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| Indígenas son desalojados de la Plaza uruguaya en Asunción |
La lucha por
las tierras que indígenas y campesinos libran en los campos de Paraguay se ha
trasladado a Asunción. Todo, al rededor de la Plaza Uruguaya. La policía
desalojo con violencia a los indígenas que ocupaban la Plaza y la Comisión del
Bicentenario la va a enrejar. Del suceso al tema de fondo: la profunda
injusticia y el racismo de las autoridades del país.
En la actualidad, hay alrededor de 80 indígenas acampando en la plaza.
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| Violencia policial contras ocupantes |
“Venimos a pedir al gobierno que nos otorgue agua potable, que construya escuelas en nuestras comunidades, que nos incluya en los programas sociales que llevan adelante”, explicó en guaraní Tomás Domínguez, líder de la comunidad Mbyá Guaraní de la ciudad de Coronel Oviedo, a aproximadamente 130 kilómetros al este de Asunción. “La ciudadanía nos ayuda en cierta forma para tener alimentos mientras estamos en la plaza, sólo así tenemos para comer. Los niños no comieron nada aún hoy”.
La población indígena de Paraguay es de 108.308 personas, según la Encuesta de Hogares Indígenas de Paraguay, llevada a cabo por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos entre mayo y junio de 2008.
De acuerdo al estudio, sólo el 12,2% de la población indígena posee seguro médico y el 40,2% es analfabeta. Además, los datos revelaron que solamente el 5,9% de la población indígena cuenta con servicio de agua potable y únicamente el 21,3% accede al suministro de energía eléctrica. El 40,2% de la población indígena de Paraguay es analfabeta.
(Otramérica) Como ya
dijo Bartomeu Melià, antropólogo y jesuita español, en el diario El País el
pasado septiembre, la sociedad paraguaya no está a favor de los indígenas, por
mucho que se hable el guaraní o se refieran a ellos como “nuestros hermanos
indígenas”. La práctica es diferente.
Y esto lo contemplamos con acciones como las que se vienen
dando en el último mes. La plaza Uruguaya en Asunción va a ser enrejada y
para ello, previamente, fue expulsado con extrema violencia por parte de
la policía un grupo de unos 100 indígenas que ocupaban la zona como forma de
denuncia. La finalidad del enrejado propuesta por parte de la Municipalidad
responde, supuestamente, a medidas de limpieza y mejora de la plaza. En
realidad, se trata de una nueva forma de exclusión de una minoría étnica la cual
pretende ejercer su derecho legítimo a manifestarse.
Como afirma Ignacio
Telesca, historiador paraguayo, en un país donde el 50% de la población vive
bajo la línea de la pobreza, desentenderse de esa realidad para priorizar la
estética, es un despropósito.
La Comuna capitalian acariciaba este proyecto desde hace tiempo.
De hecho, el 19 de julio de 2011 se firmó el Convenio entre la
Municipalidad de Asunción, que administra Arnaldo Samaniego, y la Comisión del
Bicentenario, a raíz del cual la Comisión pasa a encargarse de la financiación
del proyecto de construcción y vallado.
La tensió no ha cedido. Unos 200 policías se mantenían el
miércoles 11 de enero alrededor de la Plaza y había otro contingente en Plaza
Italia, todo para evitar nuevas ocupaciones.
Como señala Telesca, el tema del enrejado no es
contra los indígenas, sino contra toda protesta social, ceñirse al tema de la
estética sería quedarse en la superficie de un problema que no es
indígena, sino paraguayo y que apunta directamente al tema de la reforma
agraria. No se trata pues de una reja más o menos, sino de una concepción del
país y de la ciudadanía.
El
problema de las tierras malhabidas
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| Comunidades Guaranies solo exigen sus derechos |
Desde la época de la dictadura stronista hasta la actualidad,
el mayor porcentaje de tierras está concentrado en manos de grandes
terratenientes, políticos y diplomáticos, a los que les fueron entregadas
tierras en incumplimiento de la ley agraria, ya que que ésta establece que sólo
pueden adjudicar propiedades a aquellas personas que se dedican habitualmente
a las labores agropecuarias y que no tengan en propiedad otros inmuebles
rurales; es decir, a campesinos sin tierra.
Entre estos beneficiarios se encuentran políticos oficialistas,
traficantes y hacendados de origen brasileño y hasta ex presidentes de la
República. En la selecta lista no hay sólo ciudadanos paraguayos,
sino que hasta el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza fue
adjudicatario de 8.000 hectáreas en Nueva Asunción, Alto Paraguay, durante su
exilio de un año en el país.
La Comisión de Verdad y Justicia investigó más de 200.000
adjudicaciones entre 1954 y 2003, lo que supone una superficie total de
12.229.594 hectáreas. Según su informe, existen unos 7.851.295 héctareas
(64.2%) de tierras que fueron adjudicadas ilegalmente. Se calcula que 3.336
adjudicatarios obtuvieron sus títulos de forma irregular.
Detrás del robo de tierras se encuentran, como apunta Meliá, el
agronegocio, con el cultivo de la soja (sexto productor mundial) y la
ganadería. La ganadería latifundista de producción extensiva e ineficiente es
una de las principales causas de la alta concentración de tierras, pues sobre
una superficie total de 39 millones 700 mil hectáreas que conforman el
Paraguay, 16.515.451 hectáreas están en manos de ganaderos. En cuanto al
cultivo de la soja, en muchas de las tierras robadas aumentan el envenenamiento
y la contaminación del medio ambiente en abierta violación de las leyes
ambientales vigentes en el país y el derecho de terceros, sumado esto a la
evasión de impuestos y otras ilegalidades.
El
caso indígena
Según el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el 80% de los
indígenas dispone de tierra pero sólo la mitad de ellos tiene títulos de
propiedad; el resto está titulado a nombre de terceros o en proceso de pago por
expropiaciones a nombre del INDI. Conforme a datos de Meliá, hay unas 95
comunidades que no tienen personalidad jurídica, es decir, que no están
reconocidas en el INDI. De éstas, la mayoría no tiene tierra propia: 70 están
en proceso y 23 no tienen nada.
Estos indígenas que ocupaban la Plaza Uruguaya, pertenecientes a
las parcialidades Mbya, Ava Guaraní y Ache reclaman casi 8 mil hectáreas de
tierra de la zona de Unión, en San Pedro.
Filemón Torres, antropólogo que tiene a su cargo la Misión
Indígena, y Óscar Ayala, titular del INDI, coinciden en que sólo
alrededor de 1.000 hectáreas son útiles, pues el resto es zona inundable. La
presión sobre la compra viene de parte de negociados, pues pretenden
cobrar cerca de 8 millones de guaraníes por hectárea, lo que es, además de
exagerado, contrario también a la reforma agraria, que establece que las
tierras deben ser adjudicadas a los campesinos o indígenas a precios 10 y hasta
20 veces menor que los del mercado.
A parte de ser tierras que no sirven, el “tekoja”(hábitat) puede
estar destruido. La visión de la tierra sólo como propiedad se escapa de la
concepción indígena, de modo que las superficies ya no responden a la realidad
de sus comunidades, que viven de una estrategia mixta de agricultura, caza,
pesca, recolección, trabajo asalariado y, en algunos casos, ganadería. Ahora el
área está rodeada de sojeros que dificultan, incluso impiden, el acceso a las
parcelas y usan agrotóxicos incumpliendo la legislación ambiental.
Asistimos a un genocidio por omisión, porque el estado paraguayo
está incumpliendo la obligación de realizar el derecho a la alimentación de las
familias sin tierras pues no está garantizando efectivamente el acceso a la
tierra, a asistencia técnica, a insumos, herramientas, créditos, capacitación e
infraestructura como agua, sistema de irrigación y electricidad para que
las familias campesinas o indígenas puedan vivir dignamente de su propio
trabajo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado tres
veces para que el gobierno paraguayo restituya las tierras a los pueblos, de
hecho, el fallo más reciente es el de octubre de 2010. Hasta ahora, el estado
no ha hecho nada para recuperar estas “tierras malhabidas”(aquellos inmuebles
rurales propiedad del Estado que fueron adjudicados de forma ilegal).
Es por ello que, a fecha de 25 de octubre de 2011, alrededor de
10.000 personas llegaron a la capital desde varios departamentos para exigir la
recuperación de las tierras malhabidas. En un comunicado que entregado al
presidente Fernando Lugo, la Coordinadora Nacional por la Recuperación de las
Tierras Malhabidas -integrada por colectivos y organizaciones de sectores
estudiantiles, urbanos, de campesinos, de índigenas y partidos de izquierda- demandaba
la creación de una Comisión Especializada para la recuperación de tierras
señalando que “las tierras malhabidas son el principal y más escandaloso
ejemplo de corrupción que existe en nuestro país, y creemos que todo el pueblo
paraguayo, toda la ciudadanía paraguaya, puede y debe manifestarse, movilizarse
contra la corrupción por la recuperación de tierras ilegales, robadas,
malhabidas”.
Espacios
públicos ocupados por la Asociación Nacional Republicana (ANR)
Al parecer, según argumentan las autoridades municipales, los
espacios públicos no pueden ser ocupados, pero debe ser que hay distinciones
según de quién se trate. Según documentos oficiales de la Junta Municipal de
Asunción, la capital del país cuenta con 26 plazas públicas en litigio por las
ocupaciones de las seccionales y subseccionales del Partido Colorado; 600
hectáreas son además ocupadas por los cuarteles militares y plazas ocupadas por
sectores privados. Por tanto existen alrededor de 1000 hectáreas de propiedad
municipal que han sido ocupadas por seccionales y subseccionales del Partido
Colorado de manera irregular. Una en concreto, la seccional Nº 12, es a la que
pertenecen el propio intendente junto con su hermana Lilian, presidenta del
Partido Colorado.
Los fondos para el enrejado provienen de la Comisión del
Bicentenario, con la excsusa de volver a los orígenes, cuando estaba enrejada,
pero eso fue a fines del XIX, porque antes era un cuartel militar; hasta 1824
vivían allí los esclavos del convento franciscano y ahí estaba su ranchería, y
antes de ellos, los mismos indígenas, eran sus tierras, según señala Telesca.
Plazas
libres
La Uruguaya tiene su historia como plaza. Fue rebautizada
con ese nombre en el siglo XIX, tras el fin de la guerra de la Tripla Alianza,
cuando el gobierno de Uruguay, a cargo del general Máximo Santos, hizo entrega
de los trofeos de guerra y se cambia el nombre de Plaza San Francisco por Plaza
Uruguaya en señal de amistad. Es esta plaza un lugar público, de esparcimiento,
de protección del ambiente y de una activa convivencia comunitaria en el que
convergen las asambleas, marchas, y resistencias que datan de fechas históricas
como la manifestación y marcha de los movimientos campesinos e indígenas, la
resistencia de los jóvenes de 1996 (carapintadas) y en 1999 durante el conocido
como marzo paraguayo.
Previamente al desalojo, tuvo lugar una manifestación en la
propia plaza para demostrar el rechazo al enrejado del espacio público. Pero,
finalmente, se iniciaron las obras con los desalojos forzados.
El 5 de enero fueron expulsados de forma violenta el grupo
de indígenas y un grupo de manifestantes que estaban realizando una protesta
pacífica en contra del enrejado. Fueron también demorados por policías y la
fiscalía y detenidos en la Comisaría Tercera de Asunción, según el acta
policial, por impedir el trabajo de los obreros municipales.
El 9 de enero, el movimiento ciudadano presentó una carta al
presidente Fernando Lugo para pedir que interponga los recaudos a su
alcance a fin de conseguir la paralización de los trabajos. Este
movimiento ciudadano se reúne de tardecita todos los días en la plaza Uruguaya,
alrededor de la estatua del General Artigas, ante las miradas de
desconfianza de los policías apostados en vigilancia del
lugar. Formado por organizaciones sociales como ONGS, universitarios,
campesinos, indígenas, trabajadores sociales, se manifiestan en contra del
enrejamiento, a lo que se sumaron los Avá Guaraní del Movimiento de Pueblo
Originario y la Red Paraguaya de Afrodescendientes, remarcando sobre todo la
idea de que la peor manera de resolver los problemas sociales es
cerrar los canales de comunicación y convivencia y encuentro de los
pueblos. (Irene
Ayuso Morillo)
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