Vicealmirante comunica al alto mando de la Armada que violadores de DD.HH. "cumplieron cabalmente con su deber"

La quinta antigüedad de la Armada y miembro de la Corte Marcial de la institución, vicealmirante Ramiro Navajas Santini, aseveró en un correo institucional –enviado a todo el alto mando naval– que los 9 exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad, y hoy presos en Punta Peuco y Colina 1, fueron sentenciados por "supuestos hechos" y que se trata de "marinos que cumplieron cabalmente con su deber". El e-mail, que fue copiado al comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, hace referencia a casos de secuestros calificados que involucran desde contraalmirantes a capitanes de Navío y de Corbeta, y un grupo de suboficiales condenados por un triple homicidio. Dentro de los destinatarios del correo electrónico figuran además el vicealmirante José Luis Fernández Morales –nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general Guillermo Paiva, quien renunció precisamente por el hackeo masivo de correos– y el auditor general de la institución, contraalmirante Cristián Araya Escobar, quien también forma parte de la Corte Marcial.

El 27 de agosto de 2021, el vicealmirante Ramiro Navajas Santini envió un correo electrónico, de carácter institucional, a todo el alto de la Armada, con copia al comandante en Jefe, el almirante Juan De La Maza Larraín. En el correo, que forma de los miles de documentos que fueron filtrados por el cibertataque del grupo Guacamaya contra las bases de datos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), hay dos frases muy delicadas para la visión institucional de la Marina sobre las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) ocurridas en Chile durante la Dictadura Militar (1973 - 1990).

Si bien el e-mail publicado por estos días hizo hincapié en el objetivo de la comunicación, que tenía por finalidad hacer una colecta para los exmarinos que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina 1, el contenido del mismo contraviene lo establecido en sentencias judiciales que se hallan ejecutoriadas por los Tribunales de Justicia del país.

En el texto enviado a los almirantes y comodoros del alto mando naval, el importante oficial –la quinta antigüedad de la institución y que desempeña el cargo de director general de Personal de la Armada– califica las violaciones a los DD.HH. cometidas por nueve exmiembros de la Armada como "presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar".

En la citada comunicación, en que además se identifica a los condenados con su grado militar, el vicealmirante Navajas incluye a todo el alto mando naval, cuando sostiene que estas ayudas "refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber". Este "deber"cumplido a cabalidad, según destaca el alto oficial, es considerado por la justicia delitos de lesa humanidad.

Así, por ejemplo, la justicia determinó que el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera participó del delito de secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, por el cual se encuentra condenado a 5 años y 1 día; el suboficial Bernardo Daza Navarro, en tanto, se encuentra sentenciado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz, y cumple una pena de 10 años y 1 día; en el caso del suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, también fue condenado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz a 10 años y 1 día; y el suboficial José Manuel García Reyes, condenado por secuestro calificado a 5 años y 1 día.

Entre los referidos en el correo institucional se encuentra también el contraalmirante Aníbal Osses Novoa, condenado a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Fernando de la Cruz Olivares Mori; el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, condenado por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques, a más de 13 años; además de los capitanes de navío José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, ambos condenados por el secuestro calificado en el caso Rudy Cárcamo, a 5 años y un día, respectivamente.

Tras algunos días de enviado el e-mail, Navajas recibe respuesta de Alberto Ahrens Angulo, contraalmirante director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto, quien le dice: "De acuerdo con los descuentos, feliz de poder cooperar". Con esta respuesta, el contralmirante hace suyo todo lo expresado por su superior jerárquico.

Corte Marcial y alto mando

Según diversas fuentes, el correo del vicealmirante Navajas es particularmente delicado, ya que además de formar parte de las cinco mayores antigüedades de la institución, es ministro de la Ilustrísima Corte Marcial de la Armada, que es un tribunal de segunda instancia. Parte también de esta Corte es otro de los destinatarios del correo, el auditor general de la Armada, contraalmirante Cristián Araya Escobar.

De los 30 destinatarios, prácticamente son todos subordinados del vicealmirante Navajas, quien proviene de tradición militar al ser hijo del vicealmirante Fernando Navajas, una de las personas más cercanas al exmiembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino.

Otro de los destinatarios del señalado e-mail es el vicealmirante José Luis Fernández Morales, quien fue nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general de Ejército Guillermo Paiva, quien tuvo que presentar su renuncia por el hackeo masivo del que emergió precisamente este correo.

Además, figuran recibiendo el correo electrónico el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Yerko Marcic Conley; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Alberto Soto Valenzuela; el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Carlos Huber Vio; el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante Pablo Niemann Figari; el contraalmirante Cristián Araya Escobar y el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Fernando Cabrera Salazar.

Fuentes de la Armada reconocen que el correo es desafortunado y puede presentar una opinión personal, pero descartan que en modo alguno ello represente una actitud sediciosa de la institución, como asimismo resaltan que se desconoce si Navajas recibió algún tipo de amonestación por parte de un superior jerárquico.

Defensores de DD.HH.

El abogado experto en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, comentó a El Mostrador que, si bien hay antecedentes respecto a que a las instituciones armadas se les hace un descuento por planilla que se destina a casos que involucran a internos del penal Punta Peuco, es "lamentable que en el correo se hable de militares que cumplieron con su deber, ya que estos son criminales que violaron los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile".

"Son criminales de lesa humanidad, condenados por tribunales chilenos", recalca el jurista, afirmando que "no se trata de que hayan cumplido con su deber". Esto "es una injuria para la institución", señala el abogado.

"Creo que tienen que dar una explicación. Esto demuestra la poca conciencia de los institutos armados con crímenes aborrecibles de la historia de Chile", agrega Caucoto, recordando a los más de 1.100 Detenidos Desaparecidos que contabiliza actualmente el Ministerio de Defensa.

"Se pierde esa dimensión y se catalogan como lastres del oficio o cuestiones menores. Pero no son menores. Se van a seguir persiguiendo estos delitos que son una cicatriz en la historia nacional", asegura el abogado.

En el mismo sentido se expresa la diputada Carmen Hertz, miembro de la Comisión de Defensa, quien este martes participará de una sesión secreta a la que está citada la ministra del ramo, Maya Fernández.

"Que el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas Santini, director de Personal de la Armada e integrante de la Corte Marcial de la institución, haya tenido la desfachatez de tildar a los delincuentes de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, como presuntos culpables y además de sujetos que habrían cumplido cabalmente con su deber, es un agravio inaceptable al conjunto de la sociedad chilena, un agravio inaceptable al Poder Judicial, y si este correo se envió con copia al comandante en Jefe de la Armada, reviste particular gravedad, al no haber adoptado medida alguna de parte del jefe superior en relación con los dichos de Navajas".

El Mostrador consultó a Comunicaciones de la Armada de Chile, desde donde declinaron hacer comentarios al respecto; a la Subsecretaría de la Defensa, con el mismo resultado; y al Ministerio de Defensa, quienes adelantaron que se referirían a estos hechos tras la sesión secreta en la Cámara, donde la ministra Fernández oficiará de vocera.

Fuente: El mostrador

Murió Gerhard Mücke, criminal de la dictadura y exjerarca de Colonia Dignidad

 

Domingo, 18 de Septiembre de 2022 a las 17:33hrs. 

Periodista Digital: EFE

Gerhard Mücke, criminal de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y uno de los jerarcas de la exColonia Dignidad, el enclave alemán ubicado en el sur de Chile, murió este fin de semana a los 87 años a causa de graves complicaciones de salud en el Hospital de Cauquenes, según pudo confirmar Efe con múltiples fuentes.

"Murió Gerhard Mücke, cómplice de las aberraciones sexuales de Paul Schaefer en Colonia Dignidad y condenado por delitos de lesa humanidad contra detenidos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los exjerarcas de Colonia Dignidad", publicó en sus redes sociales la diputada oficialista por el Maule Consuelo Veloso (Revolución Democrática), una de las pocas autoridades que se ha referido al hecho.

Condenado a más de 20 años de cárcel por diversos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, Mücke, que cumplía su sentencia en la Cárcel de Cauquenes, era conocido como uno de los fundadores del asentamiento en 1961 y uno de los hombres más cercanos al líder de exColonia Dignidad y exmilitar nazi, Paul Schaefer, ya fallecido.

"No hay ningún crimen cometido en la exColonia Dignidad del cual Mücke no haya tenido un grado de participación", dijo a Efe el abogado Winfried Hempel, que lleva adelante causas de derechos humanos vinculadas a los hechos ocurridos en la zona y que recibió noticias de su fallecimiento durante la mañana del sábado.

"Desde luego, participó en el maltrato y tortura de colonos, así como también en todas las aristas que se dicen en relación con la detención, tortura y desaparición de víctimas de la dictadura de Pinochet", agregó Hempel.

Pese a ser un ciudadano alemán, Mücke estaba registrado como un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la Región del Maule, la policía secreta de la dictadura que operó con escuadrones de persecución y asesinato de opositores, golpeando el seno de las organizaciones de izquierda que pasaron a replegarse y resistir tras la caída del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973).

"Participaba en operativos del Ejército en la zona, detuvo a personas, personalmente torturaba a los presos y luego participaba de los fusilamientos", relató Hempel a Efe.

MÜCKE RECONOCIÓ EL ASESINATO DE "UNA TREINTENA" DE PRISIONEROS

En declaraciones de 2005, entregadas al ministro en visita Jorge Zepeda desde la cárcel, Mücke reconoció el asesinato de "una treintena" de prisioneros, hecho del que aseguró fue testigo directo, describiendo su posterior inhumación ilegal en una fosa común y sucesiva exhumación en la "Operación Retiro de Televisores" de 1978, acción militar que buscó desaparecer los restos de detenidos políticos para evitar hallazgos y procesamientos judiciales.

"Mücke fue hermético hasta el final, era de línea dura y prácticamente no colaboró nunca, llevándose muchos secretos a la tumba. Se le pidió en los últimos meses que por lo menos colaborara en entregar identidades de detenidos desaparecidos, pero ni siquiera tuvo esa consideración", enfatizó Hempel.

Durante décadas, según consta en registros judiciales y periodísticos locales, los jerarcas de la exColonia Dignidad sometieron a esclavitud y tormentos a colonos alemanes, abusaron de niños y fueron cómplices y encubridores activos de los crímenes de la dictadura cívico-militar.

Sin ir más lejos, contaron con el respaldo de altos dirigentes de la derecha chilena hasta avanzados los años 90, como el exministro de Justicia del Gobierno de Sebastián Piñera y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.

"LA MÁXIMA ABERRACIÓN DEL SER HUMANO ESTUVO EXCOLONIA DIGNIDAD"

"Este criminal máximo jamás se arrepintió ni reconoció la barbarie cometida en ese lugar. Pienso en Juan (Maino) y tantos otros que pasaron por sus manos y que, sin pensarlo un minuto, torturó y asesino. La máxima aberración del ser humano estuvo en ese lugar (exColonia Dignidad)", dijo a Efe Margarita Maino, hermana de uno de los detenidos desaparecidos que habría pasado por el recinto.

"Se fue sin dar a conocer toda la información que tenía respecto a crímenes de lesa humanidad, al asesinato y desaparición de personas, a los delitos vinculados a la DINA de la séptima región y este enclave. Lamentamos que se haya ido sin entregar esto para avanzar en la verdad, justicia y reparación", dijo a Efe el periodista y vicepresidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Gabriel Rodríguez.

Contactado por Efe, personal de salud del Hospital de Cauquenes, dijo que no podía entregar información a terceros, pero que la familia había sido notificada.

La Colonia Dignidad operó como centro de detención clandestino entre 1973 y 1974, sitio al que llegaron prisioneros desde distintos puntos del país tras el golpe militar, incluyendo Santiago. Dicha Colonia fue un enclave alemán situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fundada en 1961 por un grupo de alemanes reclutados por el suboficial nazi Paul Schaefer.

Durante décadas, los jerarcas de la colonia burlaron las leyes chilenas, y el primer Presidente tras el retorno de la democracia a Chile, el democratacristiano Patricio Aylwin (1990-1994), le retiró la personalidad jurídica, que describió como "un Estado dentro del Estado".

Fuente: Cooperativa.cl

El excesivo cumplimiento de las sanciones, una nueva amenaza para los derechos humanos, afirma experta de la ONU

La proliferación de sanciones secundarias -aquellas que los Estados imponen a terceras partes para hacer cumplir sus sanciones unilaterales- ha dado lugar a un creciente temor a su cumplimiento excesivo, lo que está provocando graves efectos adversos en los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, ha declarado hoy un experto independiente de la ONU.

En concreto, las sanciones secundarias tienen por objeto impedir que terceras partes -Estados, entidades comerciales y particulares- comercien con los países sujetos a sanciones emitidas unilateralmente por otro país.

"Hoy en día el mundo se enfrenta a una proliferación de sanciones secundarias, aplicadas extraterritorialmente a Estados, entidades o individuos por su presunta cooperación o asociación con las partes sancionadas", dijo la relatora* especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan**.

Al presentar hoy su informe temático en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Douhan dijo que las sanciones secundarias, y la amenaza de tales medidas, se estaban utilizando para imponer sanciones unilaterales contra Estados y sectores económicos clave.

La experta dijo que el impacto se vio exacerbado por el exceso de cumplimiento por parte de diferentes actores, como los Estados, las empresas, las instituciones financieras, las organizaciones de la sociedad civil y los actores humanitarios, que optan por cortar los vínculos con los países sancionados por temor a las repercusiones, incluso para las actividades autorizadas.

Un alcance indiscriminado

"El exceso de cumplimiento se ha convertido en una práctica generalizada a escala mundial, y debe reconocerse como una nueva e importante amenaza para el derecho internacional y los derechos humanos", dijo Douhan.

"Tiene un alcance indiscriminado y repercute en los derechos humanos de todos, no sólo de los que viven en los países sancionados, sino también de los nacionales de esos países que viven en el extranjero, y a veces puede superar el impacto de las sanciones primarias", dijo.

La relatora especial destacó el impacto de las sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento en el suministro de ayuda humanitaria y en las operaciones de los agentes humanitarios.

Esas medidas "obligan a los actores humanitarios a buscar métodos menos formales de transferencias financieras y adquisiciones, lo que da lugar a mayores costes, importantes impedimentos operativos, mayores riesgos y menor transparencia", dijo Douhan.

También se mostró preocupada por las implicaciones jurídicas internacionales de las sanciones unilaterales y el exceso de cumplimiento en materia de responsabilidad internacional, derecho penal internacional, comercio, derecho medioambiental y convenciones e inmunidades diplomáticas.

Son ilegales

"Las sanciones secundarias y sus consiguientes sanciones civiles y penales son ilegales", dijo Douhan.

La experta en derechos humanos instó a los Estados a eliminar o minimizar el exceso de cumplimiento de las sanciones unilaterales a través de la legislación, la regulación y los incentivos financieros o de otro tipo.

 "Los Estados deben eliminar o compensar los riesgos que conducen a este tipo de conductas, que llevan a violaciones de los derechos humanos", dijo.

Douhan instó a las empresas e instituciones financieras a que adopten un enfoque basado en los derechos en su aplicación de los procedimientos de diligencia debida y a que establezcan mecanismos para supervisar el impacto del cumplimiento y el exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones unilaterales sobre los derechos humanos.

También pidió a las organizaciones internacionales, incluida la ONU, y a los actores de la sociedad civil que integren en su trabajo la evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales y del cumplimiento excesivo de las sanciones.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**Alena Douhan (Bielorrusia) fue nombrada relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020. Douhan cuenta con una amplia experiencia en el campo del derecho internacional y los derechos humanos como profesora de derecho internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia (Minsk), profesora visitante en el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (Bochum, Alemania) y directora del Centro de Investigación sobre la Paz (Minsk). Se doctoró en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 (Bielorrusia). Los intereses académicos y de investigación de Douhan se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y el derecho de los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho medioambiental internacional.

Fuente: Noticias ONU