ¡JUSTICIA!”, fue otro de los comentarios aparecieron en redes sociales.

Miles de mujeres compartieron el caso de Victoria y recalcaron que su condición de mujer migrante habría sido uno de los principales factores para el abuso policial. Mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGe) informó que se ejercerá acción penal en contra de los policías municipales implicados en el caso.



La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, se pronunció sobre el caso y aseguró que las autoridades ya se encuentran en contacto con sus familiares. Agregó que la embajada del país en México se coordina actualmente con las autoridades locales para realizar las diligencias pertinentes.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, condenó que los policías mexicanos hayan privado a Victoria del derecho a la vida de mujer migrante salvadoreña y exhortó a las autoridades a investigar los hecho y reparar los daños a la familia de la víctima.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo anunció que abrió una queja de oficio por violaciones al derecho humano a la vida, con el propósito de que se investiguen a los servidores públicos implicados.


"Los protocolos de la policía a nivel internacional deberían ser revisados y supervisados por las autoridades. Existe mucha violencia policial hacia personas por discriminación de tipo clasista, por raza, por sexo o cultura. En una policía bien formada no se deberían dar este tipo de sucesos. Además, los métodos y la fuerza utilizados para esa intervención son desproporcionados y excesivos. No deberíamos mirar hacia otro lado; deberíamos sancionar y eliminar este tipo de prácticas a nivel internacional". Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU. 


Fuente: Infobae

viernes, 26 de marzo de 2021

Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren cada vez más presiones pese a tener un papel crucial contra el cambio climático

 Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, afirmó este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).


PNUD Perú
Reserva comunal Amarakaeri, área natural de 402.335 hectáreas protegida por las comunidades harakbuts, yines y machiguengas en Madre de Dios, en la Amazonía de Perú

Por esta razón, garantizar a los pueblos indígenas la tenencia de esos territorios constituye una manera eficiente y rentable de mitigar el cambio climático, sostuvo la agencia en el nuevo informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques".

El estudio señala que la ciencia ha demostrado que estos pueblos han sido mucho mejores guardianes de los bosques que otros responsables de esos ecosistemas en la región. Sin embargo, añade, sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios, y sufren atropellos y destrucción de sus territorios por actores externos que buscan explotar los recursos naturales.

Agrega que la conservación de los territorios indígenas son fundamentales para la estabilidad del clima mundial y regional, así como para preservar buena parte de la diversidad biológica y cultural global.

La selva del Darién, en Panamá.UNDP/Roberto Machazek

Cambio de escenario

Durante mucho tiempo la deforestación y degradación forestal de estas áreas fue modesta gracias a los factores culturales, el reconocimiento de los gobiernos de los derechos territoriales colectivos, los incentivos económicos para velar por los bosques, las restricciones estatales sobre el uso de sus recursos, la baja rentabilidad de la agricultura comercial, la disponibilidad reducida de capital y la escasa presión demográfica.

Pero el escenario ha cambiado y en la actualidad aumentan las presiones a las comunidades indígenas de los bosques debido a la creciente demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios.

La Amazonía

Estos elementos colocan en riesgo la función protectora de estas comunidades y la deforestación avanza cada día más en la Amazonía, lo que afectará significativamente las precipitaciones, la temperatura y, con el tiempo, la producción de alimentos y el clima mundiales.

El informe señala que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0.3% del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, mientras que las áreas protegidas no indígenas perdieron 0.6%, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6% durante el mismo periodo. El total de emisiones brutas de carbono de la región proveniente de los territorios indígenas alcanzó apenas el 2,6% pese a que esos pueblos cubren sólo el 28% de la cuenca amazónica.

El representante regional de la FAO, enfatizó el papel de los pueblos indígenas también en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición.

“Sus territorios contienen alrededor de un tercio del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo”, recalcó Julio Berdegué.

Árboles de caucho en el bosque nacional Tapajños, en la amazonía brasileña.ONU/Eskinder Debebe

Fortalecer el papel de los pueblos indígenas

La FAO instó a los gobiernos, los financiadores climáticos, el sector privado y la sociedad civil a invertir en iniciativas que fortalezcan el papel de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal.

También los exhortó a reforzar los derechos territoriales comunales, compensar a las comunidades indígenas por su trabajo servicios ambiental y facilitar el manejo forestal comunitario.

El informe explica que tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de dichas áreas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y 2 veces menor en Colombia.

Detalla que los territorios colectivos titulados evitan entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 cada año en estos tres países; lo que equivale a sacar de circulación de 9 a 12,6 millones de vehículos durante un año.

Los datos indican que de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido formalmente los derechos de propiedad colectiva o usufructo de unos 269 millones de hectáreas.

Indígenas guaraníes de la comunidad Mbya, en ParaguayPNUD Paraguay

Bajo costo

La FAO llama otorgar legalmente esos derechos para los territorios faltantes y hace hincapié en que sólo cuesta seis dólares titular una hectárea de tierra en Colombia y 45 dólares en Bolivia, un costo entre cinco y 42 veces más bajo que el de evitar las emisiones por medio de la captura y almacenamiento de carbono fósil en las centrales eléctricas de carbón o gas.

Según el estudio, la gestión justa y eficiente de los bosques para mitigar el cambio climático supone un problema de largo plazo que debe abordarse con un enfoque integral que contemple las estructuras de gobernanza, las políticas, el capital social, las capacidades y conocimientos para preservar los ecosistemas y las culturas, la mejora de las condiciones de vidas y la prevención de los conflictos sociales.

Los programas exitosos de manejo forestal comunitario y compensación de servicios ambientales requieren derechos territoriales. Una buena gobernanza territorial y organizaciones indígenas y tribales consolidadas constituyen una base sólida para todo lo demás, mientras que la revitalización cultural y la gestión del conocimiento tradicional abonan al capital social, autoestima, habilidades y conocimientos necesarios para ello”, apunta la publicación.


Fuente: noticias ONU

lunes, 22 de marzo de 2021

Las discrepancias de la oposición nicaragüense proyectan una pobre imagen

Las discrepancias de la oposición nicaragüense de cara a las elecciones generales de noviembre próximo proyectan una pobre imagen ante la comunidad internacional, valoró este sábado el disidente sandinista Edmundo Jarquín.


Esas diferencias, según Jarquín, que ha sido candidato a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Nicaragua, "no permiten poner suficiente presión sobre las reformas electorales" que garanticen unas elecciones libres y transparentes en los comicios de noviembre.

"El tema, entonces, es que las discrepancias en la oposición no permiten poner suficiente presión sobre las reformas electorales, dejan a su vez de prestar atención a lo que verdaderamente importa, y se proyecta una pobre imagen sobre la comunidad internacional", anotó Jarquín, que se desempeñó como embajador en España y México durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), en una declaración escrita.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarlo por cinco años más.

"El límite, entonces, es la unidad de la oposición y no la uniformidad de ideas", continuó Jarquín, quien matizó que las diferencias existentes "es el anticipo de la sociedad que deseamos construir: pluralidad de ideas, pluralidad de intereses, pluralidad de clases sociales, pluralidad de ideologías".

Para el político, las dificultades que enfrenta actualmente la unidad opositora, no pueden ser mayores a la de buscar cómo salir de "la dictadura sanguinaria y represiva", en referencia al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

"¿Permitiremos que las actuales y legítimas diferencias de opinión, y a veces hasta diferencias personales, nos condenen a seguir enfrentando la dictadura sanguinaria y represiva de Ortega? ¿Son, acaso, esas diferencias de opinión y personales tan importantes, que permitiremos que siga Ortega y su dictadura?", reflexionó.

A su juicio, los opositores tiene un objetivo común, que es la democratización de Nicaragua, y es lo que debe primar, más allá de las diferencias.

"Las discrepancias en la oposición, legítimas por lo demás, han impedido, como en las semanas recientes, que no se ejerza suficiente presión sobre el Gobierno para que se produzcan las reformas electorales que permitan elecciones verdaderamente libres el próximo mes de noviembre", consideró.

Esas discrepancias, insistió, "impiden la acción conjunta sobre el Gobierno" de cara a las próximas elecciones.

"En verdad, si las diferencias de opinión en la oposición son tan grandes, ¿para qué el Gobierno podría ocuparse de las reformas electorales, si suficientemente está entretenida la oposición de sus pleitos internos?", preguntó. EFE

 Fuente: Yahoo Noticias

viernes, 19 de marzo de 2021

Investigaciones contra críticos de Bolsonaro encienden alarmas en Brasil

 Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- El aumento de las investigaciones penales contra críticos de Jair Bolsonaro, abiertas bajo pedido del propio Gobierno del líder ultraderechista o de sus allegados, prende de nuevo las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en las acciones censura y persecución en Brasil.



A finales de enero se sabía de al menos cuatro casos, pero dos meses después se conoce que más de una decena de personas, entre periodistas, abogados, escritores y artistas, están bajo la lupa de las autoridades.

Su delito fue expresar sin tapujos su pensar sobre Bolsonaro o su Gobierno y especialmente sobre su gestión frente a la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país unos 285.000 muertos y 11,6 millones de contagios.

El mandatario brasileño es uno de los pocos líderes negacionistas de la covid, a la que ha llamado de "gripita", y en vez de promover el aislamiento social y el uso de mascarillas, incentiva a los brasileños a salir a las calles y no tiene reparo en participar en actos públicos aglutinados y sin protección.

Estas investigaciones levantan especial interés de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que buena parte de ellas fueron solicitadas por el Ministerio de Justicia a la Policía Federal con base en una ley de 1983 creada durante la dictadura militar (1964-1985).

"Estamos observando con gran preocupación el aumento de personas críticas al Gobierno que están siendo investigadas por orden del Gobierno federal o a pedido de aliados de la Presidencia, casos en los que la Ley de Seguridad Nacional es citada para la apertura de investigaciones", declaró a Efe Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con Colombié, "la ley es vaga en sus conceptos", lo que abre paso a interpretaciones "arbitrarias" que otorgan el carácter de delito a las expresiones críticas al presidente, por lo que la norma se convierte en una "herramienta de intimidación y censura política" y una amenaza a la libertad de información y la democracia brasileña.

El uso abusivo de la citada ley ya había sido denunciado por Human Rights Watch (HRW) en enero pasado, cuando señaló que por lo menos cuatro personas estaban bajo investigación penal con base en esa norma por haber criticado al Gobierno desde junio de 2020.

La organización sostiene que este tipo de leyes penales son incompatibles con la obligación de proteger la libertad de expresión, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el Congreso debería abolirlas o adaptarlas.

"Pediríamos al Congreso que adapte las leyes de Brasil a los estándares de derechos humanos y que revoque los artículos dentro de la Ley de Seguridad Nacional que claramente violan la libertad de expresión y que no son aceptables en una democracia", aseguró a Efe César Muñoz, investigador de Human Rights Watch (HRW).

Entre los investigados por esta ley están el caricaturista Renato Aroeira por publicar una imagen donde Bolsonaro convierte una cruz roja en una esvástica y el periodista Ricardo Noblat, por compartirla en las redes.

La imagen hacía alusión a la invitación que hizo el mandatario para invadir hospitales y verificar si realmente estaban copados de gente infectada por la covid.

Asimismo, son investigadas dos personas por pagar e instalar un aviso gigante en la ciudad de Palmas (Tocantins) con la imagen de Bolsonaro y la frase "Nao vale um pequí roído. Impeachment já" (No vale nada, juicio político ya!).



PERSECUCIÓN TAMBIÉN SE EXTENDIÓ AL MAYOR INFLUENCER BRASILEÑO

Uno de los casos más recientes es el de Felipe Neto, el popular "influencer" brasileño, con más de 52 millones de seguidores en redes sociales, que ya en otras oportunidades ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios contra el líder ultraderechista y por opiniones contra Donald Trump.

El joven de 32 años, reconocido por la revista "Time" como uno de las 100 personas más influyentes del mundo, está bajo investigación penal por haber tildado de "genocida" al líder ultraderechista por su cuestionada gestión frente a la pandemia.

La investigación contra Neto fue solicitada a la Policía Civil por el concejal Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario brasileño, también basándose en la citada Ley.

Este jueves, la Justicia ordenó suspender de forma inmediata la investigación contra el "influencer" brasileño al reconocer la "flagrante ilegalidad" del proceso.

No es el primer caso que tumba la Justicia. También lo hizo con la investigación que el Ministerio de Justicia solicitó contra el periodista Hélio Schwartsman tras publicar en el diario !Folha de Sao Paulo" el artículo "Por qué hago fuerza para que Bolsonaro muera".

La situación vivida por Neto, quien además es comediante, empresario, escritor y filántropo, lo llevó a crear un grupo con reconocidos abogados para defender, gratuitamente, a quienes sean procesados por criticar a Bolsonaro.

Posiblemente, ese grupo ya tenga su primer caso, pues este mismo jueves, con base en esa Ley, fueron detenidos en Brasilia, la capital del país, cuatro militantes del opositor Partido de los Trabajadores, que querían marchar con una pancarta que decía "Bolsonaro genocida". EFE

mat/ag/si


Fuente: swissinfo

miércoles, 17 de marzo de 2021

Articulo opinión: Declaraciones insólitas (Gonzalo Martner)

 Un señor delegado presidencial en la "Macrozona Sur", Cristián Barra, que ha brillado por su ausencia y previamente por su inutilidad en los cargos que ha ocupado en las administraciones piñeristas, trata ahora de "instalarse", como se dice ahora, con una declaraciones irresponsables contra las Fuerzas Armadas. Las acusa de "falta voluntad" en La Araucanía:  "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera". 

Que una autoridad nombrada por el presidente, aunque en un cargo un tanto etéreo,  haga declaraciones contra la institucionalidad vigente de manera tan irresponsable, y en un tema tan delicado, es simplemente insólito. Si las fuerzas de la Defensa Nacional no intervienen en materias de orden público, de no mediar determinados estados de excepción y no de cualquier manera cuando estos se declaran, es porque la propia constitución de 1980 se lo impide. 

En la derecha se está incubando una respuesta a su incapacidad de gobernar y al desquiciamiento policial creciente instando a recurrir a la represión al margen de la ley, como si la historia reciente del país no tuviera suficiente de esa criminal y a la postre inútil medicina propia de los regímenes autoritarios y de las mentes obtusas y violentas. Un señor González, ex comandante en jefe de la Armada, de paso no muy brillante por el servicio, se ha permitido incluso decir que "si usted diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas", refiriéndose al conflicto en la zona de la Araucanía.

Esta fanfarronería de sherif del condado debe ser contrastada con la actitud que ex altos mandos del Ejército han manifestado públicamente con cordura al subrayar que la intervención de las FF.AA. terminaría agravando el problema. Por mi parte, sostengo que, entre otras cosas, terminaría dándole legitimidad a las minorías que actúan con violencia frente a un problema que se arrastra por 500 años y que requiere de una solución política, como la que han construido países como Canadá, Australia o Nueva Zelandia. 

El señor Barra y el señor González debieran tener un mínimo de lucidez y tomar conciencia que los problemas sociales y políticos no se resuelven a patadas en el mundo de hoy (como lo hicieron efectivamente sus antecesores de manera sangrienta en 1973, provocando una herida en la historia de Chile que no termina de cerrar), y menos una reivindicación histórica como la que nace del despojo alevoso de las tierras del pueblo mapuche, por mucho que volver cinco siglos atrás o tres siglo atrás  o un siglo y medio atrás sea difícil. Pero para eso está la política, para resolver problemas. Y sobre todo cabe recordar como terminó el régimen dictatorial de las FF.AA.: con tres años de protestas populares entre 1983 y 1986 que los mandos militares no pudieron controlar, a pesar de los centenares de asesinados, de los quemados y de los encarcelados y torturados. Aunque el régimen disponía de todo el poder de fuego imaginable, dirigido por un dictador sin escrúpulos, tuvo que dar paso, así y todo, al fin pactado de una dictadura que ya no podía sostenerse en momentos en que se aproximaba el fin de la guerra fría.

El intento del gobierno de Piñera de autorizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales al margen de todo estado de excepción, contradice radicalmente el camino emprendido desde 1990. Este sitúa a las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional y de eventual apoyo a otras tareas del Estado, pero solo en situaciones de excepción que requieran su concurso, debidamente autorizadas por el parlamento. La reforma constitucional presentada por el gobierno, en nombre de un supuesto resguardo de la "infraestructura crítica" pero en realidad como respuesta a la rebelión social de octubre de 2019, fue aprobada en el Senado por la derecha con el apoyo de la mayoría de los senadores DC y PPD. Esta grave regresión para la democracia no obtuvo, en buena hora, un quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Pero el gobierno insiste en querer arrastrar a las Fuerzas Armadas a un conflicto civil de orden social y político, del que definitivamente no deben participar. A Sebastián Piñera, si algo tiene de hombre de Estado, solo le cabe destituir al señor Barra. Y desistir en lo que le queda de gobierno de sus intentos de refugiarse detrás de las Fuerzas Armadas ante su incapacidad para resolver los problemas del país. 

Entretanto, el ministro de Defensa Baldo Prokurica ha hecho una declaración más bien sensata, que indica el camino a seguir con lógica republicana: "nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.

Post Data: se ha anunciado que le han "aceptado la renuncia" a Barra. Menos mal.

martes, 16 de marzo de 2021

Antonio Araníbar rememora su carrera política en un libro de memorias

 A lo largo de 348 páginas, el abogado y político Antonio Araníbar Quiroga rememora las décadas que marcaron la segunda parte del siglo XX en Bolivia. Desde sus inicios en el ambiente político, a la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el nacimiento del Movimiento Bolivia Libre (MBL), la publicación narra a detalle los eventos protagonizados por el cochabambino, en el año que celebra su 80 aniversario. 







“Este libro es una narración personal, pero también echa un vistazo a una generación política y cultural de jóvenes cristianos, iniciada a principios de los 60 en Bolivia, generación que experimentó una compleja metamorfosis”, describió la editorial Heterodoxia, en un comunicado de prensa. “Las memorias de Araníbar son un testimonio de su época, y quizás un recordatorio de cómo llegamos a tener este presente”, añadieron. 

Araníbar Quiroga nació el 10 de noviembre de 1941. Fue parte de la Juventud Demócrata Cristiana en el período  1962-1969, y en 1978 fue miembro fundador del Frente de Unidad Democrática y Popular hasta 1985. Fue miembro fundador del MIR, llegando a formar parte de su directiva junto con Óscar Eid y Jaime Paz Zamora.  El 15 de enero de 1985, luego de una escisión con los otros líderes, Araníbar funda, junto con  Juan del Granado, el Movimiento Bolivia Libre conocido como el MBL.  

“Una vida se condensa en ese libro, pero sobre todo la travesía de una generación política a la que debemos el poder respirar hoy libertades y pluralismo”, opinó el periodista Rafael Archondo el pasado octubre, sobre esta publicación. “El fundador del MIR y del MBL también fue perseguido bajo el hierro de un gobierno que se proclamó ‘socialista comunitario’.  En consecuencia, es el hombre que además del asedio de las dictaduras militares tuvo que probar el rigor estalinista de un poder erigido en las urnas, pero también en el sometimiento vertical del sistema judicial”, añadió. 

Paz Zamora convoca a expresidentes para ‘frenar abusos en plena democracia’

 “Ante los intentos de restaurar la dictadura, organizarse para resistir”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Jaime Paz Zamora tras conocerse la aprehensión de la exgobernante Jeanine Áñez junto a dos de sus exministros por el supuesto caso “golpe de Estado”.


De igual manera en una entrevista con un medio de comunicación, anunció que gestiona un encuentro entre exmandatarios del país para asumir una posición sobre la “persecución política y judicial” que afrontan exautoridades del Gobierno transitorio.

En esta oportunidad, Paz Zamora anunció que se contactó con los expresidentes Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, a fin de asumir “acciones conjuntas para frenar los abusos en plena democracia”. El encuentro se llevaría adelante en las próximas horas.

“He pedido organizarse para resistir ante los intentos de restaurar la dictadura. Comités Cívicos, juntas vecinales y otras organizaciones deben hacer los esfuerzos para resistir», exhortó Paz Zamora en contacto con El Deber.

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue aprehendida en Trinidad, Beni, por el caso “golpe de Estado”. Asimismo, sus exministros Álvaro Coimbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energías, ahora imputados por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. (14/03/2021)


Fuente: La razón

Ante agresiones y muertes de mujeres son las víctimas y no los agresores quien sufre las consecuencias.

Cometario ALDHU

Este artículo cuenta la historia de una chica que tomando todas las precauciones posibles fue asesinada en Londres. Por ello la policía de la zona en donde ocurrió el suceso pidió a las mujeres que no salieran a la calle a partir de cierto horario. Si embargo, las víctimas sufren una doble victimización, se preguntan... no sería mejor que existiera un toque de queda para los hombres, ya que ellas no hicieron nada mal?

Según la American Psychological Association (APA), mientras que las mujeres cometen con mayor frecuencia delitos menores, los delitos cometidos por hombres son en mayor medida contra la vida y la propiedad privada.​ Además, se estima que el 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual violencia sexual por parte de un hombre en algún momento de su vida.



El enojo por el asesinato de Sarah Everard provoca un cambio en el concepto de 'concesiones de las mujeres'


Artículo de: The New York Times. The interpreter.

 Quizá fue porque los encierros forzados por la pandemia han hecho que las mujeres se aferren a las oportunidades de acceso a los espacios públicos que les quedan. Tal vez fue porque, a pesar de que el movimiento #MeToo ya lleva más de tres años, la policía y la sociedad todavía les piden a las mujeres que sacrifiquen sus libertades para comprar un poco de seguridad temporal.

Todo salió a la superficie cuando Sarah Everard, de 33 años de edad, que desapareció camino a su casa en Londres el 3 de marzo, apareció muerta una semana después aunque había hecho todo lo que debía hacer. Optó por una ruta más larga con mejor iluminación y más poblada. Llevaba ropa de colores brillantes y zapatos que le permitían correr. Se reportó con su novio para avisarle que ya iba camino a casa. Por desgracia, no fue suficiente para salvarle la vida.

Así que la respuesta de las mujeres británicas a las noticias de que la policía iba de puerta en puerta para recomendarles a las mujeres en el barrio del sur de Londres donde desapareció que se quedaran en casa por su propia seguridad fue un torrente de furia y frustración.

Esta situación ha disparado un movimiento social que se percibe un tanto diferente a los anteriores: mujeres de niveles socioeconómicos de lo más diversos exigen seguridad de la violencia varonil y exigen que la policía, el gobierno y los hombres en conjunto tomen a cuestas la carga de garantizarles esa seguridad.

‘Arresten a los suyos’

“¡Oiga usted, señor, quítele las manos de encima a mi hermana!”, coreó la multitud cuando la policía comenzó a sujetar a algunas mujeres para intentar dispersar la vigilia realizada el 13 de marzo por la noche en honor de Everard, quien trabajaba como ejecutiva de mercadotecnia, en un parque del área de Clapham, en el sur de Londres.

“¡Arresten a los suyos!”, gritaron cientos de personas en referencia al agente de policía acusado del asesinato de Everard. “¡Ustedes, policías, a su casa!”.

Si la Policía Metropolitana de Londres se hubiera propuesto exhibir las acciones contra las que las mujeres protestaban, quizá no habrían podido ofrecer un ejemplo más claro que las escenas vistas en ese lugar: policías pisoteando las flores depositadas en un monumento improvisado en recuerdo de Everard y forcejeando con jóvenes consternadas hasta someterlas en el piso.

En los días posteriores a la desaparición de Everard, un grupo autodenominado Reclaim These Streets (Recupera estas calles) anunció que se realizaría una vigilia el sábado por la noche en un parque del sur de Londres. El evento se aprovecharía para recordar a la víctima, para protestar por las instrucciones que la policía les dio a las mujeres de quedarse en casa por su propia seguridad y para exigir en su lugar mayor seguridad en las calles.

Sin embargo, la “Met”, sobrenombre con el que se conoce a la policía de Londres, reiteró su recomendación a las mujeres de quedarse en casa. Por si fuera poco, la policía hizo referencia a las restricciones por el cierre de actividades, con fundamento en las cuales podría imponer multas elevadas si no se cancelaba la vigilia.

A fin de cuentas, las organizadoras claudicaron y suspendieron el evento, en parte porque no soportaban la idea de que les cobraran multas y luego ese mismo dinero se entregara mediante subsidios a la fuerza policiaca contra la que querían protestar, explicó Mary Morgan, escritora y experta en políticas sobre el cuerpo, que fue una de las organizadoras originales del evento. “Solo de pensarlo, se me retuerce el estómago”, señaló en una entrevista.

Independientemente de las intenciones al interior de la Met, el mensaje que les envió a las mujeres de todo el país fue que la policía redoblaba las restricciones a la libertad de las mujeres y no a la violencia de los varones.

“@metpoliceuk de verdad quiere a las mujeres fuera de las calles, ¿o no?”, escribió en Twitter Anne Lawtey, de 64 años, después de que las organizadoras anunciaron que se había cancelado la reunión. Según dijo en una entrevista telefónica, quedó sorprendida de que la hubieran suspendido. “¿Ahora resulta que no podemos hacer una vigilia? ¿Con gente de pie, quieta, en un parque, con cubrebocas?”

De cualquier manera, se presentaron grandes multitudes con velas y ramos de flores, bulbos de flores de azafrán en frascos de vidrio y juegos de macetas con brotes de pensamientos para añadir al montón de ofrendas.

Sin equipo de audio, varias mujeres se treparon al quiosco victoriano que a veces ocupan grupos musicales y en el que se había creado el monumento improvisado en homenaje a la víctima y utilizaron un micrófono humano al estilo del movimiento “Ocupa Wall Street”: la multitud repetía lo que decían para que pudieran escuchar quienes estaban atrás.

“La policía intenta acallar nuestra voz. La policía intenta reprimirnos”, repitieron cientos de voces al unísono. “La policía dice que no podemos organizar una vigilia para conmemorar a Sarah Everard. La policía se atreve a amenazarnos. La policía se atreve a intimidarnos”.

Después, más alto: “NOSOTROS. DECIMOS. NO”.



Concesiones desproporcionadas

Ser mujer es vivir “en un estado constante de concesión”, escribió la autora y columnista Nesrine Malik en su libro titulado “We Need New Stories”.

La desaparición de Everard llamó la atención sobre los términos de un acuerdo para obtener seguridad tan omnipresente que muchas mujeres quizá nunca lo habían considerado así: que a cambio de seguridad con respecto a la violencia masculina, deben hacer las elecciones “correctas”, y que si una mujer no lo hace, será la culpable de su destino.

En línea, varias mujeres compartieron los detalles de su perspectiva de esas renuncias y elecciones: la ropa que visten, los lugares por los que caminan, las personas con quienes se reportan antes de salir y al llegar a casa, cuándo salir solas y cuándo con otras mujeres o con otros hombres.

Algunas reflexionaron sobre sus propias experiencias de haberse librado de una mala experiencia. Nosisa Majuqwana, productora de publicidad de 26 años de edad que vive en el este de Londres, mencionó que les había dicho a sus amigas: “Gracias a Dios llevaba tenis, gracias a Dios llevaba una mochila” la noche que un hombre extraño se le acercó en una vereda desierta, sacó un cuchillo y le dijo que se quedara callada. “Nunca te atreverías a caminar de vuelta a casa en Londres con zapatos altos”.

Sin embargo, la muerte de Everard ha hecho que Majuqwana y muchas otras rechacen de tajo la idea de hacer concesiones.

“No importa qué hagamos las mujeres”, dijo Morgan. “Podemos estar hipervigilantes. Podemos aplicar todas las precauciones que nos han enseñado desde que éramos niñas”.

El asesinato ha “sobrecogido tanto a la gente que han reaccionado y dejado de aceptar que es normal” hacer esas concesiones, dijo Anna Birley, investigadora de política económica y política local en el sur de Londres que también participó en la organización del evento Reclaim These Streets. “Todas las mujeres pueden imaginarse en esa situación”.

¿Quién debería sacrificarse?

¿Por qué las propias mujeres deben soportar la carga de su seguridad en vez de que lo hagan los hombres que son fuente de la mayoría de la violencia en su contra?

“Las libertades de las mujeres se consideran dispensables y desechables, al igual que las propias mujeres en algunas ocasiones trágicas”, señaló en una entrevista Kate Manne, profesora de Filosofía en la Universidad Cornell y autora de dos libros sobre la forma en que el sexismo moldea la sociedad. “Hay una suposición inmediata de que la vida de los hombres no se verá significativamente afectada por esta situación”, así que no se les puede pedir que hagan sacrificios para cambiarla.

Conforme ha aumentado el área de influencia de las mujeres en la vida pública, las diferencias se han vuelto evidentes y dolorosas. El movimiento #MeToo reveló que muchas mujeres abandonaron su empleo o industrias completas para evitar a depredadores como Harvey Weinstein, y el resultado fue que los abusivos pudieron seguir dañando a otras mujeres durante décadas.

Por lo regular, a las mujeres que viven en relaciones abusivas se les recomienda abandonar a sus parejas violentas sin pensar que, de hecho, cuando intentan hacerlo enfrentan los peores niveles de violencia.

Algunas veces el cálculo es más sutil, pero el impacto colectivo no deja de ser significativo.

Un artículo en proceso de Girija Borker , investigadora del Banco Mundial, descubrió que las mujeres en India estaban dispuestas a asistir a instituciones educativas mucho menos prestigiosas y pagar colegiaturas más elevadas con tal de evitar acosos o abusos en sus traslados diarios a las clases. El impacto de esa “elección” en una mujer puede ser difícil de medir, pero entre los miles que documentó en su investigación, es de esperar que tenga efectos en sus ingresos, poder económico y movilidad social.

No obstante, el enojo de las mujeres británicas ha comenzado a cambiar las suposiciones de quién debe hacer sacrificios para lograr que haya seguridad.

Jenny Jones, baronesa e integrante del Partido Verde, sugirió en la Cámara de los Lores la semana pasada que debería haber un toque de queda a las 6 p. m. para los hombres tras la desaparición de Everard. Después aclaró que no era una sugerencia del todo seria, cuando le dijo a Sky News en el Reino Unido: “Nadie protesta cuando, por ejemplo, la policía les recomienda a las mujeres quedarse en casa. Pero cuando lo propongo yo, los hombres se levantan en armas”.

Fuente: The New York Times.


lunes, 15 de marzo de 2021

Migración a Estados Unidos: ¿qué ha cambiado realmente Biden en la frontera con México?

En la campaña electoral, Joe Biden se comprometió a reformar el sistema migratorio estadounidense, "tomando medidas urgentes" para acabar con las políticas de Donald Trump.


Al llegar a la presidencia en enero, el demócrata ordenó la reunificación de los niños migrantes con sus familias, puso fin a la construcción del muro fronterizo y pidió revisar de los programas de inmigración legal cancelados por su predecesor.

Pero a aquellos que buscan ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Biden les pidió paciencia y dijo que su administración necesita tiempo para prepararse para gestionar la llegada de personas.

"No estamos diciendo 'no vengas'", dijo esta semana el principal funcionario de seguridad nacional de Biden, Alejandro Mayorkas. "Estamos diciendo 'no vengas ahora'".

Aquí te presentamos lo que Biden hizo y no hizo hasta ahora y en qué se diferencia de Trump en materia de migración.

Depende de a quién le preguntes, pero los números definitivamente están aumentando. En enero, el mes en el que Biden asumió el cargo, 5.871 niños no acompañados cruzaron la frontera -comparados con los 4.995 de diciembre- según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CPB, por sus siglas en inglés).

Y la CPB informó de un promedio de casi 3.000 arrestos por día en enero, en comparación con menos de 30.000 durante todo un mes el año pasado.

Sin embargo, el gobierno de Biden cuestionó que todavía haya una "crisis" en la frontera.

"La respuesta es no", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a un periodista esta semana. "Creo que hay un desafío en la frontera que estamos manejando", añadió.

Y el repunte sigue siendo modesto en comparación con 2019, cuando los agentes fronterizos retuvieron a más de 76.000 menores no acompañados.

Pero la presión está aumentando en la frontera sur y algunos informes sugieren que las cifras van camino de superar los máximos históricos de ese año.

A puerta cerrada, los comentarios de Mayorkas sugieren que él podría estar de acuerdo con esto.

El mes pasado, dijo a agentes de alto rango en la frontera que "se preparen ahora para las oleadas en la frontera", según los correos electrónicos obtenidos por el diario The Washington Times.

¿Son los niños no acompañados retenidos?

Sí.

Mientras estaba en el cargo, Donald Trump causó indignación por las condiciones dentro de las instalaciones fronterizas que en las que se internan a menores.

Las imágenes del interior de los centros de detención mostraban a niños hacinados en jaulas de metal, otros durmiendo bajo mantas de papel de aluminio.

Algunas de estas instalaciones de la era Trump, ahora renovadas y mejoradas, se están utilizando nuevamente.

Hasta ahora, Biden sigue con la política de emergencia del coronavirus de la era Trump, que permite a las autoridades estadounidenses expulsar a casi todos los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar al país, pasando por alto las leyes y protecciones migratorias habituales.

Pero a diferencia de Trump, Biden decidió permitir la entrada de niños y adolescentes migrantes.

En la actualidad, unos 200 niños migrantes cruzan la frontera cada día y miles de menores fueron retenidos en la frontera suroeste del país en las últimas semanas y enviados a centros de detención.

El lunes, Mayorkas dijo que los menores son retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para "procesarlos" por un máximo de 72 horas.

Luego, los niños son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) "para atender las necesidades de esos niños", afirmó Mayorkas, incluida la investigación de las familias que albergarán a los niños mientras sus casos son adjudicados a un tribunal de inmigración.

El HHS retiene a niños y adolescentes durante un mes en promedio, detalló.

¿Cuál es la defensa de Biden?

Los grupos de derechos humanos y miembros del propio partido de Biden criticaron la decisión de mantener a los niños bajo la custodia del gobierno durante las semanas o meses que lleva el proceso de selección de las familias de acogida.

Algunos de los críticos de Biden aseguran que el proceso se remonta a las políticas de la era Trump y que el principal cambio es que los niños permanecen detenidos durante menos tiempo bajo el gobierno del presidente Biden.

Mayorkas desentimó las comparaciones con los programas de inmigración de Trump, diciendo que son "absolutamente inexactas" y que su departamento estaba actuando en el "mejor interés" de los niños migrantes.

Pero algunos activistas dicen que, dado que la mayoría de los niños llegan con planes de reunirse con las personas que los van a acoger, generalmente amigos o familiares, deben ser transferidos de inmediato a su guarda.

¿Qué está pasando con el programa Permanece en México?


En el primer día de mandato de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió una polémica política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración en Estados Unidos.

Alrededor de 70.000 migrantes se inscribieron en los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), conocido informalmente como el programa "Permanecer en México", desde que se puso en práctica en enero de 2019.

El mes pasado, el gobierno de Biden comenzó a procesar gradualmente a estas decenas de miles de personas que esperan en México, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos mientras se realizan las audiencias de sus casos.

Aún así, funcionarios de Biden enfatizaron que los migrantes no deberían intentar ingresar a Estados Unidos en este momento, diciendo que se necesita más tiempo para reconstruir los sistemas de asilo que, dicen, fueron desmantelados por Trump.

"Un mensaje para las personas que están pensando en venir a nuestra frontera: deben esperar", aseguró Mayorkas el lunes. "Se necesita tiempo para reconstruir el sistema desde cero", agregó.

¿Qué pasa con las personas indocumentadas que ya están en EE.UU.?

El gobierno de Biden tomó varias medidas para reformar el sistema legal de inmigración del país.
Propuso un importante proyecto de ley de inmigración que ofrecería un camino de 8 años hacia la ciudadanía a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que están en el país.

La legislación también brindaría protección permanente a los jóvenes migrantes que se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), conocidos como Dreamers.

Estas políticas a favor de la inmigración, que aumentarían en gran medida la inmigración legal basada en la familia y en el empleo, enfrentará una gran oposición en el Congreso, no solo de los republicanos sino también de algunos demócratas moderados.

Fuente: BBC Mundo

viernes, 12 de marzo de 2021

Bachelet denuncia represalias contra colaboradores de la ONU en Venezuela

Michelle Bachelet denuncia que personas que colaboran con el trabajo humanitario y las investigaciones de derechos humanos de la ONU en Venezuela están sufriendo represalias.   



En su actualización ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada aseguró que su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.  “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.

Bachelet además dijo que han recibido denuncias que individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. “Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”.



Todo esto se produce en un momento en el que la asistencia humanitaria es “esencial”. La Alta Comisionada dijo salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.

Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra el COVID-19.

La denuncia, incluye a los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.

Por otro lado, la Alta Comisionada aseguró que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Es decir, un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.


Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.

La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, esperando presentar “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.

En el reporte se señala que la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”, alertando de “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

Además se han “identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”, la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya fue tachado de escuadrón de exterminio.

Fuentes: La tercera, Noticias ONU, El pitazo (Youtube)

jueves, 11 de marzo de 2021

Lula: "Sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años". Brasil.

 La ALDHU expresa su alegría por el fin de la injusta sanción al ex presidente Lula da Silva, y la recuperación de sus derechos políticos. Brasil recupera así a uno de sus más importantes lideres, protagonista de los mayores cambios a favor de los más desposeídos y vulnerables de ese país. Así como un gran impulsor de la integración y la solidaridad entre los pueblos de América Latina.




El ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que ha sido "víctima de la mayor mentira jurídica" en 500 años de historia de Brasil, en su primer pronunciamiento después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesaban en su contra.


"Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó", afirmó el ex mandatario, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde la anulación de sus condenas, y la primera desde la irrupción de la pandemia.    

El juez del Supremo, Edson Fachin, anuló el lunes todas las condenas contra el ex mandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y abre la puerta a que eventualmente sea candidato en las próximas elecciones.

El ex mandatario aseguró que no guarda rencores a nadie, pero señaló que la "presión" judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa, Marisa Letícia Rocco.

También recordó que fue impedido por las autoridades de acudir al entierro de su hermano Genival Inácio da Silva, mientras estuvo en prisión, en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur), donde estuvo recluido 580 días.

"Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí", manifestó Lula, en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, su cuna política.

"No hay mayor dolor que levantarse cada mañana y no tener un café, un panecillo para el desayuno", añadió.

RECUPERACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS Y UNA POSIBLE CANDIDATURA

La anulación de sus condenas supone una victoria judicial sin precedentes para Lula, pues recuperó sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022, a las que pretende presentarse el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Fachin anuló en concreto cuatro procesos. En dos de ellos Lula fue condenado a penas que sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, y por las que llegó a pasar 580 días en la cárcel.

Fachin basó su decisión en que el tribunal de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, no tenía competencias para analizar esos asuntos, que a partir de ahora quedarán en manos de la Justicia federal de Brasilia.

En paralelo, la Segunda Sala del Supremo retomó en la víspera un juicio para determinar si Moro actuó de forma "parcial" en sus sentencias contra el líder del Partido de los Trabajadores.

La defensa de Lula denunció ante el alto tribunal una serie de "abusos" por parte del ahora ex juez durante las investigaciones, que según alegan, quedaron de manifiesto en los mensajes que intercambió con los fiscales de la Lava Jato y que fueron filtrados por el portal The Intercept en 2019.

Esas conversaciones sugieren que Moro, que después pasó a integrar el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, direccionó y coordinó los procesos en curso contra el ex jefe de Estado, lo que está prohibido por ley.

El magistrado del Supremo Gilmar Mendes respaldó esa tesis al afirmar que las condenas contra Lula formaron parte de un "juego de poder". Según el juez, las acciones de Moro como magistrado de primera instancia fueron propias de un régimen "autoritario".

Fuente: Agencia EFE

miércoles, 10 de marzo de 2021

Rector Ignacio Sánchez y científico Alexis Kalergis, los auténticos artífices del éxito de la vacuna Sinovac en Chile

por Marco Fajardo

9 marzo, 2021

El director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), académico e investigador de la Universidad Católica (UC), que dirige el rector Ignacio Sánchez, había tenido buenas experiencias previas con el laboratorio chino Sinovac Biotech, que antes de la pandemia ya contaba en el país con la autorización para vacunas contra la hepatitis e influenza. El científico señala que la estrategia científica que utiliza Sinovac les dio confianza en términos de seguridad e inmunogenicidad, pues se trata de una vacuna basada en el virus inactivado, una metodología más tradicional, o de primera generación, que ha sido usada en grandes poblaciones humanas por varias décadas. El rector Sánchez destacó que, a través del trabajo científico de Kalergis –financiado con fondos públicos y aportes privados–, la UC pudo firmar un convenio que permitía al país tener la disponibilidad de hasta 20 millones de dosis de vacuna por año, por un período de tres años. Meses después de que se materializara esta importante alianza, el convenio recién le fue traspasado al Gobierno a través del Minsal, desde donde se desarrollaron –junto a la Cancillería– las gestiones para tener el número de vacunas que ha sido responsable de la campaña de vacunación masiva con Coronavac implementada en el país.



Un contacto científico previo, la visión de la Universidad Católica y la buena experiencia anterior con otras vacunas, permitió la importación de la vacuna china Sinovac a Chile. Esa es la verdadera historia.

Para ello fue clave el equipo científico liderado por el bioquímico Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), académico e investigador de la Universidad Católica (UC), con un papel fundamental de esa casa de estudios.

El científico cuenta que, antes de la pandemia, comenzaron a explorar una colaboración desde la UC con Sinovac, junto con sus colegas Susan Bueno y Pablo González, de la Facultad de Ciencias Biológicas, para el desarrollo de vacunas contra virus respiratorios. Hoy además se realizan estudios clínicos con un seguimiento a personas vacunadas.

“Durante el 2019 ya habíamos comenzado a discutir los alcances de esta colaboración científica, en base a nuestros resultados con las vacunas para patógenos respiratorios, como el virus respiratorio sincicial (VRS) y el metapneumovirus, ambas desarrolladas por la UC en nuestro país”, recuerda.

Estudios clínicos

Cuando se desató la pandemia, Sinovac los contactó para colaborar en el desarrollo de su vacuna contra COVID-19, mediante la realización de estudios clínicos en Chile.

“Dado que la estrategia científica que utilizó Sinovac para generar esta vacuna para COVID-19 nos dio confianza en términos de seguridad e inmunogenicidad, decidimos participar en la colaboración que resultó en la firma de un acuerdo para asegurar el suministro de millones de dosis para Chile de forma oportuna y por medio del Estado, que hoy en día ya están siendo aplicadas de manera masiva en la población a través del Programa Nacional de Inmunizaciones del Minsal”, señala Kalergis.

En ese sentido, destacó que el rol de la ciencia y las universidades chilenas en este proceso ha resultado clave, por medio del trabajo local en torno a vacunas, así como a través de la ejecución de estudios científico-clínicos con colaboradores en otros países.

Origen

El aporte de la UC se inició hace más de un año, con el trabajo de sus investigadores en conjunto con los de Sinovac Biotech, explica el rector Ignacio Sánchez.

Desde la ciencia e investigación se crearon lazos y confianzas que hicieron posible desarrollar el proyecto de investigación de Fase Clínica III, para probar la eficacia de la vacuna en voluntarios, datos que serían de gran relevancia para conocer el comportamiento de la vacuna, destaca.

A t

El apremiante retorno de Toño Araníbar

 Antonio Araníbar, el fundador del MIR y del Movimiento Bolivia Libre (MBL), perseguido bajo el hierro de un gobierno que se proclamó “socialista comunitario”, acaba de vivir dos momentos importantes: fue sobreseído en el caso FOCAS y le puso un punto final a su libro autobiográfico. Un desagravio para este boliviano notable es necesario.


Aquella mañana, Jaime Paz Zamora despertaba en su recámara de hospital en la distante Washington D.C., adonde había sido trasladado un mes antes tras el desplome explosivo del avión en el que volaba en dirección al Beni; Óscar Eid asistía junto a Juan Lechín a la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en la sede de la Federación de Mineros en La Paz y Antonio Araníbar acompañaba a Hernán Siles Zuazo a una cita en el Palacio de Gobierno. La troika mirista, es decir, la dirección nacional del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), actuaba por separado ante el dictado de las circunstancias. Se iniciaba así el funesto 17 de julio de 1980, cuando la democracia quedó a merced del asedio militar.

****

Palacio de Gobierno

La Presidente Lidia Gueiler acaba de recibir en su despacho a la cúpula de la Unidad Democrática y Popular (UDP), el frente ganador de las elecciones de ese año. La entrega del mando a Siles es un hecho descontado tras su victoria electoral inapelable y la decisión asumida por Paz Estenssoro de franquearle el paso a la Presidencia mediante una ratificación congresal.

Al otro lado de la línea telefónica está el general Armando Reyes Villa, comandante del Ejército. Gueiler le pide informes sobre la sublevación en Trinidad, pero sobre todo le advierte que ella está ahí en compañía de la plana mayor de la UDP, la cual le ha entregado todo su respaldo. Reyes Villa es parte de la conspiración, pero en ese instante prefiere disimular. Le dice a Gueiler que el principal causante del descontento en las Fuerzas Armadas es Siles Zuazo, quien habría declarado días atrás a la prensa internacional que su primera medida sería relevar a la cúpula castrense. Siles rechaza de inmediato aquella provocación. Lo hará, claro que sí, pero en uso de sus prerrogativas constitucionales. Aquella coartada para el Golpe es sencillamente ridícula. Pese a ello, ninguno sospecha, al menos dentro de Palacio, que el complot abarca a todos los uniformados y no solo a la guarnición del Beni. 
Gueiler se disculpa con sus cinco visitantes, debe encabezar una reunión con sus ministros. Los líderes de la UDP salen de Palacio y se apretujan en el auto de Samuel Gallardo Lozada, colocado frente al volante. Quedan atrapados en la trancadera del descenso hacia el edificio de la Central Obrera Boliviana (COB). Se han propuesto ir personalmente a darle su respaldo al CONADE.

La fortuna les sonríe en medio del aluvión de malas noticias. Cuando el auto desemboca desde la calle Colón en la Mariscal Santa Cruz, el aire ya se ha puesto pesado. Se escuchan a lo lejos las ráfagas intermitentes. Algún transeúnte les informa que acaban de tomar la sede sindical, hay que cambiar de ruta.

Allí, en medio del ajetreo golpista, Óscar Eid, asistente a la reunión convocada por el CONADE, logra eludir el cerco paramilitar, se escabulle entre los mirones y se mete a un edificio. Ya nadie lo subirá a una de las ambulancias con las que los asesinos camuflan sus crímenes.
A pocas cuadras de allí, Antonio Araníbar no se separa de Siles. Lo acompañará hasta que ambos inicien la ruta hacia un nuevo exilio, él a Quito, Siles a Lima. La troika quedaba a salvo, también Don Hernán. La naciente dictadura se ocuparía además de exhibir a Lechín en la televisión, obligándolo a una exhortación dirigida a los trabajadores del país para que depongan la huelga general. Desde la clandestinidad, Siles anunciará la conformación de un gobierno legítimo instalado en el exilio, el GUN, Gobierno de Unidad Nacional.


Dos camadas en una

Aquella feliz confluencia de las dos generaciones políticas, la vanguardia de la Revolución Nacional y la impulsora de un amanecer en democracia plural (el MIR), fue un resultado largamente trabajado. Comenzó formalmente en Lima cuando Antonio Araníbar, Juan Lechín y Hernán Siles se juntaron para conversar a fines de 1977 y se hizo un documento con firmas en Caracas, en enero del año siguiente. Iba a ser Siles, mas no Lechín, quien aceptara la propuesta del MIR de formar un frente político diseñado para enfrentar a la dictadura de Banzer y su candidato en las elecciones de 1978. Nacía la UDP, autora de tres triunfos electorales consecutivos, hazaña de la que ni Víctor Paz ni Juan Lechín pudieron jactarse jamás.

Sin embargo, esta relación entre viejos legendarios y jóvenes apasionados ya había apilado años de cercanía respetuosa. Los más esclarecidos representantes de ambas camadas confluyeron el año 70 en el edificio de la UMSA para conformar el “Comando Político de la COB y el Pueblo”, que se hizo cargo de la sorpresiva renuncia del general Ovando a la Presidencia e impulsó decisivamente la ascensión de Juan José Torres (1970). La segunda cita tendría lugar en el seno de la Asamblea Popular, aquel experimento deliberativo que puso en la testera a Eid, Araníbar y Lechín. Los dos primeros ya formaban parte, en aquel momento, de la escindida Democracia Cristiana Revolucionaria (PDCR), la fracción militante que derivó hacia la Teología de la Liberación y se identificó con aquel Cristo reinventado en Ñancahuazú al que llamaron Che Guevara.


Siles, quien como embajador de Bolivia en Uruguay, se reunió con el Che en Montevideo en agosto de 1961, no se dejó encandilar con los destellos nucleares y salseros de la Revolución Cubana. Fue nacionalista revolucionario hasta la muerte. Su pacto con el MIR en 1978 se basaba en el reconocimiento hecho por Paz Zamora, Araníbar y Eid del valor intrínseco de la Revolución Nacional, de su aporte inobjetable al fin de la servidumbre de aymaras y quechuas, de su gigantesca contribución a la edificación de una soberanía patria que descreyera de todos los imperios de la Tierra. Fueron los miristas, y no Siles, quienes construyeron su espacio a costa de la identidad del 52, a la que sedujeron con dos palabras sofisticadas: entronque histórico. Hicieron bien al armar un lazo con el abanderado de la insurrección del 9 de abril y no con Paz, el Maquiavelo más afilado del momento, y tampoco con Lechín, el sibarita menos disciplinado de aquella partida definitiva.

Opción de vida

Antonio Araníbar acaba de ponerle un punto final a su libro autobiográfico. Recorrer sus páginas es un deleite para los aficionados a la Historia de Bolivia. Allí narra sus primeros pasos en la Escuela de Verano de la Juventud Universitaria Católica (JUC), nos enseña el papel de los estudiantes en la toma de distancia preliminar ante la avalancha de violencia intolerante que trajo la Revolución, sus entusiastas conversaciones en Cochabamba con José Cuadros Quiroga, mejor conocido como “el gato que fuma” (el apodo más largo del que se tenga memoria), sus desilusiones primeras con la Democracia Cristiana en las sinuosas figuras de Agreda y Ondarza, el accidentado nacimiento del MIR tras la experiencia de la Asamblea Popular y sus ultrismos, el dolor en Santiago por la muerte de Chichi Ríos Dalenz, los años de exilio y persecución, y la larga fase democrática en la que el autor de estas memorias fue diputado, canciller y pasajero Ministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Carlos Mesa.

Una vida se condensa en ese libro, pero sobre todo la travesía de una generación política a la que debemos el poder respirar hoy libertades y pluralismo. Hace semanas, la justicia acaba de declarar a Araníbar sobreseído por el caso FOCAS. La noticia, casi desapercibida, nos recordó que el fundador del MIR y del Movimiento Bolivia Libre (MBL) también fue perseguido bajo el hierro de un gobierno que se proclamó “socialista comunitario”.  En consecuencia, es el hombre que además del asedio de las dictaduras militares tuvo que probar el rigor estalinista de un poder erigido en las urnas, pero también en el sometimiento vertical del sistema judicial.


Ya viene siendo hora del retorno necesario de Antonio Araníbar a la patria. Su largo destierro debería cesar para dar paso al abrazo con los luchadores de su generación y con los que, como su hija Lorena, paralizaron con pititas y llantitas el país para recordarnos que el 21 de febrero de 2016 el pueblo votó por mantener intacta la Constitución. En tal sentido, planteo con respeto que las autoridades electas el 18 de octubre preparen el desagravio de este boliviano notable que el 6 de enero de 1978 tuvo el pulso firme para consagrar una alianza, en las buenas y en las malas, con Hernán Siles Zuazo, el humanista cristiano y consecuente de la Revolución Nacional. 

Fuente: Páginasiete


Podemos encontrar otros textos del autor en:

https://nuso.org/autor/antonio-aranibar-quiroga/

lunes, 8 de marzo de 2021

Michelle Bachelet, Alta comisionada ONU: “No habrá paz ni progreso ni igualdad si las mujeres no tienen los mismos derechos y plena participación”


 “En este Día Internacional de la Mujer, quiero mandar un afectuoso saludo a las mujeres de la primera línea en salud, a las mujeres que han luchado por sus derechos y por una primera Constitución escrita con paridad en el mundo, a todas las mujeres que desde el encierro en la cuarentena han trabajado, criado y cuidado, y las millones de mujeres que perdieron su empleo en la pandemia: las mujeres que tanto me enorgullecen por ser chilenas”.


Así comienza el saludo enviado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ExPresidenta chilena Michelle Bachelet ante una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En un video difundido a través de Horizonte Ciudadano, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló: “No habrá paz ni progreso ni igualdad si las mujeres no tienen los mismos derechos y plena participación. Y en este 2021 la lucha por la equidad continúa de una manera muy concreta porque este 11 de abril se defiende en la urna la vejez digna y acompañada, la educación gratuita y de calidad, la vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos entre tantas otras cosas”.

Agregó: “Debemos seguir avanzando en la búsqueda por la equidad entre mujeres y hombres. Es por eso también que las invito a que este año respaldemos en las urnas a las personas que se comprometan individual y colectivamente a hacer todo lo posible por proteger y promover los derechos de las mujeres a quienes busquen terminar con las discriminaciones en todas las áreas de la vida de todas las mujeres y de las niñas en todos los territorios del planeta”.

En referencia al proceso constituyente, Bachelet destacó que “este año tenemos una oportunidad única en la historia: nunca antes habíamos presenciado este ímpetu y esta movilización para que la equidad quede plasmada en una nueva Constitución”.

Y concluyó diciendo que era “hora de que nuestras hijas y que nuestras nietas sepan que no habrá barreras para su desarrollo solo por haber nacido mujeres. Ya es hora de hacer la pega juntos, juntas y juntos, para que todas y todos podamos ser testigos de ese nuevo Chile”.

Fuente: La tercera

domingo, 7 de marzo de 2021

Expertos en derechos humanos piden acabar con el racismo medioambiental en el “Corredor del Cáncer” de Estados Unidos

La continua industrialización del llamado “Corredor del Cáncer”, una franja petroquímica a lo largo del río Misisipi en el estado sureño de Luisiana, en Estados Unidos, genera una especie de racismo medioambiental, alertó este martes un grupo de expertos* en derechos humanos.


En opinión de los especialistas este cinturón industrial conocido originalmente como Plantation Country, donde se obligaba a trabajar a los esclavos africanos, no sólo ha contaminado el agua y el aire de su entorno, sino que también ha provocado que sus residentes, en su mayoría afroamericanos, sufran cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud.

"Esta forma de racismo medioambiental constituye una amenaza grave y desproporcionada en el disfrute de varios derechos humanos de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y los derechos culturales", afirmaron.

La legislación da la espalda a sus habitantes

Los expertos consideran que las regulaciones medioambientales a nivel federal no han protegido a las personas que residen en el "Corredor del Cáncer".

El Consejo de la Parroquia de St. James aprobó en 2018 el Proyecto Sunshine, una de las instalaciones de producción de plásticos más grandes del mundo construida por FG LA LLC, una empresa subsidiaria de la compañía taiwanesa Formosa Plastics Group.

En paralelo, el Consejo también aprobó los planes de construcción de complejos de metanol por parte de las empresas YCI Methanol One y South Louisiana Methanol.

Los especialistas consideran que, sólo contando el complejo de Formosa Plastics, la posibilidad de que los habitantes del Consejo sufran cáncer “se duplicará con creces”, afectando de forma desproporcionada a los residentes afroamericanos.

De acuerdo con los datos del mapa de evaluación nacional de sustancias tóxicas en el aire de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, el riesgo de cáncer en los distritos predominantemente afroamericanos en esa área podría situarse entre los 104 y 105 casos por millón, mientras que el peligro en otros distritos con población predominantemente blanca oscilaría entre el 60 y el 75 por millón. 

La expansión del Proyecto pone en peligro varios derechos básicos

Al mismo tiempo, alertan de que la construcción de los nuevos complejos petroquímicos agravará la contaminación del medioambiente y provocará un impacto adverso desproporcionado en los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado y a la salud de las comunidades afroamericanas.

Los expertos también mostraron su preocupación por las posibles violaciones de los derechos culturales de las comunidades afroamericanas de la zona, ya que la construcción del “royecto Sunshine amenaza la destrucción de al menos cuatro cementerios de africanos esclavizados.

"Los descendientes de los afroamericanos esclavizados que en su día trabajaron la tierra son hoy las principales víctimas de la mortífera contaminación ambiental que han provocado en sus barrios estas plantas petroquímicas ", señalaron.

Por ello, instaron a Estados Unidos y al Consejo Parroquial a reconocer esta situación y a indemnizar a estas personas debido a “los daños causados a los afrodescendientes durante siglos que tienen su origen en la esclavitud y el colonialismo".

Los especialistas aplaudieron la orden ejecutiva medioambiental de la nueva administración estadounidense emitida el pasado 20 de enero que busca proteger la salud de los ciudadanos, la protección del medioambiente frente a la crisis climática y que los responsables de la contaminación rindan cuentas por sus actos.

Asimismo, piden al Gobierno de Estados Unidos que extienda esta justicia medioambiental a las comunidades de todo el país, empezando por los habitantes del Consejo de la Parroquia de St. James. 

Añadieron que las empresas también son responsables y que deben realizar las comprobaciones debidas como parte sus evaluaciones de impacto ambiental y de derechos humanos.

*Los expertos son: E. Tendayi Achiume relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Dominique Day (presidenta); Ahmed Reid; Michal Balcerzak; Sabelo Gumedze; Ricardo A. Sunga III; Grupo de Trabajo de Expertos Afrodescendientes; Dante Pesce (Presidente), Surya Deva (Vicepresidente), Elżbieta Karska, Githu Muigai, y Anita Ramasastry, Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; David Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible; Tlaleng Mofokeng, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Marcos Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.

Fuente: Noticia ONU

Comentario ALDHU; el caso chileno.

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, comentó al respecto: 

 En Puchuncaví y Quintero se encuentran en la Bahía de Ventanas; en ella unas 45.000 personas conviven con una decena de empresas peligrosas; allí, además, se encuentran seis centrales eléctricas (cuatro a carbón y dos a diésel). La pesca se ha debido desplazar a otros emplazamientos.la bahía de Quintero, podría ser considerada como “Zona de sacrificio”. Dos comunas comparten la bahía de ventanas: Quintero y Puchuncaví. Debido a la alta emanación de agentes contaminantes en la zona (Arsénico, Plomo y Zinc), un estudio encontró que los niños de esa zona tenían más cáncer que en el resto del país; Además, se da la situación que  aunque las empresas chilenas estén cumpliendo las normas ambientales del país, estas no cumplen los estándares internacionales:

Fuente: Cámara de diputados de Chile

En quintero y Puchuncaví no existe racismo ambiental, sino mas bien racismo de clase. Este hecho se permite debido a que en la legislación actual en Chile.

Así, al observar los diferentes puntos de monitoreo de la calidad del aire del país aparece como "saludables" mientras se sobrepasan los niveles máximos de referencia internacionales.

Bahía ventanas http://www.redmonitoreoventanas.cl/index.php/contaminantes

Página ministerial con información sobre calidad del aire; https://sinca.mma.gob.cl/ 

Referencias

El desconcierto. 2020. Estudio confirma que contaminantes en Quintero y Puchuncaví aumentan el riesgo de cáncer en niños. 

el desconcierto Guajardo, A., Chavarri, R. 2020. ANÁLISIS Caso Quintero-Puchuncavi: Una mirada desde la Sostenibilidad

Universidad de Chile, negocios Tapia-Gatica, J., González-Miranda, I., Salgado, E., Bravo, M. A., Tessini, C., Dovletyarova, E. A., ... & Neaman, A. (2020). Advanced determination of the spatial gradient of human health risk and ecological risk from exposure to As, Cu, Pb, and Zn in soils near the Ventanas Industrial Complex (Puchuncaví, Chile). Environmental Pollution258, 113488.

Revista elsevier Cámara de diputados, 2015 Anteproyecto Norma Primaria de Dióxido de Azufre (SO2)