RÉQUIEM POR LOS DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA.

ONGs de DDHH preocupadas ante cuestionamientos
a la CIDH

Los derechos humanos son universales y exigibles hasta que son molestos a los Estados que los deben promocionar y defender. En Latinoamérica, algunos Gobiernos no gustan de críticas externas. De esta forma Gobiernos democráticos como, Brasil, Venezuela, Ecuador o Perú están logrando herir de muerte al ya débil Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

"Nos preocupa muchísimo que haya consenso entre países que históricamente han trabajado por los derechos humanos y otros que han trabajado de manera sistemática para erosionarlos"

(Otramérica) El miércoles 25 de enero, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una serie de recomendaciones sobre el sistema interamericano de derechos humanos pese a las alarmas prendidas por la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, conformada por 71 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el hemisferio. 

No ha sido primera plana en los diarios de las élites, pero es una terrible noticia para los pueblos. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha dado así un primer paso para reducir a la mínima expresión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la puerta de entrada al sistema interestatal.

Los promotores de la revisión de criterios han sido gobiernos molestos por los constantes regaños, medidas cautelares e informes negativos procedentes de la sede en Washington de la CIDH. Brasil está terriblemente molesto con las medidas cautelares por las que debería haber suspendido (y no lo ha hecho) las obras de la megarrepresa de Belo Monte, en el río Xingú (Amazonas). Tanto, que boicoteó a la propia OEA y ha congelado su aporte anual hasta no lograr su objetivo: “acabar con las injerencias de la CIDH en asuntos nacionales”.

Obviamente, no opinan igual las decenas de organizaciones populares que luchan contra este proyecto que provocará miles de desplazados y un daño ambiental incalculable.

Algunos Gobiernos pretender limitar funciones de
la CIDH

Igual le pasa al Gobierno de Ecuador, muy molesto con los comunicados de la relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH que ha criticado con dureza el intento de Rafael Correa de llevar a la cárcel a periodistas del diario El Universo por “injurias”. En Perú, el nuevo gobierno de Ollanta Humala está enfadado con la CIDH por aceptar casos que tiene  que ver con ejecuciones extrajudiciales por parte de un batallón militar y, desde luego, no acepta ningún fisgoneo en las decenas de conflictos sociales prendidos por cuenta de la megaminería. Venezuela no gusta tampoco de la CIDH; de hecho, no gusta de la OEA, y ha repetido en innumerables ocasiones que no acepta la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su territorio.

Suma y sigue, Panamá también ha expresado su disgusto, al igual que Nicaragua o, incluso, de forma más tibia, El Salvador, Chile o Estados Unidos.  Claro que, del total de casos y peticiones en trámite por la CIDH en diciembre de 2010, los 10 países que más acumulaban eran, casualmente, y por este orden: Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos y Chile, este último por situaciones de represión contra las movilizaciones estudiantiles y por el permanente hostigamiento represivo contra el pueblo mapuche.

Gobiernos incomodos ante informes de Relatorias
de  la CIDH

La versión “oficial” que justifica la creación del Grupo de Trabajo que ha elaborado las recomendaciones de cambio y las propias medidas es, obviamente, mucho más benigna y dibuja una OEA preocupada por la democracia y los Derechos Humanos. "Nos preocupa muchísimo que haya consenso entre países que históricamente han trabajado por los derechos humanos y otros que han trabajado de manera sistemática para erosionarlos", expresaba con suspicacia  Viviana Krsticevic, directora del prestigioso Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Recomendaciones

Lo aprobado por el Consejo de la OEA resulta de un grupo de trabajo que ha evaluado “como mejorar la eficacia” del sistema interamericano. Esa es la disculpa oficial. Pero en realidad las recomendaciones tienen dos objetivos claros.     

DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN FORO SOCIAL

Presidenta Dilma Rousseff en el Foro Social
Temático

"La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo"

El Foro Social Temático (FST) termina hoy en Porto Alegre y ha supuesto el pistoletazo de salida de una gran movilización global que debe desembocar en la Cumbre de los Pueblos, a celebrarse de forma paralela a la reunión oficial de Río +20. Anoche, la Asamblea de Movimientos Sociales emitió su comunicado en el FST. Reproducimos íntegra esta contundente declaración de intenciones:

Nosotros, pueblos de todos los continentes, reunidos en la Asamblea de movimientos sociales durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental, luchamos contra las causas de una crisis sistémica que se expresa en una crisis económica, financiera, política, alimentaria y ambiental, colocando en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo. En este espacio nos reunimos desde nuestra diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.

Lucha contra las transnacionales Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria Lucha por la eliminación de la violencia a la mujer Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios. 

Demandas sociales en el FST

Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.

DOS TEXTOS PARA UNA HISTORIA DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA: LA EJECUCIÓN DEL PERIODISTA CHILENO CARLOS BERGER EN 1973

Carlos Berger Guralnik, de 30 años de edad, periodista y abogado chileno, director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas del Mineral de  Chuquicamata, militante comunista; detenido el 11 de septiembre en las dependencias de Radio Loa, sometido a Consejo de Guerra el 29 de Septiembre y condenado a 60 días de prisión. Al momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena. 

El día 20 de octubre de 1973 se dio a conocer por medio de la prensa una información oficial emanada del Jefe de Plaza, que señalaba que 26 detenidos de la Cárcel de Calama habían sido muertos por el personal militar que les transportaba a la Cárcel de Antofagasta, cuando  intentaron huir aprovechando un desperfecto eléctrico del vehículo en el que eran trasladados.

Idéntica versión se dio a los familiares directos de los ejecutados, a quienes además no se les hizo entrega de sus restos, sino solo de certificados de defunción que indicaban como lugar de la muerte, Calama, y como causa, fusilamiento. Respecto de los cuerpos, existió un compromiso de la autoridad militar de la época en orden a entregarlos al cabo de un año, compromiso que no obstante constar en documentos entregados a las familias, jamás se cumplió.

A pesar de las sucesivas investigaciones para lograr dar con el paradero de los cuerpos, sólo durante 1990 se logró hallar el lugar en el que al menos durante un tiempo estuvieron ilegalmente inhumados y desde donde fueron retirados o explosionados en alguna ocasión. A pesar de ello, pudo identificarse pericialmente restos de Aroldo Cabrera.

Eduardo y Ricardo Berger (hermanos)
Germán Berger Hertz, hijo de Carlos

Ese doloroso episodio ha cobrado inusitada actualidad en Chile, al emitirse por TVN, el Documental  “La Vida sin Carlos”, realizado por Germán, el hijo de Carlos Berger.

El  documental  narra la historia de una familia que vive una tragedia y cómo se recompone después de lo acaecido. Germán Berger, que es hijo de la abogada de derechos humanos Carmen Hertz, explica que “es la historia de un hijo que busca la memoria de su padre, pero la particularidad es que en este caso es la historia de mi propia familia, la historia de la búsqueda de mi padre, Carlos Berger.  

En torno a este tema, que ha despertado en Chile la memoria, la urgencia de la justicia y el irrenunciable deseo de justicia, presentamos dos textos impresionantes por su lucidez, una crónica del crítico literario Camilo Marx y un antiguo artículo del Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas.

“Mi Vida Sin Carlos”, Crónica de Camilo Marks, escritor y crítico literario.

http://blogfosforito.wordpress.com/2012/01/28/la-vida-sin-carlos/

“Carlos Berger: Radio El Loa en el aire,11 de septiembre” Artículo de José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura. 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/reporter/capII03.html

GUATEMALA: RÍOS MONTT, UN GENOCIDA EN LA ANTESALA A SU CONDENA

(Rebelión, Mario Sosa) El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. 

Ríos Montt, Ex Dictador de Guatemala, acusado
de genocidio

A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.

Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.

Familiares de miles de victimas del genocidio
piden justicia

En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.

Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.

Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.

Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.

Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes desde dentro y fuera del Estado no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.

En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.

PARLAMENTO NICARAGÜENSE APRUEBA LEY CONTRA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Tipifica el femicidio y endurece las penas.

(ADITAL) Con 84 votos a favor y ninguno en contra, el Parlamento nicaragüense aprobó este jueves (26/1) la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, con la que se pretende atacar de raíz el grave problema de la violencia de género.

Entre los puntos más relevantes de esta nueva ley se destaca la tipificación y penalización de nuevos delitos, como por ejemplo el femicidio, así como de toda forma de violencia, incluyendo la física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, la violencia en el ejercicio de la función pública, laboral y misoginia, entre otros.

La aprobación de la nueva ley está acompañada por una reforma al Código Procesal Penal (Ley 641) en cuanto a penas y sanciones de estos delitos. También persigue objetivos que van más allá del aspecto penal, y es el resultado de una amplia consulta con instituciones y organizaciones que tienen que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres.

"Además de tipificar y penalizar delitos, lo novedoso de esta ley es que tiene un claro carácter preventivo, porque se trata de un problema que tiene que ver con valores y que involucra a la sociedad en su conjunto", afirmó la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión Justicia y Asuntos Jurídicos.

Es por eso, explicó Dávila, que se va a crear una Comisión Nacional Interinstitucional, fortalecer las Comisarías de la Mujer y la Niñez, así como multiplicar los esfuerzos para capacitar, educar y formar a la población y a los operadores públicos.

También hubo un endurecimiento de las penas: pena máxima (30 años) para quien asesina a una mujer y para los femicidas; de siete a trece años para lesiones gravísimas, de doce a quince por violación agravada, de cinco a siete por explotación sexual y de dos a cinco años para violencia económica, entre otros.

Asimismo, la presidenta de la CSJ (Corte Suprema de Justicia), Alba Luz Ramos, recordó que la ley prevé la creación de Juzgados de Distrito Penal Especializados en Violencia, integrados por un Juez o Jueza especializada en la materia, a través de un post grado de género en el Poder Judicial y un concurso interno.

"Como poder judicial estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño para que la aplicación de esta ley sea realmente satisfactoria y eficiente, y que no vaya de ninguna manera a desvirtuar los objetivos de la misma", dijo Ramos.

Según la magistrada, cada Juzgado Especializado tendrá un costo de 60 mil dólares al año. Es por eso que están solicitando el financiamiento de distintos organismos especializados en el tema, como por ejemplo ONU Mujer y organismos de la cooperación internacional. "Vamos a comenzar a instalar unos juzgados pilotos, ver que problemas tienen, resolverlos y con el tiempo instalarlos todos", afirmó la presidenta de la CSJ.

PARA QUE NUNCA MÁS, EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO.

El 1º de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/7 en la que designó la fecha del 27 de enero como “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto”.
  

La fecha tiene como referencia el 27 de enero de 1945 cuando el Ejército Rojo soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en la actual Polonia. Desde su apertura en este centro custodiado por la SS alemana, murieron asesinados más de dos millones de personas desde su apertura en mayo de 1940. Se conmemora cada 27 de enero como una llamada de atención para generaciones futuras con el objetivo de prevenir actos similares en el futuro.

Al centro de exterminio, situado a unos 40 kilómetros de Cracovia, llegaron durante años no solo judíos, sino también prisioneros de guerra, quienes eran obligados a trabajar para el régimen nazi de Hitler

Las Naciones Unidos ha promulgado este día como una jornada para el recuerdo donde los Estados miembros elaboran diferentes actos y programas educativos. El objetivo no es otro que inculcar a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro.

Auschwitz-Birkenau 

                            El mayor campo de exterminio nazi

En la declaración de este día, la Asamblea rechazó toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico. En 1979, el lugar que es la tumba de muchos inocentes, fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. «Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable. Igualmente inaceptable es que se pida eliminar cualquier Estado o pueblo.

Tras la aprobación de la resolución, el Secretario General de las Naciones Unidas describió este día especial como "un importante recordatorio de las enseñanzas universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar".

Al inaugurar el Museo de la Historia del Holocausto en Yad Vashem (Israel) en marzo de 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, de la época, Kofi Annan, recordó que "la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de seis millones de judíos y millones de otras personas fue también uno de los factores que promovieron la Declaración Universal de Derechos Humanos". El Secretario General agregó que "las Naciones Unidas tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio y la intolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la vanguardia de la lucha contra el antisemitismo y otras formas de racismo, niegan su historia y socavan su futuro ".

Millones de personas fueron víctimas del holocausto

En la conmemoración de este año 2012, el Secretario General Ban Ki-Moon,  ha manifestado que "El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es, por tanto, el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos. [...] Debemos también hacer algo más que recordar y velar por que las nuevas generaciones conozcan esa parte de la historia. Debemos aplicar las lecciones del Holocausto al mundo actual y hacer cuanto podamos para que todos los pueblos gocen de la protección y de los derechos por los cuales luchan las Naciones Unidas." 

 El objetivo de esta jornada es prevenir futuros genocidios y simultáneamente repudiar todos los genocidios que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad en los cinco continentes. La propia Naciones Unidas describió a este día como especial y un muy “importante recordatorio de las enseñanzas universales del Holocausto, atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar”.

Se calcula que en total aproximadamente son doce millones de personas las que fueron aniquiladas en el Holocausto que generó el nazismo, de los cuales la mitad fueron judíos. Auschwitz se ha convertido en un símbolo de la irracionalidad del género humano y un recuerdo de lo que puede ser el infierno en la Tierra frente a los revisionismos y los intentos de ocultar el pasado.

Como Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) hacemos nuestro este día de conmemoración. Lo hacemos recordando a nuestras victimas del odio irracional y la intolerancia, a las miles de personas víctimas de las Dictaduras que reprimieron, hicieron desaparecer y asesinaron a miles de personas conformando una secuela de crímenes de lesa humanidad que hasta hoy dejan heridas abiertas en nuestra América. 

Abogamos para que un genocidio, nunca más, en ningún lugar del mundo se vuelvan a repetir. 

AUDIENCIA PÚBLICA EN CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA (CPLT) POR DERECHO A SABER UBICACIÓN TRANSGÉNICOS

En Septiembre de 2011, el Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, envió oficios al ministerio de Agricultura y al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), para que entregue la información acerca de la ubicación de los cultivos transgénicos autorizados en Chile.

En la oportunidad el parlamentario intervino en la sala del Senado criticando la falta de transparencia en este tema y advirtiendo acerca de las denuncias que existen sobre presiones de intereses privados y posible tráfico de influencias en la materia.

Es muy peligroso si llega a ser cierto lo que dicen los medios de comunicación, que por las presiones del señor padre de una senadora de esta corporación se esté negando la información por parte de un órgano del Estado, argumentando el concepto del derecho de propiedad, recalcó Letelier.

Lamentó el Vicepresidente del Senado que incluso se estuvieran anunciando procedimientos judiciales y constitucionales para ocultar la información acerca de las regiones, provincias y comunas en que hay siembras transgénicas, sin tomar en cuenta consideraciones de salud, como asimismo las repercusiones secundarias que este tipo de cultivos tiene sobre la tierra por el uso de plaguicidas y herbicidas en forma masiva.

En Audiencia Pública en el Consejo para la Transparencia (CPLT), y realizada el 25 de enero organizaciones solicitaron al CPLT confirmar la decisión que en 2010 ponía fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos. “Valoramos que se haya reconocido el carácter público de la información solicitada y los criterios y capacidad de juicio que evidencia esta decisión”, señaló María Elena Rozas en representación de la Red de Acción en Plaguicidas Chile (RAP-Chile).

Por Lucía Sepúlveda

Ello constituye un valioso aporte para la fiscalización de los transgénicos y permite un debate informado de todos los involucrados. Esta es una actividad que ofrece riesgos para la comunidad, y para la agricultora convencional y orgánica, la fruticultura, apicultura, y vitivinicultura,” sostuvo M.Elena Rozas luego que el Presidente del Consejo iniciara la Audiencia, marcada por la ausencia de las empresas que pedían la ilegalidad de la decisión del Consejo, en su calidad de terceros. Ferreira señaló que la audiencia, realizada en cumplimiento del reciente fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó repetir el proceso “formalizaría la circunstancia de que las empresas tuvieron su oportunidad de presentar pruebas”.

Acompañaron a María Elena Rozas en la Audiencia Pública, respaldando su petición de acceso a la información, Italo Bozzi y Marcelo Rodríguez, presidentes de FEDEMIEL, y Red Nacional Apícola, respectivamente; Diego Santa Cruz, por la Corporación de Desarrollo Apícola; Mónica Rodríguez y Marcos Pérez, dirigentes de los apicultores de la VI Región, y Guillermo Riveros, presidente de BioBioOrgánico. Todos agradecieron la oportunidad brindada excepcionalmente por el Consejo de aportar pruebas sobre los daños producidos a su actividad económica por los cultivos transgénicos.

Requerimiento inicial

En referencia al ambiguo fallo de la Corte de Apelaciones en el tema, María Elena Rozas aclaró que requirió la información relativa a la ubicación exacta de los cultivos y las solicitudes de internación de semillas en trámite, dos puntos incluidos tanto en el amparo al CPLT como ese tribunal. La Corte sostuvo que el CPLT en su fallo estaba entregando más información de la solicitada por ella, vicio que en términos jurídicos se denomina ultrapetita, pero ello no existió ya que María Elena Rozas entregó al CPLT (4/6/09) tres documentos. Estos eran copias de la carta original al SAG (20/04/09) demandando ambos puntos, y de la respuesta del SAG denegando la información, y un tercer documento, de síntesis de los fundamentos de su petición. Precisó María Elena Rozas: “Nuestro único interés es tener la posibilidad de fiscalizar posibles prácticas ilegales para extender los cultivos a lugares no autorizados, como por ejemplo, áreas protegidas o centros de origen, y/o hacer posible la investigación de la posible contaminación de cultivos convencionales y orgánicos con transgénicos.”

El abogado Rodrigo Mora, de la Fundación Pro Acceso, patrocinante de la causa de RAPChile desde septiembre de 2011, valoró a su vez que el fallo de la Corte de Apelaciones reconociera que el reglamento del SAG tiene el carácter de información pública. Sostuvo que los alegatos de vandalismo aducidos por las empresas deben desecharse pues vivimos en un estado de derecho. Informó al CPLT que a consecuencias de las nuevas normas dictadas por la Corte Europea respecto de la miel, existen 1500 toneladas de miel de la temporada pasada que no pudieron exportarse por estar contaminadas con transgénicos. Asimismo recalcó la importancia de fiscalizar la política de bioseguridad y sostuvo que el SAG, así como protege los derechos de los productores de transgénicos, debe cautelar el derecho de los apicultores y los agricultores orgánicos y convencionales a ejercer libremente sus actividades económicas. Recalcó que actualmente no se cuenta con información que permita impedir un daño cierto en el mercado de productos orgánicos y en la apicultura. Concluyó su alegato solicitando confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Transparencia en 2010.

MISIÓN DE OBSERVACIÓN EN TERRITORIO MAPUCHE SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

María Pía Matta,
Presidente de AMARC ALC

Entre el 25 y 27 de enero 2012 AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias ), la Unión Sudamericana de Corresponsales, Fundación Pro Bono y el periódico digital MapuExpress, realizarán una misión conjunta con el objetivo de conocer y evaluar, con distintos actores de comunidades mapuches, el estado de los medios de comunicación comunitarios y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión en dichas comunidades para ser entregado a las Relatorías de Pueblos Originarios y Libertad de Expresión de OEA y Naciones Unidas.

La misión de observación se desarrolla en el marco del recrudecimiento de acciones policiales y judiciales contra comunidades mapuches y cuando diversas instituciones sociales y de Derechos Humanos han concurrido a la zona manifestando su preocupación por detenciones ilegales de mujeres, temor entre la población infantil , estigmatización de las comunidades al vincularlas con los incendios forestales ocurridos en la zona y han advertido sobre una posible agudización de la tensión producto de la aplicación de la ley antiterrorista.

Para los organizadores de la misión, es motivo de honda preocupación la condición que viven las radios comunitarias mapuches. Durante 2011 a dos emisoras se les ha aplicado el articulo 36B(a), que penaliza la transmisión sin autorización y permite revocar la concesión radial. Estos hechos han sido considerados como una vulneración a la libertad de expresión de acuerdo a los estándares internacionales en esta materia. En ambos casos las autoridades del estado de Chile contravienen principios de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Originarios, donde se establece el derecho que asiste a las comunidades indígenas a fundar sus propios medios.

Atendiendo a esta situación, la misión se abocará a revisar integralmente las condiciones en que operan las radios comunitarias mapuches, desde su dimensión comunicacional, financiera y de reconocimiento de las comunidades indígenas como actores sociales de las comunicaciones, comparando la actual legislación con los convenios y estándares internacionales sobre pueblos originarios y libertad de expresión.

Las organizaciones que participan de la misión esperan contribuir con su trabajo a la creación y fortalecimiento de un clima democrático que favorezca la libre expresión de las comunidades mapuches a través de sus propios medios, y a la vez, promover que la ciudadanía cuente con acceso a información plural sobre hechos de interés público, a partir de distintos representantes de los pueblos originarios, de modo de propiciar condiciones que permitan diversificar las fuentes y voces en los medios de comunicación en general. En este sentido es preocupación de las asociaciones que agrupan a representantes de la prensa internacional,las restricciones que corresponsales extranjeros han tenido para entrevistar a presos mapuches en circunstancias de recrudecimiento del conflicto.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, Unión Sudamericana de corresponsales de prensa, Fundación Pro Bono, Periódico Digital MapuExpress

Más Información:

http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2012/01/24/67376/Realizaran-mision-de-observacion-sobre-libertad-de-expresion-en-comunidades-mapuche.aspx

http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/4167