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domingo, 28 de febrero de 2021

Ecuador: Las autoridades deben rendir cuentas por la muerte de 79 personas en centros penitenciarios

 En respuesta a reportes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que da cuenta de que al menos 79 personas privadas de libertad perdieron la vida en hechos de violencia registrados en los Centros de Privación de la Libertad de Guayas No. 4 (31 personas fallecidas), Guayas No. 1 (6 personas fallecidas), Cotopaxi No. 1 (8 personas fallecidas) y Azuay No. 1 (34 personas fallecidas), en el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La violencia registrada el día de ayer, cuyas causas y actores deben determinarse judicialmente, se produce en un contexto de ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios del Ecuador, incluyendo el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria”.

De acuerdo con el director del SNAI, Edmundo Moncayo, alrededor de 800 servidores policiales intervinieron en el control de la violencia en los centros de privación de la libertad. 

“Las autoridades ecuatorianas no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas, lo cual solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de la libertad”, dijo Guevara Rosas. “Las autoridades deben rendir cuentas de lo ocurrido en los centros penitenciarios y la Fiscalía General del Estado debe investigar los hechos de manera independiente y exhaustiva, con la debida diligencia, a fin de determinar las responsabilidades penales individuales, si las hubiere, y civiles, según corresponda”.

Fuente: Amnistia internacional

viernes, 26 de febrero de 2021

Opinión: La barbarie del 23 de febrero no puede ser olvidada jamás, Ecuador

La barbarie del 23 de febrero no puede ser olvidada jamás, Ecuador

Hugo Marcelo Espín Tobar Esp. Penal 
Consultor ALDHU

Durante una reunión de expertos organizada por el ACNUDH en Ginebra del 9 al 12 de marzo de 1998 (Naciones Unidas) se examinó una versión preliminar de Los derechos humanos y las prisiones,  se determinó que si bien es cierto los centros de privación de la libertad deben tener condiciones mínimas para su funcionamiento, el principal y último responsable sobre la seguridad física, psicológica y sexual de los privados de la libertad es el Estado y los funcionarios encargados de su control y custodia. Pues, el estado moderno no concibe que los centro de detención sean centros de tortura sino de rehabilitación social. 

Cada ser humano está expuesto a ser detenido por factores exógenos a su voluntad como accidentes de tránsito, deudas mal manejadas, accidentes de múltiple índole, errores de por exceso de confianza e inclusive por el accionar de terceros; si pensamos que cualquier ser humano está expuesto a ser detenido por la autoridad y muchas veces por el abuso de ella, es de pensar igualmente que no se puede soportar como SOCIEDAD una atrocidad como la cometida el 23 de febrero de 2021 cuyas características no tienen parangón alguno en la historia del país e inclusive latinoamericana. Es responsabilidad del Estado el poder someter a violentos de manera rápida y segura; hacer uso de material especial para el control de personas detenidas violentas, pero sobre todo ejecutar acciones de clasificación y manejo de la conducta de los internos que garanticen su propia integridad física. 

Es inaceptable que luego de estos eventos, las justificaciones dadas por las autoridades no solo que sean tan pobres y carentes de humanidad, sino que resulta que casi es la consecuencia lógica de su pérdida de control, luego de haber declarado en dos ocasiones el estado de emergencia en el sector penitenciario, pero sobre todo, por el excesivo tiempo transcurrió para que se de la orden de recuperar el control interno de las cárceles caotizadas del país. 

Fiscalía deberá actuar y dimensionar la falta del deber objetivo de cuidado, y preprar claramente las acciones obre quienes tenían la responsabilidad de evitar que estos y otros sucesos se produzcan en los últimos años; especialmente luego de los estados de emergencia, que no pueden dejarse de observar por los recursos y acciones que debieron adoptarse para que estos brutales hechos no se produzcan y más aún para evitar que se repitan con la frecuencia y condiciones que suceden.

El Ecuador es ya un país fallido? Nuestra autoridades no tienen control sobre los violentos?? El narcotráfico declaró abiertamente la guerra contra la ciudadanía y aún no existe respuesta para ello, luego de haber mostrado al mundo de lo que estos grupos violentos son capaces. 

Me sumo a la preocupación de toda la ciudadanía por la pobre respuesta mostrada y declaraciones en  las que se vanaglorian de no haber disparado un solo tiro para controlar una situación que tiene 73 cuerpos descuartizados  de lo que se sabe hasta el momento; se vanaglorian de no haber usado fuerza letal, cuando la fuerza letal de la  violencia extrema dejará huellas en la mente de cada ciudadano del país, pero sobre todo de cada una de las familias de los privados de la libertad que saben a que están expuestos sus familiares por la ausencia de decisiones oportunas. 

Ministros de Gobierno y Defensa aseguran los exteriores de las cárceles, mientras los interiores son tierra de nadie. La SNAI demostró ser un ente burocrático que se olvidó de sus obligaciones principales, e irónicamente sus principales directivos cuestionados por los mismos internos, vinculados con la violación de internas e inclusive detenidos por actos de corrupción por permitir el ingreso de sustancias prohibidas a cambio de valores inconcevibles. 

Tarde o temprano se deberán revisar a cabalidad y profundidad  entre otros:

Declaración Universal de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
Derecho internacional humanitario
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

En virtud de estos instrumentos, el derecho internacional humanitario debe aplicarse no solo. A las personas que se encuentran en un conflicto, sino y principalmente a los no combatientes y las personas que han dejado de participar en las hostilidades por heridas, enfermedad, captura u otras causas deben ser respetadas y protegidas, y que las personas que padecen los efectos de la guerra deben recibir ayuda y atención sin discriminación. El derecho internacional humanitario prohíbe los siguientes actos en todas las situaciones: 

  • el homicidio;
  • la tortura;
  • los castigos corporales;
  • la mutilación;
  • los atentados contra la dignidad personal;
  • la toma de rehenes;
  • los castigos colectivos;
  • las ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal legítimamente constituido; 
  • los tratos crueles o degradantes. 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la decisión de alentar a los estados a emitir medidas alternitivas a la prisión preventiva que eviten el asinamiento carcelario, entendiendo que esta es una medida de Ultima Ratio y que debe ser aplicada en casos excepcionales o que pongan en riesgo a los demás miembros de la sociedad; no solo una medida de aseguramiento para crear centros de bogaje humano inaceptables en un estado de derecho. Un Presidente que se vanagloria de este evento y de las acciones subsecuentes causa de dicho asinamiento debe ser procesado por los delitos consecuencia en el interior de estos centros de asinamiento, la mayoría de ellos sin servicios básicos y con grandes falencias en todo el sistema de rehabilitación social. Que le espera a una sociedad donde solo apila cuerpos en estas bodegas, y se olvida de la humanidad que debe prevalecer para recuperar a quienes han deliquindo. 

La sociedad ha establecido la recurrencia del delito y su necesidad de punibilidad; pero nada se dice de las acciones necesarias para recuperar y establecer alternativas de vida para quienes han delinquido en cualquiera de sus modalidades. 

El 4 de diciembre de 2000, en su Resolución 55/89, la Asamblea General recomendó los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (comúnmente conocidos como Protocolo de Estambul). En ellos se esbozan los procedimientos necesarios que los Estados deben adoptar para velar por que las quejas y denuncias de torturas o malos tratos se investiguen con prontitud y efectividad. Entre otras cosas, detallan la independencia de los investigadores, los poderes y las obligaciones apropiados de la autoridad investigadora, la protección de los testigos y todas las personas que intervengan en la investigación, el contenido y el alcance de los informes escritos de la investigación y el papel de los peritos médicos en el reconocimiento de las presuntas víctimas. 

Finalmente creo que es necesario recordar que la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, determinó que  las Naciones Unidas también se han ocupado de la importante cuestión de los derechos de las víctimas. Con este fin, la Asamblea General adoptó en noviembre de 1985 la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, que entre otras cosas exige que los Estados garanticen que las víctimas tienen acceso a la justicia; que sean tratadas con compasión por el sistema legal; que reciban una pronta reparación cuando sea posible; que cuando no sea posible el resarcimiento, se proporcione una indemnización, y que las víctimas reciban asistencia médica, material, psicológica y social. 

Hoy por hoy, luego de lo vivido, es evidente que hay mucho que revisar, pero sobre todo queda expuesta la necesidad de contar con profesionales, verdaderos profesionales que entiendan la problemática de los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional y adopten protocolos urgentes para su reestructuración, pues los narradores del caos deberán responder administrativa, civil y penalmente por lo acaecido. Los asesinatos ejecutados con la mayor crueldad y lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad. No solo por las víctimas, sino por el Estato de derecho, ciudadanía en general y el miemo bien de la humanidad como especie.

Hugo Marcelo Espín Tobar Esp. Penal 
Consultor ALDHU
Legal International Advisors 


 


jueves, 25 de febrero de 2021

Artículo Opinión Chile : Falta de temple

Gonzalo Martner

 Falta de temple 

Los que gobiernan y su coalición política de apoyo están evidenciando conductas cada vez mas absurdas a propósito de la insurgencia rural de grupos mapuche, que interrumpen con periodicidad el transporte de mercancías y queman instalaciones empresariales. Algunas comunidades mapuche realizan ocupaciones de tierras, en otra dinámica completamente distinta. Y en otras de ellas, como en el resto del territorio chileno, existe producción y tráfico de marihuana, con los que las comunidades han deslindado claramente responsabilidades. También operan en algunas partes redes de tráfico ilegal de madera, al parecer en medio de corruptelas. Cada una de estas situaciones debe ser abordada con políticas específicas y proporcionales en vez de apagar el fuego con bencina y reavivar el  racismo ancestral.

Gobernar requiere temple y no histeria. Nada de lo que está pasando se compara con el accionar de grupos armados después de 1990, con asesinatos de policías y parlamentarios y planificación de atentados de diverso tipo. Los que estaban  a cargo abordaron  el tema en su especifidad, con errores, como toda acción humana, pero con resultados rápidos que permitieron evitar una regresión autoritaria y demostrar que mantener el orden público y terminar con la violencia política no requiere de una política de violaciones a los derechos humanos, ni de estados de sitio ni de patrullas militares, ni de falsificación de pruebas antes los jueces, a falta de un mínimo de inteligencia.

El gobierno está involucrando inconstitucionalmente a las fuerzas armadas en tareas de orden público y debate declarar estado de sitio en la Araucania. Histeria pura y simple. 

Lo que cabe hacer es algo muy distinto. Se debe partir por crear un clima de diálogo y un compromiso global de pactar, en el actual momento constituyente, un nuevo trato y reconocimiento de derechos colectivos de los primeros pueblos, acelerando el funcionamiento del fondo de tierras y aguas y estableciendo una nueva relación de las empresas forestales con las comunidades mapuche y de uso del bosque y sus beneficios. Solo así se podrá aislar a los grupos que queman camiones e instalaciones y eventualmente incorporarlos  a un nuevo proceso  pacífico. Con voluntad es factible canalizar los actos de recuperación de tierras al margen de la ley por vías institucionales y realizar un nuevo pacto constructivo que repare y aliente nuevas actividades y autonomías. Lo que se requiere es actuar con convicciones democráticas en vez de la brutalidad usual de la derecha y sus cómplices, que entre cosas se negaron a aprobar siquiera el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios desde 1990  y ahora están pagando las consecuencias de su ceguera.

Autor: Gonzalo Martner

miércoles, 24 de febrero de 2021

Artículo opinión: ¿Qué pasó aquí? Gonzalo Martner

 Opinión Gonzalo Martner


¿Qué pasó aquí?

Un amigo me envía lo que sigue, escrito por un común conocido: "Es a Colombia o México que se asemeja más el "nuevo modelo" que estamos engendrando. Nace, cuando nadie, ni izquierdas ni derechas, ni gobiernos, Parlamento o jueces, están dispuestos o preparados a pagar los costos de terminar con la violencia y el desorden público. Al contrario, ambos comienzan a contar con protección y validación entre autoridades políticas. La realidad de nuestros tres poderes del Estado lo grafica. Un Ejecutivo incapaz de imponer el orden público como es su deber. Un Legislativo ambiguo cuando no amparador y azuzador de la violencia. Un Poder Judicial de un garantismo inepto para el Chile actual, que adiestra en que los delitos violentos suelen volverse impunes y que reserva la severidad para los procedimientos policiales mermando al Estado la capacidad para reprimir, castigar o defenderse. Sean cuales sean las intenciones, ideales, frustraciones o anhelos, la violencia no es contenida, condenada, ni castigada en la medida necesaria para erradicarla. Así se va configurando un nuevo modelo de país".


Si no entiendo mal, la persona que escribe está llamando a una represión violenta tipo masacre para "erradicar la violencia". Y que cuando critica a los que no estarían "dispuestos a pagar los costos" se sitúa abiertamente al margen de toda garantía de respeto de los derechos humanos en aras de evitar "un nuevo modelo de país" signado por la violencia. Este es un discurso -y desgraciadamente una práctica histórica- que conocemos bien: la de la derecha autoritaria y de la oligarquía vieja y nueva que se siente dueña del país. Y que hoy considera "débil" incluso a este gobierno y sus procedimientos represivos con asesinatos a mansalva, disparos a los ojos, heridas y golpizas por doquier de unas policías con síntomas de desquicio. Y que no considera que los derechos de las personas, por condenables que pudieran llegar a ser sus conductas, deben respetarse siempre en un Estado de derecho, que el articulista evidentemente desprecia con ironía. Y que no considera en absoluto que la violencia de la explotación económica, de la humillación de los débiles y de los vencidos, el abuso de los poderosos y del patriarcado ancestral, termina en un momento u otro por engendrar formas de violencia social, como en el Chile de hoy. Esta violencia, por condenables que sean algunas de sus expresiones, nunca debe dejar de ser contenida abordando las raíces y no solo los síntomas, las causas y no solo los efectos.  

El enfoque comentado es repudiable, pero conocido y recurrente. Lo que me cuesta creer es que lo citado haya sido escrito por Oscar Guillermo Garretón. El mismo que conocí en octubre de 1970, reunido en mi casa con mi padre y Pedro Vuskovic, cuando preparaban el inicio del gobierno de Salvador Allende. Guardo el recuerdo de la escena, aunque con mis 13 años nada tenía que ver con el asunto, por supuesto. 



Oscar G. estuvo a cargo de delinear el plan de nacionalizaciones (que Vuskovic y mi padre entendían limitado a grandes empresas y a la banca), pues había estudiado los grupos económicos de la época y el Mapu lo nominó para ocupar la subsecretaría de Economía. Se usó las intervenciones de empresas de distinta índole y tamaño e incrementos salariales sin estrategia política clara, como la hubo con la compra de acciones de la banca. En 1973 Oscar G. saltó al parlamento y a la política partidaria y se hizo cargo de una de las facciones del recién dividido Mapu.  Después del golpe, salí de Chile al exilio con mi madre y mi hermano menor en el mismo avión de la fuerza aérea colombiana en que estaban su mujer y sus pequeñas hijas, quedando Oscar G. todavía por meses en la embajada de ese país, cuando era uno de los hombres más buscados por la dictadura recién entronizada y que de encontrarlo lo hubiera asesinado sin más. Seguí  sabiendo de él durante la dictadura, dirigiendo su partido desde Cuba y entrando y saliendo clandestinamente, incluso para organizar un grupo de lucha armada. No pudo volver al parlamento en 1990 porque estaba proscrito por una acción legal de la Armada, y optó por dedicarse a la actividad empresarial. Compartí  con él en el comité central del PS, al que se integró en 1989, por muchos años y me ayudó con su bonhomía y simpatía de siempre en temas de gestión partidaria cuando fui dirigente del PS (aunque equivocándose gravemente en el tema de la administración de los bienes devueltos)  y en diversos otros temas. Siempre lo vi como un defensor de los derechos humanos, aunque fuimos discrepando cada vez más por su creciente defensa del libremercadismo que, como se sabe, poco tiene que ver con las ideas socialistas.

Nunca he tenido problemas con que la gente evolucione o derechamente cambie sus ideas. Es propio de la condición humana y del ejercicio de la libertad personal. Nada que decir. Lo único que siempre he pedido es franqueza en la materia. En cambio, Oscar G. fue de los que querían que su evolución personal hacia el mundo de la gran empresa -¿en una hegeliana lucha por el reconocimiento a posteriori?- fuera entendido como parte de la renovación del socialismo, en lo que fuimos discrepando de manera cada vez más aguda. Me pasó con otra gente que pasó del dogma del socialismo centralizado al dogma del libremercado y a "las soluciones privadas a los problemas públicos". Se compraron aquello de que el Estado sería siempre ineficiente, en circunstancias que como organizaciones las privadas no suelen ser mucho mejores que las públicas y las sin fines de lucro y que sistémicamente producen desigualdades sociales y destrucciones de la naturaleza que son inaceptables. Y se olvidaron que los defectos del Estado son muchos, pero que en democracia y con participación ciudadana son siempre mejorables.

Tal vez se trata de gente que necesita interpretar el mundo de manera cerrada, cualquiera sea el sistema de interpretación que adopten. Los que creemos en el pensamiento abierto y crítico nunca fuimos marxistas-leninistas. Al evidenciarse su fracaso histórico, no necesitamos abrazar un nuevo dogma, solo seguir con el pensamiento crítico y, en lo fundamental,  con la opción por principios igualitarios y libertarios de organización de la sociedad. Los instrumentos siempre serán discutibles y, por qué no, cambiantes. Aferrarse a instrumentos que no funcionan no es precisamente muy inteligente.  Los principios son otra cosa y no tienen que ver con la inteligencia sino con la concepción que se tiene de la vida social. Cuando un instrumento no sirve, eso no quiere decir que los principios a los que uno libremente adhiere haya que desecharlos junto al instrumento que no sirve. Cuando no funciona, personalmente procuro cambiar el instrumento, y no mis principios.

Pero insisto, cada uno es libre de adherir a los principios y a los instrumentos que quiera, tratando de no pasar gato por liebre, eso sí. Yo sigo pensando que el Estado democrático de derecho es una conquista irrenunciable de la humanidad y que el socialismo en materia económica debe defender combinaciones adaptadas a cada etapa histórica entre una fuerte acción estratégica y de prestación de servicios del Estado, la reciprocidad comunitaria en la economía social y del cuidado y mercados subordinados al interés general que coordinan descentralizadamente ofertas y demandas a través del sistema de precios. Pero adherir al libremercadismo y a la dominación de la gran empresa es propio de otras ideas y de otros intereses que los de la mayoría social. Y así, cada uno con las ideas y adscripción a intereses que mejor le parezcan.

Pero entre mis conocidos que pasaron de la izquierda a las ideas económicas liberales, con los que discrepo pero a los que respeto, no había visto el tránsito a la defensa del autoritarismo violento propio de la peor derecha, como observo con pesadumbre, dada la mencionada historia común, que ocurre ahora con Oscar G. Eso si ya no es respetable.

Escribo estas líneas lejos de sentirme dueño de verdad alguna o con el derecho de juzgar a nadie, sino solo como defensor de ciertas ideas igualitarias y libertarias que se inscriben en una tradición en la historia contemporánea, y para que las nuevas generaciones no piensen que hay una parte de una generación de la izquierda que viró a las ideas liberales y, ahora, a respuestas represivas y autoritarias, sin que hubiera controversia con los que tomaron ese camino. La controversia existió en todo momento, y siguen habiéndola, aunque el privilegio mediático de los nuevos liberales o los nuevos autoritarios pudiera hacer pensar lo contrario.

Gonzalo Martner

Tres motines simultáneos dejan al menos 75 muertos en cárceles de Ecuador

  


Al menos 67 personas murieron, y otra veintena ha resultado herida, como consecuencia de una serie de motines en tres cárceles de Ecuador, en una acción que el Gobierno considera que fue “concertada” por organizaciones criminales con el objetivo de “generar violencia”.

Las autoridades han confirmado incidentes en tres cárceles en las ciudades de Latacunga, Guayaquil y Cuenca, y el despliegue de grupos tácticos de la Policía para contener la violencia. También se han desplegado militares en las inmediaciones de los centros para apoyar las operaciones.

El director del SNAI -el sistema de prisiones ecuatoriano-, Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías, pero sí entre los heridos. En la cárcel de Tui, en Cuenca, hubo 38 víctimas mortales, en la de Guayaquil, 21 y ocho más en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi.

Moncayo ha explicado en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38.000 encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales están algunas de las responsables de los motines de este martes, como ‘Los Choneros’, ‘Los Lagartos’ o ‘Los ChoneKillers’, según detalla el diario ‘El Comercio’.


Fuente: La tercera


COMUNICADO ALDHU

Descargar comunicado

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), expresa su consternación y dolor por el resultado preliminar de sesenta y tres privados de libertad fallecidos en dichos motines, como consecuencia del enfrentamiento de bandas delictivas de alta peligrosidad.
Las personas detenidas en los Centros de Reclusión estatales, si bien se encuentran privadas de su libertad, son seres humanos titulares de derechos inalienables, y es el Estado que los tiene a su cargo, el responsable de asegurarles la efectiva vigencia de todos sus demás derechos y en particular, de garantizarles la seguridad y la vida. A esos efectos, está obligado a mantener el orden en las prisiones, impidiendo que el control de las mismas sea enajenado a mafias criminales. El almacenamiento de presos, sin control ni seguridad, genera las condiciones para que los establecimientos de detención se conviertan en territorios de disputa de las peligrosas mafias criminales que operan tanto al interior como en el exterior de los mismos. 
El Estado puede y debe conocer la situación de los establecimientos y es responsabilidad exclusiva de las autoridades prevenir, anticipar y conjurar estos estallidos, que cuando ocurren, como hoy en Ecuador, cobran la vida de decenas de seres humanos, enlutando a la sociedad toda.
En consecuencia, hacemos un llamado urgente al Gobierno Ecuatoriano para establezca las responsabilidades emergentes de los hechos, y aborde con seriedad y responsabilidad la tarea de reformar el sistema penitenciario, actualmente colapsado.

Santiago de Chile, 23 de febrero de 2021



lunes, 22 de febrero de 2021

Chubut. Informe del CONICET confirma los riesgos de la megaminería

 A pesar de ser reprobado por la gran mayoría de la ciudadanía, el gobernador Mariano Arcioni insiste en avanzar con el proyecto de zonificación minera que permite la explotación minera a cielo abierto. Un informe del CONICET alertó sobre la “vulnerabilidad de un recurso tan valioso como el agua”, en un escenario que se presenta cada vez más tenso. Por el otro lado, asoma el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas y el conflicto crece en medio de una disputa por la soberanía de los bienes comunes.



Un informe elaborado por la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET-CENPAT determinó, entre otras cosas, que la práctica minera en la zona de la meseta de Chubut implicaría un gran riesgo, ya que “esta actividad aumenta las probabilidades de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos”. Asimismo, el documento recalcó la necesidad de recuperar las nociones de sustentabilidad, equidad e impacto ambiental a la hora de elaborar proyectos de esta índole.

Este estudio es presentado en medio del conflicto que mantiene en vilo a la provincia de Chubut, cuyos ciudadanos y asambleas se oponen al proyecto de zonificación minera que permite la explotación de la meseta provincial en la región de Gastre y Telsen. Arcioni buscó impulsar la megaminería en reiteradas oportunidades, y el lobby comenzó a presionar en distintos sectores de la política provincial a los fines de aprobar el proyecto.

El informe indica, además, que la provincia “presenta un clima árido a semiárido donde el agua es un recurso escaso”. Además, señaló que “el cambio climático aumentó la frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas que se acentuaron en el futuro”. A su vez, informó que “en veranos secos, cuando la disponibilidad de agua es menor y la demanda agrícola y urbana en el VIRCh es mayor, se utiliza entre el 73% t el 83% del caudal disponible”. Este planteo está orientado a explicar cuál es la crisis hídrica que afecta a la provincia, y cuál es el potencial peligro que acecha al Río Chubut, en caso de que el proyecto entre en funcionamiento.

Entre una de sus conclusiones, los investigadores aseguran que “en este contexto, la megaminería representa un escenario de amenaza frente a un sistema ambiental vulnerable, que toma relevancia cuando se trata de una provincia con recursos hídricos superficiales escasos”. En este contexto, el Río Chubut corre un gran riesgo en caso de aplicarse la megaminería, no sólo por los derrames posibles producto de la propia actividad, sino también por su eventual desertificación.

“La megaminería representa un escenario de amenaza frente a un sistema ambiental vulnerable, que toma especial relevancia cuando se trata de una provincia con recursos hídricos escasos”

Es por ello que el informe detalló la necesidad del “manejo y la gestión equitativa de un recurso tan valioso como el agua, en contextos de cambio climático, desertificación, expansión de actividades y aumento de la población, deben estar acompañados por estudios transdisciplinarios”. En suma, las miradas interdisciplinarias permiten incorporar una visión holística de las problemáticas sociales. En ese sentido, explicaron que “es necesario procurar superar la fragmentación y compartimentalización e incorporar la incertidumbre como intrínseca tendiendo a modelos de manejo adaptativos”.

Por otro lado, Trabajadorxs de la Ciencia, la Educación y la Salud de Chubut emitieron una carta abierta al “Gobierno de Chubut, al Gobierno nacional y a la Dirigencia política en General”, en donde denunció que “la expresión “minería sustentable” es falaz, ya que tal calificación no puede aplicarse a una actividad que utiliza explosivos para detonar millones de toneladas de tierra, emplea químicos contaminantes, demanda millones de litros de agua potable, contamina el aire, provoca cambios irreversibles en el ecosistema y en la sociedad, y se desarrolla hasta agotar los minerales que busca”


Lobby y extractivismo

Las asambleas han dejado en claro que no quieren políticas ni proyectos extractivistas en el territorio, y que el agua es de todos. Este mensaje, tan claro y tan fuerte, parece ser ignorado por los representantes gubernamentales de la provincia, que lejos de oír las demandas ciudadanas, entretejen estrategias con sectores privados para fomentar un proyecto altamente perjudicial, y propiamente extractivo.

Hay alternativas, pero parece no haber predisposición. La Iniciativa Popular propone una minería sustentable con mirada hacia la conservación del suelo y de los bienes comunes, y sobre todo, una mirada puesta sobre la soberanía territorial. Pero este fue enviado a tratar a cuatro comisiones, mientras que el proyecto de Zonificación fue solo a una, a la de Recursos Naturales, presidida por Carlos Eliceche, quien en el 2013 intentó avanzar con el Proyecto Navidad.

En tal sentido, varios fueron los escenarios de presión. En su momento, la diputada Lloyd Jones expresó que “vayan a pedirle a los diputados que votan a favor de la minería, a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos para sus militantes”. Por otro lado, el legislador del bloque PRO, Sebastián López, apareció en un vídeo ofreciendo “rosca y contactos políticos” a cambio de protección mediática, cuidado de imagen pública y apoyo en las campañas electorales. En sus palabras, el funcionario solicitó “100 lucas” para incentivar la votación a favor del proyecto minero en la meseta patagónica.

Zulema Andén, diputada provincial, dijo a una radio provincial que “el pueblo está de pie pero hay plata para comprar voluntad”. Se hizo público otro audio, también, de un gerente de una de las empresas mineras, en donde menciona que hay que “presionar a los dirigentes radicales para que apoyen la entrada de la gran minería”.

A pesar de las efervescentes movilizaciones en toda la provincia, el Gobierno Provincial logró el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y avanzó durante las últimas semanas con un posible llamado a sesiones extraordinarias, donde se aprobaría el proyecto de zonificación. Sin embargo, y gracias a la presión de las organizaciones y de la comunidad, ni la comisión emitió dictamen, ni se llamaron a sesiones extraordinarias. Un gran triunfo cuyos reclamos son respaldados por múltiples informes acerca de la peligrosidad del avance del proyecto.

Por otra parte. el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM) presentó un comunicado firmado por su presidente, Francisco Almenzar, en el que definieron al informe como un “panfleto ideológico”. En este sentido, “no hay una sola explicación técnica referida al proceso minero; sólo se aprecia una fuerte inclinación ideológica”.

En este contexto también se denunció la circulación de fake-news, publinotas y actividad de trolls en redes sociales, argumentando a favor de la megaminería. En este caso, la Doctrina del Shock es la herramienta del poder minero para avanzar contra los sectores sociales, quienes se han mantenido en estado de protesta durante este último periodo.

En búsqueda de tergiversar la información, la presión de los entes privados cada vez es más fuerte, y al parecer los sectores gubernamentales cada vez más endebles. El pueblo ha dicho “No es No”. Basta de megaminería en Chubut, el agua vale más que el oro. Consignas más que claras para un mercado cada vez más oscuro.


Fuente: radiografica

Por Juan Patricio Méndez *

domingo, 21 de febrero de 2021

Defensorías de Colombia, Ecuador y Perú piden facilitar migración venezolana

 Lima, 19 feb (EFE).- Las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú exhortaron conjuntamente a los Gobiernos de estos tres países a facilitar la movilidad de los migrantes venezolanos por sus territorios y a adoptar medidas para regularizar su situación y evitar su exclusión social y económica.


Los tres organismos solicitaron que se otorgue el estatus temporal o permanente a todos los venezolanos desplazados en estos territorios y que enfrentan "condiciones frágiles y limitantes para su supervivencia, junto con la homologación de estas políticas a nivel subregional".

"Ante la persistencia del cierre de las fronteras, el colectivo venezolano ha visto aumentar los riesgos asociados a la migración irregular, con el auge de expresiones de intolerancia, manifestaciones de xenofobia y aporofobia que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de migración", manifestaron.


INTEGRACIÓN NECESARIA

Por ello, reclamaron "políticas públicas con enfoque en derechos humanos que permitan la integración efectiva y empática de quienes, a pesar de sus circunstancias, optan por asentarse temporal o permanentemente" en estos países.

Las tres Defensorías instaron a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú a tomar acciones que protejan la dignidad humana de los migrantes venezolanos con necesidad de protección internacional, basados en el "vínculo histórico, social y cultural común".

Asimismo, requirieron a los ejecutivos de Ecuador y Perú a "no desplegar en forma desproporcionada personal y equipo militar y policial" como han realizado en las últimas ambos países para frenar el paso irregular de venezolanos desde el territorio ecuatoriano al peruano.

Otro pedido es evitar actos que promuevan el rechazo de la población hacia los inmigrantes y promover campañas de sensibilización sobre la problemática de la migración y sus protagonistas.

MÁS DE 3 MILLONES EN SUS TERRITORIOS

Colombia, Ecuador y Perú albergan a más de la mitad de los 5,4 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de Venezuela por la grave crisis económica que atraviesa, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Más de 1,7 millones están asentados en Colombia y más de un millón se encuentra en Perú, mientras que unos 417.000 se encuentran en Ecuador.

Pese al cierre de fronteras por la pandemia de la covid-19, el flujo de migrantes venezolanos ha continuado rumbo al sur con ingresos irregulares de Ecuador a Perú y también de Bolivia a Chile en las últimas semanas.

(c) Agencia EFE (yahoo noticias)

“Una zona de guerra”: se envía a migrantes heridos en el muro fronterizo de Trump de regreso a México sin ayuda médica

 Una pastora (predicadora de la palabra) que dirige refugios en México en la frontera de Estados Unidos ha acusado a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense de enviar de regreso a los migrantes heridos sin brindarles apoyo médico, lamentado que el país “ha tocado fondo.”


 2 de marzo de 2019; un agente de Aduanas y Control Fronterizo patrullando en el lado estadounidense al este de Nogales, Arizona. El presidente Joe Biden se apresuró a enviar la revisión más ambiciosa del sistema de inmigración y firmó nueve acciones ejecutivas para eliminar algunas de las medidas más duras de su predecesor para fortalecer la frontera entre Estados Unidos y México. Pero un tribunal federal de Texas suspendió su moratoria de 100 días a las deportaciones.

(Foto AP / Charlie Riedel, archivo)

La pastora Rosalio Sosa, quien dirige una red de refugios para migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo a Dallas News que un refugio en Palomas recibe alrededor de siete migrantes heridos por semana y que la situación allí parece la de una "zona de guerra", con una cantidad de heridos inmensa hasta ahora.

"Esto se ha convertido en una zona de guerra, con heridas de guerra y sin recursos", dijo Sosa en el informe. "Pero los gobiernos deben saber que los desiertos, los ríos y los muros no son rival para el hambre".

El "gran y hermoso muro" construido bajo la campaña de 2016 del expresidente Trump para detener la afluencia de inmigrantes ilegales y drogas a través de la frontera está provocando lesiones graves a los migrantes que intentan cruzarlo en medio de un empeoramiento de la situación en el país de origen.

Los migrantes de México, que intentan huir del país en medio de disturbios políticos y secuelas económicas, han alegado que están siendo "arrojados" de regreso a "México como basura" sin que las fuerzas de seguridad fronterizas les brinden ayuda médica, una afirmación que ha sido negada por la agencia de patrulla fronteriza.

Pedro Gómez, quien intentó huir de Guatemala en enero, dijo que tenía los tobillos rotos después de caer del muro y que tuvo que gatear hasta el vehículo del agente fronterizo de Estados Unidos.

“Ni siquiera podía levantarme, así que me arrastré hacia el vehículo de la migra [Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos]”, dijo Gómez, y agregó: “Nos tiraron en México como basura, un pedazo de basura”.

En respuesta a los migrantes y a Sosa que cuestionaron los malos tratos, la agencia de la patrulla fronteriza emitió un comunicado rechazando las afirmaciones. Dijo que los agentes se encontraban regularmente con migrantes heridos y administraban asistencia médica a los mismos.

“De manera rutinaria nos encontramos con personas heridas en la frontera, la mayoría de las cuales son personas que han ingresado al país ilegalmente. Cuando sea evidente que alguien está herido, administraremos primeros auxilios y solicitaremos asistencia según sea necesario”, dijo en el comunicado la jefa de la patrulla fronteriza del sector de El Paso, Texas, Gloria Chávez.

Otro migrante, Jhon Jairo Ushca Alcoser, quien salió de su casa en Ecuador, también recordó su arduo viaje y dijo que fue devuelto a pesar de sufrir graves heridas, entre ellas tendones rotos y fractura de espalda y pelvis.

Dijo que informó a los agentes de la patrulla fronteriza que estaba sufriendo un "dolor insoportable" y que no podía moverse. Pero lo obligaron a levantarse y lo enviaron de regreso a México, arrastrando los pies, cuando otro migrante lo sostuvo.

Joe Biden emitió formalmente una proclamación, días después de asumir el cargo, para poner fin a una declaración de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México emitida por Trump como parte de un esfuerzo por financiar el muro fronterizo prometido desde hace mucho tiempo.

Trump había declarado una emergencia nacional en la frontera sur para desviar fondos para impulsar la construcción del muro. Más tarde lo prolongó hasta 2022 antes de dejar el cargo.

Sosa dijo que ahora se está preparando para una gran afluencia de migrantes mientras Biden aviva la esperanza entre la gente de América Latina, asolada por el empeoramiento de la pandemia y aún bajo las devastadoras secuelas de dos huracanes.

La administración de Biden está tratando de procesar los casos de 25.000 solicitantes de asilo, a partir de mayo, bajo la nueva iniciativa.


Fuente; Yahoo noticias

Shweta Sharma

Excarcelados “políticos” de Nicaragua se suman a la oposición contra Ortega

 Managua, 19 feb (EFE).- El Grupo de Reflexión de Excarcelados (Grex), compuesto por manifestantes con libertad condicional en Nicaragua, conocidos como “excarcelados políticos”, se unió este viernes a la opositora Coalición Nacional, que busca derrotar al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo.



La adherencia del Grex fue anunciada por la propia Coalición Nacional, que reformó sus estatutos para incluir a uno de los grupos considerados víctimas de los ataques armados del Gobierno contra manifestantes en 2018, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Entre los integrantes del Grex se encuentran algunos de los llamados “presos políticos” más emblemáticos de Nicaragua, como Lenín Salablanca, Victoria Obando, Edwin Carcache (exiliado), y Kevin Solís, este último capturado en 2020 tras haber sido excarcelado en 2019.

Además de la inclusión del Grex, la Coalición Nacional, una las principales agrupaciones opositoras de Nicaragua, anunció su apertura hacia otros sectores sociales, entre ellos los familiares de los muertos en el marco de la crisis sociopolítica local, agrupaciones sindicales o profesionales, la diáspora y nicaragüenses en el exilio.

Hasta ahora la Coalición Nacional, que no ha oficializado la adhesión del Grex, está compuesta por los movimientos sociales Unidad Nacional Azul y Blanco, Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y Movimiento Campesino, así como por el Partido de Restauración Democrática (PRD), y el indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita).

A pesar de ser un grupo opositor clave, la Coalición Nacional no cuenta con personalidad jurídica ni con una casilla electoral, requisitos básicos para participar en las elecciones del 7 de noviembre próximo. Para salvar la situación, sus miembros creen que pueden valerse del PRD y Yatama, que sí cuentan con ambos requerimientos.

Las elecciones de noviembre serán claves para Nicaragua, porque estarán en juego 42 años de dominio casi total de Ortega sobre la política nicaragüense.

(c) Agencia EFE

México no recula en la prohibición del glifosato pese a las presiones de EEUU

México, 19 feb (EFE News).- El Gobierno de México no ha mostrado intención de revertir la prohibición gradual del herbicida glifosato, que ha de culminar en 2024, pese a las presiones institucionales en Estados Unidos y las constantes aseveraciones desde el fabricante, Bayer, de que sus efectos cancerígenos no se han demostrado.



Comunicaciones internas revelan la presión que ha ejercido tanto Bayer como el lobby químico CropLife hacia diferentes agencias del Gobierno estadounidense para evitar la prohibición en México, una información conseguida mediante un acta de transparencia por el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, en inglés) y a la que ha tenido acceso Efe.

"Todas y cada una de las áreas del Gobierno estadounidense fueron objetivo de las compañías químicas para aplicar su influencia", explicó a Efe el científico del CBD Nathan Donley, sorprendido por la involucración de instituciones como el Senado y la Cámara de Representantes y por "cómo de influyente es la industria de los pesticidas" en el Ejecutivo de Estados Unidos.

FUERTES PRESIONES

Los documentos revelados, que abarcan unos 18 meses, incluyen frases como que la mexicana Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) "se está convirtiendo en un severo problema" e insinúan que la prohibición del glifosato podría incurrir en un incumplimiento del renovado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estrenado en julio de 2020.

"Hay mucha presión sobre el Gobierno mexicano para dar marcha atrás en la prohibición", aseveró Donley, tras comparar el caso con el de Tailandia, país que en 2019 revocó la censura que había impuesto sobre este mismo pesticida.

Además, el científico observó que mucha de la presión reflejada en "los correos electrónicos en este momento" tanto de Bayer como de CropLife "va a seguir incrementando a medida que México, como sería esperanzador, haga más que prohibir un pesticida particular".

Pese a las presiones, el investigador del CBD opinó que México sigue centrado en "reducir los agroquímicos", aunque reconoció "complicaciones por el T-MEC y otros factores", por lo que no se atrevió a dar un pronóstico definitivo sobre el futuro de la prohibición.

El Ejecutivo mexicano no se ha pronunciado tras la publicación de estos documentos elaborados por distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos, por lo que nada hace indicar que el decreto presidencial firmado el 31 de diciembre prohibiendo el glifosato esté en entredicho.

Uno de los objetivos prioritarios del actual Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, es conseguir la soberanía y la seguridad alimentaria, por lo que el mandatario prohibió también para 2024 el cultivo de maíz transgénico.

Consultada por Efe, la Secretaría de Medio Ambiente, principal impulsora de la prohibición del glifosato, no quiso ofrecer una postura oficial sobre las filtraciones, mientras fuentes de la Secretaría de Economía declinaron hacer comentarios aunque tampoco negaron la existencia de tales presiones.

USO DEL GLIFOSATO

El glifosato está calificado desde 2015 como "probablemente cancerígeno para los humanos" según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su efectividad lo convierte en el pesticida más usado del mundo.

A principios de febrero, el secretario mexicano de Agricultura, Víctor Villalobos, recordó ante la preocupación de los productores que el país buscará alternativas al glifosato hasta su prohibición definitiva en 2024, aunque admitió que su sustitución genera incógnitas.

"Hay compuestos que se utilizan de menor espectro para el combate de malezas, pero hay que verlos en ese contexto de efectividad, costos, oportunidades y qué tipo de malezas atacan", aceptó, mientras los agroindustriales del país defienden que la prohibición tendrá un impacto negativo en la productividad del 30 %.

El glifosato ha provocado más de 100.000 denuncias a nivel mundial por sus efectos cancerígenos y el fabricante, la multinacional Monsanto, adquirida por Bayer en 2018, pagará casi 11.000 millones de dólares en compensaciones.

Pese a ello, en un posicionamiento oficial compartido con Efe, Bayer México indicó que el producto "se ha utilizado de manera segura y exitosa en México y en todo el mundo durante más de 40 años".

"Una eliminación gradual del glifosato sería inconsistente con la ciencia y, desafortunadamente, causaría importantes complicaciones a los muchos agricultores mexicanos que dependen del glifosato para producir cultivos saludables de manera segura, sostenible y efectiva", consideró la empresa.

Además, recordó que tiene el beneplácito de numerosos reguladores sanitarios y químicos, entre ellos la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de Estados Unidos, que en enero de 2020 declaró que "no existen riesgos para la salud humana por los usos registrados actuales de glifosato y que no es probable que el glifosato sea cancerígeno para los seres humanos".

Fuente: Agencia EFE

sábado, 20 de febrero de 2021

Los abogados están trabajando para poner el 'ecocidio' a la par con los crímenes de guerra.

 ¿Podría una ley internacional responsabilizar a los principales contaminadores?

La policía observa cómo los "investigadores de la escena del crimen" de Extinction Rebellion con trajes blancos y máscaras colocan cinta adhesiva en la escena del crimen climático para investigar áreas de ecocidio en una actuación frente a la Embajada de Brasil el 7 de septiembre de 2020 en Londres, Reino Unido Mike Kemp — En imágenes, a través de Getty Images

La policía observa cómo los "investigadores de la escena del crimen" de Extinction Rebellion con trajes blancos y máscaras colocan cinta adhesiva en la escena del crimen climático para investigar áreas de ecocidio en una actuación frente a la embajada de Brasil el 7 de septiembre de 2020 en Londres, Reino Unido

Cuando un juez nigeriano dictaminó en 2005 que la práctica de Shell de quema de gas en el delta del Níger era una violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos a la vida y la dignidad, Nnummo Bassey, un activista ambiental local, estaba emocionado.

La organización de Bassey, Amigos de la Tierra, había ayudado a las comunidades del delta del Níger a demandar a Shell por la quema de gas, una práctica altamente contaminante que causó trastornos masivos en las comunidades de la región, contaminando el agua y los cultivos. Los investigadores habían descubierto que esas alteraciones estaban asociadas con mayores tasas de cáncer, trastornos sanguíneos, enfermedades de la piel, lluvia ácida y defectos de nacimiento, lo que lleva a una esperanza de vida de 41 años en la región, 13 años menos que el promedio nacional.

Por primera vez, un tribunal de competencia ha declarado audazmente que Shell, Chevron y las otras corporaciones petroleras han estado involucradas en actividades ilegales aquí durante décadas", dijo Bassey el 14 de noviembre de 2005, el día en que el Tribunal Superior Federal de Nigeria anunció el fallo. "Esperamos que se respete este juicio y que, por una vez, las corporaciones petroleras acepten la verdad y pongan fin a sus actividades pecaminosas".

Sin embargo, la sentencia no fue respetada. Un informe de las Naciones Unidas publicado seis años después descubrió que Shell no había seguido sus propios procedimientos con respecto al mantenimiento de la infraestructura de los campos petroleros. Hoy, Shell sigue quemando gas en el delta del Níger.

En los 15 años transcurridos desde el fallo, Bassey ha llegado a creer que los ejecutivos de Shell podrían haber tenido que rendir cuentas si el caso hubiera llegado a la Corte Penal Internacional (CPI). “Shell podría ignorar [el caso] porque no estaba en los medios internacionales, pero si hubiera acudido a la CPI, habría recibido atención global y los accionistas habrían sabido lo que estaba haciendo la empresa”, dice. "Si hubiéramos tenido una ley de ecocidio, las cosas hubieran sido diferentes".

La palabra "ecocidio" es un término general para todas las formas de destrucción ambiental, desde la deforestación hasta las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde la década de 1970, los defensores del medio ambiente han defendido la idea de crear una ley internacional de ecocidio que se adjudicaría en la CPI y sancionaría a los individuos responsables de la destrucción del medio ambiente. Pero el esfuerzo ha ganado una tracción significativa durante el año pasado, con líderes de Vanuatu, Maldivas, Francia, Bélgica, Holanda, así como figuras globales influyentes como el Papa Francisco y Greta Thunberg, expresando su apoyo. Aunque existen dudas sobre si la CPI como institución tiene los dientes para enjuiciar cualquier delito, Bassey y otros activistas creen que la ley actuará como un poderoso elemento disuasorio contra futuras formas de destrucción ambiental. "No obtendremos resultados diferentes en casos de explotación y marginación a menos que reinventemos las leyes que nos gobiernan", dice Bassey.

En diciembre de 2020, abogados de todo el mundo se reunieron para comenzar a redactar una definición legal de ecocidio. Si tienen éxito, podría situar la destrucción ambiental en la misma categoría legal que los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Pero incluso dentro del movimiento, Quedan dudas sobre hasta dónde debería llegar la ley y quién podría estar bajo su jurisdicción.

Los peces muertos yacen en la costa contaminada en 2016 cerca de una nueva casa en construcción con el dinero de compensación pagado a la comunidad local por Shell como resultado del derrame de petróleo de 2008 en Bodo, Nigeria. FOTO: GEORGE OSODI / BLOOMBERG NEWS

La historia del movimiento ecocidio

El término ecocidio surgió por primera vez en la conciencia pública en 1972, cuando Olof Palme , el primer ministro de Suecia, utilizó el término en una conferencia ambiental de las Naciones Unidas en Estocolmo para describir el daño ambiental causado por la guerra de Vietnam. En la conferencia, se propuso una convención de ecocidio, pero nunca se cumplió.

La idea resurgió nuevamente en la década de 1990 cuando se creó la CPI, la primera corte penal internacional permanente del mundo. Como tribunal de última instancia, la CPI se estableció no para invalidar los tribunales nacionales, sino para complementarlos, creando un tribunal global que juzgaría los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. Cuando los abogados se reunieron en 1998 para redactar el Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, se estaba preparando una ley que habría tipificado como delito la destrucción del medio ambiente.

Pero la ley nunca se cumplió. “Mi recuerdo es que simplemente no hubo apoyo político para ello”, dice Philippe Sands, quien participó en la redacción del preámbulo del Estatuto de Roma en 1998 (y que luego copresidiría el panel de expertos formado en 2020 para redactar una definición legal de ecocidio). La destrucción ambiental, dice Sands, no estaba en la conciencia del público.

Esto comenzó a cambiar en 2017 cuando Polly Higgins, una abogada británica, lanzó la campaña Stop Ecocide junto con el activista ambiental Jojo Mehta. Higgins, quien vendió su casa en 2010 para recaudar fondos para combatir la destrucción ambiental, escribió un libro influyente, Erradicar el ecocidio., que informó el debate legal. Cuando la campaña se lanzó unos años más tarde, rápidamente ganó un impulso sin precedentes: Greta Thunberg donó 100.000 euros del dinero que recibió del Premio Gulbenkian de la Humanidad de ese año a la causa y, por primera vez en la historia, varios líderes mundiales respaldaron públicamente la campaña. idea. Avance rápido tres años y ahora, un panel de expertos de abogados penales internacionales está redactando una definición de ecocidio. “Hace seis meses, nunca hubiéramos creído dónde estamos ahora”, dice Mehta. Higgins, lamentablemente, nunca vivió para ver su campaña dar frutos, muriendo en 2019 a la edad de 50 años.

Los defensores del medio ambiente creen que una ley de ecocidio en la CPI sería innovadora. Si bien algunos países tienen leyes nacionales sobre daños ambientales, no existe una ley penal internacional que imponga explícitamente sanciones a las personas responsables de la destrucción del medio ambiente. Si se adopta, los expertos dicen que hay tres áreas principales en las que una ley de ecocidio marcaría la diferencia.

El primero es el impacto simbólico de que la CPI eleve la destrucción ambiental al mismo nivel que los crímenes genocidas. Mehta sostiene que el miedo a ser etiquetado como un criminal de ecocidio podría crear incentivos para que los líderes se comporten de manera más responsable. "Un CEO no quiere ser visto en el mismo grupo que un maníaco genocida", dice.

La segunda área en la que esta ley podría marcar la diferencia es al sentar un precedente legal, creando un efecto de vagón en el que el derecho internacional podría generar cambios en las leyes penales nacionales, ya que los países buscan señalar su compromiso ambiental con otros. Las leyes de la CPI han influido en las políticas nacionales antes: varios países, incluidos Alemania y los Países Bajos, han adoptado leyes nacionales que penalizan los delitos de la CPI.

La tercera forma en que una ley de ecocidio podría ser útil es enjuiciar los delitos ambientales que quedan fuera de las jurisdicciones nacionales. Esto es especialmente útil en los países más pobres donde las barreras legales dificultan que las empresas extranjeras rindan cuentas. Una ley de ecocidio, dice Bassey, crearía un escenario en el que las comunidades marginadas de países como Nigeria tienen voz contra los actores poderosos y contaminantes. “La mayor parte de esta devastación por ecocidio está ocurriendo en comunidades donde las voces no se escuchan”, dice.

Los defensores de una ley de ecocidio también creen que cambiaría la forma en que se valora el medio ambiente. “Hay algo poderosamente urgente en la idea de que la naturaleza tiene derechos”, dice Mitch Anderson, fundador y director ejecutivo de Amazon Frontlines, una organización que trabaja con las comunidades indígenas en la Amazonía occidental para proteger sus tierras. “La ley [del ecocidio] garantizaría que la naturaleza tenga voz legal”.

Los defensores de una ley de ecocidio también creen que cambiaría la forma en que se valora el medio ambiente. “Hay algo poderosamente urgente en la idea de que la naturaleza tiene derechos”, dice Mitch Anderson, fundador y Front director ejecutivo de Amazon organización que trabaja con las comunidades indígenas en la Amazonía occidental para proteger sus tierras. "La ley [del ecocidio] garantizaría que la naturaleza tenga voz legal".

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Si bien se espera que los abogados terminen un borrador de la ley para fines de la primavera, pasarán al menos de 3 a 5 años antes de que se ratifique. La redacción de la ley es solo la primera de muchos pasos: un estado miembro debe proponerlo a la CPI, momento en el que el 50% de los estados de la CPI deben aprobarlo. Los Estados deberán reunirse para debatir la definición exacta de la ley antes de aprobarla y ratificarla.

Pero si se aprueba, una ley de ecocidio sería única en la historia de la CPI, no solo por lo que protegería sino por a quién podría perseguir: los jefes de países y corporaciones que son grandes contaminadores. Históricamente, la CPI ha sido criticada por apuntar solo a dictadores africanos mientras hace la vista gorda ante los líderes occidentales responsables de atrocidades masivas. Pero con una ley de ecocidio, los hombres blancos poderosos, que a menudo están representados de manera desproporcionada en las industrias extractivas—Podría enfrentar cargos criminales. “El movimiento del ecocidio es poderoso no solo en el precedente legal que podría sentar para proteger ríos, bosques, océanos y el aire, sino también en los nombres y rostros que identifica como responsables de esta destrucción”, dice Anderson. "[Ellos] pueden no parecerse a la imagen que estamos acostumbrados a ver".

Las compañías de petróleo y gas contactadas por TIME no quisieron comentar si apoyan una ley de ecocidio, pero la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) dijo en un comunicado que “quieren mejorar aún más el desempeño ambiental y reducir la probabilidad y consecuencias de los incidentes".

¿Qué se considera ecocidio?

Bassey confía en que muchos de los peores delitos ambientales del mundo, como la contaminación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana en la década de 1990 o los continuos incendios de vetas de carbón en Witbank, Sudáfrica, podrían haberse evitado si hubiera existido una ley de ecocidio. “Si tuviéramos una ley de ecocidio, nadie permitiría que esto continúe”, dice. En teoría, eso podría ser cierto. Pero en la práctica, mucho depende de cómo se defina el término.

A Sands, el copresidente del panel que redacta la ley, le preocupa que el listón de lo que se considera "ecocidio" sea demasiado alto. Existe un precedente histórico para tal escenario: cuando la idea de "genocidio" fue propuesta por primera vez en 1944 por Raphael Lemkin, un abogado polaco, imaginó una ley que enjuiciaría a las personas que mataran a miembros de una comunidad nacional, étnica, racial, religiosa o política. grupo. Pero cuando los estados miembros, muchos de los cuales estaban preocupados por sus propias historias de discriminación, se unieron para redactar la ley en 1948, decidieron que los abogados debían demostrar no solo que un individuo mató a miembros de un grupo, sino que lo hicieron. con la intención específica de matar.

El resultado es que la mayoría de los juicios por genocidio escuchados por la CPI no han terminado con un veredicto de culpabilidad porque la carga de la prueba es demasiado alta. A Sands le preocupa que se pueda cometer el mismo error con la definición de ecocidio. “Nunca será posible demostrar que alguien tuvo la intención de destruir el medio ambiente a gran escala”, dice. "Si ponemos el listón demasiado alto, no atraparemos a nadie".

Por otro lado, si el listón es demasiado bajo — si la ley de ecocidio abarca demasiados tipos de supuestos actos destructivos para el medio ambiente e implica a demasiados tipos de personas e instituciones — puede perder apoyo político. Mucha gente podría estar detrás de una ley de ecocidio que cobra a las megacorporaciones por contaminar a gran escala; es menos probable que apoyen una ley que penalice a cualquiera que destruya el medio ambiente de alguna manera. Los abogados que redactaron la definición no quisieron ofrecer su opinión sobre lo que, específicamente, sería una “barra baja” debido a la preocupación de que hacerlo pondría en riesgo su capacidad para abogar por una ley más sólida.

Pero incluso si se implementa una sólida ley de ecocidio, el movimiento enfrenta otro gran desafío: los poderes legales limitados de la CPI. Por sí sola, la CPI no tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes; depende completamente de sus estados miembros para arrestar y entregar a los acusados. Si un país no cumple, si no arresta al acusado, no hay juicio. Además, más de 70 países no son miembros, incluido Estados Unidos. Algunas de las mayores corporaciones de combustibles fósiles, como Exxon Mobil y Chevron, son de propiedad estadounidense, lo que significa que es poco probable que se vean involucradas en un proceso judicial.

Los abogados que trabajan en la ley del ecocidio son muy conscientes de estas limitaciones. "No nos quedemos con los ojos abiertos sobre nuestros marcos legales internacionales a nivel internacional", dice Sands. "Seamos realistas." Exigir responsabilidades a los perpetradores de la destrucción ambiental, dice, debe hacerse en última instancia a nivel nacional. Sin embargo, el derecho penal internacional puede ser una herramienta que catalice el pensamiento y ayude a sentar un precedente. Aunque solo cuatro personas han sido condenadas en la CPI desde que comenzó a conocer casos en 2002, la creación de la ley de la CPI ha influido en la política nacional a través de las normas y precedentes que ayudó a generar. Los defensores del ecocidio creen que la ley podría hacer algo similar.

“Sabemos que una ley no cambiará todo”, dice Mehta. "Pero sin algo como esto en su lugar, es difícil ver cómo se cumplirán estos objetivos [ambientales]".

Fuente: Times

El Gobierno de Nicaragua advierte que "no hay espacio para otras voces"

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua.

Managua, 18 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua rechazó este jueves el intervencionismo extranjero y advirtió que en el país “no hay espacio para otras voces”, en medio de la sangrienta crisis sociopolítica local y cuando faltan nueve meses para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.

“Somos nicaragüenses, y les decimos que entre nicaragüenses nos entendemos, no hay espacios para otras voces, las mismas identidades injerencistas e interventoras, en esto no, con otras modalidades no”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, en una alocución.

En octubre pasado la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió instar a Nicaragua que realice reformas de ley para garantizar unas “elecciones creíbles”, lo que, según la oposición, implica observación nacional e internacional.

“Ante esa continuidad de la injerencia aquí estamos, aquí estamos con mente, con corazón, con inteligencia y con amor, haciéndole frente”, dijo la también primera dama tras referirse a antiguas invasiones estadounidenses sobre territorio nicaragüense.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido criticado dentro y fuera de Nicaragua por la reciente aprobación del llamado “paquete de leyes represivas”, que impiden recibir recursos del exterior, regulan la información en dispositivos digitales incluso si es personal, e impiden aspiraciones a cargos de elección popular a quienes critiquen al Gobierno.

Entre las nuevas leyes está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, la Ley de Ciberdelitos, apodada “Ley Mordaza”, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.

Dichas leyes, más reformas que establecieron la cadena perpetua y el encarcelamiento sin acusación judicial hasta por tres meses, acentuaron una crisis que ha dejado cientos de muertos desde el estallido social contra Ortega en 2018.

Horas antes del aviso de Murillo el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi, afirmó que existe preocupación en el organismo por la crisis de derechos humanos en Nicaragua, cuyo Gobierno le niega la entrada al país.

Las elecciones de noviembre próximo serán cruciales para Nicaragua, porque estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto de la política local por parte de Ortega.

(c) Agencia EFE

miércoles, 17 de febrero de 2021

Chile: 4 femicidios consumados y 15 frustrados en un mes y medio: Estas son las cifras de la violencia mortal contra la mujer en 2021

En el mes y medio que ha transcurrido de 2021, ya se han registrado 4 femicidios; es decir, un homicidio cada 11 días aproximadamente; además de otros 15 episodios de femicidios frustrados.



Establecido por ley en Chile, el femicidio es el asesinato de una mujer ejecutado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

También es considerado femicidio el asesinato de una mujer en razón de género cuando:

1.-Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual.

2.-Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual.

3.-Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372bis.

4.-Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.

5.-Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación.

 Los homicidas de estos crímenes pueden enfrentar entre quince años y un día de cárcel, hasta la cadena perpetua.


Las siguientes son las víctimas mortales registradas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hasta el 16 de febrero:

-15 de febrero: En la comuna de Puento Alto, Yorka González Barrera  (52 años), fue agredida por su conviviente dejándola con lesiones graves que causaron su muerte. El autor del crimen se encuentra detenido y formalizado por del delito de femicidio.

- 7 de febrero: En la comuna de La Florida, Mariana Milla Núñez  (57 años) fue asesinada en el estacionamiento de un supermercado por su ex conviviente con arma blanca. También resultó lesionado de gravedad el hermano de la víctima quien se encontraba con ella. El autor del crimen se encuentra detenido.

-20 de enero: En la comuna de Talagante, Bartolita Paredes Castillo (67 años) fue asesinada por su cónyuge con un golpe en la cabeza. El presunto autor confesó el crimen a uno de los hijos en común con la víctima y se dio a la fuga.

-9 de enero: En la comuna de Huara, Ariana Bravo Aracena (39 años) fue asesinada con un arma de fuego. El presunto autor del crimen es el conviviente quien también dio muerte a su hijo de 4 años tras cometer el femicidio. El sujeto se encuentra detenido y a la espera de ser formalizado.

A esto se agregan los siguientes casos registrados por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres:

- 27 de enero: En Porvenir, Brenda Cartes Guzmán (43 años) es acuchillada presuntamente por la ex pareja de su sobrina, al negarse a entregar información sobre el paradera de esta.

- 21 de enero: En la comuna de Lo Espejo Pamela Fonseca fue presuntamente quemada por el tío de su pareja, quien incendió el carrito donde Pamela estaba viviendo en situación de calle.

martes, 16 de febrero de 2021

Brasil: el proceso secreto para cambiar la política de derechos humanos.

La administración del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, debe garantizar que cualquier debate sobre el cambio de las políticas de derechos humanos del país se lleve a cabo de manera transparente, con consultas significativas y participación de la sociedad civil y los grupos particularmente afectados, dijo Human Rights Watch.


El gobierno de Bolsonaro ha establecido un grupo de trabajo para proponer cambios al Programa Nacional de Derechos Humanos, la declaración más importante de la política de derechos humanos en Brasil. El grupo de trabajo no incluye representantes de la sociedad civil, el Congreso o el sistema de justicia, y todas sus discusiones son secretas.

El gobierno de Bolsonaro, que ha impulsado una agenda anti-derechos, ha anunciado que planea cambiar el Programa Nacional de Derechos Humanos en absoluto secreto y sin la participación de quien no esté de acuerdo con sus políticas”, dijo María Laura Canineu, directora de Brasil. en Human Rights Watch. “Dado el deplorable historial de derechos humanos de la administración, existe un riesgo real de que el resultado de este proceso secreto sea desastroso para la protección de los derechos humanos en Brasil”.

los Programa Nacional de Derechos Humanos establece una hoja de ruta de principios y medidas para mejorar la protección de los derechos y libertades, y ha sido la base de políticas de respeto a los derechos.

El 10 de febrero de 2021 la ministra de la mujer, la familia y los derechos humanos emitió un regulación crear un grupo de trabajo para revisar el Programa Nacional de Derechos Humanos y proponer cambios.

El reglamento prohíbe la divulgación de cualquier información sobre las discusiones del grupo hasta que finalice sus actividades, en noviembre. Los 14 miembros del grupo son todos representantes del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Pueden invitar a representantes de organismos públicos o privados a sus reuniones, pero estos invitados no tendrán derecho a voto.

Brasil ha puesto en marcha tres Programas Nacionales de Derechos Humanos desde el fin de la dictadura (1964-1985). Los tres fueron redactados tras una amplia y transparente consulta pública.

Para la última revisión, el gobierno federal del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva estableció en 2008 un grupo de trabajo integrado por representantes de la sociedad civil, comisiones de derechos humanos del Congreso, fiscales, jueces y defensores públicos, además del poder ejecutivo. . El grupo de trabajo organizó una conferencia nacional que examinó y actualizó el anterior Programa Nacional de Derechos Humanos, que data de 2002. Se llevaron a cabo reuniones regionales adicionales.

La administración Lula estimó que 14.000 personas participó en las discusiones.

El actual Programa Nacional de Derechos Humanos fue adoptado en 2010. Uno de sus resultados fue la creación de un Comisión de la verdad para investigar abusos contra los derechos humanos durante la dictadura de Brasil. El presidente Bolsonaro, entonces miembro del Congreso y abierto apologista del régimen militar, opuesto la Comisión de la Verdad. .

Además, el Programa Nacional de Derechos Humanos de 2010 pide proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación, reducir los homicidios policiales, brindar educación sobre los derechos sexuales y reproductivos y defender la libertad de expresión, entre otras iniciativas de importancia crítica.

La administración de Bolsonaro ha tratado de socavar todas esas políticas. Ha abierto la puerta a negar la educación inclusiva a los niños con discapacidad y el establecimiento de escuelas segregadas para ellos. Ha fomentado más violencia policial a través de declaraciones públicas y propuestas legislativas. Ha sancionado a los servidores públicos por recomendar mantener servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia de Covid-19. Y ha buscado procesamientos de personas que criticaron su respuesta al Covid-19.

La administración de Bolsonaro ha tomado otras medidas para socavar la transparencia. En marzo de 2020, suspendió los plazos para que las agencias gubernamentales respondieran a las solicitudes de información pública durante la emergencia de Covid-19 e impidió que los ciudadanos apelaran las solicitudes rechazadas. Y en junio dejó de proporcionar datos completos sobre el número de casos confirmados de Covid-19 y muertes. En ambos casos, la Corte Suprema anuló esas medidas.

El presidente Bolsonaro también ha mostrado importantes hostilidad hacia organizaciones no gubernamentales. En Abril de 2019, decretó la eliminación de la mayoría de los consejos, comités y grupos de trabajo federales que incluían representantes de la sociedad civil. El decreto también eliminó el comité de gobierno encargado de coordinar la implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos.

El 12 de febrero, más de 200 organizaciones no gubernamentales brasileñas emitieron un declaración conjunta criticando la creación de un grupo de trabajo para la revisión del Programa Nacional de Derechos Humanos integrado únicamente por representantes del gobierno de Bolsonaro. Presionaron por la revocación del reglamento que creó el grupo.

Fuente: Human Right Watch


Gustavo Noboa Bejarano, exPresidente del Ecuador, murió de un infarto.

A las 13:49 de hoy, martes 16 de febrero, en su cuenta oficial de Twitter, Alberto Dahik dio a conocer de la muerte del expresidente del Ecuador, Gustavo Noboa Bejarano.

La publicación decía: “Murió Gustavo Noboa Bejarano. Un presidente honrado, responsable que condujo al país con acierto en momentos muy duros.  Un formador de juventudes como ningún otro. Para mí, un hermano mayor insustituible. Amó mucho a su patria. Siempre dijo: “Los tiempos de Dios son perfectos”.

Gustavo Noboa tenía 83 años y habría muerto de un infarto mientras estaba en recuperación luego de ser operado, el pasado 9 de febrero en Estados Unidos, de un tumor cerebral.


 

Con gran pesar recibimos la noticia del fallecimiento del ex presidente ecuatoriano Gustavo Noboa Bejarano.

La Aldhu expresa su reconocimiento a este gran ser humano, quien en su vida dio testimonio de solidaridad, amor al prójimo y profunda vocación democrática. Padeció persecución e injusticias y jamás dejo de luchar por la libertad.

Aldhu expresa sus condolencias a la familia del Dr. Gustavo Noboa y al pueblo del Ecuador por tan sensible pérdida.

Juan de Dios Parra

SEC. general Aldhu.

lunes, 15 de febrero de 2021

Fallece por coronavirus el líder de la organización de indígenas de Colombia

 

Bogotá, 13 feb (EFE).- El consejero mayor (representante legal) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, falleció este sábado por coronavirus después de permanecer varias semanas hospitalizado.

Foto de consejero mayor (representante legal) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, quien falleció este domingo victima de la covid-19. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

"Informo con profundo dolor el fallecimiento de mi gran amigo Luis Fernando Arias. Fundador de nuestro Movimiento MAIS y consejero mayor de la ONIC. El país pierde un gran líder, un incansable luchador por las causas justas", aseguró la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta.

Arias, nativo del pueblo kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, lideró durante más de una década la ONIC, estuvo al frente de las manifestaciones nacionales de las comunidades indígenas contra la violencia en sus territorios y presidió conversaciones con el Gobierno nacional para exigir el cumplimiento de los derechos de sus pueblos.

El líder fue trasladado a mediados de enero desde Valledupar, capital del departamento del Cesar, hacia Barranquilla para recibir atención especializada debido a las complicaciones que sufrió a causa del coronavirus.

El pasado 24 de enero la ONIC informó en un comunicado que su máxima autoridad continuaba "con parámetros normales de sus sistemas vitales en general y bajo tratamiento de la tecnología ECMO, enfocada al restablecimiento total de la función pulmonar".

LIDERAZO RECONOCIDO

El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó el fallecimiento de Arias y extendió un mensaje de "solidaridad no solamente a su familia, sino a todas las comunidades indígenas" del país.

"(Quiero) expresar un sentimiento de dolor. Ha fallecido hoy Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, uno de los dirigentes más importantes del pueblo kankuamo con quien hemos tenido siempre una relación cercana y lamentamos mucho su partida", aseguró Duque.

Como representante legal de la ONIC Arias tenía entre sus mandatos el fortalecimiento de la justicia propia, la creación de la Guardia Indígena Nacional, y la coordinación de espacios para evaluar el cumplimiento de los acuerdos logrados en el marco de los escenarios de concertación entre los pueblos indígenas y el Estado.

Además debía trabajar por la implementación de medidas para proteger, recuperar y reproducir la historia de las luchas de los pueblos indígenas y de sus líderes.

"Los pueblos indígenas nos declaramos en luto nacional. Hoy despedimos a uno de los líderes más importantes para el movimiento indígena, Luis Fernando Arias. Deja un legado invaluable para nuestro proceso. Mi solidaridad con el pueblo kankuamo y su familia", dijo por su parte el senador indígena Feliciano Valencia.

La Misión de la ONU en Colombia también envió "sus condolencias a los seres queridos de Luis Fernando Arias" y resaltó que como consejero mayor "trabajó por la paz, la reconciliación y los derechos de los pueblos".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que Arias "será recordado por su liderazgo social, su abnegada labor en defensa de los derechos humanos y su compromiso con los pueblos indígenas".

Fuente: Agencia EFE

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, declaró al respecto: "lamentamos en gran manera la pérdida de un gran líder y promotor de los derechos indígenas. Queremos dar un gran abrazo para todos los amigos y familiares; así como para todos aquellos afectados por la pandemia".

Vicecanciller boliviano y crisis en la frontera con Chile: “Sacando militares y policías no vamos a resolver el tema de la migración”

 

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia.

En entrevista con Ex-Ante, el vicecanciller Freddy Mamani afirma que el problema de los migrantes debe tratarse de manera integral y no enfocarse solo en los venezolanos. Dice que los cancilleres de Chile y Bolivia han conversado sobre el tema, que esperan impulsar una reunión técnica entre ambos países para buscar soluciones y propone hacer lo mismo con Perú y Venezuela. Y responsabiliza “a las acciones unilaterales de Estados Unidos”, sobre todo de Trump, por el éxodo de venezolanos.

¿Hay preocupación del gobierno boliviano por el creciente flujo de migrantes venezolanos por su país?

Consideramos que el tema de la migración es un proceso que se ha dado siempre en la historia de la humanidad. Como Estado hemos dicho que debemos darle importancia a las principales causas que genera una migración forzada, ya sean conflictos bélicos, intervenciones militares o el cambio climático. En el caso de Venezuela esta crisis migratoria ha sido provocada por las acciones unilaterales del Gobierno de Estados Unidos, sobre todo del Gobierno de Trump. Por eso las personas buscan fuentes de trabajo y mejores oportunidades.

“Partiendo desde ese contexto, este desplazamiento de personas en números elevados a lo largo de las fronteras, que muchas veces pasan por lugares no autorizados, genera preocupación en todos los países de la región. También, por la situación de los migrantes, sin importar la nacionalidad de estos, consideramos en Bolivia que el tema de la migración es un tema global y también tenemos que verlo desde un punto de vista de desarrollo social y económico. La migración no es solamente de venezolanos”.

¿Su gobierno ha tomado contacto con Venezuela y con Chile para abordar esta situación?

Hemos tomado contacto [con las autoridades chilenas] a iniciativa del Gobierno de Chile. Nuestro canciller se ha comunicado telefónicamente para abordar el tema. Personalmente he tenido contacto con la vicecanciller chilena Carolina Valdivia para abordar este tema, tener una reunión técnica y explorar algunas posibles acciones integrales, para no solo enfocarnos en el tema de la migración venezolana, porque ahí estaríamos generando también algo de racismo y discriminación.

“Nosotros no creemos que sacando militares y policías a las fronteras vamos a resolver el tema de la migración. Eso tenemos que entenderlo. De la misma manera, tendremos algunas reuniones probablemente en el futuro con Perú y también con Venezuela, porque es uno de los actores en este tema en particular”.

¿Acordaron algunas medidas en conjunto con el Gobierno chileno?

Estamos analizando. Vamos a tener en el futuro cercano una reunión técnica con las instancias correspondientes. Obviamente ahí tiene que estar Migración de ambos países, las direcciones consulares y probablemente las Fuerzas Armadas y policías para trabajar integralmente el tema.

Usted dice que no es un tema de desplegar policías y militares en las fronteras. Pero considerando que estamos en pandemia, ¿es posible que Bolivia aumente el control de sus límites, para impedir el movimiento de los migrantes?

El tema de la migración es uno de los temas que vamos a abordar, porque el aspecto de la salud también lo tenemos que desarrollar, pero sin tomar en cuenta, en particular, el tema de Venezuela.

¿Qué cifras o estadísticas tiene del ingreso y salida de venezolanos en Bolivia?

La Dirección General de Migraciones de mi país maneja los ingresos y salidas de los ciudadanos de las distintas nacionalidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores no es responsable de ese tema.

Los venezolanos que ingresan a Bolivia, aparte de los intentan llegar a Chile, ¿también siguen camino hacia Brasil y hacia Argentina?

La información que tengo es que pasan a Chile y una pequeña parte lo hace a Argentina.

¿Qué medidas está tomando su gobierno por la situación que se está viviendo en la localidad boliviana de Pisiga, donde hay venezolanos a la espera de poder cruzar a Chile? ¿Se está considerando instalar ahí un campamento móvil para acoger a los venezolanos?

Se están coordinando algunas acciones internas, obviamente con Migración, con las Fuerzas Armadas, con la Policía, dependiendo de la situación, para ver estos temas. Entiendo que nuestras instituciones han estado en la frontera también viendo, y lo que se ha reflejado en la prensa no era tan complicado. Pero de todas maneras ya se han desarrollado algunas acciones para ver de una manera integral el tema.


El senador chileno José Miguel Insulza dijo en entrevista con Ex-Ante que la única posibilidad “de controlar un poco” esa inmigración irregular “es conversarlo con Bolivia, pero no existe puente con Bolivia en estos temas. […] El tema es la carencia de relaciones”. ¿Concuerda con esa apreciación?

Hay que buscar algunas alternativas de diálogo y coordinación sobre temas que obviamente tienen que ver, porque el tema de la migración tiene que enfocarse desde el punto de vista de los derechos humanos. Ese debe ser el punto de partida y con eso tenemos que sentarnos para trabajar de manera integral y conjuntamente, e identificando las causas.

“Es importante mencionar que, si en el futuro logramos desarrollar alguna reunión técnica entre Chile y Bolivia, que estamos trabajando en ese nivel, también la deberíamos tener con Perú y, sobre todo, con Venezuela. Si excluimos a alguien, obviamente, no es tan conveniente, desde el punto de vista de que somos sudamericanos. Creo que tenemos que integrarlos a todos para trabajar de manera integral”.

Fuente: ex-ante.