Declaración del Observatorio Ciudadano a partir del asesinato de Segundo Catril Neculqueo

La Declaración del Observatorio Ciudadano

Por la gravedad de la situación ante un nuevo episodio de violencia en la Araucanía, que termina con la vida de otro comunero mapuche, nos permitimos hacer llegar la Declaración del Observatorio Ciudadano. 

Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores a faenas forestales, ocurrido el día de ayer 24 de mayo, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, cobró otra víctima fatal. Esta vez se trata de Segundo Catril Neculqueo, mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en su cabeza. La emboscada realizada por desconocidos con armas de grueso calibre, deja además otros dos trabajadores mapuches heridos. 

La información disponible da cuenta de que las víctimas de esta emboscada eran trabajadores que participan de una iniciativa impulsada por un dirigente mapuche, Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC, que se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa en el que habría un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo.  

Aunque ninguna organización o grupo de personas ha reivindicado la emboscada, es posible que el hecho tenga relación con la situación de conflictividad generada por la presencia de las forestales como CMPC ha generado en la zona. Cabe dar cuenta que existe un total del 48.792,6 Hectáreas de plantaciones forestales, correspondientes al 43,6% de la superficie total de la comuna de Lumaco, plantaciones que se encuentran sobre Territorios y tierras de propiedad ancestral del pueblo mapuche, e incluso sobre tierras de propiedad legal del pueblo mapuche, gran parte de las cuales son reivindicas por comunidades y organizaciones mapuche del territorio. 

 Más allá de las circunstancias antes descritas, y de quienes puedan ser los responsables directos de estos hechos, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente este atentado en contra de la vida e integridad de las personas, independiente de quienes sean las víctimas. 

Como organismo de derechos humanos nos parece fundamental señalar en este momento crítico – en que el uso de la fuerza en contra de la propiedad y de personas, tanto mapuche como no mapuche, emerge como una realidad cada vez más presente en la zona– que ninguna causa, sea ésta mapuche, particular o estatal, justifica tomar o dañar la vida o la integridad de cualquier persona. 

De la misma manera, hacemos un llamado de atención a todos los actores presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, a asumir acciones urgentes para frenar y revertir este espiral de violencia que amenaza con escalar, con consecuencias graves para la convivencia intercultural en la zona. 

Hacemos en primer término un llamado al Estado, garante del bien común, incluyendo tanto al gobierno como a las instituciones estatales en general, a desarrollar todos los esfuerzos posibles, no sólo para determinar a los autores de estos delitos y lograr su sanción por la justicia, sino también para abordar los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad en La Araucanía y regiones aledañas (Wallmapu), los que desde el Observatorio hemos representado por años, y que están relacionados con la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche, en particular el desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional. 

Hacemos también un llamado enérgico a las autoridades de gobierno a desarrollar con urgencia una estrategia más decidida, sistemática y coherente con miras a posibilitar procesos de diálogo con el pueblo mapuche para lograr, a corto plazo, acuerdos constructivos que permitan abordar la deuda histórica que existe con este pueblo y sus comunidades que resulta fundamental para frenar el clima de violencia existente en la zona.  

Vemos lo anterior, como una medida que se debe tomar en paralelo al trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses la Convención Constitucional, en que justamente se proponen las bases de una nueva convivencia plurinacional e intercultural para Chile. 

Asimismo, hacemos un llamado a las empresas forestales presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, las que, con cerca de 2 millones de hectáreas de monocultivos en esta parte del país, han vulnerado por décadas los derechos fundamentales de este pueblo, incluyendo sus derechos de tenencia tradicional, el derecho a participar de los beneficios que dichas empresas generan y el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo. Las instamos a abstenerse de desarrollar prácticas que han conducido a generar divisiones al interior del pueblo mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona, haciendo abandono progresivo de ella. 

Hacemos también un llamado a aquellas organizaciones del pueblo mapuche que reivindican el uso de la fuerza - y en algunos casos la resistencia armada - provocando en ocasiones, como lo han hecho por años los agentes del estado, víctimas fatales, a abrirse al diálogo como forma de avanzar hacia soluciones a sus legítimas demandas basadas en los derechos colectivos que les asisten como pueblo.   

Finalmente, instamos a la sociedad civil nacional y regional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento de paz basado, no en la defensa de privilegios de unos pocos, sino en los derechos humanos de todos los pueblos y personas que habitamos en esta parte del país, de modo de incidir más activamente en la generación de espacios de diálogo y entendimiento intercultural y plurinacional, urgentes para lograr una paz justa en esta parte del país. 

 

Observatorio Ciudadano 

Temuco, 26 de mayo de 2022 

 

i El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la defensa, promoción y documentación de derechos humanos. Fue creado en septiembre de 2004, en la ciudad de Temuco, Chile, como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por un grupo de ciudadanos de distintos lugares del país, diversas profesiones y procedencia étnica. El Coordinador del Área de DDHH es José Aylwin Oyarzun.  

Declaración Observatorio Ciudadano XX

Corte investiga 12 mil carpetas con testimonios de conscriptos por violaciones a DDHH en dictadura

 Publicado por Manuel Stuardo

La información es de Fabián Polanco

La justicia investiga 12 mil carpetas con testimonios en dictadura. El ocultamiento de estos antecedentes en el Ministerio de Justicia, que no fueron remitidos al Poder Judicial, podría dar cuenta de irregularidades e incluso delitos.

La Corte de Apelaciones de Concepción abrió una investigación a partir de 12 mil carpetas con testimonios de conscriptos del Ejército sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Esos antecedentes han estado en poder del Ministerio de Justicia desde el año 2018, sin que hasta ahora fueran entregados al Poder Judicial.

La decisión de iniciar la investigación fue en respuesta a una carta de abogados del Programa de Derechos Humanos al ministro en visita, Carlos Aldana, dando cuenta de 12 mil carpetas con antecedentes sobre delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, y que han estado guardadas en una oficina del Ministerio de Justicia.

Esas carpetas contienen testimonios de conscriptos del Ejército entregados a la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de enero de 2018, dando cuenta de torturas, fusilamientos y otros hechos de los cuales los uniformados, cumpliendo el Servicio Militar, fueron víctimas y testigos.

Estos antecedentes no estaban en conocimiento de los jueces dedicados a investigar violaciones de derechos humanos durante la dictadura y por eso la decisión de abrir la indagatoria, confirmada por el propio ministro en visita de Concepción, Carlos Aldana.

Según la carta enviada al magistrado Aldana por los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la situación es delicada, deslizando posibles irregularidades e incluso delitos en el ocultamiento de los testimonios de conscriptos, lo que debería ser establecido a través de sumarios administrativos o incluso investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Las primeras 6 mil carpetas fueron recibidas cuando lideraba la Subsecretaría de Derechos Humanos la actual diputada Lorena Fríes, quien explicó que efectivamente su gestión inició un análisis de esos antecedentes poco antes de terminar el segundo mandato de Michelle Bachelet, y que correspondía a la administración entrante concluir el trabajo.

Hasta ahora desde el Ministerio de Justicia no ha habido un pronunciamiento, a pesar que entre las diligencias ordenadas por el ministro Aldana está la declaración de Sandro Gaete, coordinador del Área de Investigación Administrativa del Programa de Derechos Humanos.

Fuente: Biobíochile.cl

ALDHU repudia los ataques contra Michelle Bachelet

En las últimas semanas, hemos asistido a una campaña feroz por parte de la diplomacia de los Estados Unidos, y de algunas ONGs De Derechos Humanos de sede norteamericana, en contra de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet. Este hecho es a propósito de la visita que ésta realiza a la República popular China, en el marco del cumplimiento de una resolución del Consejo de derechos humanos de la ONU.

Esta visita largamente esperada se concentrará en la región de Xinjiang, que ha venido siendo objeto de denuncias y advertencias de que, en esa región, el gobierno chino estaría violando sistemáticamente los Derechos Humanos de la población musulmana, integrantes de la etnia Uigur.

La alta comisionada se encuentra en China, iniciando esta visita que ha sido previamente preparada por una misión de avanzada. Con esta misión se ha verificado la existencia de las condiciones de accesibilidad a las fuentes de información, qué tanto Michelle Bachelet, cuánto el secretario general de la ONU Antonio Guterres solicitaron a las autoridades de ese país.

El resultado de esta importante visita se conocerá, como es obvio, una vez que haya concluido y que la alta comisionada emita su informe al respecto. Lo insólito es que antes que se verifique la visita, y se emita su correspondiente informe, un grupo de ONGs lideradas por Human Rights Watch, en sintonía con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han dirigido una sucesión de ataques concertados en contra de la alta comisionada, intentando poner en duda su objetividad e imparcialidad.

Estos ataques contienen la intención de amedrentar, condicionar e influir sobre Michelle Bachelet, intentando que ella se subordine a las orientaciones de Washington. El gobierno norteamericano se ha empeñado en convencer al mundo de la existencia de un genocidio uigur, cuya ocurrencia fue creada por Mark Pompeo, una semana antes de dejar La Secretaría de Estado de Donald Trump.

Esta campaña sistemática, concertada y agresiva, violenta los más elementales principios que rigen el multilateralismo y que inspiran la acción de las Naciones Unidas. En efecto, todo el sistema multilateral de la ONU descansa en el principio de la buena fe que debe regir las relaciones entre los Estados, cuando éstos participan especialmente en esfuerzos colectivos, cuyos propósitos son nada menos que garantizar la paz y la civilizada convivencia entre las naciones. El principio de la buena fe exige a las partes conducirse con honestidad lealtad y razonabilidad, que en este caso supondría al menos respetar la investidura y la persona de la alta comisionada, absteniéndose de estos intentos por condicionar su trabajo y amedrentar su conducta.

la objetividad e imparcialidad con que Michelle Bachelet ha conducido el accionar de la oficina de alta comisionada para los derechos humanos, es reconocida por la mayoría de las naciones que integran La ONU. Quienes conocemos su trayectoria como presidenta de la República de Chile, como ministra de Estado y como líder por la lucha de la igualdad y no discriminación para las mujeres en el mundo, podemos asegurar que no habrá fuerza alguna que la haga titubear a la hora de cumplir su mandato.

la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos ALDHU, respalda absoluta e irrestrictamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Repudiamos los ataques y presiones que la diplomacia norteamericana y sus aliados intenta hacer sobre ella, con el propósito de incidir en el informe que emitirá, una vez concluida su visita a la República popular China.

Declaración  ALDHU

La hora de Colombia

Es indudable que cualquier proceso de construcción y consolidación de la paz siempre enfrenta un camino lleno de obstáculos, pero ello no deben ser óbice para quienes se empeñan en perseverar en la senda elegida, pues son conscientes de que era, es y siempre será la única alternativa posible. La paz, fruto del entendimiento, la negociación y el acuerdo, siempre será mejor que el doloroso recurso a la violencia para imponer las ideas propias, por muy buenas que estas puedan llegar a parecer. Esto, que se aplicó y aún se aplica a Colombia, es también válido en otros contextos, como la guerra en Ucrania, pues antes o después los que hoy envían sus tropas al enfrentamiento, deberán volver a la mesa de negociaciones si en realidad quieren establecer una paz duradera para sus pueblos.

El que otrora pareciera un interminable e irresoluble conflicto colombiano, un buen día llegó a su fin, y fuimos muchos los que alrededor del mundo acompañamos ese proceso y nos alegramos y emocionamos con los nuevos horizontes que se abrían para tantas y tantas personas dentro como fuera de Colombia. Mi recuerdo y homenaje para las víctimas, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en especial a mis amigas y amigos del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ejemplo de organización y consecuencia para tantas otras comunidades nativas de Latinoamérica.

Una de las cosas más destacables de este proceso de paz fue que no se renunció a la justicia, no se bendijo la impunidad con leyes de amnistía, como la de Pinochet en Chile, las de Obediencia debida y Punto final en Argentina, o la torcida interpretación que hizo hace no muchos años el Tribunal Supremo español sobre la Ley de Amnistía de 1977. Con soluciones novedosas y que están haciendo historia, Colombia ha buscado los mecanismos especiales para hacer justicia, a pesar de las dificultades y de los defectos propios de un sistema nuevo, que pretende conciliar la justicia con el proceso de paz, demostrando que ambas son posibles, necesarias, complementarias y no excluyentes como tantas veces erróneamente se ha señalado.

Fuente: El Espectador

La Moción para establecer la desigualdad ante la justicia para migrantes

 Recientemente el Foro Migratorio de las Mesas Temáticas del Senado, dieron a conocer de una moción que que pretende modificar el código penal para que una circunstancia agravante sea que el un delito de robo o hurto sea ejecutado por una o más personas en condición migratoria irregular; de la siguiente Forma: 

   B.- Incorpórese el siguiente numeral 6 nuevo al artículo 456 bis: 6°) Que el delito sea ejecutado por una o más personas extranjeras en condición migratoria irregular, utilizando para tales efectos, motocicletas, bicimotos, motonetas o vehículos similares. ”, Boletín 14989 – 25.

La tasa de detención para ese tipo de delitos es muy baja, representando el 4,7%. Los delincuentes serían hombres de nomás de treinta años en, extranjeros y en situación migratoria irregular (citado en el proyecto de ley  de la Cámara. (Aquí)

Sin tantos datos acumulados, esta propuesta parecería una estrategia para poner en debate temas populistas como culpabilización de los migrantes sobre la inseguridad y precariedad. Esta precariedad es vivida por los migrantes y la por sociedad chilena después de la pandemia. La culpabilización del extranjero, de lo desconocido; y la inducción al susto y al miedo y la rabia parecen tácticas para que los grupos más conservadores obtengan réditos y desaprobación con el actual sistema político.

Desde ALDHU, nos sumamos a las mesas temáticas, considerando que este Proyecto es contrario  a los principios básicos de Derechos Humanos, contradice a la Ley de Migraciones y contiene errores conceptuales que hacen que su contenido sea rechazado por las organizaciones de migrantes y pro migrantes y expertos en el tema migratorio. El fundamental equívoco de este Proyecto es confundir y generar discriminación y xenofobia al poner en igualdad de condiciones la comisión de delitos con la condición de migrante irregular.

El código penal contempla la pluralidad de malhechores, cuando el hecho delictivo se realiza con una dos o más personas está sancionado según el artículo 449 bis. del Código Penal, “Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis  de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo." 1

El hecho que los malhechores sean extranjeros sean uno dos o más no implica agravante.

La condición migratoria de irregularidad o la nacionalidad de quienes realizan actos delictivos no generan un mayor plus valor al hecho delictivo o a la conducta sancionada, el que esté en situación irregular no hace que sea más o menos grave la acción. La acción en sí es cometer un delito con pluralidad de malhechores, como sea que se cometa el ilícito, no la condición migratoria del o los individuos.

La situación de irregularidad migratoria en que se encuentra una persona, ya sea por la entrada irregular al territorio o por la carencia o vencimiento de la autorización de residencia, puede constituir una infracción administrativa y no un delito. Por lo tanto, no puede dar lugar a una respuesta punitiva por parte del Estado, tal como lo han señalado mecanismos internacionales de derechos humanos. Específicamente, se ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Más aún, la detención de personas migrantes utilizada como un mecanismo de control migratorio, constituye una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz para dar respuesta al creciente fenómeno de la inmigración irregular, criminaliza

la migración irregular y produce un grave impacto en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

Es importante en este contexto citar, el artículo 19 N° 2 de la Constitución chilena vigente que asegura a todas las personas: “la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres humanos, asumida por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en el ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.2

Por su parte la Ley de Migraciones, expresa claramente en su “Artículo 9.- la no criminalización. “La migración irregular no es constitutiva de delito”.

Leer declaración completa: En defensa de la dignidad y Derechos de los migrantes Irregulares

El reino del silencio

 Uno de estos días me encontré en Madrid con el joven músico nicaragüense Jandir Rodríguez, cuya canción Héroes de abril se volvió un verdadero himno en contra de la represión que tantos muertos, encarcelados y exiliados produjo a partir del año 2018, hace ya cuatro años. Esa canción, que se volvió viral en las redes, fue el motivo para que ahora se encuentre desterrado, como tantos otros músicos, compositores e intérpretes, que ahora mismo están siendo obligados a dejar su país por la fuerza después de ser llevados a la cárcel, sus casas y estudios de grabación allanados, y sus instrumentos musicales confiscados, como armas de alta potencia letal.

La música se encuentra bajo implacable persecución en Nicaragua, bajo el designio de someter al país al más absoluto silencio. Un silencio donde solo se oiga la voz oficial en los altoparlantes. Los artistas que se hallan en la lista negra tienen prohibición de actuar en público, y los dueños de los locales donde usualmente se presentan, bares, restaurantes, lugares de diversión, han sido amenazados con el cierre si les dejan ocupar los escenarios.

Jandir me cuenta la historia de su exilio, las vicisitudes que tuvo que pasar para eludir la persecución policial, como tuvo que huir de Nicaragua hacia Guatemala, donde ha grabado su último disco, que se llama Volar, y como ahora busca la manera de quedarse en España. Estudiaba cuarto año de medicina en Nicaragua, pero en la Universidad Nacional, las autoridades académicas, fieles a la dictadura, hicieron desaparecer su expediente académico, de manera que ya no pudo continuar su carrera.

La semana pasada, en una comparecencia en la Universidad Loyola en Sevilla, antes de que yo empezara a hablar, pasó al estrado un adolescente, estudiante de violín en la escuela oficial de música en Managua, para interpretar unas piezas de Carlos Mejía Godoy. Y luego me contó su historia. Su hermana, que estudia ahora en Sevilla, huyó del país después de la represión del mes de abril hace cuatro años, y al muchacho, debido a este vínculo familiar, le hicieron la vida imposible en la escuela. Ahora ha sido acogido en un conservatorio en España.

Carlos Mejía Godoy. La revolución de los años ochenta en Nicaragua no se explicaría sin Ernesto Cardenal, que le dio una voz profética con su poesía, y sin Carlos, quien le puso la banda sonora. Ambos le dieron relieve mundial a aquella gesta.

Hoy Ernesto está muerto, y su funeral se convirtió en el peor de los escarnios contra su memoria, cuando las turbas oficialistas asaltaron a gritos la misa de cuerpo presente que se celebraba en la catedral de Managua; y para que se sepa que la venganza contra él no ha terminado, la Asamblea Nacional, obediente a los designios de la dictadura, ha cancelado hace unos días  la personería jurídica de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname que amparaba la comunidad fundada por él en 1982, en el archipiélago del Gran Lago de Nicaragua. 

Carlos vive en el exilio en California, y sus canciones han sido confiscadas, pues las usan en los actos oficiales de la dictadura en contra de su voluntad, y de sus derechos como autor, mientras él atraviesa a diario grandes dificultades para sobrevivir lejos de Nicaragua, alcanzado por la edad y por las penurias.

Lo mismo pasa con su hermano, Luis Enrique Mejía Godoy, otro músico de los grandes en la historia del país, quien vive ahora exiliado en Costa Rica. Los Mejía Godoy, un clan numeroso, son todos músicos, creativos y diversos. Uno de ellos, Luis Enrique “El Salsero”, que vive en Miami, ha sido cuatro veces ganador de los premios Grammy. 

Días atrás, Carlos Luis Mejía, uno de los hijos de Carlos, fundador de La Cuneta Sound Machine, venía en viaje de regreso a Nicaragua desde Estados Unidos, y cuando hizo escala en San Salvador la compañía aérea le notificó que, por órdenes de las autoridades en Managua, no podía embarcar. Lo dejaron también en el exilio.

Monroy & Surmenage es una banda de rock alternativo, que este abril celebró sus quince años de haber sido fundada con un concierto, en el que participaron más de cuarenta músicos. El director de la banda, Josué Monroy, estrenó esa noche una canción en recuerdo de los jóvenes caídos bajo las balas en aquel otro abril, y al día siguiente la policía rompió los portones de su casa y se lo llevó preso, al mismo tiempo que eran capturados también Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, dueños de SaXo Producciones, organizadores del concierto, y Leonardo Canales, otro productor.

Todos ellos, tras ser interrogados por días y noches, fueron expulsados del país, no importa que la Constitución prohíba obligar a un ciudadano nicaragüense a salir por la fuerza de su país. Les dijeron que, si sus familiares presentaban los boletos aéreos, serían llevados directamente al aeropuerto. Si no, serían procesados por lavado de dinero. También fue expulsada la cantautora Emilia Arienti, de nacionalidad italiana.

En la narrativa oficial, paralela a la realidad, y que se busca imponer por medio del silencio, la despiadada represión de abril de 2018 nunca existió, ni existieron los más de trescientos muertos caídos bajo las balas de los paramilitares. Cualquiera que contradiga este discurso, es reo de traición a la patria, o es acusado de lavado de dinero.

Me he despedido de Jandir, que partía esa noche en tren hacia Barcelona, con su guitarra en bandolera. Ha sido el encuentro entre un músico y un novelista, los dos en el exilio porque somos parte de la conspiración de las palabras. Novelistas, poetas, compositores, todos a rodar fortuna lejos de las fronteras porque no tienen cabida en el país del silencio, donde las palabras y la imaginación han sido declaradas subversivas.

Un silencio que nos permitirá un día, prestando las palabras a la poeta también en el exilio en España, Gioconda Belli, escuchar los pasos del tirano que se marcha.

04.05.2022

Por Sergio Ramírez (Premio Cervantes 2017)

Fuente: Ciper Chile

El candidato colombiano Petro denuncia que lo quieren asesinar y cancela su gira en centro-oeste

 BOGOTÁ (Sputnik) — La campaña del candidato presidencial colombiano de la coalición Pacto Histórico (izquierda), Gustavo Petro, denunció a través de un comunicado un plan que atenta contra la seguridad y vida del político y la cancelación de su agenda política en el Eje Cafetero (centro-este), lugar que visitaría este 3 y 4 de mayo.

"De acuerdo con la labor realizada por equipo de seguridad, que recibió información de primera mano de fuentes de la zona, el grupo criminal 'La Cordillera' estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego", dice el texto dirigido a la opinión pública.

El comunicado añade que las visitas a los departamentos del Eje Cafetero programadas para el próximo 3 y 4 de mayo fueron suspendidas "por motivos de seguridad".

"La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal", detalla la nota.

La información fue verificada por el equipo de análisis e investigaciones de la campaña 'Petro Presidente', "que tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad y algunos miembros de la institución policial, los cuales manifestaron que un integrante de la SIJIN [Seccionales de Investigación Judicial y Criminal] que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal", concluye el texto.

El excomandante de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hoy líder del partido Comunes (izquierda), Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', reaccionó a la noticia en su cuenta de Twitter y rechazó "toda acción violenta para intervenir en política".

"Mi solidaridad con Gustavo Petro ante posible plan para asesinarlo. Que no se repita la historia de [Jorge Eliécer] Gaitán, de [Jaime] Pardo Leal, de [Luis Carlos] Galán, de [Carlos] Pizarro y tantos otros. Viva la vida. Viva la paz", agregó Timochenko en referencia a otros candidatos presidenciales colombianos asesinados en el país.

Rechazo toda acción violenta para intervenir en política.

Mi solidaridad con Gustavo Petro ante posible plan para asesinarlo.

Que no se repita la historia de Gaitán, de Pardo Leal, de Galán, de Pizarro y tantos otros. Viva la vida. Viva la paz@ONUHumanRights @moecolombia @CIDH

— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) May 2, 2022

Fuente: Sputnik