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miércoles, 25 de julio de 2018

Declaración Publica ALDHU



La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU, ha levantado su voz de alerta ante la resolución judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha declarado admisible un encausamiento penal en contra del periodista e investigador social Javier Rebolledo.

La causa contra Rebolledo ha sido interpuesta por un imputado en crímenes contra los Derechos Humanos (Teniente Coronel Raúl Quintana Salazar) quien ha sido llamado a responder ante la justicia por su participación en crímenes contra la Humanidad.

La impunidad de la que han gozado los criminales de estos crímenes atroces, ha sido en parte rota por las investigaciones periodísticas de personas valientes y comprometidas con la verdad, como Javier Rebolledo…la decisión de enjuiciarlo por descubrir la verdad, es una ofensa a la libertad de expresión y al ejercicio de la misión de los periodistas, declara la ALDHU.

Juan de Dios Parra, secretario general de la ALDHU ha afirmado que la decisión de la Corte santiaguina es un grave error, ya que lo hecho por Rebolledo no es más que develar la verdad, e informar de la misma a la sociedad, lo cual nunca debe ser estimado como una lesión a la honra, menos de quien como en este caso, está imputado por hechos condenables por la humanidad, lo que de hecho lo convierte en un peligro para la sociedad.

Recordamos que este ex militar fue jefe del campo de concentración de Tejas Verdes y se encuentra condenado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato de cinco personas detenidas desaparecidas.

Defendemos a Javier Rebolledo, y alertaremos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a objeto que a través del Alto Comisionado para la libertad de expresión, represente al estado chileno la preocupación de la comunidad internaciónal por este grave hecho que pone en cuestión la libertad de expresión en Chile.


Santiago de Chile, Julio de 2018.

martes, 17 de julio de 2018

Aumenta la presión internacional contra Ortega por la represión en Nicaragua


La comunidad internacional ha intensificado este lunes la presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos durante tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos, 13 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidieron al Ejecutivo de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del país centroamericano. Guterres clamó por un cese inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta.

“El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, dijo el secretario general de la ONU en San José, a 400 kilómetros de Nicaragua, durante una visita para participar en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Guterres aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También sugirió el abordaje regional de la crisis en Nicaragua en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

A su lado, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, condenó de nuevo la violencia ejercida contra los estudiantes universitarios perpetrada el fin de semana, mientras se prepara para atender un aumento en la llegada de migrantes nicaragüenses que se declaran perseguidos o que han perdido sus empleos durante esta crisis.

Paralelamente 13 países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Argentina y Chile, exigieron el "cese inmediato a los actos de violencia" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos militares". Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto que fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Los Gobiernos de estos 13 países denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en Nicaragua. En la misma declaración pidieron "la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia", señala el texto.  

Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y advirtió al presidente Daniel Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad. Washington, que ha sido muy crítico con el mandatario, reiteró su petición para que se celebren elecciones "anticipadas, libres, justas y transparentes" como vía para salir de la crisis.

En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", y anunció que se reunirá con el ministro para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.

La CIDH —un órgano que forma parte de la OEA— ha asegurado que ya van 264 muertos desde que se iniciaron las protestas, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua calcula que son 351 personas fallecidas y miles de heridos.

Frente a los 150 muertos que ha dejado la represión en Venezuela en todo el año, en Nicaragua se ha registrado el doble en solo tres meses. La embestida diplomática pone fin al largo silencio de la comunidad internacional y sucede después de un violento fin de semana. El domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 kilómetros al sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera. El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad (UNAN) y una iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.

La vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ha asegurado este lunes que el Gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de carreteras y para "restaurar la paz". Ha afirmado también que las protestas responden a "un plan terrorista y golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán".

Por su parte, la Iglesia católica denunció la "falta de voluntad política del Gobierno" para dialogar con la opositora Alianza Cívica. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio y desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros.

La mecha que prendió el levantamiento popular fue una controvertida reforma del sistema de pensiones que finalmente el Gobierno dejó sin efecto. Sin embargo, el hartazgo y el nepotismo del matrimonio derivaron en una larga y sangrienta protesta que dura tres meses. La oposición los acusa de instaurar una dictadura y exige convocar en marzo las elecciones presidenciales previstas para 2021.


miércoles, 11 de julio de 2018

Las fuerzas de choque del régimen de Daniel Ortega atacaron a obispos y miembros de la Iglesia en Nicaragua.


Según informa www.infobae.com, en Nicaragua el conflicto con la población ha escalado a niveles insospechados: 

La iglesia Católica denunció este lunes nuevos ataques del régimen de Daniel Ortega en las ciudades del norte y Pacífico de Nicaragua, que dejaron como resultado un muerto y una vivienda incendiada.

Centenares de seguidores de Ortega y grupos paramilitares asediaron y agredieron a jerarcas católicos en la ciudad de Diriamba, al suroeste del país.
Los violentos irrumpieron en la Basílica de San Sebastián, donde los eclasiásticos habían llegado a apoyar a un grupo de manifestantes que se atrincheraron el domingo ante el asedio de las fuerzas del régimen.

Monseñor Báez resultó herido tras los ataques de los grupos de choque

"No queremos más tranques (bloqueos) de vías", "asesinos", "mentirosos", gritaron los partidarios del régimen sandinista a la comitiva de religiosos, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag cuando llegaron a Diriamba.

El nuncio, el cardenal y los obispos llegaron en caravana desde Managua para ayudar a liberar a las personas retenidas en la Basílica, entre ellos médicos voluntarios que habían quedado atrapados desde el domingo en la iglesia tras la violenta incursión.

Los religiosos fueron rodeados por seguidores del régimen, al llegar al templo, en cuyos alrededores había decenas de paramilitares.

Nota completa en:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/09/las-fuerzas-de-choque-del-regimen-de-daniel-ortega-atacaron-a-obispos-y-miembros-de-la-iglesia-en-nicaragua/

martes, 10 de julio de 2018

Ex Presidenta Bachelet firma carta de apoyo a Lula da Silva.


La ex Presidenta Michelle Bachelet lidera la lista de una serie de personeros políticos que adhirieron a una carta de apoyo para que el ex Mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pueda inscribir su candidatura a la presidencia.

El ex Presidente del Partido de los Trabajadores cumple una condena desde abril de doce años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Lava Jato.

En la carta, que se hizo pública ayer, se sostiene que "el Partido de los Trabajadores ha proclamado a Lula como candidato a la Presidencia, y anunciado su inscripción en el Tribunal Superior Electoral el 15 de agosto próximo. Se trata, sin duda, de la figura política más relevante y popular del país".

En esa línea, en el texto se afirma que la decisión de no dejar competir al ex Presidente de Brasil en las elecciones se basaría en "argumentos discutibles en un proceso que no ha llegado al estado de cosa juzgada" y "que una elección presidencial sin Lula como candidato podría tener serias impugnaciones de legitimidad y profundizaría aún más la crisis política que Brasil tiene que superar".

"Apelamos al Poder Judicial del Brasil para que garantice el pleno respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. Lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos", se concluye en el texto.

La misiva, en total, fue firmada por alrededor de 40 dirigentes políticos y del mundo académico chileno, incluidos personeros de la ex Concertación y del Frente Amplio. Entre ellos destacan los ex ministros Sergio Bitar, Carlos Ominami y Adriana Delpiano; los presidentes del Senado y la Cámara, Carlos Montes y Maya Fernández, ambos PS; el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y los senadores del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, Juan Pablo Letelier y José Miguel Insulza.

viernes, 6 de julio de 2018






Santiago de Chile, 4 de Julio de 2018.

RELATOR ESPECIAL SOBRE INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS
ONU
Sr. Diego García Sayán

De nuestra especial consideración:

Recurrimos ante Usted a objeto de poner en su conocimiento un grave intento de menoscabar y entorpecer el actuar independiente e imparcial de la Jueza  de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Daniella Camacho, quien lleva a su cargo el procesamiento penal del ex presidente de la República Rafael Correa Delgado, en una causa por secuestro de un ex legislador en la que se investiga su participación.
La referida jueza Daniella Camacho ha dictado una orden de prisión preventiva en contra del ex presidente Correa, por cuanto este no cumplió con su requerimiento de presentarse ante la magistrada.
La cuestión es que esta medida cautelar, adoptada en el marco de las atribuciones legitimas que asisten a la jueza Camacho, en el ejercicio de sus funciones, ha sido duramente cuestionada y criticada por los presidentes de la república de Bolivia Evo Morales y de Venezuela Nicolás Maduro, quienes la han calificado como un acto de persecución política instigado por los Estados Unidos.
Es evidente que este intento por desacreditar internacionalmente el actuar independiente de una magistrada, además de constituir un inaceptable acto de injerencia en la soberanía judicial del Ecuador, importa una evidente acción intimidatoria en contra de la juez a cargo del proceso.
Nos consta la separación de poderes y la independencia de la judicatura así como el respeto a sus prerrogativas democráticas actualmente vigentes en Ecuador, reinstaladas laboriosamente desde el ejercicio del actual gobierno del presidente Lenin Moreno y especialmente desde la implementación de las correcciones institucionales aprobadas por el referéndum de Febrero del 2018.
Las declaraciones aludidas de los presidentes Morales y Maduro, configuran un intento de injerencia inaceptable, pero sobre todo, afectan negativamente la integridad del ejercicio de la magistratura.

Por lo dicho, y apelando al contenido de la resolución 8/6 y demás pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, 40/32, 45/166 de la Asamblea General de la ONU, y a sus especiales facultades para “investigar toda denuncia sustancial” y en ese marco “identificar los atentados a la independencia de la judicatura”,  recurrimos a Usted para que luego de investigados los hechos, informe la ocurrencia de este atentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que éste lo ponga en conocimiento de  la Asamblea General y requiera a sus autores que se abstengan de interferir en la actuación independiente y soberana del Poder Judicial del Ecuador en este caso.

Juan de Dios Parra
Secretario General de ALDHU
                                                              

miércoles, 4 de julio de 2018

La Justicia de Ecuador dicta una orden de detención contra el ex presidente Rafael Correa.


La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aceptó este martes la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del ex presidente Rafael Correa, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito este lunes.


La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva para el ex presidente en una audiencia especial en la que se revisaban hoy las medidas cautelares que se impusieron al ex mandatario el pasado 18 de junio, tras ser vinculado penalmente al caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debía haberse presentado ante el CNJ, pero en su lugar decidió hacerlo en el Consulado de su país en Bruselas.

En la audiencia de hoy, la jueza aceptó la petición del fiscal general encargado, Paúl Pérez, de ordenar el arresto preventivo de Correa por no cumplir la orden judicial de comparecencia, y también la de que emitir un difusión roja a la Interpol pidiendo su arresto y extradición.

El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, que había pedido la audiencia para sustituir las medidas cautelares originales y que Correa pudiera comparecer en Bruselas, lamentó la decisión y recordó que no existía una "petición estricta del fiscal" del Estado con respecto a la prisión preventiva porque el fiscal Pérez aún no ha asumido sus funciones oficialmente.

"Existe solamente una solicitud del 'fiscal general encargado', que no está posesionado", dijo Ochoa, quien manifestó que el proceso "no trata de hacer justicia sino de hacer venganza". "Hemos visto un escenario donde se han violado todas las garantías de carácter institucional", insistió al anunciar que apelarán la decisión de Camacho.

El intento de secuestro del ex asambleista tuvo lugar en Colombia el 13 de agosto de 2012 al ser abordado por cinco personas que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido casi hora y media, tras lo cual fue rescatado.

En una reciente entrevista con Efe, Balda defendió que existen pruebas sólidas de que Correa está implicado en la orden de su secuestro.




Sin embargo, el ex presidente, que no descarta pedir asilo en Bélgica u otro país, asegura que no existen esas pruebas y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.


En declaraciones a los medios tras salir de la audiencia, Balda, desde hoy parte de la acusación particular en el caso, anunció que iniciará una campaña para convencer a los gobiernos europeos de que no le den asilo a Correa.


"Iniciaremos activismo en las embajadas europeas empezando por la de Bélgica. Acudiré con mis abogados a presentarles las evidencias para que constaten de que esto no se trata de una persecución política sino de un crimen de Estado", manifestó.


La información es de: http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/04/5b3bf3f6e2704ea05a8b4659.html

Chile: procesan a 8 ex militares por asesinato de Víctor Jara.


“La justicia ha llegado tarde, pero llegó” con estas palabras el secretario general de ALDHU, Juan de Dios Parra, se refirió a la reciente condena contra 8 ex oficiales del ejército de Chile por el asesinato del cantautor Víctor Jara, posterior al Golpe Militar de 1973.
“Víctor Jara fue asesinado cobardemente, hoy se hace justicia con un caso emblemático en Chile, aún queda camino por recorrer, y esperamos que se siga esta senda ya que sin justicia no habrá verdad y sin verdad no habrá una real reconciliación” sostuvo el abogado de derechos humanos.


SANTIAGO, Chile.- La decisión la adoptó el magistrado de la Corte de Apelaciones capitalina Miguel Vásquez, quien en su resolución dada a conocer por la página de internet del Poder Judicial decidió procesar y detener como autores del homicidio a los ex tenientes Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez, quien reside en Estados Unidos.

Asimismo dispuso procesar como cómplices a los también ex tenientes Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf y Jorge Eduardo Smith Gumucio.

Como Barrientos se encuentra residiendo en el estado de Florida, Estados Unidos, el magistrado ordenó su captura internacional. Los otros seis procesados deberán cumplir su detención preventiva en un cuartel militar de Santiago que tiene dependencias especiales para militares juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Jara, entonces de 41 años, fue detenido junto con un millar de funcionarios y estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en la sede de ese establecimiento al día siguiente del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y trasladado al Estadio Chile, rebautizado actualmente Víctor Jara.

En ese estadio el cantante, quien también era director teatral, fue reiteradamente torturado por los militares por su condición de comunista. Sus compañeros de reclusión en el estadio pudieron observar el resultado de las torturas hasta que desapareció desde las tribunas del local deportivo.

Su cadáver mutilado y con decenas de impactos de bala fue arrojado en un suburbio y luego trasladado a la morgue capitalina, donde pudo finalmente encontrarlo su viuda, la bailarina y coreógrafa británica Joan Turner.

La investigación judicial por el asesinato de Jara ha demorado 12 años y varios magistrados han sustanciado la causa. Un ex conscripto que fue apostado como custodio de los prisioneros del ex Estadio Chile fue encausado hace años como presunto responsable, pero luego fue exculpado.

La investigación judicial determinó que Jara fue ajusticiado en el subsuelo del estadio y que recibió 44 impactos de bala.

Ex prisioneros del Estadio Chile pudieron observar también cadáveres de prisioneros amontonados en los pasillos del centro deportivo. En sus graderías dos prisioneros que desesperaron por su condición fueron ultimados a sangre fría por soldados en presencia de centenares de detenidos.

El magistrado comentó a periodistas que la principal dificultad que tuvo la causa fue la recopilación de información y la falta de colaboración.
“Luego de reunir muchos antecedentes hay un momento en que uno debe ya poner término a esta investigación o tratar de avanzar dictando esta resolución”, dijo Vásquez.

El abogado Nelson Caucoto, representante de la familia de Jara, expresó a su vez que junto con la orden de captura se solicitará a Estados Unidos la extradición de uno de los dos autores materiales del asesinato.

“Como querellantes en este juicio estamos bastante satisfechos con lo que se ha logrado”, dijo Caucoto.