Foto: silveiraroccha.blogspot.com
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, saludó la sanción presidencial del largamente esperado proyecto de ley que establece una Comisión Nacional de la Verdad, lo que describió como un paso importante para esclarecer la verdad sobre violaciones del pasado a los derechos humanos.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó la ley que crea una Comisión de la Verdad que investigará violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos de presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985), aunque no tendrá funciones punitivas. La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, tendrá siete integrantes elegidos por Rousseff y un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos de desaparecidos políticos.
"No podemos permitir que en Brasil la verdad se corrompa con el silencio", ha subrayado Rousseff, durante la firma de la Ley de Acceso a las Informaciones Públicas, que da luz verde a la conformación del grupo de trabajo que investigará torturas y homicidios cometidos durante el régimen militar.
Rousseff, lo ha calificado como un momento "histórico" para Brasil,en su lucha a favor de los Derechos Humanos, y ha aclarado que el objetivo no es promover la "venganza" contra quienes cometieron los delitos. La Comisión de la Verdad estará conformada por siete personas que serán elegidas por Rousseff, en base a criterios éticos y su contribución en la defensa de los Derechos Humanos. Un grupo de 14 profesionales darán apoyo administrativo durante las indagaciones.
Una vez elegidos los miembros, la comisión tendrá dos años para escuchar los testimonios de las víctimas y testigos, y solicitar y analizar los documentos que considere necesario para esclarecer las violaciones, establece la nueva normativa. El objetivo de la Comisión de la Verdad es esclarecer los hechos ocurridos durante el régimen militar --período en el que habrían muerto cientos de personas-- pero no tendrá la facultar de castigar a los criminales que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía, promulgada en 1979 por el general Joao Figueiredo, el último dictador brasileño.
El proyecto había sido aprobado definitivamente por el Congreso el pasado 25 de octubre, tras haber superado los obstáculos impuestos por las Fuerzas Armadas que temían una represalia por parte del gobierno y las víctimas. ara evitar más confrontaciones, los promotores de la propuesta hicieron algunos cambios en el texto y extendieron el período de investigación tres años --hasta el año 1988-- para que no coincida con los 21 años que duró la dictadura militar.
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