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| Represión en Panamá 3 muertos y 110 desaparecidos |
(PL) La Comisión de
la Verdad creada por indígenas panameños para investigar la represión policial
a las protestas de nativos, que dejó tres muertos, reveló hoy que se reportaron
110 desaparecidos. Esa situación mantiene en un hilo las difíciles
negociaciones que se realizan en la Asamblea Nacional entre indígenas,
diputados y mediadores, casi estancadas ahora por dificultades en llegar a un
acuerdo sobre la construcción de hidroeléctricas en territorios originarios.
Los indígenas hablan
de un tercer muerto en la represión al encontrarse el cadáver descompuesto de
una mujer en el área de conflicto en San Félix, Chiriquí, reveló el cacique
Celio Guerra, presidente del Congreso Tradicional Ngöbe. También dijo
que otra niña fue violada por los antimotines, con lo cual serían dos las
menores en esa situación. El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, dijo
que se investiga el hecho y espera que se presente la denuncia del caso.
Los indígenas de la
Comarca Ngabe Buglé bloquearon la vía Interamericana desde el martes 31 de
enero en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí, en rechazo a la
eliminación del artículo 5 de un proyecto de ley minera, que prohíbe
concesiones en su territorio. El domingo 5 de febrero, el Gobierno
reprimió a los indígenas, y murió en el conflicto Jerónimo Rodríguez Tugri y el
menor Mauricio Méndez, más el último caso reportado de la indígena sin
identificar todavía. Lo más preocupante
ahora son los 110 desaparecidos, pues testigos como Dabari Krundu, de la
Coordinadora indígena, aseguran que hubo más muertos pero eso no ha salido a la
luz pública porque la policía trasladaba los cadáveres en helicóptero.
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| Dirigentes indígenas firman acuerdo con el Gobierno con la mediación de la Iglesia |
Finalmente, la dirigencia indígena Ngäbe-Buglé y el gobierno firmaron el pacto San Lorenzo, tras una semana de protesta en todo el país. La cacica Silvia Carrera, junto a Monseñor José Luis Lacunza –mediador en el conflicto– firmaron el acuerdo que incluye el cese de la represión, el restablecimiento de las comunicaciones, la liberación de los detenidos, y el inicio del diálogo para que la Asamblea Nacional le diera urgencia notoria al proyecto de ley 415.
(Otramérica. Olmedo Beluche) Al menos un asesinado, el compañero Jerónimo
Rodríguez Tugrí, podrían ser más, decenas de heridos, centenares de detenidos,
la imposición no declarada del estado de sitio en la zona, incluyendo el corte
de las comunicaciones, ha sido el costo impuesto por el gobierno de
Ricardo Martinelli para despejar la vía Interamericana, bloqueada en varios
lugares durante seis días por miles de habitantes de la comarca Ngabe-Buglé, en
la República de Panamá. La demanda que moviliza al pueblo Ngabe-Buglé, dirigido
por un organismo asambleario, la Coordinadora de Lucha, cuyos principales
dirigentes son Rogelio Montezuma y la cacique comarcal Silvia Carrera, consiste
en exigir la prohibición de la explotación minera y la construcción de nuevas
hidroeléctricas en su comarca.
500
años de lucha contra el saqueo minero
El pueblo Ngabe-Buglé viene luchando
desde el momento mismo de la Conquista contra los colonizadores ávidos de sus
riquezas minerales. Cronistas como el padre De las Casas narran que el propio
Cristóbal Colón en su cuarto viaje llegó a la vertiente caribeña de las
actuales provincias de Veraguas y Bocas del Toro, donde habitaban, y siguen
habitando, los miembros de esta etnia. Los europeos se impresionaron por el oro
que portaban y Colón decidió establecer la primera colonia en Tierra Firme,
Santa María de Belén, a orillas de la desembocadura del río Belén o Yebrá, como
le llamaban sus habitantes originarios. Ante la violencia del despojo que
intentaron, incluso secuestrándolo, el mítico cacique Quibián se fugó y
organizó una liga de tribus contra los españoles, destruyendo Belén e hiriendo
al propio hermano del almirante, Bartolomé Colón, en 1503.
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| Protestas contra la represión |
En 1520-27, otros conquistadores como
Gaspar de Espinosa y Pedrarias Dávila fueron derrotados por el legendario cacique
Urracá, en sus intentos de posesionarse sobre las minas de oro de
Veraguas. Urracá los mantuvo en jaque, y llegó a sitiar la ciudad colonial de
Natá, en lo que se llamó “La batalla de las razas”. La mayoría de las
descripciones del genocidio de los españoles contra los indígenas de América,
que relatara el padre De las Casas, se refieren a hechos ocurridos en el Istmo
de Panamá. Aunque de esas crónicas salieron las “Leyes de Indias” que
intentaban frenar el genocidio, los encomenderos hicieron poco caso de ellas.
A fines del siglo XIX, siendo Panamá
parte de Colombia, los abusos de los terratenientes y la propia Iglesia
continuaban, bajo la forma de impuestos como el diezmo y de arrebatarles
arbitrariamente sus tierras para fincas ganaderas. Esto motivó que otro gran
líder indígena, el general Victoriano Lorenzo, aprovechara la Guerra de los Mil
Días (1899-1902), narrada tantas veces por García Márquez, para transformar las
demandas liberales por democracia en una guerra campesino indígena contra los terratenientes
blancos de Penonomé y Natá. La insurrección fue total, logrando
Victoriano el control de todo el interior del país, salvo la ciudad de Panamá,
a la que los “marines” yanquis protegieron militarmente. Victoriano fue
traicionado por liberales y conservadores, asesorados por Estados Unidos (Pacto
del Acorazado Wisconsin), siendo fusilado poco antes de la imposición de los
Tratados de 1903, que cuya consecuencia fue la separación de Colombia y la Zona
del Canal.
Ngabe-Buglés la fuerza de trabajo agrícola
Los miembros de esta etnia,
vulgarmente llamados por la élite gobernante “cholos” o “guamíes”, han sido por
más de cien años la fuerza de trabajo barata para el sector agrícola panameño.
Son la mano de obra esencial en las bananeras, en la zafra del azúcar y en la
cosecha del café, también en la limítrofe Costa Rica donde emigran para
trabajar. Pese a su importante aporte económico, reciben los peores salarios, a
más de la discriminación racista. Hoy por hoy, según cifras oficiales son el
grupo más pobre del país, entre quienes la pobreza sobrepasa el 90% y la
pobreza extrema al 80% de sus habitantes. Mayormente habitan la cordillera del
centro – occidente de Panamá, a donde fueron desplazados desde los llanos por
la industria agrícola y ganadera. Ahora resulta que viven en cerros poco
productivos para la agricultura, pero cargados de ricos yacimientos de cobre y
oro codiciados por las transnacionales mineras.
Una verdadera revolución estremece al pueblo Ngabe-Buglé.
Esta es la tercera vez en dos años que
el pueblo Ngabe-Buglé pone en jaque al gobierno empresarial de Ricardo
Martinelli. La primera fue en julio de 2010, cuando se pretendió imponer un
conjunto de leyes bajo una sola (Ley Chorizo) que, entre otras cosas, pretendía
debilitar los sindicatos obreros cortando los descuentos de las cuotas de los
trabajadores, modificaba la legislación ambiental para facilitar proyectos sin
estudio de impacto ambiental y permitía a los policías acusados de violar los
derechos humanos seguir en el cargo sin sanciones. En esa ocasión, el Sindicato
de Trabajadores de la Chiriquí Land Co. (SITRACHILCO), de la transnacional
norteamericana United Brands (Chiquita), y los sindicatos de las bananeras
independientes, convocaron una huelga en la región de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro. En aquella ocasión la movilización fue duramente reprimida, a
costa de diez muertos y centeneras de heridos, pero no pudo ser derrotada. Por
el contrario, desembocó en la primera huelga general nacional de la última
década. La ley tuvo que ser parcialmente derogada.
De más está decir que la dureza de
aquella represión, en la que la policía disparaba perdigones a la cara de los
obreros bananeros, la mayoría de la etnia Ngabe-Buglé, hubo unos
cincuenta lesionados en la vista, se traslució con claridad la actitud racista
del propio Martinelli, su ministro de seguridad pública, José Raúl Mulino, y
los jefes policiales. Incluso en conferencia de prensa, el presidente y su
ministro, llegaron a hablar despectivamente de que el movimiento estaba
compuesto por “indios borrachos” y otras expresiones inaceptables, que en
cualquier país civilizado hubieran significado la destitución y enjuiciamiento
de ambos por racismo y violación de los derechos humanos.
La lucha contra la minería en 2011
El segundo momento de lucha del pueblo
Ngabe-Buglé fue en enero-febrero de 2011, cuando el gobierno intentó imponer un
nuevo Código Minero que facilitaba la exploración y explotación minera en todo
el país, e inclusive la participación en el negocio minero de empresas
estatales (coreanas y canadienses), algo que prohíbe la Constitución Política.
Al igual que ahora, decenas de miles de indígenas de la etnia, convocados
por la Coordinadora de Lucha, bajaron a la Interamericana y la cortaron por
varios días y, ante el repudio que había recibido el gobierno por la represión
de 2010, Martinelli se vio obligado a ceder, derogando el Código Minero y
firmando un acuerdo por el cual se comprometía a suspender toda explotación
minera e hidroeléctrica en la comarca, en particular del yacimiento cuprífero
de Cerro Colorado en el que habitan miles de familias.
El gobierno tuvo que negociar y pactar
con el movimiento. Aunque reprimió acciones de solidaridad en Panamá y arrestó
y expulsó del país a los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato.
Nuevamente la lucha contra la minería en 2012
En febrero de 2012, nuevamente
convocados por la Coordinadora de Lucha, miles de personas salieron de las
comunidades comarcales para cortar la Interamericana ante la pretensión del
gobierno de revivir el Código Minero, sin incluir el artículo 5, en el que se
pactó la prohibición de minas e hidroeléctricas en la comarca. Durante seis
días se mantuvo cortada la carretera, en varios puntos del occidente del país,
quedando varados centenares de camiones de carga, pasajeros, quedando
desabastecida la ciudad de Panamá de productos agrícolas y la provincia de
Chiriquí de combustible. Para justificar la represión, tanto el gobierno
panameño como el de Laura Chinchilla de Costa Rica, falsearon los hechos para
insinuar que los indígenas habían secuestrado a turistas de aquel país, quienes
en realidad quedaron varados en la carretera.
Para preparar la represión, que
finalmente se desató el domingo 5 de febrero al amanecer, se cortaron dos días
antes las comunicaciones con la zona del conflicto, se cercó el área y se
prohibió llevar agua y alimentos a quienes protestaban, pese a que había
familias enteras con niños pequeños, se negaron a enviar emisarios al diálogo
mediado por la Iglesia católica, y se lanzó una campaña mediática para culpar
al movimiento de las grandes pérdidas económicas. Pese a ello, el gobierno no
ha logrado su propósito, pues desde la tarde del domingo se desataron marchas y
protestas de solidaridad, tanto en la ciudad de Panamá, como en Colón y
Changuinola, donde los sindicatos amenazan con otra huelga. Así como cortes de
apoyo de otras etnias indígenas, como los kunas y los emberás, quienes han
cortado la interamericana al oriente del país, en dirección al Darién. Las
manifestaciones han recibido respaldo de la ciudadanía que salía a los balcones
goleando pailas o tocando sus bocinas en apoyo a la lucha y en repudio de las
acciones represivas del gobierno.
Los inconfesables intereses detrás del negocio minero y las
hidroeléctricas
En estos momentos se encuentra en
plena explotación la mina de oro de Cerro Petaquilla, en la provincia de Coclé,
y está próxima a iniciar otra de cobre y oro en Donoso, provincia de Colón.
Pero Cerro Colorado, ubicado más al occidente, dentro de los límites de la
comarca Ngabe-Buglé, es uno de los mayores yacimientos del continente americano
y ha estado en la mira desde los años setenta, pero la resistencia indígena y
la caída de los precios internacionales hizo desistir por dos décadas a las
codiciosas mineras y sus socios nacionales.
Sin
embargo, el economista Alessandro Ganci (“Las
razones de la minería”) señala que los aumentos de los precios
internacionales han renovado la codicia por los minerales. Según Ganci, el
precio internacional de la onza de oro anda por los US $ 1.723,50, o sea, US $
55.410,00 el kilogramo. Mientras que el precio del cobre está en US $ 8.58 por
kilo. De manera que, Cerro Colorado con una reserva de cobre estimada en 17.360
millones de kilogramos de cobre podría significar a los precios actuales una
riqueza de US $ 148.949 millones!!
Y
agrega. “La inversión aproximada es de
3.500 millones y las “regalías estatales” constituyen un pírrico 2 - 4 % del
total. Con al menos 40 años de explotación la inversión inicial quedaría
saldada en 2 -3 años. A razón de 3.100 millones por año”. Estos
numeritos explican la disposición del actual gobierno de reprimir para quedarse
con la tajada del cobre de los Ngabe-Buglés, igualito que los conquistadores de
hace 500 años. Codicia compartida por todos los sectores empresariales
panameños quienes no tuvieron empacho en reunirse la noche del 5 de febrero,
consumada la represión, en la Presidencia de la República con Martinelli para
darles su bendición.
Lo mismo podría decirse del lucrativo
negocio de la producción de energía hidroeléctrica, manejado por empresas
extranjeras en asocio con prominentes políticos panameños, como la ex
presidenta Mireya Moscoso y el propio Martinelli. El falso alegato del gobierno
y los empresarios es que prohibir las hidroeléctricas conllevaría pagar más por
energía eléctrica producida por petróleo. Pero la legislación actual permite a
los dueños de las hidroeléctricas facturar a precios de la producida por
combustibles fósiles.
Otras comunidades indígenas también
están amenazadas, como los kunas y emberás-woaunam, pues por etos días se
otorgará la concesión para explorar y explotar cuatro bloques yacimientos
petroleros en la región de Darién.
El colmo del cinismo de la clase
dominante panameña es pretender presentar sus intereses crematísticos como si
fueran los intereses de la nación, culpando a los indígenas de “impedir el
progreso” del país. Cualquier persona medianamente educada sabe que los países
con mayores riquezas minerales poseen las poblaciones en mayor miseria, que
además padecen cruentas guerras civiles incentivadas por voraces intereses
imperialistas. Para ejemplo, basta con mirar la historia de Bolivia, o los
países del centro de África. Y el que dude que vea la película “Diamantes de
sangre”.
Pero en Panamá la desfachatez de
Martinelli y su gobierno no tienen límite, pues al derogarse el Código Minero,
por la lucha del año pasado, en un cálculo frío de los diputados oficialistas,
no restituyeron varios artículos del código anterior con lo cual ha resultado
que en estos meses explotaciones multimillonarias, como Petaquilla, no están
pagando ni un solo centavo de regalías al Estado panameño!!!
Ahora,
que dicen revivir el proyecto repudiado hace doce meses, para cobrar las
regalías, han reducido a la ridiculez los cargos que deben pagar las empresas
mineras. Otro economista, William Hughes (“Panamá:
poder oculto en la minería”) ha denunciado que los impuestos que
deben pagar las empresas extractoras de piedra y cascajo están siendo reducidos
de 300 dólares a 75 y 100 por kilogramo, y la extracción de cobre y oro, que
pagaban 10 y 20 mil dólares por kilo, ha sido rebajada a 300 y 450 dólares el kilo,
en el nuevo proyecto. En el mismo sentido, la “finaza de garantía”, que para el
primer caso era de 50 dólares por hectárea se la baja a 10 centavos de dólar
por hectárea; y en el caso de los metales se la baja de 200 dólares a 25
centavos por hectárea.
Queda evidenciado que Martinelli, su
gobierno y las mineras están saqueando la propiedad y los derechos del
conjunto de la nación para beneficio (“progreso”) de los dueños de este
negocio, sacrificando los intereses y derechos, no sólo de los Ngabes-Buglés,
sino de todo el país.
Basta de burlas, que Martinelli
respete la ley
El Movimiento Popular Unificado (MPU),
los sindicatos, las organizaciones populares, de derechos humanos, los
ambientalistas, la sociedad civil y la dirigencia de la Coordinadora de Lucha
Ngabe-Buglé exigimos algo simple: que Martinelli y su gobierno respeten su
compromiso formalizado en los acuerdos firmados el año 2011 que prohíben la
minería e hidroeléctricas en la comarca, y que respete la ley.
Decimos basta de burlas y mentiras. El
gobierno panameño debe cumplir la suscrita Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), la
propia Ley 41 de 1 de julio de 1998 sobre tierras comarcales, y el Convenio 169
de la OIT, que no ha sido ratificado, todas las cuales señalan con claridad que
la explotación de los recursos naturales de las comarcas debe hacerse en
acuerdo con las comunidades y las autoridades naturales de la comarca.
Como Martinelli y los intereses
capitalistas que defiende no cumplirán por las buenas con los mínimos derechos
que la legislación establece, está demostrado, debemos seguir movilizados en
solidaridad con la lucha del pueblo Ngabe-Buglé, hasta imponer un gobierno
popular en el que se respete la vida humana y la naturaleza.
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