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sábado, 23 de octubre de 2021

CIDH, preocupada por acciones en Cuba para "desalentar derecho a la protesta"

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por las violaciones al debido proceso y las "penas desproporcionadas" denunciadas por organizaciones sociales en Cuba y señaló que tienen como misión "desalentar" el derecho a la protesta.



Como parte de su 181 periodo ordinario de sesiones, que arrancó hoy, la Comisión acogió una audiencia pública dedicada a la "situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba", en la que participaron distintas organizaciones civiles y ningún representante del Gobierno de la isla.

"Cuba tiene obligaciones en materia de derechos humanos que debe de cumplir", afirmó el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, en su intervención.



Sobre las movilizaciones, la abogada cubana Laritza Diversent, de la organización Cubalex, indicó que desde ese día se ha registrado la detención de 1.130 personas, de las cuales 572 están privadas de la libertad.

Al respecto, Ralón se dijo "de sobremanera" preocupado por las denuncias sobre "una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas", que consideró tienen como "única finalidad" desalentar "el libre ejercicio del derecho a la protesta".

El funcionario lamentó que hayan tenido lugar en la isla "procesos sumarios, donde no hay garantías" en los que se han llegado a imponer penas de prisión de "18 años de cárcel o de varios años" por ejercer el derecho a manifestar, que aseguró "debería estar protegido y garantizado".

Por su parte, la activista Katherine Mojena Hernández expresó en su exposición la "profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y que siguen sucediendo hasta la fecha" en la isla

Fuente: Cooperativa.cl

miércoles, 20 de octubre de 2021

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Fuente: ICDH


domingo, 17 de octubre de 2021

EE. UU. se reincorporará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero

Está previsto que Estados Unidos regrese al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero, después de que la antigua Administración Trump se retirara del controvertido organismo en 2018.



"Trabajaremos duro para asegurarnos de que el consejo defienda sus más altas aspiraciones y apoye mejor a quienes luchan contra la injusticia y la tiranía en todo el mundo", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado después de la votación del jueves. “El camino hacia la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales estará lleno de desafíos”.

Washington obtuvo 168 votos a favor, mucho más de la mayoría simple necesaria de 97. Eritrea, con 144 votos, fue el más bajo entre los 18 nuevos países elegidos para el Consejo.

La enviada de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que regresar al Consejo cumple con la promesa de campaña del presidente Joe Biden de reunirse con el organismo a fin de garantizar que funcione para cumplir con su mandato.

"Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición, desde la presentación de resoluciones y enmiendas hasta el ejercicio de nuestro voto cuando sea necesario", dijo el embajador Thomas-Greenfield en un comunicado. “Nuestros objetivos son claros: apoyar a los defensores de los derechos humanos y denunciar las violaciones y abusos de los derechos humanos”.

Una de las principales críticas al Consejo de Derechos Humanos es que algunos de esos violadores de derechos son miembros del organismo, una crítica que reconoció el secretario Blinken.

“El consejo proporciona un foro donde podemos tener discusiones abiertas sobre las formas en que nosotros y nuestros socios podemos mejorar”, dijo. "Al mismo tiempo, también adolece de graves defectos, incluida la atención desproporcionada a Israel y la membresía de varios Estados con un historial atroz en derechos humanos".

Blinken dijo que los Estados deben rechazar los intentos de "subvertir los ideales sobre los que se fundó el Consejo de Derechos Humanos".

"Estados Unidos no debería otorgar su legitimidad a un organismo que incluye a perpetradores de abusos contra los derechos humanos como China, Venezuela y Cuba", dijo el senador estadounidense Jim Risch, el miembro republicano de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. "Además, el Consejo continúa gastando de manera desproporcionada la mayor parte de su tiempo y atención persiguiendo a nuestro aliado, Israel".

El enfoque del Consejo en el trato de Israel a los palestinos fue una de las principales razones por las que la administración Trump se retiró en 2018.

Voto incontestado

En total, 18 países se postularon para los 18 escaños disponibles en el Consejo de 47 miembros con sede en Ginebra, lo que hizo que el resultado fuera una conclusión inevitable, lo que generó algunas críticas.

"El hecho de que no exista competencia en la votación del Consejo de Derechos Humanos de este año, convierte en una burla el uso del término 'elección", explicó Louis Charbonneau, director para la ONU de la organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés).

Además señaló que "permitir que abusadores seriales de derechos como los Emiratos Árabes Unidos, Camerún y Eritrea se unan al Consejo, para unirse a otros abusadores serios como China y Rusia, envía una señal equivocada sobre el máximo organismo de derechos de la ONU".

Los miembros recién elegidos son: Benin, Gambia, Camerún, Somalia y Eritrea, por África; India, Kazajstán, Malasia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos; de la región de Asia y el Pacífico; Lituania y Montenegro por Europa del Este; Paraguay, Argentina y Honduras en América Latina y el Caribe; Finlandia, Luxemburgo y Estados Unidos del grupo conocido como Europa Occidental y otros.

La toma de posesión de sus asientos tendrá lugar el 1 de enero de 2022 por períodos de tres años.

Cuerpo imperfecto

Se espera que los países que se unan al Consejo “mantengan los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos” tanto en el país como en el extranjero.

El historial de derechos humanos de Washington también fue objeto de algunas críticas internas.

“La elección incontestada de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos no cambia el hecho de que estamos muy atrasados en nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos”, dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. "Desde poner fin al encarcelamiento masivo hasta desmantelar el racismo sistémico y proteger los derechos de los inmigrantes, la Administración Biden debe tomar medidas audaces para promover los derechos humanos y la justicia racial en el país y en el extranjero".


Fuente: La voz de américa







miércoles, 6 de octubre de 2021

Migración en Chile: De la crisis a la oportunidad (Hoy miércoles 6/ 19:30 hora Chile)

 Migración en Chile: De la crisis a la oportunidad

Miércoles 06 de octubre, 19:30 hrs.

🔍 Frente a la crisis migratoria es necesario desarrollar una estrategia que proponga soluciones políticas y humanitarias que involucren a todos los actores: gobierno central, gobernadores, municipios, organizaciones de migrantes y sociedad civil. 

📌 Este miércoles 06 de octubre a las 19:30 hrs., conversaremos sobre la migración en Chile, de la crisis a la oportunidad.

Junto a:

✅ Maya Fernández, Diputada Socialista.

✅ Catalina Bosch, Vocera Coordinadora de Inmigrantes de Chile.

✅ Tomás Laibe, Convencional Región de Aysén.

✅ Najim Noriega, Representante  de Mirada Intercultural y vocero de la Asociación Venezolana en Chile (ASOVEN).

☑️ Con la moderación de Ronald Wilson, Programa Internacional del Instituto Igualdad.


🖥️ Súmate a la transmisión por las redes de Facebook y Youtube del Instituto Igualdad.






Médico militar es condenado a diez años y un día por homicidio de locutor en dictadura

 

La Justicia determinó que Eduardo Arriagada Rehren aplicó una inyección mortal al comunicador Archibaldo Morales Villanueva, después de que este llevara semanas sufriendo sesiones de interrogatorios, tortura y tormentos por parte de los militares.


La Justicia determinó que Eduardo Arriagada Rehren aplicó una inyección mortal al comunicador Archibaldo Morales Villanueva, después de que este llevara semanas sufriendo sesiones de interrogatorios, tortura y tormentos por parte de los militares.

A diez años y un día fue condenado el médico militar y coronel en retiro Eduardo Arriagada Rehren por el homicidio en noviembre de 1973 del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva, quien previo a su muerte fue sometido a torturas e interrogatorios por 43 días por los oficiales de la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo hechos ocurridos en San Fernando, elevó la sentencia original del ministro en visita Mario Carroza, que era de 7 años de presidio.

La Justicia determinó que Arriagada, cómo médico de regimiento, recibió en estado de gravedad al locutor radial de 43 años, después de semanas de detención en que fue víctima de tormentos y tortura. Pese a que Morales convulsionaba y se desmayaba, el médico militar decidió proporcionar una dosis letal de dipiridamol, según detalló Radio Bío-Bío.

“Ante este escenario y conocedor de la situación que afectaba a la víctima, se lo administró a la víctima, sabiendo la reacción inminente que causaría en aquella, justamente dado por la profesión de desarrollaba”, estableció el fallo sobre los hechos ocurridos en dictadura.

Archibaldo Morales fue un reconocido locutor radial de la zona de Colchagua, fue comunicador de la radio El Guerrillero, dueño del diario Manuel Rodríguez y previamente militante del Partido Comunista.

La sentencia determinó que Arriagada conocía a Morales porque “constantemente criticaba su gestión como director del Hospital de Chimbarongo” en el programa radial en que trabajaba.

Fuente: El desconcierto

viernes, 1 de octubre de 2021

LO QUE SÍ QUEREMOS. Artículo opinión: Susana Seleme Antelo


Amo a Santa Cruz porque es una madre generosa que para albergar más hijos se llenó de anillos.


Alcides Parejas Moreno



Y a pesar de esa generosidad, ¡qué manera de maltratar a Santa Cruz porque desde el centralismo andino se reivindica ancestros indígenas distintos a los regionales, a los que califican con explosivos epítetos de confrontación y violencia: separatistas, racistas, oligarcas y el último: ‘golpistas’. No somos ni unos ni otros. Somos autonomistas, también federalistas, que es otra historia, no de ahorita, sino desde que tenemos memoria histórica.

Si esta ‘Nación de la Llanura’, como la llamó don Carlos Valverde Barbery en uno de sus libros, fuera como la pintan el centralismo y sus voceros, los de antaño y los actuales, ¿por qué gran parte de Bolivia se vuelca a Santa Cruz, buscando su lugar en el mundo? Por su tierra y territorios fértiles, por el éxito de su economía abierta, inclusiva y dinámica, por la hospitalidad del ‘alma cruceña’, por su amor de madre generosa, como dice el historiador, profesor, novelista y entrañable cruceño, Alcides Parejas M.

De las 36 naciones indígenas reconocidas por la Constitución Política del Estado, aprobada en referendo, en 2009 –hubo quienes la rechazamos porque ya existían pruebas de las pulsiones autócratas y dictatoriales de Evo Morales- el Estado y el gobierno se centra en una: la aymara. Y ¿qué pasa con las 34 que habitan las Tierras Bajas del Oriente, el Chaco y la Amazonía? Tienen nombre, identidad, lengua e historia: Ayoreodes, Araonas, Buares, Canichanas, Cavineños, Cayubabas, Chácobos, Chiquitanos, EseEjjas, Guaranies, Guarasuw’es, Guarayus, Itonamas, Joaquinianos, Lecos, Machineris, Maropas, Mojeño-Trinitarios, Mojeño-Ignacianos, Monkoxi, Morés, Mosetenes, Movimas, Pacawaras, Reyesanos, Sirionós, Tacanas, Tapietes, Toronomas, T’simanes, Weenhayek, Yaninahuas, Yukis, Yuracares.

Caminando sobre alturas y llanos, siempre pacíficamente, marchan a pie exigiendo el cumplimiento de los Derechos Indígenas que hasta hoy son letra muerta en la Constitución y otras leyes. La marcha actual, la decimoprimera, 11, después de 37 días bajo lluvia, frío, sol ardiente hasta de 40 grados, con los pies ampollados, durmiendo a la intemperie, gente mayor, jóvenes, niñas, niños, tiene final abierto, aunque ya llegó a destino: Santa Cruz de la Sierra.  No podrá el régimen reprimirla como hizo con la VIII, porque se lo impediremos no solo de viva voz, pero pueden ignorarla como siempre. Sus máximas autoridades están invitadas a asistir a las reuniones del recién creado Parlamento de Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia. ¿Asistirán, o seguirán su malévola política de dividir para reinar?

Por eso, el primero de los SÍ que queremos es que, de una vez por todas, el Estado y el Gobierno reconozcan de buena fe la naturaleza y el carácter pluriétnico y multilingüe de Bolivia, porque el plurinacional se atora en una: la aymara, sin desmerecerla en absoluto.

SÍ queremos que la bandera wiphala, y también la de Patujú, flor nacional, como la khantuta, por Decreto Presidencial Nº 22482de 27 de abril de 1990, y bandera oficial de La Paz por Ley Departamental 167/2018, flameen por igual en reconocimiento a la diversidad que somos.  Por eso, SÍ queremos vivir en democracia, respetando las diferencias, porque la “otredad” existe, como síntesis de múltiples determinaciones.

SÍ queremos desterrar la manipulación en la administración de la justicia injusta y subsumida por el poder político desde el Ejecutivo, con un Fiscalato convertido en represor/opresor, en manos del partido de gobierno hace más de 14 años.

SÍ queremos que la administración de Justicia vaya de la mano de la ética y de los Derechos porque todos somos iguales ante la ley.

SÍ queremos independencia de poderes, para eliminar la criminalización de la política.

SÍ queremos que cese la mentira política, porque menoscaba la capacidad ciudadana para juzgar a quienes violaron reiteradamente Derechos Humanos.

SÍ queremos que se juzgue a los responsables de la muerte de Christian Urresti y las 13 de Porvenir; que se juzgue a los que dieron la orden de ejecución extrajudicial a tres extranjeros en Santa Cruz de la Sierra, a los que ordenaron la represión a la VIII Marcha Indígena, en Chaparina; a los que ordenaron las muertes en Caranavi, La Guardia, Cofadena-Montero, entre otras, todas en el gobierno del ex Evo Morales.

Y también queremos que se esclarezcan las muertes de Senkata y Sacaba, porque, sin juicio justo ya han condenado a la ex presidenta Jeanine Añez, víctima del abuso de la detención preventiva sin guardar el debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni sus derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida, a la salud y a su defensa en libertad.

SÍ queremos que el actual presidente, ex superministro de economía durante 13 años del régimen de Morales, explique a Bolivia en qué consistió su “milagro económico” para habernos dejado sin gas, sin soga ni cabra.

SÍ queremos, como pensaba Hannah Arendt, un ámbito público políticamente garantizado, porque sin ese espacio político entre diferentes, “la libertad pierde el espacio para hacer su aparición.”  Por eso, también queremos que, en nombre de Bolivia, dejen de legitimar regímenes dictatoriales en los que la libertada está proscrita.

Eso queremos:  libertad y justicia para seguir siendo la Santa Cruz generosa que siempre fuimos.

Artículo opinión: Susana Seleme Antelo