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domingo, 15 de abril de 2012

CONCLUYE CUMBRE DE LOS PUEBLOS CON CRITICAS A HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS


La V Cumbre de los Pueblos, foro alternativo a la Cumbre de las Américas,  concluyó hoy con una serie de pronunciamientos y una nutrida marcha en Cartagena de Indias, sede también de la VI Cumbre de las Américas.

Los participantes recorrieron algunas calles, alejadas del centro donde se desarrolla el encuentro de presidentes, y llegó hasta el emblemático Castillo de San Felipe, cuyos alrededores están militarizados.



Allí los delegados al foro alternativo se pronunciaron en contra de la presencia del mandatario estadounidense, Barack Obama, en Cartagena de Indias, al tiempo que quemaron una bandera de ese país como muestra del rechazo.

Asimismo reclamaron el cese del bloque económico, financiero y comercial que el gobierno norteño mantiene contra la isla por más de medio siglo y rechazaron el intento de la administración de ese país por aislar a Cuba.

Representantes de movimientos sociales y sectores políticos del continente debatieron durante tres días sobre la realidad socioeconómica y política del hemisferio.

Acordaron igualmente solidificar la articulación de la lucha social con el propósito de reivindicar los derechos sociales y apostar por una verdadera integración sustentada en la solidaridad.

La Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos 2012 también censuró el hecho de que Estados Unidos insista en imponer la agenda internacional del hemisferio y se muestre como una nación que defiende los derechos humanos.

A su vez, denuncia que Washington jugó un papel protagónico en el golpe de Estado en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya y sigue manteniendo un inicuo bloqueo contra Cuba y apuesta a la desestabilización de Haití.

También advierte que la Casa Blanca no ha desmantelado el campo de concentración de prisioneros en Guantánamo, territorio cubano ocupado ilegalmente.

Critica también que el presidente Obama no cumplió su promesa hecha en la anterior Cumbre de las Américas, de construir una nueva relación con América Latina, al tiempo que persiste en su oposición a que Argentina ejerza su legítima soberanía sobre las Malvinas.

La Cumbre de los Pueblos considera además que los tratados de libre comercio que impulsa Estados Unidos constituyen un obstáculo grave para la integración regional.

Por otra parte, llama la atención sobre los daños socio-ambientales irreversibles que causan varias empresas transnacionales de origen canadiense, violando los derechos de los pueblos y sus territorios.

Otro de los aspectos enfáticos del encuentro continental de movimientos sociales, fue el que tiene que ver con el acaparamiento de tierras que atenta contra la seguridad alimentaria de los países del hemisferio y termina violando su soberanía.

En materia de avances, la declaración final resalta los procesos de integración que se vienen dando como la consolidación del ALBA, Unasur y la Celac, que fundan las relaciones internacionales en la solidaridad y no en el libre comercio, subrayan.

Estos progresos integracionistas deben propender por avanzar hacia la superación del modelo extractivista y agroexportador, que está causando enormes conflictividades sociales, ambientales y políticos en el continente, sugieren.

También llaman al movimiento social latinoamericano y a los sectores políticos progresistas a pugnar el modelo de libre comercio y a articular la lucha para derribar este esquema que está genera grandes inequidades sociales.

Al mismo tiempo, la Cumbre de los Pueblos exige la eliminación de las bases militares norteamericanas en la región, la cancelación de los ejercicios militares, el cierre de la Escuela de las Américas y la suspensión del Sistema Interamericano de Defensa.

Considera muy negativa para el desarrollo social, la promoción indiscriminada de la inversión extranjera y afirma que "los derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los pueblos y la naturaleza".

En ese sentido, condena los intereses de las transnacionales en el continente que son actores principales del modelo extractivista de recursos naturales.

Finalmente, saluda la nueva arquitectura financiera regional con la irrupción de mecanismos como el Banco el Sur, el Fondo de Reservas Latinoamericanas, y enfatiza su exigencia de restablecer el derecho a Cuba a pertenecer al sistema multilateral.

Esto último comenzando porque Estados Unidos termine su bloqueo contra la isla, afirman.

oda/acl

CHILE. FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS PROTESTAN POR LEY QUE CRIMINALIZA PROTESTAS SOCIALES


Familiares de Ejecutados Políticos
contra Ley que criminaliza movimientos sociales

Señor
Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de la Republica de Chile
Presente:

La Agrupación de Familiares Ejecutados nos dirigimos a Usted, en nuestra calidad de familiares de chilenos y chilenas que  durante la dictadura militar luchamos en defensa de la vida y la libertad en nuestra patria, cuando un régimen de facto asesinaba y hacia desaparecer a las personas solo por tener un pensamiento político distinto,  por quienes detentaban el poder en aquel momento, siendo parte del  golpe militar que aplico  el  terrorismo de estado en la Nación, que se mantuvo por más de 17 años en nuestro país.  

Porque  sufrimos la persecución, muerte y desaparición de nuestros seres queridos,  por el solo haber de  luchado por demandas  de salarios dignos, mejor calidad de vida  y  por una sociedad solidaria para todos y todas,  ellos fueron  ejecutados y ejecutadas. En nombre de esta legitimidad histórica queremos hacer llegar nuestro de rechazo a la ley conocida como Ley Hinzpeter que pretende criminalizar la movilización social. Rechazamos categóricamente la pretensión del proyecto de justificarse en una pretendida “Seguridad Social” lo que estaría siendo vulnerada por los civiles cómplices de la dictadura  quienes, hoy están en la Moneda, que  a 38 años del golpe  militar siguen impune.

Rechazamos el proyecto de ley de criminalización. Proyecto que reedita las practicas represivas de la dictadura militar hacia la ciudadanía, para amedrentar y castigar a las organizaciones sociales y a sus dirigentes, también  justificar la militarización en las comunidades mapuches,  como estigmatizar más aun los jóvenes de nuestro país, este es fin ultimo que  persigue  este proyecto de ley.

Señor Presidente, estas políticas represivas y  criminalizándoras que  han ido en aumento, nos dan la razón cuando recordamos a la opinión publica que en la Moneda están quienes fueron cómplices de los peores crímenes cometidos  por el régimen dictatorial,  quienes mayoritariamente han sido parte del saqueo de nuestras riquezas, además fueron participes y activos en los  compromisos con el dictador,  por ejemplo uno de los mas vergonzosos  el acto de Chacarillas en el año 1977, donde  se homenajeó  al Dictador Augusto Pinochet por parte de 77 jóvenes donde estuvieron aquellos que , hoy actualmente están en el  Gobierno:  Andrés Chadwick, ministro, vocero de Gobierno, Cristián Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia, Joaquín Lavín, ministro de Desarrollo Social de Chile, Pablo Longueira Ministro de Economía, Por lo cual le reiteramos que retire este proyecto que es rechazado por toda persona democrática en este país.

Señor Piñera la impunidad en los crímenes de Lesa Humanidad y todo lo mencionado, es lo que  genera la violencia, no la genera clase trabajadora ni los jóvenes, ni los mapuches, ni los familiares de victimas del terrorismo de estado,  la genera el  gobierno  el  Estado, por no escuchar las demandas de la ciudadanía, y solo responde con políticas  represivas, al legitimo derecho de expresión que tenemos los ciudadanos.

 Cuando la educación es un negocio, el cual los valores morales y ético lo han puesto al servicio de  comerciantes de la educación,  pero  no al servicio  una educación de calidad  a los estudiantes, violencia es se asesina por la espalda a Matías Catrileo, o como Rodrigo Cisternas obrero forestal de la Región del Bio Bio  fue asesinado por carabineros, mientras exigía salarios dignos junto a sus compañeros de trabajo.

Nuestra agrupación exige, no a las leyes que nos convierta en enemigos ni medidas represivas.   Por  el derecho moral que nos asiste, como ciudadanos y como familiares  que luchamos por el término de la cultura de la muerte y recuperar la democracia, para que  la Base Fundamental de la Democracia fuera el respeto irrestricto a los derechos humanos, y  por el “Nunca Mas”
                            
                                            Verdad  Justicia y Memoria



Santiago 13 de abril 2012

sábado, 14 de abril de 2012

VIA CRUCIS LATINOAMERICANO. ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL


En el año 1992, con motivo de cumplirse los 500 años del comienzo de la conquista de América(1492), Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Premio Leonidas Proaño de ALDHU, estrena su obra artística más importante: el Via Crucis Latinoamericano.

La obra, consiste en un conjunto de 15 paños pintados en su totalidad por el Premio Nobel de la Paz, donde se relata el Via Crucis de Cristo a través de las problemáticas que atraviesa América Latina, y también el mundo actual, las guerras de baja y alta intensidad, el hambre, las desigualdades sociales, las dictaduras, la represión, y los graves problemas ecológicos y medioambientales que hoy nos aquejan.

Posteriormente, esta obra maestra recibió el acompañamiento musical de la compositora argentina Amanda Guerreño y la realización de video del artista visual Juan Varni para la creación del Via Crucis Latinoamericano en formato audiovisual





Vía Crucis Latinoamericano. Adolfo Pérez Esquivel pinturas. Amanda Guerreño música. Juan Varni realización del vídeo

sábado, 7 de abril de 2012

MÉXICO, ENTRE PAÍSES CON MAYOR MOVILIDAD HUMANA POR VIOLENCIA


México fuerte migración interna por violencia

MÉXICO, D.F. (apro).- México, junto con Guatemala, Colombia y Perú, encabeza la lista de países con mayores desplazamientos internos derivados de la violencia en América Latina, reveló hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el organismo regional, que cita datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), sólo en 2010 se calcula que 5.4 millones de latinoamericanos cambiaron su residencia obligados por “conflictos armados, violencia generalizada y violaciones a derechos humanos”.
En un comunicado, en el que dio a conocer que amplió el mandato de la Relatoría de Derechos Humanos, la CIDH detalló que, aun cuando en México el gobierno federal carece de registros sobre las personas desplazadas por la violencia, “investigaciones independientes consideran que suman 230 mil, de las cuales unos 115 mil han cruzado la frontera hacia Estados Unidos, y son originarios de Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz”.
Sobre el mandato, la CIDH explicó que la relatoría, que encabeza el chileno Felipe González, estará enfocada en vigilar “el respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana”.
Creada en 1996, la relatoría estaba enfocada a los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, pero a medida que los relatores fueron documentando los flujos migratorios mixtos, advirtieron nuevos problemas, recordó la CIDH en un comunicado.
Detalló que la decisión de ampliar el mandato de la relatoría fue acordada en el 144 periodo ordinario de sesiones del organismo regional, “en respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región”.
En el comunicado la CIDH ubica los agravios más comunes derivados de la movilidad humana en la región a la criminalización de los migrantes en situación irregular, la denegación de la protección judicial y de garantías procesales en procedimientos migratorios, la violencia y violaciones masivas de derechos humanos generada por parte de miembros de la delincuencia organizada, “cárteles de narcotráfico, maras o grupos paramilitares”.
Mientras la violencia ha ido en aumento, destacó la CIDH, algunos países de la región han realizado reformas o impulsado leyes “relativas a sus sistemas de determinación de la condición de refugiados, destinadas a restringir el acceso a la protección internacional para los solicitantes de asilo, los refugiados y los solicitantes de protección complementaria”.
Otros de los problemas identificados por la relatoría “tienen que ver con la persecución y la violencia a la que están sujetos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, los afrodescendientes y los indígenas”.
También se han detectado en el hemisferio “fenómenos como la migración como consecuencia del cambio climático, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el desplazamiento interno”, situaciones que la para la CIDH son “desafíos que requieren respuestas en materia de derechos humanos”.
Frente a las problemáticas señaladas y que ya habían sido registradas por la relatoría, la CIDH señaló que la ampliación del mandato “sirve para institucionalizar la práctica tácita que durante los últimos años ha venido a ocupar la Relatoría al trabajar en peticiones individuales, casos, medidas cautelares y provisionales e informes temáticos y de países que involucran a solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria y apátridas”.
El nuevo mandato, puntualizó, permite “reforzar el trabajo que históricamente ha desarrollado la comisión en la protección de los derechos humanos de otros grupos vulnerables de personas en el contexto de la movilidad humana, tanto a nivel internacional como interno”.

jueves, 5 de abril de 2012

ALERTA POR LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA


Pueblos indígenas son criminalizados en
América Latina

Golpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial...

 (Mareille Cauthin. Rebelión) Golpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que padecen (1).

Las cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa nui.

En ese contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) (2) -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la intimidación y la estigmatización.
  
Intereses de izquierda, de derecha y de las transnacionales

Represión y pobreza es el destino de los pueblos
originarios
Con el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.

En otras palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros casos.

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir a la dirigenciaiii: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron "en forma muy violenta" a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: "es un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena", dijo la ONG Comisión Ética contra la Torturaiv, ya que en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y desplazamientos de indígenas.

martes, 3 de abril de 2012

COLOMBIA. ALDHU LLAMA A CONTINUAR CON EL DIALOGO Y LIBERAR A TODOS LOS SECUESTRADOS.


Culminó exitosamente liberación de
secuestrados por la FARC

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) valora la  liberación de 10 militares que estaban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevaban  hasta  14 años de cautiverio, lo cual es un avance en el camino de la paz y la reconciliación en Colombia.

Esta liberación demuestra que los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, los gobiernos, organizaciones sociales y las FARC pueden dar frutos, si se actúa de consenso y de buena fe. 

Sin embargo, es necesario, que las FARC se comprometan a liberar a todos los secuestrados incondicionalmente, entre los cuales quedan un alto número de civiles, lo cual es un requisito indispensable para alcanzar la paz.

Asimismo, instamos a la guerrilla, - a que si efectivamente desean avanzar hacia el desarme y la paz -, terminen definitivamente con el reclutamiento de nuevos miembros y pongan fin a la práctica impropia y criminal de utilizar  niños para fines militares, así como la instalación de minas.

A la vez, llamamos al Gobierno Colombiano a comprometerse efectivamente en la búsqueda de caminos para la solución pacífica del conflicto, abriéndose al dialogo y a las negociaciones para una paz verdadera.

En este contexto, ALDHU, insiste en su propuesta a la comunidad internacional, de promover y aprobar una Convención Internacional, mediante la cual se  caracterice y sancione el fenómeno del secuestro como un delito de lesa humanidad.

La paz verdadera en Colombia y el fin de la violencia solo se conseguirán en la medida que todos los involucrados se comprometan a respetar irrestrictamente los Derechos Humanos y actúen a través de un diálogo genuino en la construcción de una solución definitiva al conflicto.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ALDHU)

Santiago de Chile, 3 de Abril de 2012  

COLOMBIA: LAS FARC LIBERAN A 10 REHENES


FARC libera a 10 Rehenes
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó este lunes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron a los 10 retenidos anunciados y que ya se encuentran con la misión humanitaria de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP) en camino al aeropuerto Villavicencio.

Tras más de cinco horas y media del despegue del helicóptero prestado por el Gobierno de Brasil para este operativo, la portavoz de la Cruz Roja, Maria Cristina Rivera, confirmó este martes que los cuatro militares y seis policías ya se encontraron con la delegación humanitaria que fue a buscarlos en algún punto de la selva.
“Se confirma la liberación de 4 militares y 6 policías (…) entre los departamentos de Meta y Guaviare. Se confirma la liberación de la totalidad de las personas que habían sido anunciadas por el grupo insurgente”, leyó la portavoz.
Los liberados fueron llevados a Villavicencio y para encontrarse con un equipo médico, encargado de hacer los primeros chequeos para confirmar el estado de salud de los ex-retenidos.
En la aeronave viajó la defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba, acompañada de la directora de la Casa de la Mujer de Colombia, Amparo Sánchez, delegados de la CICR y miembros de la tripulación brasileña.
La salida de la misión humanitaria se retrasó por cerca de dos horas, debido las condiciones climatológicas presentes en el centro de la nación suramericana la mañana de este lunes.
Antes de la partida, Piedad Córdoba indicó que las coordenadas donde se llevará a cabo el proceso ya fueron confirmadas y que los retenidos estaban en la zona (de la selva colombiana) que es de muy fácil acceso”.
La misión humanitaria llegó con el grupo de 10 liberados al Aeropuerto de Vanguardia en Villavicencio y luego  fueron llevados hacia Bogotá (la capital), para reecontrarse con sus familiares.
Telesur

domingo, 1 de abril de 2012

MEXICO. FALLECE JORGE CARPIZO, DESTACADO CONSTITUCIONALISTA Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.


Jorge Carpizo, fundador de la Comisión Nacional
 de Derechos Humanos.

El Dr. Jorge Carpizo, se desempeñó como Rector de la UNAM, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre muchas otras responsabilidades.

Ciudad de México • Jorge Carpizo, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desempeñó varios cargos en esa institución, entre ellos rector, abogado general, coordinador de Humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Comisión Editorial.

Ocupó el cargo de ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia.
Era investigador emérito de la propia UNAM e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
De acuerdo con el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casas de estudios del país, el doctor Carpizo publicó una veintena de libros, entre ellos “La Constitución Mexicana de 1917”, “El presidencialismo mexicano”, “Estudios constitucionales y concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina”.
Escribió más de 100 artículos y más de 500 trabajos de menor extensión para revistas especializadas. Varias de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán e italiano.
Jorge Carpizo recibió al menos 88 premios y condecoraciones, como los doctorados Honoris Causa de las universidades Externado de Colombia; Autónoma de Campeche; de Tel-Aviv, Israel; Western California School of Law, Estados Unidos; de la Complutense de Madrid; de Colima; de Calgary, Canadá, y de Xalapa.
Se hizo acreedor a los premios de Derechos Humanos "Continental" y "René Cassin"; la medalla y el diploma al Mérito Universitario de la Unión de Universidades de América Latina y la medalla al Mérito Constitucionalista otorgada por el Senado de la República.
Se desempeñó como profesor en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM.
Durante tres años fue profesor en los estudios de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid, titular de la cátedra de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes, Bélgica, y categoría especial de profesor de la Universidad de La Habana.
Jorge Carpizo se desempeñó también en la presidencia del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina, la vicepresidencia de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, la secretaría general ejecutiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la presidencia del Bhavan de La India en México, entre otras actividades.
México pierde a uno de los grandes intelectuales  y a uno de los políticos más relevantes en la historia mexicana de los últimos 30 años. El presidente Felipe Calderón, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Carpizo Mac Gregor, ex procurador general de la República y ex rector de la UNAM, quien  lamentó “profundamente el fallecimiento del doctor Jorge Carpizo, muy destacado político, jurista y académico”.