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lunes, 17 de octubre de 2022

Brasil vota el futuro del planeta

Autor: Baltasar Garzon Real es jurista y Presidente de FIBGAR

Es cada vez más evidente que asistimos a una crisis civilizatoria, caracterizada entre otras cosas por una nueva guerra en Europa (algo impensable hasta hace muy poco); el regreso del fascismo a nivel global; el cambio climático que se hace cada vez más presente (siendo ya innegable salvo que seas terraplanista o algo por el estilo) o la creciente desigualdad y concentración de la riqueza mundial en cada vez menos personas. Todo esto por no mencionar la pandemia que ya prácticamente hemos superado, pero con la amenaza cierta de algún fenómeno similar en un futuro no muy lejano.



En este contexto nada alentador, y aunque a primera vista no lo parezca, lo que se decida próximamente en Brasil puede condicionar el futuro inmediato de toda la humanidad.

Brasil está a la espera de la segunda vuelta electoral, en la que se debe dirimir quién será el próximo presidente del país, si Luiz Inazio Lula da Silva o Jair Bolsonaro. El triunfo del progresista por seis millones de votos, pero insuficientes para superar el 50% sobre el ultraderechista el pasado 2 de octubre, hace obligada esta nueva votación prevista el día 30, de acuerdo con el sistema electoral del país. En estos comicios los brasileños deciden mucho más que la elección de uno u otro nombre: se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente y, cómo no, el propio concepto de democracia. A la vista está que un abierto admirador de Pinochet como es Bolsonaro implica una regresión en muchos sentidos, y así lo ha demostrado en estos años su propia gestión de gobierno.

Parapetado en las redes sociales, algo que es propio de la extrema derecha, el presidente y candidato manipula a su antojo la información y trastoca el mensaje cuando afirma: "Lo que está en juego en este momento es el futuro de nuestro país, es hora de unir fuerzas para proteger las libertades y la dignidad del pueblo brasileño y evitar que el grupo que asaltó y casi destruyó al país vuelva al poder". Acusa a Lula, cuando le inunda a él la corrupción, y se erige como el último obstáculo para detener el socialismo, cuando a quien hay que detener es a él por sus tintes autoritarios.


Una amenaza

En su propaganda presenta como el diablo reencarnado a otros líderes latinoamericanos progresistas: Alberto Fernández, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Lula, por su parte, sin abandonar su cuenta de Twitter, se mezcla con el pueblo recorriendo localidades, dejándose ver en directo y estableciendo alianzas con otras formaciones para evitar que la ultraderecha siga al frente del Gobierno.

Bolsonaro supone una amenaza evidente por sus políticas agresivas de deforestación y agresión a la Amazonia, por atentar contra los pueblos originarios, socavar el sistema electoral y debilitar el Estado de Derecho. En su informe mundial 2022, Human Rights Watch (HRW) hace hincapié en estas malas prácticas propias de la ultraderecha y el neofascismo. Durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro propagó información falsa y, según documentó el Senado, se produjo corrupción en la compra de vacunas. Mas de 600 mil personas perdieron la vida por el virus, mientras que el negacionismo bolsonarista reinaba de forma irracional. Es verdad que la memoria de los votantes es laxa a veces, pero no tanto como para olvidar todo esto e inclinar la balanza a favor del desastre. Desde el regreso a la democracia, nunca los derechos humanos habían pasado tan terribles momentos como con las políticas agresivas contra los indígenas, las mujeres, los personas con discapacidad y la propia libertad de expresión; amen del aumento de la violencia institucional, que ha alcanzado su nivel más alto desde 2006.


Lawfare

A todo lo anterior se suman los ataques continuos al poder judicial y su utilización con fines políticos. En esta verdadera guerra judicial o lawfare hay que enmarcar el proceso contra Lula, quien pasó 580 días en prisión, lo que le impidió participar en las elecciones de 2018. El brazo ejecutor fue el juez Sergio Moro, que utilizó las más diversas artimañas en una instrucción plagada de graves irregularidades, luego descubiertas. Al año siguiente Bolsonaro le premió con el ministerio de Seguridad y Justicia. Ahora como senador, en ese viaje de ida y vuelta, da su apoyo a su benefactor. Las acusaciones y condenas contra Lula fueron revocadas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal por considerar que se infringieron las garantías del debido proceso, pero el daño para Lula y para todo el país ha sido irreparable.

Se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente y, cómo no, el propio concepto de democracia 

Si gana Bolsonaro ¿imaginan cuánto empeño pondrá en desmontar el Supremo Tribunal Federal que aún se le resiste? Sobrevuela el ejemplo del presidente húngaro Viktor Orban, quien hizo marchar al presidente de la Corte Suprema, Andras Baka, porque, según dijo el propio juez, “criticaba reformas incompatibles con el derecho europeo”. Ya ven: Montesquieu y el principio de separación de poderes hechos añicos de un plumazo.

La primera barrera al poder absoluto es la justicia, citaba Baka, cesado fulminantemente en 2012 tras calificar como “purga camuflada” en la judicatura la reducción de la edad de jubilación de los jueces de 70 a 62 años. En 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Baka en los términos de que prescindir de él pretendía intimidar al cuerpo judicial.

No olvidemos a Donald Trump y sus maniobras para dominar la justicia. Pondré solo dos ejemplos: primero, la prohibición de entrada en Estados Unidos en 2018 bajo la amenaza de sanciones a los funcionarios y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigaban causas que implicaban a Estados Unidos o a Israel en crímenes de lesa humanidad; segundo, la promesa electoral de Trump de 2016, posteriormente cumplida, de nominar magistrados en el Supremo comprometidos con la causa antiabortista. Tal manipulación en los nombramientos llevó, en efecto, a que en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría de jueces ultraconservadores, acabara revocando la sentencia que garantizaba el derecho al aborto, permitiendo a cada Estado prohibirlo o regularlo.


Triunfa la mentira

Bolsonaro ha ido recorriendo este camino que la ultraderecha protagoniza en cada país en el que gobierna, como marca distintiva. En el caso brasileño, además de Sergio Moro, hay que hacer necesaria mención del exfiscal evangélico Deltan Dallagnol, quien comandó la acusación contra Lula da Silva por el caso Lava Jato. La demostración de que se había producido manipulación política, alteración de pruebas y persecución llevó a la anulación del proceso, lo que, sin embargo, no fue óbice para que tanto Moro como Dallagnol se presentaran a las pasadas elecciones resultando ambos elegidos: Sergio Moro como senador y Deltan Dallagnol como diputado federal, siendo este último el más votado en Paraná, incluso por delante de la presidenta del PT Gleisi Hoffman.

Tales resultados desaniman ante la confirmación de que la mentira, el fraude, la trampa de algunos medios de comunicación, el atentado contra los derechos humanos y los valores democráticos, así como la utilización política de las instancias judiciales, obtienen una recompensa tan efectiva.

El objetivo final, pienso, es el ascenso de la ultraderecha a nivel global y Brasil es en este juego una pieza principal para el continente. Estas elecciones son cruciales, porque se verá si las fuerzas progresistas logran afianzarse o, por el contrario, la ultraderecha contrarresta los avances más recientes de la izquierda conseguidos en Chile o en Colombia y, más aún, como elemento clave en los próximos planes de Donald Trump. Pero la importancia de la contienda electoral en Brasil es todavía mayor.


Lo que nos jugamos

El sociólogo y filósofo Boaventura de Sousa Santos, lo expresaba muy bien días atrás: “Aunque a Brasil, por su enorme tamaño, le cuesta imaginar que algún país o movimiento extranjero pueda afectarlo decisivamente, lo cierto es que la extrema derecha global, que hoy tiene en Estados Unidos sus mayores recursos financieros y tecnológicos, ve en Bolsonaro un instrumento estratégico para mantener su visibilidad internacional y facilitar el regreso de Donald Trump. Para la extrema derecha mundial, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas son las primarias de las elecciones estadounidenses de 2024. He llamado la atención sobre las actividades de Atlas Network, financiadas inicialmente por los hermanos Koch, magnates estadounidenses reaccionarios. Hoy cuenta con 500 instituciones asociadas en 100 países para promover su ideología ultraneoliberal. Fueron importantes en el reciente rechazo al proyecto constitucional de Chile que pretendía acabar con la Constitución del dictador Pinochet y están muy activos en Brasil…” 

Es que nos jugamos mucho. Los ciudadanos brasileños y todos nosotros. De esta próxima llamada a las urnas depende, entre otras cruciales consideraciones, el porvenir de la Amazonia, que será de destrucción si queda a cargo de la extrema derecha depredadora de Bolsonaro, o de recuperación si es la progresista visión de Lula la que, como Petro en Colombia, se compromete a proteger el pulmón del mundo. En tiempos en que el cambio climático es una evidencia que sobrecoge, el posible resultado de esta pugna presidencial lleva a que el planeta contenga la respiración.

En Brasil están en juego ahora no solo los derechos humanos de 214 millones de personas sino también el futuro de todos nosotros, amenazado por la intolerancia, el afán insaciable de beneficio, el desprecio a las libertades y la depredación suicida del medio ambiente. Por todo ello, creo que no exagero cuando digo que en Brasil se vota el futuro del planeta.


Fuente: Infolibre.es


miércoles, 12 de octubre de 2022

Cuadernos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, agrupados por tema.

Compartimos una publicación de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los links correspondientes. Estan agrupados por temas.

Si no aparece el clic, pueden copiar y pegar el enlace.


Ojalá les guste.

*1.- Pena de muerte:* https://bit.ly/2UMPsJW 

*2.- Migración:* https://bit.ly/2Vh0Ahq 

*3.- Desplazamiento:* https://bit.ly/2PkSgYK 

*4.- Género:* https://bit.ly/2VbjUgg 

*5.- Niñas/os y adolescentes:* https://bit.ly/2Gs2ZwB 

*6.- Desaparición forzada:* https://bit.ly/2IvKYkj 

*7.- Control de Convencionalidad:* https://bit.ly/2IJROCc 

*8.- Libertad personal:* https://bit.ly/2Gmoqz0 

*9.- Personas privadas de libertad:* https://bit.ly/2IOUVbI 

*10.- Integridad personal:* https://bit.ly/2IIS9o

*11.- Pueblos indígenas:* https://bit.ly/2UQlHrP 

*12.- Debido proceso:* https://bit.ly/2PmDVuP 

*13.- Protección judicial:* https://bit.ly/2PjA1Tr 

*14.- Igualdad y no discriminación:* https://bit.ly/2Xslesu 

*15.- Justicia transicional:* https://bit.ly/2GuCshU 

*16.- Libertad de pensamiento:* https://bit.ly/2DrWMA2 

*17.- Derecho Internacional:* https://bit.ly/2QBDtg4 

*18.- El Salvador:* https://bit.ly/2BndHlf 

*19.- Personas LGTBI:* https://bit.ly/2EA1caj 

*20.- Derechos Políticos:* https://bit.ly/2S6HYfw 

*21.- Derecho a la vida:* https://bit.ly/2EpEBft 


Fuente: El mundojurídico.com 

Corte IDH reconoció violencia obstétrica en latinoamérica

 OMG la

reconoció que la violencia obstétrica (la violencia que se ejerce durante el embarazo, el parto y postparto) es una forma de violencia de género en su última Opinión Consultiva. Una victoria más para el feminismo latinoamericano y el avance de nuestros derechos💚


Fuente: Twitter

miércoles, 5 de octubre de 2022

¡Cómo se atreven! Art. Opinión Baltasár garzón

 Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades.

Exhumación de una fosa común en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, donde enterraron a 108 personas fusiladas por el franquismo en 1939. Olmo Calvo


El Senado de España está a punto de dar luz verde al proyecto de Ley de Memoria Democrática, con lo que se culminará el largo camino plagado de obstáculos para las víctimas y las familias de quienes fueron represaliados, asesinados, exiliados y desaparecidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado de 1936, que acabó con el orden democrático en nuestro país. Parece mentira que tantas décadas después todavía haya hijos, sobrinos, nietos… reclamando la búsqueda de los suyos enterrados en fosas anónimas y en cunetas al día de hoy. Pidiendo su derecho a recuperar sus restos y dejar claro que fueron ejecutados por su defensa de la legalidad o por no secundar a los golpistas. O que no hayamos reconocido aún a quienes tuvieron que sufrir el exilio.

La aprobación de esta norma, que está tardando demasiado, llega con la oposición de las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y de entidades como la Fundación Transición Política Española. Esta entidad, de la que forman parte unas 200 personalidades entre las que figuran antiguos ministros de la UCD y del PP o quien fue presidente de la Comunidad madrileña por el PSOE, Joaquín Leguina, enfrentan el Proyecto de Ley. Se muestran de acuerdo con una carta dirigida en septiembre a Presidencia de Gobierno por el director de esta fundación, Rafael Arias Salgado. Consideran que el pacto constitucional es incompatible con la nueva norma, que piensan “dinamita la trayectoria de consenso respetada durante nuestro largo periodo democrático”. Y que “siembra una infame sospecha sobre la Transición, hasta el 31 de diciembre de 1983”. Probablemente, no sea de su gusto tampoco el que diversos grupos parlamentarios a la izquierda, apoyen el proyecto.

El 16 de octubre de 2008, desde mi juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, me declaré competente para investigar las desapariciones acontecidas durante la Guerra Civil española y el franquismo. Las consideré un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admití a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra y la dictadura y autoricé exhumaciones en 19 fosas, incluyendo la del poeta Federico García Lorca. Sufrí varapalos desde determinados sectores y, como es sabido, me senté en el banquillo de la sala II del Tribunal Supremo, a causa de la querella que presentaron las fuerzas vivas de lo más próximo al fascismo que teníamos en ese momento. El Supremo me absolvió en este caso, pero sentenció que nunca más se pudieran investigar penalmente las causas de represaliados por el franquismo. Fue una condena a las víctimas que no podrían obtener justicia ni reparación y también a toda la ciudadanía, a la que se negaba para siempre la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Curiosamente, los mismos sectores que plantearon su rechazo a la investigación, se habían opuesto también a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno del PSOE en 2007. Más aún, el nuevo presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo gala de su decisión de no aportar un solo euro en su dotación. Promesa que cumplió con creces.

Durante este tiempo he sido testigo, como toda la sociedad, del calvario de las familias para intentar que algún juez cumpliera su obligación de exhumar los restos de sus seres queridos, y de ayuntamientos del Partido Popular, como el de Valencia, regido por Rita Barberá, para impedir tal posibilidad. Cuando los ciudadanos decidieron en las urnas que deseaban un gobierno progresista del PSOE en coalición con Podemos y el apoyo de otras fuerzas de izquierda, se abrió una puerta que dejó pasar aire fresco. Frente al oscurantismo y el mantenimiento del espíritu del régimen del dictador impuesto por la derecha, comenzó a desatarse lo que tan bien atado pretendían algunos. Queda para la historia la imagen de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Valle de los Caídos levantando acta como notaria mayor del Reino de la exhumación de Francisco Franco. Un nudo menos en la soga que nos ahogaba. 

El trabajo de estos años, para conseguir una Ley de Memoria Democrática, ha supuesto mucho esfuerzo y no pocos debates. Los argumentos contrarios de la ultraderecha y la derecha no son sino ecos de esa época rancia que nadie en España desea que regrese, salvo los herederos del franquismo. El alegato de entidades como la mencionada Fundación y otras entidades de similares ideas, que reivindican la transición como propia, viene a considerar la Ley de Amnistía como una Ley de punto final, obviando años posteriores en que la ultraderecha mató a sus anchas y continuaron las secuelas de un sistema que se resistía desaparecer, incluido el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades y se resista a la eliminación de derechos que desean las ideologías más añejas. Olvidan lo fundamental: a las víctimas.

Son aquellos que no recuerdan que el servicio a un país se realiza día a día; los que pretenden robar el futuro a la memoria y a las víctimas; los que viven anclados en un pasado ya inexistente. Las victimas siguen presentes y defenderlas es la obligación del Estado y de todos nosotros.

Se trata también de que nuestro país, flamante miembro de la Unión Europea, de la ONU e inserto en los foros internacionales más importantes atienda de una vez por todas las recomendaciones de Relatores Especiales, Grupos de Trabajo y Comités de derechos humanos de buscar a los desaparecidos, permitir que sus familias les den digna sepultura, y sean reparadas como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. España está internacionalmente señalada por no haber hecho sus deberes en esta materia.

Como antes se acusó a la ley de memoria histórica aprobada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy se acusa nuevamente a las fuerzas progresistas de un deseo de venganza, de querer reabrir viejas heridas ya cerradas, de romper los acuerdos fundacionales de nuestra democracia. Nada más lejos de la realidad. Se trata de cerrar heridas abiertas por no haber podido en todos estos años concluir un duelo eterno que ha llevado a un sufrimiento permanente de madres, esposas, hijos e hijas por no haber podido dignificar y dar descanso a los restos de los seres queridos; por reivindicar la democracia previa al golpe de Estado; por querer arrojar luz sobre el período más oscuro de nuestra historia. Si ellos vociferan aquel ¡cómo se atreven!, yo mismo les digo que sí, que nos atrevemos, que es necesario, que ya está bien, que nos avalan decenas de recomendaciones de Naciones Unidas. Más bien al contrario, yo les pregunto de vuelta frente a tanta crueldad con las víctimas sostenida innecesariamente por décadas y décadas de democracia ¡cómo se atreven! Aunque les pese, enterraremos a los nuestros, ya basta de tanto odio. ¡Cómo se atreven!        

Art. Opinión Baltasár garzón

Fuente: Diario.es

miércoles, 28 de septiembre de 2022

Vicealmirante comunica al alto mando de la Armada que violadores de DD.HH. "cumplieron cabalmente con su deber"

La quinta antigüedad de la Armada y miembro de la Corte Marcial de la institución, vicealmirante Ramiro Navajas Santini, aseveró en un correo institucional –enviado a todo el alto mando naval– que los 9 exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad, y hoy presos en Punta Peuco y Colina 1, fueron sentenciados por "supuestos hechos" y que se trata de "marinos que cumplieron cabalmente con su deber". El e-mail, que fue copiado al comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, hace referencia a casos de secuestros calificados que involucran desde contraalmirantes a capitanes de Navío y de Corbeta, y un grupo de suboficiales condenados por un triple homicidio. Dentro de los destinatarios del correo electrónico figuran además el vicealmirante José Luis Fernández Morales –nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general Guillermo Paiva, quien renunció precisamente por el hackeo masivo de correos– y el auditor general de la institución, contraalmirante Cristián Araya Escobar, quien también forma parte de la Corte Marcial.


El 27 de agosto de 2021, el vicealmirante Ramiro Navajas Santini envió un correo electrónico, de carácter institucional, a todo el alto de la Armada, con copia al comandante en Jefe, el almirante Juan De La Maza Larraín. En el correo, que forma de los miles de documentos que fueron filtrados por el cibertataque del grupo Guacamaya contra las bases de datos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), hay dos frases muy delicadas para la visión institucional de la Marina sobre las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) ocurridas en Chile durante la Dictadura Militar (1973 - 1990).

Si bien el e-mail publicado por estos días hizo hincapié en el objetivo de la comunicación, que tenía por finalidad hacer una colecta para los exmarinos que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina 1, el contenido del mismo contraviene lo establecido en sentencias judiciales que se hallan ejecutoriadas por los Tribunales de Justicia del país.

En el texto enviado a los almirantes y comodoros del alto mando naval, el importante oficial –la quinta antigüedad de la institución y que desempeña el cargo de director general de Personal de la Armada– califica las violaciones a los DD.HH. cometidas por nueve exmiembros de la Armada como "presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar".

En la citada comunicación, en que además se identifica a los condenados con su grado militar, el vicealmirante Navajas incluye a todo el alto mando naval, cuando sostiene que estas ayudas "refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber". Este "deber"cumplido a cabalidad, según destaca el alto oficial, es considerado por la justicia delitos de lesa humanidad.

Así, por ejemplo, la justicia determinó que el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera participó del delito de secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, por el cual se encuentra condenado a 5 años y 1 día; el suboficial Bernardo Daza Navarro, en tanto, se encuentra sentenciado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz, y cumple una pena de 10 años y 1 día; en el caso del suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, también fue condenado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz a 10 años y 1 día; y el suboficial José Manuel García Reyes, condenado por secuestro calificado a 5 años y 1 día.

Entre los referidos en el correo institucional se encuentra también el contraalmirante Aníbal Osses Novoa, condenado a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Fernando de la Cruz Olivares Mori; el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, condenado por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques, a más de 13 años; además de los capitanes de navío José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, ambos condenados por el secuestro calificado en el caso Rudy Cárcamo, a 5 años y un día, respectivamente.

Tras algunos días de enviado el e-mail, Navajas recibe respuesta de Alberto Ahrens Angulo, contraalmirante director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto, quien le dice: "De acuerdo con los descuentos, feliz de poder cooperar". Con esta respuesta, el contralmirante hace suyo todo lo expresado por su superior jerárquico.


Corte Marcial y alto mando

Según diversas fuentes, el correo del vicealmirante Navajas es particularmente delicado, ya que además de formar parte de las cinco mayores antigüedades de la institución, es ministro de la Ilustrísima Corte Marcial de la Armada, que es un tribunal de segunda instancia. Parte también de esta Corte es otro de los destinatarios del correo, el auditor general de la Armada, contraalmirante Cristián Araya Escobar.

De los 30 destinatarios, prácticamente son todos subordinados del vicealmirante Navajas, quien proviene de tradición militar al ser hijo del vicealmirante Fernando Navajas, una de las personas más cercanas al exmiembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino.

Otro de los destinatarios del señalado e-mail es el vicealmirante José Luis Fernández Morales, quien fue nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general de Ejército Guillermo Paiva, quien tuvo que presentar su renuncia por el hackeo masivo del que emergió precisamente este correo.

Además, figuran recibiendo el correo electrónico el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Yerko Marcic Conley; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Alberto Soto Valenzuela; el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Carlos Huber Vio; el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante Pablo Niemann Figari; el contraalmirante Cristián Araya Escobar y el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Fernando Cabrera Salazar.

Fuentes de la Armada reconocen que el correo es desafortunado y puede presentar una opinión personal, pero descartan que en modo alguno ello represente una actitud sediciosa de la institución, como asimismo resaltan que se desconoce si Navajas recibió algún tipo de amonestación por parte de un superior jerárquico.


Defensores de DD.HH.

El abogado experto en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, comentó a El Mostrador que, si bien hay antecedentes respecto a que a las instituciones armadas se les hace un descuento por planilla que se destina a casos que involucran a internos del penal Punta Peuco, es "lamentable que en el correo se hable de militares que cumplieron con su deber, ya que estos son criminales que violaron los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile".

"Son criminales de lesa humanidad, condenados por tribunales chilenos", recalca el jurista, afirmando que "no se trata de que hayan cumplido con su deber". Esto "es una injuria para la institución", señala el abogado.

"Creo que tienen que dar una explicación. Esto demuestra la poca conciencia de los institutos armados con crímenes aborrecibles de la historia de Chile", agrega Caucoto, recordando a los más de 1.100 Detenidos Desaparecidos que contabiliza actualmente el Ministerio de Defensa.

"Se pierde esa dimensión y se catalogan como lastres del oficio o cuestiones menores. Pero no son menores. Se van a seguir persiguiendo estos delitos que son una cicatriz en la historia nacional", asegura el abogado.

En el mismo sentido se expresa la diputada Carmen Hertz, miembro de la Comisión de Defensa, quien este martes participará de una sesión secreta a la que está citada la ministra del ramo, Maya Fernández.

"Que el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas Santini, director de Personal de la Armada e integrante de la Corte Marcial de la institución, haya tenido la desfachatez de tildar a los delincuentes de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, como presuntos culpables y además de sujetos que habrían cumplido cabalmente con su deber, es un agravio inaceptable al conjunto de la sociedad chilena, un agravio inaceptable al Poder Judicial, y si este correo se envió con copia al comandante en Jefe de la Armada, reviste particular gravedad, al no haber adoptado medida alguna de parte del jefe superior en relación con los dichos de Navajas".

El Mostrador consultó a Comunicaciones de la Armada de Chile, desde donde declinaron hacer comentarios al respecto; a la Subsecretaría de la Defensa, con el mismo resultado; y al Ministerio de Defensa, quienes adelantaron que se referirían a estos hechos tras la sesión secreta en la Cámara, donde la ministra Fernández oficiará de vocera.


Fuente: El mostrador

martes, 20 de septiembre de 2022

Murió Gerhard Mücke, criminal de la dictadura y exjerarca de Colonia Dignidad

 

 

Periodista Digital: EFE

Gerhard Mücke, criminal de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y uno de los jerarcas de la exColonia Dignidad, el enclave alemán ubicado en el sur de Chile, murió este fin de semana a los 87 años a causa de graves complicaciones de salud en el Hospital de Cauquenes, según pudo confirmar Efe con múltiples fuentes.




"Murió Gerhard Mücke, cómplice de las aberraciones sexuales de Paul Schaefer en Colonia Dignidad y condenado por delitos de lesa humanidad contra detenidos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los exjerarcas de Colonia Dignidad", publicó en sus redes sociales la diputada oficialista por el Maule Consuelo Veloso (Revolución Democrática), una de las pocas autoridades que se ha referido al hecho.

Condenado a más de 20 años de cárcel por diversos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, Mücke, que cumplía su sentencia en la Cárcel de Cauquenes, era conocido como uno de los fundadores del asentamiento en 1961 y uno de los hombres más cercanos al líder de exColonia Dignidad y exmilitar nazi, Paul Schaefer, ya fallecido.

"No hay ningún crimen cometido en la exColonia Dignidad del cual Mücke no haya tenido un grado de participación", dijo a Efe el abogado Winfried Hempel, que lleva adelante causas de derechos humanos vinculadas a los hechos ocurridos en la zona y que recibió noticias de su fallecimiento durante la mañana del sábado.

"Desde luego, participó en el maltrato y tortura de colonos, así como también en todas las aristas que se dicen en relación con la detención, tortura y desaparición de víctimas de la dictadura de Pinochet", agregó Hempel.

Pese a ser un ciudadano alemán, Mücke estaba registrado como un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la Región del Maule, la policía secreta de la dictadura que operó con escuadrones de persecución y asesinato de opositores, golpeando el seno de las organizaciones de izquierda que pasaron a replegarse y resistir tras la caída del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973).

"Participaba en operativos del Ejército en la zona, detuvo a personas, personalmente torturaba a los presos y luego participaba de los fusilamientos", relató Hempel a Efe.


MÜCKE RECONOCIÓ EL ASESINATO DE "UNA TREINTENA" DE PRISIONEROS

En declaraciones de 2005, entregadas al ministro en visita Jorge Zepeda desde la cárcel, Mücke reconoció el asesinato de "una treintena" de prisioneros, hecho del que aseguró fue testigo directo, describiendo su posterior inhumación ilegal en una fosa común y sucesiva exhumación en la "Operación Retiro de Televisores" de 1978, acción militar que buscó desaparecer los restos de detenidos políticos para evitar hallazgos y procesamientos judiciales.

"Mücke fue hermético hasta el final, era de línea dura y prácticamente no colaboró nunca, llevándose muchos secretos a la tumba. Se le pidió en los últimos meses que por lo menos colaborara en entregar identidades de detenidos desaparecidos, pero ni siquiera tuvo esa consideración", enfatizó Hempel.

Durante décadas, según consta en registros judiciales y periodísticos locales, los jerarcas de la exColonia Dignidad sometieron a esclavitud y tormentos a colonos alemanes, abusaron de niños y fueron cómplices y encubridores activos de los crímenes de la dictadura cívico-militar.

Sin ir más lejos, contaron con el respaldo de altos dirigentes de la derecha chilena hasta avanzados los años 90, como el exministro de Justicia del Gobierno de Sebastián Piñera y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.


"LA MÁXIMA ABERRACIÓN DEL SER HUMANO ESTUVO EXCOLONIA DIGNIDAD"

"Este criminal máximo jamás se arrepintió ni reconoció la barbarie cometida en ese lugar. Pienso en Juan (Maino) y tantos otros que pasaron por sus manos y que, sin pensarlo un minuto, torturó y asesino. La máxima aberración del ser humano estuvo en ese lugar (exColonia Dignidad)", dijo a Efe Margarita Maino, hermana de uno de los detenidos desaparecidos que habría pasado por el recinto.

"Se fue sin dar a conocer toda la información que tenía respecto a crímenes de lesa humanidad, al asesinato y desaparición de personas, a los delitos vinculados a la DINA de la séptima región y este enclave. Lamentamos que se haya ido sin entregar esto para avanzar en la verdad, justicia y reparación", dijo a Efe el periodista y vicepresidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Gabriel Rodríguez.

Contactado por Efe, personal de salud del Hospital de Cauquenes, dijo que no podía entregar información a terceros, pero que la familia había sido notificada.

La Colonia Dignidad operó como centro de detención clandestino entre 1973 y 1974, sitio al que llegaron prisioneros desde distintos puntos del país tras el golpe militar, incluyendo Santiago. Dicha Colonia fue un enclave alemán situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fundada en 1961 por un grupo de alemanes reclutados por el suboficial nazi Paul Schaefer.

Durante décadas, los jerarcas de la colonia burlaron las leyes chilenas, y el primer Presidente tras el retorno de la democracia a Chile, el democratacristiano Patricio Aylwin (1990-1994), le retiró la personalidad jurídica, que describió como "un Estado dentro del Estado".



jueves, 15 de septiembre de 2022

El excesivo cumplimiento de las sanciones, una nueva amenaza para los derechos humanos, afirma experta de la ONU

La proliferación de sanciones secundarias -aquellas que los Estados imponen a terceras partes para hacer cumplir sus sanciones unilaterales- ha dado lugar a un creciente temor a su cumplimiento excesivo, lo que está provocando graves efectos adversos en los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, ha declarado hoy un experto independiente de la ONU.

En concreto, las sanciones secundarias tienen por objeto impedir que terceras partes -Estados, entidades comerciales y particulares- comercien con los países sujetos a sanciones emitidas unilateralmente por otro país.

"Hoy en día el mundo se enfrenta a una proliferación de sanciones secundarias, aplicadas extraterritorialmente a Estados, entidades o individuos por su presunta cooperación o asociación con las partes sancionadas", dijo la relatora* especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan**.

Al presentar hoy su informe temático en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Douhan dijo que las sanciones secundarias, y la amenaza de tales medidas, se estaban utilizando para imponer sanciones unilaterales contra Estados y sectores económicos clave.

La experta dijo que el impacto se vio exacerbado por el exceso de cumplimiento por parte de diferentes actores, como los Estados, las empresas, las instituciones financieras, las organizaciones de la sociedad civil y los actores humanitarios, que optan por cortar los vínculos con los países sancionados por temor a las repercusiones, incluso para las actividades autorizadas.



Un alcance indiscriminado

"El exceso de cumplimiento se ha convertido en una práctica generalizada a escala mundial, y debe reconocerse como una nueva e importante amenaza para el derecho internacional y los derechos humanos", dijo Douhan.

"Tiene un alcance indiscriminado y repercute en los derechos humanos de todos, no sólo de los que viven en los países sancionados, sino también de los nacionales de esos países que viven en el extranjero, y a veces puede superar el impacto de las sanciones primarias", dijo.

La relatora especial destacó el impacto de las sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento en el suministro de ayuda humanitaria y en las operaciones de los agentes humanitarios.

Esas medidas "obligan a los actores humanitarios a buscar métodos menos formales de transferencias financieras y adquisiciones, lo que da lugar a mayores costes, importantes impedimentos operativos, mayores riesgos y menor transparencia", dijo Douhan.

También se mostró preocupada por las implicaciones jurídicas internacionales de las sanciones unilaterales y el exceso de cumplimiento en materia de responsabilidad internacional, derecho penal internacional, comercio, derecho medioambiental y convenciones e inmunidades diplomáticas.


Son ilegales

"Las sanciones secundarias y sus consiguientes sanciones civiles y penales son ilegales", dijo Douhan.

La experta en derechos humanos instó a los Estados a eliminar o minimizar el exceso de cumplimiento de las sanciones unilaterales a través de la legislación, la regulación y los incentivos financieros o de otro tipo.

 "Los Estados deben eliminar o compensar los riesgos que conducen a este tipo de conductas, que llevan a violaciones de los derechos humanos", dijo.

Douhan instó a las empresas e instituciones financieras a que adopten un enfoque basado en los derechos en su aplicación de los procedimientos de diligencia debida y a que establezcan mecanismos para supervisar el impacto del cumplimiento y el exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones unilaterales sobre los derechos humanos.

También pidió a las organizaciones internacionales, incluida la ONU, y a los actores de la sociedad civil que integren en su trabajo la evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales y del cumplimiento excesivo de las sanciones.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**Alena Douhan (Bielorrusia) fue nombrada relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020. Douhan cuenta con una amplia experiencia en el campo del derecho internacional y los derechos humanos como profesora de derecho internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia (Minsk), profesora visitante en el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (Bochum, Alemania) y directora del Centro de Investigación sobre la Paz (Minsk). Se doctoró en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 (Bielorrusia). Los intereses académicos y de investigación de Douhan se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y el derecho de los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho medioambiental internacional.

Fuente: Noticias ONU

lunes, 29 de agosto de 2022

La confrontación de los extremos

Autor: Luis Gallegos Chiriboga

El mundo vive una división agravada por las circunstancias globales, cuyas incidencias afectan a todas las sociedades del mundo. La enfermedad global, las guerras y los extremismos repercuten en el pensamiento personal y colectivo. Esos radicalismos, generalmente, nunca se confrontan por medio del diálogo civilizado, son posiciones irreductibles de liderazgos obtusos, que implican la incapacidad de encontrar soluciones a las graves incidencias que alteran nuestras vidas.


Lamentablemente, la gran mayoría de la población pensante se encuentra en el centro del espectro político y económico. Esos son los que normalmente tienen que pagar los platos rotos de los desacuerdos de los extremos. Esos radicalismos, que tildan como ideológicos, normalmente son desencuentros de intereses. Lo extraño en muchos países, es que los extremos solo hacen declamaciones idílicas de posiciones y no presentan programas y proyectos que enfrenten con soluciones la angustiosa realidad de las mayorías.

Hoy, se discute en Estados Unidos la “bipolaridad” política, en donde dos partidos están encapsulados en sus posiciones más radicales y no encuentran, o no quieren encontrar, el campo intermedio para que prevalezcan los intereses de la mayoría de su población. Tan separadas están las posiciones que hay muchos pensadores que cuestionan la supervivencia de la democracia estadounidense.

Hay que analizar los motivos que llevaron a esta situación. Los liderazgos de ciertos grupos hegemónicos en los partidos tradicionales, los extremismos imperantes de sus élites poco ilustradas, el predomino del resentimiento y el odio, pero sobre todo la ausencia de una discusión realista de la problemática social, económica y política han contribuido a esta situación.

Lo que hace esta “bipolaridad” global es afectar la esencia misma de la gobernabilidad y provoca el abandono de la visión conjunta para enfrentar sus problemas, en base a sus intereses y no los intereses importados de otras tendencias internacionales.

Fuente: El comercio

sábado, 27 de agosto de 2022

Bachelet dice que una extradición de Assange a EEUU afectaría la libertad de prensa

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que una posible extradición y enjuiciamiento en Estados Unidos de Julian Assange es motivo de preocupación por el impacto que tendría en la libertad de la prensa, en el periodismo de investigación y en la actividad de los informantes.



Bachelet recibió este jueves en su oficina en Ginebra a la esposa del fundador de Wikileaks, Stella Assange, así como a sus abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez, que le informaron de la situación del activista, quien desde 2019 se encuentra en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido.

En comentarios a Efe sobre este caso, la alta comisionada enfatizó la importancia de que se respeten los derechos humanos de Assange, “en particular el derecho a un juicio justo y al debido proceso”, y aseguró que su organismo estará atento a lo que ocurra.

Asimismo, indicó que está informada sobre los problemas de salud de Assange, al que Estados Unidos reclama para procesarlo por 18 delitos relacionados con espionaje e intrusión informática por la publicación en su portal Wikileaks de decenas de miles de documentos secretos relacionados con la guerra de Irak, la invasión de Afganistán y la prisión de Guantánamo, entre otros temas.

Sus defensores aseguran que se trata de un caso de persecución política y que podría recibir una pena de por vida.

Las mayores publicaciones de secretos de inteligencia estadounidenses se produjeron entre 2010 y 2011, tras lo cual Assange -de nacionalidad australiana- empezó a ser perseguido por la justicia, lo que le llevó a pedir asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo confinado entre 2012 y el momento de su detención en 2019.

Bachelet sostuvo que hay inquietud por la salud física y mental del periodista, que espera la decisión final de un tribunal británico su extradición, que fue aprobada a mediados de junio por el Ministerio del Interior británico.

Según información divulgada por la campaña Don’t Extradite Assange, su esposa expuso a Bachelet el “frágil estado de salud” que atraviesa y aludió a informes médicos que confirman el riesgo de que Assange muera en prisión y que la extradición pueda llevarle a poner en peligro su propia vida.

Fuente: Biobio Chile

Comisión de la Verdad: sus hallazgos abren nuevas pistas de investigación y acción estatal

Por Fernando Rodríguez Ureña -.


Con la entrega al presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, en acto oficial del Informe Final en sus 11 tomos y su resumen ejecutivo denominado Memoria Histórica, concluyó la primera etapa de trabajo de la Comisión de la Verdad, creada mediante la Ley 879.

Si bien las acciones operativas de la Comisión cesaron el 20 de diciembre de 2019, cumpliéndose plazos y procedimientos mandados por ley, faltaba que el despacho de la Presidencia del Estado Plurinacional señale una fecha para completar la entrega a todas las instancias mandadas por ley. Cumplida esta entrega, el informe ya pasa a ser información pública y puede accederse a él en sus 11 tomos y el material de sustento de los mismos, en la Biblioteca de la Asamblea Plurinacional, donde se ha creado una sala exclusiva para su custodia.

Consideramos que se ha iniciado una nueva fase de proyección del trabajo de la Comisión de la Verdad, pues el conjunto de recomendaciones que generó, el Estado Plurinacional tiene la obligación de cumplirlas y será necesario articular una instancia de Estado y sociedad civil que se encargue de hacer seguimiento a las recomendaciones y articular a sus actores e instituciones. En una instancia como esta, será también pertinente que la cooperación internacional y la cooperación multilateral sean convocadas, la primera en el fomento de la cooperación para el fortalecimiento de una cultura de Derechos Humanos y recuperación de la memoria histórica. La segunda, pues muchas de las recomendaciones están relacionadas a observaciones de los mecanismos de seguimiento de los tratados en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos.

Entre las recomendaciones más importantes del Informe de la Comisión, y de una manera general, se pueden señalar:

El resarcimiento integral y en todas las modalidades de las víctimas y sus familiares, mediante mecanismos apropiados y que no produzcan o reproduzcan injusticias pasadas. Continuar en base a las nuevas pistas las investigaciones sobre el destino final de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal. Que el Ministerio Público convoque a civiles que tuvieron relación con estos hechos y que nunca declararon. Que se estructure la Casa de la Memoria como eje articulador de estas acciones.

Durante el proceso de investigación hubo instituciones que se ajustaron al mandato, pero también otras que colaboraron con lo mínimo para mostrar que cumplían la norma, pero su voluntad de cooperación fue casi nula. Una de ellas fue el Ministerio de Gobierno, que junto a la Policía Boliviana fueron renuentes a la cooperación mandada por ley.

Con luces y sombras, las Fuerzas Armadas cumplieron abriendo sus archivos clasificados. El mito de su inexistencia fue quebrado. Los archivos existen y es de destacar que la Comisión de la Verdad de Bolivia fue la única en el mundo que tuvo acceso a ese tipo de información de Estado, por cierto valiosa. Lástima que solo se le permitió trabajar en ellos durante cuatro meses. Quién sabe si el recorte en tiempo de funcionamiento de la Comisión, haya tenido en esta actividad un otro componente, ya que era evidente para algunos uniformados la incómoda presencia de la Comisión en recintos tan sensibles.

La producción de este informe no resultó tarea fácil. Desde intentos de nepotismo hasta el colonial “acato pero no cumplo”, pasando por conquistar la necesaria autonomía de funcionamiento y concluyendo con la escasa o nula comprensión de la dimensión política de una Comisión de la Verdad de parte de incontables técnicos del aparato gubernamental, implicaron realizar un esfuerzo llevado al límite.

También se debe hacer referencia a la diversidad de fuentes, personales e institucionales, con riquísima información encontradas. Sin embargo, estas fuentes requieren una sistematización y su ordenamiento con estándares documentales internacionales, manteniendo el formato de entrega de documentación realizado por la Comisión.

A esto se sumó una realidad de carácter subjetiva, que tiene origen en el hecho que las organizaciones de víctimas están divididas y si bien la Comisión generó condiciones para sentarlas en la misma mesa, no deja de ser cierto que estas reuniones pudieron ser más productivas, pues las dirigencias de las mismas sostienen un liderazgo que compite y niega a las dirigencias de organismos similares, en muchos casos por el abordaje diferenciado de los temas y, por supuesto, la interpretación de los hechos.

Todas estas variables estuvieron presentes en el proceso de investigación y, pese a los obstáculos que suponen, los objetivos, las actividades planificadas y reformuladas a diciembre del 2019, además del presupuesto ejecutado, fueron alcanzados en un porcentaje superior al 95%.

Si bien estos aspectos señalados sirven para calibrar la voluntad política del Estado y los actores e instituciones involucradas, y la eficiencia del equipo operativo, son sin duda más importantes que los resultados alcanzados.

La extensión de un artículo como el presente no permite una exposición que merecerían todos los casos investigados, por lo que se expondrá una breve sistematización de constantes confirmadas en los golpes investigados.

Se puede señalar que los golpes de Estado entre noviembre de 1964 y octubre de 1982, no fueron aventuras de solo militares ansiosos de poder, sino que todos implicaron la participación de grupos de civiles, siempre conectados a intereses transnacionales.

Que los grupos de civiles involucrados, generalmente fueron los mismos pero que en diferente grado de intensidad participaron de los golpes. Estos alcanzaron notable impunidad y la ley no los tocó. Solían pertenecer a logias y grupos de poder, irónicamente, activos políticamente en democracia.

Todos los golpes tienen por detrás la aspiración de administrar recursos naturales estratégicos en calidad de materias primas, en beneficios de empresas extranjeras.

Los golpes de este periodo siempre han tenido como consecuencia un efecto desindustrializador soberano, afectando por esta vía a la economía nacional.

El narcotráfico, en menor escala pero ya presente en el golpe de Barrientos, tuvo hasta el 1982 un rol importantísimo, ya que fue no solo la fuente de financiamiento de los golpes, sino el componente que articuló y cualificó el paramilitarismo, que de grupos de matones y golpeadores pasaron a ser capacitados en torturas, interrogatorios y, finalmente, en desapariciones forzadas, resultado de la injerencia internacional como el Plan Cóndor. Klaus Barbie es el sujeto emblemático de esta actividad.

Detrás de los golpes de Estado en el periodo mencionado, siempre aparecen actuando organismos de inteligencia como la CIA estadounidense, el Mosad israelí o la inteligencia europea.

En todos los golpes aparecen participando embajadas extranjeras, en unos casos de países limítrofes y en otros continentales. Las agregadurías militares juegan un rol esencial en los mismos. Estas se convierten en vehículo y en otros casos en cobertura de la conspiración contra gobiernos populares.

Las masacres, desapariciones de dirigentes sindicales o activistas sociales y políticos, se producen en colectivos de resistencia a las medidas económicas que vienen acompañando los golpes de Estado. No son casuales ni aisladas. Tienen siempre una explicación económica de fondo. Esto se aplica a masacres mineras, especialmente, pero de igual forma campesinas y fabriles.

El caso de la represión a universidades y miembros de las iglesias, es un producto de la doctrina de seguridad continental norteamericana que apunta a Universidades e Iglesias como objetivos a ser controlados.

Yendo de lo general a lo particular, solo por fines expositivos en el presente artículo, haremos sintética referencia a los hallazgos del golpe de 17 de julio, ya que para fines de la Comisión todos los casos investigados tuvieron el mismo valor e importancia.

El golpe de Natusch del 1 de noviembre de 1979, está íntimamente ligado al golpe del 17 de julio de 1980. La herencia (vacancia) del poder dejado por Banzer, el control de las articulaciones internacionales con el narcotráfico, el sostenimiento de la impunidad ante crímenes cometidos, articula a civiles y militares en el intento de reproducción del poder.

Después del fallido golpe de Natusch, se activan las acciones de las Fuerzas de Operación del Plan Cóndor para “capacitar” a los nuevos golpistas y sus operadores civiles, los paramilitares, esta vez contando con el apoyo de la Triple A argentina y oficiales y suboficiales navales de ese país que tienen un rol definitivo en esta tarea.

El asesinato de Luis Espinal resulta ser una prueba piloto de estas labores. ¿Por qué Luis Espinal? Porque él se había convertido en el vehículo mediante el cual se estaban acopiando y construyendo las pruebas para el Juicio de Responsabilidades a Banzer. Esta situación es detectada por el Plan Cóndor, que actúa implacablemente. El modus operandi del asesinato y tortura tiene el patrón de las acciones de la Triple A y no corresponde a “la cultura represiva de los tiras bolivianos”.

¿Quién coadyuva en esta tarea de acopio de información? El futuro diputado suplente por la Unidad Democrática y Popular (UDP), Carlos Flores Bedregal, un joven legislador que con sus 27 años trabaja con Espinal y Marcelo Quiroga en los contactos, traslado de las pruebas, reuniones de planificación en torno a esta responsabilidad asumida. Su muerte en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) no es casual ni el resultado de una bala perdida de la ráfaga que hirió mortalmente a Marcelo Quiroga. A Flores se lo identificó y se le disparó a quemarropa.

El otro objetivo era Marcelo Quiroga, quien “sabía mucho” y era un peligro para impedir el ingreso de Banzer en la vida política civil en democracia. Por eso decidieron su asesinato.

Se materializa el golpe de Luis García Meza, haciéndolo encabezar a un militar que era un ícono en las Fuerzas Armadas por su dureza, inflexibilidad y posición anticomunista. Mas el cerebro del golpe y poder detrás del trono era Luis Arce Gómez, oficial con un larguísimo historial que amerita una larga nota. En los hechos era Arce Gómez el jefe de las operaciones del golpe y, por supuesto, sabía más y operativamente tenía más poder que el propio García Meza, y sostenía una vinculación estrecha con Banzer, quien no lo terminaba de aceptar “por loco e indisciplinado”, pero que necesitaba de él para su proyecto político, en la nueva ola democrática que abarcaría Latinoamérica.

El asalto a la COB está acompañado de otro hecho del que poco se habla. El asalto a la oficina de Marcelo Quiroga en el por entonces denominado Palacio Legislativo. Allí ingresa un grupo de ocho oficiales y suboficiales que, con la ayuda de una agente infiltrada en esa oficina, identifica y secuestra los 12 archivadores de palanca que constituían la prueba para el juicio de responsabilidades a Banzer. Este solicita a Arce Gómez que dicho grupo de su confianza, que llega desde Santa Cruz, se encargue de esta tarea, lo cual es aceptado y es cumplida la acción de acuerdo a lo planificado.

La Comisión sostiene que fueron estos cuerpos, y no cuerpos humanos, los que por la tarde del 17 de julio fueron trasladados a la hacienda de Banzer en San Javier en un avión Beechcraft de la entonces prefectura de Santa Cruz. Estos cuerpos documentales resultaban el objeto fundamental del golpe, pues su quema y destrucción por el propio Banzer significaba poder saltar al terreno democrático y seguir actuando políticamente como civil.

¿Quiénes fueron los autores de la muerte de Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal y cuál es el destino de sus cuerpos? Si bien el trabajo de la Comisión no pudo llegar a develar estos datos, investigaciones de campo han podido encontrar hilos conductores de nuevas pistas y se han generado hipótesis que deben ser trabajadas e investigadas.

Esta parte de la investigación amerita otra nota, por la que solo expondremos nuestra hipótesis más firme: Marcelo Quiroga podría haber sido enterrado en el Cementerio General, con nombre falso, en un nicho temporal. Existe como pista la compra de nichos en esas fechas, por Galo Trujillo, conocido paramilitar y jefe del SES. Al ser un nicho temporal y no ser retirados los restos por sus familiares, estos podrían haber tenido como destino el osario del Cementerio General. De allí que su paradero sea incierto, pues un exAlcalde muy conocido habría decidido la supresión del osario y la destrucción d restos ahí depositados, pues eran objeto de compra y venta de huesos por parte de estudiantes de medicina, constituyendo hechos de corrupción en el que participaban funcionarios ediles de la época.

La otra hipótesis sostiene que los restos de Marcelo podrían estar enterrados en la que por entonces se denominaba perrera, construcción contigua a las excaballerizas del Estado Mayor. La carencia de un scanner impidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizara esta pericia de campo, que consideramos es también necesario hacer.

El caso de Flores Bedregal es diferente y existen nuevas hipótesis para continuar con su investigación.

Estos dos casos representativos y todos los casos de desaparecidos, merecen continuar con las investigaciones hasta abordar la Verdad que después de más de cuatro décadas merece ser conocida, pues constituye una herida aún abierta para los familiares y todo el pueblo boliviano.

Para finalizar, es preciso hacer un reconocimiento a quienes fueron designados como comisionados: la Dra. Nila Heredia, Presidenta de la Comisión; Edgar Ramírez S., Presidente Alterno; Isabel Vizcarra y Teodoro Barrientos, quienes se constituyeron en el Directorio del trabajo de la Dirección Ejecutiva, instancia en la que en diferentes momentos de la investigación participaron alrededor de 50 personas con distintas habilidades y especialidades acordes a la estructuración de la información.

No podemos concluir este artículo sin rendir un sentido homenaje a Edgar Fidel Ramírez Santiesteban, recientemente fallecido, que fue un puntal operativo de todo el proceso de la Comisión y quien además por su experticia en archivística, análisis político y militancia en las luchas sindicales, participó y orientó todo el trabajo, siendo otra de sus menciones de honra haber sido una víctima directa del Plan Cóndor en el intercambio de presos políticos de Banzer con Pinochet.

Un reconocimiento explícito a su tarea sería nominar a la Casa de la Memoria con su nombre, personificando en él a todas las víctimas, y en justo homenaje a quien no solo se enfrentó a los gobiernos de facto, sino que además aportó de manera inconmensurable en la investigación que pide el resarcimiento integral de todas las víctimas de las dictaduras.

Solo resta esperar que las recomendaciones sean cumplidas por el Estado Plurinacional y se abra un nuevo momento en la reconstrucción de la Verdad.

Fuente: La época (Bolivia)

miércoles, 24 de agosto de 2022

El referéndum de Chile divide al país a dos semanas de su celebración

Según su titular, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido, desde que se aprobó en el Congreso el régimen de excepción, más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a DD. HH.



La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó la existencia de atropellos en al menos 7 casos durante los primeros días del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde finales de marzo e implementado para "combatir" a las pandillas, según informó este lunes (22.08.2022) el titular de la institución, José Apolonio Tobar.


Tobar indicó en una entrevista televisiva que -de 173 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos recibidas, únicamente en San Salvador, en el primer mes del régimen de excepción- en 7 casos "existe responsabilidad de los funcionarios que han sido denunciados". Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la PDDH y afirmó que "es la investigación la que nos da el soporte".


El procurador añadió que en la resolución del expediente con los casos de San Salvador emitirá también una serie de recomendaciones a la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada y Centros Penales. Tobar dijo también que, de 65 denuncias investigadas en el departamento de Cuscatlán, en ninguna se confirmó que existiera atropellos por las autoridades.


La PDDH, según su titular, ha recibido, desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa el régimen de excepción, más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos.


Sobre las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, Tobar declaró que la PDDH tiene "28 expedientes abiertos". Sin embargo, y de acuerdo con organizaciones humanitarias y reportes de medios locales, al menos 63 personas han fallecido bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.


El Estado de El Salvador aseguró a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe con fecha del 29 de julio que supuestamente investiga estas muertes, sin precisar la cifra. "El Estado comunica que las situaciones presentadas (muertes) han dado lugar a investigaciones que se encuentran en proceso bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República", señaló El Salvador.


El país centroamericano se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas el último fin de semana de marzo que dejó más de 80 víctimas. Bajo esta suspensión de garantías constitucionales, son más de 50.500 personas detenidas, según cifras oficiales.


ama (efe, el diario de hoy, megavisión)


Fuente: DW

jueves, 18 de agosto de 2022

Daniel Ortega continúa su cruzada contra la Iglesia católica y detiene a un tercer sacerdote

Al acoso a los templos se suma la apertura de una investigación contra un obispo por «ejecutar actos de odio», según la Policía de Nicaragua.



Óscar Danilo Benavidez Tinoco, párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Mulukukú, perteneciente a la Diócesis de Siuna, se convirtió el domingo en el tercer sacerdote detenido por el régimen de Daniel Ortega. «Comunicamos a todos nuestros fieles católicos que en la tarde de hoy domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavides párroco de la parroquia Espíritu Santo Mulukukú, desconocemos las causas o motivos de su detención, esperamos que las autoridades nos mantengan informados», informó la Diócesis de Siuna en un comunicado difundido en redes sociales recogido por el medio '100% Noticias'. El lunes, Benavidez fue trasladado a la prisión del Chipote, donde están encarcelados en la actualidad 180 presos políticos.

Esta nueva detención muestra la escalada de represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, crítica con el régimen, que obligó a convocar una reunión de urgencia a la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes para abordar esta situación.

Este mismo martes, los feligreses de una congregación no pudieron entrar en la Parroquia de Santa Lucía en Ciudad Darío, norte de Nicaragua porque la policía orteguista impidió el acceso al templo y el sacerdote tuvo que dar el sacramento detrás de una valla, según se puede ver en las imágenes colgadas en las redes sociales.

 El caso de Danilo Benavidez Tinoco se suma al hostigamiento sufrido desde hace semanas por el obispo Rolando Álvarez. La Policía Nacional mantiene rodeada la casa parroquial de monseñor, ubicada en la ciudad de Matagalpa, en el centro del país. La medida fue impuesta desde el 4 de agosto, el mismo día en que Álvarez realizó una procesión con los símbolos del catolicismo. Una escena como esta no se veía desde las protestas de abril de 2018, cuando miles salieron contra el régimen, incluidos varios curas que también hicieron procesiones por la «paz». Por ello, algunas fuentes eclesiásticas han asegurado que existen «presiones» por parte del Gobierno de Ortega hacia la jerarquía católica de Nicaragua con el fin de sacar al prelado del país.

 Sin embargo, monseñor Álvarez se ha negado a irse. Dentro de la curia graba vídeos y los cuelga a las redes sociales de la Diócesis de Matagalpa, su sede religiosa. El día que fue asediado aseguró que tiene una misión religiosa, y que la lucha de los «creyentes», no es solo contra «fuerzas humanas».

«Recuerden amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio es la muerte del corazón; al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza, al miedo con la fortaleza y con la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado», dijo el jerarca católico en otra transmisión realizada el 6 de agosto.

La situación en la curia de Matagalpa ha elevado las alarmas nuevamente en el país. La persecución ejecutada por estas fechas en 2021 contra siete aspirantes a la presidencia y decenas de líderes opositores sigue latente. El régimen abrió «una investigación» contra el líder religioso por «intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población», según reza un documento publicado por la Policía Nacional un día después de la procesión. Dentro de la casa parroquial también se encuentran otras 11 personas que acompañan al obispo en sus jornadas de oración.

La vicepresidente Rosario Murillo también hizo mención a los hechos el pasado jueves, tildando las acciones de Álvarez como «crimen de lesa espiritualidad», una tipificación inexistente en el marco jurídico. «Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo… Sin estatura moral alguna. Personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, personajes que creen que pueden ocupar lugares de autoridad, que tal vez no merecen, que tal vez no son para ello», agregó la vicemandataria, quien en otras ocasiones ha tildado a los curas católicos de «golpistas» y «falsos profetas».

Fuente: abc.es

martes, 9 de agosto de 2022

Invitación a Charla "Geoparques, una opción para el cambio climático y el desarrollo sostenible".

 El el salón auditorio de la Universidad de O'Higgins (Rancagua) ofrecerá, el próximo viernes 12 de agosto de 2022, la charla "Geoparques, una opción para el cambio climático y el desarrollo sostenible".



Las llaves de Colombia

 Baltasar Garzón 9 de agosto de 2022 10:59h 


En el año 2012 recibí las llaves de la ciudad de Bogotá de manos de su alcalde. Supuso para mí un inmenso honor en un momento especialmente duro de mi vida profesional. En la memoria también están presentes, de forma principal, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos; el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, al dar, estos, el visto bueno a mi incorporación como asesor a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz.




Bogotá, siguiendo la terminología derivada de la antigua civilización muisca, tiene varias acepciones. Yo me quedo con la que creo más la significa: “La dama de la montaña que resplandece”. No sé si pueden imaginar lo que significa para alguien tan ligado como yo a la pelea por los acuerdos de paz de Colombia contar con el honor excepcional de recibir ese galardón. El regidor que me lo entregó tuvo un complejo mandato, siendo destituido de su cargo tras la desprivatización de la recogida de basuras para luego ser restituido por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alcalde se llamaba Gustavo Petro, obtuvo sus mejores éxitos en educación y salud y desde el consistorio saltó al escenario nacional, convirtiéndose en un referente de la izquierda.

Diez años después me encuentro de nuevo en Bogotá, en circunstancias diferentes. Acudo junto a mi compañera de vida, Dolores Delgado, a la toma de posesión de Gustavo Petro, que ha recorrido un camino largo desde su despacho municipal de entonces. Este domingo, el revolucionario que formó parte de la guerrilla Movimiento 19 de abril (M19) asumía la realidad de ser el primer presidente de izquierdas de Colombia. Con él, Francia Márquez, su vicepresidenta, que va a revolucionar el papel de la mujer, de la indígena, de la afroamericana de los y las invisibles en su país.

Esta nación querida tiene ahora un gobierno progresista. Ello supone la continuación de los esfuerzos por la paz que omitió el gobierno anterior de Iván Duque, la implementación de un modelo solidario de desarrollo y un impulso para la reactivación de Latinoamérica, reactivación que podrá potenciarse aún más en la región si en octubre las urnas dan la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva para la presidencia de Brasil frente al ultraderechista actual mandatario Jair Bolsonaro. Se auguran tiempos de ejercer políticas por los más vulnerables, de respeto por los pueblos originarios, de dialogo, de paz. De cuidados hacia la madre tierra. Tiempos en que los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes reciban el trato debido a sus derechos ancestrales, tantas veces olvidados.

La esperanza

Del juramento de Petro han sido testigos numerosos jefes de Estado y primeros ministros de otros países, entre ellos el rey de España. Fuera del boato oficial, lo más emotivo es la esperanza de la ciudadanía. Colombia ya dio su opinión con el acuerdo con las FARC en 2016, con las elecciones presidenciales de 2018 en las que el hoy presidente quedó segundo y en el ambiente que traducían las protestas de los años 2019 y 2021, que denotaban hastío de la política conservadora y de la corrupción. 

El proceso de paz en Colombia salió adelante aun cuando a los narcos no les interesaba que así fuera. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2018 apuntaban a que el senador y presidente de Colombia de 2002 a 2010, Álvaro Uribe, había sido acusado varias veces por diplomáticos estadounidenses a causa de supuestos vínculos con el narcotráfico en los años noventa.

La embajada de EEUU en Bogotá remitió una lista de políticos colombianos "sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico". La lista se dividía en dos secciones: "los narco-políticos", que eran "políticos con sólidas historias" de relación con el narcotráfico, y "los posibles narco-políticos", que eran sospechosos de tener lazos con el tráfico de drogas, aunque no estaban comprobados. Así eran las cosas. Y con ello tendrá que lidiar el presidente Petro. 

Izquierda en el Gobierno 

La coalición progresista lo va a tener muy difícil para superar todos los obstáculos que afrontará en ámbitos como el del medio ambiente, en el que se necesitan fórmulas más respetuosas con la naturaleza y más combativas con el extractivismo, la mineria ilegal o el cambio energético, eliminando la dependencia del carbón y del petróleo. Es decir, una política medioambiental ambiciosa para una transición energética que saque a Colombia de la dependencia de los combustibles fósiles.

Los caminos por los que piensa avanzar Petro discurrirán por la senda del acuerdo, por un pacto nacional que incluya a quienes no votaron por él. Reto importante que incluye una suma de voluntades que, hoy por hoy, no existe en Colombia. En su ejecutivo hay conservadores como Álvaro Leyva, quien conoce bien las negociaciones con los guerrilleros, o Cecilia López, que desde la cartera de Agricultura tendrá que desarrollar la imprescindible reforma agraria. En la ONU ha situado a un símbolo: Leonor Zabalza, indígena y diplomática. La mayoría que detenta en el Congreso le permitirá a abordar la inaplazable y necesaria reforma tributaria que se centrará en los mayores contribuyentes y en aquellos que evaden capitales. 

El sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos destaca en un artículo publicado a finales de junio que Petro y Francia buscan movilizar a la sociedad colombiana como sociedad cuidadora que reconozca y recompense el trabajo de cuidado de las mujeres, establezca una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza que priorice la defensa de la vida sobre los intereses económicos, promueva la transición energética y democratice el conocimiento ambiental. Añade que "se trata de pasar de una economía extractivista a una economía productiva que disminuya la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra mediante una reforma agraria que dé acceso al uso del agua y transforme el mundo rural colombiano como pieza clave de la justicia social y ambiental…". En cuanto al conflicto armado, hace hincapié en el respeto a las víctimas y la necesidad "de estimular una política de convivencia pacífica y reconciliación".

La guerra marca

Falta hace, porque 60 años de guerra han marcado a la población. Un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de desaparecidos… La Comisión de la Verdad presentó el informe final concluido en junio, después de tres años de trabajo. Su presidente, el jesuita Francisco de Roux, expuso con confianza y optimismo algunas conclusiones que deben servir para un debate en profundidad. Cambiar la idea del enemigo –todo el que no esté conmigo– de las fuerzas de seguridad, transformar la mentalidad del ejército en la protección de las personas y las infraestructuras, separar a la Policía nacional del ministerio de Defensa… Teniendo en cuenta al narcotráfico, que ocupó "un lugar político, económico, militar y territorial", interviniendo en el conflicto en ambos lados. El informe llama a negociar la paz completa con el ELN, ultima guerrilla activa que, a su vez, se dice dispuesta a escuchar y avanzar. El propio Petro se ha mostrado dispuesto a tender puentes.

Mientras este documento veía la luz, el diario El País entrevistaba al ya candidato electo, quien decía:

–"Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo; yo no puedo fallar” 

–"¿A qué tinieblas se refiere?", preguntó el periodista

Respondía Petro: 

"Hemos lanzado un desafío formidable. Era poco probable que yo pudiera llegar vivo al final del proceso electoral. Y ahora, si mi gobierno establece las condiciones de la transición, lo que sigue es una nueva era. Y si fracasamos, lo que viene, por ley física, es la reacción. Y una reacción de la que Uribe no es el protagonista. Los ciclos vitales cambian. Hay círculos organizándose alrededor del fascismo. No los vamos a agredir, por ahora, nada de eso, sino que vamos a tener en cuenta que esto está pasando". 

Terrible responsabilidad, no menos aterradora que ese futuro que vislumbra el gobernante colombiano como una realidad inminente. Las fuerzas del mal tienden a aliarse y no es Colombia país ajeno a que se abran los infiernos y a que la violencia, no extinguida, repunte contra cualquier colectivo. A Petro la prudencia le pedirá equilibro para impartir justicia sin que prime la impunidad y sin que la violencia tome la palabra. 

La espada de Bolívar 

El domingo 7 de agosto, bajo un sol de justicia y ante miles de personas en la emblemática Plaza Bolívar, la toma de posesión de Gustavo Petro fue emocionante, vibrante e intensa, con momentos inesperados que marcan el cambio de rumbo en el que se embarca el nuevo mandatario.  

Dio la orden: “Como presidente, le solicito a la Casa Militar, traer la espada de Bolívar”. Se trataba de la orden del mandato popular. El acto se interrumpió por 30 minutos hasta la llegada de la espada en una urna de cristal, custodiada por guardias uniformados con traje de gala, en presencia de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, lider del M19 asesinado en 1990 por un sicario –con posibles implicaciones en el hecho del aparato del Estado y paramilitares– cuando fungía como candidato presidencial por la Alianza Democrática M19, que momentos antes le había impuesto la banda presidencial. Entonces, no solo hubo un estallido de júbilo, sino que también las lágrimas abundaron y el canto de "alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina" llenó la plaza y las gargantas de toda Colombia.  


Sin embargo, algunos líderes demuestran una preocupante cortedad de miras y una desconsideración histórica hacia quienes forjaron la independencia de este pueblo. Como le ha ocurrido al presidente saliente, Iván Duque, que, en un último intento agónico de su mandato, se negó a que aquel símbolo de unión latinoamericana se incorporara desde el principio a la ceremonia. U otros, que no honran los símbolos y no prevén los efectos de su omisión. Desde este momento el presidente Petro, de esta forma tan alegórica, mandó un mensaje de firmeza a los mandos militares y después conciliador –pero exigente– de sumisión constitucional, irrestricta.

La enumeración de sus "diez mandamientos" para su gobierno especifican una política progresista que revolucionará su país y será ejemplo para toda una región respecto de la cual llamó a la unidad, a modo de una Unión Europea latinoamericana que aglutine los esfuerzos de tantos hombres y mujeres que, desde Latinoamérica y desde fuera, físicamente, pero dentro del corazón, luchamos por el concepto de Patria Grande.  

El 7 de agosto de 2022 será una fecha inolvidable. Cuando abracé a Maria José Pizarro sentí toda la fuerza de su padre, cuya imagen llevaba impresa en la espalda, y sentí que nos miraba y aprobaba lo que allí estaba sucediendo. Gobierno paritario; defensa de los más vulnerables y de los derechos de los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes; nueva política fiscal, redistribución de las riquezas;  nueva política agraria; nueva política antidrogas, valiente y compleja; nueva política sobre medio ambiente, exigiendo responsabilidades a los países contaminantes; paz, en el más amplio sentido de la expresión; verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición; o diálogo integrador y sin exclusiones fueron algunos de los puntos que resaltaron.  

Fue al llegar a la plaza y oír a un grupo de jóvenes que, apretujados en primera línea, me identificaron cuando caminaba de la mano de Dolores Delgado –"Juez Garzón, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, ¡sí se puede!"–, cuando sentimos emoción y una sinergia especial. Fuimos conscientes de que algo estaba cambiado definitivamente en Colombia. Y nosotros, cada uno en nuestra esfera, estábamos allí, renunciando con ello a la indiferencia y asumiendo un compromiso de contribuir a que, al menos por esta vez, triunfen los que siempre pierden. Y que la frase indeleble en estas tierras americanas de "el pueblo unido jamás será vencido" sea una realidad para siempre

En medio de todo este conjunto de emociones, estrechando manos, repartiendo abrazos, besos y escuchando aplausos, no podía por menos que recordar mientras se desarrollaba el acto, solemne y jubiloso, algunas frases de la canción Empezar una vez más, dedicada a quienes trabajan a diario para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado:

"…Vamos a cambiar la realidad

Que esto no vuelva a pasar

Construyendo un nuevo mundo

Empezar una vez más.

Quitar la venda del dolor

Sin olvidar lo que pasó

Coraje para transformar

Respirar

Volver a empezar.

Construir algo distinto

Depende de nosotros mismos

Mirarme en el espejo y reconocer

Que de mis cenizas puedo renacer.”

En el mismo lugar en el que me entregó las llaves de la Ciudad de Bogotá en 2012, Gustavo Petro recibió este 7 de agosto de 2022 las llaves de Colombia. Se las entregó el pueblo que quiere iniciar algo nuevo y edificar un país mejor, diferente y en el que la vida en paz sea posible. Que así sea.

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Fuente: Infolibre.es