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| ONGs de DDHH preocupadas ante cuestionamientos a la CIDH |
Los derechos humanos son
universales y exigibles hasta que son molestos a los Estados que los deben
promocionar y defender. En Latinoamérica, algunos Gobiernos no gustan de críticas externas. De esta forma Gobiernos democráticos como, Brasil,
Venezuela, Ecuador o Perú están logrando herir de muerte al ya débil Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
"Nos preocupa muchísimo que haya consenso entre países
que históricamente han trabajado por los derechos humanos y otros que han
trabajado de manera sistemática para erosionarlos"
(Otramérica) El
miércoles 25 de enero, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una serie de
recomendaciones sobre el sistema interamericano de derechos humanos pese a las
alarmas prendidas por la Coalición Internacional de Organizaciones por los
Derechos Humanos en las Américas, conformada por 71 organizaciones no
gubernamentales (ONG) de todo el hemisferio.
No
ha sido primera plana en los diarios de las élites, pero es
una terrible noticia para los pueblos. La Organización de
Estados Americanos (OEA) ha dado así un primer paso para reducir a
la mínima expresión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
puerta de entrada al sistema interestatal.
Los
promotores de la revisión de criterios han sido gobiernos molestos por los
constantes regaños, medidas cautelares e informes negativos procedentes de la
sede en Washington de la CIDH. Brasil está terriblemente
molesto con las
medidas cautelares por las que debería haber suspendido (y no lo ha hecho) las
obras de la megarrepresa de Belo Monte, en el río Xingú (Amazonas). Tanto, que
boicoteó a la propia OEA y ha congelado su aporte anual hasta no lograr su
objetivo: “acabar con las injerencias de la CIDH en asuntos nacionales”.
Obviamente, no opinan igual las decenas de organizaciones
populares que luchan contra este proyecto que provocará miles de desplazados y
un daño ambiental incalculable.
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| Algunos Gobiernos pretender limitar funciones de la CIDH |
Igual
le pasa al Gobierno de Ecuador,
muy molesto con los comunicados de la relatoría de Libertad de Expresión de la
CIDH que ha criticado con dureza el intento de Rafael Correa de llevar a la
cárcel a periodistas del diario El Universo por “injurias”. En Perú,
el nuevo gobierno de Ollanta Humala está enfadado con la CIDH por aceptar casos
que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales por parte de un
batallón militar y, desde luego, no acepta ningún fisgoneo en las decenas de
conflictos sociales prendidos por cuenta de la megaminería. Venezuela no gusta tampoco de la CIDH; de hecho,
no gusta de la OEA, y ha repetido en innumerables ocasiones que no acepta la
intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su territorio.
Suma
y sigue, Panamá también ha expresado su disgusto, al
igual que Nicaragua o, incluso, de forma más tibia, El
Salvador, Chile o Estados Unidos. Claro que, del total de
casos y peticiones en trámite por la CIDH en diciembre de 2010, los 10 países
que más acumulaban eran, casualmente, y por este orden: Perú, Argentina,
Colombia, Ecuador, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos y
Chile, este último por situaciones de represión contra las movilizaciones
estudiantiles y por el permanente hostigamiento represivo contra el pueblo
mapuche.
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| Gobiernos incomodos ante informes de Relatorias de la CIDH |
La versión “oficial” que justifica la creación del Grupo de
Trabajo que ha elaborado las recomendaciones de cambio y las propias medidas
es, obviamente, mucho más benigna y dibuja una OEA preocupada por la democracia
y los Derechos Humanos. "Nos
preocupa muchísimo que haya consenso entre países que históricamente han
trabajado por los derechos humanos y otros que han trabajado de manera
sistemática para erosionarlos", expresaba con
suspicacia Viviana Krsticevic, directora del prestigioso Centro para la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Recomendaciones
Lo aprobado por el Consejo de la OEA resulta de un grupo de
trabajo que ha evaluado “como mejorar la eficacia” del sistema interamericano.
Esa es la disculpa oficial. Pero en realidad las recomendaciones tienen dos
objetivos claros.
El
primero es debilitar a la molesta Relatoría de Libertad de
Expresión de la CIDH, que coordina la colombiana
Catalina Botero. Esta es una de las pocas relatorías con
presupuesto (unos 900 mil dólares anuales) y equipo de trabajo permanente. Lo
que pretende la OEA, si estas “recomendaciones no vinculantes” terminan
convirtiéndose en reformas obligatorias, es que el triste presupuesto se
distribuya de forma proporcional entre las 8 relatorías de la CIDH: una forma indirecta de
debilitar a Libertad de Expresión.
Es interesante, sin embargo, resaltar que buena parte del
presupuesto de esta Relatoría Especial proviene de países que no pertenecen a
la OEA, especialmente de Europa. Según la misma relatora transmite: “Durante
2010, el Proyecto de Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en las
Américas recibió una importante financiación de la Comisión Europea por la
cantidad de US$425,000; del Gobierno de Reino Unido por la cantidad de
US$222,782; de Suiza por la cantidad de US$40,000; de la Fundación Sueca para
los Derechos Humanos por la cantidad de US$109,965; de Costa Rica por la
cantidad de US$2,790; del fondo 'OAS Democracy Unprogrammed Funds' de los
Estados Unidos de América por la cantidad de $250,000; y de Francia por la
cantidad de US$8,073”. Curioso ¿no?
Las
reformas propuestas también quieren poner piedras en el mecanismo
de medidas cautelares, uno de los
más eficientes de la CIDH. Los Estados no quieren esa molesta
gestión y regaño publico, aunque están acostumbrados a utilizar todas las
argucias legales y políticas para no cumplir las medidas impuestas por la CIDH
(que no tiene ‘dientes’ para imponerlas, por lo que debe “confiar” en los
Estados). Los casos de Belo Monte (Brasil), de los Saramakas (Surinam) o de la
presa Chan 75, (Panamá) son algunos ejemplos del incumplimiento sistemático de
las medidas cautelares por parte de los Gobiernos.
Las recomendaciones buscan que la CIDH tenga que “sustentar
mejor” las medidas cautelares y establecer un mecanismo de comunicación previa
y confidencial con los Estados antes de que unas medidas cautelares sean
públicas. “Se intenta volver más formalista el sistema de protección
endureciendo las condiciones para que la CIDH decreté las medidas de
protección, eso lleva a que menos gente pueda acceder al Sistema y a esos
beneficios, lo que aumenta los niveles de riesgo”, explicaba Eduardo Carreño,
integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Estas
son algunas de las
“recomendaciones” más letales para el sistema interamericano,
pero para conocer en profundidad todas las “sugerencias” les recomendamos leer
el detallado análisis de la Coalición Internacional de Organizaciones por los
Derechos Humanos en las Américas y
el propio texto de la comisión de Trabajo.
La
CIDH y las comunidades
Aunque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también es
cuestionado por algunas organizaciones no gubernamentales, es por otras
razones. La lentitud de los trámites ante la CIDH, el poco presupuesto y
personal con el que cuenta, la consecuente mora en el tratamiento de los casos
y la falta de herramientas coercitivas que ayuden a que sus resoluciones sean
más efectivas son algunos de los argumentos que molestan a las ONGs.
Sin
embargo, es cierto que las ciudadanas y ciudadanos
víctimas de violación de DDHH, las organizaciones sociales, los pueblos
originarios, las comunidades afrodescendientes y los movimientos populares en
general han encontrado en el Sistema un refugio en los últimos años.
Las medidas cautelares, pocas veces efectivas, sí han servido para visibilizar
el ataque a territorios o comunidades y ha generar redes internacionales de
apoyo y defensa de los derechos humanos. Por eso, la presión de los Gobiernos
‘molestos’ es tan grave para el futuro de la protección y promoción de estos
derechos.
También
es cierto que el propio concepto de Derechos Humanos está en revisión desde el
Sur Global. Su génesis eurooccidental, su
universalidad sólo ‘teórica’ y su poca permeabilidad a la diversidad cultural
del planeta han limitado mucho su alcance, también condicionado
por la evolución del concepto del Estado-nación y de los propios derechos
humanos desde los años ochenta.
Como
explica el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, “mientras la primera
generación de derechos humanos se diseñó como una lucha de la sociedad civil
contra el Estado como único violador de los derechos humanos, las generaciones
segunda y tercera de derechos humanos recurren al Estado como garante de esos
derechos humanos. Como resultado de este proceso histórico, se percibió al
Estado como la solución a los problemas que confronta la sociedad civil. En
realidad, se consideró a la sociedad
civil como inherentemente problemática y necesitada de un estado mucho más
intervencionista [en asuntos de DDHH]”.
De
este modo, la sociedad civil “entregó” la
defensa y la promoción de los derechos humanos a los sistemas interestatales y, ahora, cuando los Estados en
connivencia con las megaempresas o como fruto de políticas desarrollistas y
poco participativas, atentan contra sus derechos humanos, son éstos los que
deciden hasta dónde los derechos son humanos, hasta dónde aplica su
universalidad y quién y cuándo debe cumplirlos.
La decisión –y el discurso- del Consejo Permanente de la OEA demuestran
una vez más que la doble moral y el doble rasero son las medidas de la
geopolítica internacional.
¿Mordaza a la Libertad de Prensa?
Al conjunto de recomendaciones para cambiar a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) aún le falta un paso para entrar en vigencia. Luego del visto bueno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), esas reformas deben pasar a conocimiento de cualquiera de sus dos instancias máximas.
Se trata de la Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado de los países miembros o la Asamblea General de la OEA, a la que asisten los Cancilleres. Solo una de esas dos instancias puede dar el carácter vinculante a esas reformas, cuestionadas por ONG vinculadas a DD.HH.
Para esos organismos, el objetivo final de esas reformas es reducir la capacidad de acción de la CIDH, que ha puesto atención entre otras a denuncias de atropellos a la libre expresión en Ecuador. Su inquietud se enfoca en materia de libertad de expresión, ya que las recomendaciones apuntan a limitar el financiamiento de la Relatoría Especial, así como bajar el perfil de su informe anual.
Sin embargo, también hay preocupación porque las reformas apuntan a que la CIDH también cambie la metodología de elaborar su informe sobre el estado de los DD.HH. Países como Colombia, México o Venezuela buscan estos cambios, pues anualmente son señalados por los atropellos a los derechos fundamentales en sus territorios.
Los cuatro temas centrales de la reforma:
“Incorporar todos los informes de las relatorías en un capítulo único de su informe anual”, señala el estudio. De este modo se quiere evitar que la Relatoría de Libertad de Expresión tenga un capítulo especial para denunciar los atropellos contra la prensa.
“El establecimiento de un Código de Conducta que regule la gestión de las Relatorías de la CIDH, para asegurar la coordinación que debe existir entre dichos mecanismos y los Estados”. Las ONG dicen que esta norma quiere reducir la independencia.
“Asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas sus relatorías, grupos de trabajo y unidades, así como un manejo eficiente y transparente de esos recursos”. Por falta de fondos, la Relatoría de Libre Expresión recibe apoyo de cooperantes.
“Aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de recursos internos”. Las ONG señalan que este tipo de planteamientos restringiría el ingreso de denuncias en la Comisión Interamericana.
Prestigioso Jurista chileno nombrado Relator de la CIDH
Dentro de esta situación de incertidumbre que vive la defensa de los Derechos Humanos en el Continente, el prestigioso jurista chileno, Felipe González fue nombrado como relator para Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). González también es relator para Brasil, Costa Rica, Cuba y Relator sobre los “Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias”. González es profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales de Chile.
También fue fundador y director del Centro de Derechos Humanos en dicha Universidad, donde dirigió entre 2002 y 2006 la preparación y publicación de un Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile. Fundó y coordinó una Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos.
Más Información en:
Carta del Comité de Protección de Periodistas (Committee fpr Protect Journalist. CPJ):
Observaciones al Proceso de Reflexión sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
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