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| Violencia en las Cárceles denuncia la ONU |
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación ante los recientes hechos de
violencia registrados en las cárceles de América del Sur, y que se han saldado
con la muerte de al menos ocho reclusos en Uruguay, Argentina, Venezuela y
Chile.
Así lo informó el representante Regional para América del Sur de
ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, quien dijo que se trata de una situación
alarmante que es consecuencia directa de las precarias condiciones en que los
reos purgan sus condenas.
(ACNUDH) Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para
América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó la preocupación
de la Oficina por la reciente ola de violencia en las cárceles de América del
Sur, que en los últimos días ha cobrado la vida de al menos tres prisioneros en
Uruguay, dos en Argentina, dos en Venezuela y uno en Chile.
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| Amérigo Incalcaterra, Representante del Alto Comisionado para DDHH |
¨Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia
carcelaria en la región, que es una consecuencia directa de -o se ve agravada
por- entre otras cosas, las condiciones precarias de detención, incluyendo el
hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos tales como
espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y la falta de
estándares básicos de saneamiento e higiene¨, señaló Incalcaterra. ¨Estas
condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a
la prisión preventiva¨.
El Representante Regional destacó que las condiciones
carcelarias en América del Sur han sido criticadas en repetidas ocasiones en
varios informes de las Naciones Unidas, de los Órganos de Tratados, los
Procedimientos especiales, así como en el Examen Periódico Universal de muchos países. Recordó que los
gobiernos de la región deben actuar sobre estas recomendaciones.
Incalcaterra recordó que los Estados tienen la obligación de
garantizar que las condiciones de detención son compatibles con la prohibición
de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona
privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto
a la dignidad inherente de la persona humana, como se reconoce en instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Citando a las directrices del
Comité de Derechos Humanos, Incalcaterra señaló que el ¨trato humano es
un estándar básico de aplicación universal que no puede depender enteramente de
los recursos materiales, y que debe aplicarse sin discriminación¨. El Poder
Judicial debe asumir cierta responsabilidad por las condiciones y el tratamiento
que afectan a aquellos que ordena permanecer en prisión preventiva o a los que
condena a penas de prisión, agregó.
Además de las recientes muertes de ocho prisioneros en la
región, el Representante Regional expresó su alarma por un video que muestra
una mujer detenida esposada que acababa de dar a luz en Brasil, en clara
contravención de los tratados internacionales de derechos humanos.
El Representante Regional pidió una investigación pronta y
eficaz sobre todos estos incidentes recientes, para identificar a los
responsables y obtener reparación para las familias de las víctimas.
Incalcaterra recordó que ¨todos los Estados deben adoptar medidas urgentes para
garantizar que las condiciones de detención cumplen con las normas
internacionales de derechos humanos. Esas medidas deberían incluir, entre
otros, el establecimiento de mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar
los lugares de detención y reclusión¨.
El Representante Regional señaló que ninguno de los países cubiertos por su
oficina ha establecido un
Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), requerimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura (OP-CAT).
Incalcaterra también alentó a los Estados que aún no han ratificado el
Protocolo Facultativo a hacerlo, e instó a sus Estados Partes a establecer
mecanismos nacionales de prevención como una cuestión de prioridad.
La tasa de hacinamiento en las prisiones de la región
varía entre el 30 y el 70%.
Argentina: Un interno murió el 27
de enero después de ser apuñalado por otro preso en la cárcel de Capayán, en la
provincia de Catamarca, en el norte. En un incidente separado, el 29 de enero,
un preso de 25 años de edad murió después de recibir 30 golpes en la cabeza
supuestamente por guardias de la Unidad 46 del Complejo de San Martín del
Servicio Penitenciario Bonaerense. Aunque algunos MNPs existen a nivel
provincial, Argentina todavía tiene que establecer un mecanismo nacional en el
marco del OP-CAT. Un proyecto de ley sobre el establecimiento de un MNP se está
debatiendo actualmente en el Senado.
Brasil: Un video de tres minutos de una prisionera femenina esposada que
había recién dado a luz ha hecho olas en Brasil estos días. La mujer de 32 años
de edad, estaba en detención preventiva desde noviembre por cargos de robar
muñecas y champús en tiendas en Sao Paulo. El video difundido el 2 de febrero
ha vuelto a destacar una cuestión planteada en un informe del diario brasileño Folha sobre
el uso de esposas durante y después del parto en el Estado de São Paulo –
acusaciones que han sido negadas por funcionarios del Estado. Aunque algunos
MNPs existen a nivel provincial, Brasil todavía tiene que establecer un
mecanismo nacional en el marco del OP-CAT.
Chile: El 29 de enero, un preso de 25 años en prisión preventiva
recibió un disparo en la cabeza por un guardia cuando intentaba escapar de la
cárcel de Talagante, cerca de Santiago, lo que produjo un motín en la cárcel.
Chile aún tiene que establecer un MNP de conformidad con el OP-CAT y los
Principios de París.
Perú: Aún tiene que establecer un MNP.
Uruguay: El 29 de enero, tres presos murieron en la cárcel de COMCAR
cerca de Montevideo, a raíz de un incendio que habría ocurrido a consecuencia
de violencia entre reclusos. Uruguay aún tiene que establecer un MNP.
Venezuela: El 25 de enero, dos presos murieron como consecuencia de
violencia entre prisioneros durante un motín en la Penitenciaría Nacional de
Maracaibo. Venezuela ha firmado el OP-CAT, sin embargo aún no lo ha ratificado.
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