Generales
traidores:
mirad mi casa muerta,
mirad España rota:
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo
en vez de flores,
pero de cada hueco de España
sale España,
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,
pero de cada crimen nacen balas
que os hallarán un día el sitio
del corazón.
Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles!
Explico Algunas cosas. Pablo Neruda
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| 114.266 víctimas de la dictadura franquista han sido catastradas desde 1936 a 1950 |
(CiperChile) Poco menos de un año antes de morir, en septiembre de 2009, el escritor José Saramago publicó una dura columna de opinión en el diario El País. Allí se refería a las 114.266 personas que una investigación judicial había catastrado como víctimas de asesinatos y desapariciones ocurridas en España entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, después, durante la dictadura del general Francisco Franco. También hablaba de la deuda del Estado español, “que ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico”.
Y agregaba:
“La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado,
de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar
Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos
evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas,
se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de
propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos”.
Hoy resulta raro ver a
Garzón, el hombre que logró la detención de Pinochet a fines de los ’90 en
Londres –lo que dio inició una nueva era en el derecho internacional que llevó
a muchos ex dictadores a quedarse en sus casas–, sentado en el banquillo de los
acusados.
El 23 de enero, El
Mundo publicó las claves de las tres causas que Garzón
enfrenta ante el Tribunal Supremo, todas por prevaricación. Y la primera de
ellas, a la que Saramago se refería en su columna, esta semana entró en la
recta final. El delito que se le imputa: investigar los crímenes del
franquismo. Un hecho que The New York Times calificó como una “ofensa
a la justicia y a la historia”.
Las asociaciones de
ultraderecha Manos Limpias y Libertad e Identidad lo
acusaron de atribuir a personas fallecidas delitos que habían prescrito,
estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia
Nacional. La justicia española acogió la querella y, aunque la persecución
judicial ha sido criticada por jueces y fiscales en todo el mundo y a
pesar de que la Fiscalía española y la defensa del juez han pedido la nulidad
del juicio y su absolución, todo ha seguido su curso. Hoy Garzón, que cuenta
con el apoyo del a ciudadanía, se arriesga a que el Tribunal Supremo lo
inhabilite por hasta 20 años.
Durante el desarrollo de la fase testimonial del juicio a Garzón, comenzaron a surgir las
historias de los familiares que recurrieron a Garzón en busca de justicia, ya
que lo consideraban como “la última vía para cerrar heridas”.
José Pérez (76) estaba
citado a declarar para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en
la Audiencia Nacional la desaparición de su madre, pero no pudo ir porque
estaba enfermo. Sí llegó María Martín (81), a quien le preguntaron ante el
tribunal: “¿A usted la han ayudado hasta ahora a encontrar a su madre?”. Su
respuesta fue breve y lapidaria: “No”, dijo con su voz que parece estar
apagándose.
Cuando le tocó hablar a
Fausto Canales, contó que el 20 de agosto de 1936 un grupo de falangistas
entró en siete domicilios del pueblo, uno el de su padre. Fausto tenía dos
años. Los detenidos fueron fusilados de madrugada. Y Olga Alcega aseguró que no
tenía ningún afán de venganza, sino que lo único que pretendía era saber por
qué mataron a su abuelo y quiénes lo hicieron. También declaró Antonio Solsona,
cuyo padre también fue desaparecido por darle pan y huevos a los maquis.
Esos son sólo algunos de las
decenas de casos que expuso la defensa de Garzón en el juicio, aunque no sólo
llegaron allí para defender a Garzón, sino que también para exigirle
a la justicia que los ayude a encontrar a sus familiares.
El acusado también
declaró ante los magistrados del Tribunal Supremo: “No es cuestión de
ideología, sino de que me correspondió un asunto e hice lo que creía que tenía
que hacer acomodándome a las leyes nacionales e internacionales”, dijo.
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