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lunes, 17 de octubre de 2022

Brasil vota el futuro del planeta

Autor: Baltasar Garzon Real es jurista y Presidente de FIBGAR

Es cada vez más evidente que asistimos a una crisis civilizatoria, caracterizada entre otras cosas por una nueva guerra en Europa (algo impensable hasta hace muy poco); el regreso del fascismo a nivel global; el cambio climático que se hace cada vez más presente (siendo ya innegable salvo que seas terraplanista o algo por el estilo) o la creciente desigualdad y concentración de la riqueza mundial en cada vez menos personas. Todo esto por no mencionar la pandemia que ya prácticamente hemos superado, pero con la amenaza cierta de algún fenómeno similar en un futuro no muy lejano.



En este contexto nada alentador, y aunque a primera vista no lo parezca, lo que se decida próximamente en Brasil puede condicionar el futuro inmediato de toda la humanidad.

Brasil está a la espera de la segunda vuelta electoral, en la que se debe dirimir quién será el próximo presidente del país, si Luiz Inazio Lula da Silva o Jair Bolsonaro. El triunfo del progresista por seis millones de votos, pero insuficientes para superar el 50% sobre el ultraderechista el pasado 2 de octubre, hace obligada esta nueva votación prevista el día 30, de acuerdo con el sistema electoral del país. En estos comicios los brasileños deciden mucho más que la elección de uno u otro nombre: se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente y, cómo no, el propio concepto de democracia. A la vista está que un abierto admirador de Pinochet como es Bolsonaro implica una regresión en muchos sentidos, y así lo ha demostrado en estos años su propia gestión de gobierno.

Parapetado en las redes sociales, algo que es propio de la extrema derecha, el presidente y candidato manipula a su antojo la información y trastoca el mensaje cuando afirma: "Lo que está en juego en este momento es el futuro de nuestro país, es hora de unir fuerzas para proteger las libertades y la dignidad del pueblo brasileño y evitar que el grupo que asaltó y casi destruyó al país vuelva al poder". Acusa a Lula, cuando le inunda a él la corrupción, y se erige como el último obstáculo para detener el socialismo, cuando a quien hay que detener es a él por sus tintes autoritarios.


Una amenaza

En su propaganda presenta como el diablo reencarnado a otros líderes latinoamericanos progresistas: Alberto Fernández, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Lula, por su parte, sin abandonar su cuenta de Twitter, se mezcla con el pueblo recorriendo localidades, dejándose ver en directo y estableciendo alianzas con otras formaciones para evitar que la ultraderecha siga al frente del Gobierno.

Bolsonaro supone una amenaza evidente por sus políticas agresivas de deforestación y agresión a la Amazonia, por atentar contra los pueblos originarios, socavar el sistema electoral y debilitar el Estado de Derecho. En su informe mundial 2022, Human Rights Watch (HRW) hace hincapié en estas malas prácticas propias de la ultraderecha y el neofascismo. Durante la pandemia, el gobierno de Bolsonaro propagó información falsa y, según documentó el Senado, se produjo corrupción en la compra de vacunas. Mas de 600 mil personas perdieron la vida por el virus, mientras que el negacionismo bolsonarista reinaba de forma irracional. Es verdad que la memoria de los votantes es laxa a veces, pero no tanto como para olvidar todo esto e inclinar la balanza a favor del desastre. Desde el regreso a la democracia, nunca los derechos humanos habían pasado tan terribles momentos como con las políticas agresivas contra los indígenas, las mujeres, los personas con discapacidad y la propia libertad de expresión; amen del aumento de la violencia institucional, que ha alcanzado su nivel más alto desde 2006.


Lawfare

A todo lo anterior se suman los ataques continuos al poder judicial y su utilización con fines políticos. En esta verdadera guerra judicial o lawfare hay que enmarcar el proceso contra Lula, quien pasó 580 días en prisión, lo que le impidió participar en las elecciones de 2018. El brazo ejecutor fue el juez Sergio Moro, que utilizó las más diversas artimañas en una instrucción plagada de graves irregularidades, luego descubiertas. Al año siguiente Bolsonaro le premió con el ministerio de Seguridad y Justicia. Ahora como senador, en ese viaje de ida y vuelta, da su apoyo a su benefactor. Las acusaciones y condenas contra Lula fueron revocadas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal por considerar que se infringieron las garantías del debido proceso, pero el daño para Lula y para todo el país ha sido irreparable.

Se juegan valores tan imprescindibles como el respeto a las libertades fundamentales, la protección de los pueblos indígenas y el cuidado del medioambiente y, cómo no, el propio concepto de democracia 

Si gana Bolsonaro ¿imaginan cuánto empeño pondrá en desmontar el Supremo Tribunal Federal que aún se le resiste? Sobrevuela el ejemplo del presidente húngaro Viktor Orban, quien hizo marchar al presidente de la Corte Suprema, Andras Baka, porque, según dijo el propio juez, “criticaba reformas incompatibles con el derecho europeo”. Ya ven: Montesquieu y el principio de separación de poderes hechos añicos de un plumazo.

La primera barrera al poder absoluto es la justicia, citaba Baka, cesado fulminantemente en 2012 tras calificar como “purga camuflada” en la judicatura la reducción de la edad de jubilación de los jueces de 70 a 62 años. En 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a Baka en los términos de que prescindir de él pretendía intimidar al cuerpo judicial.

No olvidemos a Donald Trump y sus maniobras para dominar la justicia. Pondré solo dos ejemplos: primero, la prohibición de entrada en Estados Unidos en 2018 bajo la amenaza de sanciones a los funcionarios y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigaban causas que implicaban a Estados Unidos o a Israel en crímenes de lesa humanidad; segundo, la promesa electoral de Trump de 2016, posteriormente cumplida, de nominar magistrados en el Supremo comprometidos con la causa antiabortista. Tal manipulación en los nombramientos llevó, en efecto, a que en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con mayoría de jueces ultraconservadores, acabara revocando la sentencia que garantizaba el derecho al aborto, permitiendo a cada Estado prohibirlo o regularlo.


Triunfa la mentira

Bolsonaro ha ido recorriendo este camino que la ultraderecha protagoniza en cada país en el que gobierna, como marca distintiva. En el caso brasileño, además de Sergio Moro, hay que hacer necesaria mención del exfiscal evangélico Deltan Dallagnol, quien comandó la acusación contra Lula da Silva por el caso Lava Jato. La demostración de que se había producido manipulación política, alteración de pruebas y persecución llevó a la anulación del proceso, lo que, sin embargo, no fue óbice para que tanto Moro como Dallagnol se presentaran a las pasadas elecciones resultando ambos elegidos: Sergio Moro como senador y Deltan Dallagnol como diputado federal, siendo este último el más votado en Paraná, incluso por delante de la presidenta del PT Gleisi Hoffman.

Tales resultados desaniman ante la confirmación de que la mentira, el fraude, la trampa de algunos medios de comunicación, el atentado contra los derechos humanos y los valores democráticos, así como la utilización política de las instancias judiciales, obtienen una recompensa tan efectiva.

El objetivo final, pienso, es el ascenso de la ultraderecha a nivel global y Brasil es en este juego una pieza principal para el continente. Estas elecciones son cruciales, porque se verá si las fuerzas progresistas logran afianzarse o, por el contrario, la ultraderecha contrarresta los avances más recientes de la izquierda conseguidos en Chile o en Colombia y, más aún, como elemento clave en los próximos planes de Donald Trump. Pero la importancia de la contienda electoral en Brasil es todavía mayor.


Lo que nos jugamos

El sociólogo y filósofo Boaventura de Sousa Santos, lo expresaba muy bien días atrás: “Aunque a Brasil, por su enorme tamaño, le cuesta imaginar que algún país o movimiento extranjero pueda afectarlo decisivamente, lo cierto es que la extrema derecha global, que hoy tiene en Estados Unidos sus mayores recursos financieros y tecnológicos, ve en Bolsonaro un instrumento estratégico para mantener su visibilidad internacional y facilitar el regreso de Donald Trump. Para la extrema derecha mundial, la segunda vuelta de las elecciones brasileñas son las primarias de las elecciones estadounidenses de 2024. He llamado la atención sobre las actividades de Atlas Network, financiadas inicialmente por los hermanos Koch, magnates estadounidenses reaccionarios. Hoy cuenta con 500 instituciones asociadas en 100 países para promover su ideología ultraneoliberal. Fueron importantes en el reciente rechazo al proyecto constitucional de Chile que pretendía acabar con la Constitución del dictador Pinochet y están muy activos en Brasil…” 

Es que nos jugamos mucho. Los ciudadanos brasileños y todos nosotros. De esta próxima llamada a las urnas depende, entre otras cruciales consideraciones, el porvenir de la Amazonia, que será de destrucción si queda a cargo de la extrema derecha depredadora de Bolsonaro, o de recuperación si es la progresista visión de Lula la que, como Petro en Colombia, se compromete a proteger el pulmón del mundo. En tiempos en que el cambio climático es una evidencia que sobrecoge, el posible resultado de esta pugna presidencial lleva a que el planeta contenga la respiración.

En Brasil están en juego ahora no solo los derechos humanos de 214 millones de personas sino también el futuro de todos nosotros, amenazado por la intolerancia, el afán insaciable de beneficio, el desprecio a las libertades y la depredación suicida del medio ambiente. Por todo ello, creo que no exagero cuando digo que en Brasil se vota el futuro del planeta.


Fuente: Infolibre.es


miércoles, 12 de octubre de 2022

Cuadernos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, agrupados por tema.

Compartimos una publicación de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los links correspondientes. Estan agrupados por temas.

Si no aparece el clic, pueden copiar y pegar el enlace.


Ojalá les guste.

*1.- Pena de muerte:* https://bit.ly/2UMPsJW 

*2.- Migración:* https://bit.ly/2Vh0Ahq 

*3.- Desplazamiento:* https://bit.ly/2PkSgYK 

*4.- Género:* https://bit.ly/2VbjUgg 

*5.- Niñas/os y adolescentes:* https://bit.ly/2Gs2ZwB 

*6.- Desaparición forzada:* https://bit.ly/2IvKYkj 

*7.- Control de Convencionalidad:* https://bit.ly/2IJROCc 

*8.- Libertad personal:* https://bit.ly/2Gmoqz0 

*9.- Personas privadas de libertad:* https://bit.ly/2IOUVbI 

*10.- Integridad personal:* https://bit.ly/2IIS9o

*11.- Pueblos indígenas:* https://bit.ly/2UQlHrP 

*12.- Debido proceso:* https://bit.ly/2PmDVuP 

*13.- Protección judicial:* https://bit.ly/2PjA1Tr 

*14.- Igualdad y no discriminación:* https://bit.ly/2Xslesu 

*15.- Justicia transicional:* https://bit.ly/2GuCshU 

*16.- Libertad de pensamiento:* https://bit.ly/2DrWMA2 

*17.- Derecho Internacional:* https://bit.ly/2QBDtg4 

*18.- El Salvador:* https://bit.ly/2BndHlf 

*19.- Personas LGTBI:* https://bit.ly/2EA1caj 

*20.- Derechos Políticos:* https://bit.ly/2S6HYfw 

*21.- Derecho a la vida:* https://bit.ly/2EpEBft 


Fuente: El mundojurídico.com 

Corte IDH reconoció violencia obstétrica en latinoamérica

 OMG la

reconoció que la violencia obstétrica (la violencia que se ejerce durante el embarazo, el parto y postparto) es una forma de violencia de género en su última Opinión Consultiva. Una victoria más para el feminismo latinoamericano y el avance de nuestros derechos💚


Fuente: Twitter

miércoles, 5 de octubre de 2022

¡Cómo se atreven! Art. Opinión Baltasár garzón

 Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades.

Exhumación de una fosa común en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, donde enterraron a 108 personas fusiladas por el franquismo en 1939. Olmo Calvo


El Senado de España está a punto de dar luz verde al proyecto de Ley de Memoria Democrática, con lo que se culminará el largo camino plagado de obstáculos para las víctimas y las familias de quienes fueron represaliados, asesinados, exiliados y desaparecidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado de 1936, que acabó con el orden democrático en nuestro país. Parece mentira que tantas décadas después todavía haya hijos, sobrinos, nietos… reclamando la búsqueda de los suyos enterrados en fosas anónimas y en cunetas al día de hoy. Pidiendo su derecho a recuperar sus restos y dejar claro que fueron ejecutados por su defensa de la legalidad o por no secundar a los golpistas. O que no hayamos reconocido aún a quienes tuvieron que sufrir el exilio.

La aprobación de esta norma, que está tardando demasiado, llega con la oposición de las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y de entidades como la Fundación Transición Política Española. Esta entidad, de la que forman parte unas 200 personalidades entre las que figuran antiguos ministros de la UCD y del PP o quien fue presidente de la Comunidad madrileña por el PSOE, Joaquín Leguina, enfrentan el Proyecto de Ley. Se muestran de acuerdo con una carta dirigida en septiembre a Presidencia de Gobierno por el director de esta fundación, Rafael Arias Salgado. Consideran que el pacto constitucional es incompatible con la nueva norma, que piensan “dinamita la trayectoria de consenso respetada durante nuestro largo periodo democrático”. Y que “siembra una infame sospecha sobre la Transición, hasta el 31 de diciembre de 1983”. Probablemente, no sea de su gusto tampoco el que diversos grupos parlamentarios a la izquierda, apoyen el proyecto.

El 16 de octubre de 2008, desde mi juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, me declaré competente para investigar las desapariciones acontecidas durante la Guerra Civil española y el franquismo. Las consideré un delito en el contexto de crímenes contra la humanidad. Admití a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra y la dictadura y autoricé exhumaciones en 19 fosas, incluyendo la del poeta Federico García Lorca. Sufrí varapalos desde determinados sectores y, como es sabido, me senté en el banquillo de la sala II del Tribunal Supremo, a causa de la querella que presentaron las fuerzas vivas de lo más próximo al fascismo que teníamos en ese momento. El Supremo me absolvió en este caso, pero sentenció que nunca más se pudieran investigar penalmente las causas de represaliados por el franquismo. Fue una condena a las víctimas que no podrían obtener justicia ni reparación y también a toda la ciudadanía, a la que se negaba para siempre la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido. Curiosamente, los mismos sectores que plantearon su rechazo a la investigación, se habían opuesto también a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno del PSOE en 2007. Más aún, el nuevo presidente del PP, Mariano Rajoy, hizo gala de su decisión de no aportar un solo euro en su dotación. Promesa que cumplió con creces.

Durante este tiempo he sido testigo, como toda la sociedad, del calvario de las familias para intentar que algún juez cumpliera su obligación de exhumar los restos de sus seres queridos, y de ayuntamientos del Partido Popular, como el de Valencia, regido por Rita Barberá, para impedir tal posibilidad. Cuando los ciudadanos decidieron en las urnas que deseaban un gobierno progresista del PSOE en coalición con Podemos y el apoyo de otras fuerzas de izquierda, se abrió una puerta que dejó pasar aire fresco. Frente al oscurantismo y el mantenimiento del espíritu del régimen del dictador impuesto por la derecha, comenzó a desatarse lo que tan bien atado pretendían algunos. Queda para la historia la imagen de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Valle de los Caídos levantando acta como notaria mayor del Reino de la exhumación de Francisco Franco. Un nudo menos en la soga que nos ahogaba. 

El trabajo de estos años, para conseguir una Ley de Memoria Democrática, ha supuesto mucho esfuerzo y no pocos debates. Los argumentos contrarios de la ultraderecha y la derecha no son sino ecos de esa época rancia que nadie en España desea que regrese, salvo los herederos del franquismo. El alegato de entidades como la mencionada Fundación y otras entidades de similares ideas, que reivindican la transición como propia, viene a considerar la Ley de Amnistía como una Ley de punto final, obviando años posteriores en que la ultraderecha mató a sus anchas y continuaron las secuelas de un sistema que se resistía desaparecer, incluido el intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los políticos de la derecha mantienen el empeño en deslegitimar la acción del Gobierno por sus acuerdos con los grupos de diferente signo presentes en el Congreso de los Diputados, pero no es sino una pataleta debida a que un gobierno progresista avance en libertades y se resista a la eliminación de derechos que desean las ideologías más añejas. Olvidan lo fundamental: a las víctimas.

Son aquellos que no recuerdan que el servicio a un país se realiza día a día; los que pretenden robar el futuro a la memoria y a las víctimas; los que viven anclados en un pasado ya inexistente. Las victimas siguen presentes y defenderlas es la obligación del Estado y de todos nosotros.

Se trata también de que nuestro país, flamante miembro de la Unión Europea, de la ONU e inserto en los foros internacionales más importantes atienda de una vez por todas las recomendaciones de Relatores Especiales, Grupos de Trabajo y Comités de derechos humanos de buscar a los desaparecidos, permitir que sus familias les den digna sepultura, y sean reparadas como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. España está internacionalmente señalada por no haber hecho sus deberes en esta materia.

Como antes se acusó a la ley de memoria histórica aprobada en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy se acusa nuevamente a las fuerzas progresistas de un deseo de venganza, de querer reabrir viejas heridas ya cerradas, de romper los acuerdos fundacionales de nuestra democracia. Nada más lejos de la realidad. Se trata de cerrar heridas abiertas por no haber podido en todos estos años concluir un duelo eterno que ha llevado a un sufrimiento permanente de madres, esposas, hijos e hijas por no haber podido dignificar y dar descanso a los restos de los seres queridos; por reivindicar la democracia previa al golpe de Estado; por querer arrojar luz sobre el período más oscuro de nuestra historia. Si ellos vociferan aquel ¡cómo se atreven!, yo mismo les digo que sí, que nos atrevemos, que es necesario, que ya está bien, que nos avalan decenas de recomendaciones de Naciones Unidas. Más bien al contrario, yo les pregunto de vuelta frente a tanta crueldad con las víctimas sostenida innecesariamente por décadas y décadas de democracia ¡cómo se atreven! Aunque les pese, enterraremos a los nuestros, ya basta de tanto odio. ¡Cómo se atreven!        

Art. Opinión Baltasár garzón

Fuente: Diario.es