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miércoles, 8 de febrero de 2012

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR DE NACIONES UNIDAS – DERECHOS HUMANOS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA OLA DE MUERTES Y VIOLENCIA EN LAS CÁRCELES


Violencia en las Cárceles denuncia la ONU

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación ante los recientes hechos de violencia registrados en las cárceles de América del Sur, y que se han saldado con la muerte de al menos ocho reclusos en Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.
Así lo informó el representante Regional para América del Sur de ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, quien dijo que se trata de una situación alarmante que es consecuencia directa de las precarias condiciones en que los reos purgan sus condenas.

(ACNUDH) Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó la  preocupación de la Oficina por la reciente ola de violencia en las cárceles de América del Sur, que en los últimos días ha cobrado la vida de al menos tres prisioneros en Uruguay, dos en Argentina, dos en Venezuela y uno en Chile.
Amérigo Incalcaterra, Representante del Alto
Comisionado para DDHH

¨Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región, que es una consecuencia directa de -o se ve agravada por- entre otras cosas, las condiciones precarias de detención, incluyendo el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos tales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene¨, señaló Incalcaterra. ¨Estas condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva¨.
El Representante Regional destacó que las condiciones carcelarias en América del Sur han sido criticadas en repetidas ocasiones en varios informes de las Naciones Unidas, de los Órganos de Tratados, los Procedimientos especiales, así como en el Examen Periódico Universal de muchos países. Recordó que los gobiernos de la región deben actuar sobre estas recomendaciones.

Incalcaterra recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de detención son compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana, como se reconoce en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Citando a las directrices del Comité de Derechos Humanos, Incalcaterra señaló que el ¨trato humano es un estándar básico de aplicación universal que no puede depender enteramente de los recursos materiales, y que debe aplicarse sin discriminación¨. El Poder Judicial debe asumir cierta responsabilidad por las condiciones y el tratamiento que afectan a aquellos que ordena permanecer en prisión preventiva o a los que condena a penas de prisión, agregó.

Además de las recientes muertes de ocho prisioneros en la región, el Representante Regional expresó su alarma por un video que muestra una mujer detenida esposada que acababa de dar a luz en Brasil, en clara contravención de los tratados internacionales de derechos humanos.
El Representante Regional pidió una investigación pronta y eficaz sobre todos estos incidentes recientes, para identificar a los responsables y obtener reparación para las familias de las víctimas. Incalcaterra recordó que ¨todos los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplen con las normas internacionales de derechos humanos. Esas medidas deberían incluir, entre otros, el establecimiento de mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y reclusión¨.
El Representante Regional señaló que ninguno de los países cubiertos por su oficina ha establecido un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), requerimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OP-CAT). Incalcaterra también alentó a los Estados que aún no han ratificado el Protocolo Facultativo a hacerlo, e instó a sus Estados Partes a establecer mecanismos nacionales de prevención como una cuestión de prioridad.