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viernes, 28 de febrero de 2020

América: Los Estados restringieron el asilo y el derecho de manifestación en 2019

Mientras millones de personas se echaban a la calle para protestar por la situación imperante de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad, o se veían obligadas a huir de sus países en busca de seguridad, diversos Estados de las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al presentar su informe anual sobre la región.



“El año 2019 trajo consigo un nuevo ataque a los derechos humanos en gran parte de las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país. Pero también vimos que la juventud se alzó y exigió cambios en toda la región, desatando protestas más amplias a escala masiva. Su valentía ante la cruel represión estatal nos da esperanza, y muestra que las generaciones futuras no se dejarán intimidar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Cuando el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca. Y que nadie se engañe: los dirigentes políticos que predican el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia.”

Violencia desatada y represión estatal contra manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos

El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, para exigir rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en países como Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Haití, Chile y Colombia, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban.


La represión en Venezuela fue especialmente severa, y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más.

En total, al menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.

Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defendían los derechos humanos; las personas que se dedicaban a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente estuvieron especialmente expuestas a homicidios selectivos, criminalización, desplazamiento forzado y acoso. Colombia siguió siendo el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras el encarnizado conflicto armado interno seguía azotando el país.

México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019. El país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado: creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza.

La violencia por arma de fuego siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación en Estados Unidos, donde había demasiadas armas y las leyes eran insuficientes para seguirles el rastro e impedir que llegaran a manos de personas que pretendían causar daño. Una nueva norma anunciada por la administración Trump en enero de 2020 facilitó enormemente la exportación de rifles de asalto, armas creadas con impresoras 3-D, munición y otras armas para propagar una extendida violencia por arma de fuego más allá de las fronteras estadounidenses, especialmente en otros países de las Américas. De igual modo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro firmó una serie de decretos y órdenes ejecutivas que, entre otras preocupantes consecuencias, suavizaban la normativa sobre la posesión y el porte de armas de fuego.

Los gobiernos adoptaron agresivas posturas respecto a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

El número de hombres, mujeres, niños y niñas que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones —una cifra sin precedentes en las Américas—, pero Perú, Ecuador y Chile respondieron imponiendo nuevos y restrictivos requisitos de entrada y devolviendo ilícitamente a personas venezolanas necesitadas de protección internacional.

Más al norte, el gobierno estadounidense hizo un uso indebido del sistema de justicia para acosar a quienes defendían los derechos de las personas migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones de violencia e implementó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir de forma masiva el acceso al asilo, incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.


Tras las amenazas de la administración Trump de imponer nuevos aranceles comerciales, el gobierno mexicano no sólo accedió a recibir y acoger, en virtud de los Protocolos de Protección a Migrantes, a personas solicitantes de asilo devueltas a la fuerza, sino que también desplegó tropas para impedir que personas centroamericanas consiguieran llegar a la frontera de Estados Unidos con México.

La impunidad, el medioambiente y la violencia de género siguieron siendo importantes motivos de preocupación

La impunidad siguió siendo la norma en la región. El gobierno guatemalteco socavó el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cerrando el año pasado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), antes de que el gobierno del vecino Honduras anunciara en enero de 2020 el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La preocupación por el medioambiente siguió aumentando en las Américas, mientras la administración Trump anunciaba formalmente su intención de retirarse del acuerdo de París y mientras graves crisis medioambientales en la Amazonía afectaban a pueblos indígenas de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Brasil se vio especialmente afectado, pues las políticas contra el medioambiente del presidente Bolsonaro alimentaron devastadores incendios forestales en la Amazonía y dejaron a los pueblos indígenas desprotegidos frente a la extracción maderera ilegal y la cría de ganado tras confiscaciones de tierras.


Tras tomar posesión de su cargo a principios de 2019, el presidente Bolsonaro puso rápidamente en práctica su retórica más general contraria a los derechos humanos mediante una serie de medidas administrativas y legislativas que amenazaban los derechos de todas las personas en el país. Mientras tanto, el emblemático homicidio, cometido en 2018, de la defensora de los derechos humanos Marielle Franco seguía sin resolverse.

A pesar de algunos progresos y del crecimiento de diversos movimientos en defensa de los derechos de las mujeres en las Américas, la violencia de género seguía estando muy extendida. En República Dominicana, la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura. Apenas se avanzó en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región. Debido a la draconiana prohibición total del aborto en el país, las autoridades de El Salvador siguieron criminalizando a mujeres y niñas —especialmente las procedentes de entornos desfavorecidos— que sufrían emergencias obstétricas, mientras que en Argentina una niña menor de 15 años daba a luz cada tres horas, la mayoría tras embarazos forzados resultantes de violencia sexual.

Victorias de derechos humanos y motivos para el optimismo en 2020

El año pasado también trajo consigo noticias positivas. Al terminar 2019, 22 países habían firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional pionero sobre los derechos medioambientales. En febrero de 2020, Ecuador se ha convertido en el octavo país en ratificar el Acuerdo, lo que significa que sólo hace falta que lo ratifiquen otros tres más para que entre en vigor. 

En Estados Unidos, un tribunal de Arizona absolvió al voluntario de ayuda humanitaria Scott Warren de “dar refugio” a dos migrantes en noviembre tras proporcionarles comida, agua y un lugar donde dormir, y un juez federal ha anulado en febrero de 2020 la declaración de culpabilidad de otros cuatro voluntarios de ayuda humanitaria por cargos similares.

La absolución de Evelyn Hernández, acusada de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica en El Salvador, constituyó otra victoria para los derechos humanos, aunque la fiscalía apeló la sentencia. Las mujeres jóvenes y las niñas también se pusieron en primera línea de los movimientos —encabezados principalmente por jóvenes— que defendían los derechos humanos, y generaron optimismo en 2020, como demostraron las poderosas manifestaciones feministas celebradas en lugares como Argentina, México y Chile.

“La ‘marea verde’ de mujeres y niñas que reclaman sus derechos sexuales y reproductivos y exigen el fin de la violencia de género mostraron el imparable impulso en las Américas. Desde Santiago de Chile hasta Washington, DC, sus impresionantes interpretaciones del himno feminista ‘Un violador en tu camino’ pusieron la banda sonora a la solidaridad en 2019 e hicieron renacer el optimismo por lo que podemos lograr este año”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Ahora que entramos en una nueva década, no podemos permitirnos que los gobiernos de las Américas sigan repitiendo los errores del pasado. En lugar de restringir los derechos por los que tanto se ha luchado, los gobiernos deben utilizarlos como base y trabajar para crear una región en la que todas las personas puedan vivir libres y seguras.”

Fuente Amnistía Internacional


jueves, 27 de febrero de 2020

El 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia

Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.



La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó este miércoles su informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales.

La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014.

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia. El informe menciona ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de  grupos criminales, algunos conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP, pero también de autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales.

La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado.

No hay suficiente protección del Estado

La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales.

“Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, la Oficina observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.

Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia.

Asesinatos a defensores de los derechos humanos

Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, asegura el informe.

En 2019, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. “Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, afirma el texto.

Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.

Además, en 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.

La Oficina saludó el reconocimiento del Presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, personas defensoras que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos.

En septiembre, se documentó “un caso en Bogotá en el que un defensor que participaba en procesos judiciales relacionados con presuntas privaciones arbitrarias de la vida fue amenazado y luego sufrió un robo de información sensible relacionada con esos procesos”, se lee en el informe.

La Oficina resaltó la necesidad de incrementar la implementación de las medidas de protección colectivas para atender los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones, a través de la coordinación de las distintas autoridades para avanzar en la garantía de los derechos humanos.

El acceso a la justicia

“La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos  valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar los casos que ha reportado. En este sentido, se observaron algunos avances en el 55% de los casos ocurridos entre 2016 y 2019. Sin embargo, subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos”.

Según el informe, la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.

“La Fiscalía General de la Nación tiene presencia en casi la mitad de los municipios del país. Sin embargo, continuó enfrentando serios retos para llegar a las zonas rurales, especialmente en Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés, afectando seriamente su capacidad de garantizar el acceso a la justicia para todos. Esta limitada presencia se atribuyó a insuficientes recursos materiales, técnicos y humanos, y especialmente a la falta de medidas de protección adecuadas que permitan a los fiscales e investigadores realizar, de manera segura, su trabajo en zonas rurales”.

 La Oficina también denunció que la excesiva carga laboral de los fiscales también afecta el avance de las investigaciones y el insuficiente número de policía judicial y la tardía respuesta del apoyo pericial exacerbó esta situación.

 Además, observó “la no aplicación, por parte de algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño, de los protocolos de la Fiscalía General de la Nación relacionados con presuntos casos de desaparición forzada, en particular respecto a la inmediata activación del mecanismo de búsqueda urgente”, afirma el reporte.

Uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales

El informe denuncia que, durante las protestas sociales en el 2019, algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, ya la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del Escuadrón.

 En el documento se menciona  una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12, cargado con munición del tipo beanbag. Algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales”.

Entre el 22 y el 26 de noviembre, al menos 36 manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas policiales sufrieron lesiones que requirieron de hospitalización. Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y  tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas.

Algunos manifestantes fueron presuntamente arrestados y golpeados por miembros de la policía, trasladados a las estaciones de policía y forzados a admitir comportamientos violentos, siendo multados por ello. En Bogotá,  se reportó el caso de una joven mujer que fue golpeada por cinco oficiales de policía mientras filmaba un documental sobre las protestas, resultando con lesiones graves en su cabeza.

Si bien se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, ésta calificó el trato sufrido por la víctima como abuso de autoridad.

 La Oficina de la ONU encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo manifiesta “su preocupación porque muchas de las detenciones ocurridas durante las protestas resultaron del uso frecuente de una medida administrativa denominada ‘traslado por protección’. Esta medida otorga facultades discrecionales a la policía para limitar el derecho a la libertad personal”.

Las protestas implicaron varios ataques contra periodistas y representantes de medios alternativos, asegura el informe, incluidas agresiones físicas y obstrucción a labor periodística. Se documentaron tres casos de presunto uso excesivo de la fuerza y cuatro casos de detenciones arbitrarias que afectaron a periodistas.

Además, cuarenta y ocho horas antes de la primera protesta, se reportó que la policía judicial efectuó al menos 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín.

Asesinatos a indígenas

La Oficina manifestó asimismo su profunda preocupación por el alto número de asesinatos de indígenas en el Cauca.

“En 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”.

El informe dice que es urgente que se adopten medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas.

Violencia sexual y de género, la tasa más alta en los últimos 10 años
Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017. Esta tasa fue la más alta en los últimos 10 años.

Del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edad de las víctimas fue de 12 años.  La Oficina documentó 13 casos con 15 mujeres víctimas incluyendo 13 niñas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. En 10 de estos casos, los presuntos perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otros grupos violentos, mientras que en tres casos miembros del ejército estuvieron presuntamente involucrados.

“El ACNUDH tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en relación con estos últimos tres casos. La respuesta de las autoridades a la violencia sexual y basada en el género continuó siendo insuficiente”.

La Oficina observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual. En Arauca, la Fiscalía General de la Nación denegó el acceso a la justicia a una mujer con discapacidad, víctima de violencia sexual, específicamente por no proporcionarle un intérprete que pudiera haberle permitido dar su testimonio. En Guaviare, la policía no activó el mecanismo de búsqueda urgente de una niña indígena desaparecida quien había sido víctima de violencia sexual.

Avances en la justicia en el marco del proceso de paz
La Oficina de la Alta Comisionada observó avances en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido en el Acuerdo de Paz. Durante 2019 se consolidó su alcance territorial con 66 presencias, lo cual facilitó la participación de las víctimas.

“Los mecanismos del Sistema Integral también realizaron valiosos esfuerzos para incluir un enfoque étnico en su trabajo para garantizar la consulta previa, libre e informada, de conformidad con las normas y estándares internacionales. También adoptaron protocolos de relacionamiento con los pueblos indígenas y de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los pueblos indígenas han tenido un papel fundamental en los procesos, tanto para el esclarecimiento de la verdad como en la búsqueda de personas desaparecidas.

martes, 25 de febrero de 2020

Tercer defensor de los derechos humanos muerto en Costa Rica

SAN SALVADOR (Sputnik) — El reciente asesinato del líder indígena Jerhy Rivera, de la etnia Brorán, se suma a otros dos crímenes de defensores de los derechos humanos en Costa Rica, afirmaron diversos voceros de la sociedad civil en esa nación centroamericana.



Asesinan a defensor de derechos humanos de pueblos indígenas, esto se suma a dos muertes más que dejan en la impunidad al Estado de Costa Rica como responsable directo de prevenir estos actos", denunció la abogada Larissa Arroyo, presidenta de la asociación ciudadana Acceder, en su perfil de la red social Facebook.

Arroyo lamentó que, a pesar del trabajo de Acceder para crear un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y un protocolo de investigación, es insuficiente la labor del Gobierno, en particular de la Defensoría de los Habitantes.

Rivera fue asesinado el 24 de febrero en un enfrentamiento entre indígenas y usurpadores de las tierras de una finca entre Térraba y Mano de Tigre (occidente), en el cual otra persona sufrió heridas de gravedad y permanece en un centro médico.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas se hizo eco de denuncias en el territorio de Cabagra sobre la invasión de colonos armados a las zonas de Térraba, Crun D'bonn y Cabagra en Palmira, donde levantaron tres campamentos ilegales en tierra de la etnia Bribri.

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, condenó a medianoche el asesinato de Rivera y confirmó la detención del sospechoso.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente afirmó que la muerte de Rivera "salpica de sangre la hipocresía del Estado costarricense, que por un lado dice ser abanderado de los derechos humanos, pero que su política pública deja en el abandono y el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro país".

Este crimen ocurre a pocos días del primer aniversario del asesinato de Sergio Rojas, líder indígena Bribri de Salitre, ultimado con 15 disparos pese a las medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.

Fuente: Sputnik

lunes, 24 de febrero de 2020

Los derechos humanos son atacados en todo el mundo, afirma Guterres

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el lunes un "llamado a la acción" contra los ataques a los derechos humanos en todo el mundo, destacando la persecución de las minorías y los "niveles alarmantes de feminicidio".


Antonio Guterres, durante la apertura de la sesión anual principal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 24 de febrero de 2020 en Ginebra (Suiza) AFP

"Los derechos humanos están siendo atacados", declaró Antonio Guterres al abrir la sesión anual principal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y agregó que "ningún país está a salvo" frente a esta deriva.

"Los miedos avanzan" y "los derechos humanos enfrentan desafíos crecientes" en todas partes, agregó, e instó a la comunidad internacional a actuar para invertir la tendencia.

El secretario general de la ONU no citó a ningún país en particular en su discurso, aunque hizo alusiones al conflicto en Siria o la situación de los migrantes que quieren instalarse en Europa.

Así, subrayó el caso "de los civiles atrapados en enclaves en regiones arrasadas por la guerra, con hambre y bombardeados pese al derecho internacional", y denunció los "tráficos de seres humanos, que afectan a todas las regiones del mundo".

Guterres también mostró su preocupación por el "retroceso en los derechos de las mujeres, los niveles alarmantes de feminicidios, los ataques contra los defensores de los derechos de las mujeres y la persistencia de las leyes y las políticas que perpetúan la sumisión y la exclusión".

"La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos humanos más extendida", destacó.

"Las leyes represivas se multiplica, con restricciones cada vez mayores a la libertad de expresión, de religión, de participación, de reunión y de asociación", agregó Guterres.

"Los periodistas, los activistas por los derechos humanos y los ecologistas --sobre todo las mujeres-- son objeto de amenazas crecientes, justo cuando su compromiso es indispensable para la ejercicio de la justicia", añadió.

Las nuevas tecnologías "han permitido que la sociedad civil se organice mejor, por supuesto, pero también han dado a las autoridades unos medios inéditos para controla las idas y venidas de todos y restringir las libertades", continuó el secretario general de la ONU.

"La crisis climática es la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie y pone en peligro los derechos humanos en los cuatro puntos del planeta", señaló.

Fuente :Rfi

viernes, 21 de febrero de 2020

Fronteras, devoluciones en caliente y derechos humanos

¿Son herramientas eficaces los derechos humanos para las personas migrantes? ¿Están pensados para protegerlas?


El 6 de febrero de 2014, la guardia civil española disparó contra el agua con pelotas de goma, salvas detonadoras y botes de humo a fin de impedir que un grupo de migrantes alcanzara las costas de Ceuta a nado. Diversos informes mencionan que se trataba de un paso con menores obstáculos y que existió una orden de no permitir ese acceso como puerta de entrada a España. En este episodio, conocido como el Tarajal, murieron quince personas.



Desde un primer momento el caso se ha visto atravesado por las mentiras y la falta de justicia. El Gobierno de aquel entonces, del Partido Popular, dio distintas versiones desde un inicio buscando evadir cualquier responsabilidad de la Guardia Civil y el Estado ante estos hechos. No obstante, y debido a las continuas pruebas y estudios que iban saliendo a la luz, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta terminó por abrir una investigación que lamentablemente sobreseería meses más tarde. Desde entonces la causa ha ido enlazando archivos, recursos y reaperturas, provocando que, seis años más tarde, los hechos del Tarajal continúen en la más absoluta impunidad.

Actualmente, y desde octubre del año 2019, el caso se encuentra archivado por tercera vez. La jueza defendió el archivo en base a una supuesta falta de acusación particular. Sin embargo, en todas las reiteradas ocasiones en que familiares de las víctimas han solicitado el permiso para desplazarse al Estado español con el fin de reconocer y realizar la identificación de los cuerpos, así como personarse en la causa como acusación particular, la respuesta ha sido negativa. En estos momentos la decisión del archivo se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial de Ceuta, que aún no se ha pronunciado sobre ello.

El impacto letal de las balas de goma en el agua “para delimitar expresamente la frontera”, argumento utilizado por las fuerzas de seguridad que participaron en el ataque, convirtieron en acción directa y descarnada el discurso de proteger la nación y sus valores de la amenaza extranjera que asalta a diario sus vallas. El Tarajal es un reflejo de cuál es la política de Estado respecto a la migración y la movilidad humana de las personas provenientes del Sur Global.

Aparte de estas muertes, por lo menos 23 personas fueron devueltas de manera sumaria, es decir, a través de un procedimiento inmediato, sin garantías y violatorio de derechos humanos básicos, lo que se conoce como devolución en caliente. Se trata de una práctica regular y generalizada en la frontera sur que consiste en la expulsión inmediata sin pasar por los procedimientos legales y que supone una violación de los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Esta práctica, tan habitual en las fronteras de Ceuta y Melilla, supone, entre otras, una violación al derecho de recurso efectivo ante la expulsión o de la prohibición de retorno colectivo, todos ellos contemplados en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra e incluso en la Ley de Extranjería española, hasta la reforma que a través de la Ley de Seguridad Ciudadana pretendió regular estas prácticas.

En las devoluciones en caliente la frontera vuelve a ser central a la hora de analizar las dinámicas con que operan las políticas de selectividad y control migratorio. No siempre entre España y Marruecos hubo vallas. Hace 40 años en la zona se demarcaba el paso de un país al otro a través de hitos. Podría decirse que las fronteras, tales como son conocidas actualmente, empezaron a levantarse con la 1º ley de extranjería de 1985 y se multiplicaron, diversificaron y externalizaron de manera directamente proporcional al crecimiento de los mecanismos de control migratorio.

Esta transformación del concepto posibilitó que, a nivel legal, en el año 2015 se pretendiera introducir la idea de “frontera operativa”, un concepto que pretende llevar los límites territoriales más allá de la delimitación cartográfica, y legalizar el uso de estas prácticas mediante su introducción en la Ley de Seguridad Ciudadana. “La frontera se localiza donde se sitúa la línea de guardias civiles” llegó a afirmar Jorge Fernández Diaz, quien era ministro del interior cuando ocurrieron los hechos del Tarajal. La intención no fue otra que dotar de legitimidad normativa a las devoluciones en caliente y normalizar un espacio y prácticas de excepcionalidad que vienen operando cada vez con más intensidad en la frontera sur de España.

El pasado jueves, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contradiciendo anteriores decisiones de este Tribunal, cambió de criterio al avalar las devoluciones en caliente, anulando la condena al Estado español de 2017 por estas prácticas. En el fallo, el Tribunal convalida la conducta del Estado y las tesis de la “frontera operativa o flexible”, responsabilizando de los hechos a los denunciantes, ya que, como recoge el escrito, “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad”. Es decir, de acuerdo con el fallo de este Tribunal, las devoluciones en caliente son legales y no vulneran los derechos humanos, culpabilizando a quienes huyen sin posibilidad de encontrar vías legales y seguras de acceso que ellos mismos cierran y forzando de manera flagrante argumentos jurídicos a fin de proteger la fortaleza europea.

Frente a este planteo subyace una pregunta central. ¿Son herramientas eficaces los derechos humanos para las personas migrantes? ¿Están pensados para protegerlas?

Dice el sociólogo portugués De Sousa Santos que el pensamiento moderno occidental, de base colonial, patriarcal y capitalista, avanza operando sobre líneas abismales que dividen lo humano de lo subhumano, de tal modo que los principios humanos no quedan comprometidos por prácticas inhumanas. Ello supone, en cada parte de la línea divisoria, la existencia dos universos separados y antagónicos: las sociedades metropolitanas y los territorios coloniales. En las primeras, el derecho como principio estructurador, planteó la resolución de los conflictos través del binomio regulación social y emancipación. Sin embargo, esta dicotomía no fue pensada para aplicarla en territorios coloniales, sino que aquí jugaron otras reglas: la apropiación y la violencia. Desde esta óptica,

El pensamiento abismal sigue vigente hoy en día, mucho tiempo después de la desaparición o fin del colonialismo político. La realidad demuestra que la relación entre migración y derechos humanos se torna cada vez más asimétrica e irreconciliable. La normativa de extranjería no solo es incapaz de dotar a la población migrante de herramientas de protección o emancipatorias, sino que pone al descubierto la contradicción entre el fundamento de los derechos humanos: el reconocimiento del ser humano en tanto sujeto de derechos, con las violaciones o las severas restricciones que tienen las personas migrantes para acceder y disfrutar de derechos fundamentales.

Asimismo, esta perspectiva interpela de manera directa a un estado de derecho que coexiste sin mayores contradicciones con este régimen de legalidad diferenciada el cual además de permitir la muerte y la violencia en las fronteras físicas, promueve fronteras invisibles al interior de sus metrópolis. Estos espacios fronterizos se materializan en la construcción del sujeto migrante en base al miedo y la sospecha, en los hostigamientos y criminalización a la venta ambulante, en las quitas de custodias a madres migrantes, en las condiciones de explotación física, psicológica y sexual de las trabajadoras internas, la irregularidad migratoria heredada en niños y niñas de padres sin papeles, en la expulsión como respuesta penal ante una infracción, independientemente de las situación administrativa, entre otras muchas cuestiones.

El reciente pronunciamiento del TEDH, nos confirma que asistimos a un contexto donde la frontera deja de ser una línea geográfica divisoria y se transforma en un espacio y ámbito de expresión de poder político, económico y legal que crea y multiplica sujetos excluidos de sus márgenes, deshumanizados y desprovisto de derechos. Por ello, se hace necesario cuestionar los marcos actuales de protección de derechos humanos y como estos se conciben y acuñan en el seno de un sistema depredador de la vida. Repensar nuevas categorías jurídicas de protección y emancipatorias que puedan dar voz y respuesta a las realidades de los no-sujetos, requiere prestar atención a las prácticas, luchas y resistencias que están desafiando hoy las fronteras y espacios fronterizos de las metrópolis europeas.

Artículo escrito por Ana Gómez-Salas, Jordi Campabadal





jueves, 20 de febrero de 2020

Municipio colombiano del Catatumbo pide a las guerrillas respetar los derechos humanos

La comunidad del municipio colombiano de Teorama, atrapada como otra decena de pueblos de la convulsa zona del Catatumbo en la disputa territorial de las guerrillas del ELN y el EPL, les pidió este miércoles que no los involucren en su conflicto y respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH).



En un comunicado suscrito por organizaciones sociales y autoridades civiles, los habitantes de Teorama exigieron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Ejército Popular de Liberación (EPL) que pongan fin a los choques y «paros armados» que desde hace más de una semana les impiden movilizarse por carreteras e incluso abrir los comercios.

Según los pobladores, estas situaciones les han causado «desabastecimiento de alimentos, pérdidas ostensibles de productos agrícolas» y «afectación de servicios públicos fundamentales».

«Hay una vulneración de derechos humanos producto del confinamiento que vive el municipio y la región por el conflicto entre las insurgencias del ELN y el EPL, el cual ha generado un ambiente de zozobra e incertidumbre», añadieron.

PARALIZADOS POR «PAROS ARMADOS»

El Catatumbo, una región selvática y montañosa que abarca la mitad septentrional del departamento de Norte de Santander, está conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica.

En su lucha por controlar cultivos de coca y rutas para del narcotráfico en la frontera con Venezuela, el ELN y el EPL han ordenado sendos «paros armados» para mostrar fuerza y tratar de que la población civil se ponga de su lado, algo rechazado por la gente y las autoridades.

En la última semana, al menos una decena de vehículos fueron incendiados por guerrilleros de ambos bandos en carreteras de pueblos como Teorama, Convención, La Playa y Sardinata, por el simple hecho de que sus propietarios no acataron la orden de «paro armado».

CARAVANA HUMANITARIA

Ante esta situación, habitantes de Teorama y otros municipios de la región se proponen hacer el viernes una caravana humanitaria hacia Ocaña, la principal ciudad de la región, para tratar de abastecerse de víveres que ya empezaron a escasear en los pueblos.

Igualmente pidieron al Gobierno Nacional «que de inmediato reconozca la profunda crisis socioeconómica y política» que vive la región del Catatumbo y se fije en el drama que viven sus habitantes, que temen hasta salir de sus casas.

«Hacemos un llamado público a la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo a jugar un papel determinante en la coordinación de las diferentes acciones que conlleven a buscar alternativas de solución a la crisis que afronta el territorio», agregaron.

El Catatumbo, a pesar de ser una zona rica en petróleo, es de las más olvidadas y atrasadas del país y desde los años 70 tiene una fuerte presencia del ELN, el EPL y las antiguas FARC, que en la década de los 90 libraron una guerra territorial contra los paramilitares.

Unos y otros han promovido los cultivos ilícitos en todos los pueblos del Catatumbo, lo que hace que esa región tenga de las mayores extensiones de tierra del país dedicadas a la siembra de la coca y un foco permanente de conflictos. EFE

Fuente: La republica

miércoles, 19 de febrero de 2020

A 4 meses de inicio del estallido, INDH actualiza cifras de víctimas de violencia y alerta que persisten los casos de lesiones oculares

“Como Instituto Nacional de Derechos Humanos nos preocupa que la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares, respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”, expresó Alexis Aguirre, coordinador nacional de litigación especializada del INDH, tras la entrega del reporte de cifras recopiladas en manifestaciones, comisarías y centros de salud por funcionarios del instituto. A grandes rasgos, el informe constata la presentación de 1.312 acciones judiciales.




A cuatro meses del inicio del estallido social en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un reporte de cifras recopiladas directamente por sus funcionarios en observaciones a manifestaciones, comisarías y centros de salud, desde el jueves 17 de octubre de 2019 hasta el martes 18 de febrero de 2020.

En relación con las personas heridas y visitadas en centros de salud, este número asciende a 3.765 personas. Además, el instituto visitó y registró a 10.365 personas que han sido privadas de libertad en relación con el conflicto social.

Asimismo, actualizaron la lista de acciones judiciales interpuestas, la que, hasta el día de hoy, da la suma de 1.312 acciones.

Respecto a las cifras entregadas, Alexis Aguirre, coordinador nacional de litigación especializada del INDH, puso el foco en que siguen persistiendo casos de violencia policial.

“Como Instituto Nacional de Derechos Humanos nos preocupa que la segunda quincena de enero continuamos recibiendo denuncias y constatando la existencia de lesiones oculares, respecto de personas que ejercían de manera pacífica su derecho a manifestarse”, advierte.

Lesionados
El reporte presentado por investigaciones en hospitales del país dice que 3.765 personas fueron heridas en el período, de las cuales en su mayoría fueron hombres, con un total de 3.044, en menor medida mujeres con una cifra de 439, y 282 niños, niñas y adolescentes.

Con respecto a las heridas oculares, se ha medido un total de 445 en todo el país. En forma más específica por lesión o trauma se contabilizaron 411 personas, y por estallido o pérdida, 34.

Las heridas por disparos fueron, según el INDH, en total 2.122. De ellas 51 fueron por bala, 190 por balín, 1.681 por perdigones y 200 no identificada. Los heridos por lacrimógenas fueron 271 personas.

Detenidos
En comisarías de todo el país el INDH registró un total de 10.365 personas visitadas, de las cuales 7.490 fueron hombres, 1.603 mujeres y 1.249 niños, niñas y adolescentes.

Además, el instituto informa que recibieron 1.835 vulneraciones denunciadas, de las cuales 197 son por violencia sexual, 520 por torturas y otros tratos crueles y 1,073 por uso excesivo de la fuerza.

Por regiones, 586 fueron en la Metropolitana y 832 en el resto del país.

Acciones Judiciales
Durante el estallido social se han presentado 1.312 acciones judiciales. De estas 5 fueron por homicidio, 19 por homicidio frustrado, 195 querellas por violencia sexual (desnudamiento, tocaciones, amenazas, insultos y cuatro violaciones), 951 por torturas y tratos crueles, 21 querellas por lesiones, 86 por violencia innecesaria, 3 otras querellas, 9 quejas y 23 amparos.

El total de víctimas en querellas es de 1.631 personas, de las cuales 321 son mujeres, 959 hombres y 271 niños, niñas y adolescentes. Asimismo, hay 16 casos de personas LGTBIQ+, 4 de personas migrantes, 8 de pueblos originarios y 20 con discapacidad.

martes, 18 de febrero de 2020

Murió José Zalaquet, recordado por su lucha en pro de los derechos humanos.

José Zalaquett fue un destacado abogado y académico que dedicó su vida a la lucha por los derechos humanos, la verdad y la justicia en todo el mundo.

Inició su trabajo de derechos humanos como estudiante de derecho haciendo campaña por Salvador Allende en Chile. Tras la elección de Allende como presidente en 1970, José Zalaquett se desempeñó como ministro de gabinete, puesto que dejó para desempeñarse como académico en la universidad. En 1973, el General Augusto Pinochet dirigió un violento golpe militar que derrocó por la fuerza al gobierno elegido de Allende e impuso una dictadura militar de 1973 a 1990. En ese período, miles de personas fueron detenidas, encarceladas, torturadas y asesinadas.



Después del golpe de Estado, José Zalaquett fundó el Comité Pro Paz para brindar apoyo a las víctimas del régimen militar. Bajo el liderazgo de Zalaquett, el Comité, más tarde conocido como la Vicaría de la Solidaridad, fue la principal organización de derechos humanos que operó en Chile durante la dictadura. La Vicaría defendió a cientos de detenidos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a exigir legalmente el paradero de sus seres queridos. En represalia por su trabajo, José Zalaquett fue encarcelado en 1975 y 1976, y enviado al exilio en 1976.

Salió de Chile con dos oficiales militares que lo acompañaron hasta su avión, donde lo sentaron y le abrocharon el cinturón de seguridad. Se trasladó primero a Francia y luego a los Estados Unidos, donde se unió a Amnistía Internacional para exigir, junto con muchos otros exiliados chilenos, el fin de la dictadura de Pinochet y generar conciencia en la comunidad internacional sobre la situación en su país de origen. Pepé, como se le conocía cariñosamente, se convirtió en presidente del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, y más tarde en su Secretario General Adjunto.

Diez años después, regresó a Chile. En 1990 José Zalaquett fue nombrado miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y junto con sus nueve colegas escribió un informe sobre el destino de las víctimas del régimen de Pinochet. Como tal, se convirtió en una autoridad respetada internacionalmente en materia de verdad y reconciliación, asesorando a comisiones de derechos humanos similares en tres continentes. Entre 2001 y 2005 José se desempeñó como Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo un período como su presidente.

También fue miembro de la Comisión Internacional de Juristas y de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, y miembro de la junta directiva del capítulo chileno de Transparencia Internacional. José Zalaquett llevó a cabo misiones de derechos humanos en numerosos países de África, las Américas, Oriente Medio y el sudeste asiático, trabajando en cuestiones de justicia transicional. Escribió extensamente sobre derechos humanos en libros, revistas y periódicos especializados.

Fue un destacado profesor en diferentes universidades. José Zalaquett recibió doctorados honorarios de la Universidad de Notre Dame y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entre sus galardones se encuentran el premio de la Fundación MacArthur (1990 a 1995), el Premio UNESCO de Enseñanza de los Derechos Humanos (1994), el Premio B'nai B'rith de Derechos Humanos y el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (Chile, 2003).

"José Zalaquett fue un destacado abogado de derechos humanos que deja un enorme legado. Su tiempo con Amnistía Internacional, como presidente de la Junta Internacional y más tarde como Secretario General Adjunto, fue un regalo para todas y todos nosotros. Su pasión y sabiduría por luchar por los derechos de las personas han sido una inspiración para el movimiento de Amnistía", dijo Sarah Beamish, presidenta de la Junta Internacional de Amnistía Internacional.

Fuente Amnistía Internacional

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, desde la organización el más sentido pésame a la familia amigos y colegas: "ha sido una gran pérdida para todos. La defensa que realizó de los derechos humanos en distintas partes del mundo serán recodadas durante largo tiempo; descanse en paz".

lunes, 17 de febrero de 2020

Presentan el primer recurso contra el gobierno de Sebastián Piñera en la Corte Penal Internacional de La Haya

El abogado y Doctor en Derecho Ricardo Bachmann encabeza la vanguardia multidisciplinaria que involucra a abogados, informáticos y periodistas, la cual busca hacer justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chile tras la rebelión del 18 de octubre. Además, enfatiza la necesidad de hacer el cambio requerido para un proceso constituyente legítimo: la renuncia de Sebastián Piñera y de todo el Poder Legislativo. Votar debe ser la obligación para todos los que queremos un nuevo pacto social para Chile.

Por Daniel Romo Vega (@dromovega1)




En lo que viene a ser la primera oportunidad que el gobierno chileno sea requerido por la justicia internacional, ha sido presentado ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) un recurso basado en las actuales violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en Chile producto de la represión ejercida por Carabineros en contra de las legítimas manifestaciones populares en todo el país.

Ricardo Bachmann, abogado chileno, licenciado en Derecho UNED, España, Máster en Derecho, Máster en Filosofía y Doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco. Actualmente, se desempeña como docente e investigador en Filosofía del Derecho en universidades públicas españolas, se ha sensibilizado de lo que está ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre. El proceso es lento, pero en el instante en que ocurren hechos donde la justicia chilena queda en entredicho, la brecha se va acortando para que el recurso sea acogido. La impunidad que quieren darnos ya no es tanto.

Desde España, su mirada crítica hacia el proceso social a consecuencia de la rebelión resulta ser lapidaria: en Chile hay una tiranía y quien la ampara es la clase política. La vulneración es evidente al ver las adquisiciones de material empleado en la represión de manifestaciones y nula inversión en insumos hospitalarios para atender a los heridos.

No obstante, este tipo de actuaciones requieren de ayuda y Bachmann la solicita en forma de antecedentes y medios de prueba que certifiquen los delitos de lesa humanidad de ambas policías. Porque no sólo se trata de este libelo, también hay otras diligencias que el abogado está llevando a cabo.

Chile Libre ha tenido la oportunidad exclusiva de hablar con Ricardo Bachmann y presentamos inextenso esta entrevista.

Ricardo, ¿cuál es la percepción en Europa de lo que sucede en Chile y cómo ha sido evaluada -en general- la gestión del gobierno chileno una vez que se inició la rebelión popular?

En los principales medios de comunicación españoles se habla muy poco de lo que sucede actualmente en Chile. Sin embargo, hay mucha expectación aquí y en toda Europa, tanto de los sectores conservadores como de los progresistas. Se sabe bien que lo que está en juego es la salud del modelo neoliberal y por eso algunos temen una debacle, mientras que otros desean un cambio de modelo económico en Chile, ya que eso tendría un gran impacto a nivel global. La experiencia chilena se ha utilizado como ejemplo de éxito de las políticas neoliberales. Es decir, ha sido el principal argumento utilizado por los promotores de ese modelo.

Por otra parte, las imágenes de personas mutiladas generan mucha tristeza, los videos de abuso policial y las cifras de muertos y heridos. En cuanto a Piñera, los principales medios de comunicación no hablan de él, pero en las redes sociales y en medios alternativos pueden apreciarse muchas críticas e incluso burlas.

¿Y de la gente común?

El resurgimiento de los Chalecos Amarillos en Francia se debió en parte a las protestas en Chile. De hecho, suelen verse banderas chilenas y mapuches ondeando en las calles de París y otras ciudades, así como pueden escucharse canciones emblemáticas de Quilapayún y Víctor Jara. Por decirlo así, han importado el modelo de manifestaciones y de resistencia a la represión policial. Las performances artísticas han sido objeto de análisis, al igual que las marchas pacíficas masivas. Hay que entender que, en este orden de cosas, existen más similitudes con Chile que con Taiwán o El Líbano.

Desde hace mucho tiempo, se viene esbozando la idea que el destino de Chile es, en gran parte, el destino de América Latina. Salvador Allende sigue siendo un referente para la izquierda europea y me atrevería a decir que también a nivel mundial. Es curioso que haya ciudadanos españoles que sepan más de lo que sucedió durante la Unidad Popular que muchos chilenos. Claramente, es un indicador que la educación en Chile está fallando.

Acerca del recurso.
¿Cuál es el objeto de interponer un recurso contra el gobierno chileno en Europa?

Lo que hice fue presentar una denuncia y acompañé antecedentes ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya. El objetivo es que la fiscalía abra investigación para que finalmente sean condenados los principales responsables políticos y generales de las fuerzas de orden y seguridad por todos los delitos de lesa humanidad cometidos. Tengo entendido que la fiscalía de la CPI ya maneja bastante información. En todo caso, sigo acompañando antecedentes; voy presentando dosieres temáticos.

¿Cuándo piensas que podría haber novedades?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la CPI evalúa la actividad de la justicia chilena. Si estima que las querellas que se presentaron se están tramitando adecuadamente, se abstendrá de realizar cualquier gestión. Si, por el contrario, aprecia que no hay una respuesta apropiada y oportuna, iniciará una investigación. Cada vez que la justicia chilena archiva causas sobre torturas o apremios ilegítimos por parte de Carabineros o criminaliza las protestas, la puerta a la CPI se va abriendo un poco más. Ya han pasado tres meses y nada se sabe de las querellas interpuestas en contra de Piñera y sus Ministros. El Poder Judicial debe entender que su demora significa pérdida de vidas, cientos de mutilados y miles de detenidos. La conculcación de garantías constitucional e internacionalmente obligatorias, son señal de que existe un Poder Judicial materialmente fallido.

Por eso no me atrevo a señalar un plazo.  De todas maneras, estamos trabajando muy duro para ordenar todos los antecedentes que hay y de esa manera, facilitar la labor de la fiscalía.

Y la actuación del Gobierno, ¿Sería considerada por la CPI para actuar?

Por supuesto. Lejos de buscar soluciones, este gobierno ha invocado el Decreto Ley Nº 1086 de Pinochet, el cual exige aviso previo y autorización para manifestarse, lo que vulnera abiertamente el derecho constitucional de manifestarse de los ciudadanos. Asimismo, faculta a la policía a disolver las manifestaciones no autorizadas. Además, Piñera ha impulsado leyes represivas y ha gastado cantidades ingentes de dinero para adquirir material antidisturbios. Lo absurdo es que no se destina presupuesto para comprar insumos médicos ni para contratar personal sanitario, situación que también vulnera los derechos de la ciudadanía.

La mirada crítica.
¿Es una dictadura?

Formalmente no se puede hablar de dictadura, sobre todo porque el gobierno criminal cuenta con la aquiescencia del Poder Legislativo y el silencio cómplice del Poder Judicial. Es, a todas luces, una tiranía de la lumpemburguesía con la complicidad de una clase política desvirtuada a más no poder. La derecha ha traspasado todas las líneas rojas, ya no se puede hablar de democracia y existen serias dudas sobre la existencia de un estado funcional de derecho. Piñera ha ignorado todas las recomendaciones de los Organismos Internacionales; está convencido que con el apoyo de Trump le basta para seguir adelante y no se da cuenta que pronto habrá otro presidente estadounidense, probablemente demócrata y muy distinto al actual.

¿Estás realizando otras actividades?

Sí, estoy enviando requerimientos y reclamos a distintos organismos internacionales, como la OPCW (siglas en inglés para la Organización para la Prohibición de Armas Químicas), para que realicen fiscalizaciones en Chile u otro tipo de intervenciones. También, estamos preparando acciones tendientes a invocar la justicia universal ante tribunales europeos. Los chilenos deben ser conscientes de que el Estado está infringiendo una serie de Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos del Niño, sobre torturas o sobre armas químicas, entre otras, y por tanto es lógico que ese incumplimiento acarree consecuencias a los responsables políticos.

El desprolijo jurídico del gobierno es aberrante. Solo basta con observar cómo improvisaron un estado de excepción constitucional. Chapuza tras chapuza. Por eso que hace mucho rato que ya no se puede hablar con propiedad de un estado de derecho en Chile.

¿Cuál fue el hecho puntual que te hizo decidirte a actuar?

Siempre he estado vinculado a la realidad chilena y latinoamericana. Hasta la fecha, me había dedicado a la difusión, por ejemplo, acudiendo a foros televisivos de debate y también en los foros académicos. Por eso que el estallido del 18 de octubre no me tomó por sorpresa. Al fin y al cabo, la violencia policial que estamos viendo hoy en las calles de las principales ciudades, es la misma que vienen soportando los mapuches desde hace años. La brutalidad policial siempre estuvo allí y las fragilidades del estado de derecho chileno, también. La diferencia es que ahora han quedado más patentes.

Si me preguntas por un hecho puntual, tal vez fue el caso de la niña que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza (hecho ocurrido el 10 de diciembre e informado oportunamente por el INDH). Hay que ser un desalmado para querer hacerle daño a una criatura. Los carabineros han demostrado que no tienen escrúpulos, parecen estar completamente fuera de control. ¿Cómo no son capaces de ver que esta vez no habrá impunidad para nadie?

Y en lo jurídico, ¿cuál puede ser el precedente -por así decirlo- de esta denuncia en la justicia chilena?

Hay gente, especialmente la que adscribe a ideas o partidos de derecha, que le da mucha importancia a la imagen del país. Esa gente –pese a todas las atrocidades que se están cometiendo- sigue convencida de que Chile pertenece al primer mundo, que es un país modelo, que ellos son ciudadanos de primera categoría, etc. Muchos tópicos de gente insegura, ignorante y acomplejada. Pues bien, en estos momentos, la imagen que proyecta Chile es similar a la de otros países del tercer mundo. El inicio de una investigación ante la CPI tendría enormes repercusiones en el plano jurídico, puesto que significaría que Chile requiere de tutela judicial externa, al igual que países africanos.

¿Y qué pasaría con los tribunales chilenos?

El Poder Judicial tiene una configuración y una estructura que le impiden reaccionar adecuadamente ante situaciones tan graves como la actual. No solo por la fuerte influencia que tienen los otros poderes públicos y los partidos políticos sobre su quehacer cotidiano, sino también por el autoritarismo con el que los superiores se relacionan con los subalternos. La inflexibilidad provoca tensiones, quiebres y por supuesto, imposibilita una buena comunicación.

Por otra parte, sucede a diario que jueces de garantía imponen prisión preventiva a manifestantes detenidos, sin importarles la gravedad del delito imputado. Asimismo, puede verse que, con los policías imputados por delitos graves, la postura es inversamente proporcional. Eso no ayuda en nada a terminar con la crisis y ciertamente, nos lleva a replantearnos la idoneidad de algunos jueces y si son verdaderamente independientes.

La ayuda.
¿Quién o quiénes son de más ayuda en este recurso?

He contactado con gente de Chile y de otras partes del mundo con las que compartimos información.  En esta labor, toda persona puede ayudar, ya que no solo se trata de recopilar material audiovisual, sino también documentación y testimonios. En este momento, es importante la colaboración de médicos, ex policías, funcionarios del Poder Judicial y de la Administración Pública.

Insisto, hay mucha gente trabajando en esto. En lo que a mí me toca, formo parte de un equipo donde también participan abogados, informáticos y periodistas ubicados en distintos países, que recopilan la información recibida y la van clasificando. Lo ideal sería establecer redes de conexión y colaboración, para que la información fluya mejor y de forma ordenada. Sin duda que se obtendrían mejores resultados.

¿Algún grupo o colectivo de personas que revista especial interés en estos momentos?

Sí, necesitamos contactar urgentemente con nacionales de países europeos y cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados por agentes del Estado chileno. También necesitamos contactar con médicos que manejen información sobre los efectos de las armas químicas utilizadas por Carabineros, lesiones por balines, agresiones sexuales, etc.

¿Cómo ha sido la recopilación de antecedentes desde Chile? ¿Con qué problemas te has tropezado? ¿Cómo podemos colaborar?

Me consta que en Chile hay profesionales que manejan información importante, pero por miedo a meterse en problemas o a ser delatados, deciden no dar a conocerla.  De hecho, hay personas que temen por su seguridad. También hemos sabido de teléfonos y otros dispositivos electrónicos intervenidos, incluso de jueces. Por eso, contamos con una cuenta de correo que se encuentra a buen resguardo y es: chileanwhistleblower@mailfence.com . Si alguien quiere hacernos llegar información relevante de forma anónima, también puede hacerlo.

Sin duda, arrastramos un trauma a partir del Golpe de Estado de 1973 y sus consecuencias jurídicas a partir de ese momento en lo que a materias jurídicas se refiere. ¿Cuál crees que son las diferencias entre los procesos judiciales de entonces con los actuales?

Hoy en día, los jueces y fiscales cuentan con más medios de pruebas que en aquellos años. Prácticamente, la revolución ciudadana se está transmitiendo en vivo y en directo a todo el planeta. Hay miles de videos y fotografías de abusos y montajes policiales que podrían perfectamente servir de base para abrir investigaciones.

Para ello, los jueces y fiscales deben ser independientes, autónomos y trabajar libres de todo tipo de presión. También se necesita una policía judicial independiente de las otras policías. En estos momentos, la PDI también sale a reprimir a los ciudadanos y eso les impide investigar con objetividad. No se puede ser juez y parte.

¿Cómo te gustaría que terminara todo esto?

Lo primero que debería suceder, es que Piñera renuncie a la Presidencia y se convoque a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Segundo, que el plebiscito de abril se desarrolle con normalidad y se instale una asamblea constituyente en los términos que el pueblo lo exigió.

Para todo esto, es importante que la gente entienda que tiene que involucrarse, participar en los cabildos y, si no le gustan los candidatos, presentarse. Pero, sobre todo, hay que ir a votar. Para nada servirán las vidas y los ojos perdidos si los ciudadanos deciden no ejercer su derecho a sufragio. Sería volver a lo mismo de siempre, porque la derecha sí concurre a las urnas y representan algo más del 30% del universo electoral.

Finalmente, espero ver a Piñera y sus Ministros sentados en el banquillo. Lo mismo para los altos mandos de Carabineros y el Ejército. Esa es la única manera de evitar que esto vuelva a ocurrir. Después de eso, todo irá a mejor.

Fuente: Chile Libre

jueves, 13 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos responde por cuestionamientos sobre Colonia Dignidad

La cartera se comprometió a esclarecer los hechos ocurridos en el lugar mediante una declaración pública. Esta se produjo tras un reportaje publicado por el medio alemán DW, que sindicó al ministro Hernan Larraín como uno de los principales obstructores de la investigación.


Un reportaje de la Radio Deutsche Welle consideró al actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, como “un obstáculo” para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos al interior de Colonia Dignidad, ocurridas durante la dictadura militar. Ante esto, el ministerio respondió en un comunicado que “existe compromiso irrestricto de las autoridades (Lorena Recabarren y Hernán Larraín) de resolver este tema a la brevedad posible, haciendo todos los esfuerzos posibles, desde el primer día, para dar justicia a las víctimas”.

El ministerio expuso en esta declaración pública que, el 3 de julio del año 2019 se instauró una mesa de trabajo “con el fin de esclarecer a la brevedad posible los hechos allí ocurridos, para entregar verdad y justicia a las víctimas”. Además, desde el ministerio hicieron incapié que se “ha gastado $328 millones de pesos en el financiamiento de pericias para esclarecer los eventos ocurridos. “

Por otro lado. El presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, informó que se citará a declarar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel y a la subsecretaria de los DDHH, Lorena Recabarren. Todo esto con el objetivo de esclarecer los esfuerzos del gobierno en encontrar la verdad de lo ocurrido en Colonia Dignidad.

El cuestionamiento a Larraín

El reportaje de la emisora alemán recordó que el ministro de justicia “fue partidario de la secta. En los años 90 firmó una carta sobre la Colonia, en la que, junto con personalidades del mundo civil y empresarial, expresaba su aprecio por el trabajo de la organización”.

Además, en el reportaje, el politólogo Jahn Stehle lo sindicó como un obstáculo para la investigación. “En mi opinión, es muy importante para Larraín mantener este asunto con la mayor discreción posible y no hablar de él en público. Me gustaría ver un mayor compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores y del gobierno alemán para dejárselo claro a Chile. Es una cuestión en la que se necesita una política proactiva de derechos humanos que no veo en este momento”, declaró.




martes, 11 de febrero de 2020

El lento genocidio wichí: catástrofe humanitaria

Son siete los niños wichí que no llegaron a vivir dos años y que se murieron de hambre y de sed en este enero. El agronegocio desmontó, en los últimos diez años, 1.200.000 hectáreas. Y desalojó a cien mil mujeres, hombres y niños que vivían, comían y se curaban bajo su techo frondoso. La frontera agropecuaria se empuja y se corre e irrumpen la soja y la transgénesis donde estaba el monte. Un pueblo entero entre los árboles queda desnudo e inerme. Y se va muriendo, poco a poco. Con decenas de niños en la frontera de la vida y de la muerte. Ante la dimensión de la catástrofe, los médicos Medardo Avila (lo adelantó en esta Agencia), Carlos Trotta y Emilio Iosa elevaron el pedido a Médicos Sin Fronteras para instalar una misión humanitaria en un territorio donde la presencia del estado elige a quiénes abandona.

Dice el cacique Modesto Rojas que los muertos son nueve. Seguro que tiene razón. Nadie habla con ellos. Dicen las autoridades que hay otros siete muy graves. Dice el cacique Modesto Rojas que son más de veinte los niños que tienen la vida colgando de un hilito, como una llama que se sopla y se va. Y seguro que tiene razón. Nadie habla con los caciques. “Vino Arroyo y no quiso hablar con nosotros”, dice. Apenas habían muerto tres cuando el Ministro de Desarrollo Social pasó por Salta y, de la mano del Gobernador, paseó por donde lo llevaron. Lejos de lo terrible. Con las tarjetas alimentarias como panacea. Para un pueblo en extinción, puesto a morirse lo antes posible para usarles la escasa tierra en la que todavía dejan caer sus huesos por las noches.




Dice el médico Rodolfo Franco, desde las comunidades Misión Chaqueña y Carboncito, a APe: “en mi comunidad no ha muerto ninguno, las dos pertenecen a Embarcación, departamento San Martín. Son Hollywood mis comunidades porque todavía tienen monte para poder enfrentar el hambre. Las del norte son castastróficas”.
En 2009 el diario Crítica publicaba una investigación sobre los vínculos de la familia y de los funcionarios del entonces gobernador de Salta , Juan Manuel Urtubey, con las empresas del desmonte en esa provincia. Urtubey gobernó 12 años. Y la semana pasada se fue a vivir a España.
“Vengo advirtiéndolo desde hace años. He avisado al hospital que hay mucha desnutrición. Pero es un plan premeditado: se trata de sacarles la tierra y para eso primero los tienen que matar; es feo matarlos a balazos. Entonces lo hacen con hambre, con mala educación, con mala salud”. La Organización Mundial de la Salud, dice Franco a esta Agencia, “sostiene que es necesario un médico cada 600 personas. Yo atiendo dos pueblos con 4000 y 2000. A veces mandan algún refuerzo esporádicamente, pero vienen apurados y se van apurados. Yo estoy atendiendo sin parar y los dos ganamos lo mismo obviamente. Los sueldos están muy relegados”.
Dice Octorina Zamora, líder wichi. “¿Tengo la culpa de morirme de hambre cuando me sacaron mi hábitat, me sacaron el monte? En Salta que no haya casi algarrobos, que es alimento principal. Cuando yo era chica no había chicos desnutridos. Entonces ¿qué culpa? Donde había algarrobos no hay nada”. Le habían dicho que el problema era cultural. Que los wichí se llevaban los enfermos y los escondían en el monte. ¿Qué monte?.
 Mientras los ex gobernadores se marchan a Europa y los ex presidentes presiden fundaciones del fútbol mundial, desde hace diez años los niños muertos se pueden contar de a racimos, como decía Alberto Morlachetti. Y anotarlos en las listas de los crímenes sociales más crueles, con culpables concretos, con nombres, rostros e historias.


De enero a junio de 2011 murieron trece niños en Embarcación, Pichanal y Tartagal. De desnutrición y de enfermedades parientes del hambre en la Salta que Urtubey había heredado de Juan Carlos Romero. En 2016 se fue un niño por mes en el norte terrible, en la Salta y el Chaco que comparten el desmonte y el desprecio. El último en Rivadavia, una de las parcelas más castigadas de la provincia de los urtubeyes que partieron buscando nuevos horizontes. El verano de 2017 se devoró a 21 niños wichis en Santa Victoria Este, ahí donde la Salta se acaba, como cayéndose en Paraguay. Doce bebés en ese verano brutal de Santa Victoria Este nacieron muertos porque sus madres languidecían de hambre y de sed. Cercadas por el abandono y la desidia.
2020 amanece con otro racimo de niños que se mueren. Mientras el ex gobernador se va y el ex presidente asume en la Fundación FIFA. Ambos responsables de abrir las puertas al exterminio. Ambos responsables, al menos, de no evitarlo.
Mientras se apunta el pánico hacia el coronavirus de la China los niños se mueren de hambre y de sed en el verano feroz sin árboles ni agua del chaco salteño desmontado, desguazado y expoliado.
“Salieron a prohibir la palabra desnutrición al principio, pero no se pudo –sostiene Rodolfo Franco a APe-. Siempre la restringen en los certificados de defunción, no hay que poner síndrome febril, hay que poner otra causa” pero “yo tengo 69 años y 43 de médico y hablo de desnutrición, deshidratación, porque al no poder tener agua para sembrar, cosechar y regar plantas, no pueden hacer nada. La tierra es muy fértil, pero sin agua no hay nada”. Para el médico “forma parte del plan de genocidio. Las balas son caras. Hay que matarlos con cuchillos, como decía un general de la campaña del desierto”.
Modesto Rojas, cacique, habla de “una mujer que murió en Santa María por dar a luz. Fallecieron ella y el bebé”. Para el conteo oficial ya serían siete los niños muertos. Para el de Modesto, casi una decena.
Santa Victoria Este tiene un secretario de relaciones Institucionales de origen diaguita calchaquí, Antonio César Villa. El intendente es wichí. “Lo que más se dificulta es el acceso al agua. En este momento tenemos una sequía que está devastando la región, se nos están muriendo todos los animales que ni siquiera se pueden comer porque muchos de ellos están enfermos”, dice Villa. Mientras tanto el Pilcomayo acecha. “Llega cada vez más caudaloso y en cualquier momento comienza a desbordar en medio de esta sequía”. Es que el río, que baja por los cerros de Bolivia y serpentea por la frontera con Argentina y el sur de Paraguay está tapado en algunos sectores “por el lodo acumulado por inundaciones anteriores; año tras año bajan aludes y se producen inundaciones cada vez más frecuentes, debido al desmonte”, relata Villa con ojos de quien lo vio de cerca.

Las muertes, una por una

Uno. Fue el 7 de enero. No le reconocieron la desnutrición. Tenía un año y dos meses. Era de la comunidad wichí de La Mora, departamento de San Martín. Pegadito a Tartagal.

Dos. Tenía dos años. Murió el 11 de enero en su casita. Era de Misión El Quebrachal. Tenía, dicen, bajo peso.

Tres. El mismo día en Santa Victoria Este. Tenía dos años y era de la comunidad de Rancho El Ñato. Deshidratación por vómitos y diarrea, decía el informe. Insuficiencia orgánica.

Cuatro. El 17 de enero. La nenita tenía dos años y 8 meses. Murió tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al hospital de Orán. Tenía diarrea. Culparon a los padres.

Cinco. Fue el 21 de enero en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Era de la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este. Lo trasladaron en un vuelo sanitario. Culparon a los padres.

Seis. Tenía desnutrición crónica. Lo llevaron a Morillo, desde la comunidad El Tráfico. Lo derivaron al Hospital de Orán y murió en la ambulancia, que se detuvo por fallas mecánicas.

Siete. Murió la mamá en el parto. Y, dice Modesto Rojas, cacique wichí, el bebé también. Ella era de la Misión Santa María y tuvo su parto número doce en su casita sin asistencia. Intentaron trasladarla al hospital pero murió en el camino.

Mientras tanto los doctores Carlos Trotta, (ex presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina), Medardo Avila Vazquez, (Red de Médicos de Pueblos Fumigados), y Emilio Iosa (ex Presidente de Fundación Deuda Interna) elevaron formalmente el pedido de una misión humanitaria que se instale en el NEA ante el horror sanitario que están viviendo los pueblos originarios sobrevivientes en el norte más profundo. “La situación sanitaria es gravísima, el hambre y el estrés del despojo para un pueblo tan manso es terriblemente traumatizante, la desnutrición es generalizada, y niños con marasmo y kwashiorkor (enfermedades derivadas de la desnutrición) al estilo africano se detecta en casi todas las comunidades, la tuberculosis y el chagas tiene índices de incidencia altísimos, la mortalidad materna se sospecha que es muy elevada también”, dice el documento.

“La respuesta del estado nacional y provincial ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques. Incluso el gobierno de Urtubey siguió autorizando desmontes a favor de grandes grupos sojeros en el lugar y sus equipos de salud en el terreno son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria”. Los médicos Medardo Avila, Carlos Trotta y Emilio Iosa están convencidos de que “la única posibilidad es que una organización humanitaria honesta, eficiente e imparcial como MSF se instale en la zona y desarrolle acciones de contencLa muertión sanitaria y de infraestructura básica, hasta que los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas”.

Un sistema permanente que transcurre a través de los gobiernos, vena por la que circula el poder real. El que determina quiénes serán parte del mundo que viene y quiénes tendrán que quedar inexorablemente en el camino. La condena ancestral es para aquellos que se hermanaron con la naturaleza para comérsela y bebérsela, para volver a ella como abono y espirituarse como mariposas en el cielo de los algarrobos. Un genocidio que hace cinco siglos y medio que no se detiene.

Juez Urrutia acusó a la justicia chilena ante la Corte Interamericana de DD.HH. por no respetar independencia judicial

El magistrado denunció que sufre “persecución” desde 2004 y pidió que se le ordene al Estado reformar el Poder Judicial y su estructura "militarizada".




El juez Daniel Urrutia acusó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en los tribunales chilenos no se respeta la independencia judicial y aseguró que el Estado violó sus garantías constitucionales.

El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunció, además, hostigamiento de parte del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, tras sus polémicas resoluciones y declaraciones públicas.

Por otro lado, solicitó que al Estado se le ordene reformar la estructura “militarizada” del Poder Judicial.
Urrutia aseguró que sufre “persecución” desde 2004, cuando dijo que la Corte Suprema debía pedir perdón por su papel durante la dictadura militar. En dicha instancia fue sancionado por primera vez.

Actualmente suma 12 procesos disciplinarios -tres de ellos pendientes-, con lo que podría ser expulsado del Poder Judicial.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó efectiva la vulneración de derechos del juez , por lo que será la Corte Interamericana la que deberá dar una resolución sobre este caso.

Fuente: Cnnchile

lunes, 10 de febrero de 2020

La Oficina de Derechos Humanos denuncia ataques contra los pueblos indígenas en Nicaragua

El incidente más reciente ocurrió el 29 de enero, cuando decenas de hombres armados embistieron la comunidad de Mayangna y mataron a cuatro personas, además de incendiar 16 casas y forzar a cientos de indígenas a huir. La policía llegó al lugar hasta el día siguiente.



La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó gran preocupación este viernes por los ataques recurrentes a los pueblos indígenas en Nicaragua, así como por la falta de protección de sus derechos y la impunidad de la que gozan quienes cometen crímenes contra ellos.

En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la Oficina explicó que la mayor parte de los ataques son perpetrados por colonos que buscan obligar a las comunidades indígenas a abandonar sus hogares ancestrales para usar sus tierras y realizar actividades como la tala ilegal y el pastoreo de ganado.

“Según los datos del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, de 2015 a la fecha han sido asesinados unos 40 indígenas, 47 más han sido heridos, 44 secuestrados y cuatro desaparecidos en casos relacionados con invasiones de tierras”, dijo Marta Hurtado.

La Oficina de la Alta Comisionada urgió a las autoridades nicaragüenses a investigar a fondo y de manera independiente e imparcial todos los atropellos reportados contra las comunidades indígenas y a procesar judicialmente a los responsables.

“También llamamos a las autoridades a otorgar justicia, verdad y reparación a las víctimas y a sus familias, y a asistir a quienes han sido desplazados forzadamente, incluyendo a quienes han regresado a sus comunidades”, agregó la portavoz.

Subrayó además la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar que haya más violencia y para que proteja las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas.

Amenazas previas
El incidente más reciente sucedió el 29 de enero pasado, cuando decenas de hombres armados embistieron la comunidad de Mayangna, localizada en la reserva de la biosfera de Bosawás, una zona remota protegida en la región autónoma del norte del Caribe, a unos 300 kilómetros de Managua. En esa ocasión, cuatro integrantes de la comunidad Alal en el territorio Sauni As fueron abatidos y dos más resultaron heridos, además de que fueron incendiadas 16 casas y cientos de personas tuvieron que huir. La policía llegó al lugar hasta el día siguiente.

Los Mayangna reportaron en noviembre pasado que habían recibido amenazas de muerte de los colonos, pero no recibieron la protección adecuada.

Por otra parte, el 4 de enero, el líder indígenas de los Miskitu, Mark Rivas, fue encontrado muerto a tiros en Bilwi, en la misma región. Rivas había denunciado amenazas de muerte contra él después de que había acusado al partido en el poder de crear divisiones entre los pueblos indígenas.

Derechos de los pueblos indígenas
La Oficina de la Alta Comisionada recordó que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que esas comunidades tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos y que no deben ser desalojados por la fuerza.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas y de sus tierras, aun cuando se trate de terceros actores”, recalcó la Hurtado.

Actualmente el 31% del territorio de Nicaragua es hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes, y aunque el Estado les ha dado los derechos legales sobre sus tierras, siguen sufriendo invasión recurrente por parte de colonos.
Un cálculo conjunto del Gobierno Territorial Mayangna y una ONG danesa indica que de 1999 a 2015 se desforestaron 600 hectáreas anuales de la reserva de la biosfera Bosawás a un ritmo que se duplicó de 2010 a 2015. En la misma zona se elevó al doble también el número de hogares de no indígenas entre 2009 y 2015.

Fuente: Noticias ONU

viernes, 7 de febrero de 2020

CIDH pide a Maduro una "respuesta digna" a las violaciones de DDHH en Venezuela

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió este jueves al gobernante Nicolás Maduro que evalúe una "respuesta de dignidad" para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela.



En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y es el principal paso fronterizo entre ambos países, la jefa de la CIDH constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.

"El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos", manifestó Arosemena de Troitiño a periodistas en el puente.

Hasta allí llegó como parte del "Plan B" de la misión de la CIDH que lidera -de la que además hacen parte el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli- luego de que el martes Copa Airlines no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para la que sería su primera visita en 18 años a Venezuela.

Madura y una "negación a su pueblo".
Para la presidenta de la CIDH, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela "es una respuesta de negación a su pueblo; de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar".

"Esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad", se preguntó.

Escuchar y apuntar
Esta tarde, Arosemena de Troitiño liderará una reunión con personas de la diáspora venezolana en Cúcuta, donde la misión de la CIDH escuchará y apuntará las denuncias de víctimas de violación de derechos humanos en su país y de la sociedad civil en general.

"Es un placer poder estar aquí, poder escuchar a todas las personas que tienen la confianza y sobre todo la credibilidad en la Comisión que llega hasta acá para poder tener este contacto directo, un contacto personal, para decirle a toda la comunidad venezolana que vamos a estar siempre", declaró.

Fuente Cooperativa.cl