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miércoles, 18 de octubre de 2017

Chile, México y Perú, elegidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Con alegría recibieron en ALDHU, la noticia de la participación de tres países latinoamericanos que se integran al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.

Juan de Dios Parra, Secretario General de ALDHU señaló que “para nosotros es sumamente importante el que Chile, México y Perú fueran elegidos como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, es una validación de las buenas políticas en ese sentido que desarrollan estos Gobiernos”

"Más allá de la controversia que puede generar el nombramiento de otras naciones a este cargo, es sumamente relevante destacar a nuestros paises hermanos" puntualizó.


Los tres países llegaban sin rivales dentro de su grupo regional a las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas y ocuparán las plazas que dejarán vacantes a final de año Bolivia, El Salvador y Paraguay. La candidatura chilena recibió el respaldo de 175 de los 193 miembros de la ONU, mientras que México obtuvo 179 votos favorables y Perú 180. Para ser elegidos, los países debían recibir al menos los 97 apoyos que conforman la mayoría en la Asamblea General.

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, está integrado por 47 países que cumplen mandatos de tres años y cuyos asientos se reparten en grupos regionales. Chile, México y Perú se sumarán a otras cinco naciones de Latinoamérica y el Caribe que continúan como miembros: Brasil, Cuba, Ecuador, Panamá y Venezuela.

La Asamblea General de la ONU eligió hoy a un total de quince nuevos miembros, entre ellos España y Australia dentro del grupo de "Europa Occidental y otros Estados" y Eslovaquia y Ucrania en el de "Europa del Este". El Congo fue otra de las 15 naciones elegidas, pese a las protestas que indican que las violaciones a los derechos humanos en ese país lo inhabilitarían para ocupar ese asiento.

martes, 17 de octubre de 2017

Un caso de abusos sexuales a 100 niños en un colegio alarma a Ecuador

Como “terribles e inaceptables” calificaron en ALDHU los hechos que dan cuenta de más de 100 menores abusados sexualmente en Ecuador.

“Es una noticia atroz, algo que nos debe llamar poderosamente a endurecer las penas contra quienes abusen de nuestros niños, no sólo en Ecuador, sino que en todo el Mundo, no es posible que existan este tipo de personas que ven a los menores como objetos” dijo el abogado y secretario general de ALDHU, Juan de Dios Parra.

“Condenamos de la manera más enérgica este hecho y nos pondremos en contacto con las autoridades Ecuatorianas para colaborar en dar con los autores de estos crímenes contra la infancia” sentenció.

Los hechos dados a conocer hace algunos días nos dan cuenta de más de 100 menores abusados por 4 profesores. A continuación compartimos la noticia de www.elpais.com



Las autoridades ecuatorianas ofrecen 10.000 dólares de recompensa para quien ayude a localizar y detener a uno de los cuatro profesores sospechosos de haber violado a cinco niños en un colegio de Guayaquil, en un caso que ha levantado las alarmas en Ecuador. Las investigaciones cifran en más de 100 los menores que fueron víctimas de abusos sexuales en ese centro educativo que ha sido intervenido por los responsables de Educación.

La denuncia de una madre ante la Fiscalía destapó un escándalo que, según ha reconocido el Ministerio de Eduación, los responsables de la escuela conocían al menos desde mayo. "El Departamento de Consejería Estudiantil entregó dos informes a la rectora: uno el 30 de mayo y el segundo, el 6 de junio. Ella pasó el documento al Distrito Educativo, que solo procedió a devolverle el documento, sin hacer nada", alertó ante la prensa el ministro Fander Falconí. Según las cifras oficiales, entre 2014 y 2017 se reportaron casi 900 casos de acoso y vulneración de la integridad sexual de menores en centros educativos en Ecuador, de los que el 65 % fueron cometidos por personal interno.

Las organizaciones sociales hablan de un problema de mayor entidad que no se denuncia por vergüenza o miedo. Para evitar la impunidad de este tipo de delitos contra menores, el presidente Lenín Moreno incluyó en la consulta popular que prepara para inicios de 2018 una pregunta que busca eliminar su prescripción.



Solo en el caso del colegio público guayaquileño, la fiscal asegura que hay al menos 100 víctimas, incluidas de generaciones anteriores, y que cinco de los casos se confirmaron, médica y psicológicamente, como de violación. El asunto ha indignado a padres, familiares, vecinos del centro, pero también ha asqueado a una población un tanto insensibilizada ante la recurrencia de atracos, agresiones a mujeres o muertes violentas.

Los responsables del centro sabían, por los reclamos presentados por los padres, que al menos cuatro de sus docentes encerraban a niños en el baño durante el recreo donde, además del abuso sexual, les tomaban fotografías y les obligaban a beber orina. Una de las madres asegura que cuando su hijo le contó que habían acosado a un compañero fue a informar a la rectora y ella le pidió que no montara un "escándalo". Después descubrió que su hijo también era una de las víctimas. Según el Código Penal ecuatoriano, los rectores de los colegios tienen el deber de denunciar cualquier acto delictivo que se cometa en el centro.

Cuando las autoridades fueron al colegio esta semana, ubicado en uno de los barrios más deprimidos de la ciudad, la misma rectora se negó a abrir la puerta. Alegaba que tenían que esperar a meter a los estudiantes en las aulas. Pero el fiscal del caso reportó que había estado esperando media hora y que eso había propiciado la huida del docente que ahora está en busca y captura. La policía y el fiscal finalmente saltaron la valla del centro y detuvieron a uno de los sospechosos.

Los otros dos fueron apresados el viernes por la policía en el colegio, cuando la repercusión del caso ya había llevado al Ministerio de Educación a intervenir el centro un día antes. Su rectora, la vicerrectora y el inspector fueron apartados de sus cargos y se abrirá una investigación interna para determinar sanciones administrativas, paralelas al proceso judicial. Además, la fiscalía abrió otro expediente contra la rectora por obstrucción a la justicia. Todo el personal docente y administrativo será evaluado con exámenes psicométricos y se dará una atención psicológica a los niños, a las víctimas y a sus familias.

Estos exámenes responden a la decisión que tomó el nuevo Gobierno de examinar todo el sistema educativo público y privado, así como a su personal. Y evitar casos no tan aislados como este y como el que ocurrió en Quito en 2010. Hoy, una placa, colocada por orden judicial, recuerda el horror que vivieron aquellos 41 niños de 10 y 11 años que fueron sometidos por su tutor durante todo un curso.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Ecuador firma 24 acuerdos de reparación con víctimas de violación de derechos humanos

QUITO (Sputnik) — El Gobierno ecuatoriano firmó 24 acuerdos de reparación con víctimas de crímenes de derechos humanos durante la administración del desaparecido León Febres Cordero (1984-1987).


“A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño que sufrieron a manos de Gobiernos autoritarios y a manos de las mal llamadas y supuestas democracias en las que el terror estaba institucionalizado”, señaló el presidente Lenín Moreno durante una ceremonia que tuvo lugar en el palacio presidencial.
En esta ocasión, 23 acuerdos correspondieron al desalojo violento que sufrieron en 1987 mineros artesanales de la cooperativa 10 de Enero, en el sector La Playa, en la provincia de El Oro (sur).

El otro acuerdo suscrito correspondió a torturas cometidas en 1985 por agentes de la Policía Nacional contra militantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo.
Estos casos son parte de los 118 que fueron documentados por la Comisión de la Verdad, que investigó, por orden del expresidente Rafael Correa, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1984 y 2008.

En total, la comisión documentó afectaciones a 456 víctimas, de las cuales se identificaron 429 ecuatorianas, 21 colombianas y las demás de otras nacionalidades.
Entre los principales abusos se registraron los de tortura, con 365 víctimas, violencia sexual, con 86 víctimas, y los de ejecución extrajudicial, con un total de 68.

“El mayor número de violaciones ocurrió durante el Gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988”, que dejó “310 víctimas, que representan 68% del total”, agregó el mandatario.

Asimismo, explicó que estas violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos “fueron ejecutadas por oficinas clandestinas que operaron completamente al margen de la ley” y detalló que a partir del informe de la Comisión de la Verdad se crearon leyes para reparar a los afectados.

“Podemos luchar para garantizar que nunca más un ser humano sea torturado en Ecuador, debemos sancionar hechos como estos, su recuerdo sirve para que no se cometa de nuevo estas aberraciones”, puntualizó el mandatario.

Además, Moreno destacó que actualmente existen 12 casos en la justicia, cuatro de los cuales han sido resueltos, pero “falta 114 casos por resolver” y por ello pidió a la fiscalía apurar los trámites y las diligencias relacionados con estas denuncias.
Durante el Gobierno del actual presidente y desde junio de 2017, el Ministerio de Justicia ha alcanzado 32 acuerdos indemnizatorios, a los cuales se suman otros cinco que se firmaron en el Gobierno anterior, antes del 24 de mayo de 2017.

Ecuador cuenta con una Ley de Reparación de Víctimas desde el 13 de diciembre de 2013, y creó además el Programa de Reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Según las autoridades, la indemnización a las víctimas comprenderá los daños materiales e inmateriales justificados en el proceso de negociación.

El Ministerio de Justicia notificará para efectos del pago el contenido del acuerdo al Ministerio de Finanzas a fin de que concrete el resarcimiento de los daños a las víctimas.

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martes, 10 de octubre de 2017

Clare Hollingworth: la periodista que reveló el inicio de la barbarie nazi


Clare Hollingworth fue una periodista británica especializada en la cobertura informativa en las zonas de guerra. Nacida en Leicester el 10 de octubre de 1911, tenía 27 años cuando dio la primicia del comienzo de la segunda guerra mundial en el 'Daily Telegraph'. Esta noticia definió su carrera profesional, en la que trabajó como corresponsal en el extranjero durante más de medio siglo cubriendo conflictos en Europa, el norte de África y Asia. Hollingworth murió el pasado 10 de enero, con 105 años, en Hong Kong, donde residió durante las últimas cuatro décadas después de trabajar en Pekín como corresponsal en los años 70. Google dedica este martes un 'doodle' a una de las reporteras más reputadas de la historia, que hoy cumpliría 106 años.

Tanques alemanes en la frontera
Una semana después de empezar a trabajar en el diario británico 'The Daily Telegraph', la enviaron a Polonia para informar sobre la creciente tensión en el centro de Europa. Era finales de agosto cuando la periodista se instaló en un hotel de la localidad polaca de Katowice. Una vez allí, Hollingworth se aventuró sola a cruzar la frontera polaco-alemana para ir en bursca de refugiados. Para ello, le pidió el coche al cónsul británico ya que solo podían cruzar de un país a otro los vehículos de diplomáticos. En su camino de vuelta, el viento le echó un cable al levantar el camuflaje que ocultaba los tanques alemanes, que estaban preparados para un ataque inminente. La periodista fue testimonio del dispositivo militar nazi. La noticia apareció sin firmar en el diario del 29 de agosto con el titular 'Mil tanques concentrados en la frontera polaca'.

La guerra empieza
Días depués, durante la madrugada del 1 de septiembre de 1939, en su alojamiento en Katowice, Hollingworth vio con sus propios ojos el avance de las tropas alemanas, cuando un ruido estremecedor la levantó de la cama. Era el sonido del bombardeo nazi y del fuego antiaéreo contra los caza alemanes. La guerra había empezado. Llamó a sus compañeros del 'Daily Telegraph' para contarlo y, al ver que no se lo creían -decían que la negociación seguía abierta-, sacó el teléfono por la ventana para que ellos mismos oyeran el bombardeo. El testimonio de Hollingworth fue el primero que recibió el Ministerio de Relaciones Exteriores británico sobre la invasión de Polonia por los nazis.

Reconocimiento y premios

Aventurera y siempre con el pasaporte a mano preparada para partir hacia su próximo destino, fue una de las pioneras del reporterismo de guerra. Este espíritu inquieto le llevó a cubrir muchos de los conflictos del siglo XX. También fue la primera persona en entrevistar a Mohammed Reza Pahlavi, el shah de Irán. Audaz en su enfoque informativo, cosechó muchos premios durante su trayectoria. En 1962 fue nombrada 'mujer periodista del año' por su información sobre de la guerra civil en Argelia. Más tarde, en 1982, fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio británico por su trayectoria periodística. A lo largo de su carrera escribió cinco libros en los que narra parte de sus vivencias en zonas de conflicto.

miércoles, 4 de octubre de 2017

Asesinados 437 ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en dos años

Amnistía Internacional lanza una campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a Gobiernos y multinacionales “que se les permita trabajar en un entorno más seguro”

Defender la tierra sale caro en muchas partes del mundo. Reivindicar la libertad, también. Tanto como para que en los dos últimos años Amnistía Internacional haya contabilizado la muerte violenta de 437 activistas proDerechos Humanos, buena parte de ellos ambientalistas, en 22 países.
“Miles de defensores de los Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios”, explica Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Aragón, que este martes ha presentado en las Cortes autonómicas la campaña Valiente, con la que la oenegé pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren esos activistas y reclamar que desde los gobiernos “se les permita trabajar en un entorno más seguro”.
El informe distribuido a los parlamentarios, que recuerda cómo “hoy se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la declaración” de la ONU que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como “agentes del cambio”, pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar su labor “y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias”, considera “esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación”.
Agresiones en nombre de otras empresas
Sin embargo, la batería de 28 medidas que promueve en la campaña no van únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico para las empresas, a las que llama a “implementar procesos adecuados de diligencia debida” para “garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las personas y comunidades” afectados por sus actividades o las de “sus filiales, subcontratistas o proveedores”.
La propuesta no es para nada infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de grandes compañías con “violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas”.
El mexicano Gustavo Castro, superviviente del ataque en el que murió asesinada la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres y que también participó en la comparecencia, es una de las víctimas de esa violencia de las oligarquías. Hoy, tras haber pasado un mes detenido mientras intentaban colgarle el crimen, vive acogido por AI. “El Gobierno me tuvo secuestrado un mes para tratar de imputarme”, apunta.
“No se ha querido investigar e ir más allá, hacia los autores intelectuales”, explica, en referencia al ‘cortafuegos’ judicial que rodea a los ocho detenidos por el asesinato, entre ellos el gerente de la empresa hidroeléctrica Desa, promotora de la presa a la que se oponía la comunidad Ienca, cuyo territorio iba a ser inundado, con Cáceres a la cabeza, además de varios militares y presuntos sicarios.
El 95% de los crímenes quedan impunes
El 95% de los crímenes contra ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en el mundo quedan impunes, según las estimaciones de AI, que también admite que la cifra oficial de 427 víctimas queda restringida a las documentadas. La cifra real de asesinatos es mucho mayor.
“La historia no nos da muchas expectativas, con tanta impunidad, pero tenemos que seguir exigiendo justicia”, anota Castro, que recuerda cómo varias organizaciones han llevado al Gobierno de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que esto no quede impune”.
“Es paradójico que la misma policía vaya persiguiendo y asesinando a los defensores”, anota, con sarcasmo, al evocar los 120 ambientalistas asesinados en los últimos siete años en ese país; “cinco de ellos con medidas de la comisión interamericana”, recalca.
“Cada vez más gobiernos atacan a los defensores de los Derechos Humanos y dificultan su labor con fuerza excesiva”, refuerza Luis Ángel Muñoz, responsable de la campaña Valientes, que describe a esos activistas como “personas que tratan de defender los derechos de otros y que se oponen a los intereses de grupos políticos, grupos armados y empresas”.
“La persecución contra las mujeres es terrible”
El grueso de esos conflictos en América Latina, donde el año pasado se produjeron el 75% de los asesinatos documentados de activistas, están relacionados con actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales. Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40% del territorio en Guatemala, mientras países como El Salvador y Costa Rica han declarado una moratoria para frenarlas.
“Este modelo de extractivismo tan voraz implica necesariamente desplazar población”, explica Castro, para quien “a final de cuentas el problema no es solo de allá, sino que tiene un impacto global, va en detrimento de la alimentación y de la salud, de la calidad de vida de nuestro planeta”.
Castro llama la atención sobre el hecho de que “los feminicidios están aumentando de una manera impresionante” en la represión de los movimientos sociales en Latinoamérica. “La persecución contra las mujeres es terrible, porque eso minimiza e incide en la concienciación social”, apunta. “Ya no hay ninguna inhibición por parte de las fuerzas represivas –añade-. Saben que con eso también impiden mucho la movilización social, y las mujeres están cada vez más al frente de la lucha por la defensa de sus hijos, de la tierra, del agua”.




lunes, 2 de octubre de 2017

Piden prisión preventiva a vicepresidente de Ecuador por Odebrecht


Por: EFE 
02 de octubre 2017.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, pidió este lunes la prisión preventiva para el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, investigado por supuesta asociación ilícita relacionada con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La petición la realizó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Glas y su tío Ricardo Rivera, este último bajo arresto domiciliario dentro del proceso de investigaciones de los presuntos sobornos de la firma brasileña en Ecuador.

Baca justificó que pedía la prisión preventiva "por encontrarse nuevos elementos de convicción en investigación por asociación ilícita", señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter mientras se celebraba la audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

El fiscal general solicitó además al juez Miguel Jurado la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas para el vicepresidente constitucional.

Aunque sigue en funciones por haber sido electo para el cargo por la ciudadanía, el pasado agosto el jefe de Estado, Lenín Moreno, le retiró a Glas las competencias bajo su jurisdicción luego de que este criticara su gestión política abiertamente y se alineara con la postura del expresidente y correligionario Rafael Correa, de quien también había sido su vicepresidente.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal solicitó también la prisión preventiva para Ricardo Rivera, tío de Glas, "argumentando vulnerabilidad de arresto domiciliario y potencial riesgo de fuga", indicó la Fiscalía.

El pasado jueves, la Procuraduría (Defensa del Estado) de Ecuador se sumó a la acusación por presunta asociación ilícita contra dieciocho acusados, entre ellos Glas, en el marco de las investigaciones por la supuesta trama de sobornos de la firma brasileña.

La acción de la Procuraduría se dio un día después de la comparecencia ante la Fiscalía del exdirectivo de Odebrecht en Ecuador José Conceicao Santos, a través de videoconferencia.

El viernes Glas afirmó que no dimitirá ni huirá del país y que encarará los procesos judiciales que le surjan, pues dijo ser "inocente" y víctima de un complot en su contra. "Yo no voy a huir. Prefiero ir a la cárcel siendo inocente que huir como un cobarde sin tener responsabilidad alguna en los hechos que quieren imputarme", afirmó.

Y se declaró víctima de un linchamiento por parte de grupos opositores y sectores de la prensa críticos con él, asegurando que no hay pruebas sobre los supuestos delitos de los que se le acusa. También rechazó el testimonio de Santos, a quien tildó de "corrupto confeso" y dijo de él, en forma sarcástica: "Es tan corrupto que dice que es honesto".

EFE

sábado, 30 de septiembre de 2017

Abortos seguros para todas las mujeres que los necesiten: ONU

Ginebra.- En la víspera del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* ha pedido a los Estados de todo el mundo que deroguen las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto y las políticas basadas en estereotipos anticuados, liberar a las mujeres que se encuentren prisión por cargos de aborto y para contrarrestar los estigmas contra el mismo.

Las expertas y el experto también hicieron un llamado para que el 28 de septiembre se convierta en un día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para alentar a los gobiernos a decriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible. A continuación su declaración completa:
“La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho de cada mujer y cada niña de todo el mundo. Lo mismo sucede con el derecho a la salud y a la no discriminación.”

Demasiadas mujeres en todo el mundo continúan sufriendo leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias.
Para conmemorar el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro de este año instamos a todos los Estados a que pongan fin a la criminalización del aborto y aseguren que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, incluida la atención sexual y reproductiva, de manera segura, en consonancia con sus derechos humanos.
Instamos a los Estados a que garanticen que sus leyes, políticas y prácticas se basen en sus obligaciones en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres.

Actualmente, hay muchos factores que contribuyen a que a las mujeres les sean negados los servicios esenciales de salud para la interrupción del embarazo y la atención posterior al aborto. Éstos incluyen la criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización, la disuasión y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud. Estos factores empujan a millones de mujeres a abortos inseguros y las dejan sin tratamiento esencial para su recuperación.
Negar a las mujeres el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos. Esta discriminación se agrava para muchas mujeres en situaciones vulnerables, incluidas niñas y adolescentes que pueden tener restricciones adicionales en su acceso a servicios de salud, y mujeres pobres que carezcan de los recursos para acceder a abortos seguros.
Las restricciones al acceso al aborto seguro son el resultado de actitudes sociales que estigmatizan a las mujeres y sujetan sus cuerpos a los propósitos políticos, culturales, religiosos y económicos de otras personas. La criminalización del aborto perpetúa aún más el estigma y la discriminación e infringe la dignidad y la integridad física de las mujeres. El sufrimiento mental y físico que sufren las mujeres cuando se les niega este procedimiento, o el estigma que enfrentan al buscarlo, son otras violaciones de sus derechos humanos.
A lo largo de los últimos 30 años, el movimiento del Día del Aborto Seguro se ha extendido desde América Latina y el Caribe y actualmente tiene un alcance global, contribuyendo a persuadir a los gobiernos a descriminalizar la terminación del embarazo, acabar con el estigma y la discriminación, y proporcionar servicios de una manera legal, segura y asequible.

Sumamos nuestra voz a los fuertes y valientes llamados de muchas organizaciones no gubernamentales que abogan por un aborto seguro en todo el mundo y pedimos que el 28 de septiembre sea reconocido como un día internacional oficial de la ONU sobre el aborto seguro”.

Fuente:
http://ciudadania-express.com/2017/09/27/abortos-seguros-para-todas-las-mujeres-que-los-necesiten-onu/

martes, 26 de septiembre de 2017

“Impunidad esparcida” en el gobierno de Peña, a tres años de la desaparición de los 43: WOLA


WASHINGTON (apro).- A tres años de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la ausencia de la aplicación de justicia para el caso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“El gobierno de México todavía no provee una versión conclusiva de qué fue lo que ocurrió con los 43 estudiantes, quienes desaparecieron de forma forzada la noche del 26 de septiembre de 2014”, denunció la organización Washington Office on Latin América (WOLA, por sus siglas en inglés) con sede en la capital estadunidense.

La organización alertó que han pasado tres años sin que se dé solución al escándalo, pese a las evidencias que existen de que los estudiantes fueron víctimas de ataques violentos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

“Ni el gobierno ha identificado ni castigado a los responsables del crimen, no existe una investigación enfocada en los funcionarios que manejaron el caso y quienes pudieron haber obstruido la justicia”, enfatiza WOLA en un comunicado de prensa.
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En este mismo tenor la organización dedicada a velar y defender los derechos humanos en América Latina, subrayó que “es injustificable” el avance tan lento de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Peña Nieto del caso con mayor notoriedad a nivel internacional en los últimos años sobre la falta de respeto a la integridad de las garantías individuales en México.
“Esto resalta la urgente necesidad de continuar respaldando a los familiares de los estudiantes en su búsqueda de justicia y de la verdad”, añade WOLA.

El hecho de que a tres años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no haya concluido una investigación para esclarecer el crimen, WOLA lo considera como evidencia de la “falta de compromiso del gobierno de Peña en la defensa e integridad los derechos humanos” de los mexicanos.

“La falta de progresos en el caso al que el gobierno de México consideró como la investigación más exhaustiva en la historia del país, junto con la obstrucción a la justicia y el montaje de evidencias por parte de funcionarios públicos para impedir una autentica investigación, simboliza una impunidad esparcida en el problemático sistema judicial mexicano y la ausencia de determinación política y de credibilidad por parte del gobierno para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, indicó Maureen Meyer, encargada del departamento de México en la organización defensora de los derechos humanos.

WOLA recuerda cómo la teoría del gobierno sobre lo ocurrido con los 43 normalistas sigue siendo “la verdad histórica”, que es la versión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero.
La “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue desmentida por las investigaciones y conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estado Americanos (OEA).

En su informe final, dado a conocer en abril de 2016, el GIEI concluyó que la hipótesis del gobierno mexicano era científicamente imposible de haber ocurrido. Entre sus conclusiones, el GIEI denunció el montaje de evidencias por parte del gobierno mexicano.

Los expertos también consideraron como posibilidad del crimen el que los estudiantes hayan sido víctimas del ataque por parte de las fuerzas de seguridad porque sin saber viajaban a Iguala en un autobús que transportaba una carga de heroína, cuyo destino final era el mercado negro de Estados Unidos.

El GIEI hizo varias recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para esclarecer el caso y acelerar las investigaciones, sin embargo, el mes pasado la CIDH, luego de un viaje a México, expresó preocupación por la falta de compromisos y de avances en las averiguaciones del crimen por parte de las autoridades mexicanas.

Nota de: http://www.proceso.com.mx/504854/impunidad-esparcida-en-el-gobierno-pena-a-tres-anos-la-desaparicion-los-43-wola