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| Presidenta Dilma Rousseff y Presidente Michell Martelly |
El gobierno de Brasil presentó ante la opinión
pública, el pasado 12 de enero de 2012, un conjunto de medidas legales y
políticas destinadas a "ordenar" la creciente inmigración haitiana,
así como regularizar la situación migratoria de más de 4 mil haitianas y
haitianos que se encuentran de manera irregular en su territorio.
Del mismo modo, las autoridades brasileñas prometieron
de aquí en adelante frenar la "ola" de haitianos hacia sus fronteras
a través de amenazas de deportación contra todos los haitianos que ingresen de
manera irregular al país.
La nueva política de Brasil ante la migración haitiana
oscila entre las promesas de regularización y las amenazas de deportación. Esta
política que se define como humanitaria tiene una limitada probabilidad de
éxito por adolecer de una visión regional y de un enfoque de protección de los
derechos humanos de los migrantes.
La nueva normativa migratoria
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| Nueva política migratoria para haitianos en Brasil |
El Consejo Nacional de la Inmigración (CNIg),
organismo dependiente del Ministerio brasileño del Trabajo y del Empleo,
publicó el 13 de enero de 2012 en la página 59 del Diario Oficial de la Nación
brasileña (Diário Oficial da União) la Resolución Normativa número 97 sobre
los migrantes haitianos. Dicha Resolución, firmada por el director del CNIg, el
Señor Paulo Sérgio de Almeida, consta de 5 artículos.
El primer artículo de la pieza legal estipula que todo
nacional haitiano podrá recibir, por razones humanitarias (a raíz de la
agravación de las condiciones de vida de la población haitiana luego del
terremoto del 12 de enero de 2010), una visa con duración de 5 años y una
cédula de extranjería.
El segundo artículo establece que esta visa
"humanitaria” será otorgada por el Ministerio de las Relaciones Exteriores
(o la Cancillería) de Brasil a través de la Embajada brasileña acreditada en
Puerto Príncipe. Un total de 1.200 visas será concedido a los haitianos cada
año, con un promedio de 100 visas mensuales.
El tercer artículo advierte que el ciudadano haitiano
que haya beneficiado de la visa humanitaria deberá, poco antes de la fecha de
vencimiento de dicha visa, comprobar su situación laboral para poder permanecer
en Brasil y renovar su cédula de extranjería.
Los dos últimos artículos definen la vigencia de la
Resolución desde la fecha de su publicación (el 13 de enero de 2012) hasta un
periodo de dos años, con la posibilidad de ser prorrogada eventualmente.
En una conferencia de prensa realizada el 12 de enero
de 2012, el ministro brasileño de la justicia, el Señor José Eduardo Cardozo,
aportó algunas precisiones sobre la Resolución normativa arriba mencionada, así
como un conjunto de medidas políticas complementarias para frenar la ola
migratoria haitiana.
Por ejemplo, el alto funcionario del gobierno de Dilma
Rousseff explicó que esta nueva modalidad de visa humanitaria para los
haitianos es diferente de los otros tipos de visa de estudio, turismo o
trabajo, ya que el solicitante de esta nueva visa no está obligado a responder
a todos los criterios y exigencias requeridos por Brasil.
Con esta medida migratoria "flexible" y
"humanitaria", cuyo plan de acción concreto para su operativización
aún no ha sido precisado por la administración brasileña, la Resolución trata
de "abrir un canal formal y legal para la inmigración haitiana”, al tiempo
que se propone luchar contra las redes de trata y tráfico ilegal de migrantes.
Se trata de ordenar la migración haitiana hacia
Brasil, insistió Cardozo, advirtiendo que de aquí en adelante todos los
ciudadanos haitianos necesitan visa para ingresar al territorio brasileño.
Todos los haitianos que se encuentran en Brasil antes
del 12 de enero de 2012 serán regularizados y recibirán la visa humanitaria,
prometió. Sin embargo, los que lleguen de manera irregular después de esta
fecha serán invitados a dejar el país y, en caso de su negativa a salir del
territorio, serán deportados, concluyó en un tono firme.
Análisis
La nueva política migratoria de Brasil puso fin a dos
años de ambigüedad del gobierno de Dilma Rousseff respecto a la situación de
los migrantes haitianos que se encuentran en su territorio luego del terremoto
del 12 de enero de 2012.
De manera oficial, el gobierno brasileño decide
otorgar visas humanitarias con una duración de 5 añosa los haitianos que
llegaron al país suramericano hasta el 12 de enero de 2012. Sin embargo, ni la
Resolución normativa ni las medidas políticas anunciadas se pronuncian
formalmente sobre el tema de la reunificación familiar de los migrantes
haitianos que beneficiarán de la visa humanitaria.
La migración haitiana funciona a través de amplias
redes sociales y migratorias tejidas desde su país de origen y en múltiples
países de tránsito. Cada vez más los migrantes haitianos optan por viajar junto
con sus familiares principalmente nucleares o, en la mayoría de los casos,
deciden traerlos a su país de llegada conla "ayuda" de traficantes. De
ahí la importancia de crear también un canal legal bien definido para los
procesos dereunificación familiar.
Otro gran ausente de la nueva política migratoria de
Brasil es el tema de la protección de los migrantes haitianos durante su
periplo hacia el territorio brasileño y en la frontera común con Perú y
Bolivia.
Al cerrar su frontera con Perú a nivel del río Acre y
al militarizarla, el gobierno brasileño espera frenar la migración haitiana
hacia la ciudad de Brasiléia ubicada en el Departamento del Acre; lo que parece
más bien una ilusión. Lo único que se logra con este endurecimiento es provocar
una dramática situación humanitaria contra los migrantes haitianos que se
quedan varados en el lado peruano de la frontera.
Del mismo modo, ocasiona la perpetración de abusos y
violaciones contra los derechos humanos de los haitianos que intentan buscar
nuevas rutas por el lado boliviano de la misma triple frontera
Brasil-Bolivia-Perú para poder llegar a Brasiléia.
Por ejemplo, más de 250 haitianos se encuentran
actualmente varados en la pequeña localidad peruana de Iñapari en la región
fronteriza de Madre de Dios. Los policías federales brasileños les han impedido
cruzar hacia Brasil, mientras que, según Celso Curi, el alcalde de la localidad
peruana habitada por 2.500 personas, los servicios han comenzado a colapsar.
De la misma manera, los haitianos que pasaron por la
frontera de Bolivia, al sur de la ciudad de Brasiléia, para poder ingresar al
territorio brasileño, señalaron haber sido víctimas de robo de su dinero y otras
pertenencias suyas;en especial, las mujeres haitianas declararon haber sido
tocadas y manoseadas por agentes policiales bolivianos, según los testimonios
recogidos el 19 de diciembre del año pasado en Iñapari por organizaciones de
derechos humanos de Brasil, Bolivia y Perú.
Lo humanitario no sustituye la protección de los
derechos humanos
Para poder gestionar de manera eficaz la migración
haitiana, el gobierno de Brasil debe llegar a un acuerdo multilateral con sus
homólogos de los vecinos países, Perú y Bolivia, e incluso con otros países
suramericanos implicados en el flujo haitiano tales como Ecuador, Chile y
Argentina. Se debe de adoptar una visiónregional para ordenar la migración
haitiana hacia Sur América.
Además, sería contraproducente que la nueva política
migratoria de Brasil, por más humanitaria que fuera,siguiera
contribuyendo a generar más violaciones y abusos contra los derechos humanos y
la dignidad de los migrantes haitianos. Brasil, así como los demás países de la
región, firmaron y suscribieron una serie de instrumentos de derechos humanos a
nivel internacional y regional que les obligan a proteger los derechos de la
persona humana, más allá dela nacionalidad yel estatus migratorio que tenga.
Es lamentable que los principales organismos
regionales encargados de velar por el respeto irrestricto de los derechos
humanos en la región, tales como la Unión de las Naciones Suramericanas
(UNASUR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), aún no se hayan
pronunciado públicamente sobre la necesidad de defender los derechos de los
migrantes haitianos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y con
necesidad de protección internacional.
Finalmente, la nueva política migratoria no menciona
las medidas y las estrategias que el gobierno brasileño planea adoptar para
integrar a la población haitiana en la sociedad nacional. Esperamos que las
autoridades brasileñas contemplen un plan de integración digna y respetuosa de
los derechos humanosde los migrantes haitianos en Brasil.
Lo humanitario no puede sustituir, en ningún caso, la
protección de los derechos humanos.
Más información en:
http://www.prensalibre.com/internacional/Brasil-Haiti-refugiados-migracion-justicia_0_625737581.html
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