Macarena Luchó para Quitarse la Cuerda, Para No Morir

Esta semana se dio a conocer en una revista mexicana la traducción extraoficial del informe “Comentarios sobre la muerte de Yudi Macarena Valdés Muñoz” hecho por el médico forense británico de la Corte Penal Internacional John Clark [1]. La familia está esperando la traducción oficial que aún debe ser presentada a la Fiscalía.

Van tres años de impunidad en el caso de la defensora mapuche Macarena Valdés Muñoz y esto no es sólo una consigna, sino un proceso de hostigamiento constante a la vida de la familia y la comunidad de la defensora.

Muestras de autodefensa

En sus comentarios a los informes anteriores al cuerpo de Yudi Macarena Valdés Muñoz, el doctor Clark puntualiza: “Hay mucha información perdida acerca de las circunstancias de la muerte de esta mujer… es posible que la muerte se deba a un ahorcamiento suicida, pero antes de aceptar esta conclusión varias preguntas necesitan ser respondidas”.

Subraya que en las fotografías de la primera autopsia del Servicio Médico Legal de Valdivia hecho por Doctor Enrique Rocco Rojas y en las demás fotografías de la autopsia practicada por el Doctor médico forense Luis Ravanal Zepeda, ve “imágenes diferentes a las que se describen en el primer informe de autopsia del Doctor Rocco Rojas del SML de Valdivia. Clark, entre otras interrogantes, se pregunta: “si la muerte podría haber tenido el resultado de una ligadura de estrangulación por otra u otras personas, es decir, un objeto tirado con fuerza alrededor del cuello para parar la respiración”. Esto porque considera que “no es común ver una marca tan irregular. Hay un intento de sacar la cuerda, visto por lo que podrían ser marcas de dedos por encima de la marca y rasguños alrededor, más lo que parecen ser signos de asfixia en la cara en presencia de una marca que no es circundante. Ninguno de estos hechos fue comentado por el primer patólogo y mucho menos analizado, pero debieron haber sido analizados debido a su naturaleza inusual… no hubo un ahorcamiento con parcial suspensión, entonces hay una posibilidad definitiva que esta mujer no murió por un ahorcamiento suicida, pero si por estrangulación, de un objeto sostenido alrededor de su cuello por alguien y apretado”. Faltan “marcas de agarre de brazos y piernas, pero no es difícil imaginar una situación en la que no se han causado estas necesariamente, si ella fue restringida de otras maneras”, dice.

Es decir, podemos deducir que Macarena no se colgó, pero sí la estrangularon con una ligadura, ella trató de quitarse la cuerda, luchó probablemente para ello, y no lo logró porque una o más personas se le opusieron tirando de la cuerda “con fuerza” y sosteniéndola a ella para que no pudiera casi moverse.

 “Trauma social” y aniquilación

 Lo que sucede con la comunidad Newen de Tranguil, como con otras comunidades mapuche en resistencia a las trasnacionales, se vivencia por la gente afectada como acorralamiento emocional -además del concreto-.

Por 17 años en Dictadura, otros niños y niñas, jóvenes y gente adulta vivenciamos lo que la “psicología social” nombra como “trauma social” y que, concluye, traspasa generaciones y por lo tanto, no ha cesado desde septiembre de 1973: secuestros, informes de autopsia falsos y entre otras cosas, discursos de autoridades que describían todo eso como “una guerra contra terroristas”. Esta forma de operar hoy, parece concentrarse en Wallmapu.

“De madrugada suelen venir vehículos que se colocan fuera de la casa y escapan rápidamente antes de que alcancemos a identificarlos o fotografiarlos, hemos sentido seguimientos cuando vamos a la ciudad, siempre extrañas interferencias en las llamadas por celulares, gente que viene a indagarnos, investigarnos sin decirlo directamente, nos han mentido, se han hecho pasar por periodistas y en realidad han sido gente cercana a la empresa. Carabineros les ha dicho a vecinos: no se junten con los Collío”, declara Rubén Collío.

A la familia de Macarena, en los últimos tres años, les han envenado a cuatro mascotas, a la última lograron salvarla, pero los perros anteriores no tuvieron la misma suerte y murieron provocando el espanto y dolor de su dueños, especialmente de los cuatro niños, hijos de Macarena.

Durante 2017 y 2018 hubo acoso telefónico a mujeres de la comunidad amenazando que “les pasaría lo mismo que a la mujer de Collío”; esto al punto de que algunas de ellas decidieron quedarse sin celular. La familia y otras mujeres que han sufrido estas acciones de amedrentamiento al cabo de estos años -en que nos hemos mantenido en contacto- nos han  relatado problemas para dormir, ansiedad y angustia, entre otros síntomas. “Cuándo será la próxima agresión y qué consecuencias tendrá”, suelen preguntarse.

Todo esto son acciones de aniquilación emocional a personas que se rebelan ante la injusticia y no se callan, lo sabemos por la memoria de este país.

El 9 de febrero 2018 Rubén Collío Benavides estaba acompañado por su abogada Natividad Llanquileo cuando fue recibido en Santiago por el fiscal nacional Abott y el fiscal Torres, y afirmó: “El de Macarena fue un asesinato, era una mujer llena de vida y de fuerza, sin razón para quitarse la vida. Esto fue para lograr actuar al margen de la ley, para construir una central de paso. Cuando comenzamos a denunciarlos vinieron amenazas y luego el asesinato de mi esposa”. El fiscal nacional en esa ocasión –estábamos presente- prometió: “Podemos pedir la carpeta y revisarla, enviarla a la Unidad de Delitos Violentos e incluso a la Unidad de DD.HH. y abrir la investigación en otra línea porque nuestra función es la verdad”.

La familia y la comunidad de la defensora mapuche Macarena Valdés Muñoz aún está en espera de que esa verdad realmente se investigue y se revele para que se juzgue por fin a los culpables.

[1] El patólogo británico John Clark es un referente mundial de la medicina legal. Ex director del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow, ex patólogo jefe del equipo forense designado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) -donde realizó los exámenes post mortem de las víctimas de las matanzas en Srebrenica- y actual perito de la Corte Penal Internacional (CPI).

Hay una solución natural al colapso climático: proteger los bosques. La activista climática Greta Thunberg y el escritor y activista climático George Monbiot explican.

There is a natural solution to the climate breakdown: protecting forests. Climate activist Greta Thunberg and writer and climate activist George Monbiot explain.

Van siete anulaciones en un año: Corte Suprema invalida sentencias de consejos de guerra a contar de 1973

De manera silenciosa y sistemática el máximo tribunal ha ido anulando y dejando sin efecto sentencias dictadas por los consejos de guerra. En 2016 y en 2018 fue un caso, este año entre mayo y septiembre la Corte anuló siete sentencias de consejos de guerra, en que a los condenados “se les absuelve por haber sido comprobada satisfactoriamente su completa inocencia”.

“En los procesos sustanciados conforme a las normas de los tribunales militares en tiempo de guerra a contar del año 1973, se desconocieron y vulneraron deliberada y sistemáticamente los derechos procesales y, en particular, el derecho de defensa de los enjuiciados”.

Esta frase corresponde al fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, emitido el 3 de octubre de 2016, que decidió anular la decisión del consejo de guerra en que se condenaron a 12 exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), compañeros del general Alberto Bachelet.

En esa oportunidad, la resolución estableció que las autoridades de la época instrumentalizaron “un estado de guerra para activar artificiosamente una competencia castrense indebida, pero además para con ningún control cometer en contra de la población delitos graves que el derecho internacional considera como de lesa humanidad”.

La resolución del máximo tribunal ocurrió luego que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fallara contra el Estado chileno en esta materia. Esto marcó un precedente a considerar a la hora de revisar nuevos casos similares.

La resolución sobre el consejo de guerra de la Fach, que fue caratulado 1-73 y que se resolvió tres años atrás, está teniendo repercusiones que hoy se están sintiendo al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto, porque de manera silenciosa y sistemática el máximo tribunal ha ido anulando y dejando sin efecto sentencias dictadas por los consejos de guerra.

Mientras que en 2016 fue un caso y se registró una segunda invalidación en 2018, este año entre mayo y septiembre la Corte Suprema anuló siete sentencias de consejos de guerra, en que a los condenados “se les absuelve por haber sido comprobada satisfactoriamente su completa inocencia”.

Así, a través de estos fallos, fueron beneficiadas cerca de 70 personas que habían sido sentenciadas por tribunales en Pisagua, Antofagasta y Concepción, entre otros.

“Recurso excepcional”

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó que “los consejos de guerra condenaron a determinadas personas y se ha producido todo un proceso de revisión de estas sentencias, a partir de unas cuestiones bien importantes. La primera es una sentencia de la CIDH, que precisamente declaró que en esos consejos de guerra, las declaraciones de los imputados y posteriormente condenados fueron obtenidas bajo tortura y que las otras pruebas aportadas no eran de calidad”.

Cisternas relató que a raíz del fallo de la CIDH se “obligaba al Estado de Chile a tomar una posición, en el sentido de restablecer a estas personas en sus derechos. Por eso hubo un primer recurso de revisión (en 2016), a propósito de esa sentencia de la Corte Interamericana”.

El juez añadió que “después de eso han venido otras solicitudes de revisión, a propósito de actuaciones de consejos de guerra en que se involucra, además, la situación de contexto general que vivió el país”. En este sentido, el magistrado indicó que también ha servido la información obtenida a partir de los informes Rettig y Valech, en que se daba cuenta de actuaciones realizadas por estas instancias.

Respecto al mecanismo que ha realizado la Suprema para dejar sin efecto estas resoluciones, Cisternas indicó que el recurso de revisión “es muy excepcional, porque es destruir la cosa juzgada, que es como la catedral del derecho procesal. Entonces, para ir en contra de esa institución se necesita un conjunto de pruebas muy contundentes”.

Por su parte el abogado de casos de derechos humanos, Nelson Caucoto, señaló que “hay que restituir el derecho en ese tema, porque mucha gente fue agredida y violentada con esos consejos de guerra”.

Agregó: “Me parece que la Corte Suprema se ha puesto a fondo con el tema de la justicia respecto de estos tribunales, que fueron una parodia de justicia… Estamos restituyendo el imperio del derecho respecto a resoluciones que están al margen del debido proceso y las garantías judiciales”.

Fuente: la tercera

Greta Thunberg: "Me han robado mis sueños, mi infancia; sólo hablan de dinero, cómo se atreven"

La Cumbre de Acción Climática comenzó hoy con mensajes contundentes a los líderes del planeta. El discurso de la adolescente sueca Greta Thunberg, líder de los movimientos estudiantiles que alertan sobre el cambio climático, fue contundente. Sin más explicaciones sobre los efectos que la crisis climática causa en el planeta, apeló directamente a la acción política: "Los estamos mirando. No tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio al otro lado del océano. Me han robado mis sueños, mi esperanza con sus palabras vacías. De lo único que hablan es de dinero y nos cuentan historias sobre el crecimiento económico perpetuo. ¿Cómo se atreven?", preguntó.

"Si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada. Nos están fallando. Los ojos de las futuras generaciones están sobre ustedes. Nunca los perdonaremos. ¿Cómo se atreven a pretender que esto se puede resolver con los negocios como de costumbre? El mundo se está despertando, te guste o no", agregó.

La joven se dirigió a los representantes de los países presentes que llevaron a la cumbre las acciones que están llevando adelante. Sólo participan los países que muestran avances en sus políticas de acción climática.

Con el mismo tono, el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, se dirigió al auditorio al dejar inaugurado el encuentro: "No se trata de una cumbre para hablar, hemos hablado bastante. No se trata de una cumbre para negociar porque no se negocia con la naturaleza. Es una cumbre de acción. Los gobiernos han venido a mostrar cuán comprometidos están, quiénes son los líderes para invertir en un futuro verde. Los jóvenes, sobre todo, están exigiendo que se actúe con carácter urgente y tienen razón. La emergencia climática es una carrera que vamos perdiendo, pero podemos ganar", indicó.

Guterres hizo hincapié en un reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que se conoció ayer y revela que el período 2015-2019 fue el más caluroso de la historia jamás registrado. "La temperatura media mundial aumentó 1,1 grados centígrados desde la era preindustrial y en 0,2 grados con respecto al período 2011-2015. Además, la concentración de gases de efecto invernadero aumentó también a niveles sin precedentes, confirmando una tendencia al calentamiento en el futuro", sostiene ese reporte científico.

Respecto a la concentración de gases de efecto invernadero, durante el período 2015-2019 se observó un "incremento continuo de los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros importantes gases en la atmósfera, que alcanzaron cifras récord".

"Por qué los chicos tenemos que ir levantando el dióxido de carbono que ustedes tiran", preguntó Thunberg al auditorio.

Guterres también advirtió en su discurso: "La naturaleza está furiosa y nos engañamos si pensamos que podemos engañarla porque ella contraataca".

Con el mismo sentido de urgencia participó de la inauguración de esta cumbre, previa a la Asamblea General que comenzará mañana, el Papa Francisco. "Aunque todo va por un mal camino, tenemos una ventana de esperanza para poder actuar contra el cambio climático", indicó en un mensaje grabado y transmitido en español.

En esta reunión hay grandes ausentes como los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Brasil, Jair Bolsonaro. Este último abrirá mañana la Asamblea General y se espera que en su discurso incluya los incendios en el Amazonas y la cuestión de la soberanía.

Los jóvenes, en tanto, seguirán con sus reclamos. La próxima parada será Unicef en donde harán una presentación porque entienden que los líderes del mundo están violando los derechos de los niños. "Las acciones y la falta de acción de los gobiernos de todo el mundo han causado un daño inmediato y plantean un daño cada vez mayor a los niños y niñas en violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia. Si no se aborda, el cambio climático seguirá causando estragos entre los niños y sus comunidades. Muchos niños en todo el mundo ya están sufriendo sus efectos: olas de calor, incendios forestales, patrones climáticos extremos, inundaciones y aumento del nivel del mar, todos ellos exacerbados por el aumento de 1,1°C de la temperatura media mundial", indicaron mediante un comunicado. Según el detalle de la denuncia, el cambio climático amenaza el derecho de los niños a la vida (Artículo 6); el más alto nivel posible de salud (Artículo 24), un nivel de vida adecuado para el desarrollo (Artículo 27), la educación (Artículo 28), y el derecho a la cultura indígena (Artículo 30), por nombrar sólo algunos.

"Frente a esta crisis mundial, 16 niños y niñas de todo el mundo han presentado esta queja sobre derechos humanos ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para comprometer a los Estados miembros a cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y hacer realidad los derechos de la infancia. La demanda se centra en la necesidad de que las naciones realicen esfuerzos urgentes y máximos para mitigar los daños actuales y evitar en el futuro mayores daños irreparables e irreversibles", agrega el comunicado.

En esta cumbre se espera el lanzamiento de una Alianza para la Ambición Climática liderada por Chile que incluye a Francia, Reino Unido, Argentina, Costa Rica, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda y Suecia. Se trata de los planes de descarbonización a 2050 que se irán conociendo, paulatinamente hasta diciembre cuando se celebre la Cumbre de Cambio Climático (COP25), en Santiago de Chile.

Fuente: Infobae

Aire Limpio es un derecho humano: Michelle Bachelet y la ONU combaten la polución ambiental

A través de su cuenta en Twitter, este sábado, la dos veces presidenta de Chile denunció que:

La contaminación del aire hace que sea más probable que los niños mueran jóvenes. En muchos casos, los niños ni siquiera están seguros respirando el aire dentro de sus propios hogares. El aire limpio es un derecho humano y se puede combatir la contaminación del aire. Necesitamos actuar ahora. - 

Twitter de la alta comisionada:

@mbachelet.

Twit

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, por su parte, se sumó a la denuncia e Michel Bachelet, argumentando: "La contaminación del aire provoca muertes. La salud de la tierra y la nuestros hijos está en nuestras manos. Debemos actuar antes de llegar a algún punto de no retorno".

Nuevo archivo desclasificado revela que funcionarios del Departamento de Estado presionaron por la salida de Pinochet tras atentado a Letelier

 El documento secreto fue archivado el 1 de octubre de 1979, poco después de que la Corte Suprema de Chile rechazara la extradición de agentes de la DINA involucrados en el ataque perpetrado en Washington, en 1976.

Hace 43 años, el atentado con autobomba que mató al excanciller y exembajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier, y su colega Ronni Moffitt, en Washington DC, estremeció a la capital norteamericana. Tras el ataque perpetrado el 21 de septiembre de 1976 motivó años después que cuatro funcionarios del Departamento de Estado norteamericano comenzaran a presionar por una política que obligara a Augusto Pinochet a abandonar el poder. Así lo revela un memorando desclasificado de un “canal disidente” publicado ayer por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

“Es probable que el Presidente Pinochet haya ordenado el asesinato de Letelier y otros”, escribieron los autores del memorándum en su llamado por una política agresiva para poner fin a las relaciones normales con Chile hasta que el militar fuera removido. “Nuestra única esperanza de justicia es que Estados Unidos tome medidas para lograrlo”, comentan en el documento.

Según explica a La Tercera Peter Kornbluh, director de la parte Chile del Archivo de Seguridad Nacional, este “canal disidente” es un mecanismo especial, y cuidadosamente utilizado, para que los funcionarios del Departamento de Estado “proporcionen una oposición constructiva o puntos de vista alternativos sobre cuestiones sustantivas de política exterior que no se pueden comunicar de manera completa y oportuna a través de canales y procedimientos operativos regulares”. En otras palabras, este canal permite que los funcionarios “desafíen la política existente sin miedo a la repercusión que cause en sus superiores”.

El Archivo de Seguridad Nacional obtuvo el memorando de este canal disidente sobre el asesinato de Letelier y Moffitt a través de un requerimiento de la Ley de Libertad de Información. El documento secreto, titulado “Los asesinatos de Letelier/Moffitt: Política hacia Chile”, fue archivado el 1 de octubre de 1979, poco después de que la Corte Suprema de Chile rechazara una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a los dos principales funcionarios de la policía secreta chilena, DINA, por su papel en el ataque terrorista en Washington DC.

Los informes de inteligencia de la CIA, señala el Archivo de Seguridad Nacional, revelaron que Pinochet había intercedido personalmente ante la corte para asegurar que la solicitud de extradición fuera denegada. Los cuatro autores del memorándum se opusieron a la política del Departamento de Estado de aceptar la decisión de la Corte Suprema y continuar las relaciones normales con el régimen para no poner en peligro los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Chile.

A juicio de los autores del memo, bajo el régimen de Pinochet, Chile estaba llevando a cabo “una campaña de terrorismo internacional”, situación que requería una respuesta contundente de Estados Unidos. “El fracaso de EE.UU. de no reaccionar ante este atropello y desafío a nuestra ley y poder solo puede llevarnos al desprecio en Chile y en otros lugares. Otros no se desanimarán de (cometer) actos terroristas patrocinados oficialmente en nuestro país por gobiernos que intentan reprimir a la oposición en las comunidades de exiliados “, escribieron los funcionarios.

Así, el memorándum recomendaba una denuncia oficial explícita de Pinochet y la DINA, y una serie de sanciones destinadas a obligar al general chileno a abandonar el poder y reemplazarlo con un liderazgo militar más “responsable”.  “La comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que apartar a Pinochet resultaría en su reemplazo por cualquiera de varios generales, y las políticas actuales continuarían con la probabilidad de una transición algo más rápida hacia el gobierno civil”, señala el documento.  “La partida (de Pinochet) también quitaría el principal símbolo de la represión chilena y permitiría una flexibilidad política mucho mayor en el trato con Chile”, agrega.

Los nombres de los cuatro autores del memorándum están incluidos en el documento desclasificado, pero no las posiciones que ellos mantenían en el Departamento de Estado. El embajador Francis McNeil, exsubsecretario adjunto de Asuntos Interamericanos, fue uno de los firmantes. Él identificó al redactor principal como Robert S. Steven, exfuncionario del Escritorio Chile en el Departamento de Estado, y otro funcionario, el Asesor Legal Asistente para Asuntos Interamericanos, Frank Willis, como signatarios del memorándum. El cuarto firmante, un abogado del Departamento de Estado que trabajó en la solicitud de extradición, no pudo ser identificado, destaca el Archivo de Seguridad Nacional.

“Bob Steven recurrió al canal disidente porque era un último recurso establecido para lograr que los tomadores de decisiones miraran más de cerca la política impugnada”, recordó McNeil. “Los chilenos sabían que conocíamos que habían asesinado a Letelier y Moffitt y esperaban que nos derrumbáramos. Eso hizo que castigar al régimen fuera aún más necesario, no solo por los asesinatos, sino para evitar que otros los imitaran. Después de todo, fue hasta el 11 de septiembre (de 2011) el único ataque terrorista de posguerra patrocinado por extranjeros en suelo estadounidense”.

Según recuerda, McNeil varias de las recomendaciones para sanciones contra el régimen de Pinochet fueron adoptadas por el Departamento de Estado, pero su posición finalmente no influyó en la leve respuesta de la administración Carter al asesinato de Letelier y Moffitt. Sin embargo, otras agencias, incluido el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), se mantuvieron hostiles a tomar una posición firme. “Nunca me he sentido cómodo con la forma en que el Departamento de Estado ha manejado el caso de Letelier”, informó Robert Pastor, especialista en América Latina del CSN, al Asesor de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, 10 días después de que se archivara el memorándum del canal disidente.

Las pocas sanciones impuestas por Carter resultaron “efímeras”, destaca el Archivo de Seguridad Nacional, que recuerda que, al final, la Casa Blanca no responsabilizó frontalmente a Pinochet por el asesinato de Letelier y Moffitt, a pesar de los informes de inteligencia de la CIA que determinaron que “Pinochet ordenó personalmente” un acto de terrorismo en Washington D.C. y encabezó el encubrimiento del papel de su régimen en estas muertes. Esos informes se mantuvieron en secreto durante décadas y solo se desclasificaron a solicitud del gobierno de Michelle Bachelet en el 40° aniversario del asesinato, en septiembre de 2016.

Fuente: La tercera

Caso Santa Bárbara pasará a la Corte Suprema

A la Corte Suprema se irá el caso Santa Bárbara, con el objetivo de reponer el fallo de primera instancia que declaró a 10 civiles de Patria y Libertad como autores de la desaparición de 28 campesinos el año 1973.

Son los querellantes en representación de parte de las familias de las víctimas quienes decidieron ya presentar un recurso de casación contra la sentencia dictada la semana pasada por la Corte de Apelaciones de Concepción y que modificó las penas para los civiles condenados por secuestro calificado.

El emblemático caso por violación de derechos humanos investigó la desaparición de 28 campesinos de Santa Bárbara y Quilaco, acreditando la responsabilidad de ex funcionarios de Carabineros y ex miembros del grupo Patria Libertad de la Provincia de Bío Bío.

Mientras para los ex uniformados se mantuvo las condenas de entre 10 y 14 años de cárcel efectiva, para los civiles se rebajaron a a 4 y 6 años de prisión en algunos casos, al calificar el tribunal de alzada a estos últimos como cómplices en los delitos de lesa humanidad, lo que es rechazado por el abogado querellante, Patricio Robles.

Los civiles condenados son Jorge Domínguez Larenas, Sergio Fuentes Valenzuela, los hermanos Jorge y José Valdivia Dames, los hermanos Luis y Manuel Barrueto Bartning, Eugenio Villa Urrutia, Juan Carlos Burgos, José Gutiérrez Ortiz y Exequiel Celedón Barrera, quienes según los querellantes deberían ser calificados como autores de los crímenes, subrayó el abogado Robles.

El Programa de Derechos Humanos también acudiría a la Corte Suprema con los mismos argumentos, mientras que el Consejo de Defensa del Estado impugnará los más de 500 millones de pesos decretados como indemnizaciones para algunos de los familiares de los detenidos desaparecidos.

¿VENEZUELA EN EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU?

El 26 de septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó su primera resolución sobre Venezuela. El documento es producto de un esfuerzo de años realizado por organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos, así como del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la voluntad de una mayoría de 27 de los 47 países que conformaban el Consejo.

La resolución expresa que Venezuela vive “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”, exhorta al régimen de Nicolás Maduro a aceptar “la asistencia humanitaria”, y solicita a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que preparara “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos”. Dicho informe fue publicado el pasado mes de julio luego de la visita oficial de Bachelet a Caracas.

Actualmente, once organizaciones de derechos humanos han instado al Consejo que establezca una “comisión de investigación sobre Venezuela“. También es posible que Venezuela sea electa como miembro del Consejo por un período de tres años a partir del 2020. Conviene entonces repasar el funcionamiento del Consejo y su relevancia ante la grave situación que atraviesa el país.

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?

Es el principal organismo intergubernamental de la ONU dedicado a los derechos humanos. Busca fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos y actuar cuando ocurren violaciones en la materia en cualquier parte del mundo. En líneas generales, existen violaciones de derechos humanos cuando un Estado no cumple con sus obligaciones, por acción u omisión. Es decir, los estados no sólo están obligados a respetar los derechos humanos; también a garantizarlos, por lo que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de sus ciudadanos.

El Consejo se reúne en tres períodos de sesiones anuales. Usualmente ocurren en marzo, julio y septiembre. También puede celebrar reuniones de emergencia. El Consejo realiza recomendaciones a los estados sobre cómo respetar y garantizar los derechos humanos. También puede establecer comisiones de investigación y misiones de determinación de hechos. Entre los sus mecanismos principales está el Examen Periódico Universal , el cual evalúa sistemáticamente la situación de los derechos humanos en cada país y el Método de Denuncias que permite a individuos y organizaciones presentar quejas.

¿Cuál es la relación del Consejo con la Oficina del Alto Comisionado?

El Consejo es un órgano político compuesto por países. Sus miembros pueden adoptar sus decisiones por consenso o mediante el voto. Para adoptar un proyecto de resolución mediante el voto hay que contar con el apoyo de una mayoría simple. Las decisiones no son vinculantes, sino que constituyen recomendaciones. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado forma parte de la Secretaría de la ONU y cuenta con un Alto Comisionado que debe ser independiente. El Alto Comisionado es nominado por el Secretario General y aprobado por la Asamblea General .

La Oficina del Alto Comisionado no está estrictamente subordinada al Consejo o viceversa. Ambas instituciones responden a la Asamblea General. La Oficina del Alto Comisionado provee apoyo sustantivo, logístico y administrativo al trabajo que realizan los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo al Consejo y otros órganos creados por disposición de tratados de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado también puede proveer asistencia a gobiernos a través de técnicos en las áreas de derechos humanos, administración de justicia, reformas legislativas y procesos electorales.

¿Cómo son electos los países para formar parte del Consejo?

Los países miembros del Consejo son electos mediante el voto secreto de mínimo una mayoría de la Asamblea General de la ONU, donde cada uno de los 193 Estados miembros tiene derecho a un voto. Un tercio de los 47 puestos se renueva cada año. El número de países miembros está dividido por regiones. África ha sido adjudicada con 13 puestos, Asia y el Pacífico 13 puestos, Latinoamérica y el Caribe 8 puestos, Europa del Este y otros países occidentales 7 puestos y Europa del Este 6 puestos.

Los países de Latinoamérica y el Caribe que todavía no han formado parte del Consejo en sus 13 años de existencia son: Colombia, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Haití, Belice, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Vicente y Nieves.

¿Cómo es posible que un Estado cuestionado por violaciones a DDHH sea parte del Consejo?

La resolución de la Asamblea General de la ONU que creó el Consejo decidió que cualquier Estado podía ser elegido como miembro. Al momento de la elección, los Estados reunidos en la Asamblea General deberían tener en cuenta la contribución de los países candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos. En teoría, los países que son parte del Consejo deben adherirse a los estándares más altos sobre derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y someterse al mecanismo de Examen Periódico Universal. Sin embargo, la decisión sobre si un país es parte del Consejo es política, y depende de que el país candidato consiga la mayoría de votos en la Asamblea General.

El único recurso previsto por la Asamblea General es la posibilidad de suspender el derecho de participación de un país que sea parte del Consejo por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en su territorio. Esa decisión nuevamente es netamente política, y requiere una mayoría de dos tercios de los países miembros de la ONU reunidos en la Asamblea General.

Desde sus primeros años de funcionamiento, el Consejo ha sido objeto de críticas porque países donde existen gravísimas violaciones a los derechos humanos son electos miembros. En 2018, por ejemplo, la elección de Filipinas y Eritrea generó una gran indignación . En junio de ese año, Estados Unidos decidió renunciar a su puesto en el Consejo alegando que el Consejo es protector de abusadores de derechos humanos y tiene prejuicios políticos en contra de Israel. En algunas regiones ha sido usual que se presenten sólo el número de países que puede ser elegido, anulándose cualquier posibilidad de competencia.

La solución a los problemas que enfrenta el Consejo es concretar la voluntad política de adoptar ciertas reformas. Debería realizarse un trabajo diplomático para que los países reunidos en la Asamblea General cambien algunas dinámicas. Por ejemplo, la mayoría de dos tercios para suspender el derecho a la participación de un país que viole los derechos humanos es sumamente alta y difícil de alcanzar. Sólo Libia durante el gobierno de Muamar el Gadafi ha sido suspendida. También debería haber una exigencia para que cada región tenga que presentar el doble de candidatos en comparación con las plazas disponibles, logrando así fomentar la competencia por tener un mejor récord en derechos humanos. Por último, pudiese requerirse que antes de cualquier elección, cada país candidato rinda cuentas de la situación de los derechos humanos en su territorio.

¿Es posible que Venezuela sea electa?

A pesar que el Consejo ha dicho que en Venezuela existen “graves violaciones de los derechos humanos” y  el informe de la Alta Comisionada Bachelet concluyó que en la última década se ha “puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”, la elección de Venezuela es muy probable.

La situación actual es que sólo existen dos candidatos para las dos plazas sujetas a elección por Latinoamérica y el Caribe. Esos dos candidatos son Brasil y Venezuela. En consecuencia, una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU podría elegir que Venezuela vuelva a ser parte del Consejo luego de haber sido miembro entre 2016 y 2018. La elección tendrá lugar el 16 de octubre de 2019. Sólo si otro país de la región es candidato podría surgir la posibilidad que Venezuela no sea electa y una mayoría de los países de la ONU manifiesten al régimen de Nicolás Maduro que la situación de los derechos humanos hace inaceptable que Venezuela sea parte del Consejo. Países como Jamaica, Belice, República Dominicana o Colombia, que no han sido miembros aún del Consejo, podrían tener opción de ser electos.

¿Habrá una comisión de investigación sobre Venezuela?

Once ONG de derechos humanos solicitaron recientemente al Consejo que establezca una comisión de investigación sobre Venezuela durante su actual periodo de sesiones, el cual finaliza el próximo 27 de septiembre. Por ahora, la evaluación de la propuesta no figura en la agenda del período de sesiones por lo que, salvo sorpresa, no es muy probable que sea acogida. Nada obsta para que esa decisión sea adoptada en una reunión de emergencia o en la próxima sesión ordinaria de marzo 2020.

Una comisión de investigación, que operaría fuera de Venezuela si el régimen de Maduro no permite su entrada, podría investigar denuncias específicas de derechos humanos, promover la rendición de cuentas y otorgar una legitimidad reforzada a la información recabada. Eso luego podría servir para que otros organismos como la Corte Penal Internacional o los propios países avancen en sus esfuerzos de adoptar medidas para presionar por una resolución a la crisis.

En cualquier caso, el estatus actual de la solicitud planteada por las ONG demuestra que todavía queda espacio para hacer un trabajo diplomático que permita aumentar la vigilancia y acción internacional ante la grave crisis de derechos humanos que sufren millones de venezolanos.

Autor: Mariano de Alba

Fuente: Tipsfemeninos.com

La vergonzosa candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Venezuela, un régimen tan represivo como las dictaduras militares de Argentina y Chile en la década de 1970, tiene casi asegurada su elección para un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Cuando escuché sobre la probable victoria de la candidatura de Venezuela a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pensé que era una broma. Pero cuando contacté a varios grupos de derechos humanos para averiguar si semejante locura es posible, me confirmaron que es cierto.

Venezuela tiene casi asegurado su asiento en el Consejo a pesar de que la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reportó recientemente que los escuadrones de la muerte del dictador venezolano Nicolás Maduro son responsables de más de 6,800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Además, el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU cita el uso generalizado de la tortura contra prisioneros políticos, incluidas descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y violencia sexual por parte del régimen de Maduro.

Según YourHRC, UNWatch y otros grupos de derechos humanos que siguen de cerca al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los dos países latinoamericanos que probablemente sean electos para el Consejo en las próximas semanas son Brasil y Venezuela.

Los 47 miembros del Consejo, con sede en Ginebra, son elegidos por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Los países necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea General, o 126 votos, para ser elegidos.

“En este momento, es casi seguro que Venezuela sea electa, porque solo hay dos escaños disponibles para América Latina en el Consejo, y hay solo dos países que se postulan”, me dijo el director de UNWatch, Hillel Neuer.

Dado que la elección para el Consejo tendrá lugar en octubre, puede ser demasiado tarde para que se postule algún otro país latinoamericano. Normalmente, los países que se postulan para un asiento en el Consejo lo hacen con más de un año de anticipación, para tener tiempo para cabildear a su favor en todo el mundo, me dijo Neuer.

Muchas de las peores dictaduras del mundo invierten tiempo y dinero para obtener un asiento en el Consejo, para protegerse de acusaciones externas de que violan los derechos humanos. Entre los miembros actuales del Consejo se encuentran Arabia Saudita, China y Cuba.

Casi siempre, estas dictaduras ofrecen a los países democráticos su apoyo a sus candidaturas para escaños en las comisiones económicas de la ONU —en las que los países democráticos están más interesados— a cambio del apoyo de las democracias en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La probable elección de Venezuela para el Consejo es realmente escandalosa”, dice José Miguel Vivanco, jefe del departamento de América del grupo de defensa de Human Rights Watch. “Los países latinoamericanos que han denunciado a Venezuela deberían proponer a un tercer país de la región y hacer una campaña para evitar la elección segura de Venezuela”.

Estados Unidos debería hacer lo mismo. Desafortunadamente, la decisión del presidente Donald Trump de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y varios otros foros como el Acuerdo Climático de París han erosionado seriamente la influencia global de Estados Unidos.

Pero Washington, la Unión Europea y el Grupo de Lima —compuesto por Brasil, Argentina, y otros países que buscan la restauración de democracia en Venezuela— deberían reclutar urgentemente a un tercer país latinoamericano que pueda derrotar la candidatura venezolana. “Es tarde y sería muy difícil, pero no es imposible”, dice Neuer, de UNWatch.

En lugar de hacer declaraciones vacías contra Maduro que solo buscan ganar votos cubanoamericanos y venezolano-americanos en Florida, Trump debería usar lo que le queda de influencia diplomática para derrotar la candidatura de Venezuela al consejo. Si no lo hace, la dictadura de Maduro pronto se anotará una importante victoria diplomática, mientras el mundo democrático estaba dormido.

Fuente: El nuevo Herald

Paraguay condenado por Naciones Unidas por violar DDHH de campesinos fumigados con agrotóxicos en cultivos transgénicos

Un boletín de prensa de la comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado en Ginebra el pasado 14 de agosto de 2019, informa sobre un fallo que hace responsable a Paraguay de violar los derechos humanos de familias rurales que sufrieron la muerte de un joven campesino e intoxicaciones masivas en el departamento de Canindeyú, un enclave importante de la agroindustria. El fallo establece que ese país debe llevar a cabo una efectiva y completa investigación sobre las fumigaciones con agrotóxicos en cultivos de soya transgénica, y la consecuente intoxicación de personas, incluyendo niños, así como la contaminación de aguas, suelos y alimentos, según establece una agencia especializada de Naciones Unidas. “Este fallo marca un hito en favor del reconocimiento de la asociación entre daños severos al ambiente y el disfrute de los derechos humanos civiles y políticos. Centenares de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Nosotros de manera muy seria estimulamos a los estados a proteger el derecho a la vida entendido como un derecho a disfrutar de una vida en dignidad y contra la contaminación ambiental”, dijo Hélene Tigroudja, miembro del Comité.

Alter Vida/RAP-Paraguay rememora el caso del niño Silvino Talavera que murió en el año 2003, víctima de pulverizaciones con plaguicidas en cultivos muy próximos a su vivienda. Se realizó un juicio que sentó un precedente muy importante pues puso en evidencia una realidad que muchas comunidades están pasando y las graves consecuencias que pueden ocasionar los plaguicidas en las personas. En dicho juicio se declaró culpables a dos productores sin que llegaran a cumplir ninguna condena ni hayan resarcido económicamente el daño a los familiares, quienes también resultaron afectados en su salud. La irresponsabilidad debe tener castigos ejemplares y la salud pública debe ser una prioridad por sobre las actividades productivas. Con este fallo se puede iniciar una nueva era de mayor respeto a la vida de la población rural.

Por su parte, la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas, RAP-AL saluda este fallo ya que los resultados de muerte e intoxicaciones graves debido a las fumigaciones masivas en cultivos de la agroindustria, utilizando agrotóxicos altamente peligrosos como el glifosato, ocurren en todos los países de América Latina, entre ellos Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Costa Rica, Chile. Esta sentencia debiera alertar a los gobiernos acerca de la necesidad de detener estas prácticas, revisar las normas para las fumigaciones aéreas y terrestres y prohibir el uso de los plaguicidas peligrosos.

El fallo publicado en agosto, fue decidido el 25 de julio de 2019, durante la 126° sesión del Comité de Derechos Humanos, y se basa en la violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos por la muerte de Rubén Portillo Cáceres, un joven campesino de 26 años y otros hechos conexos. Rubén falleció en 2011 tras una fumigación de cultivos de soya transgénica de la agroindustria en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en un predio de propiedad fiscal, y todos los miembros de su familia, incluidos los menores de edad reportaron también síntomas de intoxicación masiva. La demanda fue interpuesta por la hermana y la esposa de la víctima, por su hijo y otros familiares. En el fallo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas exige a Paraguay enjuiciar a los responsables para que haya reparación total a las víctimas, y publicar esta decisión en un diario de circulación masiva. El fallo completo puede leerse aquí on-line .

Las víctimas son trabajadores rurales de una misma familia, que realizan agricultura familiar campesina en el departamento de Canindeyú, un área de importante expansión de los agronegocios donde hay cultivos mecanizados de soya transgénica.

El uso en gran escala de plaguicidas tóxicos en la región ha generado graves impactos en la calidad de vida y salud de las víctimas, y ha contaminado sus fuentes de agua y acuíferos, impidiendo el uso de sus fuentes de agua y causando la pérdida de frutales, la muerte de diversos animales y grave daños a los cultivos. Las víctimas han experimentado un amplio rango de síntomas que incluyen náusea, mareos, dolor de cabeza, fiebre, dolores de estómago, vómitos, diarrea, tos, y lesiones en la piel. Esta contaminación significó a la fecha la muerte de una persona y la intoxicación aguda de otros 22 habitantes de esta comunidad.

Los cultivos mortales de soya transgénica

Se interpuso un recurso de amparo respecto de los derechos constitucionales de estas personas. La Corte señaló que por no cumplir con sus deberes, el Ministerio de Medioambiente y el Servicio de Salud de Plantas Nacionales y Calidad de Semillas han permitido un severo daño: “El estado no honró su deber o respetar su deber de proteger el derecho constitucional a la salud, a la integridad física y sicológica, la calidad de vida y a vivir en un ambiente libre de contaminación”. La corte ordenó a ambas instituciones “proteger los recursos naturales y asegurar que haya zonas buffer que sirvan para separar las áreas de asentamiento humano y las fuentes de agua, de aquellas donde se usan productos fitosanitarios.” Sin embargo, la decisión no se ha implementado. Han continuado las fumigaciones aéreas sin ninguna medida de protección ambiental y los productores de soya transgénica ubicados cerca de la casa de las víctimas siguen aplicando enormes cantidades de agrotóxicos sin los debidos permisos ambientales.

Se interpuso una demanda criminal y se tomaron muestras del agua del pozo de la casa de las víctimas. El resultado muestra la presencia de plaguicidas prohibidos. Han pasado más de ocho años de estos hechos, y las investigaciones no han avanzado ni han llevado a ningún hallazgo que permita atribuir responsabilidad penal o reparar el daño.

Medio ambiente y derechos humanos

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un órgano independiente compuesto de 18 expertos internacionales en derechos humanos, observa la existencia de una asociación innegable entre la protección del ambiente y el respeto a los derechos humanos. El Comité destaca que el derecho a la vida también tiene que ver con el derecho de los seres humanos a disfrutar de una vida con dignidad y a estar libres de actos u omisiones que puedan causar su muerte prematura o por causas no naturales.

En el caso actual, el Comité destaca que Paraguay no ejerció controles adecuados sobre las actividades ilegales de contaminación. El Comité concluye que fumigar el área con abundantes agrotóxicos venenosos constituye una amenaza predecible a la vida de las víctimas. Por eso, el Comité declara que hubo violación al derecho a la vida y al derecho a la vida de la familia y su hogar.

Como Paraguay es miembro desde 1995 del Protocolo Opcional de la Declaración Internacional sobre los Derechos Humanos Civiles y Políticos, el Comité está facultado para examinar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por los Estados parte. El Comité ha solicitado a Paraguay responder dentro de 180 días, detallando las medidas que han sido adoptadas para implementar el fallo.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, expresó su satisfacción por la sentencia y habló sobre su preocupación por el uso de este producto, el cual, como es sabido desde hace décadas,  es tóxico para el hombre y  se sigue utilizando en lugares próximos a viviendas.

Paraguay debe enjuiciar a responsables

Fuente: Piensachile.com

Fuente: ONU 

Grave: el periodista Facundo Viola fue atacado por sexta vez por denunciar el uso de agrotóxicos

Ocurrió en Arroyo Leyes, una localidad de la provincia de Santa Fe, donde vive Facundo y su familia.

El periodista ambientalista junto a vecinos autoconvocados, vienen denunciando hace años las fumigaciones por parte de empresarios del agro en la localidad y en toda la provincia.

El día de ayer rompieron los vidrios de su vivienda, en un claro acto intimidatorio. Es el sexto ataque que recibe en lo que va del año. Meses anteriores lo agredieron físicamente, ingresaron a su domicilio y robaron su computadora personal, donde tenía material para presentar en un juicio sobre la causa de agrotoxicos.

Guillermina Valdes y su marido, el conductor Marcelo Tinelli, expresaron su repudio a los ataques a través de las redes sociales y se solidarizaron con el periodista.

Juan de Dios Parra, Sectetario General de la ALDHU, comentó: “Aunque esta debiera ser una situación del pasado, sigue repitiéndose. Día a día nos encontramos con nuevos casos de uso de agrotóxicos prohibidos. Se trata de un problema internacional, ya que un producto se produce en un país, pero es consumido en otro. Así que debería existir un esfuerzo internacional para terminar con estas prácticas”.

Confirmaron la perpetua para los jueces cómplices de la dictadura en Argentina

El máximo tribunal penal de la Nación ratificó la sentencia condenatoria para los ex magistrados Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, producida en julio de 2017 en Mendoza.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal - integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani- avaló las condenas a prisión perpetua de tres ex magistrados federales por delitos de lesa humanidad en Mendoza.

Se trata de la denominada Megacausa Mendoza IV -compuesta por quince causas acumuladas- en la que se juzgó a una multiplicidad de imputados pertenecientes a las fuerzas armadas, la policía, el servicio penitenciario y, además, a tres ex magistrados federales por su actuación como integrantes del Poder Judicial de la Nación.
En particular, se convalidó la sentencia que condenó a prisión perpetua a tres ex magistrados federales como partícipes primarios de diversos delitos de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Se trata de los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren.
El fiscal general ante ese tribunal, Dante Vega señaló en diálogo con El Sol, "este fallo es sumamente importante no sólo porque convalida lo que se probó en la investigación y en el juicio, sino porque sienta un precedente para los otros debates en curso contra magistrados en distintos puntos del país".
El magistrado que preside la Oficina de Persecución de Delitos de Lesa Humanidad de la Justicia Federal para Cuyo manifestó: "La tesis que nosotros sostuvimos y seguimos manteniendo es que sin la complicidad del aparto judicial no se podrían haber ejecutado los hechos cometidos por militares y la policía. Los actores materiales sabían que no iban a ser investigados".
Los magistrados fueron condenados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición agravada de tormentos, homicidio calificado, robo, abuso deshonesto, violación, allanamiento ilegal de morada, omisión de promover la persecución penal y asociación ilícita.
Por su parte el abogado querellante, Pablo Salinas remarcó: "La Cámara Nacional de Casación en Buenos Aires ratificó la condena contra los ex magistrados y hay que destacar que el de Mendoza fue el segundo juicio más importante en la historia, después del antecedente de los juicios a los magistrados de Núremberg cómplices del terrorismo de Estado".
Salinas consideró que, "esto significa un espaldarazo a las más 400 causas que hay contra magistrados en todo el país y pone a Mendoza como un ejemplo en lo que significa el juzgamiento y el castigo en la responsabilidad civil en los crímenes contra la humanidad".
Los jueces fueron condenados a prisión perpetua por los camaristas Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade.
En aquel juicio hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y 12 perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.

Los condenados cumplen la prisión domiciliaria
Vega explicó que por razones médicas, los ex funcionarios de la justicia están cumpliendo la condena bajo el sistema de prisión domiciliaria y están siendo monitoreados permanentemente por el tribunal federal que los condenó.
A poco de darse a conocer la sentencia, falleció otro de los jueces que estaba vinculado a esta megacausa, Luis Miret, a raíz de un cáncer de pancreas.
Uno de los casos emblemáticos que lo vinculó con el aparato represivo del Estado en esa época fue la denuncia de Luz Faingold, actualmente directora de Derechos Humanos en el Gobierno provincial. En el juicio, Faingold indicó que fue abusada a los 17 años en el extinto D2 -un centro clandestino de detención- y que Miret, cuando fue a visitarla como juez subrogante a su lugar de detención, le tomó declaratoria pero la dejó unos días más en manos de sus captores.

Fuente: El sol

Diputados DC ofician a Chadwick para que curse la baja inmediata de oficiales de Carabineros de la banda del "paco nazi"

Un grupo de diputados DC encabezados por Matías Walker solicitó al ministro del Interior Andrés Chadwick que le pida cuentas al general director de Carabineros Mario Rozas por la situación de los oficiales y suboficiales de la 21° Comisaría que hoy son blanco de una investigación penal por el delito de torturas que sustenta Francisco Ledezma, fiscal de Alta Complejidad Centro Norte.

Tras el reportaje de La Tercera Domingo titulado “Las sesiones de tortura del mayor Arzola” los parlamentarios manifestaron su preocupación por la señal que está dando la policía uniformada ya que aún no se entregan los resultados de la investigación administrativa de este caso y se mantiene a los indagados en sus puestos de trabajo. Incluso uno de ellos es el actual jefe de la Comisaría de Pudahuel. Los hechos indagados en la 21° Comisaría dan cuenta de una serie de conductas alejadas de la ley por parte de oficiales y suboficiales contra quienes se ha acreditado actos de torturas, golpizas, detenciones ilegales en contra de estudiantes, discapacitados, extranjeros y comerciantes ambulantes.

Matías Walker, Gabriel Ascencio y Gabriel Silber emplazaron al ministro del Interior para que adopte medidas ante la inacción del mando institucional que aún mantiene en sus cargos a los uniformados acusados de tortura de la 21° Comisaría de Estación Central.

A través de un oficio, Walker junto a los diputados Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, pidieron a la autoridad que se curse la baja de los 12 carabineros formalizados por apremios, detenciones ilegales y obstrucción a la investigación y  se tome como medida suspender o suprimir la pensión que recibe del Estado el  suboficial mayor (R) Francisco Arzola, conocido como “el paco nazi”, y que actualmente enfrenta un juicio oral por sus conductas ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago. Asimismo, los parlamentarios pidieron a Chadwick que se curse “en forma urgente una investigación por los hechos que determine las responsabilidades de mando de los oficiales en la unidad de Estación Central involucrada, y se nombre a un nuevo oficial a cargo mientras se esclarecen las responsabilidades señaladas”.

Los diputados DC destacan en el oficio dirigido a Chadwick que “si bien hoy Francisco Arzola se encuentra enfrentando la justicia como responsable del delito de tortura por primera vez en nuestro país desde la vuelta a la democracia, causa gran preocupación conocer qué ha sucedido con el resto de los carabineros que pertenecían a la misma unidad de Arzola y que estaban bajo su mando, además de conocer que responsabilidad ha sido determinada para toda la cadena de mando que, o conocieron en forma directa los hechos, o debían cuando menos conocer los hechos que estaban sucediendo por la responsabilidad de mando que le corresponde a cada oficial en la institución por la actividad de sus subalternos”.

Para los parlamentarios, es grave lo que “se ha conocido en recientes publicaciones de prensa, algunos de los funcionarios involucrados siguen dentro de la institución, prosiguiendo con su carrera y sometidos algunos de ellos a un sumario interno de la institución del cual no se conoce nada y del que no ha habido resultados en el sentido de separarlos de la institución, siendo que todos fueron partícipes, al menos como cómplices y en algunos como autores, de los delitos de tortura”.

Junto con esto agregan que “además, existirían aun en la misma unidad de Estación Central funcionarios de Carabineros que se denominan a sí mismos aprendices de Francisco Arzola y continuadores de su ‘obra’, estando involucrados en otros hechos de apremios ilegítimos que podrían ser denominados casos de tortura, de los cuales ni las autoridades policiales ni las políticas a cargo de la seguridad pública, como es el caso del Sr. Ministro del Interior, le han dado solución, separando del servicio a la totalidad de los uniformados envueltos en estos hechos”.

El diputado Walker explicó a La Tercera PM que “son graves las situaciones que aparecen en el reportaje por eso le pedimos al ministro del Interior que se proceda a dar la baja de todos los funcionarios de Carabineros que han sido formalizados por actos de tortura, de violencia desmedida y detenciones ilegales”.

Fuente: La tercera

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU,  afirmó “no es admisible que las fuerzas del orden de un país actúen como autores de tortura a sus ciudadanos. Estos hechos deberían ser obra del pasado  y allí deberían quedar”

El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos

El presidente Mexicano ofreció un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su primer Informe de Gobierno

Ciudad de México.- “Se terminó la guerra de exterminio con la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten redadas ni masacres, ni desaparición de personas..." 

"El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, así lo enfatizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el mensaje que ofreció la mañana de este domingo con motivo de su primer informe de Gobierno.

 

Discurso presidencial

Durante el mensaje, el presidente de México reconoció que los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva no son buenos, pero se comprometió a “serenar el país”.

“No son buenos los resultados en cuanto a la disminución de incidencia delictiva en el país (…) constituye nuestro principal desafío, peor soy un hombre de desafíos, retos y estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México, es un compromiso”.

López Obrador, destacó que ese compromiso se logrará con el trabajo coordinado no solo de la administración pública federal, sino con la coordinación de todos los órdenes de gobierno y a los 32 gobernadores del territorio mexicano, los instó a cerrar filas y también advirtió que no habrá más contubernio de la delincuencia con la autoridad.

“Cero impunidad y marcando la línea, por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad. El que se meta a proteger a delincuentes va a ir a la cárcel sin derecho a fianza, ya no hay influyentísimo. Vamos a conseguir que haya tranquilidad y paz, con honestidad y sobre todo con acciones guiadas de que la paz es fruto de la justicia”.

Para el tema de seguridad, reconoció que no existen diferencias entre la administración federal y las estatales, pues dijo -no hay motivo para divisiones y mucho menos cuando se trata de garantizar la seguridad del pueblo-. Afirmó que son ya 58 mil 600 los elementos desplegados de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones territoriales, pero recordó que la meta son 140 mil elementos en 260 coordinaciones.

AMLO, advirtió que ya no se tolerará la tortura ni cualquier otra violación a los derechos humanos, recordó que se trabaja para dar con el paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y se busca dar protección a periodistas amenazados y a defensores de los derechos humanos. “Tienen protección especial 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos. También han sido puestos en libertad 45 presos políticos”.

Fuente: Contramuro