Luego de balear a dos niños y falsificar el reporte, Carabineros responsables siguen en servicio activo

El Ministerio Público comprobó, mediante la revisión de cámaras de vigilancia en el lugar, que el entonces subteniente Diego Benavides y los cabos 1° Omar Torres y Víctor Saavedra falsificaron sus informes policiales luego de que Benavides baleara a dos menores de edad y a un joven de 18 años en el marco de una detención.

Si bien Benavides –que desde ocurridos los hechos ascendió a teniente– se encuentra en prisión preventiva y los cabos Torres y Saavedra están con la cautelar de arresto domiciliario total, Carabineros aseguró a INTERFERENCIA que los tres “se encuentran activos en la institución”, desempeñando servicios en la 55° Comisaría de Pudahuel, la Escuela de Suboficiales y la 25° Comisaría de Maipú, respectivamente.

Los hechos, según la investigación dirigida por el fiscal Marcelo Soto, son los siguientes.

Los menores Máximo y Kimberly –10 y 9 años, respectivamente– se encontraban junto a cinco familiares al interior de un auto en la comuna de Pudahuel cuando el subteniente Diego Benavides les ordenó que se bajaran. El vehículo se encontraba transitando por el frente de un outlet que estaba siendo saqueado, con numerosas personas alrededor. Michael; el conductor de 18 años, además de llevar a seis pasajeros en el auto, no contaba con licencia de conducir, por lo que decidió cruzar el bandejón central y eludir la detención de Benavides.

Luego de bajarse de su motocicleta, el subteniente abrió fuego. Iba acompañado del cabo 1° Omar Torres y Víctor Saavedra, de mismo grado.

Máximo resultó con una herida toráxico abdominal por proyectil balístico, neumotórax con drenaje pleural, fractura costal, lasceración pulmonar con sospecha de trombosis y rabdomiolisis postrauma. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Kimberly recibió el balazo en el brazo, quedando el proyectil alojado en el lugar. Michael fue impactado en el hombro, donde la bala le fracturó la escapula izquierda. Cuando salió del auto, uno de los carabineros lo pateó en la cara mientras otro pisaba sus piernas.

Por su parte, los efectivos policiales en sus informes policiales y declaraciones aseguraron haber sido atacados por personas en el vehículo, incluso recibiendo disparos por parte de Michael. Declararon que el conductor del auto intentó atropellar a Benavides, destruyendo su motocicleta, además de haber estado robando en el lugar.

“Aparecían elementos del parte policial que eran dudosos. Se pudo verificar que en el parte no aparecía la supuesta agresión a los funcionarios policiales. Procedimos a recabar videos que revelan que todo lo señalado en el parte policial, o al menos la mayoría de ellos, era falso”, explicó el fiscal Marcelo Soto durante la audiencia del caso el 16 de noviembre pasado.

Al revisar las cámaras de vigilancia, el Ministerio Público corroboró la versión de quienes viajaban en el auto, dando cuenta el registro que jamás intentaron atropellar a Benavides y que tampoco dispararon a los funcionarios policiales. Soto, durante la audiencia, agregó que además de “confeccionar actas mendaces, generar un parte policial ideológicamente falso” y destruir a propósito la motocicleta del subteniente Benavides, los funcionarios golpearon a los detenidos y amenazaron a algunos de muerte.

Funcionarios privados de libertad

Luego de conocerse los hechos, los tres efectivos policiales quedaron en prisión preventiva durante la investigación de 60 días que prosiguió a la audiencia de formalización. Cumplido el plazo, Torres y Saavedra, acusados de falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos y encubrimiento de homicidio frustrado, vieron rebajadas sus medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

A los tres funcionarios privados de libertad se suman otros dos, quienes llegaron al lugar posterior a que Benavides disparara. Se trata del mayor de Carabineros Juan José del Río Soubelet y el cabo 2° Ariel Leonel Araya González, ambos acusados de apremios ilegítimos luego de que golpearan a las víctimas durante su detención. El mayor Del Río, además, fue formalizado por falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y daño a motocicleta fiscal; y como encubridor de tres delitos de homicidio frustrado.

“Esperamos que estos imputados tengan las máximas condenas y que sean ejemplificadoras para los funcionarios corruptos, que deben estar fuera de cualquier servicio policial”, explica Ramón Sepúlveda, abogado de la Fiscalía Popular de Cerro Navia que, junto al abogado Patricio Soto, patrocinan una de las querellas presentadas en la causa.

Sobre la permanencia de los efectivos policiales en Carabineros, Sepúlveda explica que “debe ser porque aún no son condenados, con lo que no estamos de acuerdo, ya que con la magnitud de las pruebas que hoy tiene la investigación es claro que la institución debiera haber instruido un sumario lo más rápido posible que los apartara”. El abogado cerró comentando que a su parecer, “Carabineros finalmente los protege más que sancionarlos”.

Fuente: interferencia.cl

Amplio apoyo de América Latina y el Caribe a resolución sobre DDHH en Nicaragua

OPINIÓN

El Consejo de Derechos Humanos concluyó el martes 23 de junio su 43º período ordinario de sesiones, tras haberlas retomado luego de su suspensión el 13 de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Durante la cuarta semana de sesiones, entre las resoluciones adoptadas bajo el ítem 2 de la agenda, se incluyó la resolución A/HRC/43/L.35 sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Nicaragua ha sido objeto de serias denuncias desde abril de 2018, a raíz de las graves violaciones de derechos humanos y otros abusos cometidos. Entre otros, represiones violentas, arrestos ilegales y detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, comisión de actos de violencia por grupos armados, detenciones ilegales, prisión arbitraria, hostigamiento y torturas.

En lo que se refiere a su contenido, esta resolución del Consejo solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que refuerce el seguimiento llevado a cabo por su Oficina y continúe informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Le requiere, entre otras medidas, la preparación de un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y también que presente oralmente a éste, en sus períodos de sesiones 44º y 45º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en dicho país (punto 13 de la resolución).

La resolución expresa su gran preocupación por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los estudiantes, las víctimas y sus familiares, y otras personas que expresan opiniones críticas respecto del Gobierno.

El texto votado contiene serias advertencias para el Gobierno de Nicaragua, instándolo a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación, la fiscalía y el poder judicial, y solicita que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas. Asimismo, lo exhorta directamente a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias, a que respete las debidas garantías procesales y garantice la independencia e imparcialidad del sistema de justicia.

En otro de sus puntos de la resolución se le pide al Gobierno de Nicaragua que investigue y sancione los actos de intimidación o represalia, que reanude su cooperación con los organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos, y la Organización de los Estados Americanos, y que permita el acceso sin trabas a todo el país, facilitando las visitas.

Además del contenido de la resolución, indudablemente valioso, y que puede seguirse mediante la lectura de sus considerandos y puntos de exposición, el resultado de la votación también merece reflexiones. La resolución fue adoptada por 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 votos en contra.

En primer lugar, los cuatro votos en contra son los que corresponden a Eritrea, Filipinas, Somalia y Venezuela. Resulta interesante recalcar que según la calificación de Freedom House (organización no gubernamental que conduce investigaciones sobre la democracia y los derechos humanos), salvo Filipinas que tiene el estatus de país parcialmente libre, los otros tres países son calificados como no libres. A mayor abundamiento, en el caso de Eritrea y Somalia, el Consejo de Derechos Humanos, durante 2019, renovó los mandatos de país establecidos por existir en esos dos países una situación grave de violación de derechos. Los mandatos por países, que normalmente duran un año y pueden renovarse, permiten a los titulares de mandatos examinar y asesorar a distintas partes interesadas -incluyendo al Consejo y al país en cuestión- sobre las situaciones de derechos humanos en un determinado país o territorio.

En segundo lugar, en cuanto a los países que se han abstenido de votar, puede interpretarse que su abstención tenga más de un significado en función de sus propios compromisos o intereses, pero sin duda alguna tiene el claro significado de no apoyar el mandato específico que tiene la Alta Comisionada para vigilar de manera directa la situación de Nicaragua.

Varios de los países que se abstuvieron tienen también situaciones graves de derechos humanos y han sido, o son, objeto de seria preocupación por los organismos internacionales, como Sudán, Congo o Libia, e incluso tienen o tuvieron mandatos especiales que se dedican o dedicaron a su situación. Algunos otros no mantienen una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, como Angola, Bangladesh, Namibia o Nepal, lo que quiere decir que no están preparados para recibir una visita de cualquier titular de los procedimientos especiales del Consejo.

Se concluye entonces, que aquellos países que no han apoyado la resolución mediante el voto positivo se caracterizan por regímenes autoritarios o al menos poseen una pobre calidad democrática e institucional. Estas características resultan de constante reiteración en las votaciones en el seno del Consejo, en el cual las dictaduras buscan apañarse entre sí. Por otra parte, debe señalarse, entre los votos a favor, el de los países de América Latina y el Caribe que actualmente integran el Consejo, esto es: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. La excepción, que por supuesto no sorprende, ha sido la dictadura de Venezuela, que como ya se ha dicho es uno de los cuatro países que votó en contra.

Es de destacar que la comunidad internacional ha sido contundente al efectuar estas exhortaciones de una gravedad alarmante, infundiendo aliento sobre la sociedad civil al dar continuidad a la resolución tomada en marzo de 2019.

Resta ahora ver si el gobierno de Daniel Ortega emprende el camino hacia un diálogo amplio y creíble, que lleve a una rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos cometidas, tal como se le reclama o, en cambio, si continuará su lamentable derrotero dictatorial y opresivo.

Roxana Perel es Investigadora Asociada de CADAL.

Fuente: Infobae.com

El asesinato de una activista feminista desaparecida conmueve a Perú

La activista feminista Solsiret Rodríguez desapareció en agosto de 2016, cuando tenía 23 años, dos bebés y estudiaba Sociología en una universidad pública. Aunque fue uno de los tantos casos en los que la policía rechazó tramitar una denuncia inmediata, los padres, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, persistieron en exigir resultados de la investigación y hasta buscaron pruebas al margen de la Fiscalía. El caso conmovió a Perú y este miércoles una de las responsables confesó el asesinato a las autoridades y dijo dónde escondió los restos del cuerpo. El Instituto de Medicina Legal, que pertenece al Ministerio Público, ha confirmado que los restos hallados coinciden con los de Solsiret Rodríguez.

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Kevin Villanueva y Andrea Aguirre fueron arrestados el pasado viernes después de semanas de seguimiento dispuesto por el Ministerio Público, en Lima y en Huaraz, en la sierra norte. Aguirre declaró a la policía de criminalística que después de una discusión en la que también estaba su pareja, Solsiret cayó desde un cuarto piso, lo que atribuyó a un accidente. Luego la descuartizaron.

La estudiante fue vocera de la plataforma Ni una Menos en la región Callao, donde vivía, y una semana antes de su desaparición fue una de las decenas de miles de personas que participó en Perú en la primera marcha de ese movimiento contra la violencia machista. Kathe Soto, una de sus amigas más cercanas -y que desde la desaparición de Rodríguez se convirtió en defensora de derechos de la mujer- comentó a EL PAÍS que lamentaba el tiempo transcurrido, más de tres años y medio, para lograr un avance en la investigación. “Te seguiré buscando hija, mientras tenga vida no habrá un día que deje de buscarte”, había dicho el padre al cumplirse 27 meses de la desaparición de la joven. En estos tres años y medio, para evitar que el caso pasara al olvido, amigas de la víctima y activistas de los derechos de la mujer organizaron plantones y movilizaciones.

“Tuvimos la indiferencia y la ineficacia de todo el sistema de justicia, Ha sido una articulación de negligencias para decir que las mujeres desaparecidas en este país no son importantes”, refirió Soto a este diario. “Uno de los dos sospechosos ha confesado, pero más personas están involucradas. Las negligencias cometidas en este caso no son justicia. Los avances que se lograron en la geolocalización de los teléfonos móviles, el reporte de llamadas, y muchos procesos de la investigación no se deben a una respuesta inmediata por parte de las autoridades, sino porque la familia ha estado buscando evidencias”, agregó.

Según esta activista, en los últimos ocho meses un fiscal logró esclarecer lo que en los años anteriores otros tres fiscales no consiguieron aclarar. El asesinato de la joven, cuyo marido, Brian Villanueva, aún no ha sido localizado, fue precedido de los abusos de su cuñado. El diario La República informó de que este acosó sexualmente a la víctima. La confesión de su pareja, quien según su relato ocultó parte de los restos de la joven en la casa materna de Brian y Kevin Villanueva, estremeció a las organizaciones de derechos humanos cercanas a ella.

Los colectivos Buscamos a Solsiret, Paro de Mujeres, Mujeres Desaparecidas, Ni una Menos Perú y la ONG feminista Flora Tristán convocaron un plantón este miércoles frente a la División de Criminalística de la Policía Nacional para exigir justicia y pedir la prisión preventiva de los sospechosos, ya que la detención preliminar vence este viernes. “En este caso el Estado peruano nos falló a todas las mujeres”, lamentó en Radioprogramas la exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, abogada feminista y congresista electa de la izquierda.